B. Se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, y por ende la confirmación dictada en el Recurso de Inconformidad, al estar fundamentada y motivada en un acto ilegal, tal como lo señala la Jurisprudencia 7/2007, que se transcribe:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.– [Se transcribe]

(…)

Esto debido a que en el considerado 5 de la resolución señala a la letra que:

[Se transcribe]

En este presunto análisis, la autoridad resolutora, olvidó mencionar que el mismo artículo 186, fracción IV, del Estatuto, señala a la letra:

IV. Cuando el procedimiento administrativo se inicie de oficio, el órgano, área o unidad del Instituto que determine con base en elementos objetivos su inicio comunicará la decisión por escrito satisfaciendo los requisitos marcados en los incisos a), d), e), f), g) y h) de la fracción I del presente artículo, a la autoridad instructora que resulte competente.

La autoridad que inicie un procedimiento de oficio se apegará invariablemente a los principios de certeza, objetividad y legalidad.

Asimismo, olvidó lo normado en los Lineamientos para aplicar sanciones vigente, que a la letra dicen:

 Tercero. Se considera procedimiento administrativo a instancia de parte aquel que se formula mediante queja o denuncia presentada ante alguna autoridad del Instituto, y que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 186, fracción I del Estatuto vigente. En tanto que, el procedimiento administrativo será de oficio cuando la propia autoridad instructora, de manera directa, tiene conocimiento de la presunta infracción, o bien, cuando algún otro órgano, área o unidad del Instituto informe a la autoridad instructora competente las irregularidades que estime puedan constituir materia de un probable procedimiento, siendo dicha autoridad quien, después de haber realizado las investigaciones pertinentes, determine si ha lugar o no al inicio respectivo.

 Quinto. La gestión para el inicio de un procedimiento de oficio podrá hacerlo el órgano o unidad del Instituto que conozca de la comisión de una infracción por parte del miembro del Servicio, debiendo aportar los elementos de prueba con que cuente y remitirlos a la autoridad instructora competente para su valoración, investigación, y en su caso, determinación del inicio correspondiente.

 Sexto. La autoridad instructora que conozca de la comisión de una infracción por parte del personal de carrera, procederá en forma inmediata a realizar las investigaciones y actos que estime procedentes, a efecto de integrar debidamente el expediente, relacionando la presunta infracción con las pruebas y, en su caso, determinar sobre su inicio. La autoridad instructora que tenga conocimiento de alguna queja o denuncia en contra de un miembro del Servicio, deberá informarlo a la DESPE dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.

 Octavo. La autoridad instructora deberá establecer en forma precisa cual (es) es (son) la (s) presunta (s) infracción (es) y los preceptos que se estima violados, con la finalidad de otorgar certeza jurídica. Por ningún motivo la autoridad instructora deberá ser omisa en cuanto a los elementos que sirvieron de base para determinar el inicio o no del procedimiento administrativo, debiendo dictar auto de radicación o auto de desechamiento.

En tercer lugar, se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al estar fundamentada y motivada en un acto ilegal, tal como lo señal (sic) la Jurisprudencia 7/2007, que se transcribe:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.– [Se transcribe]

(…)

Esto debido a que en el considerando III de la resolución señala a la letra que:

[Se transcribe]

En este presunto análisis, la autoridad resolutora, olvidó mencionar que el mismo artículo 186, fracción IV, del Estatuto, señala a la letra:

IV. Cuando el procedimiento administrativo se inicie de oficio, el órgano, área o unidad del Instituto que determine con base en elementos objetivos su inicio comunicará la decisión por escrito satisfaciendo los requisitos marcados en los incisos a), d), e), f), g) y h) de la fracción I del presente artículo, a la autoridad instructora que resulte competente.

La autoridad que inicie un procedimiento de oficio se apegará invariablemente a los principios de certeza, objetividad y legalidad.

Asimismo, olvidó lo normado en los Lineamientos para aplicar sanciones vigente, que a la letra dicen:

 Tercero. Se considera procedimiento administrativo a instancia de parte aquel que se formula mediante queja o denuncia presentada ante alguna autoridad del Instituto, y que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 186, fracción I del Estatuto vigente. En tanto que, el procedimiento administrativo será de oficio cuando la propia autoridad instructora, de manera directa, tiene conocimiento de la presunta infracción, o bien, cuando algún otro órgano, área o unidad del Instituto informe a la autoridad instructora competente las irregularidades que estime puedan constituir materia de un probable procedimiento, siendo dicha autoridad quien, después de haber realizado las investigaciones pertinentes, determine si ha lugar o no al inicio respectivo.

 Quinto. La gestión para el inicio de un procedimiento de oficio podrá hacerlo el órgano o unidad del Instituto que conozca de la comisión de una infracción por parte del miembro del Servicio, debiendo aportar los elementos de prueba con que cuente y remitirlos a la autoridad instructora competente para su valoración, investigación, y en su caso, determinación del inicio correspondiente.

 Sexto. La autoridad instructora que conozca de la comisión de una infracción por parte del personal de carrera, procederá en forma inmediata a realizar las investigaciones y actos que estime procedentes, a efecto de integrar debidamente el expediente, relacionando la presunta infracción con las pruebas y, en su caso, determinar sobre su inicio. La autoridad instructora que tenga conocimiento de alguna queja o denuncia en contra de un miembro del Servicio, deberá informarlo a la DESPE dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.

 Octavo. La autoridad instructora deberá establecer en forma precisa cual (es) es (son) la (s) presunta (s) infracción (es) y los preceptos que se estima violados, con la finalidad de otorgar certeza jurídica. Por ningún motivo la autoridad instructora deberá ser omisa en cuanto a los elementos que sirvieron de base para determinar el inicio o no del procedimiento administrativo, debiendo dictar auto de radicación o auto de desechamiento. (…)

C. Se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, y por ende la dictada en el Recurso de Inconformidad, al ser formulada por alguien sin competencia legal, esto, porque en el Considerando 6, que a la letra dice:

[Se transcribe]

Dado que lo presenta de esa manera, me permito recordar que la resolución es ilegal desde la dictada al Procedimiento Administrativo, que la misma autoridad resolutora del Recurso de inconformidad, reconoce la falta de cuidado y lo (sic) errores evidentes sobre quien estaba juzgando la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo, olvidando los principios generales de derecho que deben de tomarse en cuenta de manera supletoria que señalan “A cada cual lo suyo” y “La más pequeña variación en el hecho, hace variar el derecho”, por lo que debe anularse la resolución dictada en el Procedimiento Administrativo, y la misma Autoridad Resolutora del Recurso de Inconformidad debió de hacer algo, como señala el artículo 184 del Estatuto, el Secretario Ejecutivo, en ejercicio de su facultad conferida, solicitará a la autoridad resolutora la información relativa a las consideraciones que llevaron a dicho funcionario a tomar o dejar de tomar cualquier decisión en tal carácter, cosa que no está determinada en ninguna parte de la resolución, es decir cómo puede alguien ser objetivo basándose en consideraciones erradas.

Ahora, sobre si es o no competente el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electorales para ser la autoridad resolutora en el Procedimiento Administrativo. Tal y como lo señala la Jurisprudencia S3LAJ 08/98, que me permito transcribir:

SUPERIORES JERÁRQUICOS QUE DEBEN CONOCER Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 188 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL).– [Se transcribe]

Ante lo cual, es de señalar que el artículo 184, fracción II, inciso c. señala lo siguiente:

II. Serán autoridades resolutoras las siguientes:

c. La Secretaría Ejecutiva, o en quien en su caso delegue, si el presunto infractor es Vocal Ejecutivo, responsable del despacho de Vocalía Ejecutiva, o un miembro del Servicio adscrito a oficinas centrales.

Por lo que en una interpretación gramatical o sistemática o funcional, la Secretaría Ejecutiva es la única que podría constituirse en autoridad resolutora para un Vocal Ejecutivo, esto es así porque para ser autoridad instructora o resolutora deben ser superiores jerárquicos, y debido a la especialísima calidad que tienen los Vocales Ejecutivos Distritales, es decir, como señala el artículo 144, párrafo 1, inciso b) del Código que el Vocal Ejecutivo es un órgano del Instituto, calidad que solo tiene, además, los Consejos y Juntas Generales, Locales y Distritales, la Presidencia del Consejo, la Secretaría Ejecutiva, y los Vocales Ejecutivos Locales.  Asimismo, para ser nombrado Vocal Ejecutivo, requiere de la aprobación y seguimiento del Consejo General, es por eso que no debiera el Secretario Ejecutivo delegar esa función, de hecho, el nuevo Estatuto corrige esa práctica; aun si se considerara que se podría delegar el ser la autoridad resolutora, lo único que no tendría la posibilidad, por estar fuera de su facultad, es destituir a un órgano del Instituto, de hecho la autoridad resolutora comparte esta opinión, porque cae en la suposición de que el miembro del servicio sujeto al procedimiento administrativo es un miembro del servicio profesional adscrito a oficinas centrales, y como lo señala el principio general del derecho “En el mandato deben observarse cuidadosamente sus límites”.

En cuarto lugar, se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al ser formulada por alguien sin competencia legal, esto porque en el Considerando I, que a la letra dice:

[Se transcribe]

Es de señalar que el artículo 184, fracción II, inciso c. (sic) en realidad señala lo siguiente:

II. Serán autoridades resolutoras las siguientes:

c. La Secretaría Ejecutiva, o en quien en su caso delegue, si el presunto infractor es Vocal Ejecutivo, responsable del despacho de Vocalía Ejecutiva, o un miembro del Servicio adscrito a oficinas centrales.

Por lo que en una interpretación gramatical o sistemática o funcional, la Secretaría Ejecutiva es la única que podría constituirse en autoridad resolutora para un Vocal Ejecutivo, esto es así porque para ser autoridad instructora o resolutora deben ser superiores jerárquicos, y debido a la especialísima calidad que tienen los Vocales Ejecutivos Distritales, es decir, como señala el artículo 144, párrafo 1, inciso b) del Código que el Vocal Ejecutivo es un órgano del Instituto, calidad que solo tiene, además, los Colegiados Centrales, Locales y Distritales, sean Consejo o Junta, y la Presidencia del Consejo, la Secretaría Ejecutiva, y los Vocales Ejecutivos Locales. Asimismo, para ser nombrado Vocal Ejecutivo, requiere de la aprobación y seguimiento del Consejo General, es por eso que no debiera el Secretario Ejecutivo delegar esa función, de hecho el nuevo Estatuto corrige esa práctica; aun si se considerara que se podría delegar el ser la autoridad resolutora, lo único que no tendría la posibilidad, por estar fuera de su facultad, es destituir a un órgano del Instituto, de hecho la autoridad resolutora comparte esta opinión, porque cae en la suposición de que el miembro del servicio sujeto al procedimiento administrativo es un miembro del servicio profesional adscrito a oficinas centrales.

Ante lo expuesto, y dado que en mi escrito de contestación presente (sic) varios argumentos, entre los cuales la inexistencia de prueba que demuestre plenamente la responsabilidad, violando el derecho fundamental de la presunción de inocencia, explicada por el Tribunal Electoral mediante la Tesis relevante XLIII/2008 y señale (sic) el hecho que la falta del escrito inicial era evidente al faltar en el auto de radicación la información de cómo se enteró o cuando (sic) supo de la supuesta falta la autoridad instructora, cosa que la autoridad resolutora no analizó, faltando una vez mas (sic), al principio de exhaustividad y legalidad que debe tener toda resolución, además de aceptar un acto ilegal como legal.

Sentado lo anterior, y sólo en caso de que se considere no procedente las causales planteadas, ad cautelam, se da contestación y se desvirtúa el fondo planteado por la resolución emitida por la autoridad resolutora:

D. Se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al estar viciada de extemporaniedad y por ende es nula, al dictarse fuera del plazo legal, en violación a lo estipulado por al (sic) artículo 186 fracción IX y último párrafo del Estatuto, que la letra dicen: “XI. La Autoridad Instructora, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del auto de cierre de instrucción, enviará el expediente original con todas sus constancias a la autoridad resolutora para que emita la resolución correspondiente” y “La resolución deberá dictarse dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que se reciba el expediente y sus constancias, y deberá notificarse personalmente a las partes dentro de los cinco días hábiles posteriores”, ya que como lo señala la autoridad resolutora en su Considerando 4. (sic) que a la letra dice:

[Se transcribe]

Como lo señala la Resolución del Procedimiento Administrativo en el Resultando 7, que el 5 de noviembre del 2009, la autoridad instructora tuvo como presentado mi escrito de contestación, y se acordó lo pertinente sobre las pruebas que presenté; en el Resultando 8, se decreta ese mismo día 5 de noviembre del 2009 la remisión del expediente al Secretario Ejecutivo, y si bien tiene diez días hábiles para remitir el expediente, no existe la obligación de agotar todos; de hecho el Oficio No. SE/2392/2009, que tiene la fecha 18 de noviembre de 2009, emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Edmundo Jacobo Molina, que se adjunta como Prueba 15, señala que:

En estricta interpretación legal, el tiempo que corre para resolver el procedimiento administrativo, es a partir de que la autoridad resolutora primigenia, es decir el Secretario Ejecutivo, en atención al artículo 184, fracción II, inciso c. (sic) del Estatuto, vulnerando mi garantía de legalidad contemplada en el mismo artículo del Estatuto, así como de certeza y debido proceso. Si el Secretario Ejecutivo determina delegar, cosa que puede hacer o no, y remitir el expediente al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores; lo hace con todas sus consecuencias de recepción de la documentación, de hecho atendiendo a su significado la palabra delegar significa:

Delegar.

(Del lat. delgare).

1. tr. Dicho de una persona: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, para que haga sus veces o para conferirle su representación.

Fuente: Diccionario de la Real Academia Española

La fecha debe de empezar a contar desde el día siguiente al 18 de noviembre del 2010, es decir los quince días se cumplían el miércoles 9 de diciembre del 2009, y dado que la autoridad resolutora lo resolvió el 11 de diciembre del 2009, este debe quedar anulado, por ser dictado fuera de tiempo, en atención a lo señalado por el artículo 714 de la Ley Federal del Trabajo de que las actuaciones de las Juntas deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que esta Ley no disponga otra cosa; en el Estatuto no se dispone otra cosa, más que la supletoriedad de esta Ley, y me permito recordar el principio general de derecho que dice “Lo que es nulo no produce efecto alguno”.

En segundo lugar, se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al estar viciada de extemporaniedad y por ende es nula, al dictarse fuera del plazo legal, en violación a lo estipulado por al (sic) artículo 186 fracción IX y último párrafo del Estatuto, que la letra dicen: “XI. La Autoridad Instructora, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del auto de cierre de instrucción, enviará el expediente original con todas sus constancias a la autoridad resolutora para que emita la resolución correspondiente” y “La resolución deberá dictarse dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que se reciba el expediente y sus constancias, y deberá notificarse personalmente a las partes dentro de los cinco días hábiles posteriores”

(…)

Se desprende en el Resultando 7, que el 5 de noviembre del 2009, la autoridad instructora tuvo como presentado mi escrito de contestación, y se acordó lo pertinente sobre las pruebas que presenté; en el Resultando 8, se decreta ese mismo día 5 de noviembre del 2009 la remisión del expediente al Secretario Ejecutivo, es de hacer notar que la comunicación entre la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sede de la Junta Local Ejecutiva y de la autoridad instructora, con la Ciudad de México, sede de las Oficinas Centrales del Instituto y de la autoridad resolutora, es excelente; es decir, ninguna remisión de documentos puede tardar más de dos días, de hecho, lo normal en comunicación urgente es del mismo día y la estándar es del día siguiente; y si bien tiene diez días hábiles para remitir el expediente, no existe la obligación de agotar todos; esto, porque en el Resultando 9, señala que el 20 de noviembre del 2009, la autoridad resolutora recibió del Secretario Ejecutivo, mediante el oficio SE/2392/2009, donde por cierto no señala la fecha de emisión del mismo oficio o cuando (sic) el Secretario Ejecutivo recibió el expediente, su delegación como autoridad resolutora y el expediente; sin embargo en estricta interpretación legal, el tiempo que corre para resolver el procedimiento administrativo, es a partir de que la autoridad resolutora primigenia, es decir el Secretario Ejecutivo, en atención al artículo 184, fracción II, inciso c. (sic) del Estatuto, recibe el expediente; vulnerando mi garantía de certeza y debido proceso; dado que la autoridad resolutora no señala cuando el Secretario Ejecutivo recibió el expediente, suponiendo que fue antes del 20 de noviembre del 2009, en donde la autoridad resolutora dice que recibió el oficio donde el Secretario determina delegar y remitir el expediente al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores; en el peor de los casos se puede inferir que fue un día antes, es decir el 19 de noviembre del 2009, empezando a correr los 15 días hábiles a partir del día siguiente, tendríamos que el último día para resolver, sería el 10 de diciembre del 2009, y dado que la autoridad resolutora lo resolvió el 11 de diciembre del 2009, este (sic) debe quedar anulado

E. Se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al estar viciada de extemporaniedad, y por ende de nulidad, la notificación de la resolución dictada en el Procedimiento Administrativo; esto en violación a lo dispuesto por el artículo 167 primer párrafo del Estatuto.

En el considerando 3, la autoridad resolutora señala:

[Se transcribe]

Reitero, se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al estar viciada de extemporaneidad, y por ende de nulidad, la notificación de la resolución dictada; esto porque en violación a lo dispuesto por el artículo 167 primer párrafo del Estatuto, que la letra dice “Las actuaciones y diligencias del procedimiento se practicarán en días y horas hábiles. Para efectos del presente Titulo, son días hábiles todos los del año, excepto sábados, domingos, días de descanso obligatorio y los periodos de vacaciones que determine el Instituto; son horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas”, y como consta en la cédula de notificación, que la autoridad resolutora tiene en original, yo recibí la resolución a las dieciocho horas con diez minutos, es decir fuera del plazo legal, vulnerando con esto mi garantía de certeza, legalidad, y debido proceso; quiero destacar que en ningún momento existió de mi parte, alguna causa o actividad que demorara la notificación, para demostrar esta irregularidad anexo como la Prueba 1, copia certificada del acta circunstanciada identificada como No. 18/12/09 que levantaron los testigos de este acto para dar fe de que se me notificó fuera del plazo legal, y en las circunstancias ahí narradas, violando, por cierto, la autoridad resolutora el principio de legalidad y exhaustividad al no pronunciarse sobre esta prueba plena al ser una acta circunstanciada. Me permito recordar la siguiente Tesis relevante S3EL 010/98:

NOTIFICACIÓN. DEBE ENTENDERSE EFECTUADA DESDE QUE SE INICIA LA DILIGENCIA, CUANDO ÉSTA SE PROLONGA POR CAUSAS IMPUTABLES AL NOTIFICADO.–

[Se transcribe]

Y la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ANALIZAR LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 840, FRACCIÓN IV Y 841 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

[Se transcribe]

En primer lugar, se debe anular la resolución al Procedimiento Administrativo, al estar viciada de extemporanieda (sic), y por ende de nulidad, la notificación de la resolución dictada; esto porque en violación a lo dispuesto por el artículo 167 primer párrafo del Estatuto, que a la letra dice “Las actuaciones y diligencias del procedimiento se practicarán en días y horas hábiles. Para efectos del presente Titulo, son días hábiles todos los del año, excepto sábados, domingos, días de descanso obligatorio y los periodos de vacaciones que determine el Instituto; son horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas”, y como consta en la cédula de notificación, que la autoridad resolutora tiene en original, yo recibí la resolución a las dieciocho horas con diez minutos, es decir fuera del plazo legal, vulnerando con esto mi garantía de certeza, legalidad, y debido proceso; quiero destacar que en ningún momento existió de mi parte, alguna causa o actividad que demorara la notificación, para demostrar esta irregularidad anexo como la Prueba 1, copia certificada del acta circunstanciada identificada como No. 18/12/09 que levantaron los testigos de este acto para dar fe de que se me notificó fuera del plazo legal, y en las circunstancias ahí narradas.

5. CONTRADICCIÓN E INCORPORACIÓN DE LITIS.

La autoridad resolutora del recurso de inconformidad, señala en su Considerando 13, que:

(…)

De nueva cuenta la autoridad resolutora del recurso de inconformidad señala que a ella le es posible todo, como cambiar la litis expuesta por la autoridad instructora, y cambiada por la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo y de nueva cuenta por la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, por lo cual me es imposible defenderme adecuadamente porque varían constantemente la supuesta falta, o en este caso, omisión.

En primer término me permito demostrar el agravio de cambio de litis, y posteriormente desvirtuaré lo señalado por la autoridad instructora del recurso de inconformidad en este considerando.

Para argumentar este agravio, me permito, en primer término, transcribir las siguientes Jurisprudencias:

Jurisprudencia 28/2009

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.–

[Se transcribe]

Jurisprudencia 19/2008

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.–

[Se transcribe]

La autoridad instructora en su escrito “Auto de Radicación” señala que:

(…)

La autoridad resolutora establece en el Considerando II, las presuntas conductas violatorias para la autoridad instructora y objeto de la litis:

o        Él (sic) C. JOSÉ LUIS ARREOLA ARRAMBIDE, Vocal Ejecutivo de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, en su carácter de Consejero Presidente, al aceptar la propuesta de los representantes de los partidos políticos, de no llevar a cabo el recuento, demostró dependencia en criterios y opiniones ajenos a los principios y normas establecidos en la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores (sic) y demás normas electorales.

o        El presunto infractor refleja el desconocimiento total de lo establecido en la normatividad electoral, específicamente lo dispuesto en los artículos 295, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores (sic) y 30 el Reglamento de Sesiones de los Consejos.

o        Debió señalar la obligación legal del consejo distrital de realizar el recuento de los paquetes de las casillas relacionadas con el presente asunto, con lo que vulnera el principio de certeza

.

De esta litis sobre la primer conducta, en el cuerpo de la resolución, la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo señala que no es contraria a nuestra normatividad; al señalar en el Considerando V que:

[Se transcribe]

Sobre la segunda conducta, no se pronuncia en el cuerpo de su Resolución del Procedimiento Administrativo, por lo que supongo la consideró  frívola o indemostrable y que en parte de la misma  Resolución señala que sabía de la normatividad, lo cual es totalmente cierto, conozco tanto la normatividad como las Jurisprudencias y Acuerdos aplicables.

Por lo que, en estricta legalidad, congruencia y certeza, solamente quedaría la tercera y última conducta considerada por la autoridad instructora, que para la autoridad resolutora se refiere a que “Debió señalar la obligación legal del consejo distrital de realizar el recuento de los paquetes de las casillas relacionadas con el presente asunto, con lo que vulnera el principio de certeza”, donde la supuesta conducta sancionable es no señalar la obligación legal de realizar el recuento.

Al final del Considerando VIII en la Resolución del Procedimiento Administrativo, señala que “Por lo tanto, debe decirse que el presunto infractor al omitir realizar un nuevo cómputo y escrutinio, transgrede las disposiciones legales aplicables; en materia electoral, con lo cual encuadra su conducta en lo establecido en el punto vigésimo segundo de los citados lineamientos, en el apartado relativo a que la misma puede ser sancionada con la destitución del cargo o puesto.”, en esta litis ahora dice que la conducta es que el Vocal Ejecutivo omitió realizar un nuevo cómputo y escrutinio, cosa que por cierto no es facultad del Vocal Ejecutivo en su carácter de Consejero Presidente, sino como se señala en el escrito de contestación, es facultad del Consejo Distrital

Sin embargo, en el Considerando VII, señala que “la conducta a estudiar fue lo relacionado con la determinación tomada por un órgano colegiado, del cual es integrante, de no realizar un nuevo cómputo”, donde al parecer o la autoridad resolutora ignoro el auto de radicación vulnerando la congruencia externa, o de plano, actuó con total descuido y faltando a los principios rectores del Instituto, hablando ahora que la conducta es del órgano colegiado que determinó no realizar un nuevo cómputo, lo que deja sin materia el procedimiento administrativo.

No solo eso, al inicio del mismo Considerando VII de la Resolución del Procedimiento Administrativo, señala “VII.- En razón de todas las consideraciones vertidas es de concluirse que el C. JOSÉ LUIS ARREOLA ARRAMBIDE, Vocal Ejecutivo de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, incumple lo dispuesto por las fracciones I y II, del artículo 147 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, pues se desprende de autos que dejó de ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”, un cambio más sobre la supuesta conducta sancionable, pues ahora la conducta es dejar de ejercer las funciones con apego a los principios rectores del Instituto.

Y en algo inexplicable, en el mismo Considerando VII, señala que “… dejó de observar las instrucciones que recibe de sus superiores jerárquicos en relación con el desempeño de sus funciones…”, innovando en la supuesta conducta a sancionar, pero sin citar cual (sic) oficio, circular, fax, correo electrónico, o llamada telefónica, que contuviera una instrucción deje (sic) de cumplir.

En el Considerando VI de la Resolución del Procedimiento Administrativo, señaló que “…el análisis materia del presente procedimiento versa precisamente sobre la conducta que de forma particular realizó el presunto infractor, esto es, el hecho de no solicitar un nuevo recuento, a sabiendas de que era lo legalmente conducente”, otra nueva litis, donde ahora tenia que solicitar un nuevo recuento, supongo que del viejo recuento.

En el Considerando V de la Resolución del Procedimiento Administrativo, se señala que “V. Atento a lo señalado en el considerando anterior, tomando en consideración que se encuentra acreditada la conducta materia de estudio, esto es, que no se efectuó un nuevo cómputo parcial de los votos en ese distrito aún y cuando legalmente era lo conducente, debemos determinar si dicha conducta es imputable al presunto infractor”; aquí ya es el no efectuar un nuevo cómputo parcial.

Finalmente en el considerando IV de la Resolución del Procedimiento Administrativo señala que “Ahora bien, se imputa al C. JOSÉ LUIS ARREOLA ARRAMBIDE, la conducta consistente en omitir llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de aquellas casillas que al parecer habían sido detectadas con irregularidades y eran susceptibles a realizar el recuento, toda vez que se ubicaba en los supuestos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”; ahora la supuesta falta es omitir llevar a cabo un nuevo escrutinio, pero el mismo señala casillas susceptibles, es decir podían ser o no recontadas.

7. CONTRADICCIÓN E INCORPORACIÓN DE LITIS.

(…)

La autoridad resolutora establece en el Considerando II, las presuntas conductas violatorias para la autoridad instructora y objeto de la litis:

[Se transcribe]

De la primer conducta, en el cuerpo de la resolución, la autoridad resolutora señala que no es contraria a nuestra normatividad; al señalar en el Considerando V que:

[Se transcribe]

Sobre la segunda conducta, no se pronuncia en el cuerpo de su resolución, por lo que supongo la considero (sic) frívola o indemostrable y que en parte de la resolución señala que sabía de la normatividad, lo cual es totalmente cierto, conozco no solo la normatividad sino también Jurisprudencias aplicables.

Por lo que, en estricta legalidad, congruencia y certeza, solamente quedaría la tercera y última conducta considerada por la autoridad instructora, que para la autoridad resolutora se refiere a que “Debió señalar la obligación legal del consejo distrital de realizar el recuento de los paquetes de las casillas relacionadas con el presente asunto, con lo que vulnera el principio de certeza”, donde la supuesta conducta sancionable es no señalar la obligación legal de realizar el recuento.

Al final del Considerando VIII, señala que “Por lo tanto, debe decirse que el presunto infractor al omitir realizar un nuevo cómputo y escrutinio, transgrede las disposiciones legales aplicables; en materia electoral, con lo cual encuadra su conducta en lo establecido en el punto vigésimo segundo de los citados lineamientos, en el apartado relativo a que la misma puede ser sancionada con la destitución del cargo o puesto.”, en esta litis ahora dice que la conducta es que el Vocal Ejecutivo omitió realizar un nuevo cómputo y escrutinio, cosa que por cierto no es facultad del Vocal Ejecutivo en su carácter de Consejero Presidente, sino como se señala en el escrito de contestación, es facultad del Consejo Distrital.

Sin embargo, en el Considerando VII, señala que “la conducta a estudiar fue lo relacionado con la determinación tomada por un órgano colegiado, del cual es integrante, de no realizar un nuevo cómputo”, donde al parecer o la autoridad resolutora ignoro el auto de radicación vulnerando la congruencia externa, o de plano, actuó con total descuido y faltando a los principios rectores del Instituto, hablando ahora que la conducta es del órgano colegiado que determinó no realizar un nuevo cómputo, lo que deja sin materia el procedimiento administrativo.

No solo eso, al inicio del mismo Considerando VII señala “VII.- En razón de todas las consideraciones vertidas es de concluirse que el C. JOSÉ LUIS ARREOLA ARRAMBIDE, Vocal Ejecutivo de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, incumple lo dispuesto por las fracciones I y II, del artículo 147 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, pues se desprende de autos que dejó de ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”, un cambio más sobre la supuesta conducta sancionable, pues ahora la conducta es dejar de ejercer las funciones con apego a los principios rectores del Instituto.

Y en algo inexplicable, en el mismo Considerando VII, señala que “… dejó de observar las instrucciones que recibe de sus superiores jerárquicos en relación con el desempeño de sus funciones…”, innovando en la supuesta conducta a sancionar, pero sin citar cual (sic) oficio, circular, fax, correo electrónico, o llamada telefónica, que contuviera una instrucción deje (sic) de cumplir.

En el Considerando VI, señalo (sic) que “…el análisis materia del presente procedimiento versa precisamente sobre la conducta que de forma particular realizó el presunto infractor, esto es, el hecho de no solicitar un nuevo recuento, a sabiendas de que era lo legalmente conducente”, otra nueva litis, donde ahora tenia que solicitar un nuevo recuento, supongo que del viejo recuento.

En el Considerando V, la autoridad resolutora señala que “V. Atento a lo señalado en el considerando anterior, tomando en consideración que se encuentra acreditada la conducta materia de estudio, esto es, que no se efectuó un nuevo cómputo parcial de los votos en ese distrito aún y cuando legalmente era lo conducente, debemos determinar si dicha conducta es imputable al presunto infractor”; aquí ya es el no efectuar un nuevo cómputo parcial.

Finalmente en el considerando IV, señala que “ahora bien, se imputa al C. JOSÉ LUIS ARREOLA ARRAMBIDE, la conducta consistente en omitir llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de aquellas casillas que al parecer habían sido detectadas con irregularidades y eran susceptibles a realizar el recuento, toda vez que se ubicaba en los supuestos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”; ahora la supuesta falta es omitir llevar a cabo un nuevo escrutinio, el significado de omitir según la Real Academia de la Lengua es “Abstenerse de hacer algo” o “Pasar en silencio algo”, lo cual me genera confusión y me causa agravio para poder defenderme.

Ante el increíble cambio de la supuesta conducta violada, vulnera todo mi derecho a una adecuada defensa y a un adecuado proceso, y vicia de falta de congruencia la resolución dictada.

Sobre el considerando 14 de la resolución impugnada, me causa agravio el hecho de que la responsable diga que “En consecuencia, la carencia de agravantes en este caso, no justifica la reducción de la sanción, ya que según el criterio de la autoridad resolutora, la infracción por sí sola causa la destitución,…”, omite además la responsable pronunciarse en el sentido de que cómo es que sólo con base en su criterio el Dr. Alberto Alonso y Coria arribó a tal determinación, sin considerar los diversos elementos mínimos para tal efecto de acuerdo a lo siguiente:

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- [Se transcribe]

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que el suscrito hubiese cometido las infracciones de que se me acusa en el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones incoado en mi contra, me causa agravio la subjetiva e indebida valoración que de los diferentes elementos que integran este expediente hizo el resolutor y la consecuente deficiente fundamentación con la que arriba a la conclusión de que se me debe sancionar con al destitución y la confirmación que de ello hace la responsable.

Al respecto es pertinente señalar que el resolutor en la Fracción I del considerando VIII menciona lo siguiente:

(…)

La autoridad resolutora, en completa ausencia de legalidad, cree que su obligación impuesta en el punto vigésimo numeral 1 de los Lineamientos para la determinación de sanciones, es señalar que la conducta es muy grave, bajo ese criterio puede pensarse en conductas poquito graves, más o menos graves, super graves o híper graves. Ahora bien, suponiendo nuevamente sin conceder. que (sic) el suscrito hubiese incurrido en las faltas que se me imputan en los párrafos precedentes, me causa agravio el hecho de que el resolutor no hubiese valorado correctamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las supuestas consecuencias derivadas de tales infracciones. Al respecto, transcribo el criterio que ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que es visible en la SUP-RAP-241/2008: (…)

Para identificar jurídicamente a las diversas prohibiciones se indicó que, en relación con el bien jurídico, la doctrina distingue la modalidad de daño y de peligro.

En el primer supuesto, el ilícito se consuma con un daño directo y efectivo en el bien jurídico protegido.

En tanto en el segundo supuesto, su actualización sólo exige la creación de una situación de peligro efectivo y próximo para el bien jurídico, en donde se considera por peligro, la mayor o menor probabilidad de un acontecimiento dañoso y la posibilidad más o menos grande de su producción.

En la llamada modalidad de peligro, a su vez, se advierte una distinción clásica: el peligro concreto y el peligro abstracto.

Una vez que ha quedado evidenciado que la falta del caso concreto puede actualizarse como una infracción de resultado o de peligro, lo que se sigue es que una de ellas debe ser calificada con una gravedad más intensa que la otra, desde luego, identificando como más grave a la infracción de resultado que a la de peligro, en atención al principio de proporcionalidad.

Esto es, porque no podría darse el mismo tratamiento a una conducta que produce un resultado material, con consecuencias directas en el bien jurídico, o que destruye o altera el objeto material del ilícito, que a una que actualiza un ilícito de peligro, por una mera actividad que genera un riesgo, y dentro de los últimos, tampoco puede calificarse con la misma gravedad a uno de peligro concreto que a uno de peligro abstracto (se sanciona la mera acción u omisión).

Es por ello, que para el caso del tipo administrativo sancionador que se analiza, se arribaría a la conclusión de que, si la infracción sólo produjo un peligro abstracto a un bien jurídico, la calificación tendría que modificarse.

Con base en el criterio anterior, es patente que la supuesta infracción cometida por el suscrito no causó daño alguno, en todo caso, bajo la concepción de las autoridades resolutoras, la supuesta irregularidad creó una situación de peligro abstracto, ya que como ha quedado asentado en autos no se presentó impugnación alguna derivada del asunto que nos ocupa, ya que las presuntas irregularidades no afectaron el interés jurídico de los actores del Proceso Electoral Federal, que se consumaron totalmente y se han consentido expresamente.

En el mismo tenor, me causa agravio la indebida fundamentación de la autoridad responsable al confirmar la sanción de destitución, ya que aunque la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo, dice que se basa en el Acuerdo JGE105/2008 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se actualizan los Lineamientos para la determinación de sanciones aprobados mediante el Acuerdo JGE71/2005, con motivo de las modificaciones al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, no lo toma en cuenta porque, específicamente este señala en sus puntos Vigésimo segundo párrafos segundo y tercero y Vigésimo Quinto, lo que transcribe:.

(…)

En su resolución del Procedimiento Administrativo, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, arriba a la conclusión de que soy responsable del incumplimiento de las obligaciones contenidas en al (sic) artículo 147, fracciones I, II, VII y VIII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, no se entiende entonces como determinó la sanción de destitución que no aparece mencionada como sanción probable en los párrafos transcritos, razón por la cual se conculcan en mi contra los principios de certeza y legalidad en su vertiente de indebida fundamentación y motivación. Si como señala la autoridad resolutora en el considerando VI, supuestamente no cumplí con lo establecido en el artículo 147 fracciones I, II, VII y VIII, del Estatuto, y en la resolución no establece el por qué se podría considerar un caso para no atender los criterios de los Lineamientos para aplicar las sanciones, debo entender que se basará en los mismos.

Asimismo, la norma sólo señala en el supuesto de la gravedad de la falta, determinar si esta es grave o no, tenemos varios supuestos. Cuestión que indebidamente confirmo la responsable del Recurso de Inconformidad.

Primero, si la conducta afecta las funciones, actividades o bienes del Instituto, ante esto no es grave porque como se señala en la resolución del Procedimiento Administrativo y que no fue contradicho por la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, no se afectó ninguna función o actividad o bien del Instituto; o que la o las conductas por su trascendencia afecten las actividades relacionadas con el proceso electoral; por lo que no puede ser grave porque como la misma autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo lo señala en el considerando IV en donde afirma “En efecto, en autos se encuentra probado que se llevo (sic) a cabo el cómputo distrital”; no se afectó ningún acto del proceso, lo más que llega a conjeturar la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo, fue que la supuesta conducta ocasionó: “poniendo en riesgo la certeza de los resultados y validez de la elección en dicho distrito electoral” es decir, para la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo se pudo afectar la certeza en los resultados y validez, pero como consta en la misma resolución, esto no pasó, y como lo señala la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, en su sentencia del expediente SX-JLI-2/2009, en la parte del Estudio de Fondo, que “sólo que se comprobara la existencia de algún perjuicio en las funciones que se tenían que desempeñar … es como se podría conservar la sanción”. Por lo que no se entiende cómo el Secretario Ejecutivo del IFE pudo declarar infundado mi recurso de inconformidad y en consecuencia confirmar tal resolución.

Segundo, seria (sic) grave la conducta si se transgrede lo dispuesto en artículos 147, fracciones VI y X; 148, fracciones III, V y XIV, y 180, fracciones I y II del Estatuto, pero como lo que supuestamente infringí, para la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo ese el artículo 147 en sus fracciones I, II, VII y VIII del Estatuto, la conducta no puede considerarse grave.

Tercero y último, solo podrán considerarse grave (sic) las conductas que supuestamente infringí, si fuera la segunda ocasión que las cometiera, pero como la misma autoridad resolutora afirma, no tengo ninguna sanción o procedimiento administrativo en mi historial de más de 17 años en el Instituto Federal Electoral. Asimismo, reitero que todo (sic) los actos del cómputo distrital, causaron estado, al no ser combatidos, es decir son válidos y por ello constitucionales y legales, por lo que es falsa la aseveración de la autoridad resolutora sobre el atentar en el correcto desarrollo de la facultad constitucional encomendada al Instituto, cuando en el Consejo Distrital, el Consejo Local y el Consejo General, se estuvo de acuerdo de haber desarrollado un buen cómputo distrital.

Además, me causa agravio el hecho de que el resolutor no tomó en cuenta a mi favor al momento de determinar la sanción, la circunstancia de que no existió intencionalidad al realizar la supuesta conducta indebida, ya que no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal. Ni existe antecedente de que el suscrito haya sido sancionado con anterioridad y tampoco haya obtenido beneficio económico alguno con motivo de las supuestas conductas infractoras, conclusiones a las que el propio resolutor arribó y que constan en la resolución combatida. Ignorando lo que la misma autoridad resolutora, señala que va a hacer en la Fracción IV del Considerando VII, que dice:

(…)

Por lo que en total agravio a mi persona, no lo tomó en cuenta la responsable al momento de resolver mi inconformidad.

Más aun (sic), los integrantes del Consejo Distrital, mi Superior Jerárquico y por cierto autoridad instructora de este procedimiento, me otorgaron la calificación muy buena y excelente, en mi desempeño durante el proceso electoral federal 2009, en la parte de “Principio de Actuación” y de “Competencias / perfiles de actuación”, de acuerdo a mi evaluación especial de desempeño 2009, cuya calificación final es de 9.107, que según al artículo 118 del Estatuto, las calificaciones superiores a nueve serán consideradas como sobresalientes. Me permito adjuntas (sic) mis calificaciones como la Prueba 7.

(…)

Lo dicho sobre la gravedad es falso por lo ya expresado anteriormente. Sobre lo que señala que “el presunto infractor al omitir realizar un nuevo cómputo y escrutinio, transgrede las disposiciones legales aplicables; en materia electoral”, la misma autoridad resolutora en el considerando V en donde afirma que “. En ese orden de ideas, debe decirse que la determinación de llevar a cabo o no el recuento de los votos, efectivamente como lo señala el presunto infractor, no depende exclusivamente de él como Consejero Presidente pues él sólo es un integrante del todo que es el Consejo Distrital.”.Asimismo, como ya lo señale (sic), el punto vigésimo de los Lineamientos para la interposición de sanciones, de acuerdo a la supuesta conducta irregular que cometí, no se encuadra en los supuestos para declararla grave. Basta analizar lo declarado en la Tesis I/2008, que se transcribe:

(…)

De lo anterior se colige, que suponiendo que la autoridad resolutora tuviera razón, en todo caso se debió sancionar al suscrito con una amonestación o suspensión sin goce de sueldo, conjeturando nuevamente, y sin conceder, que se hubieren cometido las infracciones que se me imputan. Por lo anterior, me causa agravio la confirmación que de dicha sanción hace la responsable.

Por lo que es inexplicable que después de señalar todas las irregularidades, en su Considerando 14, la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, señala que:

(…)

Como se observa en este mismo apartado, aparté las pruebas y los argumentos que desvirtuaban el dicho, y que el Tribunal puede observar al analizar las resoluciones y mis escritos, y ante la injusta resolución presenté el Recurso de Inconformidad, sin embargo sin atender a mi solicitud, en esta instancia el Secretario Ejecutivo, sólo resuelve señalado que es improcedente porque lo que señaló la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo está bien y dijo que no aporté pruebas, sin desvirtuar ninguno de mis argumentos señalados. Además, sustentan mi sanción porque señala que fue trascendente la infracción, parece olvidar que lo que señala el punto Vigésimo de los Lineamientos es que “Se considerarán graves aquellas conductas que afecten las funciones, actividades o bienes del Instituto, sea por la extensión de la competencia y el nivel jerárquico que ocupe el funcionario responsable; sea por las condiciones de modo, tiempo y lugar en la comisión de la falta, tales como negligencia, premeditación o reiteración, o aquellas que por su trascendencia afecten las actividades relacionadas con el proceso electoral.”, por lo que la supuesta conducta no puede ser grave, dado que no se afectó ninguna función ni actividad grave por más que así lo supongan las autoridades instructora y resolutoras, porque como lo sabe directamente esta sala del Tribunal, no se impugno ningún acto ni del Consejo Distrital, ni de Junta ejecutiva Distrital, ni del Vocal Ejecutivo, y sin embargo la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad sin decir por que o en que norma o acuerdo se basa, sólo afirma que aunque se carecen de agravantes, esto no le justifica la reducción de la sanción, ya que según el criterio de la autoridad resolutora (no señala si la de ella o la de la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo, por lo que no sé si fue independiente o no), la infracción por sí sola causa la destitución, aunque eso en ninguna parte de la normatividad se señala.

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que el suscrito hubiese cometido las infracciones de que se me acusa en el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones iniciado en mi contra, me causa agravio la subjetiva e indebida valoración que de los diferentes elementos que integran este expediente hace el resolutor y la consecuente deficiente fundamentación con la que arriba a la conclusión que se me debe sancionar con la destitución.

Al respecto es pertinente señalar que el resolutor en la Fracción I del considerando VIII menciona lo siguiente:

(…)

La autoridad resolutora, en completa ausencia de legalidad, cree que su obligación impuesta en el punto vigésimo numeral 1 de los Lineamientos para la determinación de sanciones, es señalar que la conducta es muy grave, bajo ese criterio puede pensarse en conductas poquito graves, más o menos graves, super graves o híper graves. Ahora bien, suponiendo nuevamente sin conceder. que (sic) el suscrito hubiese incurrido en las faltas que se me imputan en los párrafos precedentes, me causa agravio el hecho de que el resolutor no hubiese valorado correctamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las supuestas consecuencias derivadas de tales infracciones.

(…)

Con base en el criterio anterior, es patente que la supuesta infracción cometida por el suscrito no causo (sic) daño alguno, en todo caso se creó una situación de peligro abstracto, ya que como ha quedado asentado en autos no se presentó impugnación alguna derivada del asunto que nos ocupa, ya que las presuntas irregularidades no afectaron el interés jurídico de los actores del Proceso Electoral Federal, que se consumaron totalmente y se han consentido expresamente.

En el mismo tenor, me causa agravio la indebida fundamentación de la autoridad resolutora al momento de determinar imponer la sanción de destitución, ya que se baso (sic) en el Acuerdo JGE105/2008 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se actualizan los Lineamientos para la determinación de sanciones aprobados mediante el Acuerdo JGE71/2005, con motivo de las modificaciones al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, específicamente señala a los puntos Vigésimo segundo párrafos segundo y tercero y Vigésimo Quinto.

(…)

En su resolución, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, arriba a la conclusión de que soy responsable del incumplimiento de las obligaciones contenidas en al (sic) artículo 147, fracciones I, II, VII y VIII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, no se entiende entonces como determinó la sanción de destitución que no aparece mencionada como sanción probable en los párrafos transcritos, razón por la cual se conculcan en mi contra los principios de certeza y legalidad en su vertiente de indebida fundamentación y motivación. Si como señala la autoridad resolutora en el considerando VI, supuestamente no cumplí con lo establecido en el artículo 147 fracciones I, II, VII y VIII, del Estatuto, y en la resolución no establece el porque (sic) se podría considerar un caso para no atender los criterios de los Lineamientos para aplicar las sanciones, debo entender que se basará en los mismos. La norma solo (sic) señala en el supuesto de la gravedad de la falta, determinar si esta es grave o no, tenemos varios supuestos. Primero, si la conducta afecta las funciones, actividades o bienes del Instituto, ante esto no es grave porque como se señala en la resolución no se afectó ninguna función o actividad o bien del Instituto; o que la o las conductas por su trascendencia afecten las actividades relacionadas con el proceso electoral; por lo que no puede ser grave porque como la misma autoridad resolutora lo señala en el considerando IV en donde afirma “En efecto, en autos se encuentra probado que se llevo (sic) a cabo el cómputo distrital”; no se afecto (sic) ningún acto del proceso, lo más que llega a determinar la autoridad resolutora es que la supuesta conducta “poniendo en riesgo la certeza de los resultados y validez de la elección en dicho distrito electoral” es decir, para la autoridad resolutora se pudo afectar la certeza en los resultados y validez, pero como consta en la misma resolución esto no paso, y como lo señala la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, en su sentencia del expediente SX-JLI-2/2009, en la parte del Estudio de Fondo, que “sólo que se comprobara la existencia de algún perjuicio en las funciones que se tenían que desempeñar … es como se podría conservar la sanción”. Segundo, seria (sic) grave la conducta si se transgrede lo dispuesto en artículos 147, fracciones VI y X; 148, fracciones III, V y XIV, y 180, fracciones I y II del Estatuto, la conducta no puede considerarse grave. Tercero y último, solo podrán considerarse grave (sic) las conductas que supuestamente infringí, si fuera la segunda ocasión que las cometiera, pero como la misma autoridad resolutora afirma, no tengo ninguna sanción o procedimiento administrativo en mi historial de más de 17 años en el Instituto Federal Electoral. Asimismo, reitero que todo (sic) los actos del cómputo distrital, causaron estado, al no ser combatidos, es decir son válidos y por ello constitucionales y legales, por lo que es falsa la aseveración de la autoridad resolutora sobre el atentar en el correcto desarrollo de la facultad constitucional encomendada al Instituto, cuando en el Consejo Distrital, el Consejo Local y el Consejo General, se estuvo de acuerdo de haber desarrollado un buen cómputo distrital.

Además, me causa agravio el hecho de que el resolutor no tomó en cuenta a mi favor al momento de determinar la sanción, la circunstancia de que no existió intencionalidad al realizar la supuesta conducta indebida, ya que no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal. Ni existe antecedente de que el suscrito haya sido sancionado con anterioridad y tampoco haya obtenido beneficio económico alguno con motivo de las supuestas conductas infractoras, conclusiones a las que el propio resolutor arribó y que constan en la resolución combatida. Ignorando lo que la misma autoridad resolutora, señala que va a hacer en la Fracción IV del Considerando VII, que dice:

(…)

Por lo que en total agravio a mi persona, no lo tomo (sic) en cuenta.

Más aun (sic), los integrantes del Consejo Distrital, mi Superior Jerárquico y por cierto autoridad instructora de este procedimiento, me otorgaron la calificación muy buena y excelente, en mi desempeño durante el proceso electoral federal 2009, en la parte de “Principio de Actuación” y de “Competencias / perfiles de actuación”, de acuerdo a mi evaluación especial de desempeño 2009, cuya calificación final es de 9.107, que según al artículo 118 del Estatuto, las calificaciones superiores a nueve serán consideradas como sobresalientes. Me permito adjuntas (sic) mis calificaciones como la Prueba 2.-

(…)

Lo dicho sobre la gravedad es falso por lo ya expresado anteriormente. Sobre lo que señala que “el presunto infractor al omitir realizar un nuevo cómputo y escrutinio, transgrede las disposiciones legales aplicables; en materia electoral”, la misma autoridad resolutora en el considerando V en donde afirma que “En ese orden de ideas, debe decirse que la determinación de llevar a cabo o no el recuento de los votos, efectivamente como lo señala el presunto infractor, no depende exclusivamente de él como Consejero Presidente pues él sólo es un integrante del todo que es el Consejo Distrital.”.Asimismo, como ya lo señale (sic), el punto vigésimo de los Lineamientos para la interposición de sanciones, de acuerdo a la supuesta conducta irregular que cometí, no se encuadra en los supuestos para declararla grave.

(…)

De lo anterior se colige, que suponiendo que la autoridad resolutora tuviera razón, en todo caso se debió sancionar al suscrito con una amonestación o suspensión sin goce de sueldo, conjeturando nuevamente y sin conceder que se hubieren cometido las infracciones que se me imputan

RESOLUCIÓN RECURSO DE INCONFORMIDAD

(…) se reitera que en el Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Sanciones, al procesado no le asiste una presunción de inocencia, ya que el auto de admisión se dicta una vez que se tenga conocimiento de la infracción, es decir, cuando existan elementos de convicción que así lo demuestren, de conformidad con el artículo 185 del Estatuto antes citado, por lo que le corresponde al sujeto a proceso, desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra.

Las infracciones materia del presente procedimiento administrativo se cometieron por omisión y por ende, le correspondía al procesado acreditar el cumplimiento de su deber, sin embargo, sus argumentos de descargo se centran en justificar de manera general su incumplimiento, ya sea por cuestiones de forma en el procedimiento instaurado en su contra o por considerar que no se causó daño con la omisión de recuento parcial, en razón de que así lo acordaron los integrantes del Consejo Distrital que éste presidía, siendo que la materia del presente procedimiento administrativo no es la actuación de dicho órgano colegiado, sino la conducta del procesado, en calidad de Presidente del 11 Consejo Distrital del estado de Nuevo León, haciendo notar que en tal sentido, el Consejero Presidente debe someter a consideración de los Consejeros solamente cuestiones legales y, en este caso, el someter a votación la omisión de un recuento parcial obligatorio, deriva en responsabilidad para dicho funcionario, de conformidad con lo establecido por las fracciones a) y c) del artículo 147 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

(…)

La antes trascrita fracción a), se refiere a la atribución de los vocales ejecutivos de Junta Distrital Ejecutiva durante el proceso electoral, de presidir su respectivo Consejo Distrital (…)

(…) se desprende que el presidente tiene una función principal o predominante en relación al cuerpo colegiado que preside y en relación con la fracción C) del artículo 147 del código antes referido y transcrito, que se refiere a la atribución de dicho funcionario, de someter los asuntos de su competencia a la aprobación del Consejo y en relación al marco jurídico electoral, se infiere que dicho funcionario incurre en responsabilidad si somete al Consejo Distrital asuntos que no sean de su competencia o asuntos que no están comprendidos en la ley o bien si omite someter los que sí lo son, como en este caso, que se acordó la omisión de recuento parcial.

Por otra parte, es de considerarse que el recurrente afirma haber realizado el análisis preliminar que en su momento le hubiera permitido determinar por cada casilla de las 42 que estuvieron sujetas al recuento parcial, si se actualizaban o no los supuestos previstos para el recuento parcial por el artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, éste nunca lo exhibió, ni consta en los autos del procedimiento administrativo, pero pretende acreditar su existencia con el dicho de los Consejeros del Distrito electoral de su adscripción, siendo que no es la prueba idónea para ello, sino el documento mismo que, en todo caso, habían hecho constar que en su momento oportuno atendió las incidencias de las 42 casillas en cuestión y la omisión de dicho documento opera en contra del procesado, ya que confirma la falta de cumplimiento de sus obligaciones como Consejero Presidente.

En cuanto a la manifestación de la resolutora que el recurrente estima opera en su favor y que se ubica en el primer párrafo de la foja 17 de la resolución impugnada, se hace notar que de conformidad con el texto de la misma, el párrafo anterior al que menciona el inconforme contradice lo que éste pretende, transcribiéndose para mayor claridad ambos párrafos:

[Se transcribe]

De lo anterior se desprende que el párrafo que el recurrente cita de la resolución impugnada, se refiere al supuesto específico de boletas en las que se votó por dos partidos.

Asimismo, la propia autoridad resolutora continúa su exposición y al efecto expresa lo siguiente:

[Se transcribe]

Visto el sentido del texto transcrito, no le beneficia al recurrente lo expresado por la autoridad resolutora, ya que en el contexto en el que lo expresó no implica que le diera la razón, sino que se refrió a las manifestaciones del representante del Partido del Trabajo.

En lo referente a las transcripciones del Consejo Local del estado de Nuevo León y del Consejo General del Instituto Federal Electoral, las mismas tampoco resultan suficientes para desvirtuar las infracciones que se imputaron al ahora inconforme, ya que la opinión de dichos organismos fue en términos generales, aunado al hecho de que el Consejo Distrital de su adscripción acordó no realizar el recuento parcial, por lo que no se suscitó ningún problema con las personas que participaron en la jornada electoral en el distrito electoral respectivo, pero ello no significa que el procesado hubiera cumplido a cabalidad con las obligaciones a su cargo como Presidente del 11 Consejo Distrital del estado de Nuevo León, especialmente las relacionadas al recuento parcial previsto por el artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

AGRAVIO EN EL JUICIO LABORAL

3. FALTA DE PRUEBA QUE DEMUESTRE PLENAMENTE LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD Y LA LITIS.

La autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad señal que:

[Se transcribe]

La autoridad resolutora al afirmar “en el Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Sanciones, al procesado no le asiste una presunción de inocencia, ya que el auto de admisión se dicta una vez que se tenga conocimiento de la infracción, es decir, cuando existan elementos de convicción que así lo demuestren, de conformidad con el artículo 185 del Estatuto antes citado, por lo que le corresponde al sujeto a proceso, desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra”, en principio, como ya lo argumente en un anterior agravio, la autoridad que en este caso seria la instructora, es la que debe decidir si existe una prueba plena que demuestre que se justifica el inicio o no del procedimiento, ya que puede dictar un auto de desechamiento o un auto de radicación, pero al ser la misma persona quien acusa y la que debe decidir si se inicia o no el procedimiento, queda claro que se conculca mi derecho de presunción de inocencia, y falta a la verdad ya que en contra de lo señalado directamente por la Constitución y la tesis XLIII/2008, la presunción de inocencia es derecho fundamental, tal y como señala la tesis que me permito transcribir:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.– [Se transcribe]

Aunque parece imposible, la autoridad instructora se siente eximida de aplicar el derecho constitucional de presunción de inocencia, porque bajo su muy particular óptica, ese sólo es un derecho electoral y no laboral, creo innecesario argumentar sobre la ya dicho.

Además, siendo incomprensible porque lo sita, lo que señala el artículo 185 del Estatuto el cual dice “ARTICULO 185. Serán improcedentes las denuncias que no se acompañen de pruebas suficientes que acrediten los hechos, o bien que no las señalen”, es decir, al iniciar un procedimiento administrativo es imposible que existan elementos de convicción sobre la culpabilidad (sería imposible para cualquiera defenderse), sino por que estén los presuntos hechos narrados y se acompañen pruebas sobre estos, porque pareciera ser que la presunta culpabilidad es inmutable desde que se dicta el auto de radicación, siendo imposible cualquier defensa cuando el que presuntamente juzgad está sesgado al considerar la imposibilidad de desvirtuar lo que ya considera cierto.

Asimismo, señala que “Las infracciones materia del presente procedimiento administrativo se cometieron por omisión y por ende, le correspondía al procesado acreditar el cumplimiento de su deber, sin embargo, sus argumentos de descargo se centran en justificar de manera general su incumplimiento, ya sea por cuestiones de forma en el procedimiento instaurado en su contra o por considerar que no se causó daño con la omisión de recuento parcial, en razón de que así lo acordaron los integrantes del Consejo Distrital que éste presidía, siendo que la materia del presente procedimiento administrativo no es la actuación de dicho órgano colegiado, sino la conducta del procesado, en calidad de Presidente del 11 Consejo Distrital del estado de Nuevo León, haciendo notar que en tal sentido, el Consejero Presidente debe someter a consideración de los Consejeros solamente cuestiones legales”, para desvirtuar lo falso dicho en esta afirmación, es de denotar que según la Jurisprudencia S3ELJ 41/2002:

OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.– [Se transcribe]

Si lo que señala es una omisión de mi parte y debe entenderse de acuerdo a lo ya señalado por la Jurisprudencia como un no hacer, siempre que exista una norma jurídica que imponga ese deber jurídico de hacer a la autoridad identificada como responsable, a fin de dar eficacia al sistema de medios de impugnación en materia electoral.

(…)

Después de transcribir lo facultado para el Vocal Ejecutivo y el Consejero Presidente, queda demostrado que es notoriamente falso lo que sustenta la autoridad resolutora, ya que no existe una disposición legal por escrito sobre que sea el Consejero Presidente o Vocal Ejecutivo, el que por sí mismo o bajo su particular criterio realice el cómputo distrital o tenga otra atribución diferentes a las que debe desempeñar, de hecho, la autoridad instructora no presenta ni una circular, oficio o cualquier documento que me señale la obligación de realizar lo que sustenta, y como lo señala el principio general del derecho “Lo que no consta en los autos de pleito, no existe en el mundo”, lo que sí ha quedado claro, es la realización del cómputo distrital, como una facultad exclusiva del Consejo Distrital, por lo que recordando el principio general del derecho “Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas” y “La presunción cede a la verdad, porque esta prevalece respecto de aquella”, la realización de este procedimiento administrativo, nunca debió ser admitido, porque si el consejo Distrital sustenta un criterio diferente a la sostenida por las autoridades instructora, resolutora del Procedimiento Administrativo y resolutora del Recurso de Revisión, esto tampoco puede determinar el inicio de un procedimiento administrativo.

En donde la autoridad resolutora señala que: “y, en este caso, el someter a votación la omisión de un recuento parcial obligatorio, deriva en responsabilidad para dicho funcionario, de conformidad con lo establecido por las fracciones a) y c) del artículo 147 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece a la literalidad lo siguiente:

“Artículo 147

[Se transcribe]

Presidir.

(Del lat. praesidere).

1. tr. Tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal, acto, empresa, etc.

2. tr. Dicho de una cosa: Ocupar el lugar más importante o destacado. Su retrato presidía la sala.

3. tr. Predominar, tener principal influjo. Es un instituto en que la caridad lo preside todo.

4. tr. Dicho de un maestro: Asistir desde la cátedra al discípulo que realiza un ejercicio literario.”

De las definiciones anteriores, se desprende que el presidente tiene una función principal o predominante en relación al cuerpo colegiado que preside y en relación con la fracción C) del artículo 147 del código antes referido y transcrito, que se refiere a la atribución de dicho funcionario, de someter los asuntos de su competencia a la aprobación del Consejo y en relación al marco jurídico electoral, se infiere que dicho funcionario incurre en responsabilidad si somete la Consejo Distrital asuntos que no sean de su competencia o asuntos que no están comprendidos en la ley o bien, si omite someter los que sí lo son, como en este caso, que se acordó la omisión de recuento parcial.”; pero esta inferencia es falsa, como consta en las pruebas, en especial el acta de la sesión de cómputo del Consejo Distrital, no se sometió a alguna votación; si hubo una moción, tal y como lo contempla el Reglamento de sesiones y el Reglamento interior, asimismo como se observa en el acta del Consejo Distrital de la sesión del Cómputo Distrital, yo presidí la misma y cumplí con lo señalado en el Reglamento de sesiones, y como lo dicho por la misma autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, se basa en inferencias y no en lo dispuesto en el Código o en algún Acuerdo del Consejo General, ahora bien para la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, en esta parte la infracción es “acordó la omisión de recuento parcial”, me es imposible tratar de explicar el absurdo de la sentencia acordar la omisión, solamente me permito comentar que lo que hizo el Consejo Distrital es aplicar, por a´si decirlo, su criterio jurídico, al que toda autoridad tiene derecho, y aunque sea reiterativo, los consejeros y los representantes, pueden utilizar la voz o solicitar mociones, como lo contempla el Reglamento de Sesiones de los Consejeros Locales y Distritales, artículo 6 y 7, así como mi atribución en el artículo 5 de conceder el uso de la palabra, el Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral también contempla estas facultades.

Todavía más, la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, en completa contradicción con la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo, señala que “Por otra parte, es de considerarse que el recurrente afirma haber realizado el análisis preliminar que en su momento le hubiera permitido determinar por cada casilla de las 42 que estuvieron sujetas al recuento parcial, si se actualizaban o no los supuestos previstos para el recuento parcial, si se actualizaban o no los supuestos previstos para el recuento parcial por el artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, éste nunca lo exhibió, ni consta en los autos del procedimiento administrativo, pero pretende acreditar su existencia con el dicho de los Consejeros del Distrito electoral de su adscripción, siendo que no es la prueba idónea para ello, sino el documento mismo que, en todo caso, habría hecho constar que en su momento oportuno atendió las incidencias de las 42 casillas en cuestión y la omisión de dicho documento opera en contra del procesado, ya que confirma la falta de cumplimiento de sus obligaciones como Consejero Presidente”, siendo que la autoridad resolutora del procedimiento administrativo en el considerando V de su resolución señala que “el presunto infractor a pesar de conocer la condición general del cómputo distrital, en razón del análisis preliminar que al efecto realizó, de la que se desprendía que 42 casillas eran susceptibles de ser recontadas”, esta falta de cuidado, en la resolución aparenta que existe la intención de condenar aunque las pruebas digan lo contrario, peor aun, la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad desconoce lo ya resuelto a mi favor por la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo. Y por o dejar también la autoridad instructora, en su auto de radicación, adjunta el que de nomina también la autoridad instructora, en su auto de radicación, adjunta el que de nomina “Anexo 1.- Copia del “Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la reunión de trabajo con los representantes de los partidos políticos y el Consejero Presidente del 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Nuevo León” de fecha 7 de julio de 2009.”, asimismo me es difícil de entender, el por qué las testimoniales no son prueba idónea, si el nuevo Estatuto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero del presente año, fecha anterior a cuando se dictó la Resolución al Recurso de Inconformidad, señala en su Artículo 259, numeral II que podrán ser ofrecidas y, en su caso, admitidas en el procedimiento disciplinario, las siguientes pruebas: Testimonial, y no son una ni dos, sino 10 testimoniales. Además esto es violatorio al Criterio Número 18 de la Judicatura Federal, que a la letra dice: [Se transcribe]

También señala la autoridad resolutora del recurso de inconformidad que “En cuanto a la manifestación de la resolutora que el recurrente estima opera en su favor y que se ubica en el primer párrafo de la foja 17 de la resolución impugnada, se hace notar que de conformidad con el texto de la misma, el párrafo anterior al que menciona el inconforme contradice lo que éste pretende, transcribiéndose para mayor claridad ambos párrafos:

En el caso que nos ocupa, el representante del Partido del Trabajo el C. Javier López Anguiano solicitó el recuento, basándose en la presunción de que los votos nulos fueron bastantes, por lo que consideró existía la posibilidad de que respecto de todos esos votos nulos hubiera alguna confusión en la interpretación, pues en el proceso anterior se consideraba como voto nulo votar por dos partidos, por lo que probablemente sean para la coalición “Salvemos a México”.

En ese orden de ideas, debe decirse que de las constancias que integran el presente expediente, no se desprende que se encontraran bajo alguno de los supuestos antes señalados, para llevar a cabo el recuento parcial de los votos.

De lo anterior se desprende que el párrafo que el recurrente cita de la resolución impugnada, se refiere al supuesto específico de boletas en las que se votó por dos partidos.” Me es imposible deducir cómo sustenta lo que dice, dado que quien afirma es la autoridad resolutora del Procedimiento Administrativo, en ningún lado consta que el representante del Partido del Trabajo expresará esa opinión, por lo que señala la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad, es falso dado que se base en una suposición y no en lo asentado en la resolución del Procedimiento Administrativo, que admite que no se encontraba bajo esos supuestos, y como lo señala el principio general del derecho “Donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación”.

Asimismo, la propia autoridad resolutora continúa su exposición y al efecto expresa lo siguiente:

“En efecto, si bien es cierto uno de las hipótesis para instrumentar el referido recuento, esta relacionada con los votos nulos, no menos cierto que solo se configura el mismo cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa de acuerdo con el cómputo realizado el 08 de julio de este año, por el Consejo Distrital los resultados de la elección de diputados de mayoría relativa fueron los siguientes:

(…)

Visto el sentido del texto transcrito, no le beneficia al recurrente lo expresado por la autoridad resolutora, ya que en el contexto en el que lo expresó no implica que le diera la razón, sino que se refrió a las manifestaciones del representante del Partido del Trabajo.

También dice: “En lo referente a las transcripciones del Consejo Local del estado de Nuevo León y del Consejo General del Instituto Federal Electoral, las mismas tampoco resultan suficientes para desvirtuar las infracciones que se imputaron al ahora inconforme, ya que la opinión de dichos organismos fue en términos generales, aunado al hecho de que el Consejo Distrital de su adscripción acordó no realizar el recuento parcial, por lo que no se suscitó ningún problema con las personas que participaron en la jornada electoral en el distrito electoral respectivo, pero ello no significa que el procesado hubiera cumplido a cabalidad con las obligaciones a su cargo como Presidente del 11 Consejo Distrital del estado de Nuevo León, especialmente las relacionadas al recuento parcial previsto por el artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”; con esta afirmación se desvirtúa la supuesta irregularidad que cometí, pues como lo afirma, es el Consejo Distrital el que determinó lo que correspondía, que como lo he señalado en todos mis escritos presentados, fue una interpretación sistemática y funcional de los señalado en el procedimiento de cómputo distrital contemplado en el artículo 295 del Código, en armonización con las jurisprudencias ya establecidas, y bajo su independiente criterio. Como también ya lo he sustentado, esta es la primera vez que se aplica dicha normatividad, pareciera ser que para el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, y el Secretario Ejecutivo, los órganos o autoridades que piensan diferente la aplicación de una norma, deben ser destituidos, haciendo uso de un símil, pareciera ser que cuando dos Juzgados del Poder Judicial sustentaran tesis diferentes sobre una misma normatividad, y un órgano superior mediante una jurisprudencia determinara cual es la correcta, se debería correr a quien coincidió con la interpretación de la norma, y creo que eso no pasa en el derecho mexicano. Asimismo, dicen que no cumplí con mis responsabilidades contempladas en dicho artículo 295 del Código, por lo de nueva cuenta recuerdo que lo único que señala dicha normatividad, para que realice el consejero Presidente, y que realice totalmente en lo aplicable fue, “artículo 295 del Código 1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente: a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello; b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. … 4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente. …7. El presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.”.

Asimismo dice que lo “En lo referente a las transcripciones del Consejo Local del estado de Nuevo león y del Consejo General del Instituto Federal Electoral, las mismas tampoco resultan suficientes para desvirtuar las infracciones que se imputaron al ahora inconforme, ya que la opinión de dichos organismos fue en términos generales”.

(…)

El cómputo distrital y desarrollo del mismo, fue realizado y validado por los integrantes del Consejo Distrital, pero también fue vigilado y validado por el Consejo Local mediante la sesión celebrada el 8, 9 y 10 de julio del 2009, asimismo, en su última sesión celebrada el 28 de agosto del 2009 presentó un informe de lo mismo; pero principalmente los cómputos distritales fueron vigilados y por ende validado su adecuado funcionamiento, por el Consejo General en cumplimiento de su atribución conferida por el artículo 118, párrafo 1, inciso b), del Código, mediante una sesión que comenzó el 8 de julio y terminó el 11 de julio del 2009, y en la sesión en donde se da por finalizado el proceso electoral, celebrada el 26 de agosto del 2009, presento un informe sobre el proceso. Por lo que me permito transcribir diversas consideraciones vertidas por el órgano local:

CONSEJO LOCAL:

ACTA: 13/EXT/07-2009 del 8 al 10 de julio de 2009.

(…)

ACTA: 17/ORD/08-2009 del 28 de agosto de 2009.

(…)

Con lo que se demuestra que el Consejo Local, presidido por la autoridad instructora, nunca observó cuando conoció por si mismo y por los integrantes del Consejo Local en Nuevo León, de primera mano, lo sucedido en el cómputo distrital por el 11 Consejo Distrital en Nuevo León, de hecho es de observarse la pregunta de la consejera electoral Lic. Rosa María Alejandro Ríos sobre dicho cómputo distrital, en donde el Consejero Presidente del Consejo Local en el estado de Nuevo León, que a su vez es el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, y fue la autoridad instructora a pregunta expresa, no contestó nada, quiero recordar que el Consejo Local, según el artículo 141, párrafo 1, inciso a), tiene la atribución de vigilar la observancia del Código y los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; asimismo, según el artículo 18, párrafo 1, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, le corresponde al Consejo Local velar por la observancia de las disposiciones del Código y del Reglamento Interior, y adoptar las medidas a que hubiere lugar, con el fin de asegurar a los partidos políticos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia; y si tomamos la definición de presidir de la Resolución de Recurso de Inconformidad, al no hacer nada durante el proceso electoral, ni el consejero Presidente ni el Consejo Local, o estaban seguros del cumplimiento legal de lo realizado en el 11 Consejo Distrital o no cumplieron con sus atribuciones, esta última posibilidad no es posible porque dicho Consejo Local, ese cabecera de la II Circunscripción Plurinominal y el domingo 12 de julio del 2009, y en cumplimiento al artículo 308, párrafo 1, inicios c), para realizar el cómputo de circunscripción Plurinominal se sujetará al procedimiento que señala que se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieran, y no consta ningún procedimiento sobre irregularidad alguna cometida en el 11 Consejo Distrital.

Asimismo, el Consejo General, vigiló en todo momento, tal y como es su obligación, los cómputo distritales, resultado las siguientes afirmaciones:

CONSEJO GENERAL

ACTA sesión extraordinaria celebrada del 8 al 11 de julio de 2009.

(…)

ACTA sesión extraordinaria celebrada del (sic) 26 de agosto de 2009.

Se anexan las actas del Consejo Local, como la Prueba 11, las Actas del conejo (sic) General no se adjuntan dado que se encuentran alojadas en la parte de transparencia, de la página de Internet del Instituto. Por lo que se comprueba que en ningún momento, ni el Consejo Local, ni principalmente el Consejo General, consideraron que el Consejo Distrital del 11 Distrito Federal Electoral de Nuevo León, hubiera incurrido en alguna ilegalidad. Para la autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad estas aseveraciones no significan una prueba plena, porque supone son generales; no dice cómo llega a esa conclusión, porque si fuera así, los integrantes del Consejo General, no estarían cumpliendo su cometido y por ende estarían violando la ley o peor aún siendo irresponsables. Asimismo, es imposible que no estuvieran enterados en tiempo real, porque el Instituto Federal Electoral diseñó un sistema informático ex profeso denominado “Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción”, que en su documento denominado “Guía de uso del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción (CÓMPUTO ORDINARIO) Versión 4.0”, el cual adjunto como Prueba 5, en su hoja dos señala:

(…)

Por lo que todos los integrantes del Consejo Local y Consejo General, en especial el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, en su carácter de Consejero Presidente (autoridad instructora), y el Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario del Consejo (autoridad resolutora del Recurso de Inconformidad) tuvieran información en tiempo real, no pueden alegar que no conocían los datos, ya que si fue así, los que incurrieron en responsabilidad son ellos. Así que las declaraciones vertidas en los consejos, sin ninguna aseveración en contrario, espero que se tome como prueba plena del cumplimiento de la norma de parte del Consejo Distrital, ya que como podrán observar, aunque no los transcribí, en las actas correspondientes al seguimiento de las sesiones de cómputo distrital, sí aparecen observaciones puntuales a problemas en otros Distritos, y como señala el principio general del derecho “Quien sabe y consiente no recibe injuria ni engaño”.

RESOLUCIÓN RECURSO DE INCONFORMIDAD

11. El agravio expresado por el recurrente en el apartado 5 del capítulo respectivo del escrito de inconformidad, se refiere a equivocados e inexactos razonamientos de la autoridad resolutora, especialmente el consistente en confundir el recuento total con el recuento parcial.

Si bien es cierto que la resolutora transcribe el contenido del cuadro que aparece asentado en la foja 5 del acta de la Sesión Especial de Cómputo Distrital de fecha 8 de julio de 2009 y que interpreta de una manera global los resultados en relación al recuento parcial, siendo que dicho análisis debe realizarse por cada casilla, también es cierto, que el razonamiento de la resolutora resalta la omisión de efectuar un análisis pormenorizado de las 42 casillas con incidencias que actualizaban los supuestos relativos al recuento parcial, previsto por el artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con los documentos aportados por la instructora como pruebas de cargo en el auto de radicación respectivo, pues resulta inverosímil que con la cantidad de votos nulos que arrojó la jornada electoral en el Distrito Electoral en cuestión y 42 casillas susceptibles de ser recontadas, no hubiera motivo para efectuar el recuento de ninguna de ellas, escudándose en la conformidad de los integrantes del Consejo Distrital y de los representantes de los partidos políticos, haciendo notar que la consideración de la resolutora de efectuar un cómputo global tampoco desvirtúa las infracciones cometidas por el procesado, resultando por ende, improcedente el agravio que se ha analizado en este apartado.

12. Al respecto se estima que las supuestas contradicciones de la resolutora, que el recurrente hace valer en el apartado que nos ocupa, ya fueron expuestas y analizadas en apartados anteriores, insistiendo en que la deficiencia de la resolutora no implica necesariamente un beneficio para los intereses del procesado, ya que las misma (sic) no trascienden al fondo del asunto y no desvirtúan las infracciones que le fueron imputadas, derivado de la conducta del hoy recurrente que ha quedado acreditada y que no fue desvirtuada por parte del presunto infractor con prueba alguna.

AGRAVIO EN EL JUICIO LABORAL

4.- FALTA DE CONGRUENCIA EN LAS RESOLUCIONES.

Me refiero al considerando 11 de la resolución que se refuta, donde al Secretario Ejecutivo no le parece trascendente el evidente error del resolutor de la inconformidad al confundir recuento parcial con recuento total, al respecto transcribo las disposiciones relativas:

(…)

De la transcripción anterior, se deduce que el legislador de manea clara y precisa distinguió lo relativo al recuento parcial y el recuento total. Por lo que resulta incomprensible que el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores hubiese cometido semejante error y menos aun se comprende que haya llegado a la conclusión de que la destitución era la sanción aplicable a las presuntas imputaciones. Tampoco tiene asidero que el Secretario Ejecutivo del IFE evada analizar este agravio y aunque reconoce la incongruencia de la resolución, no le de ningún valor para revocar la resolución en mención. Veamos qué dijo la responsable al respecto según se puede leer en la foja 20 de dicha resolución:

(…)

Continuando con este alegado, es patente la ambigüedad que impera en los considerandos y resolutivos de la responsable, que trae aparejada dudas, incertidumbre y confusión al respecto de su actuación, mayor aun en tratándose de la carrera de un miembro del Servicio Profesional Electoral con más de diecisiete años de carrera y un expediente limpio y fuera de toda duda, para lo cual anexo como la Prueba 6, el oficio en donde requerí dicha información a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, solicitando al Tribunal pida esta prueba. Tal pareciera que cuentan con patente de corso para resolver estos litigios, ya que, como ha quedado demostrado, no existe correspondencia entre lo establecido por el auto de radicación y lo resuelto. No hay claridad, precisión y congruencia entre lo demandado y lo contestado, ni definición exhaustiva sobre los puntos litigiosos.

Ahora bien, las resoluciones a los procedimientos deben, en cada caso, citar las razones particulares, causas especiales o circunstancias inmediatas que sirvan para arribar a la determinación referida. En la especie, son equivocados y por lo menos inexactos los razonamientos vertidos por parte de dicha autoridad en los diferentes apartados de que consta su veredicto, en el que arribó a la convicción de que el suscrito debía ser sancionado con la destitución. No hubo un examen para verificar si los hechos asentados en el expediente, configuran en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través del procedimiento iniciado o que hubiera elementos suficientes para acreditar la verosimilitud de los hechos ahí descritos. Simplemente de la lectura del expediente en cita pasó a la determinación, sin hacer reflexión alguna, violando el principio de legalidad en su vertiente de motivación. Tales yerros y deficiencias me causan un agravio ya que lesionan mi esfera jurídica en lo concerniente a los principios de certeza y legalidad.

Para dar contexto a lo anterior, me permito transcribir la Jurisprudencia 28/2009:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.

[Se transcribe]

Asimismo, en el considerando 12 de la resolución del recurso de inconformidad, que a la letra dice:

(…)

Reconociendo la autoridad resolutora las contradicciones y deficiencias de la Resolución del Procedimiento Administrativo, y en contradicción con los principios generales del derecho “A confesión de parte, relevo de prueba” y “La más pequeña variación en el hecho, hace variar el derecho”, dice que no trascienden al fondo del asunto, vulnerando los principios de congruencia y exhaustividad.

BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO

MAGISTRADA PRESIDENTA

RUBÉN ENRIQUE BECERRA ROJASVÉRTIZ

MAGISTRADO

GEORGINA REYES ESCALERA

MAGISTRADA

MARTHA DEL ROSARIO LERMA MEZA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS