JUICIO PARA dirimir los conflictos o diferencias laborales DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JLI-124/2023

ACTORA: CORAL IVETTE PALOMARES SANTIBAÑEZ

DEMANDADO: Instituto NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: Ernesto Camacho ochoa

SECRETARIado: Ana Cecilia Lobato Tapia Y SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ

colaboró: Paulo CÉSAR FIGUEROA CORTÉS

Monterrey Nuevo León, a 6 de diciembre de 2023.

Sentencia de la Sala Monterrey que reconoce la existencia de la relación laboral entre Coral Palomares y el INE en los periodos determinados y, por tanto: I. se condena al INE para el efecto de que: a. reconozca la antigüedad de la trabajadora en los periodos acreditados, b. realice el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, c. reconozca el derecho de goce y disfrute de las vacaciones exigibles del 1 de julio de 2022 y 1 de enero de 2023 y pague las primas vacacionales del segundo periodo de 2022 y del primer periodo de 2023, d. pague las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, prima quinquenal y vales de fin de año; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia y II. Se absuelve al INE de reconocer la existencia de un vínculo entre la actora y el instituto demandado durante los períodos donde no se acreditó una relación.

Glosario

Competencia y excepciones

I. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio porque se trata de una controversia sobre la determinación del tipo de relación que el INE actualmente mantiene con la inconforme, en un órgano desconcentrado de dicho instituto en el estado de Guanajuato, entidad en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[1].

II. Excepciones. El INE hizo valer, en su contestación de demanda, las excepciones de: a) falta de acción y derecho de la actora, b) inexistencia del vínculo jurídico entre las partes, c) caducidad y d) improcedencia de la acción y falta de derecho de la inconforme.

Esta Sala Monterrey considera que las excepciones que señala el INE están dirigidas a evidenciar la inexistencia de una relación laboral entre las partes y, por tanto, la falta de derecho de la actora para reclamar las prestaciones, de manera que el análisis se realizará por esta Sala Regional en el fondo de la cuestión planteada.

Antecedentes

De las constancias de autos y de las afirmaciones hechas por las partes, se advierten los siguientes hechos relevantes:

I. Contexto sobre el inicio del vínculo entre la actora y el INE 

1. La actora afirma que el 1 de noviembre de 2014 ingresó a laborar para el entonces INE en la Junta Distrital como capturista y que se ha desempeñado en los siguientes periodos: i.               del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 (capturista); ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015 (Auxiliar de atención ciudadana); iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016 (capturista); iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (operadora de equipo tecnológico); v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 (validadora); vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020 (digitalizadora de medios de identificación); vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021(secretaria de la Junta distrital); viii. del 16 de octubre de 2021 a la fecha (digitalizadora de medios de identificación)[2].

2. Solicitud para formalizar la relación laboral. La actora afirma que el 28 de septiembre de 2023[3], solicitó al Vocal Ejecutivo del Junta Distrital girara sus instrucciones a efecto de que se le pagaran las prestaciones laborales que le correspondían y, una vez que fue recibida su solicitud, el vocal de manera verbal le señaló que “usted no tiene derecho al pago de prestaciones laborales, a lo único que tiene derecho es al pago de honorarios”.

3. Presentación de la demanda. Inconforme, el 19 de octubre, la impugnante, por conducto de su apoderado legal, presentó ante esta Sala Monterrey demanda de juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus trabajadores, en la que solicitó el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado como trabajador del Instituto demandado en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 (capturista); ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015 (Auxiliar de atención ciudadana); iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016 (capturista); iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (operadora de equipo tecnológico); v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 (validadora); vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020 (digitalizadora de medios de identificación); vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021(secretaria de la Junta distrital); viii. del 16 de octubre de 2021 a la fecha (digitalizadora de medios de identificación).

Adicionalmente, la actora reclamó el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal, incentivo por años de servicio, por todo el tiempo en que la inconforme ha prestado sus servicios al INE, el pago de las cuotas y aportaciones que el Instituto demandado omitió realizar al ISSSTE y FOVISSSTE, desde la fecha en que comenzó a prestar sus servicios, la entrega de una constancia laboral y, finalmente, la correcta integración de su percepción mensual.

4. Contestación de la demanda, vista a la actora, citación de audiencia. El 9 de noviembre, el INE contestó la demanda, ofreció pruebas y manifestó excepciones y defensas. El 10 siguiente, se dio vista a la actora y se citó a audiencia a las partes, para lo cual se señalaron las 11:30 horas del 24 de noviembre del año en curso, misma que se desahogó conforme a la ley y, en el mismo día, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de sentencia.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. La actora afirma que el 1 de noviembre de 2014 ingresó a laborar para el entonces INE en la Junta Distrital como capturista y que se ha desempeñado en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 (capturista); ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015 (Auxiliar de atención ciudadana); iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016 (capturista); iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (operadora de equipo tecnológico); v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 (validadora); vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020 (digitalizadora de medios de identificación) y vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021 (secretaria de la Junta distrital), así mismo, precisa que desde el 16 de octubre de 2021 a la fecha se ha desempeñado como digitalizadora de medios de identificación; por lo que solicita el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, así como el de su antigüedad y, en consecuencia, el pago de diversas prestaciones[4].

2. Por su parte, el INE, en su contestación, señala que, contrario a lo planteado por la actora: i. no ingresó a laborar el 1 de noviembre de 2014; y ii. del 16 de noviembre a la fecha, ha sostenido diversos vínculos jurídicos de carácter civil bajo el régimen de honorarios eventuales con distintas interrupciones.

En efecto, el INE, en su contestación a la demanda, refiere que la actora prestó sus servicios para dicho instituto demandado del 16 de noviembre de 2014 al a la fecha bajo el régimen de prestación de servicios profesionales (honorarios), los cuales se señalan a continuación:

3. En ese sentido, la controversia a resolver consiste en determinar: i. la naturaleza del vínculo jurídico entre la inconforme y el INE, a fin de establecer si es de carácter civil o laboral, ii. determinar la fecha en que inició el vínculo contractual entre la actora y el instituto demandado, y iii. determinar la vigencia o duración del vínculo entre las partes, con el objeto de fijar el periodo que servirá de sustento para, de ser el caso, emitir un pronunciamiento respecto al pago de las prestaciones que resulten procedentes.

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey reconoce la existencia de la relación laboral entre Coral Palomares y el INE en los periodos determinados y, por tanto: I. se condena al INE para el efecto de que: a. reconozca la antigüedad de la trabajadora en los periodos acreditados, b. realice el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, c. reconozca el derecho de goce y disfrute de las vacaciones exigibles del 1 de julio de 2022 y 1 de enero de 2023 y pague las primas vacacionales del segundo periodo de 2022 y del primer periodo de 2023, d. pague las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, prima quinquenal y vales de fin de año; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia y II. Se absuelve al INE de reconocer la existencia de un vínculo entre la actora y el instituto demandado durante los períodos donde no se acreditó una relación.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Tema 1. Naturaleza de la relación que existió entre las partes

1. Marco normativo de los elementos de una relación laboral

Los elementos esenciales para configurar una relación de trabajo son: a. La prestación de un trabajo personal que implica realizar actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio del empleador, b. La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio (el trabajador o trabajadora), y c. El pago de un salario en contraprestación por el trabajo realizado.

En ese tema, es importante destacar que el legislador dispuso especial tutela en favor de los trabajadores, en general, a éstos se les exime de probar ciertos hechos o actos y al patrón se le atribuye expresamente la carga de probar, aunque se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador. Incluso, al patrón le corresponde demostrar el tiempo laborado (artículo 784, de la LFT[5]).

De manera que, cuando existe controversia sobre la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, la carga de la prueba corresponde al patrón al negar la relación laboral, porque lleva implícita la afirmación de que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye la actora, entonces, la parte patronal debe probar la naturaleza de la relación jurídica, por ser la que tiene a su alcance los elementos de prueba necesarios para esclarecer la verdad de los hechos[6].

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que, para definir la relación jurídica existente entre el trabajador o trabajadora y el instituto demandado, adquieren relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente y no eventual.

También, la Sala Superior ha señalado que el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los “prestadores de servicios”[7].

2.1. Caso concreto y valoración del tipo de vínculo que unió al INE con la actora

La inconforme afirma que mantuvo una relación laboral con el INE de manera ininterrumpida del 1 de noviembre de 2014 a la fecha, en el que se desempeñó como Coordinador Técnico Distrital.

Por su parte, el INE, en su escrito de contestación de demanda, señala que la actora prestó sus servicios al INE por honorarios bajo el régimen civil, en los siguientes periodos: 1) 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; 2) del 1 al 15 de mayo de 2015; 3) del 1 al 31 de julio de 2015; 4) 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; 5) 1 de enero al 30 de abril de 2016; 6) 16 de octubre al 15 de noviembre de 2016; 7) 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; 8) del 1 al 15 de marzo de 2017; 9) 1 de julio de 2017 a la fecha.

Esta Sala Monterrey considera que se acredita la relación laboral entre las partes en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha.

Ello, al haberse demostrado los elementos esenciales de una relación de trabajo, pues de los hechos narrados y las pruebas aportadas por las partes, se comprobó la actualización de los elementos correspondientes: a. prestación de un trabajo personal, b. pago de una contraprestación (salario) y c. subordinación, en atención a las siguientes consideraciones:

a. Prestación de un trabajo personal

De acuerdo con los elementos de prueba que existen en el expediente, esta Sala Monterrey advierte que, durante el tiempo que la actora prestó sus servicios al INE, bajo un contrato formalmente civil, éste desempeñaba las siguientes actividades:

Capturista[8]. Capturar y sistematizar la información correspondiente a los sistemas de la red IFE en materia de organización electoral.

Auxiliar de atención ciudadana[9]. Apoyar a los ciudadanos a identificar su domicilio en la cartografía electoral y el trámite de actualización que realizará; así como, recuperar y entregar notificaciones e invitaciones mediante visitas domiciliarias a los ciudadanos.

Digitalizadora de medios de identificación[10]. Digitalizar el folio FUAR en los medios de identificación los documentos de identificación con fotografía y el comprobante de domicilio que presenta el ciudadano en el módulo de atención ciudadana; instalar y configurar el sistema MACDMI; escanear los documentos presentados por los ciudadanos; y apoyar al responsable del módulo a organizar y guardar los documentos digitalizados.

b. Pago de una contraprestación (salario)

Esta Sala Monterrey considera que existió el pago de una contraprestación por el servicio que la inconforme prestó al INE, porque de las constancias analizadas se advierte que el instituto demandado otorgó un pago a la actora por la actividad que desempeñó.

Lo anterior, porque de las constancias del expediente[11] se advierte que la actora recibió un pago por los servicios que prestó, de ahí que, por sus actividades, obtuvo un salario.

c. Subordinación

Esta Sala Monterrey considera que, en efecto, se actualizan las actividades que la actora realizó durante su desempeño, estuvieron subordinadas al instituto demandado.

Lo anterior, porque de los contratos aportados por el INE se advierte que en el clausulado de prestación de servicios –destacadamente en la cláusula quinta– expresamente se señaló que durante la realización de las funciones que le fueron encomendadas a la inconforme, el instituto demandado contaba con la facultad de supervisar el trabajo que realizara, es decir, que contaba con la potestad de verificar la labor de la parte actora, así como de vigilar su desempeño, de ahí que se acredite el elemento de la subordinación.

De ello se aprecia que la actora contaba con la obligación de llevar a cabo las actividades que le fueran encomendadas y que estas no se encontraban sujetas a una libre propuesta o planeación; pues dependían de una verificación por parte del personal del instituto demandado.

Esto es, dichas actividades se desempeñan bajo la supervisión de otra persona y sujeto a la jerarquía propia del instituto demandado; lo anterior puede inferirse del contrato suscrito entre el entonces IFE y la inconforme, en el que se señala que su trabajo podía ser objeto de supervisión, es decir, que el INE tenía la potestad de supervisar, vigilar la adecuada prestación de los servicios materia del presente instrumento jurídico y sugerir las modificaciones que considere necesarias para el mejor desarrollo de los mismos, así como de solicitar informes.

Lo anterior, pues de los contratos se advierte que se estipuló: “como parte integrante de los servicios objeto del presente contrato, “El o la prestador(a) de servicios” hará del conocimiento de “El Instituto” de manera mensual y durante la vigencia del presente contrato las actividades realizadas en el periodo, siendo responsabilidad de quien verifica el cumplimiento de estas constatar la realización de las mismas y, en caso de incumplimiento por parte de “El o la prestador(a) de servicios”, efectuar las acciones correspondientes", de ahí la subordinación.

Asimismo, el INE realizaba el análisis y vigilancia de las actividades realizadas por la actora para efecto de actualizar los productos electorales, subordinada a las normas y procedimientos que el instituto demandado le estableció para el cumplimiento de sus actividades.

Por tanto, como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que se actualiza el elemento de subordinación, pues de las funciones realizadas por la inconforme descritas con anterioridad se aprecia que desempeñó actividades vinculadas con la función electoral y distintos procesos institucionales que no fueron de índole especial o esporádica, en cambio, para cubrir necesidades permanentes del instituto demandado, actividades que, incluso, no cubrió con recursos propios sino con los medios proporcionados en su lugar de trabajo, y que los realizó bajo la supervisión del personal del INE.

En ese sentido, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, se tiene que el vínculo que la actora ha sostenido con el INE, respecto de los cargos analizados en este apartado, es de naturaleza laboral.

Sin que el hecho de que los vínculos entre la actora y el INE se hubieran acreditado mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, por tiempo determinado, porque, conforme a la doctrina judicial desarrollada por la Sala Superior, el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los prestadores de servicios, es decir, lo que realmente se toma en consideración para establecer el tipo de relación (laboral o civil) y la permanencia se basa esencialmente en las actividades pactadas en el contrato y no en la denominación que se le otorgue al instrumento mediante el cual se perfecciona el vínculo.

En virtud de lo expuesto, es innecesario el estudio de las restantes excepciones y defensas que hace valer el instituto demandado y que dependían de la inexistencia de la relación laboral pues, en términos del caudal probatorio que obra en autos, quedó comprobado ese vínculo.

En ese sentido, tampoco le asiste razón al INE cuando afirma que la actora estuvo en posibilidad de demandar el reconocimiento de la relación laboral a partir de la conclusión de cada contrato pues, como se ha evidenciado, lo que rige en el caso es una relación de trabajo, con independencia de la existencia de contratos de prestación de servicios.

2.2 Reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado y conversión del puesto de honorarios permanentes a plaza presupuestal

2.2.1 Marco normativo respecto al reconocimiento de una relación laboral y su incidencia en el otorgamiento de un nombramiento de plaza presupuestal

La Constitución General establece que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social (artículo 123, apartado B, fracción XIV[12]).

Por su parte, la normativa electoral establece que todo el personal del INE será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en el dispositivo constitucional mencionado anteriormente (artículos 206, numeral 1, de la LGIPE[13], y 2, primer párrafo, del Estatuto[14]).

Además, que el INE podrá contratar servicios personales bajo el régimen laboral, con plaza presupuestal, pudiendo establecer, entre otras, relaciones permanentes o temporales (artículo 6, fracción I, y último párrafo, del Estatuto[15]).

Ahora bien, para definir en términos generales el concepto de persona trabajadora de confianza, la LFT dispone que esa categoría depende de la naturaleza de las funciones que se desempeñan y no de la designación que se dé al puesto (artículo 9[16]).

Asimismo, señala que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como las que se relacionen con trabajos personales del empleador o empleadora[17]; lo que aplicado al ámbito del derecho burocrático debe entenderse como actividades personales adscritas directamente a las y los titulares de las dependencias o de las áreas administrativas que la integran.

De igual forma, se advierte un catálogo de los puestos que la legislación ha considerado de confianza en las dependencias estatales, y es posible observar que se encuentra vinculado a funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización (artículos 4, 5, fracción II, y 6 de la LFTSE[18]).

Al respecto, la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 48/2016, definió a las y los trabajadores de confianza como la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las cuales lo ligan de manera íntima al destino de esa empresa o a los intereses particulares o públicos de quien lo contrata, en forma tal que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación[19].

En ese sentido, la SCJN ha establecido que la calidad de las y los trabajadores de confianza no puede concluirse únicamente de la literalidad de la norma o de un catálogo que contenga un listado de esos cargos, sino que debe atender a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo[20].

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, en el artículo 206 de la LGIPE[21], el legislador federal otorgó la calidad de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, dado el carácter de las funciones que desempeñan, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral[22].

Lo que se retomó en el propio Estatuto, en cuanto a que todo el personal del INE es considerado de confianza (artículo 2, primer párrafo[23]).

Destacándose que, en dicho Estatuto, se dispone que la relación laboral terminará por la pérdida de confianza en el desarrollo de las funciones que se realicen en favor del INE (artículo 167, fracción VIII[24]).

Ahora bien, conforme la línea interpretativa asumida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando un prestador de servicios del INE haya firmado múltiples contratos de naturaleza civil de forma continua o ininterrumpida y, además, se demuestre que los servicios para los que se le haya contratado sean inherentes a las funciones de dicho instituto, de manera subordinada, con insumos proporcionados por el patrón equiparado y bajo su supervisión, se tiene que la relación se considerará de carácter laboral.

A partir de ese reconocimiento, esta Sala Regional ha considerado la transición de un régimen de honorarios permanentes, cuya relación laboral se reconoce en sede jurisdiccional, a una plaza presupuestal, no es viable otorgarla como una consecuencia jurídica inmediata, sino que deben tenerse en cuenta diversos factores previstos y establecidos en la propia normativa aplicable, como a continuación se advierte[25].

Sobre el tema, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 122/2012 (10a.), la SCJN sostuvo que las designaciones o nombramientos de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado son distintas a las de los trabajadores regidos por la LFT, pues su ingreso está regulado en un presupuesto de egresos[26].

Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta lo sostenido por la propia SCJN en la diversa jurisprudencia 2a./J. 67/2010, en la que estableció que la declaración judicial de que la relación jurídica es de naturaleza laboral, no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión de la parte trabajadora, en el sentido de que se le otorgue una plaza, sino que previamente debe examinarse la naturaleza de las funciones atribuidas, así como la situación real en que se encontraba y la temporalidad del contrato, a fin de determinar los supuestos en que se ubica conforme a la normativa[27].

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, para el caso de la ocupación de cargos y puestos establecidos en el Catálogo de la Rama Administrativa del INE, las personas interesadas en ingresar a esa rama deberán cumplir, adicionalmente a lo que establece el perfil del cargo o puesto, distintos requisitos, de entre los cuales destaca el de acreditar, por los medios que el instituto demandado estime convenientes, los conoci­mientos y habilidades requeridos para el adecuado desempeño del cargo o puesto al que aspira (artículo 93 del Estatuto[28]).

Por su parte, el Estatuto establece que el ingreso a la Rama Administrativa del INE deberá realizarse con base en las normas y procedimientos aplicables y de acuerdo con el número de cargos y puestos establecidos en la estructura ocupacional, las remuneraciones autorizadas y el presupuesto disponible (artículo 94[29]).

Cabe precisar que, se considera plaza vacante aquella que se encuentre disponible dentro de la estructura ocupacional autorizada, cuyos cargos y puestos deben estar contenidos en las estructuras autorizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y aprobadas por el Titular de la Secretaría Ejecutiva, ambos del INE (artículo 97[30] y103, segundo párrafo[31]).

Lo que es congruente con lo dispuesto en el artículo 67, fracción I, del Estatuto que, precisamente, condiciona el derecho a obtener un nombramiento a la satisfacción de los requisitos establecidos para ello[32].

2.2.2 Caso concreto y valoración

La actora solicita el reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado y la conversión del puesto de honorarios permanentes a plaza presupuestal como personal de la Rama Administrativa nivel Operativo.

Por su parte, el INE niega acción y derecho de la inconforme para reclamar el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, porque ésta ha prestado sus servicios para el instituto demandado mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

Asimismo, con respecto al otorgamiento de una plaza presupuestal de la Rama Administrativa de nivel operativo, alega la falta de acción y derecho de la actora para reclamar dicha prestación, porque, por un lado, se encuentra supeditada al gasto público determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, por otro, a la existencia de una plaza vacante, además de llevar a cabo el concurso de ingreso establecido para tal efecto en el Manual.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado solicitado por la inconforme es improcedente.

Lo anterior, porque el reconocimiento judicial de la existencia de una relación laboral tiene como consecuencia que, en el lapso reconocido, la actora tenga derecho a gozar de todas las prestaciones (legales y extralegales).

En ese sentido, y con independencia de que esta Sala Regional reconozca que las actividades desempeñadas por la inconforme son de naturaleza laboral, ello no implica que estas puedan prolongarse de forma indefinida, pues dicho reconocimiento, no genera el derecho de la inconforme para que se le contrate de forma permanente[33] y que se ordene al instituto demandado el pago de prestaciones futuras, pues ello depende de la subsistencia de la relación entre las partes, lo cual es un hecho futuro de realización incierta, en términos del último contrato suscrito por las partes.

Finalmente, si bien la Constitución General (artículos 5 y 123, apartado B, fracción XIV[34]) establece el derecho de las personas al trabajo, y en el caso de los funcionarios públicos, la ley determinará qué cargos serán considerados de confianza, así como las medidas de protección al salario y a gozar de la seguridad social garantizadas por la propia constitución, respectivamente, de ellos no se advierte como un derecho de dichos funcionarios el ocupar un cargo de manera permanente por el simple hecho de haber sido contratado, pues ese derecho estará sujeto a la subsistencia de la fuente de trabajo, al lapso de contratación, a la continuidad si así lo acuerdan las partes, o bien, a la actualización de alguna causal que permita dar por terminada, de manera anticipada, el vínculo contractual que los unía.

Por otro lado, respecto a la solicitud de la inconforme por cuanto a la conversión de la plaza de honorarios permanentes a plaza presupuestal nivel operativo de la Rama Administrativa, esta Sala Regional considera que es inviable lo solicitado por la actora, porque es criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que la sentencia no es constitutiva del derecho a acceder a una contratación permanente o a la obtención de un nombramiento conforme lo dispone la normativa del INE y, por tanto, como se ha indicado en párrafos precedentes, no resultaría posible ordenar el pago de prestaciones laborales futuras que dependen de la subsistencia de la relación entre las partes, ya que atendiendo al esquema de contratación al cual se encuentra sujeta la inconforme, la continuidad en la prestación de los servicios es un hecho futuro de realización incierta.

De ahí que esta Sala Regional considere que es inviable lo solicitado por la actora.

Tema 2. Determinación de la vigencia de la relación laboral entre las partes

1. Marco normativo sobre la acreditación de los periodos de relación entre los trabajadores y el INE

La Sala Regional ha sostenido que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida. La razón fundamental es que, en términos del artículo 784, fracción II, de la LFT, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello[35].

Corresponde a las partes acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones, y en cuanto a la carga de la prueba, en efecto, debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido.

En ese sentido, si bien esta Sala Regional Monterrey ha sostenido en algunos casos que cuando las partes reconocen la existencia de un vínculo jurídico de la naturaleza que fuere, se genera una presunción de existencia (salvo prueba en contrario) a favor de la parte trabajadora, para que existan bases sobre las cuales pueda operar válidamente esta presunción, es necesario que la actora exprese o detalle, los hechos en los que funda su derecho, es decir, debe, mínimamente, afirmar los hechos concretos en los que funda sus pretensiones, esto es, explicar cuáles fueron los cargos que desempeñó durante cada periodo que pretende acreditar la relación laboral, sin que sea válida únicamente una afirmación genérica del tiempo en que inició su relación y que se llevó de manera continua.

Incluso, ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que, si bien conforme al primer párrafo del artículo 784 de la LFT, se eximirá de la carga de la prueba a la persona trabajadora, cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona trabajadora; lo cierto es que, ese principio no opera inmediatamente, pues es necesario que las partes cumplan con sus respectivas cargas procesales para acreditar sus pretensiones; es decir, la persona trabajadora debe ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones y/o defensas formuladas por el demandado, justamente porque la autoridad laboral no puede, oficiosamente, perfeccionar y/o adminicular medios de convicción que no han sido debidamente ofertados[36].

2. Caso concreto y valoración de los periodos acreditados

La actora refiere que ha mantenido una relación laboral con el INE en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 (capturista); ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015 (Auxiliar de atención ciudadana); iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016 (capturista); iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (operadora de equipo tecnológico); v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 (validadora); vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020 (digitalizadora de medios de identificación) y vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021 (secretaria de la Junta distrital), así mismo, precisa que desde el 16 de octubre de 2021 a la fecha.

El INE, al dar contestación a la demanda, señala que resulta improcedente su reclamo de reconocimiento de relación laboral y antigüedad de manera interrumpida del 1 de noviembre de 2014. Lo anterior, toda vez que la demandante pretende el reconocimiento ininterrumpido de una supuesta relación laboral por el periodo reclamado, lo cual jurídicamente no es procedente, toda vez que inclusive hubo periodos en los que no existió relación de ningún tipo.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que se acredita que la actora mantuvo una relación laboral con el INE en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha.

Lo anterior, porque al realizar el análisis de las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, se advierte que la actora, en su escrito de demanda, expone que mantuvo una relación con el INE en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 (capturista); ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015 (Auxiliar de atención ciudadana); iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016 (capturista); iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (operadora de equipo tecnológico); v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 (validadora); vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020 (digitalizadora de medios de identificación); vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021 (secretaria de la Junta distrital), y viii. del 16 de octubre de 2021 a la fecha, y para acreditar su afirmación aporta, entre otros elementos, recibos de pago, mientras que el INE aporta contratos y el expediente de la inconforme, como a continuación se esquematiza:

De la anterior tabla, se advierte que la actora señala que mantuvo un vínculo laboral con el instituto demandado en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 (capturista); ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015 (Auxiliar de atención ciudadana); iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016 (capturista); iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (operadora de equipo tecnológico); v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 (validadora); vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020 (digitalizadora de medios de identificación); vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021 (secretaria de la junta distrital), y viii. del 16 de octubre de 2021 a la fecha.

Por su parte, el INE reconoce que ha celebrado diversos contratos de prestación de servicios profesionales con la inconforme desde el 16 de noviembre de 2014.

Ahora, si bien el INE niega la existencia de una relación entre éste y la actora respecto de los periodos ya descritos, lo cierto es que, entre ellos, existen otros que sí son reconocidos por el instituto demandado.

En ese sentido, se considera que el instituto demandado no niega de forma absoluta la existencia de un vínculo jurídico con la inconforme, lo que en realidad alega es que este no ha sido totalmente de carácter laboral y mucho menos que inició desde la fecha en que afirma la actora.

Por tanto, resulta procedente el estudio de lo afirmado por la actora a efecto de establecer si se encuentran acreditados los periodos que el INE desconoce, así como la fecha de inicio de estos.

2.1. Inicio de la relación laboral

Una vez acreditada la naturaleza del vínculo que unió a las partes del presente juicio, se debe determinar la fecha de inicio de la relación laboral entre la inconforme y el INE.

Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en autos y de las afirmaciones de las partes, existe discrepancia en cuanto a esa fecha, en tanto que la actora refiere que comenzó a laborar el 1 de noviembre de 2014, mientras que el INE sostiene que el vínculo contractual inició el 19 de noviembre de ese mismo año.

Esta Sala Regional considera que debe tenerse como fecha de ingreso el 1 de noviembre de 2014, porque de las pruebas que obran en el expediente se revela que desde esa fecha las partes iniciaron un vínculo.

En efecto, la actora aporta como una credencial expedida por el INE con vigencia del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, que la acredita Capturista de Junta Distrital VS (Vida Estándar), sin que el instituto aporte algún medio de prueba para acreditar que Coral Palomares, no prestó sus servicios a dicha institución.

Ahora bien, cabe precisar que la Sala Monterrey en un diverso precedente (SM-JLI-60/2022) analizó el mismo cargo, denominado “Capturista VS (Vida Estándar)” y determinó que era de naturaleza civil, sin embargo, esa calificativa o determinación de tipo de vinculo, se originó por las constancias que obraban en dicho expediente, en específico, porque las actividades desempeñadas por la inconforme fueron exclusivas para el proceso electoral[50].

Y, en el presente asunto, la naturaleza del vínculo contractual entre las partes del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014 debe considerarse como laboral, porque, del análisis de los elementos de prueba, no se advierte alguna consideración que haga referencia a que la actora prestó sus servicios exclusivamente para determinado proceso electoral, aunado a que el propio INE reconoce la existencia de dicho vinculo a partir del 16 de noviembre de ese año, sin que manifieste que durante ese lapso, las actividades desempeñadas por la actora estuvieran relacionadas con algún proceso electoral[51].

En ese sentido, esta Sala Regional considera que el vínculo entre la actora y el INE inicio el 1 de noviembre de 2014, lo anterior, tomando como base la credencial expedida por el propio INE que establece el inicio de su vigencia en esa fecha.

2.2. Periodos donde se acredita la existencia de una relación laboral

Una vez que se ha establecido que el vínculo entre la actora y el INE inició el 1 de noviembre de 2014, es necesario determinar si, a partir de esa fecha, la relación que han mantenido las partes ha sido continua o ininterrumpida.

El INE, al contestar la demanda, reconoce que, desde el 19 de noviembre de 2014ª la fecha, ha celebrado contratos de manera discontinua con la actora, y para acreditarlo aportó su expediente personal, en el que se advierte la existencia de 12 contratos de prestación de servicios[52].

Por tanto, esta Sala Monterrey considera que se acredita la existencia de la relación laboral entre la inconforme y el instituto demandado, por lo que hace a los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha.

Ello, porque como se indicó, respecto del periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, la actora aportó una credencial expedida por el INE que tiene como vigencia del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, además de que dicho instituto, reconoce expresamente que la actora prestó sus servicios del 16 de noviembre al 31 de diciembre de la citada anualidad.

Respecto de los periodos del 1 al 15 de mayo de 2015; del 1 al 31 de julio de 2015, se acreditan por así haberlo reconocido el INE, toda vez que no existen elementos de prueba que puedan acreditar que durante los periodos del 1 de enero al 30 de abril de 2015 y del 16 de al 31 de mayo de esa anualidad, existió un vínculo entre la actora y el INE.

Ahora bien, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se advierte que si bien el INE señala que tuvo una relación del 1 de enero al 30 de abril de 2016 como capturista y precisa que del 1 de mayo al 15 de octubre de 2016 no existió una relación de trabajo, también reconoce que del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año la actora prestó su servicio como capturista, por lo que se debe tener la totalidad de la anualidad.

Finalmente, respecto del 1 de marzo al 15 de abril de 2017 y del 1 de julio de 2017 a la fecha el INE reconoce expresamente la existencia de un vínculo con la actora y de la demanda y las constancias se advierte, que del 1 de enero al 28 de febrero de 2017 la actora no reclamó el reconocimiento de antigüedad y del 15 de abril al 30 de julio, no existen pruebas que acrediten la existencia de un vínculo, además de que del 16 al 30 de abril de esa anualidad no es un periodo que la actora reclame.

2.3 Periodos en los que no se acredita la existencia de un vínculo entre las partes

Esta Sala Monterrey considera que no se acredita la existencia de algún vínculo entre las partes en los periodos comprendidos: i. del 1 de enero al 30 de abril de 2015; ii. del 16 al 31 de mayo de 2015; iii. del 1 al 30 de junio de 2015; iv. del 1 al 31 de agosto de 2015; v. del 1 de mayo al 15 de octubre de 2016; vi. del 1 de enero al 28 de febrero de 2017; y vii. del 16 de abril al 30 de junio de 2017.

En efecto, en lo que respecta a los periodos comprendidos: a) del 1 de enero al 30 de abril de 2015; b) del 16 al 31 de mayo de 2015; c) del 1 de mayo al 15 de octubre de 2016; y d) del 16 de abril al 30 de junio de 2017, no existen elementos que permitan a esta Sala Regional considerar lo contrario.

Por otro lado, por cuanto a los periodos del i. 1 al 30 de junio de 2015 y ii. 1 al 31 de agosto de agosto de 2015, con independencia de que el instituto demandado, al realizar su contestación a la demanda, los haya reconocido o no, no puede tenerse por acreditada la relación laboral.

Todo lo anterior, porque esta Sala Regional considera que no se tienen los elementos mínimos para acreditar la existencia de algún tipo de vínculo entre las partes, pues aun cuando, por regla general, en los autos en que se reconoce la existencia de un vínculo jurídico, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad de la persona trabajadora y en los casos en que el INE no demuestre una interrupción, podría operar una presunción en favor de la parte trabajadora en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida, en los términos señalados en el marco jurídico de este apartado.

Sin embargo, lo cierto es que, para que existan bases sobre las cuales pueda operar válidamente esa presunción, es necesario que en la demanda se expresen los hechos en que se funda la pretensión, esto es, la actora, mínimamente, debe señalar los hechos concretos que sustentan sus pretensiones o explicar cuáles fueron los cargos que desempeñó durante cada periodo que pretende acreditar la relación laboral.

Lo anterior, se robustece con lo señalado por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que no opera inmediatamente el principio relativo a que –en ciertos casos– se presumirán por ciertos los hechos alegados por la persona trabajadora, pues ella debe ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones y/o defensas formuladas por la parte demandada[53].

Finalmente, por cuanto a los periodos comprendidos del 1 de enero al 28 de febrero de 2017 y del 16 al 30 de abril de 2017, este órgano jurisdiccional considera que no se acredita la existencia de alguna relación entre las partes, toda vez que esos lapsos no fueron reclamados por la actora.

Tema 3. Prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral

I. Reconocimiento de antigüedad

La actora solicita que se le reconozca la antigüedad desde en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015; ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015; iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016; iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016; v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020; vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021, y viii. del 16 de octubre de 2021 a la fecha.

El INE, respecto de la antigüedad, niega el derecho y acción de la actora para reclamar el reconocimiento de antigüedad desde el 1 de noviembre de 2014 porque, en su concepto, resulta improcedente su reclamo de reconocimiento de relación laboral y antigüedad de manera interrumpida del 1 de noviembre de 2014. Lo anterior, toda vez que la demandante pretende el reconocimiento ininterrumpido de una supuesta relación laboral por el periodo reclamado, lo cual Jurídicamente no es procedente, toda vez que inclusive hubo periodos en los que no existió relación de ningún tipo.

1. Esta Sala Monterrey considera, que debe reconocerse la antigüedad a la actor durante los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha.

2. Por otro lado, la inconforme solicita la entrega de la constancia laboral correspondiente al tiempo laborado por la accionante.

Por su parte, el INE niega acción o derecho de la actora a solicitar la constancia porque no ha existido relación laboral entre las partes, ya que como se ha señado, la promovente ha prestado sus servicios a favor del Instituto mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil, por tanto se considera que, una vez que la actora solicite ante el INE la expedición de la constancia de servicios, la misma le será otorgada precisando los periodos en los cuales ha prestado sus servicios al Instituto.

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que debe ordenarse al INE la entrega de la constancia de servicios contemplada en el artículo 537 del Manual, mediante la cual se hace constar que el personal o prestadores de servicios, laboran o prestan sus servicios, o bien, que laboraron o prestaron sus servicios y que contendrá, entre otros, los siguientes datos:

I. Registro Federal de Contribuyentes.

II. Clave Única de Registro de Población.

III. Fecha de ingreso o fecha de inicio de prestación de servicios.

IV. Denominación del puesto actual o actividad que establece su contrato.

V. Sueldo bruto y área de adscripción, u honorarios pactados (monto total del mismo).

VI. Periodo de contratación.

VII. Tipo de Contratación.

De ahí que deba entregarse a la actora el referido documento para los efectos y trámites legales que estime correspondientes, en el que el INE deberá indicar la antigüedad reconocida por esta Sala Regional.

II. Cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE

La actora solicita el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE), en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre de 2014 al 31 de agosto de 2015; ii. del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015; iii. del 1 de enero al 30 de abril de 2016; iv. del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016; v. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vi. del 1 de mayo de 2017 al 15 de febrero de 2020; vii. del 16 de febrero de 2020 al 15 de octubre de 2021, y viii. del 16 de octubre de 2021 a la fecha.

Por su parte el INE, respecto del pago de las cuotas de seguridad social, señaló que niega acción y derecho a la actora para reclamar la prestación que se contesta, ya que entre las partes no existe ni ha existido relación de trabajo, ya que ha sido contratado en periodos discontinuos para prestar sus servicios bajo el régimen de honorarios. Asimismo, refiere que dio de alta ante el ISSSTE a la actora una vez que tuvo derecho a ello.

Esta Sala Regional considera que el INE debe realizar el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones no cubiertas durante los plazos en los que se acreditó la existencia de la relación laboral, esto es: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha.

Lo anterior, porque el INE tenía la obligación de retener las aportaciones quincenales por todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, por concepto de los enteros y pagos de las cuotas obrero-patronales, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE[54] y 43, fracción VI, de la LFTSE[55], que disponen que todo trabajador que preste un servicio físico o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad pública que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a las de seguridad social.

En consecuencia, existe la obligación correlativa de los titulares de las dependencias y entidades públicas de inscribir a los trabajadores ante el ISSSTE y FOVISSSTE, para que puedan gozar de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio, con el respectivo entero de las cuotas y la retención de las que corresponden al trabajador.

Cuando la dependencia incumple con la obligación de inscribir y retener las cotizaciones que corresponden durante el transcurso de la relación laboral, como en el caso, el INE deberá cubrirlas en su integridad, porque ante la omisión del descuento, las consecuencias recaen en el patrón[56].

Derivado de lo anterior, el INE deberá enterar y pagar las aportaciones que debió retener al trabajador respecto de las cotizaciones al ISSSTE y las del FOVISSSTE, con motivo de la relación laboral que tiene con la actora, a efecto de cubrir las cotizaciones por el tiempo de la existencia de la relación laboral[57].

En ese sentido, las prestaciones de seguridad social derivan de la existencia de una relación de trabajo; del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son irrenunciables[58].

Toda vez que no obran en el expediente las constancias necesarias para hacer líquida la condena que se establece en esta ejecutoria, el INE deberá realizar los cálculos respectivos conforme a los salarios devengados por la inconforme, así como en términos de los lineamientos contenidos en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en la Ley del ISSSTE[59].

Para el caso de que el INE hubiera cubierto algunas de las cuotas, deberá pagar las faltantes, correspondientes tanto al patrón como al trabajador, hasta completar las cotizaciones en los periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha.

3. Vacaciones y prima vacacional

La actora reclama el pago de las vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo en que ha prestado sus servicios para el INE.

El INE, en su contestación a la demanda, señaló que es improcedente el pago de las prestaciones de vacaciones y prima vacacional, asimismo, opone las excepciones de falta de acción y derecho, la de pedido en demasía (plus petitio) y la de ad cautelam, dada la naturaleza civil del vínculo jurídico que ha existido entre la actora y el instituto demandado, pues dichas prestaciones solamente son otorgadas a los trabajadores del INE, calidad de la que no goza la inconforme.

Adicionalmente, sostiene que la actora disfrutó el primer y segundo periodo de 2022, lo cual pretende demostrar con los oficios mediante los cuales el INE hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral los días de descanso obligatorio y periodos vacacionales a los que tuvo derecho el personal del Instituto demandado, y respecto a las vacaciones de 2023, señala que se hizo del conocimiento el primer periodo vacacional del personal del INE en el año, siendo el comprendido del 31 de julio al 11 de agosto de dicha anualidad, y respecto de los cuales el accionante no llevó a cabo la prestación de sus servicios ; finalmente, con respecto al pago de la prima vacacional, refiere que es improcedente, porque la inconforme no tiene la calidad de trabajadora.

Asimismo, refiere que prescribió el derecho de la actora para reclamar el pago de esas prestaciones, ya que no lo hizo dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que es exigible su pago, por lo que, tomando en consideración la fecha en que se presentó la demanda (19 de octubre de 2023), el derecho para reclamar el pago de las vacaciones y prima vacacional exigibles antes del 19 de octubre de 2022 ha prescrito.

3.1. Prescripción de las vacaciones y prima vacacional

Esta Sala Monterrey considera que, como lo plantea el INE, prescribió el derecho de reclamar el pago de las vacaciones exigibles del 1 de enero de 2022, porque ha transcurrido más de un año para que la actora reclamara el pago de dichos periodos.

Asimismo, se considera que ha prescrito el derecho de la actora para reclamar el pago de la prima vacacional del segundo periodo de 2018 hasta el primer periodo de 2022, [que corresponden a las quincenas 12 (segunda quincena de junio) y 24 (segunda quincena de diciembre) de esos años, respectivamente], porque las acciones de trabajo prescriben en 1 año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación es exigible.

Con relación a la prima vacacional del primer periodo de 2022, el pago debió ser aplicado en la quincena 12 de 2022, es decir, la segunda quincena de junio.

Por tanto, la prescripción para su reclamo se actualizó al día siguiente en que culminó el año posterior a la fecha en que debía pagarse dicha prestación (30 de junio de 2023).

En ese sentido, si la demanda se presentó el 19 de octubre del año que transcurre, es evidente que transcurrió más de un año para reclamar su pago.

De ahí que deba absolverse al INE del pago de dicha prestación.

Respecto de la prescripción para reclamar el pago de vacaciones y prima vacacional, la SCJN ha sostenido que debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye ese lapso de 6 meses dentro de los cuales la persona trabajadora tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional, porque hasta la conclusión de ese término es cuando la obligación se hace exigible, no a partir de la conclusión del periodo anual o parte proporcional reclamados.

En el caso, se tuvo por reconocida la relación laboral de la actora con el INE por diversos periodos, el primero de ellos comenzó el 1 de noviembre de 2014 y el último de ellos inició el 1 de julio de 2017, tomando en consideración que la última interrupción ocurrió en el periodo del 16 de marzo al 31 de mayo de 2017[60].

En cuanto al último periodo que inició el 1 de julio de 2017 y conforme se encuentra acreditado que la relación laboral continúa vigente, el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 1 de enero de 2018 (6 meses después de la suscripción del contrato), y respecto al periodo que inició el 2 de enero de 2018, el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 1 de julio de ese mismo año (12 meses posteriores al inicio de su contrato) y así sucesivamente.

Al respecto, del artículo 516 de la LFT, de aplicación supletoria, en términos del numeral 46 de la Ley de Medios de Impugnación, establece que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. En ese sentido, es evidente que el derecho de la actora a reclamar el pago de vacaciones prescribe en un año.

Por tanto, la prescripción debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye el lapso de 6 meses a partir de que sea exigible el derecho de reclamar el pago respectivo y hasta un año después, a saber:

De manera que, como se adelantó, se encuentran prescritas las vacaciones exigibles 1 de enero 2022, como se precisó en el cuadro que precede, así como las primas vacacionales hasta el primer periodo de 2022.

Por tal motivo debe absolverse al INE del pago de dichas prestaciones.

3.2. Esta Sala Regional reconoce el derecho de la actora de disfrutar de las vacaciones que son exigibles, así como al pago de la prima vacacional

En atención a lo anterior, esta Sala Monterrey reconoce el derecho de la actora de disfrutar de las vacaciones exigibles el 1 de julio de 2022 y 1 de enero de 2023.

Lo anterior, al demostrarse que el vínculo jurídico entre la actora y el Instituto demandado es de naturaleza laboral, sin que el INE haya demostrado el disfrute de las vacaciones de la inconforme, por tanto, le asiste el derecho de disponer de las vacaciones no gozadas y que no hayan prescrito.

Ello, con independencia de que el INE manifestó en su contestación a la demanda que la actora disfrutó del primer y segundo periodo de 2022, así como el primer periodo de 2023, lo que pretende acreditar con los avisos por los que el Instituto demandado hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los días de descanso obligatorio y periodos vacacionales a los que tuvo derecho el personal del INE, porque tal afirmación y las pruebas aportadas resultan insuficientes para desvirtuar el reclamo del pago de dicha prestación, toda vez que el INE no aporta mayores elementos que permitan a esta Sala Regional presumir que, efectivamente, la inconforme disfrutó de ese beneficio.

Ahora bien, lo expuesto en los párrafos que anteceden, obedece a los criterios sostenidos por SCJN[61] y los Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral[62], en aquellos asuntos en los que se analizaron las disposiciones que regulan el derecho de las y los trabajadores al servicio del estado a disfrutar de las vacaciones (artículo 30, de la LFTSE[63]), en los que ha indicado que el derecho al pago de las vacaciones que no fueron disfrutadas y que no hayan prescrito, resulta procedente siempre y cuando el vínculo laboral haya concluido, mientras que en el caso de que la relación subsista, las vacaciones deben de disfrutarse sin el pago correspondiente.

En ese sentido, en consideración a que el vínculo contractual que une a las partes vence el 31 de diciembre del año en curso, se considera que, durante la vigencia de dicho vínculo, o bien, en caso de que este se prolongue, la actora tiene derecho a disfrutar de las vacaciones cuyo reclamo resultó procedente.

Por lo expuesto, esta Sala Regional, al reconocer el derecho de la inconforme de disfrutar las vacaciones, considera que lo procedente es que mientras la relación contractual continúe, la actora goce de las vacaciones exigibles el 1 de julio de 2022 y 1 de enero de 2023.

Por tanto, al no existir constancia de que la actora disfrutara de dichos periodos vacacionales, lo procedente conforme a derecho, es reconocer el derecho de la inconforme a gozar de vacaciones, y no así el derecho al pago de vacaciones no disfrutadas, como lo solicita en su demanda.

En el entendido que, concluida la vigencia del contrato sin que se determine renovar el vínculo jurídico entre las partes, o bien, termine la relación entre las partes anticipadamente a la vigencia del instrumento contractual celebrado, sin que la actora haya disfrutado del total de las vacaciones que le correspondan, de conformidad con el presente fallo, la inconforme podrá efectuar las acciones necesarias con el fin de satisfacer dicha prestación.

Sin que esta determinación prejuzgue sobre la naturaleza del vínculo entre las partes posterior a la fecha en la que se dicta esta sentencia, pues como lo ha sostenido esta Sala Monterrey, el análisis de lo reclamado en la demanda se sustenta en prestaciones y situaciones generadas durante el periodo reclamado y no a futuro.

Finalmente, debe condenarse al Instituto demandado al pago de la prima vacacional del segundo periodo de 2022, así como del primer periodo de 2023, porque el pago de esa prestación debe ser aplicado en las quincenas 12 y 24, es decir, en la segunda quincena de los meses de junio y diciembre, respectivamente, de cada año, por lo que, al presentarse la demanda el 19 de octubre del año en curso, es claro que el reclamo del pago de dichas prestaciones se hizo en tiempo, de ahí que lo procedente es condenar al INE a su pago.

3.3. Vacaciones y primas vacacionales de las que se debe absolver al INE

Esta Sala Monterrey considera que debe de absolverse al INE del pago de las vacaciones exigibles el 1 de julio de 2023 y 1 de enero de 2024, porque respecto al primer periodo, aún está transcurriendo el plazo de 6 meses para que pueda gozarlas (del 1 de julio de 2023 al 1 de enero de 2024), y por cuanto al segundo de los periodos, aún se encuentra generando el derecho a gozarlas, toda vez, que no han transcurrido los 6 meses para que tenga derecho, pues el periodo inició el 1 de julio del año actual y concluye el 1 de enero de 2024.

Finalmente, procede absolver al Instituto demandado del pago del vacaciones y prima vacacional que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral, que solicita la actora, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JLI-17/2020 y SUP-JLI-27/2020, y esta Sala Monterrey en los juicios SM-JLI-1/2020, SM-JLI-19/2021, y SM-JLI-36/2022, entre otros.

4. Aguinaldo

La actora reclama el pago de aguinaldo por todo el tiempo de servicios prestados.

Por su parte, el INE, en su contestación de demanda, destaca que conforme al Manual (artículo 618[64]), los prestadores de servicios únicamente tienen derecho al pago de la prestación denominada gratificación de fin de año, la cual está condicionada al decreto del Ejecutivo Federal, por lo que, en caso de que esta Sala Regional considere cambiar la naturaleza civil de la contratación, deberá partir de la base de que la gratificación de fin de año es un incentivo que se paga por los servicios prestados por un año, y que dicha prestación se le pagó a la trabajadora acorde a su contratación civil, por ende, debe considerarse equiparable al aguinaldo que se paga a los que sí son trabajadores del Instituto demandado.

Además, señala que, con respecto al año 2022, el INE pagó a la actora la prestación denominada “gratificación de fin de año”, por lo que, en caso de que esta Sala Regional considere la existencia de una relación laboral entre la inconforme y el Instituto demandado, se deberá tener por pagada dicha prestación, respecto del año precisado[65].

4.1. Prescripción del pago de Aguinaldo

Esta Sala Monterrey considera que tiene razón el INE en cuanto a que prescribió el derecho de la inconforme para reclamar el pago de dicha prestación respecto del periodo comprendido del año 2014 al 2021, porque las acciones del trabajo prescriben en 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación es exigible, consecuentemente, es improcedente el pago de aguinaldo de los periodos antes descritos[66].

4.2. Aguinaldo 2022

Esta Sala Monterrey considera que debe absolver al INE al pago del aguinaldo de 2022 porque el INE acreditó haber pagado a la actora la cantidad de $12,773.33 por concepto de gratificación de fin de año, como consta del recibo que exhibió el instituto demandado[67].

4.3. Aguinaldo por el tiempo que dure la relación laboral

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al Instituto demandado del pago del aguinaldo que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral, que solicita la inconforme, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

5. Prestaciones extralegales

5.1. Despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos

5.1.1. Prescripción del pago de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple

La actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple por el tiempo en que ha prestado sus servicios para el INE.

El Instituto demandado opone la excepción prescripción, al considerar que la prestación no fue reclamada dentro del plazo de un año contado a partir en que se generó la fecha para percibirlas.

Al respecto, si en la presente sentencia se reconoció la existencia de la relación laboral del INE con la inconforme en los periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha, se considera que ha prescrito su derecho de acción para reclamar el pago de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple, desde la fecha de su ingreso hasta el 18 de octubre de 2022, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (19 de octubre de 2023), ha transcurrido un año o más desde el momento en que el pago de dicha prestación se volvía exigible.

5.1.2. Pago de las prestaciones de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple

Por otra parte, la actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple por el periodo laborado.

El INE señaló que el pago de dichas prestaciones es improcedente, en virtud de que el vínculo jurídico pactado entre la inconforme y el Instituto demandado es de naturaleza civil, aunado a que la actora no cumple con los requisitos y condiciones establecidas en el Manual, en especial la de ser personal de plaza presupuestal del INE, por tanto, su otorgamiento se encuentra sujeto a los procedimientos que para tal efecto apruebe la Junta General, así como el cumplimiento de requisitos y condiciones del Manual.

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE al pago de las prestaciones de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple, a partir del 19 de octubre de 2022 a la fecha del cumplimiento de la presente resolución, al no advertirse de autos el pago de dichas prestaciones.

Lo anterior, porque la despensa se otorga al personal operativo, de mando y homólogos desde el ingreso del personal de plaza presupuestal, con excepción del Consejero o Consejera Presidenta y Consejeras o Consejeros Electorales y consiste en un monto fijo que se otorgará quincenalmente, y se integra bajo dos conceptos, Despensa Oficial y Apoyo para despensa[68].

Por su parte, la ayuda de alimentos es una prestación que se otorgará al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos. El pago de esta prestación se realizará de manera quincenal, a través de la nómina, desde el ingreso del Personal de Plaza Presupuestal al Instituto demandado y por su naturaleza de previsión social, exenta de gravamen[69].

La ayuda para alimentos consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos de manera quincenal, la cual únicamente se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo[70].

Y, por último, respecto a la previsión social múltiple, los artículos 248 y 249 del citado Manual señalan que es una prestación adicional que se otorga al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que tiene por objeto coadyuvar al gasto familiar.

El pago de esta asignación se efectúa quincenalmente, desde el ingreso del personal en plaza presupuestal, mediante la nómina y se ajustará al Clasificador por Objeto del Gasto del Instituto demandado vigente, y que por su naturaleza está exenta de gravamen alguno.

De lo anterior, se advierte que no existen mayores requisitos o condiciones para el pago de las referidas prestaciones que ser personal operativo, condicionante que cumple la actora al reconocer este órgano jurisdiccional que su vínculo con el INE fue de carácter laboral.

Finalmente, procede absolver al instituto demandado del pago de las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos que correspondan por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la inconforme, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

Tampoco pasa inadvertido el hecho de que el Instituto demandado refiere que tales prestaciones se otorgan al personal una vez llevado a cabo el mecanismo de ingreso correspondiente. Sin embargo, la actora no se ha sujetado a éste para obtener el nombramiento respectivo y, con ello, ubicarse en los requisitos de procedencia para acceder a dichas prerrogativas, que es contar con una plaza presupuestal pues, como se indicó en párrafos anteriores, el reconocimiento judicial de la relación laboral entre la inconforme con el INE genera tal derecho como si se tratara de una persona con nombramiento en una plaza de esa naturaleza.

5.2. Vales de fin de año

5.2.1. Prescripción de los vales de fin de año

La actora solicita el pago de los vales de fin de año por el tiempo laborado.

El Instituto demandado opone la excepción prescripción, al considerar que la prestación no fue reclamada dentro del plazo de un año contado a partir en que se generó la fecha para percibirlas.

Al respecto, si en la presente sentencia se reconoció la existencia de la relación laboral del INE con la inconforme por el periodo en los periodos: del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha, se considera que tiene razón el INE respecto a que han prescrito su derecho de acción para reclamar el pago de los vales a de fin de año de 2014 a 2021, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (19 de octubre de 2023), ha transcurrido un año o más desde el momento en que el pago de dicha prestación fue exigible.

5.2.2. Vales de fin de año de 2022

Respecto a este tema, el INE niega la acción y derecho de la actora para reclamar el pago de dicha prestación, pues no existe ni ha existido relación laboral entre ésta y el Instituto demandado, ya que el vínculo jurídico entre las partes es de naturaleza civil, derivado de la suscripción de contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, por lo que la trabajadora no ha generado el derecho para que se le otorgue la prestación reclamada.

Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón el INE y se le debe condenar a pagar el monto que la Dirección Ejecutiva de Administración hubiere determinado, por concepto de vales de fin de año correspondientes al año 2022.

Lo anterior, porque el Manual establece que, para acreditar el derecho a recibir esta prestación, el personal de plaza presupuestal de nivel operativo deberá encontrarse activo a la fecha de pago[71].

En el caso, al acreditarse la existencia de una relación laboral, la cual ha sido continua, esta Sala Regional advierte que la inconforme cumple con los requisitos previstos para hacerse acreedora al pago de la prestación correspondiente, ya que estuvo en activo durante todo el año 2022[72].

Aunado a que en el expediente no existe documentación alguna de la cual sea posible advertir que se hubiera pagado dicha prestación en 2022.

Finalmente, procede absolver al Instituto demandado del pago de vales de fin de año que correspondan por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la actora, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

5.3. Prima quinquenal

La actora solicita el pago de la prima quinquenal por todo el tiempo de servicios prestados.

El INE niega la acción y derecho de la inconforme para reclamar el pago de dicha prestación por todo el tiempo de servicios prestados porque no ha existido una relación laboral entre las partes, pues la naturaleza del vínculo jurídico entre la inconforme y el Instituto demandado es de carácter civil, por lo que la actora nunca ha generado el derecho para que le sea cubierta la prima quinquenal.

Además, señala que esta prestación debe ser requerida por primera ocasión a la Dirección de Personal mediante solicitud y documento que acredite la antigüedad, y en el caso, la actora no acredita haber presentado la solicitud de pago de prima quinquenal, por lo que, en el mejor de los casos, se deberá dejar a salvo los derechos de la actora para que, solicite por primera ocasión el pago de dicha prestación.

5.3.1. Prescripción de la prima quinquenal

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al INE del pago de dicha prestación del periodo 1 de noviembre de 2014 al 18 de octubre de 2022, ya que el derecho a reclamarla prescribió antes de la fecha de la presentación de la demanda.

5.3.2. Pago de la prima quinquenal

Esta Sala Monterrey considera que el INE debe realizar los cálculos correspondientes a fin de determinar la fecha en que la actora cumple con la antigüedad necesaria para hacerse acreedora a dicha prestación, tomando en consideración la totalidad de los periodos reconocidos como laborales por esta Sala Monterrey (i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha).

Lo anterior, porque la prima quinquenal es un complemento al sueldo que se otorga con base a la antigüedad de las y los servidores públicos, por cada 5 años de servicios efectivos prestados a la federación hasta llegar a veinticinco años, concepto que se acumula con el sueldo base para efecto del cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social (artículo 318 del Manual[73]).

En el caso, en la presente sentencia se reconoció la antigüedad conforme a los periodos antes señalados, sin embargo, como también se indicó, el derecho de acción para reclamar el pago de dichas primas hasta la fecha precluyó el 18 de octubre de 2022, por tanto, lo procedente es que la condena deberá considerarse a partir del 19 de octubre de 2022, pues la presentación de la demanda se hizo dentro del plazo señalado en la norma para reclamar dicha prima a partir de esa fecha.

Tampoco pasa inadvertido el hecho de que el Instituto demandado refiere que tales prestaciones se otorgan al personal con una plaza presupuestal, lo cual no cumple la inconforme, sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, el reconocimiento judicial de la relación laboral entre la actora con el INE genera tal derecho como si se tratara de una persona con nombramiento en una plaza de esa naturaleza.

De igual forma, debe desestimarse lo señalado por el Instituto demandado en cuanto a que dicha prestación debió ser solicitada por primera ocasión a la Dirección de Personal, por conducto de los enlaces o coordinaciones administrativas, mediante solicitud y documento que acredite su antigüedad, sin que en el caso se acreditara que la inconforme llevó a cabo dicha solicitud.

Lo anterior, porque a partir del reconocimiento de la relación que hace esta Sala Monterrey, en que surgió su exigibilidad.

Por otra parte, se debe absolver al Instituto demandado del pago de la prima quinquenal que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la impugnante, porque, como se ha señalado en los párrafos precedentes, su pretensión se basa en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, mucho menos que se haya omitido o negado su pago.

5.4. Integración de la percepción mensual

La actora solicita, como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, la correcta integración de la percepción mensual.

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al INE de realizar la correcta integración de la percepción mensual solicitada por la actora, esto es, que a la percepción que actualmente percibe, se incluyan prestaciones extralegales (despensa, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal) que se pagan de manera quincenal o mensual, porque su solicitud se basa en hechos futuros, respecto de prestaciones que aún no se generan y de las cuales no se ha omitido o negado su pago.

Ello, con independencia de que si bien el salario se integra con diversas prestaciones, su integración procede una vez que se tenga derecho a éstas, por lo que, sí aún no se ha generado ese derecho, dicha integración no podría ordenarse en la presente sentencia como lo pretende la inconforme, es decir, que a partir del reconocimiento de una relación laboral, se paguen a futuro prestaciones respecto de las cuales no se ha generado el derecho de exigirlas, como se ha precisado en los apartados que anteceden.

Lo anterior, dado que esta Sala Regional sólo puede pronunciarse sobre aspectos que ya han tenido lugar.

Apartado III. Efectos

A. Toda vez que la actora acreditó parcialmente las acciones y el INE no demostró sus excepciones y defensas, se condena al instituto demandado a:

1. Reconocer la antigüedad de la inconforme en los siguientes periodos: i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha, derivado de que se determinó que el vínculo entre las partes por dicho periodo es de naturaleza civil; así como a entregar la constancia de servicios en los términos precisados en el apartado correspondiente.

2. Regularizar la inscripción y el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, sólo en el caso de las que no hubieren sido cubiertas con oportunidad, pagando las cuotas correspondientes.

3. Reconocer el derecho de la actora al goce y disfrute de las vacaciones exigibles el exigibles el 1 de julio de 2022 y 1 de enero de 2023.

En ese sentido, la inconforme tiene derecho de gozar dichos periodos durante la vigencia del último de los contratos.

Para acreditar el cumplimiento de dicha cuestión, el INE deberá demostrar que informó a la actora que cuenta con el derecho de gozar dichos periodos vacacionales.

En el entendido que, concluida la vigencia del contrato sin que se determine renovar el vínculo jurídico entre las partes, o bien, termine la relación entre ellas anticipadamente a la vigencia del instrumento contractual celebrado, sin que la actora haya disfrutado del total de las vacaciones que le correspondan, de conformidad con el presente fallo, la inconforme podrá efectuar las acciones necesarias con el fin de satisfacer dicha prestación.

4. Pagar las primas vacacionales del segundo periodo de 2022, así como el primer periodo de 2023.

5. Pagar las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal, desde el 19 de octubre de 2022 a la fecha en que se cumpla lo aquí ordenado, así como los vales de fin de año de 2022.

B. Toda vez que la actora no acreditó las acciones y el INE demostró sus excepciones y defensas, deberá absolverse al Instituto demandado lo siguiente:

1. La expedición del nombramiento de la rama administrativa.

2. El reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado.

3. Pagar vacaciones exigibles del 1 de julio de 2017 al 1 de enero de 2022, así como del 1 de julio de 2023 y 1 de enero de 2024, y las primas vacacionales correspondientes del segundo periodo de 2014 hasta el primer periodo de 2022.

4. Pagar aguinaldo de 2022, toda vez que fue cubierto.

5. Pagar despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos y prima quinquenal desde el 1 de noviembre de 2014 al 19 de octubre de 2022, en términos de lo precisado en el apartado anterior.

6. Pagar vales de fin de año de 2014 al 2021.

7. A la correcta integración de la percepción mensual.

Lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo las acciones ordenadas, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

Resolutivos

Primero. Se reconoce la antigüedad de la actora del i. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014; ii. del 1 al 15 de mayo de 2015; iii. del 1 al 31 de julio de 2015; iv. del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; v. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; vi. del 1 de marzo al 15 de abril de 2017; vii. del 1 de julio de 2017 a la fecha, derivado de que se determinó que el vínculo entre las partes por dicho periodo es de naturaleza civil.

Segundo. Se condena al Instituto Nacional Electoral al reconocimiento de antigüedad, la entrega de la constancia de servicios y a regularizar la inscripción y el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social, de acuerdo con los razonamientos y efectos indicados en la presente ejecutoria.

Tercero. Se reconoce el derecho de la actora al goce y disfrute de las vacaciones exigibles, y se condena al Instituto Nacional Electoral al pago de la prima vacacional, vales de fin de año, despensa, ayuda de alimentos, previsión social múltiple y la prima quinquenal, en los términos precisados en el apartado A de los efectos de la presente sentencia.

Cuarto. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral del reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, la formalización de esta mediante un nombramiento como personal de la rama administrativa, el pago de la prestación de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prestaciones extralegales, vales de fin de año y a la correcta integración de la percepción mensual, en los términos precisados en el apartado B, de los efectos de esta sentencia.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar y, ante la Secretaria General de Acuerdos, María Guadalupe Vázquez Orozco, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.