AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL RECUSO DE APELACIÓN

AGRAVIOS VERTIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

Como primer agravio procederemos al análisis realizado por el A Quo referente a la elegibilidad de los candidatos presentados por la coalición PRI/PVEM mismo que expresamente indica:

(Se transcribe la parte conducente del considerando Séptimo de la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria en los recursos de revisión, 18/2012-V y su acumulado 19/2012-V) [2]

Es aquí donde justamente comienza el error del Juzgador al considerar que, si bien es cierto que la Jurisprudencia puede ser obligatoria, no es menos cierto que la misma no es estática.

Si ponemos la atención debida, observaremos que las Tesis y demás citas realizadas corresponden, en el caso de la más actual a 2004 y resulta que de esa fecha al día de hoy la legislación vigente ha sufrido cambios sustanciales incluso a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que, según ella misma expresa es la LEY SUPREMA.

Resulta entonces que en Junio de 2011 se produjo una importante modificación en materia de Derechos Humanos misma que indica en el Artículo 1 lo siguiente: (se transcribe).

Justamente es aquí donde cualquier razonamiento realizado por el juzgador en primera instancia pierde validez en función de la jurisprudencia que cita (que por cierto me permito recordar es anterior a esta reforma constitucional) ya que actualmente nuestra Carta Magna reconoce expresamente los derechos humanos contenidos en su propio texto pero agrega los que refieren los Tratados Internacionales.

Por otra parte también expresa que TODAS LAS PERSONAS” sin establecer la condición del interés jurídico cuando se hable de la defensa de los Derechos Humanos y, a la sazón también declara que se debe favorecer en todo tiempo LA PROTECCIÓN MÁS ÁMPLIA lo que implica expresamente que no se debe hacer diferencia entre los afiliados a un partido político con los de otro respecto a la posibilidad de impugnar una designación de candidatos que no resulte legal.

En apoyo a lo anterior sigue diciendo nuestro máximo ordenamiento que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos, lo que nos indica en primera instancia que correspondía al A Quo proteger y garantizar los derechos de TODOS los electores y candidatos sobre todo si vemos esta disposición a la luz de los criterios de UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD que ella misma enuncia.

A mayor claridad del hecho, me permito expresar que esa relación debió funcionar en defensa del principio de legalidad de la siguiente manera:

UNIVERSALIDAD. Todos los involucrados en la elección tienen el derecho de que se respete la legalidad del acto eleccionario y cualesquiera que le de origen, por lo que especialmente los candidatos de otros partidos tienen el derecho de impugnar las designaciones de los demás en tanto estas sean ilegales.

INTERDEPENDENCIA. Como podemos deducir del significado literal de la palabra, indica que TODOS los actos están relacionados y la designación ilegal de un candidato que sea permitida o avalada por la Autoridad resulta impugnable por cualquiera de los demás elementos que se relacionen con el acto eleccionario y más razón por los candidatos de otros partidos quienes, de no ser así no podrían en momento alguno reclamar las ilegalidades que podrían ponerlos en desigualdad y como el proceso es interdependiente todo lo relacionado con un acto, en este caso el eleccionario es atacable por los mismos medios y actores.

INDIVISIBILIDAD: En conjunto con el principio anterior, no podemos dividir el acto eleccionario en punto impugnables y aquellos que no lo son por el candidato, toda vez que el proceso como tal es una unidad que debe resolverse y estudiarse como tal por lo que si las acciones del candidato son impugnables por los demás, también las acciones del partido que lo propone lo son por ser parte del mismo universo jurídico indivisible.

PROGRESIVIDAD. Resulta, a la luz de este principio que la segunda parte de la sentencia impugnada resulta incoherente puesto que pretende aplicar una división ficticia de etapas basada en la presunción de validez del acto de inscripción de los candidatos especificando que sólo en caso de hechos sobrevinientes se puede impugnar en el momento de la revisión y también lo sustenta en jurisprudencia que ya carece de validez por las reformas que estamos comentando.

Resulta que PROGRESIVIDAD refiere al hecho de que los actos humanos se relacionan de manera lógica unos con otros, por lo que no se puede establecer el principio de no impugnabilidad de un hecho por el acontecimiento de otro ya que el de origen es la causa del resultado final. En palabras más simples, validar el resultado eleccionario de un candidato ilegal por la PROGRESIVIDAD de los hechos resulta en validar todos los anteriores que, como ya vimos resultan revocables por su propia esencia de ilegalidad en la designación.

De hecho la propia jurisprudencia que cita el juzgador obra en su contra y por ello me permito en este punto su reproducción  y análisis.

ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS (Se transcribe).

Resulta de los propios considerandos y resolutivos que hoy se atacan el hecho de que NUNCA SE IMPUGNÓ la designación de los candidatos por que OBVIAMENTE y contrario sensu ESTE ES EL MOMENTO PARA DETERMINAR SI LOS CANDIDATOS DEL PRI/PVEM eran o no elegibles para este acto ya que de no ser así no habría oportunidad para resolver esta ilegalidad en particular.

Como vemos los razonamientos vertidos para la inoperabilidad de la revisión resultan al menos controvertibles en virtu de la contradicción que presentan al decir por un lado que no se puede si ya hubo una revisión de condiciones y luego resulta que dicha revisión del acto jamás fue tema de litis.

En el mismo sentido se impone la revisión de sus siguientes argumentos:

(Se transcribe la parte conducente del considerando Séptimo de la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria dentro del recurso de revisión, dentro de los expedientes 18/2012-V y su acumulado 19/2012-V) [3]

Como podemos ver, nuevamente el Juzgador intenta imponer las etapas del sistema electoral como excusa para evitar respetar el principio de INDIVISIBILIDAD ya que si el acto eleccionario es UNICO E INDIVISIBLE resulta que no se puede sustentar la no revisión en el simple cumplimiento de etapas que se supone que se validan a sí mismas quitando a los electivos la posibilidad de impugnar los actos ilegales de TODO el proceso en el momento en que se posible, mismo que incluso la propia legislación reconoce como posible si no fue acatado anteriormente hecho que REPITO, NO OCURRIÓ, por lo que, si no hubo recurso en contra de la elegibilidad RESULTA JUSTAMENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN presentado el momento para que el poder judicial pueda revisar la legalidad de dicha designación y, de corresponder anularla y ordenar un NUEVO ACTO ELECCIONARIO, ya que el presente resulta NULO por la NULIDAD de la designación interna de los candidatos.

Como corolario, pretende la sentencia impugnada desafanar al Juez de sus responsabilidades al decir:

…”debe conducirnos a establecer que solo en el primer momento se requiere de una verificación detallada”

Digo desafanar al Juez porque, como podemos ver en la sentencia se niega a realizar esa verificación bajo excusas de que ya la hizo alguien más (la autoridad electoral) pero resulta que NINGUNA AUTORIDAD JUDICIAL la realizó en esa etapa por lo que CORRESPONDE REALIZARLA AL MOMENTO EN QUE SEA RECLAMADA, es decir en la sentencia que se emite, cosa que COMO VEMOS NO SE HACE EN MOMENTO ALGUNO.

Finalmente, para pretender sustentar sus alocuciones claramente violatorias de los principios constitucionales ya explicados agrega lo siguiente:

(Se transcribe la parte conducente del considerando Séptimo de la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria dentro del recurso de revisión, dentro de los expedientes 18/2012-V y su acumulado 19/2012-V) [4]

Es evidente que, en conocimiento de su propio error pretende hacer valer la impugnación de OTRO partido político de la designación como válida para el reclamante cuando es SABIDO que las SENTENCIAS en las que un sujeto no es parte NO PUEDEN OBLIGARLOS NI RESTRINGIRLES DERECHOS ANTE LA JUSTICIA.

De hecho tan sabedor de su yerro que es el A Quo que intenta justificar su falta de acción al NO REVISAR LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS QUE PROPONEN LOS CANDIDATOS en el hecho de que el reclamante no aporta las pruebas al respecto cuando sí lo hace, y aún en el supuesto de que así fuera, el Órgano Electoral al que se piden pruebas por parte del Tribunal cuenta con la documental mencionada como prueba pero la misma, POR INJUSTA DECISCIÓN DEL JUZAGADOR NO ES SOLICITADA para su análisis dejando así al reclamante en COMPLETA INDEFESIÓN bajo la excusa de QUE EL DEBE PROBAR LO QUE OBRA EN DOCUMENTOS PÚBLICOS COMETIDOS A LA LEY DE TRANSPARENCIA POR LO QUE SE CONSIDERAN CONOCIODOS POR TODS, INCLUSO EL JUEZ.

Por todo lo anterior, consideramos que la falta de revisión de la elegibilidad de los candidatos impugnados resulta en un claro perjuicio para nuestra parte, por lo que, desde este momento solicitamos se realice u ordene dicha revisión contra los documentos públicos mencionados y, de ser el caso se anule la misma y consecuentemente el acto eleccionario que de ella deriva y todos sus elementos, incluyendo expresamente la declaración de validez, ya que por INTEGRIDAD no puede ser válida la declaración se de inicio los candidatos que la integraron eran ILEGALES en los términos del propio partido que los presenta por no haber sido ELEGIDOS DE MANERA DEMOCRÁTICA.

No es vano recordar en este punto que lo que se defiende es justamente la DEMOCRACIA desde sus inicios, esto es desde la elección de los candidatos y no pretender, como lo hace el A Quo que eso sólo corresponde a los afiliados y que además es válido porque los actos se presumen válidos por razones que, como vimos no son ciertas, al menos para la parte reclamante en el hecho de haber impugnado anteriormente dicha designación.

 Como primer agravio procederemos al análisis realizado por el A Quo referente a la elegibilidad de los candidatos presentados por la coalición PRI/PVEM mismo que expresamente indica:

(Se transcribe la parte conducente del considerando Séptimo de la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria dentro de los recursos de revisión, 18/2012-V y su acumulado 19/2012-V)

Es aquí donde justamente comienza el error del Juzgador al considerar que, si bien es cierto que la Jurisprudencia puede ser obligatoria, no es menos cierto que la misma no es estática.

Si ponemos la atención debida, observaremos que las Tesis y demás citas realizadas corresponden, en el caso de la más actual a 2004 y resulta que de esa fecha al día de hoy la legislación vigente ha sufrido cambios sustanciales incluso a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que, según ella misma expresa es la LEY SUPREMA.

Resulta entonces que en Junio de 2011 se produjo una importante modificación en materia de Derechos Humanos misma que indica en el Artículo 1 lo siguiente: (se transcribe).

Justamente es aquí donde cualquier razonamiento realizado por el juzgador en primera instancia pierde validez en función de la jurisprudencia que cita (que por cierto me permito recordar es anterior a esta reforma constitucional) ya que actualmente nuestra Carta Magna reconoce expresamente los derechos humanos contenidos en su propio texto pero agrega los que refieren los Tratados Internacionales.

Por otra parte también expresa que TODAS LAS PERSONAS” sin establecer la condición del interés jurídico cuando se hable de la defensa de los Derechos Humanos y, a la sazón también declara que se debe favorecer en todo tiempo LA PROTECCIÓN MÁS ÁMPLIA lo que implica expresamente que no se debe hacer diferencia entre los afiliados a un partido político con los de otro respecto a la posibilidad de impugnar una designación de candidatos que no resulte legal.

En apoyo a lo anterior sigue diciendo nuestro máximo ordenamiento que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos, lo que nos indica en  primera instancia que correspondía al A Quo proteger y garantizar los derechos de TODOS los electores y candidatos sobre todo si vemos esta disposición a la luz de los criterios de UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD que ella misma enuncia.

A mayor claridad del hecho, me permito expresar que esa relación debió funcionar en defensa del principio de legalidad de la siguiente manera:

UNIVERSALIDAD. Todos los involucrados en la elección tienen el derecho de que se respete la legalidad del acto eleccionario y cualesquiera que le de origen, por lo que especialmente los candidatos de otros partidos tienen el derecho de impugnar las designaciones de los demás en tanto estas sean ilegales.

INTERDEPENDENCIA. Como podemos deducir del significado literal de la palabra, indica que TODOS los actos están relacionados y la designación ilegal de un candidato que sea permitida o avalada por la Autoridad resulta impugnable por cualquiera de los demás elementos que se relacionen con el acto eleccionario y más razón por los candidatos de otros partidos quienes, de no ser así no podrían en momento alguno reclamar las ilegalidades que podrían ponerlos en desigualdad y como el proceso es interdependiente todo lo relacionado con un acto, en este caso el eleccionario es atacable por los mismos medios y actores.

INDIVISIBILIDAD: En conjunto con el principio anterior, no podemos dividir el acto eleccionario en punto impugnables y aquellos que no lo son por el candidato, toda vez que el proceso como tal es una unidad que debe resolverse y estudiarse como tal por lo que si las acciones del candidato son impugnables por los demás, también las acciones del partido que lo propone lo son por ser parte del mismo universo jurídico indivisible.

PROGRESIVIDAD. Resulta, a la luz de este principio que la segunda parte de la sentencia impugnada resulta incoherente puesto que pretende aplicar una división ficticia de etapas basada en la presunción de validez del acto de inscripción de los candidatos especificando que sólo en caso de hechos sobrevinientes se puede impugnar en el momento de la revisión y también lo sustenta en jurisprudencia que ya carece de validez por las reformas que estamos comentando.

Resulta que PROGRESIVIDAD refiere al hecho de que los actos humanos se relacionan de manera lógica unos con otros, por lo que no se puede establecer el principio de no impugnabilidad de un hecho por el acontecimiento de otro ya que el de origen es la causa del resultado final. En palabras más simples, validar el resultado eleccionario de un candidato ilegal por la PROGRESIVIDAD de los hechos resulta en validar todos los anteriores que, como ya vimos resultan revocables por su propia esencia de ilegalidad en la designación.

De hecho la propia jurisprudencia que cita el juzgador obra en su contra y por ello me permito en este punto su reproducción  y análisis.

ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS (Se transcribe).

Resulta de los propios considerandos y resolutivos que hoy se atacan el hecho de que NUNCA SE IMPUGNÓ la designación de los candidatos por que OBVIAMENTE y contrario sensu ESTE ES EL MOMENTO PARA DETERMINAR SI LOS CANDIDATOS DEL PRI/PVEM eran o no elegibles para este acto ya que de no ser así no habría oportunidad para resolver esta ilegalidad en particular.

Como vemos los razonamientos vertidos para la inoperabilidad de la revisión resultan al menos controvertibles en virtu de la contradicción que presentan al decir por un lado que no se puede si ya hubo una revisión de condiciones y luego resulta que dicha revisión del acto jamás fue tema de litis.

En el mismo sentido se impone la revisión de sus siguientes argumentos:

(Se transcribe la parte conducente del considerando Séptimo de la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria dentro del recurso de revisión, dentro de los expedientes 18/2012-V y su acumulado 19/2012-V)

Como podemos ver, nuevamente el Juzgador intenta imponer las etapas del sistema electoral como excusa para evitar respetar el principio de INDIVISIBILIDAD ya que si el acto eleccionario es UNICO E INDIVISIBLE resulta que no se puede sustentar la no revisión en el simple cumplimiento de etapas que se supone que se validan a sí mismas quitando a los electivos la posibilidad de impugnar los actos ilegales de TODO el proceso en el momento en que se posible, mismo que incluso la propia legislación reconoce como posible si no fue acatado anteriormente hecho que REPITO, NO OCURRIÓ, por lo que, si no hubo recurso en contra de la elegibilidad RESULTA JUSTAMENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN presentado el momento para que el poder judicial pueda revisar la legalidad de dicha designación y, de corresponder anularla y ordenar un NUEVO ACTO ELECCIONARIO, ya que el presente resulta NULO por la NULIDAD de la designación interna de los candidatos.

Como corolario, pretende la sentencia impugnada desafanar al Juez de sus responsabilidades al decir:

…”debe conducirnos a establecer que solo en el primer momento se requiere de una verificación detallada”

Digo desafanar al Juez porque, como podemos ver en la sentencia se niega a realizar esa verificación bajo excusas de que ya la hizo alguien más (la autoridad electoral) pero resulta que NINGUNA AUTORIDAD JUDICIAL la realizó en esa etapa por lo que CORRESPONDE REALIZARLA AL MOMENTO EN QUE SEA RECLAMADA, es decir en la sentencia que se emite, cosa que COMO VEMOS NO SE HACE EN MOMENTO ALGUNO.

Finalmente, para pretender sustentar sus alocuciones claramente violatorias de los principios constitucionales ya explicados agrega lo siguiente:

(Se transcribe la parte conducente del considerando Séptimo de la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria dentro del recurso de revisión, dentro de los expedientes 18/2012-V y su acumulado 19/2012-V)

Es evidente que, en conocimiento de su propio error pretende hacer valer la impugnación de OTRO partido político de la designación como válida para el reclamante cuando es SABIDO que las SENTENCIAS en las que un sujeto no es parte NO PUEDEN OBLIGARLOS NI RESTRINGIRLES DERECHOS ANTE LA JUSTICIA.

De hecho tan sabedor de su yerro que es el A Quo que intenta justificar su falta de acción al NO REVISAR LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS QUE PROPONEN LOS CANDIDATOS en el hecho de que el reclamante no aporta las pruebas al respecto cuando sí lo hace, y aún en el supuesto de que así fuera, el Órgano Electoral al que se piden pruebas por parte del Tribunal cuenta con la documental mencionada como prueba pero la misma, POR INJUSTA DECISCIÓN DEL JUZAGADOR NO ES SOLICITADA para su análisis dejando así al reclamante en COMPLETA INDEFESIÓN bajo la excusa de QUE EL DEBE PROBAR LO QUE OBRA EN DOCUMENTOS PÚBLICOS COMETIDOS A LA LEY DE TRANSPARENCIA POR LO QUE SE CONSIDERAN CONOCIODOS POR TODS, INCLUSO EL JUEZ.

Por todo lo anterior, consideramos que la falta de revisión de la elegibilidad de los candidatos impugnados resulta en un claro perjuicio para nuestra parte, por lo que, desde este momento solicitamos se realice u ordene dicha revisión contra los documentos públicos mencionados y, de ser el caso se anule la misma y consecuentemente el acto eleccionario que de ella deriva y todos sus elementos, incluyendo expresamente la declaración de validez, ya que por INTEGRIDAD no puede ser válida la declaración se de inicio los candidatos que la integraron eran ILEGALES en los términos del propio partido que los presenta por no haber sido ELEGIDOS DE MANERA DEMOCRÁTICA.

No es vano recordar en este punto que lo que se defiende es justamente la DEMOCRACIA desde sus inicios, esto es desde la elección de los candidatos y no pretender, como lo hace el A Quo que eso sólo corresponde a los afiliados y que además es válido porque los actos se presumen válidos por razones que, como vimos no son ciertas, al menos para la parte reclamante en el hecho de haber impugnado anteriormente dicha designación.

AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL RECUSO DE APELACIÓN

AGRAVIOS VERTIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

En este punto, resulta notable que el Juzgador no haya considerado que la democracia se conforma VOTO POR VOTO y con más razón cuando las irregularidades o presuntos errores en la ubicación de las casillas o en su registro en las actas resultan en 24 (veinticuatro) casillas toda vez que en todo su extenso razonamiento jamás toma en cuenta el hecho de que sólo hay 73 (setenta y tres votos) de diferencia entre el primeo y el segundo lo que hace una razón de 3 (TRES) votos por casillas desestimando la impugnación con la simple razón de que SUPONE que los votantes encontraron las casillas correspondiente porque los representantes de los partidos pudieron hacerlo, OBVIANDO el hecho de que la responsabilidad de los representantes los OBLIGA a buscar las mismas cosa que no ocurre con los votantes.

Aquí la pregunta es: ¿Puede el A Quo afirma que al menos 3 votantes por casilla no pudieron confundirse con estos cambios cuando las propias autoridades de las mismas NO REFLEJAN CORRECTAMENTE EL DOMICIILIO LO QUE PODRÍA INDICAR QUE LOS MISMO SON CONFUSOS? ¿Puede entonces el Juzgador en primera instancia afirmar que la confusión de las autoridades de casilla puede reflejarse en AL MENOS TRES VOTANTES POR CASILLA?

Es notable la ligereza con al que toma la posible confusión de los domicilios de  CASI LA MITAD DE LAS CASILLAS (ya que se expresa por la propia autoridad que el total es de 57 (cincuenta y siete)) y que esto no puede afectar el resultado de la elección, máxime si consideramos que con que sólo tres de los votantes no encontrarán los domicilios tal como los designa la autoridad electoral se puede cambiar al ganador de la elección.

Si bien es cierto que los errores pueden ser menores tomados de manera individual no es menos cierto que en conjunto con la escasa diferencia en los resultados son más que significativos en su conjunto ya que tiene el potencial de cambiar el resultado del acto eleccionario.

De esta manera si bien puede ser cierto que cada “error” en el registro de los datos tal como lo menciona la sentencia recurrida puede no representar entidad suficiente para anular la casilla como tal resulta que en virtud de los principios constitucionales y del derecho de SER ELEGIDO de los candidatos especialmente de la INTEGRALIDAD, si se analiza el acto completo como se indica y no las casillas en forma aislada se debe, al menos entender que el resultado pudo haberse visto afectado por esta conjunción de “errores” que hacen que, al menos el acto eleccionario deba ser gravemente cuestionado como IRREGULAR, lo que, en resultado final conjunto lo haría NULO de pleno derecho.

Casualmente, al realizar el análisis de las casillas, resulta que el Juzgador anula una casilla que favorece al recurrente con lo que, obviamente obra en su contra violando el principio de que no se puede dictar sentencia que perjudique al recurrente y lo coloque en una situación peor a la del recurso, ampliamente reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos ya citados.

De este modo, en este segundo agravio se hace notar la falta de coherencia de la sentencia recurrida al analizar las casilla de manera individual y no en su conjunto, ya que las irregularidades cometidas y la escasa diferencia de votos así lo amerita.

De hecho como nueva excusa para no ordenar un recuento realiza el A Quo una tabla de análisis en la que expresa que las diferencias no superan el 0.2% que requiere la ley electoral del Estado.

El punto aquí es que nuevamente se olvidan las disposiciones constitucionales y del COFIPE (que debemos recordar es guía para las legislaciones estatales) mismo que prevé que los recuentos se pueden realizar con una diferencia menor al 1% que en nuestro caso representa nos (sic) 175 votos con lo que se podría claramente realizar el recuentro solicitado en la revisión.

Me permito en este punto recordar la UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS y la obligación de su interpretación PROTECTIVA, y aquí se trata de la defensa del DERECHO HUMANO A SER ELEGIDO.

Si se toma como mayor protectividad, es evidente que la Ley Federal lo es, por lo que resulta inaplicable la disposición del Código Estatal y, en su remplazo se establece la norma del Federal que permite los recuentos con diferencias menores al 1% como lo es el caso.

Respecto al punto que se invoca de “haber impugnado todas las casillas” es obvio que si lo que se pide es un recuento parcial NADIE EN SU SANA LÓGICA IMPUGNARÍA TODAS LAS CASILLAS PARA SÓLO RECONTAR ALGUNAS, por lo que la interpretación de la norma debe hacerse en ese sentido, esto es, que el recuento se haga, en caso de ser parcial EN TODAS LAS CASILLAS IMPUGNADAS.

De igual manera el resolutivo realiza el siguiente cuadro para analizar, nuevamente de manera aislada la diferencia en el cómputo de votos de las casillas:

En el mismo, se abalanza el Juzgador al análisis de casilla por casilla de la diferencia entre primero y segundo de manera aislada y luego desestima todas la objeciones, olvidando, por un nuevo error la diferencia que él mismo considera significativa de 87 votos en la casilla 2767 B misma que no explica porque no ordena el reconteo y además tampoco anula, volviendo al anterior punto de que sólo anula una que es favorable al recurrente.

Pero si retomamos el punto inicial, veremos que los supuestos “errores” de los escrutadores, suman en total entre todas las casillas impugnadas 221 (doscientos veintiún) votos cuando la diferencia entre el primero y segundo es de SOLAMETNE 73 (setenta y tres) y resulta que en conjunto las diferencias de las actas son casi 3 (TRES) veces mayores a la diferencia entre el primero y el segundo.

Regresando al sistema de preguntas sobre la coherencia de la sentencia surgen varias pero la más importante es:

¿NO ES SIGINIFICATIVO QUE EL TRIPLE DE LOS VOTOS DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PRIMER LUGAR SEAN SIMPLES “ERRORES”? La verdad es que al menos se debe reconocer que, en conjunto el hecho resulta más representativo y, por decir poco bastante sospechoso de su legitimidad y transparencia.

De hecho si analizamos de manera conjunta el Universo de Casillas resulta que casi la mitad de ellas contiene “errores” y esto da razón más que suficiente para anular TODO EL ACTO ELECCIONARIO.

 En este punto, resulta notable que el Juzgador no haya considerado que la democracia se conforma VOTO POR VOTO y con más razón cuando las irregularidades o presuntos errores en la ubicación de las casillas o en su registro en las actas resultan en 24 (veinticuatro) casillas toda vez que en todo su extenso razonamiento jamás toma en cuenta el hecho de que sólo hay 73 (setenta y tres votos) de diferencia entre el primeo y el segundo lo que hace una razón de 3 (TRES) votos por casillas desestimando la impugnación con la simple razón de que SUPONE que los votantes encontraron las casillas correspondiente porque los representantes de los partidos pudieron hacerlo, OBVIANDO el hecho de que la responsabilidad de los representantes los OBLIGA a buscar las mismas cosa que no ocurre con los votantes.

Aquí la pregunta es: ¿Puede el A Quo afirma que al menos 3 votantes por casilla no pudieron confundirse con estos cambios cuando las propias autoridades de las mismas NO REFLEJAN CORRECTAMENTE EL DOMICIILIO LO QUE PODRÍA INDICAR QUE LOS MISMO SON CONFUSOS? ¿Puede entonces el Juzgador en primera instancia afirmar que la confusión de las autoridades de casilla puede reflejarse en AL MENOS TRES VOTANTES POR CASILLA? Y es determinante para el resultado de la elección.

Es notable la ligereza con al que toma la posible confusión de los domicilios de  CASI LA MITAD DE LAS CASILLAS (ya que se expresa por la propia autoridad que el total es de 57 (cincuenta y siete)) y que esto no puede afectar el resultado de la elección, máxime si consideramos que con que sólo tres de los votantes no encontrarán los domicilios tal como los designa la autoridad electoral se puede cambiar al ganador de la elección.

Si bien es cierto que los errores pueden ser menores tomados de manera individual no es menos cierto que en conjunto con la escasa diferencia en los resultados son más que significativos en su conjunto ya que tiene el potencial de cambiar el resultado del acto eleccionario.

De esta manera si bien puede ser cierto que cada “error” en el registro de los datos tal como lo menciona la sentencia recurrida puede no representar entidad suficiente para anular la casilla como tal resulta que en virtud de los principios constitucionales y del derecho de SER ELEGIDO de los candidatos especialmente de la INTEGRALIDAD, si se analiza el acto completo como se indica y no las casillas en forma aislada se debe, al menos entender que el resultado pudo haberse visto afectado por esta conjunción de “errores” que hacen que, al menos el acto eleccionario deba ser gravemente cuestionado como IRREGULAR, lo que, en resultado final conjunto lo haría NULO de pleno derecho.

Casualmente, al realizar el análisis de las casillas, resulta que el Juzgador anula una casilla que favorece al recurrente con lo que, obviamente obra en su contra violando el principio de que no se puede dictar sentencia que perjudique al recurrente y lo coloque en una situación peor a la del recurso, ampliamente reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos ya citados.

De este modo, en este segundo agravio se hace notar la falta de coherencia de la sentencia recurrida al analizar las casilla de manera individual y no en su conjunto, ya que las irregularidades cometidas y la escasa diferencia de votos así lo amerita.

De hecho como nueva excusa para no ordenar un recuento realiza el A Quo una tabla de análisis en la que expresa que las diferencias no superan el 0.2% que requiere la ley electoral del Estado.

El punto aquí es que nuevamente se olvidan las disposiciones constitucionales y del COFIPE (que debemos recordar es guía para las legislaciones estatales) mismo que prevé que los recuentos se pueden realizar con una diferencia menor al 1% que en nuestro caso representa nos (sic) 175 votos con lo que se podría claramente realizar el recuentro solicitado en la revisión.

Me permito en este punto recordar la UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS y la obligación de su interpretación PROTECTIVA, y aquí se trata de la defensa del DERECHO HUMANO A SER ELEGIDO.

Si se toma como mayor protectividad, es evidente que la Ley Federal lo es, por lo que resulta inaplicable la disposición del Código Estatal y, en su remplazo se establece la norma del Federal que permite los recuentos con diferencias menores al 1% como lo es el caso.

Respecto al punto que se invoca de “haber impugnado todas las casillas” es obvio que si lo que se pide es un recuento parcial NADIE EN SU SANA LÓGICA IMPUGNARÍA TODAS LAS CASILLAS PARA SÓLO RECONTAR ALGUNAS, por lo que la interpretación de la norma debe hacerse en ese sentido, esto es, que el recuento se haga, en caso de ser parcial EN TODAS LAS CASILLAS IMPUGNADAS.

De igual manera el resolutivo realiza el siguiente cuadro para analizar, nuevamente de manera aislada la diferencia en el cómputo de votos de las casillas:

En el mismo, se abalanza el Juzgador al análisis de casilla por casilla de la diferencia entre primero y segundo de manera aislada y luego desestima todas la objeciones, olvidando, por un nuevo error la diferencia que él mismo considera significativa de 87 votos en la casilla 2767 B misma que no explica porque no ordena el reconteo y además tampoco anula, volviendo al anterior punto de que sólo anula una que es favorable al recurrente.

Pero si retomamos el punto inicial, veremos que los supuestos “errores” de los escrutadores, suman en total entre todas las casillas impugnadas 221 (doscientos veintiún) votos cuando la diferencia entre el primero y segundo es de SOLAMETNE 73 (setenta y tres) y resulta que en conjunto las diferencias de las actas son casi 3 (TRES) veces mayores a la diferencia entre el primero y el segundo.

Regresando al sistema de preguntas sobre la coherencia de la sentencia surgen varias pero la más importante es:

¿NO ES SIGINIFICATIVO QUE EL TRIPLE DE LOS VOTOS DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PRIMER LUGAR SEAN SIMPLES “ERRORES”? La verdad es que al menos se debe reconocer que, en conjunto el hecho resulta más representativo y, por decir poco bastante sospechoso de su legitimidad y transparencia.

De hecho si analizamos de manera conjunta el Universo de Casillas resulta que casi la mitad de ellas contiene “errores” y esto da razón más que suficiente para anular TODO EL ACTO ELECCIONARIO.

AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL RECUSO DE APELACIÓN

AGRAVIOS VERTIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

De la misma manera superficial se desestiman las afirmaciones vertidas por los testigos de compra y coacción del voto agregadas por medio de la actuación notarial indicando que el acta que se acompaña a la REVISIÓN resulta improcedente o de alguna manera como una simple presunción de prueba debido a que el Código de Procedimientos Electorales no contiene la opción de Prueba Testimonial y que el Notario actuante no da fe de los hechos sino de que los testigos de estas situaciones que además son DELITOS que la autoridad  NO SÓLO TIENE OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR A FONDO SINO QUE ADEMÁS TIENE OBLIGACIÓN DE DUNCIAR como cualquier otro funcionario público (ambas acciones que por cierto omite) resulta en un grave AGRAVIO en mi contra ya que de poder probarse la compra y coacción del voto que se denuncia y PRUEBA por medio del acta notarial ya citada las elecciones  NO SOLO SERIAN NULAS SINO QUE ADEMÁS PODRÍA HABER PERSONAS PROCESADAS PENALMENTE POR ESOS HECHOS.

Como se dijo es razonable creer que según indica el artículo 317 del Código de Procedimientos Electorales del Estado, no se contempla la prueba testimonial esto no indica que la misma no sea admisible ante el Ministerio Público cuando la acción se trate de un delito y consecuentemente se puede ordenar la investigación y tomar las declaraciones el Ministerio Público de los Testigos que se indican en el documento notarial, ya que de existir, tal como se informa a la Autoridad Jurisdiccional y de igual manera que esos hechos PUEDAN SER DEBIDAMENTE ANALIZADOS y, en su caso se otorgue valor al multicitado (sic) acta y se investiguen este tipo de posibles Delitos que atacan a la validez del acto eleccionario en todos sus niveles.

Como ya se dijo el principio fundamental de la defensa de los Derechos Humanos consagrado en la Carta Magna impone la necesidad de un análisis basado en la INTREGRIDAD de los actos que pueden violentarlos y justamente los claros vicios de ilegalidad que se presentan en este acto eleccionario fundado en el básico derecho a SER ELEGIDO sostenido por la Constitución y los Tratados internacionales obliga a una clara revisión, de, incluso la legislación vigente ya que el compromiso de nuestro país se ve aumentado en virtud de que en ellos se expresa que la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 25 indica:(se transcribe)

Todo ello se ve reforzado por el artículo 8 que expresa que: (se transcribe)

Y la pregunta que surge es: ¿Cuándo fueron oídos los testigos de las violaciones de la validez de los votos emitidos? Pues nunca, ya que basándoos en que el Código no prevé la prueba testimonial se pretende dejar su valor de lado.

Podrá pensarse que por principio de legalidad no se puede agregar al proceso esta prueba porque al no estar prevista de ninguna manera puede ser admisible, lo cual si nos atenemos a un estricto criterio de legalidad puede ser aceptable pero lo cierto es que sus testimonios, plasmados en el Acta e incorporados de manera documental tal como SI LO PREVÉ LA LEGISLACIÓN fueron bebidamente integrados pero el criterio del Juzgador fue simplemente IGNORARLOS ya que como se puede apreciar JAMÁS SE LOS CONSIDERÓ EN LA SENTENCIA RECURRIDA PARA ESTABLECER SIQUIERA LA POSIBILIDA DE LA EXISTENCIA DE COMPRA O COACCIÓN DEL VOTO.

La realidad es que, como sabemos la misma agrupación política PRI/PVEM se encuentra hoy gravemente sospechada de estas acciones y otras como lavado de dinero tal como consta en las múltiples impugnaciones presentadas a nivel de la elección del Presidente de la República, misma que, recordemos se realizó en el mismo acto eleccionario del 1 de julio y la lógica nos lleva a pensar que si a Nivel Federal se puede investigar este hecho y el mismo puede ser causal de NULIDAD del acto a Nivel Municipal puede ocurrir exactamente lo mismo ya que es Obvio que si se compra un voto se compran todos los involucrados en la misma elección.

Regresando al punto de la necesidad de revisar esta resolución y retomando el punto de la legalidad debemos recordar que además si bien es cierto que las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Guanajuato pueden ser obligatorias, no es menos cierto que también existe Jerarquía normativa y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica el compromiso del cumplimiento de los tratados mismos que por estar insertos en su texto adquieren el mismo rango que la Carta Magna y en ese respecto la misma Convención multicitada expresa:(se transcribe el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos)

Pues bien, ante el palmario texto reproducido resulta claro que es momento que el Estado Mexicano y los de las Entidades Federativas reconozcan el derecho de amplitud probatoria ante la posible comisión de hechos que violentan el DERECHO A SER ELEGIDO por compra o coacción de voto y se declara la inaplicabilidad de la disposición del artículo 317 del Código de Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se integren las pruebas Testimoniales, si bien sea bajo la forma documental que fueron presentadas o bien se cite a los testigos para el examen directo de los Magistrados que hoy tienen a su cargo el presente resolutivo y dicho testimonio sean analizados debidamente y tenidos en cuenta para la ANULACIÓN DEL ACTOR ELECCIONARIO DEL 1 DE JULIO.

 De la misma manera superficial se desestiman las afirmaciones vertidas por los testigos de compra y coacción del voto agregadas por medio de la actuación notarial indicando que el acta que se acompaña a la REVISIÓN resulta improcedente o de alguna manera como una simple presunción de prueba debido a que el Código de Procedimientos Electorales no contiene la opción de Prueba Testimonial y que el Notario actuante no da fe de los hechos sino de que los testigos de estas situaciones que además son DELITOS que la autoridad  NO SÓLO TIENE OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR A FONDO SINO QUE ADEMÁS TIENE OBLIGACIÓN DE DUNCIAR como cualquier otro funcionario público (ambas acciones que por cierto omite) resulta en un grave AGRAVIO en mi contra ya que de poder probarse la compra y coacción del voto que se denuncia y PRUEBA por medio del acta notarial ya citada las elecciones  NO SOLO SERIAN NULAS SINO QUE ADEMÁS PODRÍA HABER PERSONAS PROCESADAS PENALMENTE POR ESOS HECHOS.

Como se dijo es razonable creer que según indica el artículo 317 del Código de Procedimientos Electorales del Estado, no se contempla la prueba testimonial esto no indica que la misma no sea admisible ante el Ministerio Público cuando la acción se trate de un delito y consecuentemente se puede ordenar la investigación y tomar las declaraciones el Ministerio Público de los Testigos que se indican en el documento notarial, ya que de existir, tal como se informa a la Autoridad Jurisdiccional y de igual manera que esos hechos PUEDAN SER DEBIDAMENTE ANALIZADOS y, en su caso se otorgue valor al multicitado (sic) acta y se investiguen este tipo de posibles Delitos que atacan a la validez del acto eleccionario en todos sus niveles.

Como ya se dijo el principio fundamental de la defensa de los Derechos Humanos consagrado en la Carta Magna impone la necesidad de un análisis basado en la INTREGRIDAD de los actos que pueden violentarlos y justamente los claros vicios de ilegalidad que se presentan en este acto eleccionario fundado en el básico derecho a SER ELEGIDO sostenido por la Constitución y los Tratados internacionales obliga a una clara revisión, de, incluso la legislación vigente ya que el compromiso de nuestro país se ve aumentado en virtud de que en ellos se expresa que la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 25 indica:(se transcribe)

Todo ello se ve reforzado por el artículo 8 que expresa que: (se transcribe)

Y la pregunta que surge es: ¿Cuándo fueron oídos los testigos de las violaciones de la validez de los votos emitidos? Pues nunca, ya que basándoos en que el Código no prevé la prueba testimonial se pretende dejar su valor de lado.

Podrá pensarse que por principio de legalidad no se puede agregar al proceso esta prueba porque al no estar prevista de ninguna manera puede ser admisible, lo cual si nos atenemos a un estricto criterio de legalidad puede ser aceptable pero lo cierto es que sus testimonios, plasmados en el Acta e incorporados de manera documental tal como SI LO PREVÉ LA LEGISLACIÓN fueron bebidamente integrados pero el criterio del Juzgador fue simplemente IGNORARLOS ya que como se puede apreciar JAMÁS SE LOS CONSIDERÓ EN LA SENTENCIA RECURRIDA PARA ESTABLECER SIQUIERA LA POSIBILIDA DE LA EXISTENCIA DE COMPRA O COACCIÓN DEL VOTO.

La realidad es que, como sabemos la misma agrupación política PRI/PVEM se encuentra hoy gravemente sospechada de estas acciones y otras como lavado de dinero tal como consta en las múltiples impugnaciones presentadas a nivel de la elección del Presidente de la República, misma que, recordemos se realizó en el mismo acto eleccionario del 1 de julio y la lógica nos lleva a pensar que si a Nivel Federal se puede investigar este hecho y el mismo puede ser causal de NULIDAD del acto a Nivel Municipal puede ocurrir exactamente lo mismo ya que es Obvio que si se compra un voto se compran todos los involucrados en la misma elección.

Regresando al punto de la necesidad de revisar esta resolución y retomando el punto de la legalidad debemos recordar que además si bien es cierto que las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Guanajuato pueden ser obligatorias, no es menos cierto que también existe Jerarquía normativa y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica el compromiso del cumplimiento de los tratados mismos que por estar insertos en su texto adquieren el mismo rango que la Carta Magna y en ese respecto la misma Convención multicitada expresa:(se transcribe el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos)

Pues bien, ante el palmario texto reproducido resulta claro que es momento que el Estado Mexicano y los de las Entidades Federativas reconozcan el derecho de amplitud probatoria ante la posible comisión de hechos que violentan el DERECHO A SER ELEGIDO por compra o coacción de voto y se declara la inaplicabilidad de la disposición del artículo 317 del Código de Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se integren las pruebas Testimoniales, si bien sea bajo la forma documental que fueron presentadas o bien se cite a los testigos para el examen directo de los Magistrados que hoy tienen a su cargo el presente resolutivo y dicho testimonio sean analizados debidamente y tenidos en cuenta para la ANULACIÓN DEL ACTOR ELECCIONARIO DEL 1 DE JULIO.

AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL RECUSO DE APELACIÓN

AGRAVIOS VERTIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

Ya hemos visto como, de manera concreta la sentencia impugnada resulta carente de fundamento en sus propios argumentos, ya que si bien es cierto que utiliza la Jurisprudencia, la misma es anterior a las más recientes reformas, sobre todo las constitucionales de Derechos Humanos y por ello inaplicable ya que las sentencias deben basarse en LEGISLACIÓN VIGENTE y obviamente JURISPRUDENCIA APLICABLE resulta que a la fecha no existe esta dictaminación judicial por lo novel de las reformas que se indican.

Por esta razón nos concretamos ahora en los derechos reconocidos en los Tratados internacionales signados por México.

Como el Pacto de San José, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ya hemos visto que en parte el texto del Pacto de San José de Costa Rica pero cabe en este punto desarrollar su contenido en lo que atañe a los derechos políticos y en ese punto expresa el artículo 23 que:

(se transcribe)

De manera concordante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa:

(se transcribe el artículo 25)

Tomemos entonces las dos palabras resaltadas en ambos textos:

Libremente y auténticas, según la resolución que hoy se impugna, no se podía analizar la compra y coacción de votos debidamente documentada, entonces, por simples factores técnicos, ya que la resolución siquiera toma en cuenta el acta notarial, las elecciones pude que no sean libres pero como hay manera de escuchar a los testigos parece ser que no importara sin son libres o no, el Código dice que no hay testigos y por ello dejamos el principio contenido en el Tratado de lado.

El segundo punto es auténticas, y es aquí donde surgen nuevamente las preguntas.

¿Puede ser auténtica una elección en la que se están impugnando 24 de las 57 casillas por estar mal instaladas en sus domicilios?

¿Puede ser auténtica una elección en la cual los errores de cómputo, sin bien de manera individual pueden ser menores, al contrastarlos con los resultados finales resultan en 221 votos cuando la diferencia es de sólo 73?

¿Para quién serían esos 221 votos que accidentalmente no coinciden en las actas?

¿Puedo anular esos 221 votos? ¿En su caso a quién se los quito? ¿Qué pasa con el resultado de la elección si los quito al primero?

¿Puede ser autentica una elección en la que se ha documentado y hay testigos de compra y coacción del voto?

Creo que estas son las preguntas que una verdadera sentencia basada en los principios de Ulpiano de dar a cada quien lo que le corresponde y no afectar a los demás debería de responder esto es:

1) ¿La elección es auténtica?

2) ¿Se está violentando el derecho a ser elegido de los recurrentes al validarse todas las irregularidades planteadas y demostradas por mínimas que parezcan de manera individual para cada casilla?

3) Por la seguridad jurídica de los propios electores: ¿No es mejor rehacer el acto eleccionario y en su caso evitar que la confusión jurídica se coloque en el gobierno al candidato incorrecto?

4) ¿Se puede asegurar que la voluntad popular de esos tres votantes por casilla que posiblemente no la encontraron porque no estaba exactamente instalada no iba a cambiar el rumbo del escrutinio?

5) ¿A quién favorecieron esos 221 presuntos errores que el A Quo pretende hacer pasar como un hecho menor?

6) ¿Recontar las boletas no sería en su caso validar esos errores que bien pudieron ser boletas agregadas a favor de un candidato?

7) ¿Cuál es la solución más justa para dar al Pueblo de Tarimoro el gobierno que merece?

Humildemente, esta parte entiende que son éstos los interrogantes que se debieron haber satisfecho en las sentencia de revisión planteada y que venimos hoy plantear ante este honorable pleno por medio de la presente APELACIÓN solicitando desde ya un análisis acucioso y detallado del mismo recurso original a la luz de todos los principios constitucionales y de los tratados internacionales expresados en este recurso.

En virtud de lo anteriormente expuesto se considera que los agravios esgrimidos en el presente ocurso traen como consecuencia la nulidad de las casillas que en el mismo se impugnan, pero además especialmente la NULIDAD DE TODO EL ACTO ELECCIONARIO razón por la cual se solicita a este H. Tribunal que, en su caso, ordene o realice el recuento TOTAL de la votación para la elección del Ayuntamiento realizado en Tarimoro, Guanajuato, el día 1 de julio de 2012 en términos del artículo 290 bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y reconsiderar que la gravedad de los hechos integrados a la presente pueda violentar el derecho humano a ser elegido en una elección auténtica, en su caso decrete la NULIDAD DEL ACTO ELECCIONARIO IMPUGNADO y ordene la celebración de uno nuevo en las fechas y condiciones legales que correspondan para, de esta manera tener la certeza de que el acto de elección de las autoridades municipales es AUTÉNTICO.

 Ya hemos visto como, de manera concreta la sentencia impugnada resulta carente de fundamento en sus propios argumentos, ya que si bien es cierto que utiliza la Jurisprudencia, la misma es anterior a las más recientes reformas, sobre todo las constitucionales de Derechos Humanos y por ello inaplicable ya que las sentencias deben basarse en LEGISLACIÓN VIGENTE y obviamente JURISPRUDENCIA APLICABLE resulta que a la fecha no existe esta dictaminación judicial por lo novel de las reformas que se indican.

Por esta razón nos concretamos ahora en los derechos reconocidos en los Tratados internacionales signados por México.

Como el Pacto de San José, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ya hemos visto que en parte el texto del Pacto de San José de Costa Rica pero cabe en este punto desarrollar su contenido en lo que atañe a los derechos políticos y en ese punto expresa el artículo 23 que:

(se transcribe)

De manera concordante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa:

(se transcribe el artículo 25)

Tomemos entonces las dos palabras resaltadas en ambos textos:

Libremente y auténticas, según la resolución que hoy se impugna, no se podía analizar la compra y coacción de votos debidamente documentada, entonces, por simples factores técnicos, ya que la resolución siquiera toma en cuenta el acta notarial, las elecciones pude que no sean libres pero como hay manera de escuchar a los testigos parece ser que no importara sin son libres o no, el Código dice que no hay testigos y por ello dejamos el principio contenido en el Tratado de lado.

El segundo punto es auténticas, y es aquí donde surgen nuevamente las preguntas.

¿Puede ser auténtica una elección en la que se están impugnando 24 de las 57 casillas por estar mal instaladas en sus domicilios?

¿Puede ser auténtica una elección en la cual los errores de cómputo, sin bien de manera individual pueden ser menores, al contrastarlos con los resultados finales resultan en 221 votos cuando la diferencia es de sólo 73?

¿Para quién serían esos 221 votos que accidentalmente no coinciden en las actas?

¿Puedo anular esos 221 votos? ¿En su caso a quién se los quito? ¿Qué pasa con el resultado de la elección si los quito al primero?

¿Puede ser autentica una elección en la que se ha documentado y hay testigos de compra y coacción del voto?

Creo que estas son las preguntas que una verdadera sentencia basada en los principios de Ulpiano de dar a cada quien lo que le corresponde y no afectar a los demás debería de responder esto es:

1) ¿La elección es auténtica?

2) ¿Se está violentando el derecho a ser elegido de los recurrentes al validarse todas las irregularidades planteadas y demostradas por mínimas que parezcan de manera individual para cada casilla?

3) Por la seguridad jurídica de los propios electores: ¿No es mejor rehacer el acto eleccionario y en su caso evitar que la confusión jurídica se coloque en el gobierno al candidato incorrecto?

4) ¿Se puede asegurar que la voluntad popular de esos tres votantes por casilla que posiblemente no la encontraron porque no estaba exactamente instalada no iba a cambiar el rumbo del escrutinio?

5) ¿A quién favorecieron esos 221 presuntos errores que el A Quo pretende hacer pasar como un hecho menor?

6) ¿Recontar las boletas no sería en su caso validar esos errores que bien pudieron ser boletas agregadas a favor de un candidato?

7) ¿Cuál es la solución más justa para dar al Pueblo de Tarimoro el gobierno que merece?

Humildemente, esta parte entiende que son éstos los interrogantes que se debieron haber satisfecho en las sentencia de revisión planteada y que venimos hoy plantear ante este honorable pleno por medio de la presente APELACIÓN solicitando desde ya un análisis acucioso y detallado del mismo recurso original a la luz de todos los principios constitucionales y de los tratados internacionales expresados en este recurso.

En virtud de lo anteriormente expuesto se considera que los agravios esgrimidos en el presente ocurso traen como consecuencia la nulidad de las casillas que en el mismo se impugnan, pero además especialmente la NULIDAD DE TODO EL ACTO ELECCIONARIO razón por la cual se solicita a este H. Tribunal que, en su caso, ordene o realice el recuento TOTAL de la votación para la elección del Ayuntamiento realizado en Tarimoro, Guanajuato, el día 1 de julio de 2012 en términos del artículo 290 bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y reconsiderar que la gravedad de los hechos integrados a la presente pueda violentar el derecho humano a ser elegido en una elección auténtica, en su caso decrete la NULIDAD DEL ACTO ELECCIONARIO IMPUGNADO y ordene la celebración de uno nuevo en las fechas y condiciones legales que correspondan para, de esta manera tener la certeza de que el acto de elección de las autoridades municipales es AUTÉNTICO.

MAGISTRADO PRESIDENTE

RUBÉN ENRIQUE BECERRA ROJASVÉRTIZ

MAGISTRADA

BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO

MAGISTRADA

GEORGINA REYES ESCALERA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

GUILLERMO SIERRA FUENTES