JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JLI-86/2024

PARTE ACTORA: PAOLA VALENCIA SUASTO

DEMANDADO: Instituto NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: Ernesto Camacho ochoa

SECRETARIado: SIGRID LUCÍA MARÍA GUTIERREZ ANGULO Y NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES

COLABORÓ: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR

Monterrey, Nuevo León, 28 de febrero de 2025.

Sentencia de la Sala Monterrey que reconoce la existencia de la relación laboral entre Paola Valencia y el INE del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023 y, por tanto: I. Se condena al instituto demandado para que: a) reconozca la antigüedad de la trabajadora en el periodo acreditado, b) pague la prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023, c) pague las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y vales de fin de año de 2023 conforme a lo determinado en la presente sentencia, d) pague las vacaciones correspondientes al primer y segundo periodos de 2023, y II. Se absuelve al INE del reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Glosario

Competencia, cuestión previa, estudio de las excepciones y procedencia

I. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio porque se trata de una controversia sobre la determinación del tipo de relación que el INE mantuvo con la inconforme, en un órgano delegacional de dicho instituto en Guanajuato, entidad federativa en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[1].

II. Cuestión previa

En principio, es necesario destacar que con motivo de la presentación de demanda que dio origen juicio laboral que nos ocupa, el 14 de mayo, el Magistrado Instructor admitió el medio de impugnación y emplazo al INE para que, en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, diera contestación y ofreciera las pruebas que estimase pertinentes; dicho proveído fue notificado electrónicamente en la misma fecha, por lo que éste transcurrió del 15 al 28 de mayo.

El 28 de mayo, el INE presentó el escrito de respuesta correspondiente, con el cual, mediante acuerdo de 3 de junio, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que estimase convenientes.

Ahora bien, el 5 de junio siguiente, el INE presentó un segundo escrito de contestación ante este órgano jurisdiccional.

Al respecto, esta Sala Regional considera que debe tenerse por no presentada la segunda contestación, esto, tomando en consideración lo previsto en el artículo 100, de la Ley de Medios, que establece que el INE debe contestar dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que se le notifique la presentación del escrito del promovente, de ahí que, si el plazo para tal efecto transcurrió del 15 al 28 de mayo y ésta se recibió el 3 de junio, resulta evidente que su presentación fue extemporánea. 

III. Excepciones

La parte actora solicita el reconocimiento de una relación laboral con el INE por tiempo indeterminado y el pago de diversas prestaciones laborales con motivo del reconocimiento de ésta, porque en el periodo solicitado prestó sus servicios de manera continua y ejerció funciones que son de naturaleza laboral.

Al respecto, el INE hizo valer, en su contestación de demanda, las siguientes excepciones: a) falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023, b) falta de legitimación para reclamar el pago de las prestaciones extralegales, c) falta de acción y derecho para reclamar el pago de vacaciones del primer y segundo periodos vacacional de 2023 y d) falta de acción y derecho para reclamar las prestaciones de despensa, despensa oficial y apoyo para despensa, previsión social múltiple y vales de fin de año 2023.

Esta Sala Monterrey considera que dichas excepciones señaladas por el INE están dirigidas a evidenciar la inexistencia de una relación laboral entre las partes y, por tanto, la falta de derecho de la parte actora para reclamar las prestaciones, de manera que el análisis se realizará por esta Sala Regional en el fondo de la cuestión planteada.

En ese sentido, los argumentos del INE serán analizados en el apartado de estudio de fondo, por ser cuestión del problema jurídico a resolver.

IV. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Contexto sobre el inicio del vínculo entre la parte actora y el INE

A. Primer juicio laboral [SM-JLI-80/2022]

1. El 1 de septiembre de 2020, la parte actora, señala, ingresó a laborar a la Junta Distrital como Auxiliar de Atención Ciudadana.

2. El 29 de noviembre de 2022, la actora afirma que solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital el pago de las prestaciones laborales que le corresponden, a lo que dicho funcionario le contestó que no contaba con derecho a percibir prestaciones de índole laboral pues, al ser prestadora de servicios, únicamente contaba con el derecho relativo al pago de honorarios convenido.

3. El 23 de diciembre de 2022, la inconforme promovió medio de impugnación en el que solicitó, sustancialmente: i) el reconocimiento y formalización de la relación laboral por tiempo indeterminado como trabajadora del Instituto a partir del 1 de septiembre de 2020, ii) el pago de las prestaciones derivadas de esta, iii) el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado y iv) la correcta integración de su percepción mensual.

4. El 7 de marzo de 2023, esta Sala Regional Monterrey: i) reconoció la existencia de la relación laboral entre la parte actora y el instituto demandado por el periodo transcurrido del 1 de septiembre de 2020 a la fecha de la emisión de la sentencia, ii) condenó al INE al pago de diversas prestaciones[4] y iii) absolvió al INE de pagar aquellas prestaciones que resultaron improcedentes o que prescribieron.

5. El 1 de enero de 2024[5], la inconforme recibió una plaza presupuestal dentro de la estructura del INE.

6. El 19 de abril, la parte actora señala que dejó de laborar para el instituto demandado.

7. El 1 de marzo, a efecto de dar prioridad a la resolución de los medios de impugnación presentados con motivo del proceso electoral federal y locales concurrentes, esta Sala Regional decretó la suspensión del cómputo de los plazos en la sustanciación y resolución de los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE que se recibieran a partir de esa fecha o se encontraran radicados, sin perjuicio de la facultad de las magistraturas instructoras y del Pleno para actuar individualmente.

B. Segundo juicio laboral

1. El 10 de mayo, la parte actora promovió, ante esta Sala Monterrey, el presente juicio, en el que solicita el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, así como el pago de diversas prestaciones[6] porque, desde su perspectiva, a pesar de que esta Sala determinó, en el juicio SM-JLI-80/2023, que la relación que une a las partes es de naturaleza laboral, el INE ha sido omiso en considerarla como tal y, por tanto, cubrir las prestaciones correspondientes.

2. El 28 de mayo, el INE contestó la demanda, ofreció pruebas y manifestó excepciones y defensas. El 3 de junio siguiente, se dio vista a la actora y se citó a audiencia a las partes, para lo cual se señalaron las 11:30 horas del 21 de junio del 2024.

3. El 21 de junio, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, admisión, desahogo de pruebas y alegatos, misma que se desahogó conforme a la ley, y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia y posterior a ello se cerró la instrucción.

4. El 25 de octubre, esta Sala Regional determinó que la resolución de los juicios laborales en trámite, así como los que se radicaran en este órgano jurisdiccional, podía extenderse más allá del plazo ordinario de decisión, hasta que el número de asuntos en instrucción se regularizara y permitiera el normal desahogo de las cargas de trabajo jurisdiccionales, sin que tal plazo pudiera exceder el mes de febrero de 2025, salvo que el Pleno de este órgano jurisdiccional acordara una fecha distinta.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. La parte actora afirma que, en una sentencia previa (SM-JLI-80/2023, emitida el 7 de marzo de 2023), esta Sala Monterrey reconoció la existencia de una relación laboral entre ésta y el instituto demandado en el periodo precisado en dicho fallo, por lo que condenó al INE al pago de diversas prestaciones laborales[7].

Sin embargo, señala que el INE omitió el pago de las prestaciones laborales que le corresponden con motivo del reconocimiento de la relación laboral a pesar de que esa H. Sala Regional consideró la existencia de una relación laboral entre la accionante y el Instituto Nacional Electoral, así como que el cargo que desempeñó la accionante como Auxiliar de Atención Ciudadana (AAC) no es propio una prestación de servicios profesionales, así como el hecho de que sus funciones no son de índole especial o esporádico, es decir, que no fue contratada para cubrir una necesidad extraordinaria del INE, sino que realizó una actividad de carácter permanente, es decir, la parte actora continuó trabajando hasta el 19 de abril de 2024[8].

2. Por su parte, el INE, en su contestación, refiere que la relación contractual que existió fue de naturaleza civil entre las partes a partir del 8 de marzo al 31 de diciembre del año 2023 (A). La cual está regulada conforme al contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes en el año 2023[9].

En ese sentido, señala que resultan improcedentes todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su demanda, consistentes en: pago de vacaciones, prima vacacional, previsión social múltiple, vales de fin de año y ayuda para alimentos por ser prestaciones que sólo se otorgan a los trabajadores del INE, calidad de la que no gozó la accionante por el periodo controvertido[10].

3. En ese sentido, la controversia a resolver consiste en determinar: i. La naturaleza del vínculo jurídico entre la parte actora y el INE, a fin de establecer si fue de carácter civil o laboral y ii. La vigencia o duración del vínculo entre las partes, con el objeto de fijar el periodo que servirá de sustento para determinar si resulta procedente el reconocimiento de la inconforme como persona trabajadora del INE por tiempo indeterminado; además, de ser el caso, emitir un pronunciamiento respecto al pago de las prestaciones que resulten procedente.

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Regional considera que debe reconocerse la existencia de la relación laboral entre Paola Valencia y el INE del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023 y, por tanto: I. Se condena al instituto demandado para que: a) reconozca la antigüedad de la trabajadora en el periodo acreditado, b) pague la prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023, c) pague las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y vales de fin de año de 2023 conforme a lo determinado en la presente sentencia, d) pague las vacaciones correspondientes al primer y segundo periodos de 2023 y II. Se absuelve al INE del reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Marco normativo de los elementos de una relación laboral

Los elementos esenciales para configurar una relación de trabajo son: a. La prestación de un trabajo personal que implica realizar actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio del empleador, b. La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio (el trabajador o trabajadora), y c. El pago de un salario en contraprestación por el trabajo realizado.

En ese tema, es importante destacar que el legislador dispuso una especial tutela en favor de las personas trabajadoras, en general, a éstos se les exime de probar ciertos hechos o actos y al patrón se le atribuye expresamente la carga de probar, aunque se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador. Incluso, al patrón le corresponde demostrar el tiempo laborado (artículo 784, de la LFT[11]).

De manera que, cuando existe controversia sobre la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, la carga de la prueba corresponde al patrón, al negar la relación laboral, porque lleva implícita la afirmación de que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye la parte actora, entonces, la parte patronal debe probar la naturaleza de la relación jurídica, por ser la que tiene a su alcance los elementos de prueba necesarios para esclarecer la verdad de los hechos[12].

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que, para definir la relación jurídica existente entre el trabajador o trabajadora y el instituto demandado, adquieren relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente o eventual.

También, la Sala Superior ha señalado que el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los “prestadores de servicios”[13].

Tema i. Naturaleza de la relación que existió entre las partes

La parte actora afirma que, desde el 8 de marzo de 2023 (fecha posterior a la resolución del juicio laboral SM-JLI-80/2022), continuó trabajando en la Junta Distrital como Auxiliar de Atención Ciudadana[14].

Por su parte, el INE, en su escrito de contestación de demanda, señala que, del 8 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2023, la parte actora prestó sus servicios bajo el régimen de honorarios regulados por la legislación civil.

En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que la naturaleza de la relación entre la parte actora y el INE,  del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023, es de carácter laboral, al haberse demostrado los elementos esenciales de una relación de trabajo pues, de los hechos narrados y las pruebas aportadas por las partes, se comprobó la actualización de los elementos correspondientes: a) prestación de un trabajo personal, b) pago de una contraprestación (salario) y c) subordinación, en atención a las siguientes consideraciones:

a. Prestación de un trabajo personal

De acuerdo con los elementos de prueba que existen en el expediente, esta Sala Monterrey advierte que, durante el tiempo que la parte actora ha prestado sus servicios al INE (del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023), ésta ha desempeñado la siguiente actividad:

- Auxiliar de atención ciudadana. Apoyar a las personas ciudadanas a identificar su domicilio en la cartografía electoral y el trámite de actualización que realizará; así como, recuperar y entregar notificaciones e invitaciones mediante visitas domiciliarias a las personas ciudadanas[15].

b. Pago de una contraprestación (salario)

Esta Sala Monterrey considera que existió el pago de una contraprestación por los servicios que la inconforme prestó al INE, porque de las constancias analizadas se advierte que el INE otorgó un pago a la parte actora por las actividades desempeñadas.

Lo anterior, porque de las constancias que obran en autos se advierte que la parte actora ha recibido, un pago por los servicios prestados, de ahí que, por sus actividades, obtuvo un salario[16].

c. Subordinación

En principio, es preciso señalar que, es un hecho notorio[17], que en el juicio anterior SM-JLI-80/2022, obra en el expediente el contrato celebrado entre las partes, correspondiente al periodo transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que, en el caso, se actualiza la subordinación, porque de dicho contrato se advierte que el Instituto fue quien determinó el objeto de materia del contrato celebrado, el cargo que asignaría a la demandante, la obligación de sujetarla a una revisión periódica de informes y le concedió el pago de una retribución económica de manera periódica.

De ello deriva que existía una subordinación de la impugnante al instituto demandado, pues su actividad estaba condicionada a los parámetros y lineamientos que éste le estableció, sometiéndola a procesos de supervisión y aprobación del personal que le representaba[18].

Dado que la naturaleza de esas actividades se vincula con las funciones de actualización del padrón electoral y se utilizan herramientas propiedad del instituto para ejecutarlas, es claro que deben ser supervisadas, orientadas y coordinadas por los funcionarios de mando del propio Instituto, y no se enmarcan en la prestación de servicios de naturaleza civil, en la cual la prestadora “por sus propios medios y habilidades” ejecuta el servicio encomendado.

Ahora bien, las denominaciones del cargo y las funciones establecidas en el contrato permiten concluir que, las mismas se vinculaban con las actividades permanentes de la función electoral.

En ese contexto, la naturaleza de las actividades, el establecimiento de un lugar de labores y el ejercicio de las facultades de supervisión por parte del instituto demandado, constituyen elementos que desacreditan la supuesta autonomía en la relación jurídica, que aduce la parte demandada.

Por tanto, como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que se actualiza el elemento de subordinación, pues de las funciones realizadas por la actora descritas con anterioridad se aprecia que desempeñó actividades vinculadas con la función electoral y distintos procesos institucionales que no fueron de índole especial o esporádica, sino para cubrir necesidades permanentes del instituto demandado, actividades que, incluso, no cubrió con recursos propios sino con los medios proporcionados en su lugar de trabajo, y que los realizó bajo la supervisión del personal del INE.

En ese sentido, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, se tiene que el vínculo de la actora con el INE, respecto del cargo analizado en este apartado, es de naturaleza laboral.

Sin que el hecho de que el vínculo entre la actora y el INE se hubiera acreditado mediante la celebración de contrato de prestación de servicios profesionales, por tiempo determinado, porque, conforme a la doctrina judicial desarrollada por la Sala Superior, el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los prestadores de servicios, es decir, lo que realmente se toma en consideración para establecer el tipo de relación (laboral o civil) y la permanencia se basa esencialmente en las actividades pactadas en el contrato y no en la denominación que se le otorgue al instrumento mediante el cual se perfecciona el vínculo.

En virtud de lo expuesto, es innecesario el estudio de las restantes excepciones y defensas que hace valer el instituto demandado y que dependían de la inexistencia de la relación laboral pues, en términos del caudal probatorio que obra en autos, quedó comprobado ese vínculo.

Tema ii. Determinación del periodo y tipo de contratación (determinado o indeterminado

1. Determinación de la vigencia de la relación laboral entre las partes

a. Caso concreto y valoración del periodo acreditado

La parte actora refiere que, en el juicio previo (SM-JLI-80/2022, emitido el 7 de marzo de 2023), esta Sala Monterrey reconoció la existencia de una relación laboral entre ésta y el instituto demandado por el periodo transcurrido del 1 de septiembre de 2020 a la fecha en que se determinó el fallo, por lo que condenó al INE al pago de diversas prestaciones laborales[19].

El INE, al dar contestación a la demanda, reconoció que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, la parte actora prestó sus servicios bajo el régimen de honorarios regulados por la legislación civil.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que, dado que en la presente determinación se declaró la existencia de la relación laboral entre las partes, el INE debe reconocer la antigüedad acreditada en este juicio a favor de quien promueve, del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

b. Reconocimiento del tipo de contratación

La parte actora solicita el reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado.

El INE considera que dicha solicitud resulta improcedente puesto que no puede indeterminarse lo que tiene una fecha de conclusión establecida, como lo es el contrato de prestación de servicios profesionales, cuya fecha de inicio y de término son ciertos y, en el caso, dicho contrato feneció el pasado 31 de diciembre de 2023, asimismo, señala que la inconforme recibió una plaza presupuestal a partir del primero de enero del 2024, sin embargo, ésta decidió terminar la relación laboral el 19 de abril del mismo año.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado solicitado por la inconforme es improcedente.

Lo anterior, porque, como se refirió anteriormente, ambas partes coinciden en que la hoy inconforme dejó de laborar para el INE a partir del 19 de abril de 2024, de ahí que se considere improcedente la solicitud de reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, toda vez que ya no guarda ningún tipo de relación con el instituto demandado.

Tema iii. Prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral

1. Reconocimiento de antigüedad

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE a reconocer la antigüedad de la inconforme del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023, al haberse acreditado la existencia de una relación entre las partes por el periodo precisado en la presente sentencia.

2. Pago de vacaciones y prima vacacional

2.1. La parte actora reclama el pago de las vacaciones y prima vacacional correspondientes al primer y segundo periodos de 2023.

El INE, en su contestación a la demanda, niega la acción y derecho, así como la improcedencia de las prestaciones reclamadas por la parte actora, porque estas sólo se otorgan a los trabajadores de plaza presupuestal del instituto demandado, calidad de la que no goza la inconforme.

Asimismo, resalta que, en los dos periodos vacacionales del 2023, la hoy actora no llevó a cabo sus actividades contractuales y aun así gozo del pago de sus honorarios de manera íntegra, por lo que considera que resulta improcedente dicha prestación.

2.2. Valoración

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE al pago de las vacaciones cuyo derecho al goce y disfrute se generó a favor de la parte actora el 1 de marzo de 2023 y el 1 de septiembre de 2023.

En efecto, la SCJN[20] y los Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral[21], ha indicado que el derecho al pago de las vacaciones que no fueron disfrutadas y que no hayan prescrito, resulta procedente siempre y cuando el vínculo laboral haya concluido (artículo 30, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado[22]).

En ese sentido, al haberse acreditado la relación laboral entre las partes por el periodo precisado anteriormente, asimismo que la parte actora ya no labora para el instituto demandado y que el INE no probó que la parte actora disfrutó de los periodos vacacionales del 2023, lo procedente, conforme a Derecho, es condenar al referido instituto al pago.

Por otra parte, debe condenarse al instituto demandado al pago de la prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023, porque el pago de esa prestación debe ser aplicado en las quincenas 12 y 24, es decir, en la segunda quincena de los meses de junio y diciembre, respectivamente, de cada año, sin embargo, el INE no acreditó haber realizado el pago correspondiente.

De ahí que, por las circunstancias específicas de este asunto, procede ordenar su pago, en atención al principio de justicia completa, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General, y toda vez que, se reitera, el INE reconoció genéricamente que no se cubrió esa prestación, al considerar que la parte actora no tenía derecho a recibirla, sobre la base de que el vínculo que les une es de naturaleza civil, aspecto que ya se desestimó.

Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JLI-17/2020 y SUP-JLI-27/2020, y esta Sala Monterrey en los juicios SM-JLI-1/2020, SM-JLI-19/2021, y SM-JLI-21/2022, entre otros.

3. Prestaciones extralegales

3.1. Despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos

La parte actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple a partir del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

El INE negó la acción y el derecho de la parte actora para reclamar las prestaciones y señala que el pago es improcedente, porque se trata de prestaciones de naturaleza extralegal y su otorgamiento está sujeto al cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos en el Manual, que, si no se cumplen, el pago de esas prestaciones es improcedente.

Al respecto, es preciso señalar que es un hecho notorio que, en cumplimiento a la resolución del juicio laboral SM-JLI-80/2022, el INE pagó las referidas prestaciones hasta el 29 de marzo de 2023, como se demuestra a continuación:

De ahí que, al haber acreditado que existió una relación laboral entre el instituto demandado y la parte actora del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023, aunado a que el INE pagó dichas prestaciones hasta el 29 de marzo de 2023, lo procedente es condenar al INE al pago de las prestaciones de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple, a partir del 30 de marzo al 31 de diciembre de 2023, al no advertirse de autos la liquidación de dichas prestaciones.

Lo anterior, porque la despensa se otorga al personal operativo, de mando y homólogos desde el ingreso del personal de plaza presupuestal al INE, con excepción del Consejero o Consejera Presidenta y Consejeras o Consejeros Electorales y consiste en un monto fijo que se otorgará quincenalmente, y se integra bajo dos conceptos, despensa oficial y apoyo para despensa[23].

Por su parte, la ayuda de alimentos es una prestación que se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo, que consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos. El pago de esta prestación se realizará de manera quincenal, a través de la nómina, desde el ingreso del personal de plaza presupuestal al instituto demandado y por su naturaleza de previsión social, exenta de gravamen[24].

Y, por último, respecto a la previsión social múltiple, los artículos 248 y 249 del citado Manual señalan que es una prestación adicional que se otorga al personal de plaza presupuestal de nivel operativo, que tiene por objeto coadyuvar al gasto familiar.

El pago de esta asignación se efectúa quincenalmente, desde el ingreso del personal en plaza presupuestal, mediante la nómina y se ajustará al clasificador por objeto del gasto del instituto vigente, y que por su naturaleza está exenta de gravamen alguno.

De lo anterior, se advierte que no existen mayores requisitos o condiciones para el pago de las referidas prestaciones que ser personal operativo, condicionante que cumple la parte actora al reconocer este órgano jurisdiccional que su vínculo con el INE fue de carácter laboral.

No pasa inadvertido el hecho de que el instituto demandado refiere que tales prestaciones se otorgan al personal una vez llevado a cabo el mecanismo de ingreso correspondiente, siendo que la parte actora no se ha sujetado a éste para obtener el nombramiento respectivo y, con ello, ubicarse en los requisitos de procedencia para acceder a dichas prerrogativas, que es contar con una plaza presupuestal, sin embargo, debe desestimarse porque, como se indicó en párrafos anteriores, el reconocimiento judicial de la relación laboral entre la parte actora con el INE genera tal derecho como si se tratara de una persona con nombramiento en una plaza de esa naturaleza.

3.2. Vales de fin de año

La parte actora solicita el pago de vales de fin de año correspondiente a 2023.

El INE negó la acción y derecho de la parte actora para reclamar el pago requerido porque dicha prestación esta dirigida para el personal de plaza presupuestal de nivel operativo y estar activo con esa calidad en la fecha de pago, lo cual ocurre al final del año, en ese sentido, resulta inaplicable para las personas prestadoras de servicios profesionales, como lo fue el caso de la hoy inconforme.

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE a pagar el monto que la Dirección Ejecutiva de Administración hubiere determinado, por concepto de vales de fin de año, correspondientes al año 2023.

Lo anterior, porque el Manual establece que, para acreditar el derecho a recibir esta prestación, el personal de plaza presupuestal de nivel operativo deberá encontrarse activo a la fecha de pago[25].

En el caso, al acreditarse la existencia de una relación laboral en un juicio previo (SM-JLI-80/2022), cuya sentencia se emitió el 7 de marzo de 2023, y que, posterior a esa fecha (8 de marzo al 31 de diciembre de ese año), la relación fue continua, por tanto, esta Sala Monterrey advierte que la inconforme cumple con los requisitos previstos para hacerse acreedora al pago de la prestación correspondiente, ya que estuvo en activo durante todo el 2023[26].

Aunado a que en el expediente no existe documentación alguna de la cual sea posible advertir que se hubiera pagado dicha prestación en 2023.

Apartado III. Efectos

A. Toda vez que la parte actora acreditó parcialmente las acciones y el INE no demostró sus excepciones y defensas, se condena al instituto demandado a:

1. Reconocer la antigüedad de la parte actora por el periodo comprendido del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

2. Pagar a la parte actora las vacaciones correspondientes al primer y segundo periodos de 2023.

3. Pagar la prima vacacional del primer y segundo periodos de 2023.

4. Pagar las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos desde el 30 de marzo al 31 de diciembre del 2023.

B. Toda vez que la parte actora no acreditó las acciones y el INE demostró sus excepciones y defensas, deberá absolverse al instituto demandado lo siguiente:

Único. El reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado.

Para cumplir con lo establecido, el instituto demandado deberá, tras ser notificado de este fallo, efectuar a la brevedad el pago de las prestaciones económicas descritas en este apartado y, una vez realizadas las acciones ordenadas, deberá informar a esta Sala Monterrey, dentro de las 24 horas siguientes, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

Resolutivos

Primero. Se reconoce la antigüedad de la parte actora por el periodo comprendido del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

Segundo. Se condena al Instituto Nacional Electoral al reconocimiento de la antigüedad, de acuerdo con los razonamientos y efectos indicados en la presente ejecutoria.

Tercero. Se condena al Instituto Nacional Electoral al pago de la prima vacacional, vacaciones, despensa, ayuda de alimentos, previsión social múltiple y vales de fin de año de 2023, en los términos precisados en el apartado A, de los efectos de la presente sentencia.

Cuarto. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral del reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, en los términos precisados en el apartado B, de los efectos de esta sentencia.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa quien formula voto aclaratorio, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Voto aclaratorio, razonado o concurrente que emite el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa en el asunto laboral SM-JLI-86/2024[27].

La ponencia del suscrito sometió a consideración del pleno de esta Sala Regional Monterrey el proyecto que se aprobó en los términos de la sentencia que antecedente.

Los integrantes del pleno de esta Sala Monterrey decidimos, reconocer la existencia de la relación laboral entre la parte actora y el INE en el periodo precisado en la sentencia y, por tanto, condenar al instituto demandado a: i) reconocerle la antigüedad laboral y ii) pagar diversas prestaciones económicas, asimismo, se absolvió al INE del reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado.

Sin embargo, en cuando el tema de vacaciones, emito el presente voto aclaratorio, a efecto de puntualizar que, desde mi perspectiva el reclamo del pago de vacaciones no disfrutadas que hace la parte actora es improcedente, porque el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE[28] establece que, en caso de bajas definitivas del Personal de Plaza Presupuestal y de los Prestadores de Servicios, se emitirán los pagos correspondientes a petición de la parte interesada, por medio de las Coordinaciones Administrativas o Enlaces Administrativos en Órganos Centrales y Delegacionales.

Por tanto, considero que el tratamiento que debió darse es determinar improcedente la solicitud del pago de sus vacaciones generadas durante la relación que tuvo con el Instituto demandado para que realice la solicitud ante el órgano administrativo correspondiente y, únicamente, ante la negativa podría controvertirse ante este órgano jurisdiccional porque, toda controversia jurídica conlleva, como presupuesto lógico que, frente a la pretensión de una de las partes, deba existir una resistencia o una negativa de la parte contraria y, a manera de obiter dicta, reconocer si tiene derecho al pago.

De ahí que, por la razón expuesta, emito el presente voto aclaratorio.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.