JUICIO PARA dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto NACIONAL Electoral

EXPEDIENTE: SM-JLI-136/2023

PARTE ACTORA: ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

DEMANDADO: Instituto NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: Ernesto Camacho ochoa

SECRETARiado: Ana Cecilia Lobato TApia

COLABORó: JULIA ELENA VILLALOBOS CARRILLO

Monterrey Nuevo León, a 07 de febrero de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que reconoce la existencia de la relación laboral entre ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y el INE en los periodos determinados y, por tanto: I. se condena al INE para el efecto de que: a. reconozca la antigüedad del trabajador en los periodos acreditados, b. realice el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, c. pague las primas vacacionales del primer y segundo periodo de 2023, d. pague las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, prima quinquenal y vales de fin de año, y e. verifique la procedencia del pago del incentivo por años de servicio; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia, y II. se absuelve al INE de: a) el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, b) la formalización de ésta mediante un nombramiento como personal de la Rama Administrativa y c) pagar las prestaciones que resultaron improcedentes, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Glosario

Competencia, prescripción y estudio de las excepciones

I. Competencia

Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente juicio, porque se trata de una controversia sobre la determinación del tipo de relación que el INE actualmente mantiene con el inconforme en un órgano desconcentrado de dicho instituto en el Estado de Aguascalientes, entidad en la que tiene jurisdicción esta Sala Regional[1].

II. Prescripción

La actora solicita se reconozca la existencia de una relación laboral por los siguientes periodos: a) del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994 (dibujante cartográfico); b) 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998 (técnico de campo “c”); c) del 16 de febrero al 31 de julio de 2002 (auxiliar técnico); d) del 1 de agosto de 2002 al 29 de febrero de 2004 (técnico de resolución CMR “b”); e) del 1 de abril al 31 de agosto de 2014 (Operador de Equipo Tecnológico); f) del 1 de septiembre de 2014, al 31 de agosto de 2019 (digitalizador de Medios de Identificación); g) del 1 de septiembre de 2019 a la fecha (Operador de Equipo Tecnológico).

El INE, en la contestación a la demanda, señala que esta Sala Regional únicamente debe analizar el último vínculo contractual, porque los anteriores están fuera de tiempo, lo cierto es que, en términos lo establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 75/2019 (10a.) COSA JUZGADA EN EL JUICIO LABORAL. TANTO LA AUTORIDAD LABORAL COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, AUN CUANDO EL DEMANDADO NO LA HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN, se advierte, oficiosamente, que operó la prescripción para que el actor reclamara el reconocimiento de la relación laboral y antigüedad respecto del cargo que desempeñó como Operador de Equipo Tecnológico A2 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022[2].

Además, la Sala Superior ha sustentado en diversos precedentes que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, al estar ligada al derecho fundamental a la seguridad social prevista constitucionalmente, entre ellas al derecho a la jubilación o la pensión[3].

Sin embargo, también ha sostenido que la excepción a la mencionada regla se presenta si se emite una determinación en la que se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes del INE, supuesto en el cual se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año[4].

Para el caso del personal del INE, tal determinación corresponde a la emisión de la hoja única de servicio[5] o la constancia de servicios[6].

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se advierte una constancia de servicios, recibida el por el actor el 6 de octubre de 2022, de la que se aprecian que se estableció: a) fecha de ingreso: el 1 de diciembre 1993; b) vigencia del contrato: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y c) tipo de nombramiento: Honorarios, constancia que no fue objetada en cuanto a su autenticidad y contenido por la parte actora.

Por tanto, este órgano jurisdiccional concluye, que la parte actora desde el 6 de octubre de 2022, tenía pleno conocimiento que el INE reconocía, con el carácter de honorarios, su vínculo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por lo que a partir de esa fecha, el actor tenía 1 año para controvertir la determinación del INE, sin que lo haya hecho, pues la demanda que dio origen a ese juicio fue presentada el 17 de noviembre de 2023, esto es, 1 mes y 11 días posteriores a que se cumpliera el año de haber tenido conocimiento.

En ese sentido, se debe declarar la prescripción de la acción por parte del actor respecto del reconocimiento de la relación o vínculo entre el actor y el INE del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

No pasa inadvertido, que el INE en la constancia de servicios precisó que el ingreso de la parte actora fue el 1 de diciembre de 1993, sin embargo, no precisa que tipo de relación se mantuvo a partir de esa fecha, por lo que la decisión de establecer el tipo de relación que tuvieron es de esta Sala Regional Monterrey.

III. Excepciones

El actor solicita el reconocimiento de una relación laboral por los siguientes periodos: a) del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994 (dibujante cartográfico); b) 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998 (técnico de campo “c”); c) del 16 de febrero al 31 de julio de 2002 (auxiliar técnico); d) del 1 de agosto de 2002 al 29 de febrero de 2004 (técnico de resolución CMR “b”); e) del 1 de abril al 31 de agosto de 2014 (Operador de Equipo Tecnológico); f) del 1 de septiembre de 2014, al 31 de agosto de 2019 (digitalizador de Medios de Identificación); g) del 1 de septiembre de 2019 a la fecha (Operador de Equipo Tecnológico). Además, considera que el INE debe considerarlo como un trabajador del propio Instituto demandado, ya que ha prestado sus servicios de manera continua en los periodos señalados, ejerciendo funciones que son de carácter laboral.

Por su parte, el INE, en su contestación de demanda, hizo valer las siguientes excepciones: a) inexistencia de la relación laboral entre el actor y el instituto demandado; b) falta de acción y derecho para reclamar las prestaciones que refiere, pues la relación entre las partes es de naturaleza civil; c) falsedad, toda vez que el actor apoya su reclamo en hechos y argumentos falsos; d) prescripción de las prestaciones que el actor no haya reclamado dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hipotéticamente generó el derecho a ellas; e) validez de los contratos de prestación de servicios, pues los contratos fueron firmados por la parte actora por mutuo propio, lo cual acredita el régimen civil de honorarios que une a las partes; f) improcedencia de la acción y falta de derecho del actor para reclamar el pago de prestaciones de índole laboral; g) pedido en demasía (plus petitio), al pretender el inconforme el pago de diversas prestaciones de carácter laboral a las que no tiene derecho; h) falta de legitimación para reclamar el pago de prestaciones extralegales, y l) las demás que se desprendan de la contestación.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que las excepciones que señala el INE están dirigidas a evidenciar la inexistencia de una relación laboral entre las partes y, por tanto, la falta de derecho de la parte actora para reclamar las prestaciones, de manera que el análisis se realizará por esta Sala Monterrey en el fondo de la cuestión planteada.

En ese sentido, los argumentos del INE serán analizados en el apartado de estudio de fondo, por ser cuestión del problema jurídico a resolver.

III. Requisitos de procedencia

Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[7].

Antecedentes[8]

I. Contexto sobre el inicio del vínculo entre el actor y el INE

1. La parte actora afirma que el 1 de diciembre de 1993 ingresó a laborar al INE como Dibujante Cartográfico, asimismo, refiere que desde esa fecha ha ocupado distintos cargos, y que actualmente se desempeña como Operador de Equipo Tecnológico[9].

2. Solicitud para formalizar la relación laboral. El 27 de octubre de 2023[10], ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia a la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital que girara instrucciones para que le pagaran las prestaciones que, estima, le corresponden, y afirma que dicha funcionaria, en esa misma fecha y de manera verbal, le respondió: Ustedes son prestadores de servicio por lo que no tienen derecho a esas prestaciones laborales

3. Presentación de la demanda. Inconforme, el 17 de noviembre, el impugnante, por conducto de su apoderado legal, presentó demanda de juicio laboral ante esta Sala Monterrey, en la que solicita el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado como trabajador del Instituto demandado, a partir del 1 de diciembre de 1993 a la fecha[11].

Adicionalmente, el actor reclama el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal, el pago de las cuotas y aportaciones que el Instituto demandado omitió realizar al ISSSTE y FOVISSSTE, desde la fecha en que comenzó a prestar sus servicios, la entrega de una constancia laboral, el pago de incentivos por 10 años de trabajo y, finalmente, la correcta integración de su percepción mensual.

4. Contestación de la demanda, vista al actor, citación de audiencia. El 15 de diciembre, el INE contestó la demanda, ofreció pruebas y manifestó excepciones y defensas. En la misma fecha, se dio vista al actor y se citó a audiencia a las partes, para lo cual se señalaron las 11:30 horas del 23 de enero de 2024, misma que se desahogó conforme a la ley y, el 29 de enero siguiente, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de sentencia.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. El actor afirma que el 1 de diciembre de 1993 inició una relación laboral con el INE y reclama que la ha mantenido una relación laboral con la demandada en los siguientes Periodos: a) del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994 (dibujante cartográfico); b) 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998 (técnico de campo “c”); c) del 16 de febrero al 31 de julio de 2002 (auxiliar técnico); d) del 1 de agosto de 2002 al 29 de febrero de 2004 (técnico de resolución CMR “b”); e) del 1 de abril al 31 de agosto de 2014 (Operador de Equipo Tecnológico); f) del 1 de septiembre de 2014, al 31 de agosto de 2019 (digitalizador de Medios de Identificación); g) del 1 de septiembre de 2019 a la fecha (Operador de Equipo Tecnológico).

2. Por su parte, el INE, en su contestación, señala que, contrario a lo planteado por el inconforme, el vínculo que los unió fue de naturaleza civil, pues se celebraron contratos de prestación de servicios y, por lo tanto, no tiene derecho a las prestaciones reclamadas, ello de conformidad con la tabla que se inserta a continuación:

3. En ese sentido, la controversia a resolver consiste en determinar: i. la naturaleza del vínculo jurídico entre la parte actora y el INE, a fin de establecer si es de carácter civil o laboral y ii. la vigencia o duración del vínculo entre las partes, con el objeto de fijar los periodos que servirán de sustento para, de ser el caso, emitir un pronunciamiento respecto al pago de las prestaciones que resulten procedentes.

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe reconocerse la existencia de la relación laboral entre ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y el INE en los periodos determinados y, por tanto: I. se condena al INE para el efecto de que: a. reconozca la antigüedad del trabajador en los periodos acreditados, b. realice el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, c. pague las primas vacacionales del primer y segundo periodo de 2023, d. pague las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, prima quinquenal y vales de fin de año, e. verifique la procedencia del pago del incentivo por años de servicio; todo lo anterior, conforme a lo determinado en la presente sentencia, y II. se absuelve al INE de: a) el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, b) la formalización de ésta mediante un nombramiento como personal de la Rama Administrativa y c) pagar las prestaciones que resultaron improcedentes, como se detalla en el apartado respectivo de la presente sentencia.

Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones

Tema 1. Naturaleza de la relación entre el actor y el INE

1. Marco normativo que establece o define los elementos de una relación laboral

Los elementos esenciales para configurar una relación de trabajo son: a. La prestación de un trabajo personal que implica realizar actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio del empleador, b. La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por el empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio (el trabajador o trabajadora) y c. El pago de un salario en contraprestación por el trabajo realizado.

Al respecto, es importante destacar que el legislador dispuso una especial tutela en favor de los trabajadores, en general, a éstos se les exime de probar ciertos hechos o actos, y al patrón se le atribuye expresamente la carga de probar, aunque se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador (artículo 784, de la LFT[12]).

De manera que, cuando existe controversia sobre la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, la carga de la prueba corresponde al patrón al negar la relación laboral, porque lleva implícita la afirmación de que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye la parte actora, entonces, la parte patronal debe probar la naturaleza de la relación jurídica, por ser la que tiene a su alcance los elementos de prueba necesarios para esclarecer la verdad de los hechos[13].

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que, para definir la relación jurídica existente entre el trabajador o trabajadora y el demandado, adquieren relevancia las actividades desempeñadas por aquél, esto es, ya sea de carácter permanente y no eventual.

También, la Sala Superior ha señalado que el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los “prestadores de servicios”[14].

2. Caso concreto, valoración o decisión para establecer el tipo de relación o vínculo entre el INE y la parte actora

El actor afirma que desde el 1 diciembre de 1993 inició una relación laboral con el INE para desarrollar funciones como Dibujante Cartográfico, y que actualmente se desempeña como Operador de Equipo Tecnológico.

El INE, en su escrito de contestación de demanda, niega acción y derecho del actor de reclamar el reconocimiento de la relación laboral a partir de 1 diciembre de 1993 a la fecha, ya que el accionante ha sostenido con el IFE e INE diversos vínculos jurídicos de carácter civil bajo el régimen de HONORARIOS EVENTUALES y PERMANENTES, con distintas interrupciones.

Por otra parte, el INE señala que la parte actora ha sostenido diferentes relaciones contractuales de naturaleza civil, en concreto, por honorarios eventuales y permanentes, en las siguientes fechas:

1.     Del 1 al 31 de diciembre de 1993.

2.     Del 1 de enero al 28 de febrero de 1994.

3.     Del 1 de marzo al 15 de abril de 1994.

4.     Del 16 de abril al 31 de mayo de 1994.

5.     Del 1 al 15 de junio de 1994.

6.     Del 16 de junio al 31 de julio de 1994.

7.     Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1996.

8.     Del 1 de enero al 30 de junio de 1997.

9.     Del 1 de julio al 31 de diciembre de 1997.

10. Del 1 de enero al 30 de junio de 1998.

11. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 1998.

12. Del 16 de febrero al 30 de junio de 2002.

13. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2002.

14. Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2002.

15. Del 1 de enero al 30 de junio de 2003.

16. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2003.

17. Del 1 al 31 de enero de 2004.

18. Del 1 al 29 de febrero de 2004.

19. Del 1 al 31 de marzo de 2014.

20. Del 1 de abril al 31 de mayo de 2014.

21. Del 1 de junio al 31 de agosto de 2014.

22. Del 1 al 30 de septiembre de 2014.

23. Del 1 al 31 de octubre de 2014.

24. Del 1 al 30 de noviembre de 2014.

25. Del 1 al 31 de diciembre de 2014.

26. Del 1 de enero al 28 de febrero de 2015.

27. Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2015.

28. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

29. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

30. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

31. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

32. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

33. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

34. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

35. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Es importante enfatizar que el INE refiere que se celebraron diversos contratos de prestación de servicios de carácter temporal, sujetos al régimen de honorarios.

2.1. Relación de carácter laboral

Por otra parte, esta Sala Monterrey considera que se acredita la relación laboral entre las partes, bajo las siguientes consideraciones:

2.1.1 En primer lugar, respecto del cargo de dibujante, se acredita que la relación de carácter laboral, porque el INE reconoce que durante ese periodo la parte actora prestó sus servicios en dicho cargo, para lo cual remitió constancias de nombramiento, en la que se advierte que la relación fue de carácter laboral, pues incluso, los documentos le otorgan el carácter de Trabajador, y disponen de manera expresa que la parte se considerara servidor público, además de que establece, horarios, actividades, subordinación, contraprestaciones, lo que cumple a cabalidad con las características de este tipo de vínculo.

2.1.2 En segundo lugar, respecto del resto de los cargos han quedado demostrado los elementos esenciales de una relación de trabajo, pues de los hechos narrados y las pruebas aportadas por las partes, se comprobó la actualización de los elementos correspondientes.

En efecto, este órgano constitucional considera que la relación es de naturaleza laboral porque, aun cuando está acreditada la existencia de diversos contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, lo cierto es que se cumple con los elementos: a. prestación de un trabajo personal, b. pago de una contraprestación (salario), y c. subordinación. En atención a las siguientes consideraciones.

a. Prestación de un trabajo personal

De acuerdo con los elementos de prueba que existen en el expediente, esta Sala Monterrey advierte que, durante el tiempo que el actor prestó sus servicios al INE, desempeñaba las siguientes actividades:

1. Técnico de campo: Actualización de la cartografía electoral, integrar la información recabada de cartografía en un banco de información geográfico electoral del distrito, recupera y valida información cartográfica, elaborar croquis de localidades rurales con almacenamiento bien definido[15].

2. Auxiliar técnico “C”: Elabora, analiza y verifica el avance de labores, así mismo, periódicamente elabora informes o reportes de volúmenes de trabajo efectuados[16].

3. Técnico “I”: Realizar y controlar actividades específicas para impresión y lectura de recibos y verificación de productos electorales, realizar el diseño y seguimiento a la aplicación de los procedimientos a instrumentar en campo por cada figura de la estructura de organización estatal, relacionados con la atención ciudadana[17].

4. Técnico de resolución de CMR “B”[18]. Ubicar en gabinete y/o campo el domicilio de ciudadanos con georreferencia incorrecta de todos aquellos ciudadanos que han sido afectados por el programa de reseccionamiento, acudiendo a verificar los domicilios en campo o bien, ubicando su georreferencia mediante el sistema informático creado exprofeso[19].

5. Operador de equipo tecnológico. Es el responsable del manejo del equipo tecnológico para capturar la información del padrón electoral, llevar a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales y la entrega de la credencial, ejecutar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables[20].

6. Digitalizador de medios de identificación. Digitalizar el folio FUAR, los medios de identificación, los documentos de identificación con fotografía y el comprobante de domicilio que presenta el ciudadano en el módulo de atención ciudadana; instalar y configurar el sistema MACDMI; escanear los documentos presentados por los ciudadanos; y apoyar al responsable del módulo a organizar y guardar los documentos digitalizados[21].

7. Digitalizador de medios de identificación “A1”[22]. Validar la consistencia y la digitalización de los medios de identificación que presenta el ciudadano, al efectuar su trámite de inscripción o actualización de su situación registral, de acuerdo a la normatividad establecida[23].

8. Operador de equipo tecnológico “A2”[24]. Atender al ciudadano, capturar la información que este proporcione y entregar la credencial para votar a sus titulares, actualizando en la base de datos del SIIRFE_MAC. Realizar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables[25].

b. Pago de una contraprestación (salario)

Esta Sala Monterrey considera que existió el pago de una contraprestación por los servicios que el actor prestó al INE, porque de los contratos analizados se advierte que el Instituto demandado otorgó un pago al inconforme por las actividades desempeñadas por el tiempo establecido en el instrumento contractual.

Lo anterior, porque de los contratos presentados se advierte que la parte actora recibió y actualmente recibe un pago por los servicios prestados, de ahí que, por sus actividades, obtuvo y obtiene un salario.

c. Subordinación

Esta Sala Monterrey considera que, en efecto, se actualiza que las actividades que realizó en el cargo que desempeñó el actor, estuvieron subordinadas al Instituto demandado.

Lo anterior, porque de los contratos aportados por el INE se advierte que en el clausulado de prestación de servicios –destacadamente en las cláusulas  quinta, sexta y séptima– expresamente se señaló que, durante la realización de las funciones que le fueron encomendadas al actor, el Instituto demandado contaba con la facultad de supervisar el trabajo que realizara y practicar las modificaciones que estimara pertinentes, es decir, que contaba con la potestad de verificar la labor del inconforme, así como de vigilar su desempeño, de ahí que se acredite el elemento de la subordinación.

De ello se aprecia que el actor contaba con la obligación de llevar a cabo las actividades que le fueran encomendadas y que estas no se encontraban sujetas a una libre propuesta o planeación, pues dependían de una verificación por parte del personal del Instituto demandado.

Esto es, dichas actividades se desempeñan bajo la supervisión de otra persona y sujeto a la jerarquía propia del Instituto demandado. Lo anterior, puede inferirse de los contratos suscritos entre el INE y la parte actora, en los que se señala que su trabajo podía ser objeto de supervisión, es decir, que el INE tenía la potestad de supervisar, vigilar la adecuada prestación de los servicios y sugerir las modificaciones que considere necesarias para el mejor desarrollo de estos, así como de solicitar informes.

En efecto, de los contratos se advierte sustancialmente que las personas contratadas tenían como una de sus obligaciones hacer del conocimiento de “El Instituto” de manera mensual y durante la vigencia del presente contrato las actividades realizadas en el periodo, para que éste verificara el desarrollo de sus actividades, de ahí la subordinación.

Por tanto, como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que se actualiza el elemento de subordinación, pues de las funciones realizadas por la parte actora descritas con anterioridad se aprecia que desempeñó actividades vinculadas con la función electoral y distintos procesos institucionales que no fueron de índole especial o esporádica, en cambio, para cubrir necesidades permanentes del Instituto demandado, actividades que, incluso, no cubrió con recursos propios sino con los medios proporcionados en su lugar de trabajo, y que los realizó bajo la supervisión del personal del INE.

En ese sentido, al haberse acreditado los elementos esenciales de una relación de trabajo, se tiene que el vínculo que la parte actora ha sostenido con el INE, respecto de los cargos analizados en este apartado, es de naturaleza laboral.

Sin que obste el hecho de que los vínculos entre la parte actora y el INE se hubieran acreditado mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, por tiempo determinado, porque, conforme a la doctrina judicial desarrollada por la Sala Superior, el carácter eventual o permanente de una relación contractual no depende de la denominación establecida en los contratos, sino de las actividades que desempeñen los prestadores de servicios, es decir, lo que realmente se toma en consideración para establecer el tipo de relación (laboral o civil) y la permanencia se basa, esencialmente, en las actividades pactadas en el contrato y no en la denominación que se le otorgue al instrumento mediante el cual se perfecciona el vínculo.

Finalmente, en virtud de lo expuesto, es innecesario el estudio de las restantes excepciones y defensas que hace valer el Instituto demandado y que dependían de la inexistencia de la relación laboral por cuanto hace a los cargos señalados, pues, en términos del caudal probatorio que obra en autos, quedó comprobado ese vínculo.

2.3. Reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado y conversión del puesto de honorarios permanentes a plaza presupuestal

2.3.1 Marco normativo respecto al reconocimiento de una relación laboral y su incidencia en el otorgamiento de un nombramiento de plaza presupuestal

La Constitución Federal establece que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social (artículo 123, apartado B, fracción XIV[26]).

Por su parte, la normativa electoral establece que todo el personal del INE será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en el dispositivo constitucional mencionado anteriormente (artículos 206, numeral 1, de la LGIPE[27], y 2, primer párrafo, del Estatuto[28]).

Además, que el INE podrá contratar servicios personales bajo el régimen laboral, con plaza presupuestal, pudiendo establecer, entre otras, relaciones permanentes o temporales (artículo 6, fracción I, y último párrafo, del Estatuto[29]).

Ahora bien, para definir en términos generales el concepto de persona trabajadora de confianza, la LFT dispone que esa categoría depende de la naturaleza de las funciones que se desempeñan y no de la designación que se dé al puesto (artículo 9[30]).

Asimismo, señala que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como las que se relacionen con trabajos personales del empleador o empleadora[31]; lo que aplicado al ámbito del derecho burocrático debe entenderse como actividades personales adscritas directamente a las y los titulares de las dependencias o de las áreas administrativas que la integran.

De igual forma, se advierte un catálogo de los puestos que la legislación ha considerado de confianza en las dependencias estatales, y es posible observar que se encuentra vinculado a funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización (artículos 4, 5, fracción II, y 6 de la LFTSE[32]).

Al respecto, la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 48/2016, definió a las y los trabajadores de confianza como la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las cuales lo ligan de manera íntima al destino de esa empresa o a los intereses particulares o públicos de quien lo contrata, en forma tal que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación[33].

En ese sentido, la SCJN ha establecido que la calidad de las y los trabajadores de confianza no puede concluirse únicamente de la literalidad de la norma o de un catálogo que contenga un listado de esos cargos, sino que debe atender a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo[34].

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, en el artículo 206 de la LGIPE[35], el legislador federal otorgó la calidad de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el INE, dado el carácter de las funciones que desempeñan, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral[36].

Lo que se retomó en el propio Estatuto, en cuanto a que todo el personal del INE es considerado de confianza (artículo 2, primer párrafo[37]).

Destacándose que, en dicho Estatuto, se dispone que la relación laboral terminará por la pérdida de confianza en el desarrollo de las funciones que se realicen en favor del INE (artículo 167, fracción VIII[38]).

Ahora bien, conforme la línea interpretativa asumida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando un prestador de servicios del INE haya firmado múltiples contratos de naturaleza civil de forma continua o ininterrumpida y, además, se demuestre que los servicios para los que se le haya contratado sean inherentes a las funciones de dicho instituto, de manera subordinada, con insumos proporcionados por el patrón equiparado y bajo su supervisión, se tiene que la relación se considerará de carácter laboral.

A partir de ese reconocimiento, esta Sala Regional ha considerado la transición de un régimen de honorarios permanentes, cuya relación laboral se reconoce en sede jurisdiccional, a una plaza presupuestal, no es viable otorgarla como una consecuencia jurídica inmediata, sino que deben tenerse en cuenta diversos factores previstos y establecidos en la propia normativa aplicable, como a continuación se advierte[39].

Sobre el tema, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 122/2012 (10a.), la SCJN sostuvo que las designaciones o nombramientos de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado son distintas a las de los trabajadores regidos por la LFT, pues su ingreso está regulado en un presupuesto de egresos[40].

Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta lo sostenido por la propia SCJN en la diversa jurisprudencia 2a./J. 67/2010, en la que estableció que la declaración judicial de que la relación jurídica es de naturaleza laboral, no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión de la parte trabajadora, en el sentido de que se le otorgue una plaza, sino que previamente debe examinarse la naturaleza de las funciones atribuidas, así como la situación real en que se encontraba y la temporalidad del contrato, a fin de determinar los supuestos en que se ubica conforme a la normativa[41].

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, para el caso de la ocupación de cargos y puestos establecidos en el Catálogo de la Rama Administrativa del INE, las personas interesadas en ingresar a esa rama deberán cumplir, adicionalmente a lo que establece el perfil del cargo o puesto, distintos requisitos, de entre los cuales destaca el de acreditar, por los medios que el Instituto demandado estime convenientes, los conoci­mientos y habilidades requeridos para el adecuado desempeño del cargo o puesto al que aspira (artículo 93 del Estatuto[42]).

Por su parte, el Estatuto establece que el ingreso a la Rama Administrativa del INE deberá realizarse con base en las normas y procedimientos aplicables y de acuerdo con el número de cargos y puestos establecidos en la estructura ocupacional, las remuneraciones autorizadas y el presupuesto disponible (artículo 94[43]).

Cabe precisar que, se considera plaza vacante aquella que se encuentre disponible dentro de la estructura ocupacional autorizada, cuyos cargos y puestos deben estar contenidos en las estructuras autorizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y aprobadas por el Titular de la Secretaría Ejecutiva, ambos del INE (artículo 97[44] y103, segundo párrafo[45]).

Lo que es congruente con lo dispuesto en el artículo 67, fracción I, del Estatuto que, precisamente, condiciona el derecho a obtener un nombramiento a la satisfacción de los requisitos establecidos para ello[46].

2.3.2. Caso concreto y valoración

La parte actora solicita el reconocimiento de una relación laboral por los siguientes periodos: a) del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; b) del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; c) del 16 de febrero al 31 de julio de 2002; d) del 1 de agosto de 2002 al 29 de febrero de 2004; e) del 1 de abril al 31 de agosto de 2014; f) del 1 de septiembre de 2014, al 31 de agosto de 2019; g) del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023 y la conversión del puesto de honorarios permanentes a plaza presupuestal como personal de la rama administrativa nivel operativo.

Por su parte, el INE niega acción y derecho del actor para reclamar el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, toda vez que el inconforme ha prestado sus servicios para el Instituto demandado mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

Asimismo, con respecto al otorgamiento de una plaza presupuestal de la rama administrativa de nivel operativo, alega la falta de acción y derecho para reclamar dicha prestación, porque, por un lado, se encuentra supeditada al gasto público determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, por otro, a la existencia de una plaza vacante, además de llevar a cabo el concurso de ingreso establecido para tal efecto en el Manual.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado solicitado por el actor es improcedente.

Lo anterior, porque el reconocimiento judicial de la existencia de una relación laboral tiene como consecuencia que, en el lapso reconocido, la parte actora tenga derecho a gozar de todas las prestaciones (legales y extralegales).

En ese sentido, con independencia de que esta Sala Regional reconozca que las actividades desempeñadas por la parte actora son de naturaleza laboral, ello no implica que estas puedan prolongarse de forma indefinida, pues dicho reconocimiento, no genera el derecho del inconforme para que se le contrate de forma permanente[47] y que se ordene al Instituto demandado el pago de prestaciones futuras, pues ello depende de la subsistencia de la relación entre las partes, lo cual es un hecho futuro de realización incierta, en términos del último contrato suscrito por las partes.

Finalmente, si bien la Constitución Federal (artículos 5 y 123, apartado B, fracción XIV[48]) establece el derecho de las personas al trabajo y, en el caso de los funcionarios públicos, la ley determinará qué cargos serán considerados de confianza, así como las medidas de protección al salario y a gozar de la seguridad social garantizadas por la propia constitución, respectivamente, de ellos no se advierte como un derecho de dichos funcionarios el ocupar un cargo de manera permanente por el simple hecho de haber sido contratado, pues ese derecho estará sujeto a la subsistencia de la fuente de trabajo, al lapso de contratación, a la continuidad si así lo acuerdan las partes, o bien, a la actualización de alguna causal que permita dar por terminada, de manera anticipada, el vínculo contractual que los unía.

Por otro lado, respecto a la solicitud del inconforme por cuanto a la conversión de la plaza de honorarios permanentes a plaza presupuestal nivel operativo de la rama administrativa, esta Sala Monterrey considera que es inviable lo solicitado por el actor, porque es criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que la sentencia no es constitutiva del derecho a acceder a una contratación permanente o a la obtención de un nombramiento conforme lo dispone la normativa del INE.

Por tanto, como se ha indicado en párrafos precedentes, no resultaría posible ordenar el pago de prestaciones laborales futuras que dependen de la subsistencia de la relación entre las partes, ya que atendiendo al esquema de contratación al cual se encuentra sujeto el inconforme, la continuidad en la prestación de los servicios es un hecho futuro de realización incierta.

De ahí que esta Sala Regional considere que es inviable lo solicitado por la parte actora.

Tema 2. Determinación de la vigencia de la relación laboral entre las partes

1. Marco normativo sobre la acreditación de los periodos de relación laboral entre los trabajadores y el INE

La Sala Regional ha sostenido que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida. La razón fundamental es que, en términos del artículo 784, fracción II, de la LFT, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello[49].

Corresponde a las partes acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones, y en cuanto a la carga de la prueba, en efecto, debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido.

En ese sentido, si bien esta Sala Monterrey ha sostenido en algunos casos que cuando las partes reconocen la existencia de un vínculo jurídico de la naturaleza que fuere, se genera una presunción de existencia (salvo prueba en contrario) a favor de la parte trabajadora, para que existan bases sobre las cuales pueda operar válidamente esta presunción, es necesario que la parte actora exprese o detalle, los hechos en los que funda su derecho, es decir, debe mínimamente, afirmar los hechos concretos en los que funda sus pretensiones, esto es, explicar cuáles fueron los cargos que desempeñó durante cada periodo que pretende acreditar la relación laboral, sin que sea válida únicamente una afirmación genérica del tiempo en que inició su relación y que se llevó de manera continua.

Incluso, ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que, si bien conforme al primer párrafo del artículo 784 de la LFT, se eximirá de la carga de la prueba a la persona trabajadora, cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, se requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por la persona trabajadora; lo cierto es que, ese principio no opera inmediatamente, pues es necesario que las partes cumplan con sus respectivas cargas procesales para acreditar sus pretensiones; es decir, la persona trabajadora debe ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones y/o defensas formuladas por el demandado, justamente porque la autoridad laboral no puede, oficiosamente, perfeccionar y/o adminicular medios de convicción que no han sido debidamente ofertados[50].

2. Caso concreto y valoración de los periodos acreditados

El actor refiere que, ha mantenido una relación laboral con el INE, en los siguientes periodos: a) del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; b) del 1 de septiembre de 1996 al15 de noviembre de 1998; c) del 16 de febrero al 31 de julio de 2002; d) del 1 de agosto de 2002 al 29 de febrero de 2004; e) del 1 de abril al 31 de agosto de 2014; f) del 1 de septiembre de 2014, al 31 de agosto de 2019; g) del 1 de septiembre de 2019 a la fecha.

El INE, al dar contestación a la demanda, reconoció que el accionante ha sostenido con el IFE e INE diversos vínculos jurídicos de carácter civil bajo el régimen de HONORARIOS EVENTUALES y PERMANENTES, con distintas interrupciones […][51].

Al respecto, esta Sala Monterrey, al realizar el análisis de las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, advierte que el actor, en su escrito de demanda expone que ha mantenido una relación en diversos periodos con el INE y para acreditar su afirmación aporta, entre otros elementos, constancia de servicios, recibos de pago y el expediente electrónico único (SINAVID); por su parte, el INE aporta contratos, recibos de pago y el expediente personal del inconforme, como a continuación se esquematiza:

De la anterior tabla, se advierte que la parte actora, señala que ha mantenido un vínculo laboral en diversos periodos con el Instituto demandado desde el 1 diciembre de 1993.

Asimismo, se obtiene que el INE reconoce que ha celebrado diversos contratos de prestación de servicios profesionales con la parte actora, los cuales han tenido diferentes interrupciones en distintos periodos.

En ese sentido, se considera que el INE no niega de forma absoluta la existencia de un vínculo jurídico con la parte actora.

2.1. Inicio de la relación laboral

Una vez acreditada la naturaleza del vínculo que unió a las partes del presente juicio, se debe determinar la fecha de inicio de la relación laboral entre el inconforme y el INE.

En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que debe tenerse como fecha de ingreso el 1 de diciembre de 1993, porque de las pruebas que obran en el expediente, así como lo manifestado por las partes en sus escritos de demanda y contestación, se revela que desde esa fecha las partes iniciaron un vínculo.

En efecto, obra en autos una constancia de servicios en la que se advierte que la fecha de inicio de la relación laboral fue el 1 de diciembre de 1993, la cual no fue impugnada oportunamente, por ello esta fecha debe considerarse como la de ingreso

2.2. Periodos donde se acredita la existencia de una relación laboral

Una vez que se ha establecido que el vínculo entre el actor y el INE inició el 1 de diciembre de 1993, es necesario determinar los periodos donde se acredite la existencia de la relación laboral, partiendo de la base de que respecto del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se ha determinado que el vínculo entre las partes fue civil, al no haber sido impugnado oportunamente.

El INE, al contestar la demanda, reconoce que, desde el 1 de diciembre de 1993 a la fecha, ha celebrado contratos de manera discontinua con la parte actora.

Por tanto, esta Sala Monterrey considera que se acredita la existencia de la relación laboral entre el inconforme y el instituto demandado, por lo que ve a los siguientes periodos: 1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. Del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Ello, porque como se indicó, respecto del periodo del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994, el INE reconoce que durante ese periodo la parte actora prestó sus servicios en el cargo de dibujante.

Ahora bien, respecto de los periodos del: i. 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; ii.16 de febrero al 31 de julio de 2002; iii. del 1 de agosto de 2002 al 29 de febrero de 2004 iv. del 1 de abril al 31 de agosto de 2014; v. del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2019 y vi. del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023 (conforme a la vigencia del último contrato), el INE, al rendir su contestación reconoce que, durante esos periodos, la parte actora, desempeñó los cargos de auxiliar técnico c, operador de equipo tecnológico, digitalizador de medios de identificación que, en términos del apartado anterior, se determinó que estos cargos eran de carácter laboral.

Tema 3. Prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral

1. Reconocimiento de antigüedad y constancia laboral

La parte actora solicita que se reconozca que ha sostenido una relación laboral con el INE desde el 1 de diciembre de 1993 a la fecha en que se resuelve el presente juicio, además, pide la entrega de una constancia laboral en la que se especifique el tiempo laborado.

Por su parte, el INE niega la acción y el derecho de la parte actora para reclamar el reconocimiento de antigüedad a partir del 1 de diciembre de 1993, porque, desde su perspectiva, el inconforme ha sido contratado para prestar sus de servicios bajo el régimen de carácter civil.

Finalmente, niega la acción y derecho del impugnante para reclamar la entrega de una constancia laboral, porque el actor no la ha solicitado, por lo que, una vez que lo haga, esta le será entregada, y en ella se señalarán los periodos en los que ha prestado sus servicios para el INE, así como el régimen de contratación.

1.1. Derivado de lo expuesto anteriormente, en cuanto a que debe tenerse como fecha de ingreso el 1 de diciembre de 1993, esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE a reconocer la antigüedad del inconforme por los siguientes periodos: 1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. Del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Ello, porque al reconocerse la existencia de una relación laboral entre las partes, necesariamente debe condenarse a la parte demandada el reconocimiento de su antigüedad, pues el derecho a su reconocimiento no se extingue por falta de ejercicio, mientras subsista la relación laboral, pues esta se actualiza cada día que transcurre, y la adquieren los trabajadores desde el primer día de labores[79].

En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de una relación entre las partes por los periodos precisados en la presente sentencia, lo procedente es condenar al Instituto demandado al reconocimiento de la antigüedad, máxime que, como se señaló, la falta de ejercicio de esa acción no extingue el derecho de la parte actora de que le sea reconocida.

1.2. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que debe ordenarse al INE la entrega de la constancia de servicios prevista en el artículo 537 del Manual, mediante la cual se hace constar que el personal o prestadores de servicios, laboran o prestan sus servicios, o bien, que laboraron o prestaron sus servicios y que contendrá, entre otros, los siguientes datos:

I. Registro Federal de Contribuyentes.

II. Clave Única de Registro de Población.

III. Fecha de ingreso o fecha de inicio de prestación de servicios.

IV. Denominación del puesto actual o actividad que establece su contrato.

V. Sueldo bruto y área de adscripción, u honorarios pactados (monto total del mismo).

VI. Periodo de contratación.

VII. Tipo de Contratación.

De ahí que deba entregarse a la parte actora el referido documento para los efectos y trámites legales que estime correspondientes, en el que el INE deberá indicar la antigüedad reconocida por esta Sala Regional.

2. Cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE

La parte actora solicita el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social de los periodos que el INE omitió pagar desde la fecha que ingresó a laborar.

El INE negó la acción y derecho de la parte actora para reclamar dichas prestaciones, ya que entre ellos no existe, ni ha existido, una relación de trabajo porque ha sido contratado para prestar sus servicios bajo el régimen de honorarios regulados por la legislación civil.

Además, refiere que, ha realizado el pago de seguridad social a favor del impugnante, a partir de que tuvo derecho a ello, es decir, del 1 de enero de 2012 a la fecha en que presentó su contestación, tal como aparece en el expediente electrónico (SINAVID) ofrecido y aportado por ambas partes.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que el INE debe realizar la inscripción y el pago retroactivo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, no cubiertas durante la totalidad del plazo de la existencia de la relación laboral, esto es, por los periodos: 1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Lo anterior, en atención a lo manifestado por el Instituto demandado en su escrito de contestación de demanda, por cuanto a que la parte actora continuaba prestando sus servicios para el INE, esta Sala Monterrey considera que, de ser el caso, el INE debe realizar el pago de aquéllas no cubiertas durante ese periodo.

Ello, porque el INE tiene la obligación de retener las aportaciones quincenales por todo el tiempo de la existencia de la relación laboral, por concepto de los enteros y pagos de las cuotas obrero-patronales, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley del ISSSTE[80] y 43, fracción VI, de la LFTSE[81], que disponen que todo trabajador que preste un servicio físico o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad pública, que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a las de seguridad social.

En consecuencia, existe la obligación correlativa de los titulares de las dependencias y entidades públicas de inscribir a los trabajadores ante el ISSSTE y FOVISSSTE, para que puedan gozar de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio, con el respectivo entero de las cuotas y la retención de las que corresponden al trabajador.

Cuando la dependencia incumple con la obligación de inscribir y retener las cotizaciones que corresponden durante el transcurso de la relación laboral, como en el caso, el INE deberá cubrirlas en su integridad, porque ante la omisión del descuento, las consecuencias recaen en el patrón[82].

Derivado de lo anterior, el INE deberá enterar y pagar las aportaciones que debió retener a la parte trabajadora respecto de las cotizaciones al ISSSTE y las del FOVISSSTE, con motivo de la relación laboral que tiene con la parte actora, a efecto de cubrir las cotizaciones de las que fue omiso por el tiempo de la existencia de la relación laboral[83].

En ese sentido, las prestaciones de seguridad social derivan de la existencia de una relación de trabajo; del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son irrenunciables[84].

Por ello, aun cuando obra en autos la impresión del expediente electrónico del inconforme emitido por el Sistema Nacional de Vigencia de Derechos (SINAVID) del ISSSTE, se considera que el INE deberá realizar los cálculos respectivos conforme a los salarios devengados por la parte actora, así como en términos de los lineamientos contenidos en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en la Ley del ISSSTE, para que, en el caso de que el INE hubiera omitido cubrir algunas de las cuotas, pague las faltantes, correspondientes tanto al patrón como a la persona trabajadora, hasta completar las cotizaciones en los periodos precisados anteriormente[85].

3. Vacaciones y prima vacacional

El actor reclama el pago de las vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo en que ha prestado sus servicios para el INE.

El INE, en su contestación a la demanda, señaló que es improcedente el pago de las prestaciones de vacaciones y prima vacacional, asimismo, opone las excepciones de falta de acción y derecho, la de pedido en demasía (plus petitio), dada la naturaleza civil del vínculo jurídico que ha existido entre la parte actora y el Instituto demandado, pues dichas prestaciones solamente son otorgadas a los trabajadores del INE, calidad de la que no goza el inconforme.

Adicionalmente refiere que las vacaciones no se pagan, sino se gozan y disfrutan, tal y como lo establece el Estatuto (artículo 48)[86], sin que de dicho precepto se advierta pago alguno por concepto de vacaciones a su personal.

Finalmente, sostiene que, durante los periodos vacacionales, la parte actora no llevó a cabo las activades propias de su contrato y le fueron cubiertos lo honorarios a que tuvo derecho, por lo que debe tenerse que también las disfrutó en los mismos periodos en que lo hizo el personal del INE, lo cual pretende demostrar con los oficios de vacaciones del primer y segundo periodo vacacional de 2022, así como primer periodo de 2023, publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Respecto al pago de la prima vacacional, refiere que es improcedente, porque la parte actora no tiene la calidad de trabajadora.

Asimismo, refiere que prescribió el derecho de la parte actora para reclamar el pago de esas prestaciones, ya que no lo hizo dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que es exigible su pago, por lo que, tomando en consideración la fecha en que se presentó la demanda (17 de noviembre de 2023), el derecho para reclamar el pago de las vacaciones y prima vacacional exigibles antes del 17 de noviembre de 2022 ha prescrito.

3.1. Prescripción de las vacaciones y prima vacacional

Esta Sala Monterrey considera que, como lo plantea el INE, prescribió el derecho de reclamar el pago de las vacaciones del 1 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 2021 porque ha transcurrido más de un año para que la parte actora reclamara el pago de dichos periodos.

Asimismo, se considera que ha prescrito el derecho de la parte actora para reclamar el pago de la prima vacacional del segundo periodo de 1993 hasta el segundo periodo de 2022, [que corresponde a la quincena 24 (segunda quincena de diciembre) de ese año], porque las acciones de trabajo prescriben en 1 año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación es exigible.

De ahí que deba absolverse al INE del pago de dicha prestación.

Respecto de la prescripción para reclamar el pago de vacaciones y prima vacacional, la SCJN ha sostenido que debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye ese lapso de 6 meses dentro de los cuales la persona trabajadora tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional, porque hasta la conclusión de ese término es cuando la obligación se hace exigible, no a partir de la conclusión del periodo anual o parte proporcional reclamados.

En el caso, se tuvo por reconocida la relación laboral del actor con el INE por diversos periodos, el primero de ellos comenzó el 1 diciembre de 1993 y el último de ellos el 1 de enero de 2023, tomando en consideración que en el apartado correspondiente, se determinó que prescribió el derecho del actor a solicitar el reconocimiento de la relación laboral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, porque se acreditó que tuvo conocimiento desde el 6 de octubre de 2021 que ese periodo era por honorarios, por lo que al existir una interrupción respecto del reconocimiento de la relación laboral, se debe comenzar a contar a partir del 1 de enero de 2023 para establecer la fecha que actualiza el derecho de la parte actora para gozar de sus vacaciones.

En ese sentido, el último periodo continuo inició el 1 de enero de 2023 y conforme se encuentra acreditado la relación laboral continuó al menos al 31 de diciembre siguiente, por lo que el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 1 de julio siguiente (6 meses después de la suscripción del contrato), y respecto al periodo que inició el 1 de julio, el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 1 de enero de 2024 (12 meses posteriores al inicio de su contrato).

Al respecto, del artículo 516 de la LFT, de aplicación supletoria, en términos del numeral 46 de la Ley de Medios de Impugnación, establece que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. En ese sentido, es evidente que el derecho de la parte actora a reclamar el pago de vacaciones prescribe en un año.

Por tanto, la prescripción debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye el lapso de 6 meses a partir de que sea exigible el derecho de reclamar el pago respectivo.

3.2. Vacaciones y primas vacacionales de las que se debe absolver al INE

3.2.1 Esta Sala Monterrey considera que debe de absolverse al INE de reconocer el derecho a disfrutar las vacaciones exigibles el 1 de julio de 2023, porque se acreditó que el actor las disfrutó, de su primer periodo vacacional de 2023, del 17 de abril al 23 de abril y del 3 al 7 de julio. Lo anterior, porque de los archivos remitidos por el INE al contestar su demanda, se advierten las solicitudes del actor, mediante las cuales pidió gozar de su primer periodo 2023, las cuales fueron autorizadas.[87]

3.2.2 Así mismo, se absuelve al INE de reconocer el derecho a disfrutar vacaciones respecto del periodo laboral iniciado el 1 de julio de 2023, pues si bien su derecho a disfrutar vacaciones que se generó el 1 de enero de 2024 durante la tramitación del juicio, cierto es que el INE tiene como plazo para otorgarlas hasta el 1 de julio de 2024.

Se debe condenar al INE al pago de las primas vacacionales, del primer y segundo periodo 2023, tomando en consideración que su pago debe ser aplicado en las quincenas 12 y 24, es decir, en la segunda quincena de los meses de junio y diciembre, respectivamente, por lo que al no advertirse constancias que acrediten su pago, lo procedente es ordenarle a la demandada que lo realice.

4. Aguinaldo

La parte actora reclama el pago de aguinaldo por todo el tiempo de servicios prestados.

Por su parte, el INE, en su contestación de demanda, destaca que conforme al Manual (artículo 618[88]), los prestadores de servicios únicamente tienen derecho al pago de la prestación denominada gratificación de fin de año, la cual está condicionada al decreto del Ejecutivo Federal, por lo que, en caso de que esta Sala Regional considere cambiar la naturaleza civil de la contratación, deberá partir de la base de que la gratificación de fin de año es un incentivo que se paga por los servicios prestados por un año, y que dicha prestación se le pagó al trabajador acorde a su contratación civil, por ende, debe considerarse equiparable al aguinaldo que se paga a los que sí son trabajadores del Instituto demandado.

Además, señala que, con respecto al año 2022, el INE pagó a la parte actora la prestación denominada “gratificación de fin de año”, por lo que, en caso de que esta Sala Regional considere la existencia de una relación laboral entre el inconforme y el Instituto demandado, se deberá tener por pagada dicha prestación, respecto del año precisado[89].

4.1. Prescripción del pago de Aguinaldo

Esta Sala Monterrey considera que tiene razón el INE en cuanto a que prescribió el derecho de la parte actora para reclamar el pago de dicha prestación respecto del periodo comprendido del año 1993 al 2021, porque las acciones del trabajo prescriben en 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación es exigible, consecuentemente, es improcedente el pago de aguinaldo de los periodos antes descritos[90].

4.2. Aguinaldo 2022

Esta Sala Monterrey considera que debe absolver al INE al pago del aguinaldo de 2022 porque como se precisó, prescribió el derecho del actor de reclamar el reconocimiento de la relación laboral de esa anualidad y consecuentemente, su reclamo de dicha prestación no puede ser atendido al no haberse acreditado la existencia de una relación de carácter laboral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

4.3. Aguinaldo 2023

Como se precisó con anterioridad, el Instituto demandado opone la excepción de pago correspondiente al aguinaldo de 2023, toda vez que entregó a la parte actora la gratificación de fin de año respectiva, lo cual constituye una prestación equivalente a la reclamada, ya que así está previsto en el artículo 618 del Manual.

Es fundada la excepción hecha valer, dado que en autos obra el comprobante fiscal digital, relativo al pago de 30 de noviembre de 2023, por concepto de gratificación de fin de año, cantidad que según la citada constancia ampara el monto que corresponde a dicho concepto por trescientos sesenta y cinco días.

De ahí que se estime que la cantidad entregada a favor de la parte actora por el referido concepto fue cubierta en su totalidad, aun cuando esta se entregó en una sola exhibición y no en dos como lo establece el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

4.4. Aguinaldo por el tiempo que dure la relación laboral

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al Instituto demandado del pago del aguinaldo que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral, que solicita el inconforme, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

5. Prestaciones extralegales

5.1. Despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos

5.1.1. Prescripción del pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple

La parte actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple por el tiempo en que ha prestado sus servicios para el INE.

El Instituto demandado opone la excepción de prescripción, al considerar que la prestación no fue reclamada dentro del plazo de un año contado a partir de que se generó la fecha para percibirlas.

Al respecto, si en la presente sentencia se reconoció la existencia de la relación laboral del INE con el inconforme a partir por los siguientes periodos: 1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 se considera que ha prescrito su derecho de acción para reclamar el pago de despensa, ayuda de alimentos y previsión social múltiple que le correspondían desde la fecha de su ingreso hasta el 31 de diciembre de 2021, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (17 de noviembre de 2023), ha transcurrido un año o más desde el momento en que el pago de dicha prestación se volvía exigible.

5.1.2. Pago de las prestaciones de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple

Por otra parte, la parte actora solicita el pago de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple por el periodo laborado.

El INE señaló que el pago de dichas prestaciones es improcedente, en virtud de que el vínculo jurídico pactado entre el inconforme y el Instituto demandado es de naturaleza civil, aunado a que la parte actora no cumple con los requisitos y condiciones establecidas en el Manual, en especial la de ser personal de plaza presupuestal del INE, por tanto, su otorgamiento se encuentra sujeto a los procedimientos que para tal efecto apruebe la Junta General, así como el cumplimiento de requisitos y condiciones del Manual.

Esta Sala Monterrey considera que debe condenarse al INE al pago de las prestaciones de despensa, ayuda para alimentos y previsión social múltiple, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, al no advertirse de autos el pago de dichas prestaciones.

Lo anterior, porque la despensa se otorga al personal operativo, de mando y homólogos desde el ingreso del personal de plaza presupuestal, con excepción del Consejero o Consejera Presidenta y Consejeras o Consejeros Electorales y consiste en un monto fijo que se otorgará quincenalmente, y se integra bajo dos conceptos, Despensa Oficial y Apoyo para despensa[91].

Por su parte, la ayuda para alimentos es una prestación que se otorga al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos. El pago de esta prestación se realiza de manera quincenal, a través de la nómina, desde el ingreso del Personal de Plaza Presupuestal al Instituto demandado y por su naturaleza de previsión social, exenta de gravamen[92].

La ayuda para alimentos consiste en la asignación de un monto en efectivo por concepto de alimentos de manera quincenal, la cual únicamente se otorgará al personal de plaza presupuestal de nivel operativo[93].

Y, por último, respecto a la previsión social múltiple, los artículos 248 y 249 del citado Manual señalan que es una prestación adicional que se otorga al Personal de Plaza Presupuestal de nivel operativo, que tiene por objeto coadyuvar al gasto familiar.

El pago de esta asignación se efectúa quincenalmente, desde el ingreso del personal en plaza presupuestal, mediante la nómina y se ajustará al Clasificador por Objeto del Gasto del Instituto demandado vigente y que, por su naturaleza, está exenta de gravamen alguno.

De lo anterior, se advierte que no existen mayores requisitos o condiciones para el pago de las referidas prestaciones que ser personal operativo, condicionante que cumple la parte actora al reconocer este órgano jurisdiccional que su vínculo con el INE fue de carácter laboral.

Finalmente, procede absolver al Instituto demandado del pago de las prestaciones de despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos que correspondan por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la parte actora, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

Tampoco pasa inadvertido el hecho de que el Instituto demandado refiere que tales prestaciones se otorgan al personal una vez llevado a cabo el mecanismo de ingreso correspondiente, no obstante, la parte actora no se ha sujetado a éste para obtener el nombramiento respectivo y, con ello, ubicarse en los requisitos de procedencia para acceder a dichas prerrogativas, que es contar con una plaza presupuestal pues, como se indicó en párrafos anteriores, el reconocimiento judicial de la relación laboral entre el inconforme con el INE genera tal derecho como si se tratara de una persona con nombramiento en una plaza de esa naturaleza.

5.2. Vales de fin de año

5.2.1. Prescripción de los vales de fin de año

La parte actora solicita el pago de los vales de fin de año por el tiempo laborado.

El Instituto demandado opone la excepción prescripción, al considerar que la prestación no fue reclamada dentro del plazo de un año contado a partir en que se generó la fecha para percibirlas.

Al respecto, si en la presente sentencia se reconoció la existencia de la relación laboral del INE con el inconforme en lo siguientes periodos: 1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se considera que tiene razón el INE respecto a que ha prescrito su derecho de acción para reclamar el pago de los vales de fin de año de 1993 a 2021, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (17 de noviembre de 2023), ha transcurrido un año o más desde el momento en que el pago de dicha prestación fue exigible.

5.2.2. Vales de fin de año de 2022 y 2023

Respecto a este tema, el INE niega la acción y derecho de la parte actora para reclamar el pago de dicha prestación, pues no existe ni ha existido relación laboral entre ésta y el Instituto demandado, ya que el vínculo jurídico entre las partes es de naturaleza civil, derivado de la suscripción de contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios, por lo que la parte trabajadora no ha generado el derecho para que se le otorgue la prestación reclamada.

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al INE del pago de los vales de fin de año de 2022, porque como ya ha quedado precisado, prescribió el derecho de la parte actora de reclamar el reconocimiento de una relación laboral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, y en consecuencia todas las prestaciones inherentes, entre ellas, los vales de fin de año.

Ahora bien, respecto a los vales de fin de año de 2023 no tiene razón el INE y se le debe condenar a pagar el monto que la Dirección Ejecutiva de Administración hubiere determinado, por concepto de vales de fin de año correspondientes.

Lo anterior, porque el Manual establece que, para acreditar el derecho a recibir esta prestación, el personal de plaza presupuestal de nivel operativo deberá encontrarse activo a la fecha de pago[94].

En el caso, al acreditarse la existencia de una relación laboral, esta Sala Regional advierte que el inconforme cumple con los requisitos previstos para hacerse acreedor al pago de la prestación correspondiente, ya que estuvo en activo durante todo 2023[95].

Aunado a que en el expediente no existe documentación alguna de la cual sea posible advertir que se hubiera pagado dicha prestación en 2023.

Finalmente, procede absolver al Instituto demandado del pago de vales de fin de año que correspondan por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la actora, porque basa su pretensión en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, menos omitido o negado su pago.

5.3. Prima quinquenal

La parte actora solicita el pago de la prima quinquenal por todo el tiempo de servicios prestados.

El INE niega la acción y derecho de la parte actora para reclamar el pago de dicha prestación por todo el tiempo de servicios prestados porque no ha existido una relación laboral entre las partes, pues la naturaleza del vínculo jurídico entre el inconforme y el Instituto demandado es de carácter civil, por lo que la parte actora nunca ha generado el derecho para que le sea cubierta la prima quinquenal.

Además, señala que esta prestación debe ser requerida por primera ocasión a la Dirección de Personal mediante solicitud y documento que acredite la antigüedad, y en el caso, la parte actora no acredita haber presentado la solicitud de pago de prima quinquenal, por lo que, en el mejor de los casos, se deberá dejar a salvo los derechos de la parte actora para que, solicite por primera ocasión el pago de dicha prestación. 

5.3.1. Prescripción de la prima quinquenal

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al INE del pago de dicha prestación del periodo 1 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 2021, ya que el derecho a reclamarla prescribió antes de la fecha de la presentación de la demanda.

5.3.2. Pago de la prima quinquenal

Esta Sala Monterrey considera que el INE debe realizar los cálculos correspondientes a fin de determinar la fecha en que la parte actora cumple con la antigüedad necesaria para hacerse acreedora a dicha prestación, tomando en consideración la totalidad de los periodos reconocidos como laborales por esta Sala Monterrey (1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023).

Lo anterior, porque la prima quinquenal es un complemento al sueldo que se otorga con base a la antigüedad de las y los servidores públicos, por cada 5 años de servicios efectivos prestados a la federación hasta llegar a veinticinco años, concepto que se acumula con el sueldo base para efecto del cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social (artículo 318 del Manual[96]).

En el caso, en la presente sentencia se reconoció la antigüedad conforme a los periodos antes señalados, sin embargo, como también se indicó, el derecho de acción para reclamar el pago de dichas primas hasta la fecha prescribió el 16 de noviembre de 2022, por tanto, considerando que durante esa anualidad la relación fue civil, lo procedente es que la condena deberá considerarse a partir del 1 de enero de 2023, pues la presentación de la demanda se hizo dentro del plazo señalado en la norma para reclamar dicha prima a partir de esa fecha.

Tampoco pasa inadvertido el hecho de que el Instituto demandado refiere que tales prestaciones se otorgan al personal con una plaza presupuestal, lo cual no cumple la inconforme, sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, el reconocimiento judicial de la relación laboral entre la parte actora con el INE genera tal derecho como si se tratara de una persona con nombramiento en una plaza de esa naturaleza.

De igual forma, debe desestimarse lo señalado por el Instituto demandado en cuanto a que dicha prestación debió ser solicitada por primera ocasión a la Dirección de Personal, por conducto de los enlaces o coordinaciones administrativas, mediante solicitud y documento que acredite su antigüedad, sin que en el caso se acreditara que la parte promovente llevó a cabo dicha solicitud.

Lo anterior, porque a partir del reconocimiento de la relación que hace esta Sala Monterrey, es que surgió su exigibilidad.

Por otra parte, se debe absolver al Instituto demandado del pago de la prima quinquenal que corresponda por el tiempo en que dure la relación laboral que solicita la parte impugnante, porque, como se ha señalado en los párrafos precedentes, su pretensión se basa en hechos futuros y prestaciones que aún no se han generado, mucho menos que se haya omitido o negado su pago.

5.3.3. Incentivo por años de servicio

La parte actora reclama el pago por concepto de incentivo por 10 años de servicio.

Por su parte, el INE opone la excepción de prescripción con relación al pago de incentivo por años de servicio que el accionante no haya reclamado dentro del plazo de 1 año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente haya generado el derecho para solicitarlo, ya que la prestación no se encontraba condicionada al reconocimiento de la relación laboral.

Asimismo, el INE opone la excepción de condición y plazo no cumplidos y niega la acción y derecho de la parte actora para reclamar el pago de dicha prestación, porque existieron diversas relaciones contractuales independientes entre cada una, por lo que, a su parecer, no puede considerarse una continuidad en el vínculo jurídico que existió entre las partes, además de que existieron diversas interrupciones.

Esta Sala Monterrey considera que el INE debe verificar la procedencia del pago de esta prestación porque, como se estableció en párrafos anteriores, se reconoció la existencia de una relación de trabajo entre las partes y la antigüedad de la parte actora por los periodos precisados en el fallo.

En ese sentido, corresponde al INE determinar, con base en la antigüedad reconocida por esta Sala Regional, si la parte actora tiene derecho a recibir los incentivos por 10 años de servicio que reclama, conforme a lo previsto en el Manual y, de ser así, proceder al pago respectivo; debiendo descartar aquellos que, a la fecha de presentación de la demanda, hayan prescrito.

5.4. Integración de la percepción mensual

La parte actora solicita, como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, la correcta integración de la percepción mensual.

Esta Sala Monterrey considera que debe absolverse al INE de realizar la correcta integración de la percepción mensual solicitada por la parte actora, esto es, que a la percepción que actualmente percibe, se incluyan prestaciones extralegales (despensa, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal) que se pagan de manera quincenal o mensual, porque su solicitud se basa en hechos futuros, respecto de prestaciones que aún no se generan y de las cuales no se ha omitido o negado su pago.

Ello, con independencia de que si bien el salario se integra con diversas prestaciones, su integración procede una vez que se tenga derecho a éstas, por lo que, sí aún no se ha generado ese derecho, dicha integración no podría ordenarse en la presente sentencia como lo pretende la parte actora, es decir, que a partir del reconocimiento de una relación laboral, se paguen a futuro prestaciones respecto de las cuales no se ha generado el derecho de exigirlas, como se ha precisado en los apartados que anteceden.

Lo anterior, dado que esta Sala Regional sólo puede pronunciarse sobre aspectos que ya han tenido lugar.

Apartado III. Efectos

A. Toda vez que la parte actora acreditó parcialmente las acciones y el INE no demostró sus excepciones y defensas, se condena al Instituto demandado a:

1. Reconocer la antigüedad de la parte actora por lo que hace a los siguientes periodos:

1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994;

 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998;

3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004;

4. Del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y

5. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, deberá como a entregar la constancia de servicios en los términos precisados en el presente apartado.

2. Realizar la inscripción retroactiva y regularizar el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, sólo en el caso de las que no hubieren sido cubiertas con oportunidad, pagando las cuotas correspondientes.

3. Pagar las primas vacacionales del primer y segundo periodo de 2023.

4. Pagar las prestaciones de despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos y prima quinquenal, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como los vales de fin de año de 2023.

5. Verificar la procedencia del pago por concepto de incentivo por 10 años de servicio, en los términos precisados en el apartado correspondiente.

B. Toda vez que la parte actora no acreditó las acciones y el INE demostró sus excepciones y defensas, deberá absolverse al Instituto demandado de lo siguiente:

1. La expedición del nombramiento de la rama administrativa.

2. El reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado.

3. Pagar vacaciones exigibles del 1 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 2021, así como reconocer el derecho de gozar las exigibles el 1 de julio de 2023 y 1 de enero de 2024 y las primas vacacionales correspondientes del segundo periodo de 1993 hasta el segundo periodo de 2022.

4. Pagar aguinaldo de 1993 a 2023.

5. Pagar despensa, previsión social múltiple y ayuda para alimentos y prima quinquenal desde el 1 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 2022.

6. Pagar vales de fin de año de 1993 al 2022.

7. A la correcta integración de la percepción mensual.

Lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional, dentro de las 24 horas siguientes a que lleve a cabo las acciones ordenadas, adjuntando copia certificada de las constancias que así lo acrediten, primero a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

Resolutivos

Primero. Se reconoce la antigüedad de la parte actora en los siguientes periodos: 1. Del 1 de diciembre de 1993 al 31 de julio de 1994; 2. Del 1 de septiembre de 1996 al 15 de noviembre de 1998; 3. Del 16 de febrero de 2002 al 29 de febrero de 2004; 4. del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021; y 5. Del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, en los términos y con las precisiones señaladas en el presente fallo.

Segundo. Se condena al Instituto Nacional Electoral al reconocimiento de antigüedad, la entrega de la constancia de servicios y a realizar la inscripción retroactiva y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social, de acuerdo con los razonamientos y efectos indicados en la presente ejecutoria.

Tercero. Se condena al Instituto Nacional Electoral al pago de la prima vacacional, vales de fin de año, despensa, ayuda de alimentos, previsión social múltiple y la prima quinquenal, así como verificar la procedencia del pago de incentivos por años de servicios, en los términos precisados en el apartado A de los efectos de la presente sentencia.

Cuarto. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral del reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, la formalización de ésta mediante un nombramiento como personal de la rama administrativa, el pago de la prestación de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prestaciones extralegales, vales de fin de año y a la correcta integración de la percepción mensual, en los términos precisados en el apartado B, de los efectos de esta sentencia.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, María Guadalupe Vázquez Orozco, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.