JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JRC-33/2024 

PARTE ACTORA: MORENA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: GERARDO ALBERTO CENTENO ALVARADO Y JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ

COLABORARON: JOSÉ ROBERTO HERRERA CANALES, LAURA ALEJANDRA FREGOSO ESTRADA E ISAEL BELLO MORALES.

Monterrey, Nuevo León, a 8 de abril de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma el acuerdo del Instituto Electoral de Tamaulipas que, fundamentalmente, declaró procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” integrada por el PAN y PRI, bajo la consideración fundamental de que: i. Se cumplió con el requisito relativo a que el órgano competente sesionó válidamente y aprobó participar en la coalición respectiva, así como la plataforma electoral, toda vez que la Comisión Permanente Nacional del PAN ratificó las providencias realizadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN respecto a la autorización de participar en forma coaligada y la aceptación de la plataforma política y ii. El PRI adjuntó la documentación oportuna para acreditar que el órgano interno competente aprobó su participación en la coalición.

Lo anterior, porque este Sala Monterrey considera que: i) en cuanto al PAN, a) conforme a la manera en la que se desarrolló la actual cadena impugnativa, procesalmente, es un aspecto firme lo concerniente a la manera en la que se emitió la votación respecto a la ratificación de las providencias, por no haber sido objeto de controversia en la primera oportunidad que ejerció el partido Morena contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el pasado 15 de marzo, en la que tuvo conocimiento de la ratificación de las providencias, sin que cuestionara lo relativo a su votación, ante lo cual, los planteamientos al respecto resultan ineficaces, y que b) conforme al criterio sostenido por la doctrina judicial, en el caso de que el PAN busque participar en una coalición, lo jurídicamente relevante respecto al cumplimiento del requisito de contar con la aprobación del órgano partidista competente, es que, finalmente, se acredite la voluntad de la Comisión Permanente Nacional, con independencia de que previamente exista una providencia del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y de las actuaciones instrumentales que hubieran emitido los órganos partidistas locales, y II) por otro lado, en cuanto al PRI: a) Son ineficaces los planeamientos en los que se cuestionan las copias certificadas de notario público, porque en el caso no se debate el contenido y veracidad de los documentos, sino que básicamente se presentan alegatos orientados a confrontar genéricamente los supuestos requisitos o formalidades con las que, en su concepto, debió actuar el notario, sin explicar concretamente por qué la certificación en comento, incumple con las formalidades correspondientes, aunado a que algunos de los aspectos controvertidos no están previstos como formalidades en la ley, y b) por otro lado, en autos consta que la aprobación de la coalición fue aprobada, finalmente, por el CEN del PRI, y en ese sentido, se desestiman los cuestionamientos sobre la vigencia del nombramiento que se prorrogó al Comité Directivo Estatal, máxime que, en todo caso, el motivo de agravio en sí es que el nombramiento no se constató, pero en el contexto de aprobación del órgano nacional, el impugnante es el que tendría que demostrar que esos nombramientos ya no son vigentes, de modo que es irrelevante la certificación de los nombramientos en cuestión, porque, ante la presunción, era innecesario que el partido demostrara dicho carácter.

Glosario

Competencia, per saltum, procedencia y tercero interesado

1. La Sala Monterrey es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político contra el acuerdo del Instituto local que determinó la procedencia de la solicitud del registro del convenio de coalición “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos en Tamaulipas, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Tercero interesado. El 6 de abril del año en curso, compareció con tal carácter, el representante del PAN ante el Instituto Local, conforme a los siguientes razonamientos:

a. Cumple con el requisito de forma, porque en el escrito presentado se hace constar el nombre de quien comparece, se advierte la firma autógrafa, así como la calidad de quien lo suscribe.

b. Fue presentado de manera oportuna, toda vez que la publicitación del presente medio de impugnación inició a las 23:00 horas del 3 de abril y concluyó a las 23:00 horas del 6 siguiente, y el tercero interesado compareció el 6 de abril a las 16:23 horas[2].

c. El tercero interesado está legitimado, porque se trata de un partido político que acude a través de Luis Tomás Vanoye Carmona, quien tiene personería al ser representante del Partido Acción Nacional, como lo acreditó ante esta instancia y ante el Instituto Electoral de Tamaulipas[3].

d. Cuenta con interés jurídico, porque pretende demostrar la ilegalidad con la que el inconforme recurre el acto impugnado[4].

3. Procedencia del salto de instancia (per saltum). Esta Sala Monterrey considera procedente analizar de forma directa la presente controversia (per saltum), porque bajo la apariencia del buen Derecho, estamos frente a una excepción al deber de agotar la instancia local de forma previa a esta instancia federal.

Lo anterior, porque este Tribunal Electoral ha sostenido que las partes justiciables están exoneradas de acudir a las instancias partidistas o locales cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para el ejercicio oportuno de los derechos sustanciales objeto del litigio; esto es, cuando los trámites que impliquen esos procesos y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, conlleven a la merma considerable o inclusive, a la extinción del contenido de las pretensiones, sus efectos o consecuencias.

En el caso, a la fecha, en el estado de Tamaulipas es inminente el inicio de las campañas electorales, cuestión que amerita la celeridad de resolución del presente juicio que, además, se da en el contexto de un asunto que ya cuenta con un reenvío previo.

Por ello, si bien existen medios de defensa ordinarios que pudieran agotarse de forma previa a acudir a esta instancia federal, por las circunstancias particulares que reviste la controversia sometida al conocimiento de este órgano de decisión colegiada, se considera necesario resolver la impugnación planteada en esta sede jurisdiccional, para brindar seguridad y certeza sobre la situación jurídica que debe imperar respecto de la procedencia del registro del convenio de coalición cuestionada.

No pasa desapercibido para esta Sala Monterrey que es criterio reiterado de este Tribunal Electoral que los actos relativos a la preparación de la elección - como son los relacionados con el registro de coaliciones - pueden repararse mientras no inicie la etapa de la jornada electoral[5], también lo es que ello es así siempre y cuando no se afecte de manera manifiesta el principio de certeza que rige la materia electoral, en el actuar de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, lo que, en el caso, se impone proteger y garantizar.

Ahora bien, el PAN, en su carácter de tercero interesado dentro del presente juicio, hace valer diversos razonamientos con el propósito de evidenciar que, a su consideración, no es procedente realizar un estudio vía per saltum, sin embargo, como ya se expuso, esta Sala Monterrey considera que es procedente el salto de instancia, por las razones expuestas en el presente apartado.

4. Requisitos de procedencia. Esta Sala Regional los tiene satisfechos, en atención a las siguientes consideraciones:

4.1. Requisitos generales

a. Cumple con el requisito de forma, porque la demanda tiene el nombre y firma de quien promueve, identifica el acto que se controvierte, la autoridad que la emitió y menciona los hechos en que basa su impugnación, los agravios causados y los preceptos legales presuntamente violados.

b. El juicio se promovió de manera oportuna, dentro del plazo legal de 4 días[6], porque el acto impugnado se emitió el 30 de marzo, se notificó al partido impugnante el mismo día, y la demanda se presentó el 3 de abril[7].

c. El promovente está legitimado por tratarse de un partido político nacional con registro en Tamaulipas, que acude a través de Andrés Norberto García Repper Favila, quien tiene personería al ser representante propietario de dicho partido ante el Instituto local, como se advierte de las constancias que obran en autos[8].

Además de cuenta con interés jurídico, porque controvierte el acuerdo del Instituto Local, en el que la autoridad responsable da cumplimiento a la sentencia de esta Sala Monterrey que revocó el acuerdo por el que se aprobó el registro de la Coalición Fuerza y Corazón x Tamaulipas.

Por tanto, queda desestimado el planteamiento realizado por el tercero interesado, en el que señala que el impugnante carece de legitimación e interés jurídico, pues lo que se controvierte es el acuerdo que tuvo por cumplido el requisito previsto en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones lo cual tiene una incidencia más allá de cuestiones intrapartidistas pues podría traducirse en la ausencia de una manifestación de voluntad en cuanto a la celebración del convenio, cuestión diferente será si logran acreditarse sus planteamientos.

4.2. Requisitos especiales

a. Se cumple el requisito de señalar los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados, ya que Morena los precisa en su demanda, los cuales serán analizados en el estudio del fondo[9].

b. La violación es determinante, pues de resultar procedentes los agravios expuestos por Morena, podrían revocar o modificar el acuerdo controvertido, vinculado con la aprobación de una coalición para el proceso electoral en curso, lo cual puede resultar determinante para su desarrollo, pues ello tiene incidencia directa en las postulaciones que realicen el PRI y el PAN[10].

c. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, pues de estimarse que el acuerdo es contrario a Derecho, esta Sala puede revocarla o modificarla y ordenar que se reparen las supuestas afectaciones alegadas por el partido impugnante, previo a la celebración de la jornada electoral local.

Antecedentes[11]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 10 de septiembre de 2023, el Instituto Local declaró el inicio del proceso electoral local 2023-2024, con motivo de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos.

2. El 23 de diciembre de 2023, los partidos PAN y PRI solicitaron el registro del convenio de coalición total denominado "Fuerza y Corazón x Tamaulipas" para contender en los 22 distritos electorales y 43 ayuntamientos, en el proceso electoral local 2023-2024.

3. El 2 de enero de 2024[12], el Instituto local requirió al PAN y al PRI para que remitieran y subsanaran las inconsistencias y omisiones de los documentos presentados para su registro como coalición.

4. El 5 siguiente, los partidos PAN y PRI, remitieron un escrito a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el Instituto local, en el que, entre otras cosas, señalaron que, conforme lo establecido en los Estatutos del PAN, el presidente del CEN, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, bajo su más estricta consideración, está facultado para tomar las providencias que considere convenientes para el partido, con la obligación de informar a la Comisión Permanente en la primer oportunidad, por lo que el pronunciamiento de dicho órgano partidista estaba en vías de cumplimiento, en virtud de que, a la fecha de su presentación, no se había celebrado sesión de la Comisión Permanente Nacional.

5. El 10 de enero, el Consejo General del Instituto local aprobó el registro del convenio de coalición total "Fuerza y Corazón X Tamaulipas", presentado por el PAN y PRI[13].

II. Impugnación ante el Tribunal Local y ante Sala Monterrey

1. El 14 de enero, Morena presentó recurso de apelación ante el Tribunal local, a fin de controvertir el acuerdo del Instituto local por el que aprobó el registro de la coalición “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” presentado por el PAN y PRI, porque en su concepto el PAN no demostró contar con la aprobación del órgano de dirección nacional para formar una coalición, conforme a lo exigido por la ley, que impone a los partidos acreditar que la coalición fue aprobada expresamente por el órgano de dirección nacional que establecido en los estatutos de cada partido coaligado, ante lo cual, era incorrecto que el Instituto Local aprobara la solicitud de registro de convenio y otorgara un plazo para el efecto de informar la determinación definitiva de su Comisión Permanente Nacional.

2. El 15 de marzo, el Tribunal Local confirmó el acuerdo del Instituto local, al estimar que fue apegado a derecho acreditar que la coalición fue debidamente aprobada por los órganos partidistas en el marco de los principios de vida interna y autoorganización que los rigen [TE-RAP-01/2024].

3. Inconforme, el 19 de marzo Morena y la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas” promovieron juicio de revisión constitucional electoral.

4. El 26 de marzo esta Sala Monterrey revocó la resolución impugnada, para el efecto de que previo a la emisión de una nueva resolución, el Instituto Local otorgara garantía de audiencia al PAN y PRI, para que, en un término de 24 horas y atendiendo a lo que se había requerido en el acuerdo controvertido en la instancia previa, presentaran la documentación apta para cumplir con lo previsto en el artículo 246 del Reglamento de Elecciones [SM-JRC-25/2024].

5. El 28 de marzo, el Instituto Local requirió al PAN y al PRI, en cumplimiento a lo señalado en los efectos de la resolución de esta Sala Monterrey [SM-JRC-25/2024].

6. El mismo día, los partidos remitieron diversa documentación en cumplimiento al requerimiento realizado por el Instituto Local[14].

7. El 30 siguiente[15], una vez analizadas las documentales presentadas por los partidos, el Consejo General del Instituto Local de Tamaulipas aprobó el registro del convenio de la coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas”[16], esencialmente, porque consideró que las personas que suscribieron el convenio de modificación de la coalición total son personas facultadas y, a su vez, reúne los requisitos exigidos por la normatividad aplicable.

8. Inconforme, el 3 de abril, Morena promovió per saltum juicio de revisión constitucional electoral directamente ante esta Sala Monterrey, al considerar, en esencia, que fue incorrecto que el instituto local haya aprobado el convenio de la coalición total mencionada por valoración indebida de las documentales exhibidas por los partidos políticos coaligados.

9. El 6 de abril, el PAN compareció como tercero interesado mediante la presentación de escrito ante el Tribunal Local.

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. Acuerdo impugnado[17]. El Instituto Local declaró procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” integrada por el PAN y PRI, bajo la consideración fundamental de que: i. Se cumplió con el requisito relativo a que el órgano competente sesionó válidamente y aprobó participar en la coalición respectiva, así como la plataforma electoral, toda vez que la Comisión Permanente Nacional del PAN ratificó las providencias realizadas por el Presidente del CEN del PAN respecto a la autorización de participar en forma coaligada y la aceptación de la plataforma política y ii. El PRI adjuntó la documentación oportuna para acreditar que el órgano interno competente aprobó su participación en la coalición.

2. Pretensión y planteamientos[18]. Morena pretende que se revoque la resolución impugnada, debido a que, a su parecer, el Instituto Local debió declarar improcedente la solicitud de registro de la coalición entre el PRI y el PAN, pues, desde su perspectiva, los partidos coaligados incumplieron con los requisitos previstos en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones.

3. Cuestión jurídica por resolver. Determinar si, a partir de los alegatos expuestos por el promovente y las consideraciones de la autoridad responsable: ¿Fue correcto que se determinara la procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” integrada por el PAN y PRI?

Apartado I. Decisión General

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmase el acuerdo del Instituto Electoral de Tamaulipas que, fundamentalmente, declaró procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” integrada por el PAN y PRI, bajo la consideración fundamental de que: i. Se cumplió con el requisito relativo a que el órgano competente sesionó válidamente y aprobó participar en la coalición respectiva, así como la plataforma electoral, toda vez que la Comisión Permanente Nacional del PAN ratificó las providencias realizadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN respecto a la autorización de participar en forma coaligada y la aceptación de la plataforma política y ii. El PRI adjuntó la documentación oportuna para acreditar que el órgano interno competente aprobó su participación en la coalición.

Lo anterior, porque este Sala Monterrey considera que: que: i) en cuanto al PAN, a) conforme a la manera en la que se desarrolló la actual cadena impugnativa, procesalmente, es un aspecto firme lo concerniente a la manera en la que se emitió la votación respecto a la ratificación de las providencias, por no haber sido objeto de controversia en la primera oportunidad que ejerció el partido Morena contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el pasado 15 de marzo, en la que tuvo conocimiento de la ratificación de las providencias, sin que cuestionara lo relativo a su votación, ante lo cual, los planteamientos al respecto resultan ineficaces, y que b) conforme al criterio sostenido por la doctrina judicial, en el caso de que el PAN busque participar en una coalición, lo jurídicamente relevante respecto al cumplimiento del requisito de contar con la aprobación del órgano partidista competente, es que, finalmente, se acredite la voluntad de la Comisión Permanente Nacional, con independencia de que previamente exista una providencia del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y de las actuaciones instrumentales que hubieran emitido los órganos partidistas locales,  y  II) por otro lado, en cuanto al PRI: a) Son ineficaces los planeamientos en los que se cuestionan las copias certificadas de notario público, porque en el caso no se debate el contenido y veracidad de los documentos, sino que básicamente se presentan alegatos orientados a confrontar genéricamente los supuestos requisitos o formalidades con las que, en su concepto, debió actuar el notario, sin explicar concretamente por qué la certificación en comento, incumple con las formalidades correspondientes, aunado a que algunos de los aspectos controvertidos no están previstos como formalidades en la ley, y b) por otro lado, en autos consta que la aprobación de la coalición fue aprobada, finalmente, por el CEN del PRI, y en ese sentido, se desestiman los cuestionamientos sobre la vigencia del nombramiento que se prorrogó al Comité Directivo Estatal, máxime que, en todo caso, el motivo de agravio en sí es que el nombramiento no se constató, pero en el contexto de aprobación del órgano nacional, el impugnante es el que tendría que demostrar que esos nombramientos ya no son vigentes, de modo que es irrelevante la certificación de los nombramientos en cuestión, porque, ante la presunción, era innecesario que el partido demostrara dicho carácter.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

Tema i. Cumplimiento del PAN del requisito consistente en que el órgano competente sesionó válidamente y aprobó participar en la coalición respectiva, así como la plataforma electoral.

1. Marcos jurídicos o normativos respecto a coaliciones.

1.1. Marco normativo sobre el registro de convenios de coalición

Los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones, frentes y fusiones, las cuales deben ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de las leyes federales o locales aplicables (artículo 23, inciso f) de la Ley General de Partidos[19]).

Asimismo, los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones, entre otras, para las elecciones de gubernatura, diputaciones a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, para lo cual deben celebrar y registrar el convenio correspondiente en términos de la ley (artículo 87, numerales 2 y 7, de la Ley General de Partidos[20]).

Para el registro de una coalición, la Ley general de Partidos, establece que los partidos políticos que pretendan integrarla deben acreditar la aprobación del órgano de dirección nacional que establezcan sus estatutos, además, que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados (artículo 89, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos[21]).

La solicitud de registro del convenio debe presentarse ante la Presidencia del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPLE, con la documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición sesionó válidamente y aprobó: i) participar en la coalición respectiva; ii) la plataforma electoral, y iii) postular y registrar, como coalición, a las candidaturas a los puestos de elección popular, para acreditarlo, deben proporcionar original o copia certificada del acta de la sesión de los órganos de dirección nacional, y en el caso de los partidos nacionales, que deben aprobar que el partido político contienda en coalición, anexar la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o bien, versión estenográfica y lista de asistencia (artículos 276, numeral 1, inciso c) y 2 del Reglamento de Elecciones[22]).

Esto es, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en la cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia y toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a la autoridad administrativa electoral verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los estatutos de cada partido político integrante.

En ese sentido, es claro que, para el registro de una coalición para contender en elecciones locales, como es el caso, debe acreditarse la aprobación de su celebración por el órgano de dirección nacional de los partidos coaligados, tal exigencia se justifica porque al suscribir un convenio de coalición, los institutos políticos exteriorizan legítimamente y, en definitiva, su voluntad de comprometerse a contender de manera conjunta en una elección[23].

1.2. Marco normativo sobre el órgano del PAN facultado para autorizar una coalición a nivel local.

En el PAN, en principio, expresamente, la Comisión Permanente del PAN es el órgano que autoriza los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales (artículo 38, fracción III de los Estatutos[24]).

Los Estatutos del PAN establecen que la Comisión Permanente se integra por la militancia que ocupe la presidencia del partido, la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, las expresidencias, las coordinaciones de los grupos parlamentarios federales, la tesorería nacional, la coordinación de diputaciones locales, la coordinación nacional de Ayuntamientos, la coordinación nacional de sindicaturas y regidurías, titular nacional de Promoción Política de la Mujer, titular nacional de Acción Juvenil, una presidencia de Comité Directivo Estatal por cada circunscripción electoral, y cuarenta personas con una militancia mínima de 5 años en el Partido, y se reunirá cuando menos una vez al mes y funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de los miembros que la integran con derecho a voto (artículos 37[25] y 39 numeral 1[26]).

Sin embargo, precautoriamente, en la doctrina judicial[27], con el propósito de favorecer el dinamismo político, la Sala Superior ha considerado que dicha previsión general, en situaciones urgentes puede transitar por acuerdo provisional del presidente del partido, sujeto a una ratificación posterior de parte de la Comisión Permanente Nacional.

El Presidente del partido o Comité Ejecutivo Nacional que, conforme con lo dispuesto por la propia normatividad estatutaria, lo será también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la Comisión Permanente Nacional, quien podrá, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, tomar las providencias que juzgue convenientes para el Partido, debiendo informar de ellas a la Comisión Permanente en la primera oportunidad, para que ésta tome la decisión que corresponda (artículo 58, inciso j) de los Estatutos[28]).

Ello, con la advertencia expresa de que los pronunciamientos provisionales del Presidente del partido en uso de sus facultades extraordinarias, no son definitivas ni firmes, pues se encuentran sujetas a que el órgano colegiado tome la decisión final, en la cual, podría convalidar, modificar o incluso revocar la decisión adoptada por la presidencia.

En concreto, al resolver el SUP-JRC-28/2018, en el que se revisó una sentencia del Tribunal Electoral de Sonora, que revoca el acuerdo del Instituto Local en el que se aprobaba la participación del PAN en una coalición y el método para la selección de candidatos, la Sala Superior, literalmente, en la parte conducente determinó:

Que dicha autoridad jurisdiccional [Tribunal Electoral de Sonora] omitió tener presente que ha sido criterio de esta Sala Superior que el Presidente… [del partido, que es también del Comité Ejecutivo, la Asamblea, el Consejo, y la Comisión Permanente Nacional - artículo 58,1] tiene competencia para dictar ese tipo de medidas, las cuales, en todo caso, habrán de ser sometidas a consideración del órgano colegiado, para su rechazo o ratificación, ya que cuenta con facultades para tomar las providencias que juzgue pertinentes, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, facultad que es acorde con el derecho de auto organización y autodeterminación del partido.

Lo anterior, indicó la Sala Superior, asimismo, debido a que el Tribunal Local: omitió considerar que esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que es conforme con el derecho de auto organización y autodeterminación de los partidos políticos, el PAN incluye en su normativa la facultad concedida al Presidente del CEN, quien también preside al propio partido, a la Asamblea Nacional, a la Convención Nacional y al Consejo Nacional, y que con ello se da funcionalidad a todos los órganos del partido, a fin de que en ningún momento quede paralizada la actividad que desempeña.

Esto último, explica la Sala Superior, porque ante la urgencia de tomar decisiones debido a que la Comisión Nacional no está en posibilidad de reunirse o de ser convocada, las providencias que se dicten deben ser ratificadas o rechazadas por el órgano competente, lo que no se opone ni restringe ningún principio constitucional, porque la circunstancia de que se reconozcan facultades al Presidente del CEN para emitir este tipo de determinaciones a fin de resolver provisionalmente una cuestión de urgencia, y que a la postre puedan ser ratificadas o rechazadas por el referido comité, además de proteger el derecho de autodeterminación de los partidos políticos, conserva el derecho de la militancia a la jurisdicción.

Además, enfatiza en la misma ejecutoria, la Sala Superior, consta que el Presidente del CEN del PAN emitió la providencia cautelar mediante acuerdo SG/132/2018, por el que aprobó la suscripción del convenio de coalición parcial respectivo, para lo cual se basó en el descrito en el párrafo anterior. Providencia que fue asumida dada la urgencia del tema, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57, inciso j) de los Estatutos del PAN. Cabe señalar que dichas providencias fueron ratificadas por la Comisión Nacional, en sesión celebrada el dieciocho de febrero, según se desprende del acta glosada en autos.

Asimismo, en dicho precedente, se sostuvo que ha sido criterio de esta Sala Superior, que el Presidente de la Comisión Nacional tiene competencia para dictar ese tipo de medidas, las cuales, en todo caso, habrán de ser sometidas a consideración del órgano colegiado, para su rechazo o ratificación, ya que cuenta con facultades para tomar las providencias que juzgue pertinentes, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, facultad que es acorde con el derecho de auto organización y autodeterminación del partido.

Incluso, en dicho precedente, la Sala Superior enfatiza que validó la aprobación que el Instituto Electoral Local hizo del convenio de coalición, aun cuando al momento de emisión el acuerdo que registró la coalición (el 23 de enero de 2018), únicamente el presidente había emitido la providencia de aprobación, e incluso, se consideró indebida la sentencia local (emitida el 16 de febrero de 2018), aun cuando no pasaba por alto que las medidas se aprobaron por la Comisión Permanente del partido hasta el 18 de febrero posterior.

De ahí que, para la Sala Superior, también fuera conforme a Derecho que el Presidente del CEN emitiera una providencia que se encuentra reconocida para casos urgentes, cuando la Comisión Permanente Nacional no pueda reunirse, pues no debe pasarse por alto que dicha providencia se dictó el veintitrés de enero, fecha en que, según lo ahí señalado por la presidencia del partido, era el límite para presentar el convenio de coalición ante el OPLE, de ahí que estuvieran dadas las condiciones para justificar la urgencia y necesidad de su emisión.

Esto es, expresamente, en la sentencia citada, y según la propia Sala Superior, en criterios previos, dada la configuración específica de la normatividad del PAN, se ha entendido que las providencias del presidente son suficientes para obtener el registro de un convenio de coalición, pero con la precisión de que esta decisión es de naturaleza preventiva y, por tanto, evidentemente, está sujeta a la determinación definitiva por parte de la Comisión Permanente Nacional.

Sobre el artículo 38, fracción III de los Estatutos, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que si bien, en el caso del PAN, se puede aprobar provisionalmente un convenio de coalición con las providencias que emita la Presidencia del CEN, el registro estará condicionado a que sea ratificado por parte de la Comisión Permanente[29].

Además, es válido otorgar un plazo para que ésta emita la ratificación de las providencias, siempre que sea razonable, pues atendiendo a los principios de certeza y definitividad existe la necesidad de una definición oportuna de las modalidades y condiciones de participación de cada partido en el proceso electoral respectivo.

El mismo criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver los diversos juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-8/2024, SM-JRC-15/2024 y SM-JRC-25/2024.

1.3. Requisitos para el registro de coaliciones y órgano administrativo electoral que resuelve sobre su aprobación en el estado de Tamaulipas

La Ley General de Partidos señala que son derechos de los partidos políticos formar coaliciones, las cuales deben ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la legislación aplicable (artículos 23, numeral 1, inciso f[30]).

También indica que, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán acreditar que la coalición, plataforma electoral y la postulación y registro de candidaturas fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados (artículo 89, numeral 1[31]).

Asimismo, el Consejo General del IETAM tiene entre sus facultades, resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos estatales, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos (artículos 89 fracción I y 110 fracción VIII de la Ley Electoral local[32]).

Ahora bien, la solicitud de registro del convenio de coalición según sea el caso, debe presentarse a la persona titular de la presidencia del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, para integrar el expediente e informar al Consejo General, el cual resolverá sobre el convenio. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público Local, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda (artículo 92 de la Ley General de Partidos[33] y 276, numerales 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones[34]).

Asimismo, el Reglamento de Elecciones indica que, para acreditar la documentación referente a lo señalado previamente, se deberá proporcionar original o copia certificada de lo siguiente[35]:

a)     Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de partidos políticos nacionales y estatal en caso de partidos políticos estatales, que cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia;

b)     En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia, y;

c)     Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto o al OPL, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los estatutos de cada partido político integrante.

Por otro lado, en el caso de haberse omitido algún requisito o documento, el Consejo General del IETAM, por conducto de la Dirección de Prerrogativas, notificará a la coalición o candidatura común, a través de la persona representante legal designada en los convenios respectivos, para que en un plazo tres días a partir del día siguiente a su notificación sea subsanada la omisión y, concluidas las actividades señaladas, la Secretaría Ejecutiva del IETAM, instruirá a la Dirección de Prerrogativas a fin de que, elabore el proyecto de acuerdo correspondiente, para sea sometido a consideración del Consejo General del Instituto (artículo 38 fracciones II y III de los Lineamientos[36]).

Finalmente, de considerarse que es procedente, el Consejo General deberá aprobar el convenio de coalición en el plazo marcado por la ley (artículo 277 del Reglamento de Elecciones[37]).

2. Caso concreto

Como se anticipó, el Instituto Local declaró procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” integrada por el PAN y PRI, bajo la consideración fundamental de que: i. Se cumplió con el requisito relativo a que el órgano competente sesionó válidamente y aprobó participar en la coalición respectiva, así como la plataforma electoral, toda vez que la Comisión Permanente Nacional del PAN ratificó las providencias realizadas por el Presidente del CEN del PAN respecto a la autorización de participar en forma coaligada y la aceptación de la plataforma política y ii. El PRI adjuntó la documentación oportuna para acreditar que el órgano interno competente aprobó su participación en la coalición.

Frente a ello, Morena expone que la autoridad responsable debió advertir que el PAN incumplió con el requisito previsto en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones, consistente en contar con la aprobación del órgano partidista competente tanto para participar en coalición, como de la plataforma electoral.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que son ineficaces los planteamientos respecto a la forma en que se realizó la votación de la Comisión Permanente Nacional, porque, conforme a la manera en la que se desarrolló la actual cadena impugnativa, procesalmente, un aspecto firme es lo concerniente a la manera en la que se emitió la votación, por no haber sido objeto de controversia en la primera oportunidad de impugnación que ejerció el partido Morena.

Lo anterior, porque se trata de la votación de la ratificación de las providencias (SG/118/2023), las cuales se aprobaron mediante Acuerdo por el que se ratifican las providencias tomadas por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en uso de la atribución que le confiere el artículo 58, numeral 1, inciso j), de los Estatutos Generales del Partido, en el periodo que va del 08 de diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente Nacional celebrada el 24 de enero de 2024[38].

Así, en esta etapa de revisión, lo relevante para determinar si se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones por parte del PAN, es determinar si, a partir de la documentación aportada se comprobaba que la Comisión Permanente Nacional había ratificado, conforme a derecho, las providencias del Presidente del CEN.

De ahí, que sean ineficaces los planteamientos de Morena respecto a cuestiones que debió controvertir al inicio de la cadena impugnativa, en la que el Tribunal Local validó la participación del PAN y, ante esta Sala Monterrey, cuestionó que las providencias no habían sido ratificadas oportunamente por la Comisión Permanente Nacional pero no expuso inconsistencias sobre la forma específica en que se habían dado las providencias que autorizaban la participación de forma preventiva del PAN, ni cuestionó la regla sobre si se aprobaba por mayoría simple o ratificada.

Esto es así, porque, al menos desde la emisión y notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso de apelación TE-RAP-01/2024 el 15 de marzo[39], MORENA tuvo conocimiento de la ratificación de las providencias, sin que impugnara lo relativo a su votación, pues en el juicio de revisión constitucional electoral que promovió contra esa sentencia (SM-JRC-25/2024 en cuyo cumplimiento se emitió el acto aquí combatido), su inconformidad se dirigió a cuestionar centralmente la oportunidad en que se dio esa aprobación y el momento en que se presentó ante la autoridad electoral para ser valorada, pero no cuestionó la votación por la cual se aprobaron las providencias. Por lo que en este momento no puede controvertir la ratificación por vicios propios.

De ahí que es ineficaz el planteamiento de Morena respecto que la determinación de la Comisión Permanente Nacional no cumplió con el requisito de sesionar con las dos terceras partes de los miembros de dicho órgano, porque, derivado del análisis de las características particulares del caso, ello había quedado firme por por no haber sido objeto de impugnación en la primera oportunidad de impugnación que ejerció el partido Morena.

3.2. Ahora bien, esta Sala Monterrey considera que, conforme al criterio sostenido por la doctrina judicial, en el caso de que el  PAN busque participar en una coalición, lo jurídicamente relevante respecto al cumplimiento del requisito de contar con la aprobación del órgano partidista competente, es que, finalmente, se acredite la voluntad de la Comisión Permanente Nacional, con independencia de que previamente exista una providencia del Presidente del CEN y de las actuaciones instrumentales que hubieran emitido los órganos partidistas locales.

De ahí que no tiene razón el inconforme, porque el Instituto Local correctamente determinó que, a partir de las documentales aportadas por el PAN, se comprobaba que la Comisión Permanente Nacional había ratificado las providencias de carácter precautorio emitidas por el Presidente del CEN, por lo cual, en atención a que la propia normativa del PAN prevé que, la Comisión Permanente Nacional es el órgano que, en definitiva, autoriza o ratifica la participación del partido de forma coaligada[40], así como, la encargada de aprobar la plataforma electoral, lo jurídicamente relevante para efecto de verificar el cumplimiento del artículo 276 del Reglamento de Elecciones es que, se demuestre, a través de la documentación exigida por la citada norma[41], que el órgano competente sesionó y ratificó las providencias del Presidente del CEN.

Lo anterior es así, porque fueron las providencias las que justamente, de forma precautoria o preliminar, aprobaron la participación del PAN de forma coaligada en Tamaulipas, es decir, el papel de la Comisión Permanente Nacional se focalizó en determinar si las providencias eran ratificadas o no.

Este criterio es aplicable también al requisito de aprobar la plataforma electoral, pues las providencias dictadas por el Presidente del CEN se autorizaron de forma preventiva, pero ello finalmente se perfeccionó con la aprobación del acuerdo por el que se ratifican las providencias tomadas por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en uso de la atribución que le confiere el artículo 58, numeral I, inciso J) de los estatutos generales del partido, en el periodo que va del 08 de diciembre al 23 de enero del 2024[42].

Además, Morena intenta hacer valer supuestas deficiencias de la manera específica en que se realizó la formalización de la ratificación, lo cual ya se desestimó, y simplemente se limita a exponer planteamientos que no logran desvirtuar el hecho fundamental de que las providencias sí fueron ratificadas por el órgano estatutariamente competente del PAN, con lo cual se acredita el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones.

Esto es, el acto para tener por integrada la determinación de coaligarse y adoptar la plataforma política es el que realiza el Presidente del CEN con el dictado de sus providencias (con carácter provisional) y se ve perfeccionado con la ratificación que realiza la Comisión Permanente Nacional (carácter definitivo), por ello, si bien la normativa interna del PAN prevé una serie de disposiciones, los aspectos que trascienden de cara a la elección y que, por tanto, son vigilables por otras fuerzas políticas, son aquellos que puedan implicar un incumplimiento del artículo 276 del Reglamento de Elecciones, en lo cual, no existe controversia de que la Comisión Permanente Nacional ratificó las providencias.

En este orden de ideas, por las características de la presente cadena impugnativa, también resultan ineficaces los planteamientos relativos a presuntas deficiencias que ocurrieron ante las instancias locales del partido, pues dichas actuaciones son meramente instrumentales, ya que la decisión última para autorizar o no la participación en coalición, recae de forma exclusiva en la Comisión Permanente Nacional, la cual puede determinar lo que en derecho corresponda incluso en presencia de deficiencias u omisiones de sus órganos partidistas locales[43], por lo tanto, la ineficacia radica en que, aun cuando las irregularidades que expone lograran comprobarse, por el carácter instrumental de las determinaciones, no acarrearían una nulidad en automática de las siguientes determinaciones.

Tema ii. Validez de la documentación presentada por el PRI consistente en copias certificadas por fedatario público.

1.1. Marco normativo sobre la ley del notariado.

La Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas señala las formalidades que serán observadas en la redacción de los instrumentos notariales, en lo que interesa, respecto a que el Notario iniciará la redacción de los instrumentos expresando su nombre, su número, Distrito Judicial y localidad en que se extiende el instrumento, y la fecha y la hora en que se otorga, tomando al efecto la hora en que se inició la redacción. Inmediatamente después expresará el nombre, edad, estado civil, lugar de origen, nacionalidad, ocupación y domicilio de los interesados, de los testigos, de los intérpretes y de todos quienes intervengan en el acto. Además, hará constar los requisitos previstos en las leyes fiscales del Estado y la Federación (artículo 96, fracción VI).

Asimismo, la citada ley indica que los Notarios, además de las escrituras públicas o actas notariales, podrán intervenir en los casos relativos a la certificación de copias de documentos que tenga a la vista (artículo 110, fracción V[44]).

Ahora bien, se tiene que, para el cotejo y certificación de un documento con su copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, se presentará el documento original y copia al Notario, quien en su caso hará constar en el acta que la copia es fiel reproducción del documento de que provenga y, además, se agregará otra copia del documento cotejado al Apéndice del Libro de Control de Certificaciones y Verificaciones (artículo 113 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas[45]).

Finalmente, la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas contempla que las documentales públicas serán admitidas como pruebas con valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran (artículos 319 fracción I y 323[46]).

1.2 Marco o criterio jurisprudencial sobre el análisis de los agravios

La jurisprudencia ha establecido que cuando la parte promovente manifiesta sus agravios para cuestionar un acto o resolución con el propósito que los órganos de justicia puedan revisarla de fondo, no tiene el deber de exponerlos bajo una formalidad específica, y para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de los hechos concretos que le causan perjuicio, causa de pedir o un principio de agravio[47].

Incluso, con la precisión de que no hace falta que los demandantes o impugnantes mencionen los preceptos o normas que consideren aplicables, conforme al principio jurídico que dispone, para las partes sólo deben proporcionar los hechos y al juzgador conocer el derecho, por lo que la identificación de los preceptos aplicables a los hechos no implica suplir los agravios.

Sin embargo, el deber de expresar al menos los hechos (aun cuando sea sin mayor formalismo), lógicamente, requiere como presupuesto fundamental, que esos hechos o agravios identifiquen con precisión la parte específica que causa perjuicio y la razones por las cuales en su concepto es así, por lo menos, a través de una afirmación de hechos mínimos pero concretos para cuestionar o confrontar las consideraciones del acto impugnado o decisión emitida en una instancia previa.

Esto es, en términos generales, para revisar si un impugnante tiene o no razón, aun cuando sólo se requieren hechos que identifiquen la consideración o decisión concretamente cuestionada y las razones por las que consideran que esto es así, sin una formalidad específica, lo expresado en sus agravios debe ser suficiente para cuestionar el sustento o fundamento de la decisión que impugnan.

De otra manera, dichas consideraciones quedarían firmes y sustentarían el sentido de lo decidido, con independencia de lo que pudiera resolverse en relación con diversas determinaciones, dando lugar a la ineficacia de los planteamientos.

De ahí que, la suplencia sólo debe implicar la autorización para integrar o subsanar imperfecciones y únicamente sobre conceptos de violación o agravios, pero no para autorizar un análisis oficioso o revisión directa del acto o resolución impugnada, al margen de los motivos de inconformidad.

Además, de acuerdo con lo previsto Ley de Medios de Impugnación, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral no procede la suplencia de la queja (artículo 23, numeral 2[48]).

2. Caso concreto

Como se anticipó, el Instituto Local declaró procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total denominada “Fuerza y Corazón X Tamaulipas” integrada por el PAN y PRI, bajo la consideración fundamental de que: i. Se cumplió con el requisito relativo a que el órgano competente sesionó válidamente y aprobó participar en la coalición respectiva, así como la plataforma electoral, toda vez que la Comisión Permanente Nacional del PAN ratificó las providencias realizadas por el Presidente del CEN del PAN respecto a la autorización de participar en forma coaligada y la aceptación de la plataforma política y ii. El PRI adjuntó la documentación oportuna para acreditar que el órgano interno competente aprobó su participación en la coalición.

Frente a ello, Morena cuestiona la validez de las documentales presentadas por el PRI, consistentes en copias certificadas por un fedatario público en respuesta a la prevención realizada por la autoridad responsable, de manera general, el inconforme expone que dichas documentales no generan certeza sobre su contenido, pues presentan diversas inconsistencias que debieron ser advertidas por el Instituto Local a efecto de negar procedente el registro de la coalición.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que son ineficaces los planteamientos del inconforme en los que se cuestionan las copias certificadas de notario público, porque en el caso no se cuestiona el contenido y veracidad de los documentos, sino que básicamente se presentan alegatos orientados a cuestionar genéricamente los supuestos requisitos o formalidades con las que, en su concepto, debió actuar el notario, pero sin explicar concretamente por qué la certificación en cuestión, incumple con las formalidades correspondientes, aunado a que algunos de los aspectos cuestionados no están previstos como formalidades en la ley correspondiente.

En efecto, Morena refiere que le causa agravio que el Instituto Local realizó una valoración indebida de las documentales que obran en el expediente y determinó de manera errónea que el PRI cumplió con los requisitos del Reglamento de Elecciones, porque considera que las certificaciones realizadas por un fedatario público incumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Notario, sin embargo, sus planteamientos parten de apreciaciones subjetivas que, por un lado, dejan de indicar de qué forma se incumple con la normativa local y, por otro lado, cómo esas inconsistencias restan valor convictivo respecto a lo que el fedatario público tuvo a la vista para realizar su certificación.

3.2. Por otro lado, en autos consta que la aprobación de la coalición fue aprobada, finalmente, por el CEN del PRI[49], y en ese sentido, se desestiman los cuestionamientos sobre la vigencia del nombramiento que se prorrogó al Comité Directivo Estatal[50], máxime que, en todo caso, el motivo de agravio en sí es que el nombramiento no se constató, pero en el contexto de aprobación del órgano nacional, el impugnante es el que tendría que demostrar que esos nombramientos ya no son vigentes, de modo que es irrelevante la certificación de los nombramientos en cuestión, porque, ante la presunción, era innecesario que el partido demostrara dicho carácter.

La ineficacia del planteamiento radica en que el inconforme está cuestionando si las personas que representan al comité directo estatal del PRI tienen la calidad de presidenta y secretario general respectivamente, aduciendo que ello no podría ser materia de un hecho notorio, como si ello en forma alguna dejara de acreditar el cumplimiento del órgano competente del PRI para permitir la participación en coalición, lo cual no confronta por vicios propios, pues simplemente se limita a cuestionar esa documental para señalar que esas dos personas no contaban con facultad para intervenir en el proceso de autorización de la coalición.

Pero cuestión muy distinta es exponer que no existe certeza de la calidad con la que intervienen los representantes partidistas, como una especie de cuestionamiento de la designación de origen, porque ello, evidentemente, si puede hacerse valer como un hecho notorio, pues de lo contrario se llegaría al extremo de cuestionar la validez de una coalición, sólo porque no se allegó en original o copia certificada el nombramiento de los Presidentes del PAN o del PRI.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma el acuerdo impugnado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, así como la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones, Gerardo Alberto Álvarez Pineda, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.