JUICIO PARA dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto NACIONAL Electoral

EXPEDIENTE: SM-JLI-5/2020

ACTOR: ROBERTO VEGA HERNÁNDEZ

DEMANDADO: Instituto NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: Ernesto Camacho ochoa

SECRETARioS: ana cecilia lobato tapia y HERIBERTO URIEL MORELIA LEGARIA

Monterrey Nuevo León, a 17 de noviembre de 2020.

Sentencia de la Sala Regional Monterrey que reconoce la existencia de la relación laboral entre Roberto Vega Hernández y el INE y, en consecuencia, condena a dicho Instituto a reconocerle la antigüedad y realizar el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, de acuerdo con los efectos de la presente ejecutoria.

Glosario

Antecedentes

De la narración de los hechos expuestos por el actor y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Contexto sobre la relación laboral entre el actor con el INE

1. Inicio de la relación laboral. El actor afirma que inició su relación laboral con el entonces IFE desde el 15 de julio de 1991, como operador del “Programa Nuevo Padrón” del Registro Federal de Electores. Después, mantuvo un vínculo jurídico a través de diversos cargos, entre ellos, responsable de módulo (1997), auxiliar técnico C (2001) operador de equipo tecnológico (2002-2005), responsable de módulo (2010-2018), así como coordinador administrativo en la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas (2020), los últimos cargos con el ahora INE.

2. Periodos cotizados. Aduce que el 10 de octubre de 2019, el ISSSTE le expidió su expediente electrónico, donde advirtió que los únicos periodos cotizados y enterados por el INE ante el ISSSTE eran los siguientes: del 1 de enero de 2008 al 15 de abril de 2009, del 1 de enero de 2012 al 15 de abril de 2012 y del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2014 y, con el INE, del 1 de abril de 2014 al día de la fecha.

3. Solicitud de corrección y respuesta. Inconforme, solicitó al INE la corrección y reconocimiento de su antigüedad laboral, quien le respondió, por un lado, que no era posible atender favorablemente su petición porque el vínculo jurídico que lo une con la demandada siempre ha sido como prestador de servicios, bajo el régimen de honorarios y, por el otro, porque antes de la entrada en vigor de la nueva ley del ISSSTE[1], las personas que prestaban sus servicios bajo esa modalidad, no eran incorporadas al régimen de cotizaciones del ISSSTE[2].

En consecuencia, le entregaron la Hoja Única de Servicios que contiene los periodos que, según registros del INE, corresponden a los efectivamente cotizados ante el ISSSTE[3].

II. Juicio laboral ante la Sala Monterrey                                                     

1. Demanda, admisión y emplazamiento. El 13 marzo de 2020[4], el actor demandó al INE, esencialmente por: i) el reconocimiento de la relación laboral y antigüedad del 15 de julio de 1991 al 31 de diciembre de 2007, del 16 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y del 16 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013 y ii) la inscripción retroactiva de las cuotas de seguridad social de dichos periodos.

El 16 de marzo, se admitió a trámite la demanda y se emplazó al INE.

2. Suspensión y reanudación de plazos por contingencia sanitaria (Covid-19). El 16 de marzo, derivado de la pandemia mundial por el virus SARS-COV-2 (Covid-19) el Presidente del TEPJF suspendió el cómputo de los plazos en la sustanciación y resolución de los juicios para dirimir diferencias laborales de los servidores del INE, hasta nuevo aviso. En acuerdo del 1 de octubre se dispuso la reanudación de los plazos para la resolución de todos los medios de impugnación[5].

3. Contestación de la demanda, vista de la contestación, citación y desahogo de audiencia. El 19 de octubre, el INE contestó la demanda, ofreció pruebas y manifestó excepciones y defensas, de lo cual, el 22 de octubre, se dio vista al actor y se señalaron las 9:00 horas del 30 de octubre siguiente para la audiencia correspondiente[6], misma que se desahogó conforme a la ley, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de sentencia.

Competencia y aspectos procesales

I. Competencia

Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio, porque se trata de una controversia vinculada con la relación laboral de un trabajador del INE que se desempeña en un órgano desconcentrado del mencionado Instituto en el Estado de Tamaulipas, entidad en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[7].

II. Análisis de las excepciones del INE

El INE alega la caducidad de acción, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de quince días hábiles siguientes a partir de que finalizara cada instrumento contractual celebrado con el Instituto demandado para presentar el medio impugnación[8].

Esta Sala Monterrey considera infundado lo alegado, porque lo que el actor solicita de esta Sala Regional es el reconocimiento de la relación laboral y la antigüedad que dice tener con la demandada desde el 15 de julio de 1991 a la fecha, lo que, conforme a la doctrina judicial desarrollada en la materia, el reconocimiento de la antigüedad, aunque derive de la existencia o no de la relación laboral, es una prestación que se encuentra íntimamente relacionada con el derecho de los trabajadores a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes, por ende, su reclamo no caduca mientras subsista la relación de trabajo[9].

En el caso, el actor y el INE todavía mantienen el vínculo laboral, por lo que el plazo de 15 días establecido en la Ley de Medios, no le es aplicable, por la pretensión del demandante sobre la restitución de un derecho que se actualiza día con día.

El INE también alega la improcedencia del juicio porque no existe una destitución o sanción que afecte al actor.

No le asiste la razón al INE porque el reconocimiento de antigüedad y la inscripción retroactiva de las prestaciones de seguridad social son derechos que pueden solicitarse en cualquier momento, sin necesidad de que exista la terminación de la relación o vínculo laboral, al tratarse de un derecho accesorio a la relación laboral.

Finalmente, el INE alega que entre el actor y la demandada nunca existió una relación laboral, porque el vínculo que los une desde el 15 de julio de 1991 a la fecha, es de naturaleza civil de manera interrumpida, además de que en todo momento han sido respetados sus derechos, pues se le dio de alta, conforme la Ley del ISSSTE, hasta que tuvo derecho a ello.

Esta Sala Regional desestima lo anterior, porque será precisamente el tema de fondo del asunto.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. El actor demanda al INE, esencialmente, el reconocimiento de su antigüedad y, en consecuencia, el pago de las prestaciones sociales por los periodos siguientes[10]:

2. El INE reconoce que el actor prestó sus servicios, primero al IFE y después al INE, en los diversos periodos identificados en su demanda[11] y respecto de otros no se pronuncia o niega cualquier vínculo jurídico (laboral o civil) con el trabajador[12].

3. Por tanto, la cuestión a resolver consiste en determinar:

Tema i. ¿Si el vínculo aceptado por el INE con el actor es de naturaleza laboral?

Tema ii. ¿Cuáles son los periodos que incluye el vínculo laboral?

Tema iii. ¿Si en ese contexto, procede reconocer el derecho al actor la antigüedad y la inscripción retroactiva de las cuotas de seguridad reclamadas?

Apartado I. Decisiones

Esta Sala Monterrey determina:

Tema i. Que el vínculo jurídico aceptado es de naturaleza laboral.

Tema ii. Ese vínculo laboral incluye todos los periodos reclamados del: a) 15 de julio de 1991 al 31 de diciembre de 2007, b) 16 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y c) 16 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Tema iii. Es procedente el reconocimiento del derecho del actor de la antigüedad y la inscripción retroactiva de las cuotas ante el ISSSTE, en los periodos reclamados.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Tema i. El vínculo que une al INE con el actor es de naturaleza laboral

1. Marco normativo de los elementos de una relación laboral

La Sala Superior ha considerado que para determinar la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes, se debe tener en consideración lo previsto en el artículo 20, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria, con el artículo 95[13], de la Ley de Medios que establece, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

Del contenido de dicho precepto legal, se advierte que los elementos esenciales para configurar una relación de trabajo son: a. La prestación de un trabajo personal que implica realizar actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio del empleador, b. La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio (el trabajador o trabajadora), y c. El pago de un salario en contraprestación por el trabajo realizado.

En ese tema, es importante destacar que el legislador dispuso una especial tutela en favor de los trabajadores, en general, al trabajador se le exime de probar ciertos hechos o actos y al patrón se le atribuye expresamente la carga de probar, aunque se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador. Incluso, al patrón le corresponde demostrar el tiempo laborado (artículo 784, de la Ley Federal del Trabajo)[14].

Por ello, cuando existe controversia sobre la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, la carga de la prueba corresponde al patrón al negar la relación laboral, ello lleva implícita la afirmación de que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye el actor, entonces, la parte patronal debe probar la naturaleza de la relación jurídica, por ser la que tiene a su alcance los elementos de prueba necesarios para esclarecer la verdad de los hechos[15].

Incluso, la Sala Superior ha sostenido el criterio de que para definir la relación jurídica que existente entre el trabajador y el demandado adquieren relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente y no eventual.

También, la Sala Superior ha señalado que el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los “prestadores de servicios” [16].

1.2 Criterio sobre la presunción de que los servicios de trabajo se prestaron en forma ininterrumpida

La Sala Superior también ha establecido que el INE tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida[17].

Esto es, corresponde al INE la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello (artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo[18]).

Es decir, demostrada la relación o vínculo jurídico, el patrón está obligado a conservar y exhibir en un juicio los documentos, entre las listas de raya o nómina, por lo que su incumplimiento tiene como consecuencia procesal que se presuma que es cierto el hecho alegado por el actor en su demanda (805 de la Ley Federal del Trabajo[19]).

Por ello, cuando se presenta un caso en el que se reconoce la existencia de la relación laboral en la fecha de inicio y conclusión, o bien, cuando las partes reconocen la existencia de un vínculo jurídico de la naturaleza que fuere, se genera una presunción iuris tantum (salvo prueba en contrario) a favor del trabajador, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida; esto, conforme al principio general del derecho, el cual establece, que cuando se prueban los extremos, se presume que impera la misma situación en el intermedio, salvo prueba en contrario.

2. Caso concreto y valoración del tipo de vínculo que unió al INE con el demandante

Como se anticipó, esta Sala Monterey considera que la relación entre el actor y el INE, respecto de los periodos señalados, fue de naturaleza laboral, pues se demuestran los elementos correspondientes:  la prestación de un trabajo personal, el pago de una contraprestación y que ello fue subordinado, como se advierte en seguida:

a. Prestación de un trabajo personal.

De acuerdo con los elementos de prueba que existen en el expediente, esta Sala Monterrey advierte que en los periodos precisados el actor desempeñaba las siguientes actividades:

1. Responsable de módulo: verificar durante dicho periodo las actividades siguientes: a) la incorporación de la fotografía, b) realizar los trámites de incorporación correspondientes, c) clasificar y controlar la documentación generada en módulos por distritos, municipios y sección, controlar la cobertura del área asignada y elaborar reportes diarios y objetivos.

2. Capacitador: notificar y capacitar a las y los ciudadanos sorteados para integrar las mesas directivas de casillas el día de la elección.

3. Auxiliar técnico: elaborar, analizar y verificar el avance de las labores, asimismo, periódicamente elaborar informes y reportes de trabajo efectuado

4. Especialista de campo: recuperar información y o documentación rechazada por el centro regional de cómputo mediante visitas domiciliarias, desplazándose dentro de un área para informar a los ciudadanos del periodo y lugar para recoger la credencial de elector.

5. Responsable de zona: No se aportó contrato, ni existe descripción de las actividades que desempeñaba.

6. Operador de equipo tecnológico: Captura y actualización de información del ciudadano en el padrón electoral, entrega de credenciales, monitoreo y seguimiento de las cifras, lectura y retiro de las credenciales no entregadas.

b. Pago de una contraprestación (salario)

De los contratos de prestación de servicios profesionales y los recibos de pago se advierte que el actor recibía un pago mensual por los servicios prestados, de ahí que, por sus actividades, obtuvo un salario[20].

c. Subordinación

Como se indicó, el actor desempeñó diversos cargos en la Junta de Tamaulipas y realizó las actividades reseñadas en párrafos anteriores.

Aunado a ello, ese tipo de acciones realizadas se desempeñaban bajo la supervisión de otra persona y sujeto a la jerarquía propia del instituto demandado, máxime que ello puede inferirse de los contratos suscritos entre el INE y el demandante, en los que se señala que su trabajo podía ser objeto de supervisión y correcciones, es decir, que el entonces patrón IFE tenía la potestad de “verificar la adecuada realización del trabajo y de supervisar su desempeño”, así como de solicitar informes, de ahí la subordinación.

Asimismo, realizaba análisis y vigilancia de actividades para efecto de actualizar los productos electorales, subordinado a las normas y procedimientos que el entonces IFE le estableció para el cumplimiento de sus actividades.

Lo anterior, porque, conforme al marco normativo, en la relación jurídica que existe entre el trabajador y el demandado adquiere relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente y no eventual se advierte una subordinación durante el vínculo jurídico.

Finalmente, conforme a la doctrina judicial desarrollada por la Sala Superior, el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los prestadores de servicios, como ocurre en el caso.

Tema ii. El vínculo laboral existente entre el INE y el trabajador se acredita en todos los periodos reclamados, por el reconocimiento directo, elementos de pruebas o una presunción derivada de dichos instrumentos

El actor demandó el reconocimiento de la relación laboral y antigüedad de los periodos mencionados y para acreditar su dicho presentó: i) recibos de pago expedidos a su favor por el Instituto demandado, ii) contratos de prestación de servicios, iii) constancia de deducción de impuestos, iv) constancia de nombramiento por tiempo fijo y, v) credencial como responsable de modulo[21], en relación con los periodos siguientes:

El primer periodo que se acredita es el comprendido del 15 de julio de 1991 al 31 de diciembre de 2007, se acredita por lo siguiente: i) del 15 de julio al 31 de agosto de 1991 (hay reconocimiento del INE). ii) del 1 septiembre de 1991 al 31 de julio de 1994 (se acreditan los extremos). iii) del 1 al 15 de agosto de 1994 (se acredita con constancia de nombramiento). iv) del 16 de agosto de 1994 al 31 de diciembre de 1995 (se acreditan los extremos). v) del 1 de enero al 22 de octubre de 1996 (se acreditó una nómina de aguinaldo). vi) del 23 de octubre de 1996 al 15 de abril de 1997 (hay reconocimiento del INE). vii) del 16 al 30 de abril de 1997 (se acreditó una nómina de aguinaldo[22]). viii) del 1 de mayo de 1997 al 16 de julio de 1997 (hay reconocimiento del INE). ix) del 17 al 31 de julio 1997 (se acreditó una nómina de aguinaldo[23]). x) del 1 agosto de 1997 al 30 de enero de 2001 (hay reconocimiento del INE). xi) del 1 al 28 de febrero de 2001, (se acreditan los extremos). xii) del 1 de marzo de 2001 al 28 de enero del 2002 (hay reconocimiento del INE). xiii) del 29 de enero al 30 de agosto de 2002 (se acreditó una nómina de aguinaldo[24]). xiv) del 1 de septiembre del 2002 al 25 de agosto 2004 (reconocimiento del INE). xv) del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2004 (se acreditan los extremos). xvi) del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2004 (se acredita con recibos de pago[25]). xvii) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 (hay reconocido por el INE). xviii) del 1 enero de 2006 al 15 de abril de 2006 (se acredita con recibos de pago[26]). xix) del 16 de abril al 30 de mayo de 2006 (se acreditan los extremos). xx) del 1 al 30 de junio de 2006 (se acredita con recibos de pago[27]). xxi) del 1 al 31 de julio 2006 (se acreditan los extremos). xxii) del 1 de octubre de 2006 al 30 de abril de 2009 (reconocimiento del INE[28]).

Por cuanto hace al segundo periodo reclamando por el actor: del 16 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2011, se acredita por lo siguiente: i) del 16 de abril al 30 de abril de 2009 (reconocimiento del INE[29]). ii) del 1 mayo de 2009 al 5 de julio de 2009 (se acreditan los extremos). iii) del 6 de julio al 31 de diciembre 2009 (se acredita con recibos de pago[30]). iv) del 1 de enero al 31 de mayo de 2010 (reconocimiento del INE[31]). v) del 1 al 30 de junio de 2010 (se acreditan los extremos). vi) del 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2011 (reconocimiento del INE[32]).

En lo que respecta al periodo: del 16 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013, se acredita por lo siguiente: i) del 16 de abril al 26 de junio de 2012 (se acreditan los extremos). ii) del 27 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2013 (reconocimiento del INE[33]).

Por tanto, como se anticipó, esta Sala Monterrey considera que existió un vínculo jurídico entre el actor y los periodos no reconocidos por el INE, porque existen elementos suficientes para demostrar circunstancial y plenamente el vínculo entre el trabajador y el Instituto, respecto los periodos reclamados.

Ello, porque existen elementos que revelan directamente la existencia de dicho vínculo jurídico entre el INE y el actor a partir del reconocimiento, con las pruebas aportadas o derivado de la presunción de la existencia del vínculo, como se advierte de la tabla siguiente:

Además, opera una presunción a favor del actor sobre la existencia de la relación laboral, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida.

Ello, porque como se estableció en el marco normativo, cuando se reconoce la existencia de la relación laboral, y las fechas de inicio y conclusión, se genera una presunción iuris tantum a favor del trabajador, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida; esto, conforme al principio general del derecho, “cuando se prueban los extremos, se presume que impera la misma situación en el intermedio, salvo prueba en contrario” por lo que, si se acreditó que existió una relación de carácter laboral durante los extremos del periodo, se debe tener por acreditado que en los casos en los que la demandada no probó la interrupción, también fueron de carácter laboral.

Incluso, el INE, al rendir su contestación de demanda, reconoce la existencia de una relación contractual con el actor respecto de los periodos reclamados [34]:

Ahora bien, los periodos del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2004, del 1 enero de 2006 al 30 de abril de 2006, del 1 al 30 de junio de 2006, se acreditan con los recibos presentados por el actor en su escrito de demanda[35].

Por otra parte, los plazos del 1 de enero al 22 de octubre de 1996, del 16 al 30 de abril de 1997, del 17 al 31 de julio, del 29 de enero al 30 de agosto de 2002, se acreditan con las nóminas de aguinaldo remitidas por el INE, en su contestación de demanda, de donde se advierten que el plazo por el que expiden el pago de aguinaldo fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 y 2002, por lo que se puede concluir que existió una prestación de servicios ininterrumpido y, por tanto, se acredita el vínculo jurídico durante los periodos referidos[36].

Por último, del análisis de las pruebas que obran en el expediente se advierte que existen periodos intermedios donde no hay prueba que acredite la existencia de una relación contractual, los cuales son: del 1 septiembre de 1991 al 22 de octubre de 1996, del 1 al 28 de febrero de 2001, del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2004, del 1 al 30 de mayo de 2006 y del 1 al 31 de julio 2006.

No obstante, por la manera en la que se generó la controversia, la conducta procesal de las partes y sobre todo la carga procesal del INE de conservar toda la documentación de trabajo, los elementos para demostrar el inicio y el término de la relación laboral, genera convicción plena a este órgano jurisdiccional de que la relación laboral entre el actor y el Instituto demandado está demostrada por el periodo del 15 de julio de 1991 a la fecha.

En suma, existe prueba plena de que la relación laboral inició el 15 de julio al 31 de agosto de 1991, porque se demostró la existencia de una fecha de inicio y que a la fecha el denunciante sigue laborando para el INE, por lo que se genera una presunción de que también existió un vínculo laboral del periodo del 1 septiembre de 1991 al 22 de octubre de 1996, del 1 al 28 de febrero de 2001, del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2004, del 1 al 30 de mayo de 2006 y del 1 al 31 de julio 2006.

Aunado a ello, también existe convicción de que dicha relación fue de naturaleza laboral, porque las pruebas de los periodos extremos, inicial y de terminación, acreditan el periodo intermedio, por lo que, cualquier variación o cambio en la naturaleza de la relación a otra de tipo civil, tendría que ser aclarada y demostrada por el INE, sin que éste lo hubiera hecho.

Sin que pase desapercibido que, dentro del primer periodo reclamado (que como se indico va de 1991 a 2007), existen 2 lapsos considerables de tiempo, que van, concretamente, del 1 septiembre de 1991 al 31 de julio de 1994 (2 años, 11 meses), y del 16 de agosto de 1994 al 31 de diciembre de 1995 (1 año, 4 meses), respecto a los que, en la contestación de demanda, el INE también niega la relación laboral.

Sin embargo, en dicha la contestación, el Instituto demandado únicamente se limita a rechazar la existencia del vínculo que lo une con el trabajador durante esos 2 lapsos, aun cuando tenía la posibilidad de respaldar su posición.

Esto, porque si bien estamos ante una negativa y pudiera parecer que no tenía cómo demostrar la inexistencia del vínculo jurídico, dada su calidad de patrón, estaba en una posición favorable y preponderante de tener acceso a la documentación y poder precisar a detalle, o bien, aportar más medios de convicción, para sustentar su negación, como pudieron haber sido las listas de nómina, alta, baja y terminación de contrato del actor, de los que sí trabajaron en su lugar o la desaparición del espacio en que desarrolló sus actividades, a fin de acreditar de manera razonable la alegada inexistencia del vínculo jurídico o relación laboral. 

Además, cabe precisar que el dicho del actor no está completamente aislado, sino que existen indicios indicativos de que el actor sí laboró durante dichos períodos, que respaldan la presunción generada por haber trabajado en el extremo inicial y final de los mismos, concretamente, el que se deriva de la solicitud que el actor presentó antes del juicio, para pedir la corrección de sus periodos cotizados y la contestación correspondiente, pues en aquel momento el INE se limitó a informarle que no era posible atender su petición, porque, con anterioridad a… 31 de marzo de 2007… su relación con el otrora Instituto Federal Electoral, había sido como prestador de servicios[37] y las personas que prestaban sus servicios bajo esa modalidad no eran incorporadas al régimen de cotizaciones del ISSSTE[38].

Aunado a que, otro indicio más para fortalecer la conclusión circunstancial de que en dichos periodos la relación no se interrumpió, se deriva de la constancia de nombramiento por tiempo fijo de fecha 1 al 15 de agosto de 1994.

Así, no obstante, que el INE haya señalado que durante esos periodos no existió vínculo jurídico (laboral o civil), y que haya objetado los recibos y contratos presentados por el actor, en cuanto a su alcance y valor probatorio, al considerar que, en vez de beneficiarle le perjudican al actor[39].

Ello, porque dicho señalamiento es dogmático e insuficiente para desvirtuar el reconocimiento directo, la idoneidad de las pruebas mencionadas o la validez de la presunción indicada. 

Maxime, que en el caso de la acreditación de los extremos, la inferencia se fortalece porque, previamente a la presentación del juicio, el INE, al contestar la petición del actor, no negó la existencia de algún tipo de vínculo jurídico, sino se limitó a señalar que no lo registró porque el vínculo era de naturaleza civil[40].

Tema iii. Reconocimiento del derecho del actor de la antigüedad y la inscripción retroactiva de las cuotas ante el ISSSTE, en los periodos reclamados

3.1. Marco normativo de pago de prestaciones de seguridad social

Las relaciones de trabajo entre el INE y sus servidores se rigen por las disposiciones de la Ley Electoral y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral (artículo 41, base V, párrafo segundo, de la Constitución General[41]).

El personal del INE será incorporado al régimen del ISSSTE (artículo 206, párrafo 2, de la Ley Electoral [42]).

En el mismo sentido, la Ley Electoral, es aplicable a los trabajadores de los órganos con autonomía constitucional (artículo 1, fracción VI, de dicha Ley[43]).

Existen 2 tipos de regímenes: obligatorio y voluntario (artículo 2 de la Ley del ISSSTE[44]).

Los titulares de todas las dependencias y entidades públicas tienen la obligación de inscribir a los trabajadores ante el ISSSTE, para que puedan gozar de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio.

En ese sentido, el INE tiene la obligación de retener las aportaciones por concepto de los enteros y pagos de las cuotas al ISSSTE, ya que todo trabajador que preste un servicio físico o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad pública que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a la de seguridad social (artículos 2° a 4°, 6°, 10, 20 y 21 de la Ley del ISSSTE[45]).

3.2. Caso concreto

Esta Sala Regional considera que, al haberse reconocido la existencia de la relación laboral entre las partes, procede condenar al Instituto demandado al pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social que debía haber cubierto por el lapso que duró el vínculo de trabajo con el actor.

En el apartado anterior se precisó que quedó acreditada la relación laboral entre el actor y el INE por los periodos del 15 de julio de 1991 al 31 de diciembre de 2007, 16 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y del 16 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013

En ese contexto, el Instituto demandado debe cumplir con las obligaciones que en materia de seguridad social que se generaron durante ese lapso y respecto de las cuales fue omiso en acreditar su acatamiento.

Por ello, resulta procedente condenar al Instituto demandado, para que inscriba retroactivamente al actor ante el ISSSTE, debiendo enterar las cuotas y aportaciones necesarias para cumplir con todas las obligaciones que, tratándose de seguridad social, dispone la ley de la materia.

Es decir, el INE debe cubrir, de forma íntegra, los recursos referentes a las obligaciones que respecto de sus trabajadores le impone la Ley del ISSSTE[46]; lo que implica enterar y pagar las aportaciones propias a la parte patronal, así como las cuotas que debieron ser retenidas al trabajador[47].

Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE y 2 a 4, 6, 10 y 43, fracción VI, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la cual se desprende que no puede imponerse al actor la obligación de pagar las aportaciones que, de haberse realizado oportunamente la inscripción, le hubieran correspondido.

En ese supuesto, cuando la dependencia incumple con la obligación de inscribir y retener las cotizaciones que corresponden durante el transcurso de la relación laboral, lo procedente es condenarla a cubrirlas en su integridad, dado que, ante la omisión del descuento, las consecuencias recaen en el patrón[48].

Por tanto, el Instituto demandado deberá enterar y pagar las aportaciones que le correspondían como parte patronal y las cuotas que debió retenerle al trabajador respecto de las cotizaciones que deriven del régimen obligatorio establecido en la Ley del ISSSTE, a fin de completar la cotización por el periodo que duró la relación laboral.

Apartado III. Efectos

1. Reconocer la antigüedad del actor, durante los períodos que se acreditaron en la presente sentencia.

2. Realizar la inscripción retroactiva y el pago de las cuotas correspondientes.

Una vez realizadas las acciones ordenadas, deberá informar a esta Sala Monterrey dentro de las 24 horas posteriores y remitir las constancias que así lo acrediten[49].

Resolutivos

PRIMERO. El actor acreditó su acción, mientras que el Instituto Nacional Electoral no acreditó sus excepciones y defensas.

SEGUNDO. Se condena al Instituto Nacional Electoral al reconocimiento, de antigüedad, inscripción retroactiva y pago de las cuotas correspondientes, en los periodos identificados, de acuerdo con los razonamientos y efectos indicados en la presente ejecutoria.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notifíquese conforme a Derecho.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con el voto concurrente de la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SM-JLI-5/2020.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, y 199, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 48 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formulo voto concurrente y expongo las razones que me llevan a no acompañar el criterio sostenido por la mayoría de las magistraturas integrantes de esta Sala Regional.

En esta ocasión, respetuosamente, expreso mi coincidencia con el sentido del proyecto, no así con el criterio sostenido por la mayoría por cuanto a la demostración de un periodo en el que no existen bases sólidas para tener por acreditada una continuidad en la relación laboral.

En la sentencia se determinó que durante el periodo del primero de septiembre de 1991 al 22 de octubre de 1996, al no existir prueba directa, debía atenderse al criterio consistente en que, cuando se reconoce la existencia de la relación laboral, y las fechas de inicio y conclusión, se genera una presunción a favor del trabajador, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida, conforme al principio general del derecho, cuando se prueban los extremos, se presume que impera la misma situación en el intermedio, salvo prueba en contrario.

Con base en ello, se concluye que en el referido periodo la relación debe presumirse de carácter laboral, al estar demostrados los extremos, y que, en ese sentido, cualquier variación o cambio en la naturaleza de la relación a otra de tipo civil, tendría que haber sido aclarada y demostrada por el Instituto demandado, con la salvedad de que el actor aportó una constancia con la que demuestra que desempeño un cargo por 15 días (1 al 15 de agosto de 1994).

Debo precisar que esta Sala ha sustentado el referido criterio al resolver diversos juicios laborales, entre otros, los identificados con la clave SM-JLI-1/2020 y SM-JLI-2/2020.

Considero, sin embargo, que se ha llegado a esa conclusión en casos en los que, a partir de la existencia de diversos contratos de prestación de servicios profesionales (aportados como prueba, tanto por la parte trabajadora como por el Instituto demandado), se determina la existencia de una relación laboral debido a la continuidad con que se hacían y tipo de actividades realizadas por las personas contratadas.

En esos supuestos, estoy de acuerdo en que debe reconocerse la existencia de una relación laboral y no civil por honorarios, ante la evidencia de que, durante el desempeño de los cargos que el Instituto otorga por tiempo determinado, lo que realmente se advierte es: a) la prestación de un trabajo personal; b) la subordinación; y, c) el pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

En mi opinión, la lógica de esos asuntos ha evidenciado una dinámica en la que, una vez concluida la vigencia de un contrato de prestación de servicios, se inicia otro para el mismo o diferente cargo, o bien, la persona contratada pasa a ocupar una plaza presupuestal y eventualmente regresa a otra temporal, por lo que, ante la ausencia de constancias que acrediten la relación continua o la sola afirmación del Instituto demandado en cuanto a que se trata de un vínculo civil y no laboral, puede presumirse fundadamente que las partes mantuvieron un vínculo jurídico todos los días.

Es decir, aun cuando la persona contratada se haya desempeñado con distintos cargos y en distintas modalidades, la lógica permitiría concluir que no existió periodo de interrupción en la relación de trabajo, por tanto, la temporalidad con base en la suscripción de contratos debe ser computada en conjunto con los periodos en que ambas partes reconocen de naturaleza laboral.[50]

En congruencia con esa línea, en el caso que se resuelve lo que se advierte es que los cargos que ha desempeñado el actor en el Instituto Nacional Electoral han sido todos por tiempo determinado o eventuales, aun cuando esto no significa, por supuesto, que la relación sea carácter civil, como quedó claro en la sentencia, sino que debe tomarse en cuanta para definir la continuidad de esa relación.

Con base en esto, considero que la relación laboral se puede tener por acreditada a partir del 23 de octubre de 1996, fecha que el actor inició su cargo como Responsable de módulo y a partir de lo cual se advierte una continuidad temporal y lógica de acuerdo con los contratos presentados por el demandado y demás constancias que obran en el expediente, que si bien existen algunos periodos no cubiertos por la temporalidad de los contratos, estos se complementan con algunos recibos de nómina o de aguinaldo aportados por el actor.

Mi disenso con el criterio de la mayoría, como lo anticipé, es en el periodo comprendido del primero de septiembre de 1991 al 22 de octubre de 1996.

Sobre ese aspecto, en su demanda el actor afirma llanamente que ingresó al servicio del entonces Instituto Federal Electoral el 15 de julio de 1991 y que desde esa fecha se ha venido desempeñando de forma ininterrumpida.

Para acreditar su dicho, aportó como prueba recibos de pago de los años 1991 (correspondientes al periodo del 15 de julio al 31 de agosto), 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

Además, anexó una constancia de nombramiento por tiempo fijo para desempeñar el cargo de Especialista de campo por 15 días, del primero al 15 de agosto de 1994.

En su contestación, el Instituto demandado confirmó que el actor, efectivamente, fue contratado en 1991 para Proyecto específico por una duración de 45 días y negó que, durante el lapso de primero de septiembre de 1991 al 22 de octubre de 1996, haya existido algún tipo de relación jurídica con él (Véase página 6 de la contestación) y por cuando a los periodos restantes ofreció como prueba diversos contratos de prestación de servicios.

Quiero mencionar que me queda claro que la carga procesal de demostrar los aspectos relacionados con la antigüedad del trabajador corresponde al Instituto demandado, según lo establece el artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.[51]

Estimo que la interpretación de ésa disposición no llega al extremo de presumir la existencia de una relación laboral, en el caso, con base en la continuidad de nombramientos por tiempo fijo, con la sola afirmación que se haga en la demanda, sino que, por la naturaleza de las funciones del Instituto Nacional Electoral, deben existir elementos objetivos a partir de los cuales pueda concluirse, por la lógica de las actividades y las pruebas allegadas, que el trabajador ha sostenido una relación continua y permanente.

De manera que, en mi opinión, no podemos concluir en esta ocasión que la presunción por la ausencia de prueba directa opera a favor del trabajador, en tanto que los extremos que sí están demostrados no tienen el suficiente peso específico y, por tanto, la dinámica de los cargos desempeñados por el actor no atiende a la lógica de una continuidad desde la fecha que él afirma.

Desde esta perspectiva, lo que queda evidenciado es que el desempeño de los cargos se ha llevado a cabo de manera discontinua y sobre actividades concretas, por la falta de nombramientos o por la existencia de estos, pero por tiempo determinado.

De ahí que, aun cuando coincido con el sentido de la sentencia, difiero del análisis que se hace en cuanto a la continuidad de la relación jurídica entre el Instituto y el actor.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.