JUICIO PARA dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto NACIONAL Electoral

EXPEDIENTE: SM-JLI-50/2024

PARTE ACTORA: MARÍA MAGDALENA ROCHA ZARAGOZA

DEMANDADO: Instituto NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: Ernesto Camacho ochoa

SECRETARIado: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO y ana cecilia lobato tapia

Monterrey Nuevo León, a 27 de febrero de 2025.

Sentencia de la Sala Monterrey que reconoce la existencia de la relación laboral entre María Magdalena Rocha Zaragoza y el INE en el periodo determinado y, por tanto: I. se condena al INE para el efecto de que: a. reconozca la antigüedad de la trabajadora en el periodo acreditado, b. pague la prima vacacional del ambos periodos de 2023, c pague la prestación de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, prima quinquenal y vales de fin de año; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia y II. se absuelve al INE de: a) el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado y b) pagar las prestaciones que resultaron improcedentes, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Glosario

Competencia y estudio de las excepciones

I. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio porque se trata de una controversia sobre la negativa del reconocimiento de la relación laboral que tiene la impugnante en el cargo que desempeña y una Junta Distrital del INE en el Estado de Aguascalientes, entidad en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[1].

II. Excepciones

La parte actora solicita el reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado, con base a la resolución del juicio laboral previo, en el que esta Sala Regional determinó que el servicio que ella presta como Operadora de Equipo Tecnológico constituye un vínculo laboral entre las partes y dicho cargo continúa ostentando actualmente.

Al respecto, el INE, en su contestación de demanda, hizo valer las siguientes excepciones: a) falsedad en los hechos manifestados por la parte actora, b) falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral, c) falta de legitimación para reclamar el pago de prestaciones extralegales, d) falta de acción y de derecho para reclamar el pago de vacaciones y prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023, ya que no existió relación de trabajo entre las partes, e) la de goce y disfrute de vacaciones del primer y segundo periodos de 2023, f) falta de acción y derecho para reclamar el pago de despensa y apoyo de despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año de 2023 y prima quinquenal, en virtud que la relación jurídica fue de manera civil y g) pago de las prestaciones extralegales, respecto al periodo comprendido del 19 de mayo al 5 de julio de 2023[2].

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que las excepciones que señala el INE están dirigidas a evidenciar la inexistencia de una relación laboral entre las partes y, por tanto, la falta de derecho de la parte actora para reclamar las prestaciones, de manera que el análisis se realizará por esta Sala en el fondo de la cuestión planteada.

En ese sentido, los argumentos del INE serán analizados en el apartado de estudio de fondo, por ser cuestión del problema jurídico a resolver.

Antecedentes[3]

I. Contexto sobre el inicio del vínculo entre la parte actora y el INE

A. Primer medio de impugnación

1. Presentación de la demanda. El 24 de marzo de 2023, la parte actora presentó demanda ante esta Sala Monterrey, en la que solicitó i. reconocimiento de la relación laboral con el INE por tiempo indeterminado, ii. una plaza presupuestal, iii. la inscripción retroactiva ante el ISSSTE, así como el pago de cuotas y aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE desde el inicio de la relación laboral y iv. la entrega de una constancia laboral.

Adicionalmente, reclamó el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal y la correcta integración de la percepción mensual.

2. Primera Resolución. El 18 de mayo de 2023, esta Sala Monterrey reconoció la existencia de la relación laboral entre la parte actora y el Instituto demandado por los periodos: i) del 16 de marzo al 15 de abril de 2014, ii) del 1 al 15 de mayo de 2014, iii) del 1 de septiembre de 2014 al 15 de junio de 2015, iv) del 1 de septiembre de 2015 a la fecha de la citada resolución, por lo que, por un lado condenó al INE: a) al reconocimiento de la existencia de la relación laboral de las partes en los periodos indicados, b) reconocer la antigüedad, así como la entrega de la constancia de servicios a la parte actora, c) realizar la inscripción retroactiva al ISSSTE y FOVISSSTE, pagando las cuotas obrero-patronales a la seguridad social, d) pagar la prima vacacional correspondiente a la primera y segunda parte de 2022, e) el pago de las prestaciones económicas detalladas en la sentencia, y, por otro lado, se consideró inviable reconocer la relación laboral por tiempo indeterminado, y absolvió al Instituto demandado del pago de las prestaciones cuyo reclamo prescribió o se acreditó el pago respectivo[4].

B. Segundo medio de impugnación

1. La parte impugnante afirma que desde el 19 de mayo de 2023 (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023) continúa laborando en la Junta Distrital como Operadora de Equipo Tecnológico “A2”[5].

2. Presentación de la demanda. El 29 de febrero de 2024[6], la parte inconforme, por conducto de su apoderado legal, presentó ante esta Sala Monterrey demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus trabajadores, en la que solicitó el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado como trabajador del Instituto demandado a partir del 19 de mayo de 2023.

Adicionalmente, la parte impugnante reclamó el pago de vacaciones, prima vacacional, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos y prima quinquenal[7].

3. Contestación de la demanda, vista a la actora, citación de audiencia. El 21 de marzo de 2024, el INE contestó la demanda, ofreció pruebas y manifestó excepciones y defensas. El 22 siguiente, se dio vista a la parte actora y se citó a audiencia a las partes, para lo cual se señalaron las 13:00 horas del 11 de abril del año en curso, misma que se desahogó conforme a la ley y, en el mismo día, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de sentencia.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. La parte actora afirma que desde el 19 de mayo de 2023 (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023) continúa laborando en la Junta Distrital como Operadora de Equipo Tecnológico “A2”[8].

2. Por su parte, el INE, en su contestación, señala que, contrario a lo planteado por la parte actora, el vínculo que los unió fue de naturaleza civil, pues se celebraron contratos de prestación de servicios y, por lo tanto, no tiene derecho a las prestaciones reclamadas.

3. En ese sentido, la controversia a resolver consiste en determinar: i. la naturaleza del vínculo jurídico entre la parte actora y el INE, a fin de establecer si es de carácter civil o laboral y ii. la vigencia o duración del vínculo entre las partes, con el objeto de fijar el periodo que servirán de sustento para, de ser el caso, emitir un pronunciamiento respecto al pago de las prestaciones que resulten procedentes.

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey reconoce la existencia de la relación laboral entre María Rocha y el INE en el periodo determinado y, por tanto: I. se condena al INE para el efecto de que: a. reconozca la antigüedad de la trabajadora en el periodo acreditado, b. pague la prima vacacional del ambos periodos de 2023, c. pague la prestación de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, prima quinquenal y vales de fin de año; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia, y II. se absuelve al INE de: a) el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado y b) pagar las prestaciones que resultaron improcedentes, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

1. Marco normativo de los elementos de una relación laboral

Los elementos esenciales para configurar una relación de trabajo son: a. la prestación de un trabajo personal que implica realizar actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio del empleador, b. la subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio (el trabajador o trabajadora), y c. el pago de un salario en contraprestación por el trabajo realizado.

En ese tema, es importante destacar que el legislador dispuso una especial tutela en favor de los trabajadores, en general, a éstos se les exime de probar ciertos hechos o actos y al patrón se le atribuye expresamente la carga de probar, aunque se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador. Incluso, al patrón le corresponde demostrar el tiempo laborado (artículo 784, de la LFT[9]).

De manera que, cuando existe controversia sobre la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, la carga de la prueba corresponde al patrón, al negar la relación laboral, porque lleva implícita la afirmación de que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye la parte actora, entonces, la parte patronal debe probar la naturaleza de la relación jurídica, por ser la que tiene a su alcance los elementos de prueba necesarios para esclarecer la verdad de los hechos[10].

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que, para definir la relación jurídica existente entre el trabajador o trabajadora y el instituto demandado, adquieren relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente o eventual.

También, la Sala Superior ha señalado que el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los “prestadores de servicios”[11].

2. Marco normativo sobre la acreditación de los periodos de relación entre los trabajadores y el INE

La Sala Regional ha sostenido que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida. La razón fundamental es que, en términos del artículo 784, fracción II, de la LFT, de aplicación supletoria, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello[12].

Corresponde a las partes acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones, y en cuanto a la carga de la prueba, en efecto, debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido.

En ese sentido, si bien esta Sala Monterrey ha sostenido en algunos casos que cuando las partes reconocen la existencia de un vínculo jurídico de la naturaleza que fuere, se genera una presunción de existencia (salvo prueba en contrario) a favor de la parte trabajadora, para que existan bases sobre las cuales pueda operar válidamente esta presunción, es necesario que la parte actora exprese o detalle los hechos en los que funda su derecho, es decir, debe, mínimamente, afirmar los hechos concretos en los que funda sus pretensiones, esto es, explicar cuáles fueron los cargos que desempeñó durante cada periodo que pretende acreditar la relación laboral, sin que sea válida únicamente una afirmación genérica del tiempo en que inició su relación y que se llevó de manera continua.

Incluso, ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que, si bien conforme al primer párrafo del artículo 784 de la LFT, se eximirá de la carga de la prueba a la persona trabajadora, cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona trabajadora; lo cierto es que, ese principio no opera inmediatamente, pues es necesario que las partes cumplan con sus respectivas cargas procesales para acreditar sus pretensiones; es decir, la persona trabajadora debe ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones y/o defensas formuladas por el demandado, justamente porque la autoridad laboral no puede, oficiosamente, perfeccionar y/o adminicular medios de convicción que no han sido debidamente ofertados[13].

Tema i. Naturaleza de la relación entre la parte actora y el INE

La parte actora afirma que desde el 19 de mayo de 2023 (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023) continúa laborando en la Junta Distrital como Operadora de Equipo Tecnológico “A2”[14].

El INE, en su escrito de contestación de demanda, hace valer la improcedencia de reclamar el reconocimiento de la relación laboral, a partir del 19 de mayo de 2023 […]por lo que contrario a lo sostenido por la parte actora dicho contrato no presupone la existencia de relación de naturaleza diversa a la civil.

Esta Sala Monterrey considera que la naturaleza de la relación que existió entre la parte actora y el INE durante el periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023 es de carácter laboral, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, en cuanto a los hechos narrados y las pruebas aportadas por las partes, así como que la parte actora continúa trabajando o prestando sus servicios en las mismas condiciones de la relación laboral acreditada en la ejecutoria anterior (SM-JLI-29/2023).

En efecto, este órgano constitucional considera que la relación es de naturaleza laboral porque, aun cuando está acreditada la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales, lo cierto es que se cumple con los elementos correspondientes: a. prestación de un trabajo personal, b. pago de una contraprestación (salario), y c. subordinación, en atención a las siguientes consideraciones.

a. Prestación de un trabajo personal

De acuerdo con los elementos de prueba que existen en el expediente, esta Sala Monterrey advierte que, durante el tiempo que la parte actora prestó sus servicios al INE, desempeñaba las siguientes actividades:

Operadora de equipo tecnológico A2. Atender al ciudadano, capturar la información que este proporcione y entregar la credencial para votar a sus titulares, actualizando en la base de datos del SIIRFE_MAC. Realizar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables[15].

b. Pago de una contraprestación (salario)

Esta Sala Monterrey considera que existió el pago de una contraprestación por los servicios que la parte actora prestó al INE, porque del contrato analizado se advierte que el Instituto demandado otorgó un pago a la parte inconforme por las actividades desempeñadas por el tiempo establecido en el instrumento contractual.

Lo anterior, porque del contrato presentado se advierte que la parte actora recibió un pago por los servicios prestados, de ahí que, por sus actividades, obtuvo un salario[16].

c. Subordinación

Esta Sala Monterrey considera que, en el caso, se actualiza la subordinación, porque del contrato se advierte que el Instituto fue quien determinó el objeto de materia de los contratos celebrados, el cargo que asignaría a la parte demandante, la obligación de sujetarla a una revisión periódica de informes y le concedió el pago de una retribución económica de manera periódica.

De ello deriva que existía una subordinación de la impugnante al Instituto demandado, pues su actividad estaba condicionada a los parámetros y lineamientos que éste le estableció, sometiéndola a procesos de supervisión y aprobación del personal que le representaba[17].

Dado que la naturaleza de esas actividades se vincula con las funciones de actualización del padrón electoral y se utilizan herramientas propiedad del Instituto para ejecutarlas, es claro que deben ser supervisadas, orientadas y coordinadas por los funcionarios de mando del propio Instituto, y no se enmarcan en la prestación de servicios de naturaleza civil, en la cual la prestadora “por sus propios medios y habilidades” ejecuta el servicio encomendado.

Ahora bien, las denominaciones del cargo y las funciones establecidas en el contrato permiten concluir que, las mismas se vinculaban con las actividades permanentes de la función electoral.

En ese contexto, la naturaleza de las actividades, el establecimiento de un lugar de labores y el ejercicio de las facultades de supervisión por parte del Instituto demandado, constituyen elementos que desacreditan la supuesta autonomía en la relación jurídica, que aduce la parte demandada.

Por tanto, como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que se actualiza el elemento de subordinación, pues de las funciones realizadas por la actora descritas con anterioridad se aprecia que desempeñó actividades vinculadas con la función electoral y distintos procesos institucionales que no fueron de índole especial o esporádica, sino para cubrir necesidades permanentes del Instituto demandado, actividades que, incluso, no cubrió con recursos propios sino con los medios proporcionados en su lugar de trabajo, y que los realizó bajo la supervisión del personal del INE.

En ese sentido, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, se tiene que el vínculo que la actora ha sostenido con el INE, respecto de los cargos analizados en este apartado, es de naturaleza laboral.

Sin que el hecho de que el vínculo entre la actora y el INE se hubiera acreditado mediante la celebración de contrato de prestación de servicios profesionales, por tiempo determinado, porque, conforme a la doctrina judicial desarrollada por la Sala Superior, el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los prestadores de servicios, es decir, lo que realmente se toma en consideración para establecer el tipo de relación (laboral o civil) y la permanencia se basa esencialmente en las actividades pactadas en el contrato y no en la denominación que se le otorgue al instrumento mediante el cual se perfecciona el vínculo.

En virtud de lo expuesto, es innecesario el estudio de las restantes excepciones y defensas que hace valer el Instituto demandado y que dependían de la inexistencia de la relación laboral pues, en términos del caudal probatorio que obra en autos, quedó comprobado ese vínculo.

Tema ii. Determinación de la vigencia de la relación laboral entre las partes y el tipo de contratación (determinado o indeterminado)

La parte actora refiere que, derivado de la continuidad laboral que ha mantenido con el INE, debe reconocérsele una relación de tiempo ininterrumpido para el efecto de que se le acredite como trabajadora.

El INE, frente a las afirmaciones de la parte impugnante, al dar contestación a la demanda, reconoció que a partir del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023 la parte impugnante continuó prestando sus servicios bajo el régimen de honorarios regulados por la legislación civil[18], además, precisó que, a partir del 1 de enero de 2024, se le otorgó una plaza presupuestal por designación directa[19].

Al respecto, esta Sala Monterrey, al realizar el análisis de las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, advierte que la parte actora, en su escrito de demanda, de manera genérica, expone que desde el 19 de mayo de 2023 (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023) ha mantenido una relación ininterrumpida con el INE y, para acreditar su afirmación, entre otros elementos, recibos de pago, etc.; por su parte, el INE aporta un contrato, como a continuación se esquematiza:

De la anterior tabla se advierte que la parte actora, de manera genérica y aportando algunos elementos de prueba, señala que sigue manteniendo un vínculo laboral ininterrumpido con el INE desde el 19 de mayo de 2023 (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023), asimismo, se obtiene que el INE reconoce que celebró contrato de prestación de servicios profesionales con la parte impugnante, para lo cual aportó el instrumento contractual celebrado entre ambas partes.

No pasa inadvertido para esta Sala Monterrey que el INE reconoce que la parte impugnante continúa prestando sus servicios y que, a partir del 1 de enero de 2024, se le incorporó como personal de plaza presupuestal.

Asimismo, se obtiene que el INE reconoce que celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con la parte actora, para lo cual aportó el instrumento contractual celebrados entre ellos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1. Periodo donde se acredita la existencia de una relación laboral

Con base en la respuesta del INE, donde acepta la existencia de la relación o vínculo con la parte actora, las pruebas aportadas y la acreditación de los elementos de la naturaleza de la relación entre las partes, esta Sala Monterrey considera que se acredita la existencia de la relación laboral entre las partes por tiempo determinado del 19 de mayo al (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023) al 31 de diciembre de 2023.

Ello, porque, como se indicó, existen elementos como el reconocimiento del propio Instituto demandado, un contrato, recibos de nómina, entre otros, que revelan la existencia de una relación de carácter laboral entre la parte actora y el INE por el periodo precisado.

Máxime a que, en el juicio laboral (SM-JLI-29/2023), se acreditó la relación laboral entre las partes en diversos periodos, siendo el último del 1 de septiembre de 2015 al 18 de mayo de 2023, es decir, el contrato de prestación de servicios firmado el 1 de enero de 2023 y que rigió la relación entre el INE y la parte impugnante en el año 2023, fue considerado como laboral.

Por tanto, existe convicción plena para este órgano jurisdiccional de que la relación laboral entre la parte actora y el Instituto demandado está demostrada por lo que hace al periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

2. Formalización de la relación laboral por tiempo indeterminado y nombramiento de plaza presupuestal

La actora solicita el reconocimiento de la relación laboral del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023, en virtud de la subsistencia de la naturaleza laboral desempeñada y reconocida en el expediente SM-JLI-29/2024.

El INE, al dar contestación a la demanda, señaló que, considera que eso no es así porque, a pesar de que la impugnante, a partir del 1 de enero de 2024, ingresó como trabajadora al régimen de plaza presupuestal, resulta improcedente el reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado, ya que ello se contrapone al régimen de confianza con que cuentan todos los trabajadores del INE.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado solicitado por la parte inconforme es improcedente.

Lo anterior, porque, a diferencia de otros asuntos, en tanto no exista prueba de la existencia de un contrato por tiempo determinado, en el presente caso, se considerará la relación laboral entre la promovente y el instituto demandado por tiempo indeterminado, pues se tiene constancia que, a partir del 1 de enero de 2024, la parte actora obtuvo una plaza de la Rama Administrativa[22], por lo que su pretensión de que se le reconozca una relación laboral por tiempo indeterminado ha sido colmada[23].

Tema iii. Prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral

I. Reconocimiento de antigüedad

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE a reconocer la antigüedad de la parte inconforme del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

Por lo que, al acreditarse la existencia de una relación laboral entre las partes, necesariamente debe condenarse al INE al reconocimiento de su antigüedad, pues el derecho al mismo no se extingue por falta de ejercicio, mientras subsista la relación laboral, pues esta se actualiza cada día que transcurre, y la adquieren los trabajadores desde el primer día de labores[24].

En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de una relación entre las partes por el periodo precisado en la presente sentencia, lo procedente es condenar al instituto demandado al reconocimiento de la antigüedad, pues como se señaló, la falta de ejercicio de esa acción no extingue el derecho de la parte actora de que le sea reconocida.

Esta Sala Monterrey considera que debe reconocerse la antigüedad de la parte actora por el periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

II. Goce de vacaciones y pago de prima vacacional

1.1. Vacaciones del primer y segundo periodos de 2023

La parte actora reclama el pago de las vacaciones correspondientes al primer y segundo periodos del año 2023.

El INE, en su contestación a la demanda, señaló que es improcedente el pago de las prestaciones de vacaciones y prima vacacional, asimismo, opone las excepciones de falta de acción y derecho, dada la naturaleza civil del vínculo jurídico que ha existido entre la parte actora y el Instituto demandado, pues dichas prestaciones solamente son otorgadas a los trabajadores del INE, calidad de la que no goza el actor, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 48 del Estatuto[25].

Además, opone la excepción de goce y disfrute, pues indica que la promovente disfrutó de la totalidad de los periodos vacacionales correspondientes, remitiendo para acreditar su dicho, copia certificada de 3 solicitudes de vacaciones: 1) del 17 al 21 de abril de 2023, correspondiente al primer periodo 2023, 2) 17 al 21 de julio de 2023, correspondiente al primer periodo 2023 y del 3) del 26 de febrero al 8 de marzo de 2024, correspondiente al segundo periodo de 2023[26].

1.2. Resolución previa

En principio, es preciso señalar que, es un hecho notorio[27], que en el juicio SM-JLI-29/2023, en lo que interesa, esta Sala Monterrey analizó la prestación consistente en el pago de vacaciones reclamadas en dicho asunto, para lo cual se tuvo por reconocida la relación laboral por diversos periodos, sin embargo, en ese caso, la relación de la parte actora con el INE, respecto del último vínculo contractual, fue continua desde el 1 de septiembre de 2015.

En ese sentido, conforme a lo considerado en la presente sentencia, esto es, que se reconoce que el vínculo contractual entre la parte actora y el INE ha sido continuo desde la resolución anterior, y en atención a que la parte actora reclama las vacaciones correspondientes al primer y segundo periodos de 2023, se tiene que el primer periodo laboral de 2023 inició el 1 septiembre de 2023, por lo que el derecho a gozar vacaciones se generó, el 1 de marzo de 2024 (a los 6 meses del inicio de la relación), y se volverán exigibles, judicialmente, con posterioridad al 1 de septiembre de 2024 (a los 12 meses).

1.3 Valoración

En atención a lo anterior, le asiste la razón al INE respecto a las excepciones que opone por cuanto al primer y segundo periodos de vacaciones de 2023, porque del expediente de la parte actora se advierte que ésta solicitó al INE el goce y disfrute de los referidos periodos vacacionales.

En efecto, el INE manifestó que la parte actora gozó de sus vacaciones, toda vez que de las constancias que integran el expediente, se advierten copias certificadas de 3 solicitudes de vacaciones: 1) del 17 al 21 de abril de 2023, correspondiente al primer periodo 2023, 2) 17 al 21 de julio de 2023, en relación al primer periodo 2023 y del 3) del 26 de febrero al 8 de marzo de 2024, relativo al segundo periodo de 2023, las cuales el INE aprobó y, por tanto, no podría ordenarse el disfrute y, consecuentemente, tampoco el pago de las mismas.

Al respecto, el INE aportó 3 solicitudes de vacaciones, de las que se advierte que la parte actora disfrutó de diversos periodos vacacionales: 1) 17 al 21 de abril de 2023, 2) 17 al 21 de julio de 2023 y 3) 26 de febrero al 8 de marzo de 2024[28].

Es importante señalar que esa probanza no fue objetada en cuanto la falta de firma autógrafa de la solicitud de vacaciones del primer periodo de 2023, correspondiente del 17 al 21 de julio de 2023, toda vez que la parte actora sostiene que son insuficientes las pruebas aportadas por el INE para acreditar el disfrute de las vacaciones, al considerar que el medio idóneo para comprobar el goce de esa prestación es el Kardex[29].  

Esto, pues, aunque la Sala Superior ha considerado que la impresión del Sistema Control de Vacaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración (Kardex), es el documento idóneo con el que se acredita el goce de vacaciones de los trabajadores del INE[30], en términos de lo dispuesto en el artículo 599 del Manual[31], lo cierto es que dicho documento no es la única forma de acreditar el disfrute de las vacaciones, en tanto que, como ya se expuso, ha sido criterio de esta Sala Monterrey[32] que lo relevante es ofrecer medios de prueba para demostrar que esas fechas se autorizaron a la persona trabajadora, carga probatoria que cumplió el INE, en términos de lo dispuesto en el artículo 784, fracción X, de la LFT[33].

De ahí que, se acredite que la parte actora solicitó al INE el goce y disfrute del primer y segundo periodos de vacaciones de 2023.

1.4. Prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023

Por otra parte, debe condenarse al Instituto demandado al pago de la prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023, porque el pago de esa prestación debe ser aplicado en las quincenas 12 y 24, es decir, en la segunda quincena de los meses de junio y diciembre, respectivamente, de cada año, sin embargo, el INE no acreditó haber realizado el pago correspondiente.

De ahí que, por las circunstancias específicas de este asunto, procede ordenar su pago, en atención al principio de justicia completa, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General, y toda vez que, se reitera, el INE reconoció genéricamente que no se cubrió esa prestación, al considerar que la parte actora no tenía derecho a recibirla, sobre la base de que el vínculo que les une es de naturaleza civil, aspecto que ya se desestimó.

Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JLI-17/2020 y SUP-JLI-27/2020, y esta Sala Monterrey en los juicios SM-JLI-1/2020, SM-JLI-19/2021, y SM-JLI-21/2022, entre otros.

IV. Prestaciones extralegales

1. Despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos

1.1. Pago de las prestaciones de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple

La parte actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple por el periodo laborado a partir del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

El INE opuso la excepción de pago, derivado de que en la sentencia previa (SM-JLI-29/2023), esta Sala Regional lo condenó a pagar dichas prestaciones hasta la fecha en que se diera cumplimiento a la resolución, lo cual aconteció el 5 de julio de 2023, por lo que señala que, en todo caso, solo podrá condenarse al pago de las prestaciones a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2023, en atención al cambio de situación jurídica de la accionante[34].

Esta Sala Monterrey considera que operó la excepción del pago invocada por el INE, dado que el Instituto demandando demostró que realizó el pago de las prestaciones de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple del 19 de mayo al 5 de julio de 2023, por lo que, debe condenarse al INE al pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple, a partir del 6 de julio al 31 de diciembre de 2023, al no advertirse de autos la liquidación de dichas prestaciones.

Lo anterior, porque la despensa se otorga al personal operativo, de mando y homólogos desde el ingreso del personal de plaza presupuestal, con excepción del Consejero o Consejera Presidenta y Consejeras o Consejeros Electorales, y consiste en un monto fijo que se otorgará quincenalmente y se integra bajo dos conceptos, Despensa Oficial y Apoyo para despensa[35].

Por su parte, la ayuda de alimentos es una prestación que se otorgará al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos. El pago de esta prestación se realizará de manera quincenal, a través de la nómina, desde el ingreso del Personal de Plaza Presupuestal al INE, y por su naturaleza de previsión social, exenta de gravamen[36].

La ayuda para alimentos consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos de manera quincenal, la cual únicamente se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo[37].

Y, por último, respecto a la previsión social múltiple, los artículos 248 y 249 del citado Manual señalan que es una prestación adicional que se otorga al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que tiene por objeto coadyuvar al gasto familiar.

El pago de esta asignación se efectúa quincenalmente, desde el ingreso del personal en plaza presupuestal, mediante la nómina y se ajustará al Clasificador por Objeto del Gasto del Instituto demandado vigente, y que por su naturaleza está exenta de gravamen alguno.

De lo anterior, se advierte que no existen mayores requisitos o condiciones para el pago de las referidas prestaciones que ser personal operativo, condicionante que cumple la parte actora al reconocer este órgano jurisdiccional que su vínculo con el INE fue de carácter laboral.

Al respecto, si bien, la parte actora reclama el pago de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple a partir del 19 de mayo del 2023, lo cierto es que como consecuencia del juicio laboral anterior (SM-JLI-29/2023), el INE pagó dichas prestaciones hasta el 5 de julio de 2023.

Lo anterior, porque es un hecho notorio[38] que, en cumplimiento a la resolución el juicio laboral SM-JLI-29/2023, el INE pagó dichas prestaciones hasta el 5 de julio de 2023, como se demuestra a continuación.

De ahí que, lo procedente, al haber acreditado que existe una relación laboral entre el Instituto y la parte actora desde el 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023 y que el INE pagó dichas prestaciones hasta el 5 de julio del citado año, es condenar al INE al pago a partir del 6 de julio al 31 de diciembre de 2023.

1.2. Vales de fin de año

La parte actora solicita el pago de los vales de fin de año de 2023.

El INE niega la acción y derecho de la parte actora para reclamar el pago de dicha prestación, y en especial la que corresponde al año anterior a la presentación de la demanda, pues no existe ni ha existido relación laboral entre la inconforme y el Instituto demandado, ya que el vínculo jurídico entre las partes es de naturaleza civil, derivado de la suscripción de contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, por lo que la trabajadora no ha generado el derecho para que se le otorgue la prestación reclamada.

Esta Sala Monterrey considera que no le asiste la razón al INE y se le debe condenar a pagar el monto que la Dirección Ejecutiva de Administración hubiere determinado, por concepto de vales de fin de año correspondientes a 2023.

Lo anterior, porque el Manual establece que los trabajadores, para recibir esta prestación, deben tener una antigüedad mínima de 6 meses ininterrumpidos en plaza presupuestal, cumplidos a la fecha de pago y encontrarse en activo a la fecha del pago.

En el caso, al acreditarse la relación laboral entre la parte actora y el INE, esta Sala Monterrey advierte que la parte inconforme cumple con los requisitos previstos para hacerse acreedor al pago de la prestación correspondiente, ya que tenía una antigüedad mayor a 6 meses ininterrumpidos y estuvo en activo durante todo el año 2023[39], según se acredita en la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023 y en la presente sentencia.

Aunado a que, en el expediente no existe documentación alguna de la cual sea posible advertir que se hubiera pagado dicha prestación correspondiente a 2023.

1.3. Prima quinquenal

La parte inconforme solicita el pago de la prima quinquenal del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

El INE opuso la excepción de pago, porque afirma que pagó dicha prestación respecto del 24 de marzo de 2022 al 5 de julio de 2023, además negó la acción y derecho de la parte impugnante para reclamar el pago de dicha prestación con posterioridad al 6 de julio de 2023, porque no ha existido una relación laboral entre las partes, pues la naturaleza del vínculo jurídico entre la parte actora y el Instituto demandado es de naturaleza civil, por lo que la inconforme nunca ha generado el derecho para que le sea cubierta la prima quinquenal.

Además, señala que esta prestación debe ser requerida por primera ocasión a la Dirección de Personal mediante solicitud y documento que acredite la antigüedad, y en el caso, la parte impugnante no acredita haber presentado la solicitud de pago de prima quinquenal, por lo que, en el mayor de los casos, se deberá dejar a salvo los derechos de la parte actora para que, solicite por primera ocasión el pago de dicha prestación. 

Esta Sala Monterrey considera que operó la excepción del pago invocada por el INE, dado que el Instituto demandando demostró que realizó el pago de la prima quinquenal del 19 de mayo al 5 de julio de 2023, por lo que, debe condenarse al INE al pago de la prima quinquenal, a partir del 6 de julio al 31 de diciembre de 2023, al no advertirse de autos la liquidación de dichas prestaciones.

Ello, porque, como se mencionó en el apartado anterior, está acreditado en autos que el INE, en cumplimiento a lo ordenado por la resolución del juicio laboral SM-JLI-29/2023, realizó el pago de la prima quinquenal hasta el 5 de julio de 2023, como se demuestra:

De ahí que, lo procedente es que el INE pague a la actora la prima quinquenal a partir del 6 de julio al 31 de diciembre de 2023, porque dicha prestación es un complemento al sueldo que se otorga en razón de la antigüedad a las y los servidores públicos, por cada 5 años de servicios efectivos prestados a la federación hasta llegar a veinticinco años, concepto que se acumula con el sueldo base para efecto del cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social (artículo 318, del Manual[40]).

Con independencia de las manifestaciones del instituto demandado, en cuanto a que se le otorgó a la parte impugnante una plaza presupuestal por designación directa a partir del 1 de enero de 2024 porque, como se indicó, no aportó debidamente elemento de prueba a fin de tener por demostrada su afirmación, por tanto, en todo caso, para el cumplimiento del presente fallo, deberá demostrar que la parte impugnante recibió el pago de dichas prestaciones.

Apartado III. Efectos

A. Toda vez que la parte impugnante acreditó parcialmente las acciones y el INE no demostró sus excepciones y defensas, se condena al Instituto demandado a:

1. Reconocer la antigüedad de la parte impugnante por cuanto al periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

Lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo las acciones ordenadas, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

2. Pagar la prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023.

4. Pagar las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal del 6 de julio al 31 de diciembre de 2023, así como los vales de fin de año de 2023.

Para cumplir con lo anterior, el Instituto demandado deberá realizar a la brevedad el pago de las prestaciones económicas descritas en este apartado y, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, posteriores a la notificación de este fallo, dar cumplimiento al resto de las actuaciones ordenadas por este órgano jurisdiccional, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo lo indicado, lo cual deberá informar, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo las acciones ordenadas, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

B. Toda vez que la parte impugnante no acreditó las acciones y el INE demostró sus excepciones y defensas, deberá absolverse al Instituto demandado lo siguiente:

1. Del reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado.

2. Reconocer el derecho de la parte actora al goce y disfrute de vacaciones del primer y segundo periodos de 2023.

3. Pagar las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal del 24 de marzo de 2022 al 5 de julio de 2023.

Resolutivos

Primero. Se reconoce la antigüedad de la parte actora por el periodo del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2023.

Segundo. Se condena al Instituto Nacional Electoral al reconocimiento de antigüedad del periodo identificado, de acuerdo con los razonamientos y efectos indicados en la presente ejecutoria.

Tercero. Se condena al Instituto Nacional Electoral al pago de la prima vacacional, vales de fin de año, despensa, ayuda de alimentos, previsión social múltiple y la prima quinquenal, en los términos precisados en el apartado A de los efectos de la presente sentencia.

Cuarto. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral del reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado, del goce y disfrute de vacaciones, así como de las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal, en términos de la presente ejecutoria.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.