Monterrey, Nuevo León, a tres de agosto de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que: a) desecha la demanda del juicio SM-JIN-170/2018; b) rectifica la votación de la casilla 1721-B; c) declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1352 C1, 260 B, 50 B, 1745 B y 372 C1; d) modifica los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el 07 distrito electoral federal con cabecera en Tamazunchale, San Luis Potosí; y e) revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva, emitida por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada Electoral. El uno de julio[1] se llevó a cabo la elección federal para renovar a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

1.2. Cómputo distrital. El seis de julio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección en el 07 distrito electoral federal, con sede en Tamazunchale, en el estado de San Luis Potosí, declarando la validez de la elección y entregando la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por la Coalición “Por México al Frente”, integrada por el PAN, PRD y MC.

1.3. Terceros interesados. El PRI, MORENA y PAN comparecieron como terceros interesados.

1.4. Juicio de Inconformidad. En desacuerdo, el diez de julio, el PAN, PANAL y PRI promovieron los presentes medios de impugnación.

1.5. Juicio de inconformidad promovido por el PES. El veintiocho de julio, el PES presentó en el Consejo Distrital juicio de inconformidad en contra de los resultados del cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección de diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer de los presentes asuntos, porque se trata de juicios de inconformidad promovidos por diversos partidos políticos en contra de los resultados obtenidos en la elección de diputaciones federales de mayoría relativa en el distrito electoral federal 07, correspondiente al estado de San Luis Potosí, entidad federativa que se ubica dentro del ámbito territorial en que este órgano ejerce jurisdicción.

Lo anterior encuentra sustento en los artículos 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, en la autoridad responsable y en los actos que se reclaman, por lo que guardan clara conexidad.

En estas condiciones, con el propósito de evitar la posibilidad de dictar sentencias contradictorias, se estima procedente acumular los expedientes SM-JIN-98/2018, SM-JIN-99/2018 y SM-JIN-170/2018 al diverso SM-JIN-95/2018, por ser este último el primero que se recibió y registró en esta Sala Regional, debiéndose agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los asuntos acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. DESECHAMIENTO

Es improcedente el juicio promovido por el PES al no haberse promovido dentro del plazo de cuatro días legalmente previsto para ese tipo de medios de impugnación, pues el cómputo distrital de la elección que controvierte concluyó el seis de julio, y la demanda se presentó el veintiocho siguiente.[2]

El juicio de inconformidad está diseñado para controvertir los actos o resoluciones emitidos por las autoridades administrativas electorales en la sesión de cómputo distrital; incluso, es criterio de este Tribunal Electoral que el plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la práctica del cómputo de la elección que se reclama aun cuando la sesión continúe[3].

Al respecto, el artículo 55, párrafo 1, de la Ley de Medios dispone que la demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos.

De manera que existe una regla específica en la ley de la materia para la promoción del juicio y, por tanto, no es aplicable la disposición general prevista por el artículo 8, párrafo 1 que establece: Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

El artículo 10, párrafo, 1, inciso b), de la Ley de Medios establece que los medios de impugnación serán improcedentes, entre otros supuestos, cuando no se hubiesen interpuesto dentro de los plazos señalados en dicha ley.

En el caso, el PES señala que la presentación de su medio de impugnación debe tenerse por oportuna, porque tuvo conocimiento de los actos que reclama el veinticuatro de julio, cuando la autoridad responsable le entregó copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de casillas de la elección que controvierte, y fue a partir de ese momento cuando contó con los elementos necesarios para conocer el contenido de los actos, fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión; por tanto, afirma que no debe operar la notificación automática en su contra.

Debe desestimarse el planteamiento.

El PES parte de la premisa incorrecta de que en los juicios de inconformidad podría ser aplicada la disposición general para la presentación de los medios de impugnación prevista en el citado artículo 8 de la Ley de Medios, pues afirma que el plazo de cuatro días para presentar el juicio de inconformidad debe contarse a partir de que le entregaron las copias certificadas que menciona porque aparentemente en ese momento es cuando tuvo conocimiento de los actos; sin embargo, como se anticipó, por disposición legalmente expresa y en criterio de este Tribunal, el plazo inició con la conclusión del cómputo de la elección que controvierte, que en el caso es el seis de julio.

En efecto, cuando se trata de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de una elección y la entrega de la constancia de mayoría, el plazo para impugnar inicia con o sin la presencia del representante del partido actor, esto es, el día siguiente de que concluyó el cómputo respectivo, tal como lo establece la regla específica del artículo 55 de la referida ley procesal.

De ahí que, aun cuando el partido actor refiera que solicitó copias certificadas y le fueron entregadas hasta el veinticuatro de julio, esto es, dieciocho días después de que se generaron los actos impugnados en la sesión de cómputo distrital, no es posible considerar que el plazo para presentar la demanda deba computarse a partir de que las recibió.

Al respecto, los artículos 296, párrafo 1, y 310 de la LEGIPE, establecen que los funcionarios de casilla entregarán copia de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de las hojas de incidentes a los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes que se encuentren presentes; y que los consejos distritales celebrarán sesión a partir de las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones; por tanto, el PES estuvo en condiciones de conocer tanto el contenido de las actas de escrutinio y cómputo, como la fecha de la celebración del cómputo distrital de la elección que impugna.

Es de destacar que, aun cuando a la fecha únicamente se ha recibido, por parte de una de la autoridad responsable, el informe circunstanciado y razón de publicitación, esta Sala Regional ha decidido resolver el presente juicio de manera pronta y expedita, en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, tomando en cuenta que los aspectos jurídicos a decisión no requieren de elementos de prueba adicionales.

En consecuencia, al haberse presentado fuera del plazo legalmente otorgado, el medio de impugnación resulta extemporáneo, por lo que la demanda debe desecharse de plano.

5. PROCEDENCIA

5.1. Desestimación de las causales de improcedencia

La autoridad responsable manifiesta que los juicios promovidos por el PAN y el PRI son improcedentes, porque -desde su punto de vista- se actualiza el supuesto previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b, de la Ley de Medios, ya que no se afecta su interés jurídico, además de que no se interpuso en tiempo el medio de impugnación respectivo.

Sobre el primer aspecto, la responsable argumenta que los partidos impugnan, esencialmente, la indebida integración de las mesas directivas de casillas. En tal virtud, considera que carece de interés jurídico, porque tal aspecto no tiene vinculación con los supuestos de procedencia de los juicios de inconformidad, atento a lo dispuesto en el artículo 50, párrafo 1, inciso b), fracciones I y II, de la Ley de Medios.

En cuanto al segundo aspecto, indica que como la integración de las mesas directivas de las casillas se llevó a cabo el primero de julio y a partir de ese momento los partidos políticos estaban en posibilidad de impugnar su integración, por lo que este debió haberse presentado a más tardar el seis de julio, a pesar de lo cual no se presentó ningún medio de impugnación respecto de la integración de las mesas directivas de casillas, ni a la notificación del encarte actualizado al treinta de junio.

En suma, la responsable considera que se trata de actos previamente consentidos de manera tácita.

No le asiste la razón a la autoridad responsable.

En efecto, la autoridad responsable sostiene erróneamente que el acto impugnado es la supuesta indebida integración de las casillas, cuando lo que en realidad se combate son los resultados de las actas de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección de diputado federal por mayoría relativa del 07 distrito electoral federal en el Estado de San Luis Potosí, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez.

Para sustentar los actos impugnados, los enjuiciantes señalan, entre otras razones, que las mesas directivas de las casillas que describe en su demanda no estuvieron debidamente integradas, refiriéndose con ello a una causal de nulidad, no al acto reclamado como tal.

De lo anterior podemos advertir que la responsable confunde el acto impugnado con las causas que lo sustentan.

De la lectura de la demanda, se puede advertir que los actores identificaron los actos impugnados, mismos que de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, inciso b), fracción I, de la Ley de Medios. En consecuencia, se ajustan a aquellos que hacen procedente el juicio de inconformidad.

Por otro lado, tampoco le asiste la razón a la responsable cuando afirma que los medios de impugnación se presentaron de manera extemporánea, ya que todas las posibles irregularidades que se hayan generado durante el desarrollo de la jornada electoral son impugnables hasta que se finalice el cómputo distrital, por lo que es hasta ese momento en que corre el plazo legal para interponer el juicio de inconformidad.

En el caso específico, el recuento concluyó el día seis de julio y la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección se entregó ese día, en tanto que el medio de impugnación se presentó diez siguiente, es decir, dentro del término legal de cuatro días.

Por lo demás, resulta evidente el interés jurídico del PRI, al haber participado en el proceso comicial correspondiente y al sufrir una afectación por no haber resultado ganadora la candidata propuesta por la coalición integrada por dicho partido.

En relación con el interés que pudiera tener el PAN al haber sido el ganador de la elección, se advierte que, en todo caso, como partido político que participó en la contienda y aun cuando resultó ganador, es posible su impugnación pues a partir del análisis que realice este órgano jurisdiccional a las causas de inconformidad que plantea, su ventaja se pudiera ver ampliada. Por tanto, no obstante que la determinación impugnada no le irroga un perjuicio directo a su esfera jurídica, lo cierto es que, a partir de su especial posición jurídica con relación al proceso, está en posibilidad de solicitar por la vía jurisdiccional el estudio de sus planteamientos que redundarían en un beneficio para sus intereses dentro de la elección que se cuestiona[4].

En otro orden de ideas, la autoridad responsable manifiesta que el juicio de inconformidad promovido por el PANAL es improcedente, porque en su opinión se actualiza la causal prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, relativa a la pretensión de impugnar actos en contra de los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación dentro de los plazos legales.

Al respecto, indica que la causal de inelegibilidad era del conocimiento del PANAL desde que se aprobó el registro de candidato, por lo que el momento idóneo para impugnar la elegibilidad era cuando se aprobó el registro del candidato y no en el momento de la entrega de la constancia de mayoría y validez.

Así, la responsable estima que, al no haberse impugnado dentro de los cuatro días siguientes a la aprobación del acuerdo del Consejo General, por medio del cual se aprobó la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulada por la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD-MC), el acuerdo adquirió validez y quedó firme.

No le asiste la razón a la autoridad responsable.

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, materializado en la jurisprudencia de rubro “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN”[5], que el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos momentos: en primer lugar, cuando se lleva a cabo el registro de candidatos ante autoridad electoral; y en segundo término, cuando se califica la elección.

En este último caso pueden existir dos instancias: ante la autoridad electoral; y en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional.

Esto es así, porque la elegibilidad se refiere a aspectos inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para el cual fueron propuestos e indispensables para su ejercicio.

No basta que en el momento en que se realice el registro de una candidatura se haga la calificación, sino que resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad electoral, al momento en que se lleve a cabo el cómputo final, antes de la declaración de validez y otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, respecto de los candidatos triunfadores, pues sólo de esa manera quedará garantizado que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para que los candidatos triunfadores, puedan desempeñar los cargos para los cuales fueron postulados.

5.2. Procedencia de los juicios

Los juicios reúnen los requisitos previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 50, párrafo 1, inciso b), 52 y 55, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, en atención a lo siguiente:

5.1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella constan los nombres de los partidos actores, así como el nombre y firma de quienes promueven en su representación; se identifica los actos impugnados y el emisor, se mencionan hechos, agravios y los artículos supuestamente violados.

5.2. Oportunidad. Los juicios, con excepción del planteado por el PES, fueron promovidos oportunamente, toda vez que el cómputo distrital concluyó el seis de julio y las impugnaciones se presentaron el diez del mismo mes y año.

5.3. Legitimación. Los actores están legitimados por tratarse de partidos políticos.

5.4. Personería. Se encuentra satisfecho el requisito, toda vez que los institutos políticos comparecen por conducto de sus representantes acreditados ante la autoridad responsable, calidad que es reconocida en los informes circunstanciados correspondientes.

5.5. Elección que se impugna e individualización del acta de cómputo distrital. Se satisface tal circunstancia, ya que los partidos actores impugnan la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 07 distrito electoral federal en el estado de San Luis Potosí y señalan como acto impugnado el acta de cómputo distrital respectiva.

5.6. Individualización de las casillas y la causal que se invoque para cada una. Los promoventes solicitan que se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, invocando las causales que para tal efecto consideran actualizadas, así como las razones para ello.

MORENA en su escrito de tercero interesado, señala que el juicio es improcedente porque “se actualizan las causas de improcedencia del artículo 10 de la LGSMIME, relacionados con los requisitos de demanda del artículo 9 de la misma ley; y de sobreseimiento del artículo 11 de la LGSMIME son aplicables a este medio de impugnación, pero además de manera particular se encuentran relacionados con el cumplimiento de requisitos especiales del artículo 52 para el juicio de inconformidad”.

No le asiste la razón a MORENA pues de forma genérica expresa que los juicios incumplen los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de Medios.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento del caso

El primero de julio tuvo verificativo la jornada electoral y el cinco siguiente se llevó a cabo la Sesión de Cómputo Distrital, la cual concluyó el seis posterior.

Es importante señalar que los resultados de la votación fueron los siguientes:

El seis de julio, se expidió a Marcelino Rivera Hernández y a Juan Marcos García Hernández, la constancia de mayoría y validez, a través de la cual se declaró la validez de la elección para la diputación federal de mayoría relativa, en el distrito electoral federal 07, del estado de San Luis Potosí, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos.

Inconformes, PAN, PANAL y PRI presentaron sendos juicios de inconformidad.

El PAN solicita la nulidad de diversas casillas, al considerar que se actualizan los supuestos contemplados en los incisos a) e i) del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley de Medios,[6] conforme al siguiente cuadro:

Por su parte, el PANAL pretende que se declare la nulidad de la elección, pues argumenta que Marcelino Rivera Hernández y Juan Marcos García Hernández, no justifican su calidad de indígenas.

Finalmente, el PRI en su demanda solicita la nulidad de diversas casillas sobre las que señala que se actualizan los supuestos contemplados del inciso a) al inciso k)[7].

De la lectura de los agravios correspondientes, se advierte que únicamente se centra en las causales descritas en los incisos b), e), f) y j).

Para mayor claridad expositiva se inserta el siguiente cuadro, en donde se identifican las casillas que cuestiona el PRI:

Establecido lo anterior, debe indicarse que primero se estudiarán los agravios formulados por el PANAL, en la demanda que dio origen al SM-JIN-98/2018, ya que en caso de que se declaren fundados, ello traería como consecuencia la anulación de la elección, motivo por el cual, en ese supuesto, no sería necesario estudiar los agravios formulados por el PAN y el PRI.

En caso de que no prosperen los agravios planteados por el PANAL, se procederá al estudio de las causas de nulidad en el orden en el que aparecen en el artículo 75 de la Ley de Medios, con la aclaración de que en el apartado correspondiente a la causal del inciso f) se dará respuesta a los argumentos formulados por el PAN en relación con supuestos errores derivados del recuento de una casilla.

6.2. Los candidatos postulados son elegibles, porque para este proceso electoral se estableció una acción afirmativa indígena que motivó la postulación de candidaturas de personas que no solo se auto adscribieran como indígenas, sino que las instituciones representativas del Distrito por el que fueran postuladas reafirmaran dicha pertenencia étnica, lo que sí ocurrió en el Distrito 07 de San Luis Potosí.

Esto es así, porque para el actual proceso electoral el INE estableció mediante el Acuerdo INE/CG508/2017 la Acción Afirmativa Indígena para 12 Distritos Electorales con alta densidad de población indígena, siendo que la Sala Superior al decidir el recurso de apelación SUP-RAP-726/2017 consideró que la postulación de candidatas y candidatos indígenas debía darse en 13 y no en 12 distritos en los que existiera una concentración de población indígena que supere el 60% de la población total, siendo el caso del Distrito de 07 con cabecera en Tamazunchale, San Luis Potosí.

La Sala Superior, además determinó que, en la etapa de registro de candidaturas los partidos políticos adjunten a la solicitud respectiva las constancias o actuaciones con las que las y los ciudadanos acrediten el vínculo con la comunidad a la que pertenecen, esto es, la verificación de la autoadscripción, lo que denominó, Autoadscripción Calificada y que en el ámbito antropológico se denomina heteroadscripción, que no es otra cosa que la confirmación por parte de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, del vínculo de la persona con la comunidad o pueblo al que dice pertenecer.

Aunado a lo anterior, el INE en el Acuerdo INE/CG451/2018, refirió que: “Con base en tales criterios, esta autoridad consideró que debe acompañarse a la solicitud de registro, cualquier documento a través del cual se pueda acreditar la pertenencia y conocimiento de la o el ciudadano indígena, que pretenda ser postulado por los partidos políticos o coaliciones, a las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, como podrían ser, por ejemplo, las constancias expedidas por las autoridades comunales existentes y reconocidas en la comunidad, o por cualquier representante de dicha comunidad, nombramientos en cargos o comisiones, constancias de cumplimiento de obligaciones comunales, recibos de pago de cooperaciones, faenas, servicios comunitarios, o bien, constancias a través de las  cuales se pueda deducir que pertenece a la comunidad por haber cumplido con sus obligaciones frente a ella, según su propio sistema normativo”.

Ahora bien, en la demanda el partido actor combate fundamentalmente que las documentales que Marcelino Rivera Hernández y Juan Marcos García presentaron ante el INE para acreditar la autoadscripción indígena con la que fueron registrados por la coalición Por México al Frente, fueron expedidas por autoridades que no se encuentran facultadas para realizar dicho acto administrativo.  

De la revisión de las constancias que obran en el expediente, con base en el artículo 2°, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que, en el caso de San Luis Potosí, los avances en el reconocimiento del derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, y equiparables, asentados en su territorio, conforme al artículo 9° de la Constitución Política de la Entidad, a diferencia de otras Entidades Federativas, brindan certeza respecto de quiénes son los sujetos de derecho denominados pueblos o comunidades indígenas, considerando que con base en el artículo 9° de la Ley Reglamentaria del artículo 9° de la Constitución Política del Estado, sobre los derechos y la cultura indígena, las comunidades indígenas en San Luis Potosí tienen la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les permite ejercer su libre determinación al interior de sus propias comunidades, y por ende su autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Asimismo, la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, reconoce en su artículo 3, fracción II, como autoridades indígenas para efectos de la consulta, a las autoridades tradicionales, sean agrarias, administrativas, civiles y ceremoniales, electas mediante procedimientos establecidos en los sistemas normativos de las comunidades; al ser la consulta un derecho fundamental vinculado al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, la Ley de Consulta de San Luis Potosí nos permite conocer la tipología de sus instituciones representativas; así como un marco jurídico de avanzada en el reconocimiento de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta lo anterior a continuación se analizarán cada una de las constancias que obran en el expediente.

         Constancia de identidad indígena expedida por el Director de Asuntos Indígenas del Municipio de Xilitla, quien con base en el artículo 4° de la Ley Reglamentaria, es la responsable de estar en directa y constante comunicación con los representantes de las comunidades indígenas, aunado a ello, el artículo 19 de la citada Ley garantiza el derecho de las comunidades a la autodeterminación para elegir a quien las represente ante el ayuntamiento respectivo, por lo que la constancia fue emitida por una autoridad que a su vez cuenta con la representación de las comunidades que están bajo su jurisdicción, reconocida por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

         Escrito de propuesta signado por Pablo Bartolo Hernández en su carácter de presidente del Comisariado Ejidal del Ejido El Cristiano y sus anexos; en la tipología de identificación de comunidades indígenas se ha establecido que ésta puede estar conformada por una o varias localidades indígenas y constituir a su vez, uno o más núcleos agrarios; asimismo, se debe señalar que en el caso de las comunidades indígenas la representación agraria constituye autoridad representativa, en ese sentido y con base en el Padrón de Comunidades Indígenas en el Estado de San Luis Potosí[8] el Ejido de referencia se encuentra identificado con el folio 362-54-08-19 y constituye la comunidad indígena del mismo nombre con diferentes barrios, perteneciente al Municipio de Xilitla. Por lo que el presidente del comisariado es una institución representativa de la comunidad indígena a través de la cual se ejercen los derechos de libre determinación y autonomía, como en el caso concreto, no solo los derechos agrarios como se señala en la demanda y que no es materia de esta Litis.

         Escrito de propuesta signado por Manuel Guzmán González, en su carácter de presidente del Consejo de Administración del Beneficio del Café, éste no constituye una autoridad representativa para el ejercicio de los sistemas normativos, por lo que constituye únicamente, como lo es, un documento de respaldo de una organización productora.

         Escrito de propuesta signado por Juan González Santiago, en su carácter de presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de Apetzco. En el Padrón de Comunidades Indígenas de San Luis Potosí, el ejido de referencia se encuentra identificado con el folio 355-54-01-04 y constituye la comunidad indígena del mismo nombre con diferentes barrios, perteneciente al Municipio de Xilitla. Por lo que se constata, que el presidente del comisariado es una institución representativa de la comunidad indígena a través de la cual se ejercen los derechos de libre determinación y autonomía, como ocurre en el caso concreto no solo los derechos agrarios, como de forma inexacta se señala en la demanda.

         Escrito de propuesta signado por Pedro Esteban Florentino, en su carácter de Juez Auxiliar de Ahuehueyo Ixtamel, sobre el particular se debe señalar que, en el caso de los Jueces Auxiliares, la Ley Reglamentaria del artículo 9°, prevé en su artículo 21 que:

ARTICULO 21. El Estado reconoce la validez de los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y, en general, de la prevención, regulación y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución General de la República, la particular del Estado, ni vulneren los derechos humanos.

Para brindar garantías a la figura de los Jueces Auxiliares, en la Entidad se cuenta con una Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí[9], la cual establece en el artículo 14, segundo párrafo,  los requisitos para ser jueces auxiliares, uno de ellos es ser miembro de la comunidad a la que pertenecen, dominar la lengua; conocer los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena a la que pertenezcan, y demostrar ser reconocidos por su compromiso en la comunidad con el bien común y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, Ahuehueyo se identifica en el Padrón de Comunidades con el número de folio 199-37-07-05, como una comunidad indígena, perteneciente al Municipio de Tamazunchale.

         En el caso de la constancia expedida por Moisés Morales Morales Juez Auxiliar de Tepetzintla Xochititla,  se constata que Tepetzintla se identifica como una localidad de la comunidad indígena Matlapa, identificada con el folio 110-57-05-03, perteneciente al Municipio de Matlapa, por lo que, bajo los mismos argumentos señalados en párrafos anteriores, los Jueces Auxiliares constituyen una autoridad representativa ya que son los responsables de administrar justicia en las comunidades, esto es, los responsables de los sistemas normativos internos que determine la Asamblea Comunitaria.

         En relación con el escrito de propuesta signado por Filiberto Godinez Cruz, como ya se comentó, Tepetzintla está identificada como una comunidad indígena del Municipio de Matlapa, por lo que es una autoridad representativa de dicha comunidad.

En estas condiciones, con base en las documentales que se destacan, se estima cumplido el requisito de postulación, en mención, pues se acreditó la adscripción de los candidatos a una comunidad indígena

Aunado a lo anterior, no se desvirtúa el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de la Constitución Federal, así como del artículo 10 de la LEGIPE.

En este tenor, no le asiste la razón al actor.

6.3. Causal b): Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos fijados

6.3.1. Análisis jurídico de la causal

De acuerdo con el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos siguientes:

a)     Que el paquete que contenga los expedientes electorales se entregue al Consejo Distrital fuera del plazo que la LEGIPE establece.

b)     Que no exista justificación para dicha tardanza.

c)     Que la irregularidad sea determinante.[10]

Por lo que hace al primer elemento (el plazo), la LEGIPE dispone en su artículo 299 que, una vez clausurada la casilla, el presidente de la misma hará llegar al Consejo Distrital que corresponda el paquete y el expediente de casilla dentro de los plazos siguientes,[11] contados a partir de la hora de clausura:

a)     Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito; esto es, que entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expedientes, solo transcurra el tiempo necesario para el traslado al domicilio del Consejo Distrital, atendiendo a las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar.[12]

b)     Hasta doce horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito.

c)     Hasta veinticuatro horas, cuando se trate de casillas rurales.

En lo que toca al segundo de los componentes de la causal, se estimará que existió una causa justificada para la entrega extemporánea del paquete, cuando haya mediado caso fortuito o fuerza mayor.[13]

Si se acredita el retardo injustificado en la entrega del paquete, solamente se considerará que esa irregularidad es determinante y, por tanto, actualiza la causal de nulidad de votación recibida en la casilla, cuando concurra lo siguiente:[14]

a)     El paquete presente muestras de alteración, y

b)     Los votos ahí contenidos no coincidan con los registrados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla.

Lo anterior, ya que, si el paquete permaneció intacto a pesar de su entrega extemporánea o bien fue recibido por el Consejo Distrital con muestras de alteración, pero los votos que contiene respaldan los datos asentados en las actas levantadas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, debe considerarse que el valor protegido por la causal de nulidad no fue vulnerado y, por tanto, aun cuando la irregularidad hubiera existido, no fue determinante para el resultado de la votación.

6.3.2. Es infundado el agravio formulado por el PRI sobre la entrega tardía del paquete correspondiente a la casilla 1767 C1, porque no se rompió la cadena de custodia, siempre estuvo bajo la custodia de autoridades electorales y no hay indicio que hubiese sido alterado

El PRI argumenta que el paquete electoral correspondiente a la casilla 1767 C1, fue entregado fuera de tiempo, dado que aduce que se entregó al Consejo Distrital hasta las 5:59 (cinco horas con cincuenta y nueve minutos) del viernes seis de julio.

Al respecto, el PRI señala que las causas de la entrega del paquete en ese horario eran inciertas, pues antes de llegar al Consejo Distrital, con cabecera en Tamazunchale, se señaló que dicho paquete se encontraba en el Consejo Municipal de Xilitla y si bien la casilla fue ubicada en domicilio conocido del lugar donde se encuentra el CEEPAC,[15] de este último municipio, el INE comisionó a Joel Francisco y/o Joel “N” para recoger dicho paquete, regresando de dicha comisión a las 5:59 (cinco horas con cincuenta y nueve minutos) del seis de julio.

El PRI externa que los Consejeros Municipales tenían la obligación de remitir el paquete al Consejo Distrital Federal, máxime que dicho órgano ya había remitido los paquetes correspondientes a la elección de diputado federal, con la única excepción del paquete correspondiente a la casilla cuestionada, por lo que, en su opinión, no se justifica el haberlo remitido con posterioridad y por separado.

Paralelamente, se argumenta que el paquete electoral tenía que entregarse dentro de las veinticuatro horas después de la clausura de la casilla. De modo que si la clausura de la casilla se llevó a cabo a las 23:20 (veintitrés horas con veinte minutos), del primero de julio, el paquete tenía que entregarse a las 23:20 (veintitrés horas con veinte minutos) del dos siguiente.

No obstante, se alega que se entregó hasta las 5:59 (cinco horas con cincuenta y nueve minutos) del seis de julio, con lo que suman 102 (ciento dos) horas con 40 (cuarenta minutos) para el traslado del paquete respectivo.

No le asiste la razón al PRI.

De acuerdo a las constancias que obran en los autos del presente expediente se advierte lo siguiente:

En primer término, debe indicarse que, de la Constancia de Clausura de Casilla y Remisión del Paquete Electoral al Consejo Distrital, se acredita que la casilla se clausuró a las veintitrés horas con treinta minutos del primero de julio de dos mil dieciocho.

También quedó demostrado que el paquete electoral correspondiente fue entregado al Centro de Recepción y Traslado Fijo, en Xilitla, a las tres horas con diecisiete minutos del dos de julio siguiente, como además se advierte del Recibo de Entrega del Paquete Electoral, del cual se aprecia que no tenía muestras de alteración y que contaba con etiqueta y cinta de seguridad.[16]

Luego, se documentó en autos que a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del dos de julio, Pedro Espinoza Correa, responsable del Centro de Recepción y Traslado Fijo, y Herlindo Zuñiga Nicolás, auxiliar del mismo, trasladaron setenta y dos paquetes electorales para que fueran entregados en las sedes correspondientes.[17]

Después que a las trece horas del dos de julio, se recibieron en la Comisión Distrital del municipio de Tancanhuitz, setenta y dos paquetes electorales, provenientes del Centro de Recepción y Traslado Fijo de Xilitla, lo que se advierte del recibo correspondiente.[18] Cabe señalar que entre dichos paquetes se encontraba el correspondiente a la casilla 1767 C1.

Finalmente, a las tres horas del seis de julio, el Consejo Distrital recibió de Jorge Vargas Morales, acreditado como responsable del traslado, el paquete electoral correspondiente a la casilla que se impugna, la cual se encontraba dentro de una bolsa sellada en un paquete de diputados locales.[19]

De lo destacado con antelación se puede constatar que el paquete de la casilla 1767 C1 se entregó a tiempo a la autoridad electoral previamente designada para recibir dicha documentación, pues como quedó registrado, se recibió en el Centro de Recepción y Traslado Fijo, a las tres horas con diecisiete minutos del dos de julio, no habiendo quedado bajo la custodia de algún particular o de algún partido político.

Es importante destacar que, si bien es cierto, por un error se trasladó a la Comisión Distrital de Tancanhuitz, donde permaneció desde esa hora hasta el seis de julio, nunca se rompió la cadena de custodia, pues en todo momento permaneció en posesión de las autoridades electorales, amén de que no existe indicio alguno de que el paquete electoral haya sido alterado o se hubiese transgredido la etiqueta y cinta de seguridad.

En efecto, del Acta Circunstanciada del Recuento Total de la Elección de Diputaciones Federales de Mayoría Relativa en el 07 Distrito Electoral en el estado de San Luis Potosí, relativa al Grupo de Trabajo 05, se hizo constar que “para efectuar el recuento de votos, previo a su apertura, se revisaron las medidas de seguridad y el estado físico de cada uno de los 104 paquetes electorales asignados al Grupo de Trabajo 05”, entre los cuales se encontraba el paquete electoral correspondiente a la casilla 1767 C1, sin que se hubiese asentado alguna anomalía o irregularidad.

En este sentido, vale la pena resaltar que en el acto de recuento estuvo presente el representante del PRI, sin que hubiese realizado manifestación alguna sobre la existencia de alguna alteración en el paquete de la casilla en cuestión.

Consecuentemente, dado que el paquete fue entregado en tiempo a la autoridad electoral, y ya que no existe indicio de alteración alguna que este se hubiese abierto no se actualiza la causa de nulidad que se pretende.

6.4. Causal e): recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados

Los promoventes sostienen que en diversas casillas se actualiza la causal de nulidad en comento, concretamente porque la votación fue recibida por personas que no estaban autorizadas en el encarte para desempeñar la función que realizaron, es decir, que no habían sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad electoral.

En primer lugar, se analizará la hipótesis de nulidad a partir del texto legal y de las interpretaciones que sobre el mismo ha efectuado este tribunal, para fijar en qué casos puede anularse la votación recibida en una casilla. Posteriormente, se verificará si los hechos en que el actor basa su demanda son suficientes para actualizar el citado supuesto.

6.4.1. Análisis jurídico de la causal

De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas[20]. Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.[21]

Al respecto, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

        Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada.[22]

        Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas.[23]

        Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el Consejo Distrital respectivo.[24]

        Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.[25]

        Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

        Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[26]

        Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[27] o de todos los escrutadores[28] no genera la nulidad de la votación recibida.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

        Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva,[29] en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidatos independientes.[30]

6.4.2. Los ciudadanos cuestionados fueron designados por la autoridad electoral para participar como funcionarios de casilla

Respecto a las casillas que se presentan en la tabla siguiente, no se actualiza la causa de nulidad, ya que la persona cuya actuación se impugna fue insaculada y capacitada por la autoridad para integrar la mesa directiva -en alguno de los roles que ahí se llevan a cabo- ya sea para la casilla controvertida u otra de la misma sección electoral.