Monterrey, Nuevo León, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.

i. Demanda. El veinte de septiembre de dos mil veintitrés[1], Daniel Galindo Cruz, ostentándose como representante propietario del Partido Acción Nacional[2] presentó demanda contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León[3], en el procedimiento ordinario sancionador POS-008/2023, donde se declararon inexistentes las infracciones denunciadas, consistentes en uso indebido de recurso públicos y promoción personalizada atribuida a Glen Alan Villarreal Zambrano, Eduardo Gaona Domínguez, Roberto Uriel Torres Ávila, Rosalinda Cadena Sahagún, Jorge Alberto Narváez Domínguez, Movimiento Ciudadano y al Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, por la difusión de un video en una red social del Canal 28, en el que se invitaba a miembros de otros partidos a unirse al citado instituto político.

En el caso se advierte que, el impugnante en su demanda señaló que promovía juicio de revisión constitucional electoral para controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Local. Por tal motivo, en el acuerdo de turno correspondiente se determinó que lo procedente era integrar el expediente como tal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 180, fracciones II, X, y XV, así como 185, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 46, fracción II; 49, 53, fracción I, 70 fracción X, 75, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo previsto por el punto de acuerdo tercero, último párrafo, del Acuerdo General 2/2022 de Sala Superior de este Tribunal Electoral, por el que se emiten los Lineamientos para el turno aleatorio de los medios de impugnación[4], esta Sala Regional ACUERDA:

I. Encauzamiento. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral[5] que, el juzgador cuenta con la atribución de analizar detenidamente los escritos presentados por las partes, con el fin de identificar plenamente las pretensiones que de ellos se desprenden, así como la vía o instancia en la que deben ser analizadas[6].

Cuando algún promovente en su escrito inicial señala que presenta un determinado medio de impugnación y en realidad se advierte que hace valer uno diferente, o que sea incorrecta la elección del recurso o juicio legalmente procedente, lo que debe hacerse es encauzar la impugnación a la vía correcta[7], a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de quien comparece[8].

En el caso concreto, como se adelantó, el PAN controvierte una sentencia dictada por el Tribunal Local dentro del procedimiento ordinario sancionador POS-008/2023, que declaró inexistentes las infracciones atribuidas a Glen Alan Villarreal Zambrano, Eduardo Gaona Domínguez, Roberto Uriel Torres Ávila, Rosalinda Cadena Sahagún, Jorge Alberto Narváez Domínguez, Movimiento Ciudadano y al Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, consistente en el uso indebido de recurso públicos con fines de promoción personalizada.

En ese sentido, al tratarse de una impugnación derivada de un procedimiento ordinario sancionador, el juicio de revisión constitucional electoral no resulta ser la vía apta para cuestionar ese tipo de decisiones, porque los artículos 86[9] y 88[10], de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevén que este medio de impugnación sólo podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, cuando controviertan actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

Es por ello que, esta Sala Regional considera que el presente medio de impugnación debe resolverse como juicio electoral al ser el mecanismo idóneo, en el que deberán analizarse los requisitos de procedencia y, en su caso, proceder al análisis del fondo de la controversia.

Lo anterior, considerando que ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que el juicio electoral es la vía idónea para controvertir sentencias emitidas por los Tribunales Locales en los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, dicho criterio se adoptó en expedientes como SM-JE-49/2023 y acumulado, SM-JE-47/2023, y SM-JE-35/2023, entre otros.

Así, procede encauzar la demanda a juicio electoral, en términos de los Lineamientos para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, normativa que establece que, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la Ley de Medios, las Salas del Tribunal Electoral deberán integrar el expediente, identificarlo como juicio electoral y tramitarse conforme a las reglas de dicha Ley, situación que se actualiza en el caso en concreto.

II. Instrucción. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que turne el juicio electoral que se forme a la Ponencia de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracción X, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

III. Archivo. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

NOTIFÍQUESE.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.