Monterrey, Nuevo León, a ocho de abril de dos mil dieciséis.

Sentencia definitiva que: a) modifica la diversa dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el dos de marzo del año en curso, en el recurso de apelación TE-RAP-06/2016, para el efecto de dejar insubsistente lo razonado en cuanto a los agravios primero, segundo y tercero, al acreditarse la incongruencia y falta de exhaustividad de la sentencia, dejando subsistente lo relativo al cumplimiento del principio de paridad de género, al no haber sido materia de esta controversia; b) modifica la sentencia emitida por el mismo tribunal local, el ocho de marzo del año en curso, en el recurso TE-RDC-08/2016, por falta de exhaustividad e incongruencia, dejando sin efectos las consideraciones por las que confirmó la designación de Wendy Edith Araguz Ramos y de Miguel Ángel Mendoza Cruces como consejeros distritales y municipales, respectivamente, conservando intocado el resto del referido fallo; y c) en plenitud de jurisdicción, se confirma la designación de Wendy Edith Araguz Ramos como consejera propietaria del consejo distrital 08 de Río Bravo; y se modifica el acuerdo IETAM/CG-26/2016 al acreditarse su deficiente motivación ya que: i) la autoridad administrativa omitió plasmar los criterios que justificaran la mayor aptitud o preferencia de ciertos aspirantes; ii) en la motivación para justificar a algunos consejeros con militancia omitió realizar el estudio comparado; iii) no justificó adecuadamente la idoneidad de Miguel Ángel Mendoza Cruces ante los cuestionamientos de que ponían en duda su aptitud para ejercer el cargo; y iv) en dos de los consejos distritales no justificó la existencia de vacantes a pesar de que se contaba con aspirantes idóneos. En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas: a) valore de manera integral a los aspirantes seleccionados en los casos señalados en el apartado 5.2.4. de esta sentencia, b) realice la motivación comparada en el caso de los consejeros con militancia señalados en el apartado 5.3.2.; c) en el caso del consejo municipal de Río Bravo, se pronuncie sobre los señalamientos de parcialidad atribuidos a Miguel Ángel Mendoza Cruces y, en su caso, motive con mayor exigencia su idoneidad para el cargo de consejero propietario del consejo municipal de Río Bravo; y d) motive las circunstancias particulares que sustentan la subsistencia de las vacantes referidas o bien realice los nombramientos pertinentes de manera fundada y motivada.

G L O S A R I O

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales. El nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG865/2015, a través del cual –en ejercicio de su facultad de atracción– aprobó los Lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales.

1.2. Convocatoria. El quince de octubre del mismo año, el Consejo General aprobó el acuerdo IETAM/CG-10/2015, mediante el cual emitió la Convocatoria, dirigida a la ciudadanía interesada en integrar los consejos distritales y municipales para el proceso electoral ordinario dos mil quince – dos mil dieciséis en el estado de Tamaulipas.

1.3. Primer acuerdo de designación. El diez de diciembre siguiente, el Consejo General aprobó el acuerdo IETAM/CG-18/2015, por el cual se nombraron a los consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales en el estado de Tamaulipas, el cual fue impugnado por el PAN y diversos ciudadanos.

El treinta de diciembre, el Tribunal Local resolvió los medios de defensa a través de la sentencia dictada en el expediente TE-RAP-04/2015 y acumulados, por la cual confirmó en sus términos el referido acuerdo.

El cuatro de enero de dos mil dieciséis, el PAN y el ciudadano José María García Báez promovieron sendos medios de impugnación en contra de la referida sentencia local, los cuales fueron resueltos por esta Sala Regional mediante la sentencia dictada el veintiuno de enero posterior en los expedientes SM-JRC-2/2016 y su acumulado SM-JDC-1/2016, en el sentido de revocar el fallo local y dejar sin efectos el acuerdo IETAM/CG-18/2015, ordenando al Consejo General emitiera en un nuevo acto, de manera fundada y motivada, el dictamen y acuerdo correspondientes.

1.4. Escrito de observaciones. El veintinueve de enero, José María García Báez dirigió un escrito al Consejo General en el cual hacía valer distintas objeciones sobre Wendy Edith Araguz Ramos, Mario Alberto Longoria Gómez y Miguel Ángel Mendoza Cruces como aspirantes a integrar el consejo distrital 08 con sede en Río Bravo y el Consejo Municipal de la misma localidad.

1.5. Acuerdo IETAM/CG-26/2016. El doce de febrero, en cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala Regional, el Consejo General emitió el acuerdo IETAM/CG-26/2016, por el cual aprobó la designación de los ciudadanos propuestos al cargo de consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales del IETAM para el proceso electoral dos mil quince – dos mil dieciséis.

1.6. Respuesta al escrito de observaciones. El Secretario Ejecutivo del IETAM respondió al escrito de José María García Báez, mediante el oficio SE/238/2016 del catorce de febrero.

1.7. TE-RAP-06/2016. El quince de febrero, el PAN promovió ante este órgano jurisdiccional federal, incidente de inejecución de sentencia al considerar que el Consejo General no dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el fallo dictado en los expedientes SM-JRC-2/2016 y su acumulado SM-JDC-1/2016.

El veintidós de febrero, dicho incidente fue declarado improcedente y reencauzado al Tribunal Local como recurso de apelación local, al estimar que las inconformidades del PAN se referían a vicios propios del acuerdo IETAM/CG-26/2016.

El Tribunal Local radicó la referida impugnación bajo el expediente TE-RAP-06/2016, el cual resolvió el dos de marzo de este año, en el sentido de confirmar el acuerdo de designación.

1.8. TE-RDC-8/2016. El diecisiete de febrero, José María García Báez interpuso recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir tanto el acuerdo de designación IETAM/CG-26/2016 como el oficio de respuesta SE/238/2016 emitido por el Secretario Ejecutivo del IETAM.

Este recurso fue resuelto por el Tribunal Local, el ocho de marzo, determinando ordenar al Consejo General integrar al ciudadano José María García Báez como suplente del Consejo Municipal de Río Bravo, Tamaulipas y declarando infundados el resto de sus agravios relativos a la ilegal respuesta del Secretario Ejecutivo del PAN y a la supuesta inelegibilidad de Miguel Ángel Mendoza Cruces, Mario Alberto Longoria Gómez y Wendy Edith Araguz Ramos. 

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer del presente asunto al controvertirse una resolución dictada por el Tribunal Local, relacionada con la designación de los ciudadanos que integrarán los consejos distritales y municipales para el proceso electoral ordinario dos mil quince – dos mil dieciséis, en el estado de Tamaulipas, entidad comprendida en la Segunda Circunscripción Plurinominal, sobre la cual ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 186, fracción III, incisos b) y c), y 195, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 83, párrafo 1, inciso b), y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas, se advierte que existe identidad en la pretensión, autoridad responsable y ambos actores combaten las sentencias dictadas en la instancia local en sus respectivos recursos identificados con los números de expedientes TE-RAP-06/2016 y TE-RDC-08/2016, por considerar que indebidamente se confirmó, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo IETAM/CG-26/2016 emitido por el Consejo General el doce de febrero del presente año, razón por la cual, atendiendo al principio de economía procesal, y con el fin de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias, lo conducente es decretar la acumulación del expediente SM-JDC-32/2016 al diverso SM-JRC-9/2016, por ser este el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo glosarse copia certificada del presente acuerdo a los autos del expediente acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. Planteamiento del caso

En la sentencia dictada en el recurso de apelación TE-RAP-06/2016, el Tribunal Local confirmó el acuerdo IETAM/CG-26/2016, al considerar que fue conforme a derecho el actuar del Consejo General al realizar la designación controvertida, ya que en uso de su facultad discrecional, ponderó aquellos aspectos y criterios que consideró mayormente determinantes, sin que estuviera obligado a remitirse a la calificación total. Esto ya que del contenido de los lineamientos del INE, de la Convocatoria y la resolución de la Sala Regional Monterrey [SM-JRC-2/2016], se advierte que las referidas autoridades electorales no establecieron que la menor o mayor calificación numérica asignada a los aspirantes, debiera ser el criterio determinante y general para calificar la idoneidad para el cargo.

De este modo, el Tribunal Local razonó que, la autoridad administrativa hizo un amplio estudio de los perfiles de los aspirantes realizando una clara exposición de los motivos que tuvo para hacer la designación de cada uno de los consejeros, valorando en algunos casos la experiencia, en otros la paridad de género, en otros más el liderazgo, la pluralidad cultural, el apego a los principios rectores de la materia electoral, entre otros. 

Además, el órgano jurisdiccional local sostuvo que los nombramientos de los consejeros presidentes, propietarios y suplentes quedó, igualmente, al margen discrecional de la autoridad administrativa electoral, tomando en consideración diversos factores que se describen en el Dictamen.

En cuanto a la designación como consejeros de personas de las que se aduce alguna militancia partidista, el Tribunal Local argumentó que correspondía al partido actor demostrar que los aspirantes no electos resultaban más aptos para desempeñar los cargos en relación a las personas nombradas por el Consejo General, cuya militancia está acreditada. Así, sostuvo que de autos no se desprendía que el PAN haya cumplido con dicha carga de la prueba, pues se limitó a manifestar que debieron tomarse en cuenta a quienes obtuvieron las mejores calificaciones, sin que la calificación obtenida sea suficiente para acreditar su mayor aptitud.

Sobre este mismo tópico, el Tribunal Local manifestó además, que la autoridad administrativa explicó todas las circunstancias que ponderó en la designación de las personas que cuentan con militancia partidista y que al no inconformarse quienes no fueron designados, existe un consentimiento tácito con los nombramientos efectuados.

Por último, en lo que respecta al agravio del PAN, en cuyos términos cuestionaba la integración incompleta de los consejos distritales y municipales, el Tribunal Local razonó que la autoridad administrativa electoral justificó los motivos por los que los consejos no quedaron debidamente integrados, siendo en algunos casos porque el número de aspirantes fue menor al requerido y en otros, debido a que los participantes se encontraban impedidos para ocupar el cargo. Asimismo, hizo mención de que el veintinueve de enero de este año, el IETAM emitió una nueva convocatoria para la designación de consejeros suplentes distritales y municipales, la cual se debería llevar a cabo a más tardar el cuatro de marzo del año en curso.

A fin de controvertir lo resuelto por el Tribunal Local en su recurso de apelación, el PAN sostiene que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, además de no ser exhaustiva y resultar incongruente, conforme a los siguientes argumentos:

a)      Indebida fundamentación. El Tribunal Local realiza una indebida aplicación y errónea interpretación de la ley, al justificar el incumplimiento del IETAM, basándose en el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, el cual no guarda relación alguna con la Litis, pues no se trata del acceso a cargos de elección popular.

b)     El PAN hace valer ante esta instancia, la ilegalidad de nombrar como consejero electoral a quien haya fungido como tal por más de tres ocasiones, ya que con ello se transgrede lo establecido por el artículo 77, numeral 2,[1] en relación con el artículo 1, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

c)      Incongruencia. El Tribunal Local se aparta de la Litis, pues lo que el partido actor alegó en dicha instancia fue que el acuerdo y el Dictamen emitidos por el IETAM no cumplen con la “idoneidad exigida”, esto ya que la autoridad administrativa justifica las designaciones efectuadas en situaciones y aspectos ya contemplados en los parámetros de evaluación.

d)     Indebida motivación. El partido actor sostiene que el Tribunal Local fue omiso en advertir la falta de motivación del acuerdo primigeniamente impugnado, ya que hay aspirantes no designados, mejor calificados que algunos consejeros suplentes y propietarios, inclusive que los presidentes mismos y el Consejo General no justifica de forma alguna dicha actuación.

De igual forma, el PAN aduce que la sentencia local carece de una adecuada motivación, ya que el tribunal responsable reproduce los lineamientos y requisitos de la Convocatoria y concluye diciendo que los nombrados son los idóneos sin acreditar el porqué de su dicho, sin ponderar una diferencia positiva objetiva, entre los participantes designados y aquellos que no lo fueron.

e)      Falta de exhaustividad. La resolución impugnada contraviene el principio de exhaustividad al no estudiar de manera completa, todos y cada uno de los agravios del PAN por lo siguiente:

i.         El Tribunal Local es omiso en analizar la violación manifestada por el PAN respecto a que la autoridad administrativa electoral debió realizar un estudio individual, completo y exhaustivo de las causas que, ponderadas respecto de los otros participantes, pudieran justificar el nombramiento de personas con militancia como consejeros; esto ya que dicho órgano jurisdiccional se limita a manifestar que el Consejo General “cumplió con lo ordenado” haciendo uso de su facultad “discrecional”. 

Sin embargo, si bien la autoridad administrativa expresa los motivos para incorporar a aspirantes con indicios de militancia, en ningún momento realiza una ponderación o estudio comparativo del porqué se ha preferido a éstos sobre los demás aspirantes sin militancia partidista, máxime que en muchos de los casos los militantes resultaron con menores calificaciones durante su integral evaluación.

ii.      El Tribunal Local omite pronunciarse de forma exhaustiva respecto a la obligación de la autoridad administrativa de nombrar a la totalidad de los consejeros propietarios y suplentes, ya que no bastaba que ésta manifestara vagamente por qué no se asignaron, sino que debió atender dos aspectos:

1)      Cuando se careciera de aspirantes, el IETAM debió emitir una convocatoria en la que, en los tiempos que otorgó la Sala Regional (en la sentencia dictada en el expediente SM-JRC-2/2016), se cubriera dicho proceso de selección;

2)      Y en caso de que hubiese aspirantes no designados, dicha autoridad administrativa debió valorar si los mismos resultaban o no aptos para cubrir las vacantes; además, ya que existen aspirantes no designados con calificaciones superiores a los nombrados, la responsable primigenia estaba obligada a expresar las razones, motivos y circunstancias que la llevaron a dejar dichas vacantes aun y cuando había participantes calificados.

Por otra parte, en el recurso TE-RDC-8/2016 presentado por José María García Báez, el Tribunal Local determinó concederle la razón en cuanto a su indebida exclusión del consejo municipal de Río Bravo y ordenó al Consejo General lo incorporara como suplente en el referido órgano electoral. Sin embargo, estimó infundados sus disensos encaminados a controvertir la respuesta recibida por el Secretario Ejecutivo a su escrito de observaciones a ciertos aspirantes, así como aquellos por los que cuestionaba la elegibilidad de diversos aspirantes a integrar el consejo distrital 08 con sede en Río Bravo y el consejo municipal de la misma ciudad.

Al respecto, José María García Báez aduce, ante esta instancia federal, que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, además de que no es exhaustiva.

En primer lugar, porque considera que el juzgador local perdió de vista que el Consejo General, incumplió el deber de realizar, prudencialmente, las diligencias necesarias para confirmar o desvirtuar los señalamientos de parcialidad sobre Wendy Edith Araguz Ramos y Miguel Ángel Mendoza Cruces,[2] y justificar con mayor exigencia la idoneidad de los perfiles seleccionados.

Además, estima que el Tribunal Local omitió pronunciarse sobre la indebida actuación del ciudadano Miguel Ángel Mendoza Cruces en el proceso electoral de dos mil diez, cuando fungió como consejero electoral municipal de Río Bravo, Tamaulipas.

Por otra parte, García Báez considera que la resolución impugnada es incongruente porque reconoce la incompetencia del Secretario Ejecutivo del IETAM para atender su solicitud del veintinueve de enero y, no obstante, declara inoperante su inconformidad con base en consideraciones que sólo podían ser objeto de la respuesta que, en su momento, otorgara el Consejo General por ser ésta la autoridad a la que dirigió su petición, así, estima que resulta absurdo que el órgano jurisdiccional local califique de extemporáneo su escrito cuando es evidente que, al haberse ordenado la emisión de un nuevo acuerdo de designación, el Consejo General estaba en aptitud de analizar sus objeciones y motivar con mayor exigencia la idoneidad de los consejeros distritales y municipales referidos, antes de cumplimentar la sentencia dictada por esta Sala Regional, máxime que el referido consejo tuvo conocimiento de tales cuestiones desde que se interpuso el anterior recurso de defensa con expediente TE-RDC-139/2015.

A fin de resolver los planteamientos de los promoventes, esta sala se abocará a dar contestación a los siguientes cuestionamientos:

a)      ¿La resolución dictada en el expediente TE-RAP-06/2016 se encuentra debidamente fundada al invocar el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal?

b)      ¿La designación de personas que ya han fungido como consejeros en procesos anteriores, vulnera lo establecido por el artículo 77, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales?

c)      ¿El Tribunal Local fue exhaustivo o no al atender el planteamiento del PAN en el cual sostuvo que los criterios que definieron la designación se encontraban ya contemplados en la evaluación numérica?

d)      ¿La resolución dictada en el expediente TE-RDC-08/2016 cumple o no con los principios de exhaustividad y congruencia al confirmar la designación de Wendy Edith Araguz Ramos y de Miguel Ángel Mendoza Cruces?

e)      ¿Fue correcto que el Tribunal Local confirmara el acuerdo impugnado en relación a la designación de aspirantes con menor calificación?

f)        ¿El Tribunal Local atendió los planteamientos realizados por el PAN relativos a las supuestas obligaciones del Consejo General de realizar un estudio de ponderación que justificara los nombramientos de las personas con militancia partidista, así como nombrar a la totalidad de los consejeros?

4.2. El error en la cita de preceptos legales no se traduce necesariamente en una indebida fundamentación de la resolución controvertida, si del contenido integral de la argumentación realizada por el órgano jurisdiccional responsable se advierte la intención de este de hacer referencia al diverso artículo aplicable.

No asiste la razón al PAN cuando afirma que el Tribunal Local realiza una indebida aplicación y errónea interpretación de la ley, al justificar “el incumplimiento del IETAM” al citar el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal en su resolución.

En efecto, el artículo de referencia hace alusión al derecho de acceso a cargos de elección popular, sin embargo, al analizar las consideraciones que el Tribunal Local sostuvo al dar respuesta a los dos primeros agravios planteados en esa instancia, no existe duda de que, el órgano jurisdiccional responsable se refería a la fracción VI del mismo precepto, el cual reconoce como derecho de la ciudadanía, poder ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.[3]

Es así que, la cita inexacta del artículo en comento, resulta intrascendente, en tanto que se advierte la intención del Tribunal Local de hacer referencia al precepto verdaderamente aplicable.

4.3. Resulta ineficaz el motivo de inconformidad relativo a la supuesta ilegalidad de nombrar como consejero electoral a quien haya fungido como tal por más de tres ocasiones.

El PAN se duele de la ilegalidad de nombrar como consejero electoral a quien haya fungido como tal por más de tres ocasiones, ya que con ello se transgrede lo establecido por el artículo 77, numeral 2,[4] en relación con el artículo 1, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin embargo, esta inconformidad no fue materia de pronunciamiento en la instancia local al no haberse hecho valer en su demanda primigenia.

En efecto, el medio de impugnación local se centró en controvertir el acuerdo del Consejo General respecto a cuatro temas en específico:

a)      El análisis de la idoneidad para el cargo.

b)      La omisión de la autoridad administrativa de realizar una ponderación o estudio comparativo del porqué se prefirió a aspirantes con indicios de militancia sobre los demás aspirantes sin inclinación partidista.

c)      La obligación de la autoridad administrativa de nombrar a la totalidad de los consejeros propietarios y suplentes.

d)      El incumplimiento del Consejo General de privilegiar la paridad de género en la integración de los consejos distritales y municipales.

Por tanto, esta Sala Regional se encuentra impedida para estudiar y resolver lo conducente al resultar un alegato novedoso en los términos expuestos por el instituto actor, además de que se trata de un señalamiento genérico al no enunciar cuáles son los consejeros que, en concepto del PAN, caen en este supuesto.[5]

4.4. El Tribunal Local no atendió en forma el motivo de disenso del PAN en cuyos términos controvirtió la justificación de la idoneidad de los aspirantes.

En la instancia local, el PAN se inconformó con el indebido actuar de la autoridad administrativa al justificar las designaciones efectuadas en situaciones y aspectos ya contemplados en los parámetros de evaluación, sin embargo, en concepto del partido actor, este planteamiento no fue atendido en forma por el Tribunal Local.

Esta sala estima que le asiste la razón al PAN como a continuación se razona.

En efecto, en su recurso de apelación local, el PAN manifestó como primer agravio, que la calificación total de cada participante se integraba por todos y cada uno de los valores a considerar para poder determinar la aptitud y posteriormente la idoneidad para el cargo al que aspira. Así, sostuvo que “las vagas y genéricas manifestaciones” con las que la autoridad administrativa intentó defender los nombramientos efectuados respecto de los no designados, se encuentran ya contempladas en los criterios de evaluación y que a pesar de ello son inferiores a las de muchos de los considerados no aptos.

En esa medida, el PAN señaló que resultaba incongruente la determinación del Consejo General, toda vez que hay aspirantes mejor calificados que algunos de los consejeros suplentes, propietarios y presidentes.

Al desestimar dicho motivo de inconformidad, el Tribunal Local razonó lo siguiente:

a)      Del contenido de los lineamientos del INE, de la Convocatoria y la resolución de la Sala Regional Monterrey dictada en el expediente SM-JRC-2/2016 y su acumulado, se advierte que las referidas autoridades electorales no establecieron que la menor o mayor calificación numérica asignada a los aspirantes, deba ser el criterio determinante y general para calificar la idoneidad para el cargo.

b)      Correspondió al Consejo General, como órgano colegiado, realizar la designación de los consejeros conforme a su facultad discrecional y ponderar aquellos aspectos y criterios que considerara mayormente determinantes, sin que estuviera obligado a remitirse a la calificación total.

c)      La autoridad administrativa tomó en cuenta elementos cuantitativos y cualitativos al realizar la designación, lo que justificó al emitir el acuerdo controvertido, específicamente en las fojas 495 a 496 (pluralidad cultural, participación en la comunidad, entendimiento y cohesión social, inclusión de diversos sectores de la población tamaulipeca – amas de casa, docentes, agricultores, profesionistas, electricistas, campesinos, comerciantes y ex consejeros).

d)      La suma de cada una de las etapas donde los aspirantes fueron evaluados respecto de las capacidades y habilidades con que cuentan para ocupar el cargo, constituye el criterio mediante el cual la autoridad administrativa electoral determina la idoneidad de los aspirantes, siendo esta la forma como se garantiza de mejor manera el cumplimiento de los principios de imparcialidad, independencia y profesionalismo.

e)      De este modo, para efectos de la designación no se requería de calificaciones numéricas, por ser suficiente acreditar las distintas fases con el parámetro de idóneo, ya que esto significa que el participante obtuvo los méritos necesarios para seguir compitiendo hasta la recta final, donde al Consejo General le correspondía optar por alguno de los candidatos propuestos, en ejercicio su facultad discrecional.

f)        De esta forma, el Consejo General aplicó factores asociados a la capacidad, perfil e idoneidad del cargo, de todo lo cual, resultó la decisión final.

g)      La autoridad administrativa hizo un amplio estudio de los perfiles de los aspirantes realizando una clara exposición de los motivos que tuvo para hacer la designación de cada uno de los consejeros, valorando en algunos casos la experiencia, en otros la paridad de género, en otros más el liderazgo, la pluralidad cultural, el apego a los principios rectores de la materia electoral, entre otros. 

h)      El nombramiento del consejero presidente, propietarios y suplentes quedó, de igual forma, al margen discrecional de la autoridad administrativa electoral, tomando en consideración diversos factores que se describen en el Dictamen.

De esta forma, el Tribunal Local concluyó que el procedimiento de designación consta de diversas etapas, entre ellas la evaluación curricular y de la entrevista, y que al acreditarse las mismas, con el carácter de idóneo, se obtiene el derecho de ser considerado por el Consejo General, quien en uso de su facultad discrecional definió las designaciones atendiendo diversos criterios como experiencia, la paridad de género, el liderazgo, la pluralidad cultural, el apego a principios rectores de la materia electoral, la participación en la comunidad y el entendimiento y cohesión social, entre otros, pero el Tribunal Local omitió aclarar si dichos aspectos resultaban adicionales o no a los ya evaluados por la autoridad administrativa en la etapa de valoración curricular y de la entrevista.

Además, contrario a lo afirmado por la responsable, se estima que, de conformidad con el procedimiento de designación previsto por la normativa aplicable, la etapa relativa a la evaluación no se calificó con “el carácter de idóneo”, sino que se le asignó una calificación numérica atendiendo a criterios que permitían cuantificar ciertos aspectos y que precisamente fueron detallados por el IETAM en el acuerdo de designación.

En esos términos, es de concluirse que el Tribunal Local no atendió la inconformidad del PAN en la forma que le fue planteada, pues razonó que la calificación no era el único criterio para definir las designaciones y, por tanto, no existía obligación de la autoridad electoral local de fundar su determinación con base en las calificaciones obtenidas, sin embargo, no resolvió el cuestionamiento relativo a si cada uno de los criterios con que la autoridad administrativa justificó su decisión, estaban o no contemplados en dicha evaluación o se trataba de aspectos adicionales a considerar y, en su caso de dónde derivaban y la forma en que estos debían ser apreciados.

Cabe referir, que resolver esta cuestión era fundamental para poder afirmar si el acuerdo impugnado se encontraba o no debidamente motivado y así atender los agravios que hizo valer el PAN en la instancia local, relacionados con la designación de personas que ostentan una militancia y con la indebida integración de los consejos al excluir a personas consideradas aptas, pues el promovente sustentó estos disensos precisamente en el alcance que se le debería atribuir a la calificación de cada aspirante.

Por tanto, procede dejar insubsistente la sentencia dictada en el recurso de apelación TE-RAP-06/2016, en lo que se refiere al estudio efectuado sobre los agravios identificados como primero, segundo y tercero.[6]

Vale la pena aclarar que el PAN no se inconformó con lo razonado por el Tribunal Local  respecto a su cuarto agravio, en cuanto al cumplimiento de la regla de paridad de género en la conformación de los consejos distritales y municipales en Tamaulipas, por lo cual, lo referente a este tópico debe quedar intocado, al no ser materia de esta impugnación.

4.5. El Tribunal Local no atendió los planteamientos de José María García Báez, en cuyos términos, cuestionó la motivación de la autoridad administrativa sobre la idoneidad de Wendy Edith Araguz Ramos y de Miguel Ángel Mendoza Cruces.

Se estima que asiste la razón al ciudadano José María García Báez en cuanto a que la resolución por él impugnada, no fue exhaustiva ni congruente, ya que el Tribunal Local omitió pronunciarse sobre los planteamientos por los que cuestionó la motivación del acuerdo IETAM/CG-26/2016, en relación a la integración del consejo distrital 08 de Río Bravo y del consejo municipal de la misma localidad.

Esto, ya que lo que planteó el actor en dicha instancia estaba dirigido a controvertir los motivos por los cuales el Consejo General consideró a los ciudadanos señalados como idóneos para ocupar los referidos cargos, no obstante, el juzgador local se limitó a afirmar que la designación se encontraba apegada a derecho en tanto que el Consejo General expresó los fundamentos y motivos por los cuales fueron electos y preferidos sobre otros aspirantes sin militancia.

Ante ello, es evidente que lo resuelto por el Tribunal Local carece de exhaustividad y congruencia, pues si lo que hizo valer el impugnante era la indebida motivación y no su carencia, era necesario que el órgano jurisdiccional responsable analizara, a la luz de los señalamientos del actor (específicamente sobre supuestos indicios de parcialidad), si el acuerdo controvertido cumplía o no con una adecuada motivación.

Por lo expuesto, procede modificar la sentencia dictada en el recurso de defensa TE-RDC-08/2016, dejando insubsistentes las consideraciones por las que confirmó las designaciones de los consejeros Wendy Edith Araguz Ramos y de Miguel Ángel Mendoza Cruces, conservando intocado el resto del referido fallo local.

Ante este panorama, lo ordinario sería devolver los expedientes al tribunal señalado como responsable para que subsanara las irregularidades detectadas en ambas sentencias (TE-RAP-06/2016 y TE-RDC-08/2016), sin embargo, esta sala estima pertinente sustituir al Tribunal Local y atender en plenitud de jurisdicción la materia de la controversia, al relacionarse con el cuestionamiento de la legalidad de las designaciones de los consejos electorales distritales y municipales de Tamaulipas, quienes actualmente se encuentran en funciones.

Así, los problemas jurídicos a resolver en plenitud de jurisdicción serán los siguientes:

a)      ¿La calificación numérica obtenida por cada participante incluye la valoración de la totalidad de los aspectos advertidos en el desempeño de los aspirantes en la entrevista?

b)      ¿El acuerdo impugnado se encuentra adecuadamente motivado al justificar la mayor aptitud o preferencia de ciertos aspirantes respecto de otros mejores calificados que no fueron designados?

c)      ¿El Consejo General se encontraba obligado a realizar una ponderación o estudio comparativo de las aptitudes de los consejeros con militancia partidista acreditada, en relación con los aspirantes sin preferencia partidista que no fueron designados?

d)      ¿El Consejo General debía justificar con mayor exigencia la idoneidad del perfil de Miguel Ángel Mendoza Cruces?

e)      ¿Se justifica la existencia de vacantes en los cargos de consejeros suplentes?

5. ESTUDIO EN PLENITUD DE JURISDICCIÓN

5.1. En la valoración curricular y de la entrevista, fueron analizados ciertos aspectos, sin que se evaluaran numéricamente la totalidad de las aptitudes advertidas en los participantes.

Este órgano jurisdiccional estima que, contrario a lo afirmado por el PAN, la calificación numérica obtenida por cada participante, no incluye el análisis de la totalidad de los aspectos advertidos en el desempeño de los aspirantes en la entrevista, en esos términos, la referida calificación no se puede instaurar como el único criterio a considerar por la autoridad administrativa para definir las designaciones.

Para sustentar la anterior afirmación, resulta necesario enunciar cuáles eran los parámetros que la autoridad administrativa debía considerar para llegar a la decisión final de designación, para lo cual es pertinente analizar las etapas que integraron el referido procedimiento.

Procedimiento de designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 110, párrafo primero, fracción VII, de la Ley Electoral Local, corresponde al Consejo General designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes y consejeros de los consejos distritales y municipales para su oportuna integración, instalación y funcionamiento.

En congruencia con ello, el diverso numeral 141 del referido ordenamiento, dispone que el Consejo General designará a los integrantes de los consejos distritales y municipales para un proceso electoral ordinario, pudiendo ser reelectos para un proceso adicional, para lo cual, dicha autoridad emitirá, a más tardar el día quince de octubre del año previo al de la elección, una convocatoria que deberá publicar en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de Internet del propio IETAM y en el Periódico Oficial del Estado.

A partir de lo anterior, el quince de octubre del dos mil quince, el Consejo General aprobó el acuerdo IETAM/CG-10/2015 mediante el cual emitió la Convocatoria, dirigida a la ciudadanía interesada en integrar los consejos distritales y municipales para el proceso electoral ordinario dos mil quince – dos mil dieciséis en el estado de Tamaulipas.

Cabe referir que, de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado C, segundo párrafo, inciso c), de la Constitución Federal, el nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG865/2015, a través del cual –en ejercicio de su facultad de atracción– aprobó los lineamientos a los que deberán sujetarse los organismos públicos locales electorales en la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección, instaurando para tal efecto, bases comunes y requisitos mínimos aplicables para la designación de dichos funcionarios electorales, esto con el propósito de establecer una regulación unificada que asegurara el cumplimiento de los valores y principios que rigen la materia electoral.

Conforme a lo establecido por la Convocatoria y los lineamientos aprobados por el INE, el procedimiento de selección y designación de los consejeros electorales distritales y municipales se integró por las siguientes etapas:

1. Emisión, publicación y difusión de la convocatoria.

El quince de octubre del dos mil quince, el Consejo General aprobó el acuerdo IETAM/CG-10/2015, mediante el cual emitió la Convocatoria, la cual se publicó el día dieciséis de octubre de dos mil quince en los estrados del IETAM, en su página de internet www.ietam.org.mx, en el Periódico Oficial del Estado, y en los siguientes medios impresos de comunicación: “Líder Informativo de Nuevo Laredo”, “El Mañana de Reynosa”, “El Mañana de Matamoros”, “El Bravo de Matamoros”, “Encuesta de San Fernando”, “El Expreso de Victoria”, “La Verdad de Victoria”, “El Diario de Victoria”, “El Sol de Tampico”, “Milenio Diario de Tampico” y “La Prensa de Altamira”.

2. Recepción de solicitudes de inscripción de los aspirantes.

La recepción de los documentos de los aspirantes se llevó a cabo del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil quince, en las instalaciones de la secretaría ejecutiva del IETAM, así como en diversas sedes alternas que fueron habilitadas.

Dentro del plazo de registro antes señalado, se recibieron quinientas sesenta y seis solicitudes de aspirantes del género masculino y cuatrocientas veinticuatro del género femenino. Algunos ciudadanos aspiraron a integrar tanto el consejo municipal como el consejo distrital, ubicados dentro del mismo municipio.

3. Integración y envío de expedientes al Consejo General y revisión de cumplimiento de requisitos.

Concluida la recepción de las solicitudes, el secretario ejecutivo integró los expedientes respectivos y los remitió a los consejeros electorales del Consejo General, quienes, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, aprobaron las listas de ciudadanos que acreditaron dichas exigencias. En esta revisión se señaló, de manera pormenorizada, cuáles aspirantes no cumplieron con los requisitos exigidos en la convocatoria respectiva.

Aquellos participantes que acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, fueron sujetos a una valoración curricular y una entrevista.

4. Valoración curricular y entrevistas.

La sub etapa de valoración curricular se realizó por los consejeros electorales del Consejo General una vez que fue publicada la lista de aquellos aspirantes que hubiesen cumplido los requisitos legales. Para evaluar este aspecto, se tomaron en cuenta tres criterios: a) historia profesional y laboral (con una puntuación máxima de 20); b) participación en actividades cívicas y sociales (con una puntuación máxima de 5); y c) experiencia en materia electoral (con una puntuación máxima de 15).

La asignación de la calificación del primer criterio se derivó de la siguiente ponderación:

El segundo criterio fue evaluado conforme a lo siguiente:

En lo que respecta al tercer criterio, este fue calificado atendiendo a los siguientes aspectos:

Las entrevistas fueron realizadas por los grupos de trabajo en las sedes señaladas en el considerando XVI del Dictamen, sub etapa a la cual no se presentaron diversos aspirantes.[7]

En relación a ello, cabe precisar que, tal como lo sostuvo el Consejo General, el proceso de selección y designación de consejeros electorales es un acto complejo que se compone de etapas sucesivas, las cuales tienen un efecto depurador, de manera que los aspirantes que acrediten cada una de éstas continuarán en el proceso de selección de integrantes de los consejos electorales distritales y municipales. Por ende, asistir a la entrevista era un requisito necesario para continuar participando en el procedimiento, de ahí que los ciudadanos que no acudieron a la misma no fueron considerados al momento de decidir los nombramientos.

Derivado de las entrevistas se identificaron en los participantes cuatro aspectos destacados, a saber: el liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y apego a los principios de la función electoral, cada uno con un valor máximo de quince puntos.

Cualidades que fueron calificadas numéricamente conforme a las siguientes directrices:

De lo anterior se observa que las entrevistas tuvieron como objeto identificar habilidades, aptitudes y actitudes de los aspirantes a los consejos distritales y municipales electorales, que en algunos aspectos fueron medidos y en otros no.

5. Elaboración y observación de las listas de propuestas.

Como resultado de las reuniones de trabajo que sostuvieron los consejeros del Consejo General y una vez valorada la historia profesional y laboral de los aspirantes, su participación en actividades cívicas y sociales, experiencia en materia electoral; apego a los principios rectores de la materia electoral e idoneidad para el cargo de los aspirantes, se integraron las listas de aquellos ciudadanos que se consideraron aptos para ser propuestos al pleno del consejo para integrar los consejos electorales distritales y municipales.

Las listas fueron publicadas tanto en el sitio oficial de internet como en los estrados del instituto local, y posteriormente se recibieron observaciones por parte del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, así como del ciudadano Efraín González Martínez, a las cuales se les dio respuesta dentro de la referida etapa.

6. Aprobación de las propuestas definitivas.

El Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el doce de febrero del presente año, mediante el acuerdo IETAM/CG-26/2016 aprobó el Dictamen respecto al cumplimiento de las etapas del proceso de selección y designación, y nombró a los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales del IETAM para el proceso electoral local dos mil quince – dos mil dieciséis.

Para la designación de los consejeros electorales de los veintidós consejos distritales y cuarenta y tres consejos municipales, se tomaron en cuenta los criterios previstos en la base novena de la Convocatoria, a fin de garantizar la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes, a saber:[8]

a)      Compromiso democrático;

b)      Paridad de género;

c)      Prestigio público y profesional;

d)      Pluralidad cultural de la entidad;

e)      Conocimiento de la materia electoral, y

f)        Participación comunitaria o ciudadana.

Así se advierte que, aun cuando se asignó a cada aspirante una calificación numérica derivada de la valoración curricular y de su desempeño en la entrevista, esta evaluación sólo cuantificó cualidades que se determinaron medibles conforme a los parámetros que el mismo instituto previno.

Sin embargo, de las comparecencias escritas[9] y verbales también se obtuvieron elementos complementarios a los evaluados cuantitativamente para determinar la mayor o menor aptitud de los aspirantes que se debían tomar en cuenta al momento de hacer la designación, tales como: compromiso democrático, prestigio público y profesional, conocimiento de la materia electoral y la participación comunitaria o ciudadana. Esto con fundamento en el punto 5 del numeral II de los lineamientos emitidos por el INE mediante el acuerdo INE/CG865/2015.

Además, para efecto de realizar la designación, el Consejo General tuvo que atender aspectos no relacionados con la aptitud de los candidatos, en cumplimiento a los mismos lineamientos del INE, tales como la paridad de género y la pluralidad cultural de la entidad, los cuales justificaron que se optara por determinado candidato en lugar de otro con independencia de su mayor o menor aptitud.

A partir de lo expuesto, se observa que las diversas etapas del procedimiento permitieron que la autoridad electoral local se encontrara en aptitud de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los aspirantes a ocupar el cargo de consejero distrital o municipal, así como también posibilitó la evaluación cuantitativa y cualitativa de los participantes, debiéndose señalar que los aspectos cualitativos previstos en el punto 5, numeral II, de los lineamientos emitidos por el INE en el acuerdo INE/CG865/2015, fueron objeto de valoración durante el procedimiento y constituyeron aspectos que permitieron definir en última instancia sobre la idoneidad del aspirante.

Así las cosas, al efectuarse un proceso de evaluación que permita la calificación cualitativa y cuantitativa de los aspirantes, se les coloca en un plano de igualdad, pues todos serán evaluados conforme a los lineamientos establecidos.

En este entendido, es factible considerar que cuando un aspirante hubiere satisfecho en mayor medida alguno de los parámetros de evaluación cuantitativos en conjunto con la valoración de los requisitos cualitativos adicionales, obtendrá una valoración integral mayor, circunstancia que lo colocará en una mejor posición para ser designado como consejero, dado que la conjunción de todos estos requisitos hace patente la idoneidad del aspirante.

Así se concluye que, opuestamente a lo sostenido por el PAN, la calificación numérica no era el único parámetro a considerar en la designación de los consejeros electorales municipales y distritales. En primer lugar, porque en la evaluación numérica (curricular y de entrevista), sólo fueron analizados ciertos aspectos, sin que se agotara la apreciación de la totalidad de las aptitudes advertidas en los participantes. Y en segundo término, porque también se incorporaron criterios relativos a la paridad de género y la pluralidad cultural para definir, en última instancia, los nombramientos de consejeros.

A continuación, tomando como base los anteriores razonamientos, esta sala se abocará a atender el planteamiento del PAN referente a la indebida motivación del acuerdo de designación, para lo cual se realizará el análisis detallado de los casos señalados por el instituto promovente, a fin de verificar si las justificaciones vertidas por la autoridad administrativa son congruentes con los parámetros antes descritos.

5.2. El acuerdo impugnado carece de una adecuada motivación, toda vez que la autoridad administrativa omitió plasmar los criterios que justificaran la mayor aptitud o preferencia de ciertos aspirantes respecto a otros que no fueron designados.

Esta sala estima que asiste parcialmente la razón al PAN en cuanto a que el acuerdo de designación de consejeros carece de la debida motivación, como a continuación se expone.

5.2.1. El Dictamen y el acuerdo con los que se designa a los consejeros electorales distritales y municipales de Tamaulipas está sujeto a un estándar de motivación distinto al de los actos de molestia, sin que exista obligación de que se expongan las razones por las cuales se descarta a las personas no designadas.

Esta autoridad jurisdiccional ha sostenido reiteradamente que de conformidad con el principio de legalidad, todos los actos y resoluciones en materia electoral deben estar fundados y motivados a fin de observar lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Federal, así como el numeral 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo que hace al citado deber de motivación, cabe referir que tal actividad tiene que ser acorde a la naturaleza y al objeto del acto que se busca soportar, por lo que no es exigible el mismo grado de justificación respecto de actuaciones sustancialmente diferentes.

De manera similar la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el “deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha.”[10]

En consonancia con lo anterior, la Sala Superior de este tribunal cuenta con una marcada línea de precedentes[11] en la que se ha determinado que la motivación que se utiliza para justificar la designación de un funcionario electoral es sustancialmente distinta a la que se emplea para sustentar un acto de molestia. Las razones que justifican tal diferenciación son las siguientes:

a)      Porque el objeto de cada uno de esos actos (designación y molestia, respectivamente) es esencialmente diferente. En efecto, el acto de molestia es aquel que, de manera provisional o preventiva, restringe un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.[12]

Mientras tanto, la designación de un funcionario busca expresar que un determinado aspirante a una función pública en un órgano electoral cumple con los requisitos y las condiciones previstos en la Ley y/o lineamientos y/o convocatoria correspondiente.

En tal sentido, se observa que una designación no se hace en perjuicio de algún participante del proceso de selección, ni en menoscabo o restricción a los derechos de este último, sino que al tratarse de la manifestación de una preferencia, entre distintas opciones disponibles, en sí misma, no persigue la afectación de los derechos político-electorales del universo de personas con posibilidad de ser designadas, pero que finalmente no serán electas.

Dicho en otros términos, el propósito de la designación es seleccionar una opción de entre un universo de alternativas posibles, lo cual pone de manifiesto una diferencia con el objeto del acto de molestia, el cual, como ya se dijo, persigue la restricción a un derecho.

b)     Porque los ciudadanos que compiten para ser nombrados en un empleo o comisión en el servicio público no tienen el derecho a ser designados sólo porque aspiren, contiendan o incluso cumplan con los requisitos respectivos; en cambio, sí existe la prerrogativa a no ser molestado (en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones) sino en los caos y con las condiciones legales correspondientes.

Es cierto que el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal señala que son derechos del ciudadano poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.

Sin embargo, ello significa solamente que los individuos tienen la posibilidad de obtener un nombramiento en la medida que reúnan los requisitos correspondientes para ello; eso no implica que en el contexto de un proceso de selección en el que, en principio, todos los contendientes tendrían la misma posibilidad, exista para alguna de esas personas un derecho a obtener —necesaria o forzosamente— la designación por la que contiende.

En realidad, en el ámbito de un concurso de selección, los competidores gozan en todo caso de una prerrogativa a competir bajo determinadas condiciones que les garanticen una competencia justa y equilibrada, es decir, deben tener la posibilidad de contender, cuando menos, en condiciones de certeza y equidad, debiendo tratárseles con igualdad y de manera no arbitraria.

Ello, como se adelantó, no supone un derecho a ser designado; lo que difiere con la existencia de la prerrogativa a no ser molestado, la cual constituye uno de los elementos de la seguridad jurídica dispuesto en favor de todos los individuos, por mandato constitucional.

Tales diferencias entre la naturaleza del acto de designación y el de molestia justifican que el tipo de motivación que puede exigirse en cada uno de esos casos sea diverso.

Luego, el alcance de la motivación y los elementos que esta debe contener es definido por las directrices constitucionales, legales o reglamentarias (lineamientos, convocatorias, entre otros) que resulten aplicables dependiendo del tipo de selección, en el entendido que, por regla general, la referida normativa está diseñada para conseguir que el resultado del proceso correspondiente sea la obtención de los mejores perfiles o los más idóneos, es decir, los que más se acerquen a los estándares establecidos.

Si bien para fines de evaluación y selección lo más deseable es que los criterios de selección descritos constitucional o legalmente se traduzcan a características, rasgos o indicadores cuantificables numéricamente, lo cierto es que en la práctica ello no siempre ocurre así, de manera que las convocatorias suelen combinar criterios medibles con aspectos en cuya evaluación se deja un amplio margen de apreciación.

Tal circunstancia justifica que en la motivación exigible para una designación no tengan que exponerse las razones por las cuales se descarta a las personas que no serán designadas. Ello es así, pues ante el amplio margen de apreciación que implica incorporar en una evaluación de elementos cuantitativos y de aspectos que no pueden considerarse en una medición numérica, el deber de motivar queda satisfecho al razonar debidamente las características y rasgos del individuo que será seleccionado, pues ante la ausencia de una regla que establezca que los rasgos medibles son los que determinarán el resultado del proceso de selección, la evaluación cualitativa que se desarrolla en ausencia de controles o criterios estrictos o reglados es la que permite adoptar una determinación definitiva.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objeto del procedimiento de designación no es restringir o limitar los derechos de los que no serán designados —además de que no existe prerrogativa a ser electo—, cuando se tiene a un grupo de candidatos a una función electoral y se busca optar por sólo uno de ellos, la motivación de la decisión respectiva, en principio, no tiene que ocuparse del universo de personas que no serán designadas y, en su caso, sólo deberá atender a los elementos dispuestos por la normatividad aplicable.[13]

Esta última regla es consistente con lo resuelto por esta sala regional en la sentencia del juicio SM-JRC-2/2016 y su acumulado SM-JDC-1/2016, en la que —en lo que interesa a este apartado—, se sostuvo que sí existe el deber de aportar las razones por las que se deja de seleccionar a alguno de los candidatos considerados idóneos, pero únicamente cuando no se escoge a ninguno de ellos.[14]

Fuera de ese supuesto, este tribunal regional comparte el criterio sostenido en la línea de precedentes de la sala superior, referente a que, en principio, en los actos de designación de consejeros electorales no existe la obligación de que se expongan las razones por las cuales se descarta a las personas no designadas; en todo caso, para tener por debidamente motivado el acto basta que el órgano correspondiente exponga las razones por las que elige a un determinado sujeto y se apegue al procedimiento contemplado en las normas aplicables y/o a la convocatoria respectiva, pues todas esas disposiciones son las que, para cada proceso de selección, definen los elementos que debe satisfacer la motivación exigida para el procedimiento atinente.

Conforme a lo anterior, al resolver el expediente SM-JRC-2-2016 y su acumulado SM-JDC-1/2016, esta sala sostuvo que para tener por satisfecha la exigencia de motivación y fundamentación, tratándose del acuerdo y dictamen de designación de consejeros distritales y municipales en el estado de Tamaulipas, se debían observar necesariamente los requisitos y criterios previstos en los lineamientos emitidos por el INE, debiendo particularizar la posición de cada aspirante y las razones para elegirlo, de ser el caso, destacando sus cualidades positivas o negativas en relación al resto de los participantes, a efecto de elaborar una propuesta que garantizara, en la mayor medida de lo posible, la identificación y selección del perfil exigido para el ejercicio del cargo en cuestión.[15]

Así, en el caso del procedimiento de designación de los consejeros municipales y distritales del estado de Tamaulipas para el proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, se observa que los lineamientos del INE y la Convocatoria señalaban:

I.            Que, para la designación de los consejeros distritales y municipales, los aspirantes que acreditaran el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, serían sujetos de una valoración curricular y una entrevista;

II.            Que, para la valoración y entrevistas se debería tomar en consideración criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes;

III.            Que, para la designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales, se deberán tomar en consideración como mínimo los siguientes criterios:

      Compromiso democrático;

      Paridad de género;

      Prestigio público y profesional;

      Pluralidad cultural de la entidad;

      Conocimiento de la materia electoral, y

      Participación comunitaria o ciudadana.

IV.            Que tendría que realizarse “un dictamen que pondere la valoración de los requisitos en el conjunto del consejo distrital o municipal como órgano colegiado”.

Tales criterios no fueron controvertidos en su oportunidad, por lo que se mantienen firmes.

Luego, hay que señalar que ni en los lineamientos ni en la convocatoria se estableció:

         Cuál de dichos criterios resultaba definitorio para lograr la designación como consejero. En esa tesitura, se entiende que las personas que en mayor medida demostraron las aptitudes solicitadas eran las que idealmente debían integrar los órganos electorales.[16]

         Que los atributos pedidos debían medirse numéricamente; como tampoco se definió la manera en que podrían medirse o asignó algún valor específico.

Luego, derivado de la sentencia del juicio SM-JRC-2/2016 y su acumulado SM-JDC-1/2016 se interpretaron tanto los lineamientos como la Convocatoria relativos al procedimiento en comento, a fin de establecer las condiciones que debía satisfacer el tipo de motivación exigible. En ese sentido, la mencionada sentencia definió que la motivación que el Consejo General debía llevar a cabo suponía lo siguiente:[17]

1.      Un análisis individual por cada candidato, particularizando la posición de cada aspirante y las razones para elegirlo.

2.      En caso de que existiera igualdad de méritos, una justificación reforzada de la selección; máxime cuando un perfil con militancia partidista compitiera contra alguien que no tuviera esa característica.

3.      Que el IETAM debía señalar los preceptos jurídicos y las circunstancias particulares que sustentaran el dejar vacante algunos cargos, ya sea porque los perfiles de los aspirantes incumplían algún requisito legal o no se ajustaban a los criterios de idoneidad correspondientes.

Así se obtiene, que los parámetros en los que el Consejo General debió fundar su selección de consejeros, son los siguientes:

1)      Cumplimiento de requisitos legales y constitucionales.

2)      Evaluación cuantitativa: curricular y de entrevista, en la que fueron calificadas ciertas cualidades y aptitudes de los participantes tales como: historia profesional y laboral, participación en actividades cívicas y sociales, experiencia en materia electoral, el apego a los principios de la función electoral, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

3)      Evaluación cualitativa, con base en el cumplimiento de criterios relativos a: compromiso democrático, prestigio público y profesional, conocimiento de la materia electoral y la participación comunitaria o ciudadana.

4)      Paridad de género y pluralidad cultural de la entidad.

A continuación se analizarán los casos señalados por el PAN a fin de determinar si la autoridad administrativa motiva adecuadamente la decisión de designación señalando aquellas características que, atendiendo a los criterios emitidos por el INE y la Convocatoria, justifican la mayor idoneidad de un aspirante para ocupar el cargo.

5.2.2. Casos en que los aspirantes no considerados se encuentran impedidos para ocupar el cargo.

En primer término, se hará alusión a aquellos aspirantes cuya razón de exclusión obedeció a la configuración de algunos de los impedimentos contemplados en la base tercera, numeral VIII, de la Convocatoria.[18]  Sin que dicha afirmación de impedimento se controvirtiera ni se desvirtuara, quedando por tanto firme la desestimación de dichos participantes para integrar los consejos electorales en cuestión.

Tabla 1: Aspirantes no considerados por encontrarse impedidos.

5.2.3. Casos en que se justifica la mayor idoneidad de los aspirantes electos.

Enseguida se detallan los perfiles de los participantes que cuestionaron tanto el PAN como el ciudadano José María García Báez, en los cuales la autoridad electoral local identificó aptitudes que justificaban su mayor idoneidad sobre aquellos que no fueron considerados.

Tabla 2: Aspirantes seleccionados por el Consejo General cuyas designaciones se encuentran debidamente motivadas.