JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JRC-4/2024

PARTE ACTORA: MORENA

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO Y NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES

COLABORARON: JOSÉ ROBERTO HERRERA CANALES Y MARA ITZEL MARCELINO DOMINGUEZ

Monterrey, Nuevo León, a 25 de enero de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución del Tribunal de San Luis Potosí en la que confirmó el acuerdo del Instituto Local por el que se emitieron Lineamientos para identificar los municipios y los distritos en los que existe mayoría de población indígena en esa entidad, para la postulación de candidaturas de personas indígenas, así como los criterios para la verificación de la autoadscripción calificada para el proceso electoral 2024, al considerar, el Tribunal responsable, entre otros aspectos, que era innecesario que el OPLE consultara a las comunidades y pueblos indígenas, pues los Lineamientos únicamente dotaban de operatividad y hacían ejecutable el derecho de participación indígena y representatividad que ya se encontraba previsto en la Ley electoral local.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey considera que, ciertamente, por regla general, de acuerdo con la doctrina judicial reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Tribunal Electoral, todas las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que trascienda al reconocimiento, modifiquen o involucren el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, en el caso concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad, al analizar los artículos que instrumentan la postulación de candidaturas indígenas en el estado de San Luis Potosí (269 y 271 de la Ley electoral Local), determinó su invalidez, por la falta o ausencia de consulta a las comunidades indígenas, pero, adicionalmente, consideró que la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de que concluya el actual proceso electoral; en ese sentido, esta Sala Monterrey considera que si los preceptos de la legislación local (válidos para el actual proceso) autorizan o prevén que la autoridad administrativa electoral expida lineamientos que regulen la participación de candidaturas indígenas, es acorde a derecho que el Instituto haya emitido las reglas en concreto, sobre la base de que, ciertamente, la resolución de la SCJN autorizó o previó su emisión. Sin que esta determinación prejuzgue sobre la legalidad específica de las reglas o normas establecidas en los lineamientos, porque estos, en el presente caso, no fueron materia de controversia.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia. La Sala Monterrey es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político nacional contra una sentencia del Tribunal Local que confirmó el acuerdo del OPLE por el que se aprobaron los lineamientos para identificar los municipios y los distritos con mayoría de población indígena para la postulación de candidaturas de personas indígenas, así como los criterios para la verificación de la autoadscripción calificada para el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Requisitos de procedencia. Esta Sala Regional los tiene satisfechos en los términos del acuerdo de admisión correspondiente.

Antecedentes[2]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia: Acción de inconstitucionalidad de la SCJN que invalidó la Ley electoral local (2020).

1. El 30 de junio de 2014 se publicó el decreto del Congreso Local que expidió la Ley electoral local en el que se incluyeron diversas disposiciones normativas respecto a la postulación de candidaturas indígenas[3].

2. El 30 de junio de 2020 se publicó el decreto del Congreso Local que expidió la nueva Ley electoral local y se abrogó la que se encontraba vigente[4].

3. Inconforme, el Partido del Trabajo presentó acción de inconstitucionalidad contra la expedición de la referida ley[5].

4. El 5 de octubre de 2020, la SCJN declaró la invalidez del decreto impugnado, al considerar que los artículos impugnados son susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas […], por lo que era exigible una consulta previa y, en consecuencia, en atención a que se invalidó el decreto en su totalidad, se determinó la reviviscencia de la Ley Electoral abrogada[6].

II. Primera emisión de lineamientos para candidaturas indígenas por parte del Instituto Local (2020)

1. El 30 de mayo de 2018, la Sala Superior vinculó al Instituto Local para que, en el próximo proceso electoral, realice los estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena para el registro de candidaturas a diputaciones locales[7].

2. El 8 de octubre de 2019, el Instituto Local inició trabajos previos a la consulta indígena, entre otras cosas, suscribió convenios de colaboración con distintas autoridades para llevar a cabo los estudios relacionados con la implementación de acciones afirmativas para garantizar la participación y representación de los pueblos y comunidades indígenas.

3. El 20 de octubre de 2020, el Instituto Local emitió lineamientos para que los partidos políticos registren candidaturas indígenas en diputaciones y ayuntamientos, entre otras cuestiones, determinó que: i. los partidos políticos deben registrar candidaturas indígenas a diputaciones, cuando menos, en los distritos 13, 14 y 15, porque éstos tienen una población indígena mayor al 60%, ii. los partidos deben registrar candidaturas indígenas en 17 ayuntamientos de los 58 municipios, porque éstos tienen una población indígena mayor al 50%, y iii. que es necesaria la auto adscripción calificada ante el Instituto Electoral para el registro de candidaturas indígenas[8].

4. Inconformes con la emisión de dichos lineamientos, diversos partidos políticos los impugnaron ante el Tribunal Local[9], exponiendo, entre otras cosas, que el Instituto Electoral debió realizar una consulta antes de emitir reglas que incidan en las comunidades indígenas.

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2020, el Tribunal Local determinó confirmar los lineamientos en atención a que, entre otras cosas: i. Contrario a lo que afirmaron los partidos impugnantes, el derecho de consulta previa de las comunidades indígenas no se vulneró, porque existieron actos tendentes a realizarla y, si bien no se llevó a cabo, se debió a la pandemia de coronavirus, y ii. Es válido el requisito de auto adscripción calificada para el registro de candidaturas indígenas, porque así lo ha considerado la Sala Superior[10].

5. El 11 de diciembre de 2020, esta Sala Monterrey, resolvió los expedientes SM-JRC-10/2020 y acumulado, los cuales fueron promovidos contra la determinación del Tribunal Local, en el sentido de revocar la resolución, así como los lineamientos bajo la consideración de que todas las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que los involucre, sin que deba prejuzgarse sobre los posibles beneficios o perjuicios de la normatividad que se emite sin consulta, precisamente, por ser una aspecto valorativo que está en el ámbito de las comunidades.

III. Segunda emisión de lineamientos para candidaturas indígenas por parte del Instituto Local (2021)

1. El 15 de enero de 2021, el Instituto Electoral emitió lineamientos para la postulación de personas indígenas en Ayuntamientos, en los que indicó que:  i. La obligación de incluir, en los registros de candidaturas para la renovación de ayuntamientos, a personas que pertenezcan a las comunidades indígenas de dichos municipios integrando en sus registros, cuando menos, una fórmula de candidaturas propietarias y suplentes de dichas comunidades ya sea en la planilla de mayoría relativa o en la lista de regidurías de representación proporcional, ii. Se deben registrar candidaturas indígenas en 17 de los 58 ayuntamientos, porque éstos tienen una población indígena mayor al 50%, y iii. Que es necesaria la autoadscripción calificada ante el OPLE para el registro de candidaturas indígenas.

2. El partido político Conciencia Popular impugnó los lineamientos emitidos por el Instituto Local ante el Tribunal Local[11], el cual, el 5 de febrero de 2021, confirmó los lineamientos.

3. Inconforme con la resolución, el 9 de febrero de 2021, el partido político Conciencia Popular impugnó la determinación del Tribunal de San Luis Potosí.

4. El 1 de marzo de 2021, esta Sala Monterrey, resolvió el expediente SM-JRC-5/20201, en el sentido de revocar la resolución, así como los lineamientos bajo la consideración de que todas las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que trascienda al reconocimiento, modifiquen o involucren el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, sin que deba prejuzgarse sobre los posibles beneficios o perjuicios de la normatividad que se emite sin consulta, precisamente, por ser un aspecto valorativo que está en el ámbito de las comunidades.

IV. Acción de inconstitucionalidad de la SCJN que invalidó la Ley electoral local (2023).

1. El 28 de septiembre de 2022 se publicó el decreto del Congreso Local que expidió una nueva Ley electoral local en la que se reglamentaron diversas disposiciones respecto a la postulación de candidaturas indígenas[12].

2. Inconformes, el Partido Conciencia Popular y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron acción de inconstitucionalidad contra la expedición de la referida ley[13].

4. El 11 de julio de 2023, la SCJN declaró parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad y, en el resolutivo cuarto, determinó: Se declara la invalidez de los artículos 98, párrafo primero, en su porción normativa “y una persona indígena en el caso de las comisiones y comités con población mayoritariamente indígena”, 221, en su porción normativa “así como lo relativo a la inclusión de miembros de comunidades indígenas por lo que hace a los ayuntamientos, en términos de los artículos 269, y 271 de esta Ley”, 269 y 271 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante el DECRETO 0392, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por falta de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas […]

Adicionalmente, en el resolutivo quinto, determinó: La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir del día siguiente a aquél en el que concluya el próximo proceso electoral del Estado de San Luis Potosí, en la inteligencia de que, después de finalizado dicho proceso electoral, la legislatura local deberá realizar las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, a más tardar dentro de los doce meses siguientes, de conformidad con los estándares señalados en los apartados VI y VII de esta sentencia y con la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

V. Tercera emisión de lineamientos para candidaturas indígenas por parte del Instituto Local (2023)

1. El 1 de noviembre de 2023, el Instituto Local comenzó la sesión, la cual terminó el día 3 siguiente, en la que aprobó los Lineamientos (Acuerdo CG-2023-NOV/119).

2. El 2 de enero de 2024, dio inicio el proceso electoral concurrente 2024 en el Estado de San Luis Potosí, para renovar 27 diputaciones y 58 ayuntamientos.

VI. Impugnación contra Lineamientos ante el Tribunal local

1. En desacuerdo con dicho acuerdo, entre otros, MORENA, el 9 de noviembre de 2023, interpuso recurso de revisión, bajo el alegato central de que el Instituto Local se excedió en sus facultades reglamentarias, pues impuso reglas que vulneran la autodeterminación de los partidos políticos, así como el principio de reserva de ley.

2. El 14 de diciembre de 2023, el Tribunal de San Luis Potosí emitió sentencia[14] en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, la cual constituye la determinación impugnada en el presente juicio (TESLP-RR-08/2023 y acumulado).

VII. Juicio de revisión constitucional electoral

1. Inconforme con la decisión del Tribunal Local, el 4 de enero de 2024, MORENA promovió juicio de revisión constitucional electoral ante el Tribunal de San Luis Potosí, dirigido a esta Sala Monterrey.

2. El 8 de enero de 2024, se recibió en esta Sala Monterrey el medio de impugnación. La magistrada presidenta ordenó integrar el expediente SM-JRC-4/2024 y, por turno, lo remitió a la ponencia del magistrado Ernesto Camacho Ochoa. En su oportunidad, el magistrado instructor lo radicó, admitió y, al no existir trámites pendientes por realizar, cerró instrucción.

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Resolución impugnada. El Tribunal de San Luis Potosí que confirmó el acuerdo del Instituto Local por el que se emitieron Lineamientos, entre otros aspectos, bajo las siguientes consideraciones esenciales: i) La aprobación de los Lineamientos en un día inhábil no le generó un perjuicio a MORENA, pues el OPLE cuenta con facultades para sesionar en días inhábiles; además de que el Tribunal responsable no advirtió una afectación en la esfera de derechos del partido actor, pues estuvo presente en la sesión y tuvo una participación constante y activa durante la misma; concluyendo que no existía violación al principio de máxima publicidad; ii) Que no era necesario que el OPLE consultara a las comunidades y pueblos indígenas, pues los Lineamientos únicamente dotaban de operatividad y hacían ejecutable el derecho de participación indígena y representatividad que ya se encontraba previsto en la ley electoral local; y iii) Que los requisitos para la autoadscripción calificada previstos en los Lineamientos no exceden los requisitos previstos en la Ley electoral local ni imponen cargas injustificadas pues están dirigidos a solventar el deber de que las candidaturas indígenas sean ocupadas por personas con vínculos a sus comunidades.

2. Pretensión y planteamientos. MORENA pretende que se revoque la resolución controvertida y los Lineamientos porque, desde su perspectiva: i) No existe disposición normativa que faculte al Instituto Local a sesionar en días inhábiles y que la violación reclamada no se relaciona con la esfera jurídica del partido sino a los principios que rigen la función electoral; ii) El Tribunal Local realizó una incorrecta apreciación sobre los temas que son materia de consulta y dejó de observar las disposiciones normativas y precedentes relativos a la necesidad de consultar de forma previa, pues los Lineamientos inciden en temas que si deben consultarte por intervenir en la esfera de derechos de las comunidades y pueblos indígenas; y iii) El Tribunal responsable varió la litis planteada por el partido actor respecto a que los requisitos para la postulación representaban cargas y obstáculos para comprobar la autoadscripción calificada.

3. Cuestiones a resolver. A partir de las consideraciones sustentadas por el Tribunal Local y los planteamientos expuestos por el partido impugnante, esta Sala Monterrey debe establecer si fue correcto que el Tribunal Local: i. Concluyera que la aprobación de los lineamientos en un día inhábil no le causó un perjuicio al impugnante, ii. Resolviera que no era necesario que el OPLE consultara a las comunidades y pueblos indígenas y, iii.  Estableciera que los requisitos para la autoadscripción calificada previstos en los Lineamientos no exceden los requisitos previstos en la Ley electoral local ni imponen cargas injustificadas.

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución del Tribunal de San Luis Potosí en la que confirmó el acuerdo del Instituto Local por el que se emitieron Lineamientos para identificar los municipios y los distritos en los que existe mayoría de población indígena en esa entidad, para la postulación de candidaturas de personas indígenas, así como los criterios para la verificación de la autoadscripción calificada para el proceso electoral 2024, al considerar, el Tribunal responsable, entre otros aspectos, que era innecesario que el OPLE consultara a las comunidades y pueblos indígenas, pues los Lineamientos únicamente dotaban de operatividad y hacían ejecutable el derecho de participación indígena y representatividad que ya se encontraba previsto en la Ley electoral local.

Lo anterior, porque esta Sala Monterrey considera que, ciertamente, por regla general, de acuerdo con la doctrina judicial reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Tribunal Electoral, todas las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que trascienda al reconocimiento, modifiquen o involucren el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, en el caso concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad, al analizar los artículos que instrumentan la postulación de candidaturas indígenas en el estado de San Luis Potosí (269 y 271 de la Ley electoral Local), determinó su invalidez, por la falta o ausencia de consulta a las comunidades indígenas, pero, adicionalmente, consideró que la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de que concluya el actual proceso electoral; en ese sentido, esta Sala Monterrey considera que si los preceptos de la legislación local (válidos para el actual proceso) autorizan o prevén que la autoridad administrativa electoral expida lineamientos que regulen la participación de candidaturas indígenas, es acorde a derecho que el Instituto haya emitido las reglas en concreto, sobre la base de que, ciertamente, la resolución de la SCJN autorizó o previó su emisión. Sin que esta resolución prejuzgue sobre la legalidad específica de las reglas o normas establecidas en los lineamientos, porque estos, en el presente caso, no fueron materia de controversia.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

Tema i. Aprobación de los Lineamientos en día inhábil

1. Marco normativo sobre el desarrollo de las sesiones del Instituto Local

De acuerdo con la Ley electoral local, el Consejo General del OPLE es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad, paridad, y objetividad guíen todas las actividades del Consejo, las cuales se realizarán con perspectiva de género[15].

Respecto a las sesiones del Consejo General, la normativa local dispone que se reunirán en sesión ordinaria una vez al mes[16], pero que, en la preparación del proceso electoral, sesionarán de forma ordinaria dos veces al mes[17]. En dichas sesiones se necesitará la presencia de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, entre los que deberá estar la o el Presidente, así como, la o el secretario ejecutivo y, por lo menos la mitad más uno, de las y los representantes de los partidos políticos con registro[18].

Por su parte, el artículo segundo transitorio del Decreto 797, establece que Instituto Electoral podrá emitir los acuerdos o lineamientos que considere necesarios para realizar actos referentes al proceso electoral con anticipación al inicio de este, a fin de garantizar su cumplimiento[19].

Finalmente, el Reglamento de sesiones del Instituto Electoral establece que las sesiones extraordinarias son aquellas que se celebran en fechas distintas a las programadas como ordinarias y son convocadas por la Presidencia cuando lo estime necesario; el objetivo de estas sesiones será el de tratar asuntos de excepcional importancia[20]

2. Caso concreto

El Tribunal de San Luis Potosí confirmó el acuerdo del Instituto Local por el que se emitieron Lineamientos porque, entre otros aspectos, consideró que la aprobación de los Lineamientos en un día inhábil no le generó un perjuicio a MORENA, pues el OPLE cuenta con facultades para sesionar en días inhábiles; además de que el Tribunal responsable no advirtió una afectación en la esfera de derechos del partido actor, pues estuvo presente en la sesión y tuvo una participación constante y activa durante la misma; concluyendo que no existía violación al principio de máxima publicidad.

Frente a ello, MORENA señala que no existe disposición normativa que faculte al Instituto Local a sesionar en días inhábiles, ya que considera incorrecta la interpretación del artículo segundo transitorio del decreto 797 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley electoral local, pues dicha norma no otorga la facultad de poder realizar sesiones del Consejo General del OPLE en días inhábiles.

Además, estima que la violación reclamada no se relaciona con la esfera jurídica del partido sino a los principios que rigen la función electoral y que el Tribunal Local realizó un incorrecto análisis del acuerdo que habilitó el 1° de noviembre como día inhábil laborable, pues no realizó un estudio sobre su validez y la omisión de publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera ineficaz el agravio relativo a la invalidez de la sesión en las que se aprobaron los Lineamientos, pues con independencia de lo razonado por el Tribunal local, Morena, en la instancia jurisdiccional local, expresó la ausencia de algún acuerdo que habilitara el día 1 de noviembre y no la falta de atribuciones del Instituto Electoral para ese fin.

De ahí que, este órgano jurisdiccional federal estima que el Tribunal local determinó correctamente que la sesión extraordinaria del mencionado día se celebró en día hábil, pues puntualizó que el 31 de octubre el Instituto Local aprobó un acuerdo administrativo por el cual habilitó el día de la sesión, el cual, precisamente, contiene los motivos y fundamentos que lo sustentan.

Por otra parte, el partido actor en su demanda local también señaló que, en caso de que se hubiera aprobado algún acuerdo que modificara el día inhábil no podía surtir efectos si no se hizo del conocimiento en atención al principio de máxima publicidad, pues hasta el 2 de noviembre en la página oficial del Instituto Electoral no había alguna publicación al respecto.

Sobre esta inconformidad, esta Sala Monterrey considera que fue correcta la decisión del Tribunal local, en el sentido de que no se vulneró el principio de máxima publicidad, porque, contrario a la afirmación de Morena, sí se hizo del conocimiento público, concretamente, mediante los estrados el mismo día de su aprobación, esto es, el 31 de octubre, lo cual tampoco desvirtúa la parte actora; esto, con independencia de que no se haya publicado en el periódico oficial o en la página de internet, pues se reitera, se hizo del conocimiento mediante un mecanismo oficial, como son los estrados del citado Consejo; incluso, la representante de Morena estuvo presente en la sesión extraordinaria de 1 de noviembre.

Además, la falta de publicación del acuerdo en el periódico oficial del estado o en la página de internet del Instituto Electoral no vulnera el principio de máxima publicidad, porque la Ley electoral local, establece diversos supuestos donde será obligatorio publicar sus resoluciones o acuerdos en el periódico oficial, lo que no aplica para la totalidad de sus determinaciones, como ocurre en el caso en concreto, por lo que fuera de esos casos, la difusión de los diversos acuerdos o determinaciones administrativas podrán realizarse en los términos que se establezca en la resolución correspondiente[21].

Finalmente, respecto a su planteamiento sobre que no existe disposición normativa que faculte al Instituto Local a sesionar en días inhábiles, ya que considera incorrecta la interpretación del artículo segundo transitorio del decreto 797 por el que se reformaron diversas disposiciones de la ley electoral local, pues dicha norma no otorga la facultad de poder realizar sesiones del Consejo General del OPLE en días inhábiles, esta Sala Monterrey considera que el planteamiento es igualmente ineficaz, pues dicha argumentación no se dirige a confrontar frontalmente las razones y fundamentos previstos, justamente, en el acuerdo que habilitó el día 1 de noviembre.

Tema ii. Falta de consulta previa sobre los Lineamientos a las comunidades y pueblos indígenas

1. Marco normativo sobre el deber constitucional de realizar la consulta previa a las comunidades indígenas

La doctrina judicial ha reconocido que la consulta es una institución para la protección del ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación[22].

La SCJN ha sostenido que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho humano a la consulta, y que esta debe realizarse cada vez que existan medidas que los involucre[23].

1.1 En el ámbito legislativo, los Congresos deben consultar a las comunidades indígenas antes de emitir un decreto que los involucre

La SCJN ha determinado que las autoridades legislativas, en el ámbito de su competencia, tienen el deber de establecer una fase adicional en el proceso de creación de leyes, en el que se consulte a las comunidades antes de emitir un decreto que los involucre[24].

Al respecto, la Sala Superior ha señalado que la consulta indígena se activa cuando los cambios legislativos son susceptibles de afectar a los pueblos y/o comunidades indígenas, reconociendo que, en parte, el objetivo de esa consulta es valorar qué es o qué no es lo que más les beneficia[25].

En ese sentido, basta que un Decreto legislativo contenga reformas o modificaciones que involucre derechos de los pueblos y comunidades indígenas para exigir, constitucionalmente, que, previamente, se realice una consulta.

1.2 En el ámbito administrativo, las autoridades deben consultar a las comunidades indígenas antes de emitir un acto que los involucre

En ese mismo sentido, la Sala Superior, reiteradamente, ha señalado que la consulta previa es imprescindible, cuando las autoridades electorales adopten, apliquen o emitan alguna medida que involucre los intereses de la comunidad, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades[26].

1.3 El deber de consulta no depende de la demostración de una afectación de los derechos de las comunidades indígenas, porque, precisamente, a las comunidades les corresponde determinar si sus intereses son afectados

Al respecto, la SCJN ha establecido que el deber de consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, pues precisamente uno de los objetos de la consulta es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados[27].

Sobre el mismo tema, la Sala Superior determinó que el objetivo de una consulta es que la propia comunidad se pronuncie respecto a lo que más les beneficia[28].

De tal modo, las consultas se deben llevar a cabo siempre que se involucren los intereses de la comunidad, sin que se deba realizar un pronunciamiento a priori, imponiendo una visión de las autoridades del Estado sobre los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas, ya que, como dice la Suprema Corte, “parte del objetivo de una consulta indígena es que sean los propios pueblos y comunidades indígenas quienes valoren qué es o qué no es lo que más les beneficia” [29].

2. Caso concreto

Como se anticipó, el Tribunal de San Luis Potosí confirmó el acuerdo del Instituto Local por el que se emitieron Lineamientos porque, entre otros aspectos, consideró que no era necesario que el OPLE consultara a las comunidades y pueblos indígenas, pues los Lineamientos únicamente dotaban de operatividad y hacían ejecutable el derecho de participación indígena y representatividad que ya se encontraba previsto en la Ley electoral local.

Contrario a lo resuelto, MORENA expone que el Tribunal Local realizó una incorrecta apreciación sobre los temas que son materia de consulta y dejó de observar las disposiciones normativas y precedentes relativos a la necesidad de consultar de forma previa, pues los Lineamientos inciden en temas que si deben consultarte por intervenir en la esfera de derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón el inconforme porque, ciertamente, de acuerdo con la doctrina judicial reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Tribunal Electoral, todas las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que trascienda al reconocimiento, modifiquen o involucren el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, en el presente caso, nos encontramos en una situación de excepción porque la SCJN determinó que los artículos 269 y 271 de la Ley electoral local son válidos para el proceso electoral que actualmente se desarrolla en San Luis Potosí, pues si bien, se consideró que dichos artículos afectaban derechos de las comunidades y pueblos indígenas por no haber realizado una consulta previa, también es cierto que, condicionó los efectos de la invalidez hasta que finalice el proceso, por lo tanto, los Lineamientos son válidos ya que, únicamente desarrollan el mandato legal de establecer: i) los municipios que deberán considerarse indígenas y ii) los criterios de autoadscripción calificada para las elecciones de Ayuntamientos y diputaciones locales.

En efecto, el Tribunal Local sostuvo como premisa de su determinación que los Lineamientos únicamente reglamentan disposiciones que ya se encuentran previstas en la ley, además, que los Lineamientos encuentran sustento en un deber legal de garantizar la representatividad de estos pueblos y comunidades, por lo que, únicamente se dotó de operatividad a las normas vigentes, por lo tanto, al no existir una trascendencia, efecto o impacto en los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, no era necesario realizar una consulta previa.

Al respecto, esta Sala Monterrey coincide con las consideraciones del Tribunal de San Luis Potosí, en cuanto a que las disposiciones de la Ley electoral local, relativas a las reglas de postulación de candidaturas indígenas para diputaciones y Ayuntamientos se encuentran vigentes, porque, ciertamente, la propia SCJN determinó que los efectos de invalidez de las normas declaradas inconstitucionales por falta de consulta, comenzarían a surtir sus efectos hasta el día siguiente a que concluya el proceso electoral local.

También se comparte que, en la medida de que esas disposiciones se encuentran vigentes, se le impusieron al Instituto Electoral una serie de obligaciones por desarrollar específicamente, son las siguientes:

-          Expedir lineamientos de autoadscripción calificada para garantizar la vinculación de las candidaturas indígenas con la comunidad que representan en la elección de Ayuntamientos Congreso Local (artículos 269 y 271 de la Ley electoral local).

-          Vigilar el cumplimiento de la autoadscripción calificada de personas indígenas y el porcentaje de población indígena requerido en la elección para el Congreso Local (artículo 271 de la Ley electoral local).

-          Expedir lineamientos para determinar los municipios con mayor población indígena (artículo 269 de la Ley electoral local).

-          Determinar, de forma aleatoria, el distrito en que se postularán candidaturas indígenas en la elección para el Congreso Local (artículo 271 de la Ley electoral local).

-          Dar amplia difusión, en las diferentes lenguas que predominan en San Luis Potosí, del registro de candidaturas indígenas para Ayuntamientos y Congreso Local (artículos 269 y 271 de la Ley electoral local).

Por estas circunstancias, es posible concluir que, para el caso concreto de San Luis Potosí se presenta una situación excepcional para la aplicación de normas que inciden en la esfera de derechos de comunidades y pueblos indígenas, porque la SCJN al realizar un control constitucional directo sobre los artículos 269 y 271 de la Ley electoral local determinó su invalidez por falta de consulta previa, pero hizo depender dicha invalidez a que concluyera el presente proceso electoral local, después de lo cual el Congreso Local deberá llevar a cabo la citada consulta.

En este escenario, contrario a lo que afirma Morena, el Instituto Electoral no tenía la obligación de llevar a cabo una consulta previa con las comunidades y pueblos indígenas respecto al contenido de los Lineamientos, en la medida en que las disposiciones que reguló el Instituto Local únicamente desarrollan, de manera directa, los mandatos previstos en los artículos 269 y 271 de la Ley electoral local, los cuales son provisionalmente válidos en razón de lo resuelto por la SCJN.

En este orden de ideas, si bien, por regla general (incluyendo el actual asunto) se deben consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que trascienda al reconocimiento, modifiquen o involucren el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, pues de no hacerlo, ello provoca la invalidez de la norma, también es cierto que, por las particularidades del caso y tomando en consideración lo determinado por la SCJN, los artículos 269 y 271 de la Ley electoral local son temporalmente válidos durante el actual proceso electoral local.

Así, este órgano constitucional concluye que fue correcta la determinación del Tribunal Local, porque la aprobación de los Lineamientos por parte del Instituto Electoral fue en aplicación directa de lo previsto en los artículos 269 y 271 de la Ley electoral local, los cuales, se insiste, son temporalmente válidos a partir de lo determinado por la SCJN.

En otras palabras, al existir en el presente caso una decisión concreta de la SCJN, no se vulneraría criterio o jurisprudencia alguna de dicha Corte o de este Tribunal Electoral, relacionada con la consulta previa, porque el Instituto Local únicamente cumplió con su obligación legal de expedir lineamientos para establecer los municipios indígenas y los criterios para comprobar la autoadscripción calificada en las elecciones de Ayuntamientos y diputaciones locales.

De tal forma que, con independencia de la exactitud de los razonamientos empleados por el Tribunal Responsable, fue correcto que confirmara la validez de los Lineamientos aun y cuando no se hubiera realizado una consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas, pues esta Sala Monterrey constata que el Instituto Electoral únicamente reguló aspectos expresamente señalados por los artículos 269 y 271 de la Ley electoral local.

Para corroborar lo anterior, se procede, de forma ejemplificativa, al análisis de estos Lineamientos, destacando que los artículos 7[30], 31[31] únicamente replican la regla de postulación de candidaturas indígenas para los ayuntamientos y el artículo 31[32] de los Lineamientos expresamente desarrolla el mandato previsto en el artículo 269 de la Ley electoral local respecto a establecer los municipios con mayor población indígenas para que sean postuladas candidaturas indígenas.

Por su parte, los artículos 8[33], 9,[34] 33[35], 34[36] y 35[37]solamente replican el contenido del artículo 271 respecto a la obligación de postular candidaturas indígenas en un distrito indígena y establecen los criterios para seleccionar dicho distrito, nuevamente en atención a las reglas del citado artículo de la Ley electoral local respecto a que será aquel con una población indígena mayor al 60% y que será seleccionado de forma aleatoria por el Instituto Electoral.

Continuando con el análisis, se observa que los artículos 12[38], 13[39], 14[40], 15[41] y 22[42], entre otros, de los Lineamientos establecen las reglas para garantizar la pertenencia y vínculo de la candidatura con la comunidad y, en general, los requisitos para acreditar la autoadscripción calificada, lo cual, es una aplicación directa de lo establecido en el artículo 269 de la Ley electoral local que establece que quienes se postulen como candidatos indígenas, deberán cumplir los requisitos de los lineamientos de autoadscripción calificada que expida el Consejo, los cuales deberán de garantizar la vinculación con la comunidad que representen y, el diverso artículo 271 de la Ley Electoral Local, dispone que quienes se postulen como candidatos indígenas, deberán cumplir los requisitos de los lineamientos de autoadscripción calificada que expide el Consejo, los cuales deberán de garantizar la vinculación con la comunidad que representen.

En efecto, el artículo 271 de la Ley electoral local establece que, será el Consejo General, por medio de la aprobación de un Lineamiento, quien determine los requisitos para tener por acreditada la auto adscripción calificada, y que estos requisitos deberán asegurar que se garantice un vínculo con la comunidad indígena respectiva[43].

Como se observa, la legislación local no señaló cuales son los requisitos que se deberán cumplir para verificar la auto adscripción calificada de las candidaturas postuladas bajo esta figura, pues el legislador delegó esta facultad al Instituto Local, por lo que, con el fin de dotar de operatividad la vigencia condicionada que le otorgó la SCJN a los artículos 269 y 271 de la Ley electoral loca, era necesario que el Instituto Local desarrollara los mismos.

Sin que esta determinación prejuzgue sobre la legalidad específica de las reglas o normas establecidas en los Lineamientos, porque estas no fueron materia concreta de impugnación.

3.2. Por otra parte, es ineficaz el planteamiento respecto a la demora del Instituto Local para realizar una consulta previa sobre los Lineamientos, ya que, desde su perspectiva la SCJN había otorgado un plazo suficiente para ello al resolver la acción de inconstitucionalidad que invalidó la anterior Ley electoral local, pues, como ya se ha explicado, los Lineamientos cuestionados son consecuencia directa de normas con vigencia provisional, para las cuales la SCJN ya determinó que es necesario realizar una consulta previa.

Tema iii. Los requisitos para postular candidaturas indígenas son desproporcionados.

1. Marco normativo sobre autoadscripción calificada.

El Estado tiene la obligación de garantizar la composición pluricultural del país; salvaguardar las instituciones y culturas indígenas, así como de garantizar el derecho de los pueblos y comunidades a la libre determinación para elegir de acuerdo con sus normas, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno[44] interno[45]. Las acciones afirmativas para personas indígenas son una de las vías para hacer posible este mandato[46] constitucional y convencional[47].

Así, la Sala Superior ha establecido que son inaceptables aquellos actos que pretendan desvirtuar las acciones afirmativas y que la efectividad de la acción afirmativa debía pasar por el establecimiento de candados que evitaran una autoadscripción no legítima y un fraude al ordenamiento jurídico[48].

Por ello, se determinó que, en la etapa de registro de candidaturas para la acción afirmativa para personas indígenas, los partidos debían presentar constancias que acreditaran el vínculo con la comunidad a la que pertenecen, lo que constituye una autoadscripción calificada y que ésta es equiparable a un requisito de elegibilidad[49].

En este sentido, los partidos políticos y las autoridades electorales tienen un deber especial de diligencia para garantizar que esos espacios sean efectivamente ocupados por quienes representarán las voces, cuerpos y agendas históricamente excluidos de los espacios de deliberación y toma de decisiones.

2. Caso concreto

Como se anticipó, el Tribunal de San Luis Potosí confirmó el acuerdo del Instituto Local por el que se emitieron Lineamientos porque, entre otros aspectos, consideró que dichos Lineamientos no excedían los requisitos que señala la ley para cualquier candidatura, ni imponen a los aspirantes a candidaturas indígenas una carga injustificada, si no que van dirigidos a solventar el deber de las autoridades y los actores políticos de vigilar que esas candidaturas sean ocupadas por personas indígenas con vínculos a sus comunidades y en ese sentido, constituyen la herramienta de tránsito que habrá de emplearse para lograr ese cometido

Contrario a lo resuelto, MORENA expone que los requisitos no se ajustan a los criterios de Sala Superior emitidos en el SUP-RAP-726/2017, pues deben ser objetivos e idóneos y no desproporcionados. Además, que no se analizó la prueba consistente en el acuerdo INE/CG830/2022, en el sentido de que los argumentos de dicho documento no podían tomarse en cuenta como referencia para el acuerdo primigeniamente impugnado porque hubo inconformidades de personas indígenas y poca participación.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que el agravio es ineficaz porque la pretensión del partido actor consiste en que, con base en el precedente SUP-RAP-726/2017, se revoquen los lineamientos que establecen los requisitos para acreditar la autoadscripción calificada y, en su lugar, sólo se compruebe con los medios idóneos para ello, es decir, que no se especifiquen requisitos, sino que quede a consideración del partido o de la persona que busca una postulación los documentos que estimen justifica su autoadscripción.

Al respecto, se precisa que la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-1410/2021 y acumulados determinó, entre otros aspectos, ordenar al INE que emitiera lineamientos que permitan verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción calificada, a efecto de que, desde el momento del registro de candidaturas se cuente con elementos objetivos e idóneos que permitan acreditarla.

Lo anterior evidencia que dicho precedente de Sala Superior justamente establece la necesidad de establecer en lineamientos los requisitos para comprobar la autoadscripción calificada, con la finalidad de que las candidaturas destinadas a personas indígenas, realmente las ocupen personas vinculadas con los pueblos y comunidades indígenas; de ahí la ineficacia del agravio.

Además, por lo que hace a la parte de agravio donde señala que no podía tomarse como referencia el acuerdo INE/CG830/2022 para que el Instituto Electoral emitiera los lineamientos primigeniamente impugnados, también es ineficaz.

Ello, porque Morena indica que dicho acuerdo sólo se tomó como referencia, pero no señala qué parte de los Lineamientos son los que, en su concepto, son incorrectos y por qué en el caso del Estado de San Luis Potosí no serían aplicables.

Sin que esta determinación prejuzgue sobre la legalidad específica de las reglas o normas establecidas en los lineamientos, porque estos, en el presente caso, no fueron materia de controversia.

Apartado III. Formato de lectura sencilla

Esta Sala Monterrey considera necesario realizar una versión en formato de lectura simple, para que las comunidades indígenas y, en general, cualquier persona conozca el sentido y alcance de la sentencia.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma la resolución impugnada.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con el voto en contra de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, quien formula voto particular, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA ELENA PONCE AGUILAR EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SM-JRC-4/2024.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 174, segundo párrafo, y 180, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulo el presente voto particular a efecto de exponer, respetuosamente, los razonamientos por los que me aparto de lo decidido por la mayoría al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-4/2024.

1. Decisión mayoritaria

La mayoría de las magistraturas que integran el Pleno de esta Sala Regional determinó que debía confirmarse la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí.

En la sentencia objeto de revisión, el acto impugnado de manera primigenia eran los Lineamientos para identificar los municipios y los distritos con mayoría de población indígena en el Estado de San Luis Potosí para la postulación de candidaturas de personas indígenas, así como los criterios para la verificación de la autoadscripción calificada por lo que refiere al proceso electoral 2024, que a su vez fueron emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, normativa reglamentaria que como su nombre lo indica, establece los requisitos y documentación que los partidos políticos y candidaturas deberán presentar para efectos de acreditar que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena.

En esencia, la autoridad jurisdiccional local determinó validar el acuerdo, toda vez que, en su consideración, no era necesario que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizara una consulta a los pueblos y comunidades indígenas para emitir la normativa reglamentaria. Esto porque los artículos 269 y 271 de la Ley Electoral de San Luis Potosí, le otorgan a la autoridad administrativa electoral facultades para emitir los lineamientos encaminados a regular la forma en que se podrá tener por acreditada la adscripción de las personas a un pueblo o comunidad indígena, por lo que, al reglamentar una facultad reconocida en la legislación, no se hace necesario efectuar dicha consulta.

Asimismo, el referido Tribunal local estimó que la aplicabilidad de la legislación electoral se determinó por mandato expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada, pues, el Alto Tribunal estableció que la declaratoria de inconstitucionalidad, generada entre otras cuestiones por la omisión de realizar una consulta a los pueblos y comunidades indígenas, surtiría sus efectos una vez que concluyera el proceso electoral que actualmente se encuentra en curso.

El partido político recurrente, acude en esta instancia planteando, entre otras cuestiones, que la decisión del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es errónea, porque no realiza un estudio adecuado sobre la obligación de realizar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

En la propuesta avalada por la mayoría de las magistraturas, se comparten en forma toral las razones que sustentan la decisión del órgano jurisdiccional estatal.

No obstante, quien suscribe este voto, de forma respetuosa se aparta de dichos razonamientos, según se explica a continuación.

2. Motivos de disenso 

En principio, es de señalar que no se desconoce que en virtud de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada, la legislación electoral en los términos en que actualmente se configura será la que rija en el proceso electoral que ya inició en el Estado de San Luis Potosí, por lo que, el vicio de inconstitucionalidad derivado de la omisión a realizar una consulta indígena por parte del legislador estatal, que pesa sobre dicha legislación, no podría ser invocado como una causal de inaplicación, porque ello implicaría desconocer una determinación directa avalada por el órgano de más alta categoría del país y que es de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 73, en relación con el 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración de quien suscribe, el hecho de que la legislación se encuentre vigente y sea aplicable con motivo de un mandato judicial, aun pese a que no se realizó una consulta a los pueblos y comunidades indígenas, no constituye una razón que permita a las autoridades operarias del sistema electoral omitir o sustraerse de observar dicha obligación, aun cuando, como ocurre en el presente caso, la propia legislación le permita a la autoridad administrativa electoral emitir disposiciones de orden reglamentario para efectos de regular la forma en que se acreditará y valoraran los elementos objetivos que servirán como base para determinar si una persona pertenece o tiene algún vínculo con una comunidad indígena y, por ello, pueda ser postulada a una diputación o como integrante de un ayuntamiento en aquellos distritos y municipios donde se aplique la acción afirmativa encaminada a garantizar la participación efectiva de personas que pertenezcan a este grupo poblacional.

Se alcanza dicha conclusión, pues, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, párrafo 1, inciso a), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establecen como una obligación a cargo de las autoridades nacionales y de un derecho de las comunidades indígenas, el de ser consultadas cuando se emitan disposiciones legales o administrativas que le puedan causar perjuicio o incidir en sus derechos, por lo que, en cumplimiento a dicho mandato de orden supremo y con el fin de respetar, garantizar, proteger dicho derecho humano en los términos previstos en el artículo 1 de la norma fundamental del estado mexicano, todas las autoridades que con motivo de su actuación puedan afectar la esfera jurídica de dichas personas, deberán de consultarles, y dicho proceso deberá desarrollarse de manera oportuna y conforme a los principios previstos en el apartado 2, del mencionado artículo 6 y que también han sido objeto de desarrollo en la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los diversos órganos que integran este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior es relevante, pues, aun cuando la legislación que regula el proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí, faculta al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a expedir los lineamientos relacionados con la acreditación de la auto adscripción a un pueblo o comunidad indígena, lo cierto es que, en el desarrollo de dicha actividad reglamentaria, como entidad del estado, se encuentra obligada a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, pues la consecuencia material de dicha normativa es que además de imponérseles la obligación de dar constancia sobre la pertenencia de una persona a alguno de dichos núcleos poblacionales, introduce diversos supuestos, donde reconoce autoridades indígenas con capacidad de pronunciarse sobre la pertenencia de una persona a dicho grupo poblacional, sin tener certeza sobre la idoneidad y pertinencia de tal actuación atendiendo a sus sistemas de organización, costumbres o cosmovisión, siendo que para ello, resulta necesario contar con la opinión de esos grupos poblacionales.

Sobre este tema, en forma reciente en la sentencia recaída al expediente SM-JDC-91/2023 y acumulados, esta Sala Regional sostuvo lo siguiente:

En este punto, cabe señalar que el hecho de que el CEEPAC no sea un ente facultado como entidad de consulta en términos de la Ley de Consulta, no lo exenta de realizar dichos procedimientos a la población que compone los pueblos y comunidades indígenas cuando en ejercicio de sus funciones constitucionales pueda afectarlas, lo cual, deberá realizar conforme a las bases y principios que están reconocidos en el bloque constitucional y en la jurisprudencia.

Asimismo, es aplicable el precedente SM-JDC-362/2020, SM-JDC-364/2020 ACUMULADOS, en donde se determinó que la posibilidad de que el Instituto Local de Guanajuato estableciera cuales eran las instancias competentes para expedir las constancias de adscripción se encontraba limitada en la medida que fue el legislador el que estableció en la legislación de dicho estado qué instituciones indígenas eran las idóneas para poder acreditar la pertenencia de la persona a la comunidad.

Este precedente es indicativo respecto de la imposibilidad de que la autoridad administrativa incluya categorías no definidas en la ley, sin perjuicio de que, en el caso en cuestión, la legislación le otorgue al CEEPAC la potestad de emitir los lineamientos, pues, en todo caso, al emitir la normativa reglamentaria y al no existir términos definidos en la ley, la consulta tendría que encaminarse a verificar cuáles son las autoridades que dichos grupos sociales reconocen, o bien, cuáles podrían reconocer conforme sus usos, costumbres y regulación interna.

Al respecto, en el precedente SM-JRC-5/2021, esta Sala Regional alcanzó una conclusión semejante, al establecer que, si no estaba definido expresamente en la legislación la forma que se tendría que calificar la auto adscripción, era necesario tomar en cuenta la opinión de las comunidades.

Conforme las razones expuestas y en seguimiento a los diversos precedentes emitidos por esta Sala Regional, reitero que, en mi óptica, el conflicto jurídico no versa sobre el reconocimiento legal de la facultad reglamentaria de la autoridad administrativa electoral de San Luis Potosí para emitir dicha normativa, sino a su ejercicio adecuado frente a los límites de la facultad reglamentaria, así como a la exigencia constitucional de permitir que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados cuando de dichas disposiciones les puedan afectar, lo que en la especie ocurre porque se establecen las bases para que una persona que emane de esas comunidades o pueblos pueda acreditar su pertenencia a ellos, lo que no sólo afecta a la persona directamente interesada, sino también a todas aquellas personas indígenas que buscan ser representadas por una candidatura que comparta esas raíces, que conozca los problemas y necesidades de esa población y que eventualmente estará en condiciones de impulsar la agenda común de los pueblos originarios.

Asimismo, considero que tampoco se surte algún supuesto excepcional que impidiera desarrollar la consulta de manera oportuna y antes de que iniciara el proceso electoral, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto el once de junio de dos mil veintitrés, por lo que, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de Participación ciudadana estuvo en condiciones, desde que se publicó la legislación, es decir, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.

En tal virtud, sin desconocer que los Lineamientos que constituyeron el hecho cuestionado de manera primigenia, pretenden garantizar la certeza en las postulaciones, así como definir los criterios objetivos de acreditación de la adscripción a un pueblo o comunidad indígena, al contrario de lo sostenido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y ahora por la mayoría del pleno de esta Sala Regional; considero que se actualiza el vicio consistente en la falta de consulta a dichos núcleos poblacionales, por lo que el agravio que trae este tema a colación debería ser calificado como eficaz y modificarse la sentencia y, en consecuencia, los Lineamientos.

Siendo esas las razones que sustentan mi postura, con el debido respeto y reconocimiento a las posiciones asumidas por la mayoría de las magistraturas emito el presente VOTO PARTICULAR.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.