JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JLI-41/2025

PARTE ACTORA: ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: ANA CECILIA LOBATO TAPIA Y NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR

Monterrey, Nuevo León, a 25 de julio de 2025.

Sentencia de la Sala Regional Monterrey que condena al INE a emitir una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral, en la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Manual de Normas, sin tomar en cuenta el requisito consistente en que, al momento de la solicitud, no se tuviera un juicio en trámite contra el Instituto.

Lo anterior, debido a que, en el caso, la existencia de dicho juicio obedeció a una circunstancia extraordinaria, ya que este órgano jurisdiccional decretó la suspensión del cómputo de los plazos legales para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación, conforme a la Ley de Medios, como consecuencia del desarrollo del proceso electoral 2023-2024; esta situación provocó que la impugnación promovida por el actor no fuera resuelta dentro de los plazos ordinarios, lo cual no le es imputable. En consecuencia, el INE deberá limitarse a verificar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos para otorgar la referida prestación.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio, porque se trata de una controversia sobre la negativa de pago de la compensación por término a favor de la parte actora, quien tuvo una relación laboral con el instituto demandado, en un órgano delegacional en San Luis Potosí, entidad federativa en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 18 de agosto de 2023, la parte actora presentó demanda ante esta Sala Regional, con el fin de solicitar el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, el otorgamiento de una plaza presupuestal, así como el pago de diversas prestaciones económicas y la correcta integración de su percepción mensual.

2. El 27 de octubre de 2023, esta Sala Regional tuvo por acreditada la existencia de la relación laboral entre las partes[4] a partir del 23 de septiembre de 1996 hasta la fecha en que se emitió el fallo, con diversos periodos de interrupción. En vía de consecuencia, condenó al INE al reconocimiento de la antigüedad laboral acreditada, la regularización del pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social pendientes, así como el pago de diversas prestaciones económicas.

II. Acuerdo sobre suspensión general de plazos

El 1 de marzo de 2024[5], con motivo del incremento considerable en los medios de impugnación en el marco de los procesos electorales federal y locales de 2023-2024, esta Sala Regional emitió acuerdo por el que declaró la suspensión en el cómputo de los plazos legales para la sustanciación y resolución de los juicios laborales.

En dicho acuerdo se previó que las Magistraturas continuarían dictando los acuerdos de trámite que estimaran necesarios, sustanciando los juicios, desahogando las etapas procesales y, en su caso, el Pleno podría emitir las resoluciones correspondientes, en la medida en que las cargas de trabajo lo permitieran, sin que estas actuaciones debieran realizarse necesariamente atendiendo a los plazos procesales establecidos en la Ley de Medios.

III. Segundo juicio laboral

1. El 30 de mayo, la parte actora presentó nueva demanda ante esta Sala Regional, en la que, esencialmente, solicitó el reconocimiento del vínculo de trabajo por tiempo indeterminado, así como el pago de distintas prestaciones económicas[6], dado que, afirmó, se encontraba trabajando en las mismas condiciones que este órgano jurisdiccional analizó en el primer juicio laboral.

2. La demanda se admitió el 6 de junio siguiente y la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos se llevó a cabo hasta el 15 de noviembre.

3. El impugnante refiere que el 9 de agosto presentó su renuncia como trabajador del instituto demandado y, asimismo, solicitó el pago de la compensación por término.

4. El 25 de octubre, este órgano jurisdiccional aprobó el Acuerdo General relativo a la reanudación de la instrucción y los plazos de resolución de los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las y los servidores del INE, en el que se precisó que las resoluciones se ceñirían a los términos previstos en la ley, una vez que el número de asuntos en instrucción se regularizara y permitiera el normal desahogo de las cargas de trabajo jurisdiccionales, sin que ese plazo excediera el mes de febrero de 2025, salvo que el Pleno de esta Sala Regional acordara, considerando los términos concurrentes para decirlos, una fecha distinta.

5. El 12 de febrero de 2025[7], esta Sala Regional reconoció la existencia de la relación laboral[8] entre la parte actora y el INE por el periodo transcurrido del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y, en consecuencia, condenó al instituto al pago de diversas prestaciones económicas.

IV. Juicio laboral actual

1. El 28 de mayo, mediante oficio[9], el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia comunicó al impugnante la negativa de pago de la compensación por término solicitada al considerarla improcedente, derivado de que a la fecha en la que concluyó su relación laboral con el instituto, tenía promovida una controversia de carácter judicial[10], la cual no versó sobre el pago de dicha prestación.

2. Inconforme, el 5 de junio, el impugnante interpuso el presente juicio pues, desde su perspectiva, la negativa del pago de la prestación reclamada vulneró sus derechos humanos y laborales.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la resolución impugnada[11], el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia comunicó a la parte actora la negativa de pago de la compensación por término pues, a la fecha en que concluyó su relación laboral con el instituto demandado, derivado de su renuncia, el impugnante tenía promovida una controversia de carácter judicial en su contra, la cual no versó sobre el pago de dicha compensación; en vía de consecuencia, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el Manual de Normas[12].

2. Pretensión y planteamientos. La parte actora pretende que esta Sala Monterrey revoque la resolución impugnada y se condene a la responsable a realizar el pago solicitado, al considerar, esencialmente, lo siguiente: i) la determinación controvertida se encuentra indebidamente justificada, aunado a que resulta arbitraria pues, si bien, al momento en que solicitó el pago de la compensación por término, tenía promovido un juicio laboral, lo  cierto es que la causa de su renuncia derivó de un problema de salud, lo que le imposibilitó esperar a la emisión de la sentencia para terminar su relación con el instituto, ii) señala que no se encontró en alguno de los supuestos de improcedencia dispuestos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del INE y iii) estima que el oficio reclamado no señala elementos objetivos sobre hechos o consideraciones concretas que justifiquen la negativa de pago.

3. Cuestión a resolver. Determinar si, a partir de lo considerado por la autoridad responsable y los planteamientos de la parte actora: ¿fue correcto que el INE negara el pago de la compensación por término a favor del impugnante? 

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE a emitir una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral, en la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Manual de Normas, sin tomar en cuenta el requisito consistente en que, al momento de la solicitud, no se tuviera un juicio en trámite contra el Instituto.

Lo anterior, debido a que, en el caso, la existencia de dicho juicio obedeció a una circunstancia extraordinaria, ya que este órgano jurisdiccional decretó la suspensión del cómputo de los plazos legales para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación, conforme a la Ley de Medios, como consecuencia del desarrollo del proceso electoral 2024; esta situación provocó que la impugnación promovida por el actor no fuera resuelta dentro de los plazos ordinarios, lo cual no le es imputable. En consecuencia, el INE deberá limitarse a verificar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos para otorgar la referida prestación.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión 

1. Marco normativo sobre Derecho de acceso a la justicia y principio pro-persona

La línea de interpretación perfilada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acceso a la justicia se traduce en el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera libre a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión.

Este derecho, visto desde el aspecto formal, se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares [partes en un proceso] respetando las formalidades del procedimiento; sin que signifique, desde luego, que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda[13].

En la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso de la justicia incluye el derecho al sistema judicial o al mecanismo institucional competente para atender el reclamo; el ingreso a un buen servicio de justicia que brinde un pronunciamiento judicial o administrativo justo en un tiempo prudencial; y, por último, el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos.

En su dimensión normativa, el acceso a la justicia se relaciona con derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos: el derecho a la tutela judicial, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la igualdad.

Este conjunto de derechos tiene por objeto garantizar el acceso a un órgano jurisdiccional predeterminado, independiente e imparcial que decida basándose en el derecho, tras un proceso que respete las garantías procesales, en un sistema que las prevea y donde el acceso sea garantizado a todas las personas, sin distinciones que no puedan ser justificadas con argumentos objetivos y razonables.

En el sentido de interpretación dado a este derecho, el Estado tiene obligaciones negativas y positivas: debe abstenerse de realizar acciones que dificulten o imposibiliten el derecho a la justicia y, al mismo tiempo, se encuentra obligado a tomar acciones que garanticen el efectivo acceso a la justicia de todos por igual. Esta faz positiva requiere que el Estado tome medidas de distinta naturaleza –administrativas, legislativas, e incluso jurisdiccionales– para remover los obstáculos que dificultan el efectivo acceso a la justicia.

A la par, es necesario precisar que, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, quedaron obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos contenidos en la Constitución General, adoptando la interpretación más favorable  al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.

Ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o, (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho.

Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el principio pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas[14].

Lo anterior, refleja que el principio pro-persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano[15].

2. Marco normativo sobre el trámite y la sustanciación del juicio laboral

La Ley de Medios señala que las personas servidoras del Instituto Nacional Electoral que hubiesen sido sancionadas o destituidas de su cargo o que consideren haber sido afectadas en sus derechos y prestaciones laborales, pueden presentar una demanda directamente ante la Sala competente de este Tribunal Electoral, dentro de los 15 días hábiles siguientes al que se les notifique la determinación reclamada (artículo 96).

Asimismo, el artículo 99 de la referida Ley señala que, una vez presentado el escrito de demanda, se correrá traslado al Instituto para que manifieste lo que a su derecho convenga, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su admisión.

Por su parte, el INE deberá presentar la contestación de demanda, dentro de los 10 días hábiles siguientes al que se le notifique la presentación del escrito de la parte actora (artículo 100 de la Ley de Medios).

Posteriormente, una vez recibida la contestación de demanda por parte del INE, se celebrará la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los 15 días hábiles siguientes (artículo 101 de la Ley de Medios).

Finalmente, el artículo 106 de la Ley de Medios refiere que la Sala competente de este Tribunal Electoral resolverá la controversia, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia referida en el párrafo anterior.

2. Caso concreto

2.1. El caso se originó con el juicio laboral que presentó la parte actora el 30 de mayo del 2024 (SM-JLI-98/2024) a fin de solicitar el reconocimiento de un vínculo laboral con el INE por tiempo indeterminado, así como el pago de diversas prestaciones económicas.

Posteriormente, durante la sustanciación de dicho juicio laboral, la parte actora refiere que, debido a una serie de complicaciones de salud, tuvo que presentar su renuncia como trabajador del instituto el 9 de agosto de 2024, asimismo, en la misma fecha, el inconforme solicitó el pago de la compensación por término.

Al respecto, cabe resaltar que el juicio laboral que presentó la parte actora no fue resuelto en el plazo ordinario establecido en la Ley de Medios, ya que el 1 de marzo de 2024 este órgano jurisdiccional emitió acuerdo por el que declaró la suspensión en el cómputo de los plazos legales para la sustanciación y resolución de dichas controversias, derivado del incremento considerable en los medios de impugnación en el marco de los procesos electorales federal y locales de dicho año.

Posteriormente, el 25 de octubre, esta Sala Monterrey aprobó el Acuerdo General relativo a la reanudación de la instrucción y los plazos de resolución de los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las y los servidores del INE, en el cual, se previó que la resolución de los referidos juicios se ceñiría a los términos previstos en la normativa aplicable, una vez que el número de asuntos en instrucción se regularizara y permitiera el normal desahogo de las cargas de trabajo jurisdiccionales, sin que ese plazo excediera el mes de febrero de 2025.

Por lo anterior, fue hasta fue hasta el 12 de febrero del presente año cuando esta Sala Monterrey emitió sentencia, en la cual se reconoció la existencia de la relación laboral que el hoy inconforme tuvo con el INE por el periodo transcurrido del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2023.

2.2. Ahora bien, la presente controversia se originó con el oficio de 28 de mayo de la presente anualidad, por el que el ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia comunicó al impugnante la negativa de pago de la compensación por término solicitada al considerarla improcedente, derivado de que a la fecha en la que concluyó su relación laboral con el instituto, tenía promovida una controversia de carácter judicial, la cual no versó sobre el pago de dicha prestación.

Inconforme, la parte actora refiere, esencialmente, lo siguiente: i) la determinación controvertida se encuentra indebidamente justificada, aunado a que resulta arbitraria pues, si bien al momento en que solicitó el pago de la compensación por término tenía promovido un juicio laboral, lo  cierto es que la causa de su renuncia derivó de un problema de salud, lo que le imposibilitó esperar a la emisión de la sentencia para terminar su relación con el instituto, ii) señala que no se encontró en alguno de los supuestos de improcedencia dispuestos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del INE y iii) estima que el oficio reclamado no señala elementos objetivos sobre hechos o consideraciones concretas que justifiquen la negativa de pago.

Por su parte, el INE señala que se le debe absolver del pago de la compensación por término, toda vez que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el Manual de Normas, la cual establece que el pago de dicha prestación no procede cuando las personas que han dejado de prestar sus servicios al Instituto tienen una controversia de carácter judicial a la fecha de su renuncia, siempre y cuando la misma no verse sobre el pago solicitado, lo cual aconteció en el presente caso.

Asimismo, refiere que la prestación reclamada consiste en un beneficio adicional a los garantizados en el marco constitucional y legal, por tanto, no es dable hacer un ejercicio o control constitucional de contraste entre las normas extralegales, además, el INE menciona que, con independencia a la causal de improcedencia, la parte actora incumple con el requisito de contar con la recomendación de pago prevista en el Manual de Normas.

3. Valoración

3.1 Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE emitir una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral, en la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Manual de Normas, sin tomar en cuenta el requisito consistente en que, al momento de la solicitud, no se tuviera un juicio en trámite contra el Instituto, porque, en el caso, el hecho de que al momento en que presentó su solicitud de pago, tuvo un juicio en trámite, obedeció a una situación extraordinaria debido a la suspensión de plazos establecidos en la Ley de Medios, derivado del desarrollo del proceso electoral de 2023-2024, por tanto, tal situación no es imputable al inconforme, aunado a que si se hubiese desarrollado el cómputo ordinario de plazos, a la fecha de la presentación de su renuncia y la referida solicitud, dicho juicio ya habría sido resuelto.

Al respecto, es importante señalar que, si bien en su demanda la parte actora no presenta un planteamiento relativo a los plazos ordinarios de tramitación y resolución de los juicios laborales, en suplencia de la queja, este órgano jurisdiccional advierte que, si se hubiese seguido el cómputo establecido en la Ley de Medios a la fecha en que el inconforme presentó su solicitud de pago de la compensación por término, ya habría existido una resolución de su juicio laboral y, en vía de consecuencia, no se habría actualizado la causal de improcedencia señalada por el instituto demandado.

En efecto, tal como se estableció en los antecedentes de la controversia actual, la parte actora presentó un juicio laboral el 30 de mayo de 2024 y su demanda fue admitida el 6 de junio siguiente, fecha en la que se emplazó al INE para que presentara su escrito de contestación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del escrito de la parte actora.

Posteriormente, el 21 de junio siguiente, el INE presentó su escrito de contestación, por lo que, de seguir el cómputo ordinario de los plazos, la Sala competente debe citar a la audiencia, dentro de los 15 días hábiles siguientes a recibir dicha contestación tal como lo establece el artículo 101 de la Ley de Medios.

Previendo lo anterior, este órgano jurisdiccional hubiese tenido que celebrar la audiencia del juicio laboral, a más tardar, el 12 de julio de 2024 y emitir una resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes, es decir, el 26 de julio siguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Medios.

No obstante, al estar dentro del desarrollo del proceso electoral federal y locales de 2023-2024, esta Sala Regional emitió un acuerdo de suspensión de plazos previstos para la resolución de los juicios laborales, los cuales se reanudaron en octubre y, en tal sentido, la audiencia prevista ordinariamente para julio se aplazó hasta el 15 de noviembre y, en consecuencia, la sentencia correspondiente, se emitió hasta febrero del presente año.

Por lo anterior, el 9 de agosto de 2024, fecha en que la parte actora presentó su renuncia y la solicitud del pago por compensación, el juicio laboral que interpuso desde el mes de mayo de dicho año, aun se encontraba en trámite.

Finalmente, debe desestimarse lo señalado por el INE en su contestación de demanda respecto a que la parte actora no cuenta con el requisito de recomendación de pago previsto en el Manual de Normas, toda vez que dicha precisión no fue la razón por la cual la autoridad negó la compensación solicitada, por tanto, no puede ser objeto de análisis en el presente juicio, además de que en la contestación de demanda no se pueden señalar precisiones adicionales a las que en su caso se señalaron en el acto impugnado.

De ahí que este órgano jurisdiccional estima que si bien, a la fecha en que el inconforme presentó su solicitud de pago por compensación, tenía promovida una controversia jurisdiccional en contra del instituto demandado, dicha situación no le es imputable y, en vía de consecuencia, debe condenarse al INE para emitir una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral, en la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Manual de Normas, sin tomar en cuenta el requisito consistente en que, al momento de la solicitud, no se tuviera un juicio en trámite contra el Instituto.

Apartado III. Efectos

Se condena al instituto demandado emitir una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral, en la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Manual de Normas, sin tomar en cuenta el requisito consistente en que, al momento de la solicitud, no se tuviera un juicio en trámite contra el Instituto.

Para cumplir con lo anterior, el instituto demandado deberá emitir, a la brevedad, una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral descrita en este apartado y, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, posteriores a la notificación de este fallo, dar cumplimiento al resto de las actuaciones ordenadas por este órgano jurisdiccional, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo lo indicado, lo cual deberá informar, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo las acciones ordenadas, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

Resuelve

Primero. Se revoca la determinación controvertida.

Segundo. Se condena al Instituto Nacional Electoral a emitir una nueva determinación sobre la procedencia del pago de la compensación por término de la relación laboral en los términos del presente fallo.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrante de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar y la Secretaria General de Acuerdos en funciones de Magistrada, María Guadalupe Vázquez Orozco, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones Gerardo Alberto Álvarez Pineda, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.