JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JRC-18/2022

IMPUGNANTES: GUADALUPE JESÚS RODRÍGUEZ LOZANO Y OTRAS PERSONAS

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: RAFAEL GERARDO RAMOS CÓRDOVA Y MAGIN FERNANDO HINOJOSA OCHOA

COLABORÓ: LORENA ZAMORA ANGULO

Monterrey Nuevo León a 11 de enero de 2023.

Sentencia de la Sala Regional Monterrey que, por un lado, desecha de plano la demanda presentada por Norma Alicia Villarreal, María del Carmen Kuri Rasgado, Ricardo Rafael Lozano Rasgado, Cynthia Lisset Sánchez Salinas, Mario Alberto Garza Montemayor, Graciela Margarita Villalobos Gutiérrez y Elena Janet Rico Carrizales, por falta de firma autógrafa y, por otro lado, desecha de plano la demanda presentada por Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano, José Francisco Cárdenas Cantú, Marín Antonio Villarreal Villarreal y Javier Cruz González, porque, conforme a la doctrina judicial, carecen de legitimación activa, al ser autoridad responsable en la instancia local y no ubicarse en algún supuesto de excepción.

Glosario

Competencia

Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque lo impugnado es una sentencia del Tribunal Local que revocó la designación y nombramiento del Síndico Primero del Ayuntamiento de Hidalgo, Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

Antecedentes[2]

Preliminar. Datos y hechos contextuales de la controversia

I. Hechos relacionados con la elección e integración del ayuntamiento de Hidalgo, Nuevo León

1. El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la elección para renovar, entre otros cargos, el Ayuntamiento de Hidalgo, Nuevo León

2. El 9 de junio de 2021, la Comisión Municipal entregó la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por MC.

3. El Ayuntamiento electo para el periodo 2021 a 2024 se integró de la siguiente forma:

4. El 2 de diciembre de 2021, falleció la síndica primera del Ayuntamiento de Hidalgo, Leticia Escamilla, en consecuencia, el 13 siguiente, Teresa Sánchez tomó protesta para ocupar el cargo de síndica primera de dicho Ayuntamiento[3].

5. El 23 de junio de 2022[4], falleció la síndica primera del Ayuntamiento de Hidalgo, Teresa Sánchez, en consecuencia, el 28 de junio, el Secretario del Ayuntamiento, José Peña, solicitó al Congreso del Estado le otorgaran las recomendaciones a seguir para los efectos legales de quién asumiría el cargo de síndico primero, además señaló que en la próxima sesión de cabildo se acordaría que el síndico segundo en funciones asumiría las facultades de ambos síndicos temporalmente[5].

6. El 2 de septiembre, el regidor Marín Villarreal solicitó a la Comisión de Gobierno y reglamentación que dictaminara respecto a la vacante de la sindicatura primera del Ayuntamiento, y propuso al suplente del síndico segundo, Gabino Rodríguez, para que tomara la vacante[6].

7. El 15 de septiembre, se desahogó el dictamen de la Comisión de Gobierno y reglamentación del Ayuntamiento y se aprobó el nombramiento para asumir la vacante del síndico primero[7].

8. El 30 de siguiente, el segundo síndico suplente Gabino Rodríguez tomó protesta como síndico primero del Ayuntamiento, en sustitución de Teresa Sánchez[8].

9. El 5 de octubre, la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del Congreso del Estado emitió opinión técnica jurídica para el desempeño de las funciones respectivas de la Sindicatura Primera y, en lo que interesa, señaló que el Municipio de Hidalgo podía actuar conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno Municipal, respecto a los acuerdos que debe aprobar el Cabildo para aprobar las facultades que le permita delegar la Ley así como su respectivo Reglamento, ya que el Poder Legislativo no cuenta con las facultades expresas para designar a un integrante del ayuntamiento propietario y suplente.

II. Juicio local

1. Demanda. Inconforme, el 24 de octubre Coralito Rodríguez promovió medio de impugnación ante el Tribunal Local porque a su parecer la aprobación, designación, nombramiento y la ratificación de Gabino García como síndico primero vulneró i. su derecho humano a contar con autoridades integradas conforme al principio de paridad de género y ii. la posibilidad de todas las mujeres sufragantes en la entidad a contar con una adecuada representación popular.

2. El 8 diciembre, el Tribunal de Nuevo León revocó la designación y nombramiento de Gabino García como síndico primero de Hidalgo, Nuevo León, bajo la consideración esencial de que con esa designación se vulneró el principio constitucional de paridad de género en la integración del ayuntamiento. En consecuencia, el Tribunal Local ordenó que se designara a alguna de las regidoras para el cargo de síndica primera.

3. El 15 de diciembre, el Presidente Municipal, Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano y otros, controvirtieron la sentencia del Tribunal Local.

Cuestión previa[9]

En el caso, esta Sala Monterrey considera que el presente medio de impugnación, ordinariamente, debería ser reencauzado a juicio electoral, pues se controvierte una resolución del Tribunal Local que revocó la designación y nombramiento de Gabino García como síndico primero de Hidalgo, Nuevo León, y los promoventes fueron autoridad responsable.

Sin embargo, tal reencauzamiento no conduciría a fin práctico alguno pues, como ya se adelantó, el presente medio de impugnación es improcedente[10].

Tema i. Improcedencia de la demanda por falta de firma autógrafa

Esta Sala Monterrey determina desechar de plano la demanda en cuanto a Norma Alicia Villarreal, María del Carmen Kuri Rasgado, Ricardo Rafael Lozano Rasgado, Cynthia Lisset Sánchez Salinas, Mario Alberto Garza Montemayor, Graciela Margarita Villalobos Gutiérrez y Elena Janet Rico Carrizales, y se tiene como parte impugnante únicamente a Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano, José Francisco Cárdenas Cantú, Marín Antonio Villarreal Villarreal y Javier Cruz González, al ser los únicos que firmaron el escrito con el que comparecieron a plantear el juicio de mérito.

En efecto, la demanda, por la que se promueve un medio de impugnación debe tener nombre y firma de quien promueve[11].

El incumplimiento de dicho requisito será causa para tener por no presentado el escrito correspondiente[12].

La importancia de cumplir con dicho requisito es porque la firma autógrafa genera certeza sobre la voluntad de ejercer un derecho u acción; de manera que, al asentarse la firma de puño y letra del promovente, se vincula su voluntad de instar la figura procesal y dar autenticidad al escrito, identificar al autor o suscriptor del documento y vincularlo con el acto jurídico contenido en el escrito.

Por tanto, la improcedencia del medio de impugnación, por carecer de firma autógrafa el escrito por el que se promueve, se debe a la falta del elemento idóneo para acreditar la voluntad del accionante de acudir ante el órgano jurisdiccional.

En el caso, del escrito de demanda se advierte que es presentado por Norma Alicia Villarreal, María del Carmen Kuri Rasgado, Ricardo Rafael Lozano Rasgado, Cynthia Lisset Sánchez Salinas, Mario Alberto Garza Montemayor, Graciela Margarita Villalobos Gutiérrez, Elena Janet Rico Carrizales, Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano, José Francisco Cárdenas Cantú, Marín Antonio Villarreal Villarreal y Javier Cruz González, sin embargo, sólo se encuentra firmado por los últimos 4 mencionados.

De manera que, ante la ausencia del elemento que exige la legislación para corroborar la identidad y voluntad de Norma Alicia Villarreal, María del Carmen Kuri Rasgado, Ricardo Rafael Lozano Rasgado, Cynthia Lisset Sánchez Salinas, Mario Alberto Garza Montemayor, Graciela Margarita Villalobos Gutiérrez y Elena Janet Rico Carrizales, que es la firma de puño y letra en el escrito del presente juicio, no es posible tener por satisfecho ese requisito de procedencia en lo que a ellos corresponde, al no desprenderse, de dicho escrito, su voluntad de promover el juicio.

Por tanto, se tiene por no presentado el escrito de demanda por lo que respecta a Norma Alicia Villarreal, María del Carmen Kuri Rasgado, Ricardo Rafael Lozano Rasgado, Cynthia Lisset Sánchez Salinas, Mario Alberto Garza Montemayor, Graciela Margarita Villalobos Gutiérrez y Elena Janet Rico Carrizales.

Tema ii. Improcedencia del juicio por falta de legitimación activa

1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la improcedencia por falta de legitimación

Los medios de impugnación son improcedentes cuando el impugnante carece de legitimación o no está autorizado por la ley, en los términos del propio ordenamiento (artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios[13]).

En el caso del juicio de revisión constitucional se ha considerado que son aplicables dichas reglas generales, porque dicho juicio se creó a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de los medios de impugnación previstos expresamente en la Ley de Medios[14].

Así, en términos generales, al juicio de revisión constitucional que no especifica cuáles son los sujetos legitimados o autorizados para presentarlos, le es aplicable el criterio conforme el cual, las autoridades responsables en una auténtica instancia previa no están legitimadas para promover impugnaciones a fin de defender sus propios actos[15].

Por tanto, en términos generales, cuando un partido, autoridad electoral municipal o estatal participó como autoridad responsable en una relación jurídico procesal como sujeto pasivo, demandado o responsable, bajo una interpretación apegada a los principios procesales generales previstos en la Ley de Medios citada, carecen de legitimación para promover juicio de revisión constitucional.

2. Caso concretamente revisado

En el caso concreto, el presidente municipal, el síndico segundo y dos regidurías, impugnan la resolución del Tribunal Local, que determinó revocar la designación y nombramiento de Gabino García como síndico primero de Hidalgo, Nuevo León, bajo la consideración esencial de que, con dicha designación, se vulneró el principio constitucional de paridad de género en la integración del ayuntamiento y, en consecuencia, ordenó que se designara a alguna de las regidoras para el cargo de síndica primera.

Su pretensión consiste en que se revoque la resolución impugnada, porque, en su concepto, la persona que presentó el medio de impugnación ante el Tribunal Local, Coralito Rodríguez, carecía de legitimación e interés jurídico para iniciar el juicio electoral, porque no reside en Hidalgo, Nuevo León.

Además, señalan que el partido MC no fue llamado a juicio, no obstante que fue la fuerza política que postuló a Gabino García y que la resolución contraviene lo establecido por la Constitución Federal respecto a los hombres y mujeres son iguales ante la ley, por tanto lo correcto era hacer efectivo en favor del impugnante el principio de equidad de género.

Finalmente, señalan que la resolución impugnada vulneró la autonomía municipal, y que el mecanismo ordenado por el Tribunal Local en cuanto a que sea una de las regidoras suplentes la que ocupe la sindicatura primera es incorrecto pues las mujeres establecidas por la responsable tienen el carácter de regidoras suplentes no síndicas suplentes.

3. Valoración

Esta Sala Monterrey considera que es improcedente la demanda presentada por Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano, José Francisco Cárdenas Cantú, Marín Antonio Villarreal Villarreal y Javier Cruz González, porque carecen de legitimación activa, al ser autoridad responsable en la instancia local y no ubicarse en algún supuesto de excepción.

En efecto, del análisis de lo actuado en la instancia anterior, se advierte que el presidente municipal y los integrantes del cabildo, así como el propio ayuntamiento fueron autoridades responsables ante el Tribunal Local.

Ante esto, resulta evidente que la parte impugnante en el presente juicio es la autoridad que fungió como responsable en la instancia jurisdiccional electoral local, ante lo cual, carece de legitimación activa para interponer medios de impugnación en materia electoral.

Lo anterior, sin que la parte impugnante se encuentre en un supuesto de excepción, porque si bien refieren que son terceros, evidentemente, al ser quienes emitieron el acto reclamado (designación) en la instancia local no podrían ser considerados, en el presente juicio, terceros interesados.

Ello, porque el máximo Tribunal de la materia ha señalado que los supuestos de excepción se refieren a aquellos casos en los cuales la resolución o el acto impugnado causa una afectación en detrimento de los intereses, derechos o atribuciones de la persona que funge o actúa en calidad de autoridad responsable, o bien, cuando afecta la competencia de la autoridad[16].

Esto es, podría actualizarse una excepción, por un lado, cuando se imponga una carga a título personal, o bien, se cuestione la competencia de la autoridad, supuestos en los cuales, la Sala Superior, ha considerado que sí cuenta con legitimación para recurrir el acto que le agravia, en tanto se genera la necesidad de salvaguardar el principio de tutela judicial efectiva o acceso pleno a la jurisdicción, ante el interés de la persona física para defender su derecho[17].

De modo que, evidentemente, no obsta para lo concluido que la parte impugnante sostenga que: a) son terceros interesados, y que b) la sentencia del Tribunal Local es contraria a sus intereses.

Lo anterior, porque la lectura última de las jurisprudencias: LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL y LEGITIMACIÓN. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, POR EXCEPCIÓN, CUENTAN CON ELLA PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE AFECTEN SU ÁMBITO INDIVIDUAL[18], debe realizarse en el contexto y orientación de lo último resuelto el 12 de junio de 2019 por la Sala Superior en la ejecutoria de la controversia que existió de la ratificación de jurisprudencia SUP-RDJ-2/2017, en la cual, como se indicó, expresamente, se enfatizó que el juicio no procede para autoridades que actuaron como demandadas o responsables, aunado a que el único supuesto de excepción es cuando las autoridades tratan de evidenciar cuestiones que afecten al debido proceso, como es la competencia de los órganos jurisdiccionales, lo cual no se adecua a lo alegado por la parte impugnante.

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

ÚNICO. Se desecha la demanda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese, como en Derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.