JUICIO PARA dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto NACIONAL

EXPEDIENTE: SM-JLI-64/2022

ACTORA: ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

DEMANDADO: Instituto NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: Ernesto Camacho ochoa

SECRETARIado: ANA CECILIA LOBATO TAPIA y GERARDO MAGADÁN BARRAGÁN

Monterrey Nuevo León, a 23 de diciembre de 2022.

Sentencia de la Sala Monterrey que reconoce la existencia de la relación laboral entre ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia en el periodo determinado y, por tanto: I. se condena al INE para efecto de que: a. reconozca la antigüedad de la trabajadora en el periodo acreditado, b. realice el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, c. pague las vacaciones exigibles del 1 de agosto de 2021 y 1 febrero de 2022, así como, las primas vacacionales del segundo periodo de 2021 y primer periodo del 2022, d. pague la prestación de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, vales de fin de año 2021 y prima quinquenal; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia, y II. se absuelve al INE de: a. se considera inviable la pretensión de la promovente de obtener un nombramiento como personal del INE a la Rama Administrativa, porque el reconocimiento jurídico de la relación laboral a favor de un trabajador que, formalmente, tenía reconocido un vínculo civil o de prestación de servicios no implica, automáticamente, el otorgamiento de un nombramiento como parte del servicio profesional electoral, debido a que esta última calidad tiene requisitos y condiciones legales, estatutarias y administrativas propias, que deben solicitarse o concursarse por el trabajador y cumplirse a través del procedimiento respectivo, sin que esto afecte su calidad de trabajador, y b. pagar las prestaciones que han prescrito, ya que su pago resultó improcedente, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Glosario

Competencia y estudio de las excepciones

I. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio porque se trata de una controversia sobre la determinación del tipo de relación que el INE actualmente mantiene con la inconforme, y que se encuentra vigente, en un órgano desconcentrado de dicho instituto en el Estado de ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, entidad en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[1].

II. Excepciones

La actora solicita el reconocimiento de una relación laboral con el INE a partir del 1 de octubre de 2013 a la fecha en que se resuelva el presente juicio y agrega que el INE debe considerarla como una trabajadora del propio instituto, puesto que ha prestado sus servicios continuamente en el referido instituto, ejerciendo funciones que son de naturaleza laboral.

El INE hizo valer, en su contestación de demanda, las excepciones de: a) improcedencia de la vía para promover el presente juicio; b) improcedencia de la acción y falta de derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral; c) inexistencia de la relación de trabajo; d) relaciones contractuales independientes; e) condición y plazos no cumplidos; f) prescripción; g) pago; h) improcedencia de la acción y falta de derecho para reclamar el pago de prestaciones legales y extralegales; i) falsedad; j) pedido en demasía (plus petitio), k) goce y disfrute de los periodos vacacionales de 2021 y 2022: l) falta de legitimación de la parte actora para reclamar el pago de prestaciones extralegales, es caso de que se declare la existencia de la relación de trabajo; y m) improcedencia de la correcta integración de la percepción mensual.

Esta Sala Monterrey considera que las referidas excepciones no se encaminan a controvertir la procedencia del juicio, sino a evidenciar que lo sostenido en la demanda carece de fundamento, ya que como reitera el INE en su dicho, la relación que lo unió con la promovente fue de naturaleza civil y no laboral.

Antecedentes[2]

I. Contexto sobre el inicio del vínculo entre la actora y el INE

1. La actora afirma que el 1 de octubre de 2013 ingresó a laborar a la Junta Distrital como ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, puesto que ejerce hasta la fecha[3].

2. Solicitud para formalizar la relación laboral. El 27 de octubre de 2022[4], la inconforme afirma que solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital, el pago de las prestaciones laborales que le corresponden, a lo que dicho funcionario le contestó “como personal de MAC no tienes derecho a prestaciones laborales porque tu contrato no es laboral, únicamente tienes derecho al pago de honorarios”.

3. Presentación de la demanda. Inconforme, el 16 de noviembre, la impugnante por conducto de su apoderado legal, presentó ante esta Sala Monterrey demanda de juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus trabajadores, en la que solicitó el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado como trabajadora del instituto demandado a partir del 1 de octubre de 2013, así como el otorgamiento de una plaza de la rama presupuestal con su respectivo nombramiento.

Adicionalmente, la actora reclamó el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos y prima quinquenal, por todo el tiempo en que la inconforme ha prestado sus servicios al INE, el pago de las cuotas y aportaciones que el instituto demandado omitió realizar al ISSSTE y FOVISSSTE, desde la fecha en que comenzó a prestar sus servicios y, finalmente, la entrega de una constancia laboral.

4. Contestación de la demanda, vista a la actora, citación de audiencia. El 1 de diciembre, el INE contestó la demanda, ofreció pruebas y manifestó excepciones y defensas. El mismo día, se dio vista a la actora y se citó a audiencia a las partes, para lo cual se señalaron las 10:30 horas del 14 de diciembre del año en curso, misma que se desahogó conforme a la ley y, en el momento procesal oportuno, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de sentencia.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. La actora afirma que el 1 de octubre de 2013 inició una relación laboral con el entonces IFE, para desarrollar funciones como ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, cargo que, a la fecha, sigue desempeñando, por lo que solicita el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, así como el de su antigüedad y, en consecuencia, el pago de diversas prestaciones[5].

2. Por su parte, el INE, en su contestación, señala que, contrario a lo planteado por la actora, el vínculo que los unió fue de naturaleza civil, pues se celebraron contratos de prestación de servicios por honorarios y, por lo tanto, no tiene derecho a las prestaciones reclamadas.

En efecto, el INE, en su contestación a la demanda, refiere que la actora prestó sus servicios para dicho instituto en distintos periodos, bajo el régimen de prestación de servicios profesionales (honorarios), los cuales se señalan a continuación:

3. En ese sentido, la controversia a resolver consiste en determinar: i. la naturaleza del vínculo jurídico entre la parte actora y el INE, a fin de establecer si es de carácter civil o laboral, ii. la vigencia o duración del vínculo entre las partes, con el objeto de fijar el periodo que servirá de sustento para, de ser el caso, emitir un pronunciamiento respecto al pago de las prestaciones que resulten procedentes, y iii. determinar si es procedente la pretensión de la promovente de obtener un nombramiento como personal del INE de la Rama Administrativa.

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey reconoce la existencia de la relación laboral entre ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia en el periodo determinado y, por tanto: I. se condena al INE para efecto de que: a. reconozca la antigüedad de la trabajadora en el periodo acreditado, b. realice el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, c. pague las vacaciones exigibles el 1 de agosto de 2021 y 1 febrero de 2022, así como, las primas vacacionales del segundo periodo de 2021 y primer periodo del 2022, d. pague la prestación de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, vales de fin de año de 2021 y prima quinquenal; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia, y II. se absuelve al INE de: a. se considera inviable la pretensión de la promovente de obtener un nombramiento como personal del INE a la Rama Administrativa, porque el reconocimiento jurídico de la relación laboral a favor de un trabajador que, formalmente, tenía reconocido un vínculo civil o de prestación de servicios no implica, automáticamente, el otorgamiento de un nombramiento como parte del servicio profesional electoral, debido a que esta última calidad tiene requisitos y condiciones legales, estatutarias y administrativas propias, que deben solicitarse o concursarse por el trabajador y cumplirse a través del procedimiento respectivo, sin que esto afecte su calidad de trabajador, y b. pagar las prestaciones que han prescrito, ya que su pago resultó improcedente, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Tema 1. Naturaleza de la relación que existió entre las partes

1. Marco normativo de los elementos de una relación laboral

Los elementos esenciales para configurar una relación de trabajo son: a. La prestación de un trabajo personal que implica realizar actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio del empleador, b. La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio (el trabajador o trabajadora), y c. El pago de un salario en contraprestación por el trabajo realizado.

En ese tema, es importante destacar que el legislador dispuso una especial tutela en favor de los trabajadores, en general, a éstos se les exime de probar ciertos hechos o actos y al patrón se le atribuye expresamente la carga de probar, aunque se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador. Incluso, al patrón le corresponde demostrar el tiempo laborado (artículo 784, de la LFT[6]).

De manera que, cuando existe controversia sobre la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, la carga de la prueba corresponde al patrón al negar la relación laboral, porque lleva implícita la afirmación de que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye la parte actora, entonces, la parte patronal debe probar la naturaleza de la relación jurídica, por ser la que tiene a su alcance los elementos de prueba necesarios para esclarecer la verdad de los hechos[7].

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que, para definir la relación jurídica existente entre el trabajador o trabajadora y el instituto demandado, adquieren relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente y no eventual.

También, la Sala Superior ha señalado que el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los “prestadores de servicios”[8].

2.1 Caso concreto y valoración del tipo de vínculo que unió al INE con la actora

La actora afirma que inició una relación laboral con el INE el 1 de octubre de 2013, la cual hasta la fecha subsiste, ya que actualmente ocupa el puesto de Operadora de Equipo Tecnológico.

Por su parte, el INE, en su escrito de contestación de demanda, señala que la actora ha sostenido diversos vínculos contractuales con el INE: 1) del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, 2) del 1 de febrero al 31 de marzo de 2014, 3) del 1 de abril al 31 de mayo de 2014, 4) del 1 de junio al 31 de agosto de 2014, 5) del 1 al 30 de septiembre de 2014, 6) del 1 al 31 de octubre de 2014, 7) 1 al 30 de noviembre de 2014, 8) 1 al 31 de diciembre 2014, 9) 1 de enero al 28 de febrero 2015, 10) 1 de marzo al 31 de diciembre 2015, 11) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 12) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 13) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 14) del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, 15) del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, 16) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 17) del 1 de enero de 2022 a la fecha.

Esta Sala Monterrey considera que la naturaleza de la relación que existió entre la actora y el INE es de carácter laboral, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, en cuanto a los hechos narrados y las pruebas aportadas por las partes, en los respectivos periodos acreditados, los cuales se precisarán o señalarán en el apartado siguiente. 

En efecto, este órgano constitucional considera que la relación es de naturaleza laboral porque, aun cuando está acreditada la existencia de diversos contratos de prestación de servicios profesionales, lo cierto es que se cumplen con los elementos correspondientes: a. prestación de un trabajo personal, b. pago de una contraprestación (salario), y c. subordinación, en atención a las siguientes consideraciones:

a. Prestación de un trabajo personal

De acuerdo con los elementos de prueba que existen en el expediente, esta Sala Monterrey advierte que, durante el tiempo que la actora prestó sus servicios al INE, ésta desempeñaba las siguientes actividades:

1. Operadora de equipo Tecnológico[9]. Es el responsable del manejo del Equipo Tecnológico para capturar la información del padrón electoral, lleva a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales y la entrega de la credencial, ejecutar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables.

2. ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia [10]. Atender al ciudadano, capturar la información que este proporcione y entregar la credencial para votar a sus titulares actualizando en la base de datos del DIIRFE MAC, realizar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales, específicamente i) Georreferencias a los ciudadanos en el SIIRFE-MAC, ii) capturar los datos de los ciudadanos en la solicitud individual de inscripción o actualización al padrón, iii) realizar el respaldo diario y semanal de la base de datos, iv) realizar mesa de trabajo diaria y semanal.

b. Pago de una contraprestación (salario)

Esta Sala Monterrey considera que existió el pago de una contraprestación por los servicios que la inconforme prestó al INE, porque de los contratos analizados se advierte que el INE otorgó un pago a la actora, por las actividades desempeñadas por el tiempo establecido en los instrumentos contractuales.

Lo anterior, porque de los contratos de prestación de servicios profesionales se advierte que la parte actora ha recibido y actualmente recibe un pago por los servicios prestados, de ahí que, por sus actividades, obtuvo un salario[11].

c. Subordinación

Esta Sala Monterrey considera que, en efecto, se actualizan las actividades que la actora realizó en los diversos cargos que desempeño, estuvieron subordinadas al instituto demandado.

Lo anterior, porque de los contratos aportados por el INE se advierte que en el clausulado de prestación de servicios –destacadamente en la cláusula séptima o sexta– expresamente se señaló que durante la realización de las funciones que le fueron encomendadas a la promovente, el instituto demandado contaba con la facultad de supervisar el trabajo que realizara, es decir, que contaba con la potestad de verificar la labor de la accionante, así como de vigilar su desempeño, de ahí que se acredite el elemento de la subordinación.

De ello se aprecia que la promovente contaba con la obligación de llevar a cabo las actividades que le fueran encomendadas y que estas no se encontraban sujetas a una libre propuesta o planeación; pues dependían de una verificación por parte del personal del instituto demandado.

Esto es, dichas actividades se desempeñan bajo la supervisión de otra persona y sujeto a la jerarquía propia del instituto demandado, lo anterior puede inferirse del contrato suscrito entre el INE y la parte actora, en el que se señala que su trabajo podía ser objeto de supervisión, es decir, que el INE tenía la potestad de supervisar, vigilar la adecuada prestación de los servicios materia del presente instrumento jurídico y sugerir las modificaciones que considere necesarias para el mejor desarrollo de los mismos, así como de solicitar informes, hará del conocimiento del “instituto” de manera mensual y durante la vigencia del presente contrato las actividades realizadas en el periodo, siendo responsabilidad de quien verifica el cumplimiento de estas constatar la realización de las mismas y, en caso de incumplimiento por parte de "el o la prestador(a) de servicios", efectuar las acciones correspondientes, de ahí la subordinación.

Asimismo, el INE realizaba el análisis y vigilancia de las actividades realizadas por la actora para efecto de actualizar los productos electorales, subordinada a las normas y procedimientos que el INE le estableció para el cumplimiento de sus actividades.

Por tanto, como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que se actualiza el elemento de subordinación, pues de las funciones realizadas por la actora descritas con anterioridad se aprecia que desempeñó actividades vinculadas con la función electoral y distintos procesos institucionales que no fueron de índole especial o esporádica, en cambio, para cubrir necesidades permanentes del instituto demandado, actividades que, incluso, no cubrió con recursos propios sino con los medios proporcionados en su lugar de trabajo, y que los realizó bajo la supervisión del personal del INE.

Por tanto, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, se tiene que el vínculo que la actora ha sostenido con el INE, respecto del cargo analizado en este apartado, es de naturaleza laboral.

Sin que el hecho de que los vínculos entre la actora y el INE se hubieran acreditado mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, por tiempo determinado, porque, conforme a la doctrina judicial desarrollada por la Sala Superior, el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los prestadores de servicios, es decir, lo que realmente se toma en consideración para establecer el tipo de relación (laboral o civil) y la permanencia se basa esencialmente en las actividades pactadas en el contrato y no en la denominación que se le otorgue al instrumento mediante el cual se perfecciona el vínculo.

En virtud de lo expuesto, es innecesario el estudio de las restantes excepciones y defensas que hace valer el instituto demandado y que dependían de la inexistencia de la relación laboral pues, en términos del caudal probatorio que obra en autos, quedó comprobado ese vínculo.

Tema 2. Determinación de la vigencia de la relación laboral entre las partes

1. Marco normativo sobre la acreditación de los periodos de relación entre los trabajadores y el INE

La Sala Regional ha sostenido, de manera ordinaria, que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida.

La razón fundamental es que, en términos del artículo 784, fracción II, de la LFT, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello[12].

Por otra parte, corresponde a las partes acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones, y en cuanto a la carga de la prueba, en efecto, debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido.

En ese sentido, si bien esta Sala ha sostenido en algunos casos que cuando las partes reconocen la existencia de un vínculo jurídico de la naturaleza que fuere, se genera una presunción de existencia (salvo prueba en contrario) a favor de la parte trabajadora.

En ese sentido, para que existan bases sobre las cuales pueda operar válidamente esta presunción, es necesario que la parte actora exprese o detalle, los hechos en los que funda su derecho, es decir, debe, mínimamente, afirmar los hechos concretos en los que funda sus pretensiones, esto es, explicar cuáles fueron los cargos que desempeñó durante cada periodo que pretende acreditar la relación laboral, sin que sea válida únicamente una afirmación genérica del tiempo en que inició su relación y que se llevó de manera continua.

Incluso, ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que, si bien conforme al primer párrafo del artículo 784 de la LFT, se eximirá de la carga de la prueba a la persona trabajadora, cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona trabajadora; lo cierto es que, ese principio no opera inmediatamente, pues es necesario que las partes cumplan con sus respectivas cargas procesales para acreditar sus pretensiones; es decir, la persona trabajadora debe ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones y/o defensas formuladas por el demandado, justamente porque la autoridad laboral no puede, oficiosamente, perfeccionar y/o adminicular medios de convicción que no han sido debidamente ofertados[13].

2. Caso concreto y valoración de los periodos acreditados

La actora refiere que, derivado de la continuidad laboral que ha mantenido con el INE, debe reconocérsele una relación de tiempo ininterrumpido para el efecto de que se le reconozca como trabajadora del propio instituto.

El INE, frente a las afirmaciones de la actora, al dar contestación a la demanda, reconoció que, desde 1 de octubre de 2013 a la fecha, han existido diversas relaciones contractuales entre las partes.

Al respecto, esta Sala Monterrey, al realizar el análisis de las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, advierte que la actora, en su escrito de demanda, de manera genérica, expone que desde el 1 octubre de 2013, ha mantenido una relación ininterrumpida con el INE y, para acreditar su afirmación, aporta, entre otros elementos, recibos de pago de distintas fechas, evaluaciones de desempeño, y su expediente electrónico único; por su parte el INE aporta contratos y el expediente de la actora, como a continuación se esquematiza:

2.2.1 Periodos donde se acredita la existencia de una relación laboral

La Sala Monterrey reconoce la existencia de una relación laboral, desde el 1 de octubre de 2019 a la fecha, con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014.

Lo anterior, porque como se adelantó, la actora demandó el reconocimiento de la relación laboral y antigüedad del periodo comprendido del 1 de octubre de 2013, a la fecha en que se resuelve el presente juicio.

En ese sentido, con base en la respuesta del INE, donde acepta la existencia de la relación o vínculo con la parte actora, las pruebas aportadas y la acreditación de los elementos de la naturaleza de la relación entre las partes, esta Sala Monterrey considera que se acredita la existencia de la relación laboral entre la actora y el instituto demandado, en los siguientes periodos: 1) del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, 2) del 1 de febrero al 31 de diciembre 2014, 3) 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 4) 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 5) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 6) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 7) del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, 8) del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, 9) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 10) del 1 de enero a la fecha.

Por tanto, como se anticipó, esta Sala Monterrey considera que existió un vínculo jurídico entre la actora y el INE, por los periodos reconocidos, porque existen elementos suficientes para demostrar el vínculo entre las partes respecto a los periodos reclamados.

Lo anterior, porque existen elementos que revelan directamente la existencia de dicho vínculo jurídico entre el INE y la actora a partir del propio reconocimiento del INE de la existencia de una relación contractual con la parte actora y los contratos aportados.

En el caso, el INE, al rendir su contestación de demanda, reconoce la existencia de diversas relaciones contractuales con la actora dentro del periodo reclamado.

Es decir, derivado del reconocimiento del propio INE, existe convicción plena para este órgano jurisdiccional de que la relación laboral entre la parte actora y el instituto demandado está demostrada desde en los siguientes periodos: 1) del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, 2) del 1 de febrero al 31 de diciembre 2014, 3) 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 4) 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 5) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 6) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 7) del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, 8) del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, 9) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 10) del 1 de enero a la fecha.

2.2.1 Periodos donde se acredita la interrupción alegada por el INE

La actora afirma, de manera general, que inició su relación con el INE el 1 de enero de 2013 y que, desde entonces, de manera ininterrumpida, ha sostenido una relación laboral con dicho instituto.

El INE, al realizar su contestación de demanda, señaló que la actora no prestó sus servicios para el instituto del 1 al 31 de enero de 2014.

Ahora, esta Sala Monterrey considera que se acredita la interrupción de la relación de la actora con el INE en el periodo mencionado.

Lo anterior, porque no se tienen elementos mínimos para acreditar que existió algún tipo de relación entre la accionante y el INE, pues aun cuando, por regla general, en los asuntos en que se reconoce la existencia de un vínculo jurídico, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad de la persona trabajadora y, en los casos en que el INE no demuestre una interrupción, podría operar una presunción en favor de la parte trabajadora, en el sentido de que los servicios se prestaron de forma ininterrumpida, en los términos señalados en el marco jurídico de este apartado.

Sin embargo, lo cierto es que, para que existan bases sobre las cuales pueda operar válidamente esta presunción, es necesario que en la demanda se expresen los hechos en los que se funda la pretensión, esto es, la parte actora, mínimamente, debe señalar los hechos concretos que sustentan sus pretensiones o explicar cuáles fueron los cargos que desempeñó durante cada periodo que pretende acreditar la relación laboral.

Lo anterior, se robustece con lo señalado por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que no opera inmediatamente el principio relativo a que –en ciertos casos– se presumirán por ciertos los hechos alegados por la persona trabajadora, pues ella debe ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones y/o defensas formuladas por la parte demandada[44].

En el caso, respecto de la interrupción invocada por el INE, cabe precisar que la actora, de manera genérica, señala que con fecha 1º de octubre de 2013 […] comenzó a laborar de manera continua e ininterrumpida para el Instituto Nacional Electoral como “operadora de Equipo Tecnológico” (OET) puesto que desempeña hasta la actualidad […], para acreditar lo anterior aportó diversos recibos de pago expedidos por el entonces IFE, de los cuales no se puede advertir que del 1 al 31 de enero de 2014 la parte actora hubiera prestado sus servicios a la demandada.

En ese orden de ideas, esta Sala considera que el INE acreditó la interrupción alegada, en principio porque la parte actora no aportó elementos de prueba que pudieran demostrar, que prestó sus servicios durante el periodo antes precisado y el INE aportó una nómina de aguinaldo, de la que se observa que, respecto de la María Ramírez el periodo que le fue pagado por ese concepto únicamente abarcó del 1 de febrero al 31 de noviembre, robusteciendo su afirmación de que la parte actora no prestó sus servicios del 1 al 31 de enero de 2014[45].

Por lo anterior se tiene por acreditada la interrupción alegada por el INE.

Tema 3. Nombramiento de plaza presupuestal

1. Marco normativo respecto al reconocimiento de una relación laboral y su incidencia en el otorgamiento de un nombramiento de plaza presupuestal

La Constitución General establece que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social (artículo 123, apartado B, fracción XIV[46]).

Por su parte, la normativa electoral establece que todo el personal del INE será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en el dispositivo constitucional mencionado anteriormente (artículos 206, numeral 1, de la LGIPE[47], y 2, primer párrafo, del Estatuto[48]).

Además, que el INE podrá contratar servicios personales bajo el régimen laboral, con plaza presupuestal, pudiendo establecer, entre otras, relaciones permanentes o temporales (artículo 6, fracción I, y último párrafo, del Estatuto[49]).

Ahora bien, para definir en términos generales el concepto de persona trabajadora de confianza, la LFT dispone que esa categoría depende de la naturaleza de las funciones que se desempeñan y no de la designación que se dé al puesto (artículo 9[50]).

Asimismo, señala que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como las que se relacionen con trabajos personales del empleador o empleadora[51]; lo que aplicado al ámbito del derecho burocrático debe entenderse como actividades personales adscritas directamente a las y los titulares de las dependencias o de las áreas administrativas que la integran.

De igual forma, se advierte un catálogo de los puestos que la legislación ha considerado de confianza en las dependencias estatales, y es posible observar que se encuentra vinculado a funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización artículos 4, 5, fracción II, y 6 de la LFTSE[52]).

Al respecto, la SCJN al resolver la contradicción de tesis 48/2016 definió a las y los trabajadores de confianza como la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las cuales lo ligan de manera íntima al destino de esa empresa o a los intereses particulares o públicos de quien lo contrata, en forma tal que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación[53].

En ese sentido, la SCJN ha establecido que la calidad de las y los trabajadores de confianza no puede concluirse únicamente de la literalidad de la norma o de un catálogo que contenga un listado de esos cargos, sino que debe atender a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo[54].

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, en el artículo 206 de la LGIPE, el legislador federal otorgó la calidad de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, dado el carácter de las funciones que desempeñan, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral[55].

Lo que se retomó en el propio Estatuto, en cuanto a que todo el personal del INE es considerado de confianza (artículo 2, primer párrafo[56]).

Destacándose que, en dicho Estatuto, se dispone que la relación laboral terminará por la pérdida de confianza en el desarrollo de las funciones que se realicen en favor del INE (artículo 167, fracción VIII[57]).

Ahora bien, conforme la línea interpretativa asumida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando un prestador de servicios del INE haya firmado múltiples contratos de naturaleza civil de forma continua o ininterrumpida y, además, se demuestre que los servicios para los que se le haya contratado sean inherentes a las funciones de dicho instituto, de manera subordinada, con insumos proporcionados por el patrón equiparado y bajo su supervisión, se tiene que la relación se considerará de carácter laboral.

A partir de ese reconocimiento, esta Sala Monterrey ha considerado la transición de un régimen de honorarios permanentes cuya relación laboral se reconoce en sede jurisdiccional, a una plaza presupuestal, no es viable otorgarla como una consecuencia jurídica inmediata, sino que deben tenerse en cuenta diversos factores previstos y establecidos en la propia normativa aplicable, como a continuación se advierte[58].

Sobre el tema, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 122/2012 (10a.), la SCJN sostuvo que las designaciones o nombramientos de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado son distintas a las de los trabajadores regidos por la LFT, pues su ingreso está regulado en un presupuesto de egresos[59].

Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta lo sostenido por la propia SCJN, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 67/2010, en la que estableció que la declaración judicial de que la relación jurídica es de naturaleza laboral, no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión de la parte trabajadora, en el sentido de que se le otorgue una plaza, sino que previamente debe examinarse la naturaleza de las funciones atribuidas, así como la situación real en que se encontraba y la temporalidad del contrato, a fin de determinar los supuestos en que se ubica conforme a la normativa[60].

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, para el caso de la ocupación de cargos y puestos establecidos en el Catálogo de la Rama Administrativa del INE, las personas interesadas en ingresar a esa rama deberán cumplir, adicionalmente a lo que establece el perfil del cargo o puesto, distintos requisitos, de entre los cuales destaca el de acreditar, por los medios que el instituto estime convenientes, los conoci­mientos y habilidades requeridos para el adecuado desempeño del cargo o puesto al que aspira (artículo 93 del Estatuto[61]).

Por su parte, el Estatuto establece que el ingreso a la Rama Administrativa del INE deberá realizarse con base en las normas y procedimientos aplicables y de acuerdo con el número de cargos y puestos establecidos en la estructura ocupacional, las remuneraciones autorizadas y el presupuesto disponible (artículo 94[62]).

Cabe precisar que, se considera plaza vacante aquella que se encuentre disponible dentro de la estructura ocupacional autorizada, cuyos cargos y puestos deben estar contenidos en las estructuras autorizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y aprobadas por el Titular de la Secretaría Ejecutiva, ambos del INE (artículos 97[63] y103, segundo párrafo[64]).

Lo que es congruente con lo dispuesto en el artículo 67, fracción I, del Estatuto que, precisamente, condiciona el derecho a obtener un nombramiento a la satisfacción de los requisitos establecidos para ello[65].

2. Caso concreto y valoración

La actora, además de pedir que la consideren como trabajadora, solicita que el instituto demandado le otorgue un nombramiento como tal, precisamente, sobre la base del tipo de relación y que ésta ha sido continua.

El INE, al contestar la demanda, además de rechazar esa relación (la cual ya se reconoció en esta ejecutoria), indica que no puede otorgar ese nombramiento, porque, en todo caso, ello requeriría seguir el procedimiento estipulado en el Estatuto, pues al margen de esa calidad, el ingreso al servicio profesional a través de un nombramiento requiere de determinadas condiciones legales y administrativas que deben observarse.

Al respecto, esta Sala Monterrey, conforme con el último criterio asumido en ejecutorias recientes (en el que evoluciona lo sostenido en asuntos previos, con base en diversos criterios de la SCJN y disposiciones establecidas en la normativa interna del INE), considera inviable la pretensión de la promovente de obtener un nombramiento que la incluya en el Servicio Profesional Electoral del INE.

Esto, porque, efectivamente, el reconocimiento jurídico de la relación laboral a favor de un trabajador que, formalmente, tenía reconocido un vínculo civil o de prestación de servicios no implica, automáticamente, el otorgamiento de un nombramiento como parte del servicio profesional electoral, debido a que esta última calidad tiene requisitos y condiciones legales, estatutarias y administrativas propias, que deben solicitarse o concursarse por el trabajador, y cumplirse a través del procedimiento respectivo, sin que esto afecte su calidad de trabajador.

En efecto, en el apartado anterior, se acreditó que en la relación de la actora con el INE se cumple con los elementos correspondientes: la prestación de un trabajo personal, el pago de una contraprestación y que ello fue subordinado, así como que continúa trabajando o prestando sus servicios de forma continua con el INE, por lo que, a partir del reconocimiento judicial de la relación laboral entre la actora y el instituto demandado por un contrato de carácter civil, el cual genera el derecho a prestaciones distintas a las contenidas en los contratos firmados, a la antigüedad, así como a la seguridad social, como si se tratara de una persona con nombramiento en plaza presupuestal, desde luego, en términos del análisis que realice esta Sala Monterrey de cada una de las prestaciones reclamadas.

Sin embargo, como se ha razonado, la transición a una plaza con nombramiento de esa naturaleza como lo solicita la actora, está sujeta al cumplimiento de las disposiciones administrativas descritas, en razón de que se trata de regímenes de distinta regulación, por lo cual, previamente al otorgamiento de un nombramiento, debe examinarse la naturaleza de las funciones desempeñadas por la promovente con el fin de determinar los supuestos en que se ubica conforme a la normativa interna y para estar en posibilidad de, una vez cumplidos los mecanismos establecidos, pueda acceder a una plaza con funciones similares a las que actualmente desempeña.

De ahí que, no sea posible acoger la pretensión de la actora de obtener un nombramiento de plaza presupuestal, a partir del reconocimiento de la relación laboral que tuvo como origen una contratación civil.

No es obstáculo para llegar a esa conclusión el hecho de que la promovente refiera que existe la posibilidad de que se realice la conversión de plazas de honorarios permanentes (como la que actualmente desempeña la accionante) a una de carácter presupuestal, de conformidad con el artículo 79 del Manual[66].

Ello, porque las conversiones deben atender a las necesidades de cada unidad responsable, con el objeto de fortalecer sus funciones mediante la integración de puestos mejor remunerados derivado de la complejidad de las actividades a realizar en el puesto-plaza a crear (artículo 3 del Manual[67]), sin que en el caso se acredite que existe esa necesidad en la Junta Distrital y tampoco que la conversión pretendida pueda fortalecer sus funciones.

Tema 4. Prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral

I. Reconocimiento de antigüedad, hoja única de servicios y constancia laboral

La actora solicita que se le reconozca la antigüedad desde el 1 de octubre de 2013 a la fecha en que se resuelve el presente juicio.

Además, la inconforme pide la entrega de la hoja única de servicios y una constancia laboral, en las que se especifiquen el tiempo laborado y cotizado que debió enterar el INE al ISSSTE (hoja única de servicios), así como el tiempo laborado de manera ininterrumpida por la actora (constancia laboral).

El INE, respecto de la antigüedad, niega el derecho y acción de la actora para reclamar el reconocimiento de antigüedad desde el 1 de octubre de 2013, porque a su parecer la actora no tiene derecho a reclamar, pues no ha existido relación laboral entre las partes, como ya se ha señalado, la promovente ha prestado sus servicios a favor del instituto mediante la celebración de contratos de prestación de servicio regulados por la legislación civil.

Por otra parte, sobre la entrega de la hoja única de servicios, el INE señaló que ese es el documento que se emite al personal de plaza presupuestal y prestadores de servicios por honorarios cuando ya no laboran o prestan sus servicios, lo que en el caso no ocurre, puesto que aun continua vigente el último contrato de prestación de servicios celebrado entre la actora y el instituto demandado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Finalmente, el INE, respecto de la constancia laboral señala que éste es el documento mediante el cual se hace contar que los prestadores de servicio se encuentran realizando actividades en el instituto, por tanto, dada la naturaleza civil que existe entre las partes, una vez que la parte actora la solicite, la misma le será otorgada.

1.1 Esta Sala Monterrey considera, que debe reconocerse la antigüedad a la actora durante el período comprendido del 1 de octubre de 2013 a la fecha, con excepción del 1 al 31 de enero de 2014, lo anterior, en virtud del reconocimiento de la existencia de la relación laboral.

1.2 Por otra parte, esta Sala Monterrey considera que no procede ordenar la entrega de la hoja única de servicios, porque la actora, a la fecha, mantiene una relación contractual con el instituto demandado.

Lo anterior, porque la hoja única de servicios es el documento oficial que emite el INE a través de la Dirección de Personal, a los trabajadores o prestadores de servicios que ya no laboran o prestar sus servicios en el instituto, a través de la cual se especifica el periodo laborado, la percepción o remuneración y la denominación de los puestos ocupados o periodo de contratación, entre otros datos, para los efectos legales que se considere, entre ellos, trámites de pensiones e indemnizaciones ante el ISSSTE y, en su caso, trámites que exijan la acreditación de antigüedad (artículos 535 y 536 del Manual[68]).

1.3 Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que debe ordenarse al INE la entrega de la constancia de servicios contemplada en el artículo 537 del Manual, mediante la cual se hace constar que el personal o prestadores de servicios, laboran o prestan sus servicios, o bien, que laboraron o prestaron sus servicios y que contendrá, entre otros, los siguientes datos:

I. Registro Federal de Contribuyentes.

II. Clave Única de Registro de Población.

III. Fecha de ingreso o fecha de inicio de prestación de servicios.

IV. Denominación del puesto actual o actividad que establece su contrato.

V. Sueldo bruto y área de adscripción, u honorarios pactados (monto total del mismo).

VI. Periodo de contratación.

VII. Tipo de Contratación.

De ahí que deba entregarse a la actora el referido documento para los efectos y trámites legales que estime correspondientes, en el que el INE deberá indicar la antigüedad reconocida por esta Sala Regional.

II. Pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo

1. Vacaciones y prima vacacional

La actora reclama el pago de las vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo en que ha prestado sus servicios para el INE.

El INE, en su contestación a la demanda, señaló que es improcedente el pago de las prestaciones reclamadas, dada la naturaleza civil del vínculo jurídico que ha existido entre la actora y el instituto demandado, pues dichas prestaciones sólo son otorgadas a los trabajadores del INE, calidad de la que no goza la parte trabajadora.

Adicionalmente, señala que, por cuanto hace al reclamo de las vacaciones y prima vacacional del 2021 y 2022, niega la acción y el derecho de la parte actora para exigir el pago de dichas prestaciones, porque no existe y jamás existió una relación laboral entre la parte inconforme y el INE, pues fue contratada como prestadora de servicios por honorarios bajo el régimen civil.

Además, respecto al 1er. periodo de 2022 INE manifestó que, conforme al “Aviso relativo al día de asueto en conmemoración del día del empleado y el primer periodo vacacional a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral durante el año 2022 en el que se estableció que el primer periodo vacacional sería del 25 julio al 5 de agosto, y que en dicho periodo la actora no prestó sus servicios para el INE.

Finalmente, señala que lo que respecta al segundo periodo de este año, estas se toman al finalizar la anualidad, por lo que aun no se genera el derecho a exigirlas.

1.1. Prescripción de las vacaciones y prima vacacional

Esta Sala Monterrey considera que prescribió el derecho de reclamar el pago de las vacaciones y prima vacacional exigibles del 1 de agosto de 2014 al 1 de febrero de 2021, porque las acciones de trabajo prescriben en 1 año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación es exigible.

Respecto de la prescripción para reclamar el pago de vacaciones y prima vacacional, la SCJN ha sostenido que debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye ese lapso de 6 meses dentro de los cuales la persona trabajadora tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional, porque hasta la conclusión de ese término es cuando la obligación se hace exigible, no a partir de la conclusión del periodo anual o parte proporcional reclamados.

En el caso, se tuvo por reconocido que la relación de la actora con el INE ha sido continua desde el 1 de febrero de 2014, por lo que el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 1 de agosto de ese mismo año, (6 meses después de la suscripción del contrato), y respecto al periodo que inició el 1 de febrero de 2015, el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 1 de agosto de 2015 (12 meses posteriores al inicio de su contrato) y así sucesivamente.

Al respecto, del artículo 516 de la LFT, de aplicación supletoria, en términos del numeral 95 de la Ley de Medios de Impugnación, establece que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. En ese sentido, es evidente que el derecho de la actora a reclamar el pago de vacaciones prescribe en un año.

Por tanto, la prescripción debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye el lapso de 6 meses a partir de que sea exigible el derecho de reclamar el pago respectivo y hasta un año después, a saber:

De manera que se encuentran prescritas las vacaciones y prima vacacional exigibles desde el 1 de agosto de 2014 al 1 de febrero de 2021, como se precisó en el cuadro que precede.

Por tal motivo debe absolverse al INE del pago de dichas prestaciones.

1.2 Pago de Vacaciones y prima vacacional

En atención a lo anterior, esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al instituto demandado al pago de vacaciones de los periodos que fueron exigibles el 1 de agosto de 2021 y 1 febrero de 2022, porque, respecto al primer periodo mencionado, el plazo para disfrutar de las vacaciones corrió desde el 1 de agosto de 2021 al 1 de febrero de 2022, para exigir el pago de este periodo es hasta 2023, de igual forma respecto del periodo del que corrió del 1 de febrero al 1 de agosto de 2022, por lo que el año para reclamar su pago prescribe, de igual forma hasta el año siguiente.

Lo anterior, al demostrarse que el vínculo jurídico entre la actora y el instituto demandado es de naturaleza laboral, sin que el INE haya demostrado el disfrute de las vacaciones por parte de la inconforme, por tanto, le corresponden las vacaciones no cubiertas y que no hayan prescrito, por lo que el INE debe realizar el pago correspondiente en los plazos y términos establecidos en el Estatuto y el Manual.

Ello, con independencia de que el INE haya manifestado en su contestación a la demanda que la accionante disfrutó el segundo periodo de 2021 lo cual lo pretende acreditar con el oficio por el que el instituto demandado hizo del conocimiento de este Tribunal los días de descanso obligatorios y periodo vacacional a los que tuvo derecho el personal del instituto en el que se estableció que el segundo periodo vacacional sería del 20 al 31 de diciembre de 2021, y que en dicho periodo la actora no prestó sus servicios para el INE, porque tal afirmación resulta insuficiente para desvirtuar el reclamo del pago de dicha prestación, toda vez que, como se indicó, el instituto demandado no demostró que la inconforme haya gozado de ese beneficio.

Por tanto, resulta procedente el pago de las vacaciones que fueron exigibles el 1 de agosto de 2021 y 1 de febrero de 2022.

Es importante resaltar que, conforme al Aviso relativo al día de asueto en conmemoración del día del empleado y el primer periodo vacacional a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral durante el año 2022, el personal del instituto demandado debió gozar de su primer periodo vacacional del 25 de julio al 5 de agosto.

Sin embargo, el hecho de que la parte patronal establezca, a través de una disposición de carácter general, las fechas que constituirán el periodo vacacional, no extingue la posibilidad de que la persona que tiene derecho a gozarlas las pueda ejercer con posterioridad, conforme lo permitan las necesidades del servicio.

De ahí que, aun cuando el INE manifiesta que la actora gozó de vacaciones en el periodo mencionado, no existe alguna prueba que así lo acredite, además, debe reiterarse que es criterio de esta Sala Monterrey que la existencia de los acuerdos a través de los que se aprueban los periodos vacacionales no resulta una prueba sobre su goce, ya que no constituyen una autorización individualizada para tales efectos.

Respecto a la prima vacacional del segundo periodo de 2021, se considera que debe condenarse al INE a su pago, porque en el expediente no se advierte constancia alguna que acredite su pago, y conforme a lo señalado por el artículo 351 del Manual, el segundo pago de esa prestación debe ser aplicado en la quincena 24[69], esto es, en la segunda quincena de diciembre de 2021.

Finalmente, respecto de la prima vacacional del primer periodo de 2022, debe condenarse al instituto demandado al pago de dicha prestación, pues conforme a lo señalado por el artículo 351 del Manual, el primer pago debió ser aplicado en la quincena 12 de este año, la cual a la fecha ya transcurrió, de ahí que, al no haberse demostrado el pago correspondiente, como se indicó, resulte procedente condenar al INE a su pago.

1.3. Vacaciones y primas vacacionales de las que se debe absolver al INE

En ese orden de ideas, esta Sala Monterrey considera que debe de absolverse al INE del pago de las vacaciones exigibles el 1 de agosto de 2022, y 1 de febrero de 2023 porque respecto al primer periodo aún está transcurriendo los 6 meses para que pueda gozarlas (del 1 de agosto de 2022 al 1 de febrero del 2023) y respecto del segundo, aún se encuentra generando el derecho a gozarlas, toda vez, que no han transcurrido los 6 meses para que tenga derecho, pues el periodo inició el 1 de febrero de la presente anualidad y el derecho se genera hasta el 1 de agosto del 2023.

También, debe absolverse al instituto demandado del pago de la prima vacacional del primer periodo de 2021, pues conforme a lo señalado por el artículo 351 del Manual, el primer pago debió ser aplicado en la quincena 12 de ese año, es decir, la segunda quincena de junio, por lo que el plazo de un año para reclamarla feneció en el mes de junio del año en curso, por tanto si la demanda se presentó hasta noviembre de la presente anualidad es evidente que prescribió su derecho para reclamar su pago.

De igual forma, debe absolverse al INE del pago de la prima vacacional relativa al segundo periodo del año en curso, porque conforme a lo señalado por el artículo 351 del Manual, el segundo pago de esa prestación debe ser aplicado en la quincena 24[70], esto es, en la segunda quincena de diciembre de la presente anualidad, la cual no ha transcurrido, de ahí que resulta improcedente su pago a la actora.

Igualmente procede absolver al instituto demandado del pago del vacaciones y prima vacacional que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral, que solicita la accionante, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JLI-17/2020 y SUP-JLI-27/2020, y esta Sala Monterrey en los juicios SM-JLI-1/2020, SM-JLI-19/2021, y SM-JLI-21/2022, entre otros.

2. Aguinaldo

La trabajadora reclama el pago de aguinaldo por todo el tiempo de servicios prestados.

Por su parte, el INE destaca que, conforme al Manual (artículo 619, párrafo 2)[71], los prestadores de servicios únicamente tienen derecho al pago de la prestación denominada Gratificación de Fin de Año, la cual está condicionada al decreto del Ejecutivo Federal, por lo que en caso de que esta Sala Regional considere cambiar la naturaleza civil de la contratación, deberá partir de la base de que la gratificación de fin de año es un incentivo que se paga por los servicios prestados por un año, y que dicha prestación se le pagó a la trabajadora acorde a su contratación civil, por ende, debe considerarse equiparable al aguinaldo que se paga a los que sí son trabajadores del instituto demandado.

Además, señala que, con respecto a los años 2020 y 2021, el INE pagó a la actora la prestación denominada “gratificación de fin de año”, por lo que, en caso de que esta Sala Regional considere la existencia de una relación laboral entre la inconforme y el instituto demandado, se deberá tener por pagada dicha prestación, respecto de los años antes precisados[72].

Finalmente, refiere que, con respecto al pago del aguinaldo del año 2022, opone la excepción de condición y plazo no cumplidos, pues dicha prestación se otorga a fin de año.

2.1 Prescripción del pago de Aguinaldo del 2013 al 2020

Esta Sala Monterrey considera, por un lado, que prescribió el derecho de la parte actora para reclamar el pago de dicha prestación respecto del periodo comprendido del 2013 al 2020, porque las acciones del trabajo prescriben en 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación es exigible, consecuentemente, es improcedente el pago de aguinaldo de los periodos antes descritos[73].

2.2 Aguinaldo 2021

Esta Sala Monterrey considera que debe absolver al INE al pago del aguinaldo de 2021 porque el INE acreditó haber pagado a la actora la cantidad de $ ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia como consta en el recibo que exhibió por el instituto demandado[74].

2.3 Aguinaldo 2022 y por el tiempo que dure la relación laboral

Al respecto del Aguinaldo de 2022, se advierte que, por cuanto hace al primer pago, aun cuando al momento de presentar la demanda (17 de noviembre de 2022) no se había generado el derecho de la parte actora para exigir el pago de la prestación reclamada, lo cierto es que, al momento en que se resuelve el presente juicio la fecha para que se le otorgue ya transcurrió, por lo que debe ordenarse al INE que, en caso de no haber otorgado el pago el 15 de este mes, lo realice.

En tanto que, respecto del segundo pago de aguinaldo, aún no es exigible su reclamo, pues no ha transcurrido la fecha citada en segundo orden, por lo que debe absolverse al INE de cubrir esta prestación.

Igualmente procede absolver al instituto demandado del pago del aguinaldo que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral, que solicita la accionante, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

III. Prestaciones extralegales

1. Despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos

1.1 Prescripción del pago de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple

La actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple desde su ingreso a la fecha.

Al respecto, si en la presente sentencia se reconoció la existencia de la relación laboral del INE con la inconforme desde el 1 de octubre de 2013 a la fecha, con excepción del 1 al 31 de enero de 2014, se considera que ha prescrito su derecho de acción para reclamar el pago de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple, desde la fecha de su ingreso hasta el 15 de noviembre de 2021, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (16 de noviembre de 2022), ha transcurrido un año o más desde el momento en que el pago de dicha prestación se volvía exigible.

1.2 Pago de las prestaciones de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple

Por otra parte, la actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple por el periodo laborado.

El INE señaló que el pago de dichas prestaciones es improcedente, pues se trata de prestaciones que son de naturaleza extralegal y su otorgamiento está sujeto a los procedimientos que para tal efecto apruebe la Junta General del INE a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración del mismo instituto, así como al cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos en el Manual, que si no se cumplen, el pago de esas prestaciones es improcedente, por lo que, correspondía a la parte inconforme acreditar la existencia y términos en que supuestamente fue otorgada.

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE al pago de las prestaciones de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple, a partir del 16 de noviembre de 2021 a la fecha del cumplimiento de la presente resolución, al no advertirse de autos el pago de dichas prestaciones.

Lo anterior, porque la despensa se otorga al personal operativo, de mando y homólogos desde el ingreso del personal de plaza presupuestal, con excepción del Consejero o Consejera Presidenta y Consejeras o Consejeros Electorales y consiste en un monto fijo que se otorgará quincenalmente, y se integra bajo dos conceptos, Despensa Oficial y Apoyo para despensa[75].

Por su parte, la ayuda de alimentos es una prestación que se otorgará al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos. El pago de esta prestación se realizará de manera quincenal, a través de la nómina, desde el ingreso del Personal de Plaza Presupuestal al instituto, y por su naturaleza de previsión social, exenta de gravamen[76].

La ayuda para alimentos consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos de manera quincenal, la cual únicamente se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo[77].

Y, por último, respecto a la previsión social múltiple, los artículos 248 y 249 del citado Manual señalan que es una prestación adicional que se otorga al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que tiene por objeto coadyuvar al gasto familiar.

El pago de esta asignación se efectúa quincenalmente, desde el ingreso del personal en plaza presupuestal, mediante la nómina y se ajustará al Clasificador por Objeto del Gasto del instituto vigente, y que por su naturaleza está exenta de gravamen alguno.

De lo anterior, se advierte que no existen mayores requisitos o condiciones para el pago de las referidas prestaciones que ser personal operativo, condicionante que cumple la actora al reconocer este órgano jurisdiccional que

su vínculo con el INE fue de carácter laboral.

Finalmente, procede absolver al instituto demandado del pago de las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos que correspondan por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la actora, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

2. Vales de fin de año

2.1 Prescripción de los vales de fin de año

La parte actora solicita el pago de los vales de fin de año por el tiempo laborado.

Por lo que, si en la presente sentencia se reconoció la existencia de la relación laboral del INE con la inconforme desde el 1 de octubre de 2013 a la fecha, con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014, esta Sala Monterrey considera que ha prescrito su derecho de acción para reclamar los vales de fin de año, de 2013 a 2020 porque ha transcurrido un año o más desde el momento en que el pago de dicha prestación se volvía exigible.

2.2 Pago de los vales de fin de año 2021

La actora solicita el pago de los vales de fin de año.

El INE niega la acción y derecho de la actora para reclamar el pago de dicha prestación, y en especial las que corresponde a un año anterior a la presentación de la demanda, pues no existe ni ha existido relación laboral entre ésta y el instituto demandado, ya que el vínculo jurídico entre las partes es de naturaleza civil, derivado de la suscripción de contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, por lo que la trabajadora no ha generado el derecho para que se le otorgue la prestación reclamada.

Esta Sala Monterrey considera debe condenarse al INE a pagar el monto que la Dirección Ejecutiva de Administración hubiere determinado, por concepto de vales de fin de año correspondientes a 2021.

Lo anterior, porque el manual establece que los trabajadores, para recibir esta prestación, deben tener una antigüedad mínima de 6 meses ininterrumpidos en plaza presupuestal, cumplidos a la fecha de pago y encontrarse en activo a la fecha del pago.

En el caso, al acreditarse la relación laboral entre la actora y el INE, esta Sala Regional advierte que la inconforme cumple con los requisitos previstos para hacerse acreedora al pago de la prestación correspondiente, ya que tenía una antigüedad mayor a 6 meses ininterrumpidos y estuvo en activo durante todo el año 2021 y lo que va de este 2022[78].

Aunado a que en el expediente no existe documentación alguna de la cual sea posible advertir que se hubiera pagado dicha prestación en 2021.

2.3 Vales de fin de año 2022

Por otro lado, procede absolver al INE del pago de los vales de fin de año de 2022, porque a la fecha de la presente determinación aún no se ha generado el derecho de solicitar está prestación, pues el instituto demandado aún tiene vigente la oportunidad de entregarlos, toda vez, que aún se encuentra transcurriendo el mes de diciembre, por tanto, a la fecha de la presente resolución, la actora no se encuentra en posibilidad de reclamar su pago.

De igual modo, este órgano jurisdiccional debe absolver al INE respecto a la petición de la actora sobre el pago de esta prestación por el tiempo en que dure la relación laboral porque, como se ha indicado con antelación, la inconforme basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, mucho menos que se haya omitido o negado su pago.

IV. Cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE

La actora solicita el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social de los periodos que no fueron reportados desde la fecha que ingresó a laborar, es decir, a partir del 1 de octubre de 2013.

Por su parte el INE, respecto del pago de las cuotas de seguridad social, señaló que era improcedente el pago de la prestación reclamada porque entre ellos no existía una relación de trabajo, pues el vínculo que los unía era de naturaleza civil.

Esta Sala Regional considera que el INE debe realizar el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones no cubiertas durante la totalidad del plazo de la existencia de la relación laboral, eso es, del 1 de octubre de 2013 a la fecha en que se emite la presente sentencia, con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014.

Lo anterior, porque el INE tenía la obligación de retener las aportaciones quincenales por todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, por concepto de los enteros y pagos de las cuotas obrero-patronales, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE[79] y 43, fracción VI, de la LFTSE[80], que disponen que todo trabajador que preste un servicio físico o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad pública que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a las de seguridad social.

En consecuencia, existe la obligación correlativa de los titulares de las dependencias y entidades públicas de inscribir a los trabajadores ante el ISSSTE y FOVISSSTE, para que puedan gozar de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio, con el respectivo entero de las cuotas y la retención de las que corresponden al trabajador.

Cuando la dependencia incumple con la obligación de inscribir y retener las cotizaciones que corresponden durante el transcurso de la relación laboral, como en el caso, el INE deberá cubrirlas en su integridad, porque ante la omisión del descuento, las consecuencias recaen en el patrón[81].

Derivado de lo anterior, el INE deberá enterar y pagar las aportaciones que debió retener al trabajador respecto de las cotizaciones al ISSSTE y las del FOVISSSTE, con motivo de la relación laboral que tiene con la actora, a efecto de cubrir las cotizaciones por el tiempo de la existencia de la relación laboral[82].

En ese sentido, las prestaciones de seguridad social derivan de la existencia de una relación de trabajo; del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son irrenunciables[83].

Toda vez que no obran en el expediente las constancias necesarias para hacer líquida la condena que se establece en esta ejecutoria, el INE deberá realizar los cálculos respectivos conforme a los salarios devengados por la actora, así como en términos de los lineamientos contenidos en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en la Ley del ISSSTE[84].

Para el caso de que el INE hubiera cubierto algunas de las cuotas, deberá pagar las faltantes, correspondientes tanto al patrón como al trabajador, hasta completar las cotizaciones en el periodo del 1 de octubre de 2019 a la fecha.

2.3. Prima quinquenal

La parte actora solicita el pago de la prima quinquenal por todo el tiempo de servicios prestados.

El INE niega la acción y derecho de la actora para reclamar el pago de dicha prestación por todo el tiempo de servicios prestados, en particular las que corresponden al año previo al de la presentación de la demanda, porque no ha existido una relación laboral entre las partes, pues la naturaleza del vínculo jurídico entre la actora y el instituto demandado es de naturaleza civil, por lo que la inconforme nunca ha generado el derecho para que le sea cubierta la prima quinquenal.

3.1 Prescripción de la prima quinquenal

Esta Sala Monterrey considera que, respecto al pago de la prima quinquenal, al haberse reconocido la existencia de una relación laboral entre la actora y el INE, del 1 de octubre de 2013 a la fecha de la emisión del presente fallo, con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014, por lo que debe absolverse al INE del pago de dicha prestación, ya que el derecho a reclamarla prescribió hasta el 15 de noviembre de 2021, porque la actora presentó su demanda el 16 de noviembre del año en curso.

3.2 Pago de la prima quinquenal

Esta Sala Monterrey considera que debe realizar el pago de la prima quinquenal, a partir del 16 de noviembre de 2021 hasta la fecha del cumplimiento de la presente resolución.

Lo anterior, porque la prima quinquenal es un complemento al sueldo que se otorga con base a la antigüedad de las y los servidores públicos, por cada 5 años de servicios efectivos prestados a la federación hasta llegar a veinticinco años, concepto que se acumula con el sueldo base para efecto del cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social (artículo 318 del Manual[85]).

En el caso, la parte actora ha tenido una relación laboral con el INE desde el 1 de octubre de 2013 a la fecha, con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014, en ese sentido al ser una recompensa por el servicio prestado por años acumulados, queda claro que si la norma solamente establece como requisito para el pago de la prima quinquenal el transcurso del tiempo en el desarrollo de la labor encomendada y la existencia de la relación de trabajo, quienes cumplan los años efectivos de servicio que señala la ley tendrán derecho a ello.

De acuerdo con lo anterior, sólo resulta procedente condenar al INE al pago retroactivo de la prima quinquenal, tomando en consideración el tiempo que la actora ha laborado para el Instituto demandado y que ha sido reconocido por esta Sala Regional, a partir del 16 de noviembre de 2021 hasta la fecha en que dé cumplimiento a este fallo.

Igualmente procede absolver al Instituto demandado del pago de la prima quinquenal por el tiempo en que dure la relación laboral, que solicita la accionante, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

Apartado III. Efectos

A. Toda vez que la actora acreditó parcialmente las acciones y el INE no demostró sus excepciones y defensas, se condena al instituto demandado a:

1. Reconocer la antigüedad de la actora por cuanto al periodo comprendido del 1 de octubre de 2013 a la fecha en que se emite el presente fallo con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014.

Asimismo, se ordena al INE que entregue a la actora la constancia de servicios en los términos precisados en el apartado correspondiente.

2. Realizar la inscripción retroactiva al ISSSTE y FOVISSSTE, pagando las cuotas correspondientes, y entregar las constancias que acrediten la inscripción retroactiva y el pago de las cuotas obrero-patronales a la seguridad social en términos del apartado respectivo.

3. Pagar las vacaciones exigibles del 1 de agosto de 2021 y 1 febrero de 2022, así como la prima vacacional del segundo periodo de 2021 y primer periodo de 2022.

4. Se ordena al INE que, en caso de no haber realizado el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo de 2022 que debió efectuarse a más tardar el 15 de este mes, lo realice, debiendo aportar la constancia que así lo acredite.

5. Pagar las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos desde el 16 de noviembre de 2021 hasta la fecha en que se cumpla lo aquí ordenado, así como los vales de fin de año de 2021.

B. Toda vez que la actora no acreditó las acciones y el INE demostró sus excepciones y defensas, deberá absolverse al instituto demandado lo siguiente:

1. Otorgar un nombramiento como personal del INE a la Rama Administrativa a partir del reconocimiento de la relación laboral cuyo origen fue la contratación civil.

2. Pagar vacaciones exigibles del 1 de febrero de 2014 al 1 de febrero de 2021, así como, las primas vacacionales del primer periodo del 2021 y segundo periodo del 2022.

3. Pagar aguinaldo desde 2013 al 2021.

4. Pagar despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos desde el 1 de octubre de 2013 al 15 de noviembre de 2021.

5. Pagar vales de fin de año de 2013 a 2020 y 2022.

6. Entregar la hoja única de servicios.

Lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo las acciones ordenadas, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

Resolutivos

Primero. Se reconoce la antigüedad de la actora por el periodo del 1 de octubre de 2013 a la fecha en se emite el presente fallo con excepción del periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2014.

Segundo. Se condena al Instituto Nacional Electoral al reconocimiento de antigüedad, inscripción retroactiva y el pago de las cuotas correspondientes del periodo identificado, así como a la entrega de la constancia de servicios respectiva, de acuerdo con los razonamientos y efectos indicados en la presente ejecutoria.

Tercero. Se condena al Instituto Nacional Electoral al pago de la prestación de vacaciones, prima vacacional, vales de fin de año, despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple en los términos precisados en el apartado A de los efectos de la presente sentencia.

Cuarto. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral de otorgar el nombramiento de plaza presupuestal y del pago la prestación de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, vales de fin de año, despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple, y hoja de servicio en los términos precisados en el apartado B de los efectos.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y el Secretario General de Acuerdos en funciones de Magistrado, Francisco Daniel Navarro Badilla, ante el Secretario General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.