Monterrey, Nuevo León, a diez de septiembre de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que confirma la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en el expediente TECZ-JE-54/2021, que revocó el acuerdo por el cual el Comité Municipal de Francisco I. Madero realizó la asignación de regidurías de representación proporcional, al estimarse que fue conforme a derecho la asignación realizada por el Tribunal responsable, de acuerdo al orden de prelación presentado por el Partido Verde Ecologista de México ante el citado Comité Municipal, a partir de la persona que aparecía en la primera posición, sin excluir a la candidatura a la Sindicatura de primera minoría, porque fue realizada conforme a lo establecido en el artículo 19, numeral 6, del Código Electoral de ese Estado, cuya reforma tuvo como finalidad restringir el acceso a regidurías por el citado principio, únicamente, a las candidaturas a presidencias municipales.

1.        ANTECEDENTES

Las fechas señaladas corresponden a dos mil veintiuno, salvo distinta precisión.

1.1.           Inicio del proceso electoral.  El uno de enero dio inicio el Proceso electoral local ordinario para la renovación de los treinta y ocho Ayuntamientos que conforman el estado de Coahuila de Zaragoza.

1.2.           Registro de candidaturas. Del veinticinco al veintinueve de marzo se llevaron a cabo los registros de candidaturas ante el Comité Municipal, el tres de abril, se emitieron las constancias correspondientes.

1.3.           Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar, entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento. 

1.4.           Cómputo municipal. El nueve siguiente, el Comité Municipal concluyó el cómputo, declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por MORENA.

1.5.           Acuerdo IEC/CMEFIM/039/2021. En la misma fecha, el citado Comité emitió el acuerdo mediante el cual aprobó la asignación de la Sindicatura a favor de Javier Saúl González Amador, candidato de la Coalición PRI-PRD, y cuatro regidurías de RP al PRI, una al Partido Verde y una a la planilla de la candidatura independiente.

1.6.           Juicio electoral local [TECZ-JE-54/2021]. En desacuerdo, el doce de junio, el PRI promovió juicio electoral ante el Tribunal Local.

1.7.           Resolución impugnada. El once de agosto, el Tribunal responsable dictó sentencia en la que revocó el acuerdo impugnado y ordenó al Comité Municipal emitir un nuevo acuerdo conforme a los efectos precisados en la ejecutoria.

1.8.           Juicio federal [SM-JRC-209/2021]. El quince de agosto, inconforme con lo decidido, el actor promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer el presente juicio de revisión constitucional electoral, toda vez que se controvierte una resolución dictada por el Tribunal Local relacionada con la asignación de regidurías de RP para el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 176, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3.     PROCEDENCIA

El presente juicio de revisión constitucional electoral satisface los requisitos generales y especiales de procedencia, previstos en los artículos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 86 y 88, de la citada Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

3.1. Requisitos generales

3.1.1.    Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, se precisa el partido político actor, el nombre y firma de quien promueve en su representación, la resolución que controvierte, se mencionan hechos, agravios y las disposiciones constitucionales presuntamente no atendidas.

3.1.2.    Oportunidad. Se presentó dentro del plazo legal de cuatro días, toda vez que la resolución impugnada se dictó el once de agosto y el juicio se promovió el quince siguiente[1].

3.1.3.    Legitimación. El promovente está legitimado por tratarse de un partido político nacional con registro en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

3.1.4.    Personería. La compareciente cuenta con la personería suficiente para promover este juicio en nombre del Partido Verde, por ser su representante propietaria ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, lo cual acredita con la constancia expedida por el Secretario Ejecutivo de ese órgano administrativo electoral[2].

3.1.5.    Interés jurídico. Se cumple este requisito porque el partido actor pretende que se revoque la resolución dictada por el Tribunal Local en el expediente TECZ-JE-54/2021, que revocó el Acuerdo IEC/CMEFIM/039/2021 del Comité Municipal relativo a la asignación de la Sindicatura y regidurías de RP y le ordenó emitir un nuevo en el que analizara si ciertas candidaturas cumplían con los requisitos de elegibilidad para ocupar las regidurías y, una vez que tuviera la conformación definitiva de las asignaciones de RP del Ayuntamiento, otorgara las constancias respectivas, lo cual considera contrario a Derecho.

3.2. Requisitos especiales

3.2.1. Definitividad. La sentencia reclamada es definitiva y firme, porque en la legislación electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza no existe otro medio de impugnación que deba agotarse previo a la promoción del presente juicio.

3.2.2. Violación a preceptos constitucionales. Se cumple con este presupuesto, pues se alega la vulneración a los artículos 1, 6, 7, 14, 16, 17, 35, fracción II, 41, fracciones I y VI, 115, fracción VIII, y 116 de la Constitución Federal. Además, este requisito debe entenderse en un sentido formal, como requisito de procedencia y como un análisis propiamente de los agravios expuestos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio[3].

3.2.3. Violación determinante. Se considera satisfecho este requisito, porque se controvierte la sentencia emitida por el Tribunal Local, en la que se ordenó al Comité Municipal la modificación en la asignación de regidurías por RP, por lo que, de asistirle razón al partido actor, la decisión incidiría en la conformación del Ayuntamiento.

3.2.4. Posibilidad jurídica y material de la reparación solicitada. La reparación solicitada es viable, toda vez que, de estimarse favorable la pretensión del partido actor, se podría revocar la resolución impugnada y ordenar que se subsanen las afectaciones presuntamente ocasionadas, tomando en consideración que el asunto está relacionado con la asignación de regidurías por RP y la toma de posesión de los integrantes del Ayuntamiento será el uno de enero de dos mil veintidós[4].

4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. Materia de la controversia

El presente juicio tiene origen en el Acuerdo IEC/CMEFIM/039/2021, emitido por el Comité Municipal, a través del cual realizó la asignación de Sindicatura y regidurías de RP del municipio de Francisco I. Madero, que dispone de una Sindicatura y seis regidurías por RP, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Inconforme, el PRI promovió juicio electoral ante el Tribunal Local, al estimar que el Comité Municipal vulneró el principio de autodeterminación, dado que, indebidamente, modificó la posibilidad que tienen los partidos políticos para fijar el orden de prelación para la asignación de la Sindicatura y las regidurías de RP.

Ello, porque omitió tomar en consideración la reforma al artículo 19 del Código Electoral, que prevé que los partidos políticos pueden establecer el orden de la Sindicatura, así como de las regidurías de RP de manera diferente al lugar en el que se encontraban en la lista de mayoría relativa.

Asimismo, alegó que el Acuerdo IEC/CMEFIM/039/2021 estaba indebidamente fundado y motivado, pues se sustentó en un precepto normativo que perdió vigencia, así como diversos precedentes que ya no resultaban aplicables, justamente con motivo a la reforma realizada al Código Electoral.

4.1.1. Resolución impugnada

El Tribunal Local revocó el Acuerdo IEC/CMEFIM/039/2021 y ordenó al Comité Municipal emitir un nuevo acuerdo conforme a las consideraciones contenidas en la resolución, para ello debía analizar si ciertas candidaturas cumplían con los requisitos de elegibilidad para ocupar las regidurías y una vez que tuviera la conformación definitiva de las asignaciones de RP del Ayuntamiento, otorgara las constancias respectivas.

Para ello, el Tribunal Local consideró, en esencia, que el Comité Municipal indebidamente asignó la Sindicatura a la Coalición PRI-PRD, ya que después de la etapa de resultados y de la declaración de validez de la elección, éstas terminan automáticamente, por lo que dicho cargo le correspondía a la segunda fuerza política, con independencia de las coaliciones y de la posición que éstas hubieren ocupado en los resultados comiciales.

De ahí que, concluyó que si bien Javier Saúl González Amador, debía permanecer en la Sindicatura, es porque fue propuesto por la segunda fuerza política PRI en la Lista de preferencia y no en atención a la planilla de mayoría relativa aprobada a la Coalición PRI-PRD.

Asimismo, estimó que el Comité Municipal alteró el orden de prelación de la lista presentada por el PRI, al asignar una regiduría a Valentina Sarahí Alcalá Méndez, quien no estaba en la Lista de preferencia de dicho partido político, por lo que revocó ese nombramiento, para posteriormente realizar la asignación correcta.

Por otra parte, realizó la asignación del resto de regidurías por RP a fin de garantizar la paridad en la conformación del Ayuntamiento. Al respecto, precisó que, contrario a lo considerado por el Comité Municipal, para la asignación de la tercera fuerza política debía seguirse el orden de la Lista de preferencia con independencia que en el formato diga Sindicatura y primera regiduría, pues dicha distinción sólo es relevante cuando se trata de la segunda fuerza política.

Lo anterior, en el entendido de que la Lista de preferencia debe entenderse de forma uniforme, no segmentada por cargos, sino en atención al orden como aparecen las personas anotadas, pues la frase en su caso, prevista en el artículo 19, numeral 6, del Código Electoral[5], no se traduce en una exclusión de la Sindicatura para participar en la asignación de regidurías de RP[6].

Derivado de lo anterior, el Tribunal Local procedió a realizar la asignación de regidurías de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, numeral 4, del Código Electoral[7], para lo cual precisó que se llevaría a cabo entre el PRI, el Partido Verde y una candidatura independiente, por haber alcanzado por lo menos el 3% (tres por ciento) de la votación valida obtenida, sin alterar el número de asignaciones y repartición a cada uno[8].

De ahí que efectuó el análisis y modificación de la asignación hecha por el Comité Municipal, para lo cual primero trajo a colación las listas de RP presentadas por el PRI, el Partido Verde y la candidatura independiente y, posteriormente, contrastó con el orden de prelación utilizado por la autoridad electoral, como se muestra a continuación:

PRI

Partido Verde

Candidatura independiente

Asignación de regidurías realizada por el Comité Municipal:

De lo anterior, el Tribunal Local advirtió que el Comité Municipal no respetó el orden de prelación propuesto por los partidos políticos y la candidatura independiente, asimismo, asignó una regiduría a una persona que no corresponde a los primeros lugares de las listas presentadas ante la autoridad administrativa electoral.

Por lo que, procedió a llevar a cabo la asignación de las regidurías por RP del Ayuntamiento, conforme al Código Electoral, para quedar como sigue:

De ahí que, entre otras cuestiones, se modificaron las regidurías asignadas al PRI en la fase de cociente natural y resto mayor; la asignación a la tercera fuerza política fue para el Partido Verde por porcentaje específico, en favor de Martha Laurice Reyes Alvarado, quien estaba en el primer lugar de la Lista de preferencia, en lugar de David González Rodríguez quien se encontraba en el segundo lugar y; respecto a la CI, le correspondió una regiduría por porcentaje especifico.

4.2. Planteamiento ante esta Sala

En el presente juicio, el partido actor hace valer, en esencia, los siguientes motivos de disenso:

a)     Alega que la autoridad responsable inaplicó el contenido del artículo 19, numeral 6, del Código Electoral, que establece una distinción entre la Sindicatura y las regidurías, por lo que la asignación debe realizarse conforme al cargo, ello de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal[9].

b)     El Tribunal Local no tomó en consideración los demás requisitos que establece el Código Electoral, como lo es la aceptación de la candidatura, ya que, en el caso, el formato 4 señala que el cargo es de Sindicatura, cuyas funciones son distintas a las de regiduría, por lo que no es posible participar en ambas asignaciones.

c)     El Tribunal Local vulnera la autodeterminación del Partido Verde, pues de manera oficiosa y sin estar facultado para ello, estableció que el orden de prelación iniciaba a partir de la Sindicatura y no de la primera regiduría y, en contra de su voluntad, le asignó la tercera regiduría a Martha Laurice Reyes Alvarado, en lugar de David González Rodríguez, en todo caso, debió requerir la ratificación de las listas de RP a los partidos políticos.

4.2. Cuestión a resolver

A partir de lo expuesto en este juicio, le corresponde a esta Sala Regional, como órgano revisor, determinar si fue correcto que el Tribunal Local revocara el Acuerdo IEC/CMEFIM/039/2021 y modificara la asignación de regidurías por RP, con base en que el orden de prelación presentado por los partidos políticos ante el Comité Municipal debe considerar y comenzar a partir de la Sindicatura.

Para ello, los agravios planteados se analizarán de manera conjunta.

4.3. Decisión

A juicio de esta Sala Regional debe confirmarse la resolución dictada por el Tribunal Local, toda vez que se considera conforme a derecho la asignación de regidurías de RP realizada por la autoridad responsable, de acuerdo al orden de prelación presentado por el Partido Verde ante el Comité Municipal, a partir de la persona que aparecía en la primera posición, sin excluir a la candidatura a la Sindicatura, porque dicha asignación fue conforme a lo establecido en el artículo 19, numeral 6, del Código Electoral, cuya reforma tuvo como única finalidad restringir el acceso a las regidurías por el citado principio, sólo a las candidaturas a presidencias municipales.

4.4. Justificación de la decisión

4.4.1. Fue conforme a derecho la asignación de regidurías por RP del Ayuntamiento llevada a cabo por el Tribunal Local, al seguir el orden de prelación propuesto por los partidos políticos sin excluir a la candidatura a la Sindicatura.

Marco normativo

El artículo 158-K de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento, integrado por una presidencia municipal y el número de sindicaturas y regidurías determinados por la ley; asimismo, establece que la ley de la materia introducirá el principio de RP en la elección de los Ayuntamientos[10].

En ese sentido, el artículo 14, numeral 2, del Código Electoral, establece que cada municipio estará gobernado por un Ayuntamiento y sus integrantes serán electos conforme al sistema de mayoría relativa y RP[11].

Del ordenamiento electoral local en cita, destaca su artículo 19, numeral 2, inciso b), el cual prevé que, conforme al principio de RP en los Ayuntamientos, se asignará una sindicatura a la opción política que se constituya como la primera minoría [segundo lugar de la votación en la elección de que se trate][12].

Luego, conforme al mencionado artículo 19, numeral 4, incisos a), b) y c), las regidurías de los Ayuntamientos por el sistema de RP se asignarán conforme la fórmula que la Legislatura local establezca para esa finalidad[13].

Así, para el corrimiento de la fórmula prevista por el Código Electoral, en su artículo 19, numeral 6, se contempla que el otorgamiento de las regidurías de RP y, en su caso, la sindicatura, se asignaría de entre aquellas candidaturas propietarias, que en sus respectivas planillas postulen los partidos políticos o coaliciones, siguiendo el orden de prelación establecido por cada partido político en la lista que estos presentaron ante la autoridad administrativa electoral[14].

Finalmente, conforme al artículo 37, de los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para los procesos electorales locales en el Estado de Coahuila de Zaragoza, emitidos por el Instituto Electoral de Coahuila, los partidos políticos que participaron en las elecciones para renovar los Ayuntamientos registraron una Lista de preferencia, integrada por las candidaturas postuladas en su planilla de MR, siguiendo para tal efecto, el orden de prelación que cada instituto político estableció en su listado[15].

Reforma al artículo 19, numeral 6, del Código Electoral respecto la asignación de cargos de RP para integrar los Ayuntamientos.

El primero de octubre de dos mil veinte, la Legislatura local reformó diversos artículos del Código Electoral, entre ellos, el artículo 19, numeral 6[16], con la finalidad de que las candidaturas a las presidencias municipales de los Ayuntamientos no accedieran a la asignación de regidurías de RP.

En la exposición de motivos de la reforma[17] se estableció que dicho ajuste derivó de que el sistema legal hasta entonces vigente afectaba la gobernabilidad de los Ayuntamientos, porque la candidatura postulada a la presidencia municipal era considerada en el primer lugar de la Lista de preferencia que se tomaría como base para la asignación de regidurías de RP.

En concreto, se pretendió excluir de la asignación de regidurías de RP a las candidaturas propuestas a las presidencias municipales por las distintas opciones políticas que contendieron en la elección respectiva[18].

Lo anterior, pues desde la perspectiva de la Legislatura local, el diseño anterior dificultaba la operatividad en la toma de decisiones de los órganos municipales, por tanto, únicamente dos cargos podían tener presencia en la asignación de RP en los Ayuntamientos: sindicaturas y regidurías[19].

Asimismo, el dictamen aprobado por la Legislatura local, el treinta de septiembre de dos mil veinte[20], puntualizó que el propósito de la mencionada reforma fue, como se ha indicado, eliminar que el primer lugar de la Lista de preferencia para acceder a cargos de RP, presentada por las opciones políticas para integrar los Ayuntamientos, lo ocupara la candidatura postulada a la presidencia municipal[21], con lo cual la reforma tuvo como propósito final que estas no participaran en la asignación de dichos cargos en los referidos órganos municipales.

En criterio de esta Sala, analizados los documentos de referencia, esa fue la razón principal por la cual se buscó establecer que la asignación de las regidurías de RP que se efectuara consideraría, en su caso, a las personas propuestas en la lista para ocupar una Sindicatura -siempre que no les correspondiera la de primera minoría-, y las que en la lista se relacionaron para ocupar las distintas regidurías, excluyendo únicamente a la candidatura postulada a la presidencia municipal[22].

Caso concreto.

El partido actor argumenta que la autoridad responsable inaplicó el contenido del artículo 19, numeral 6, del Código Electoral, que establece una distinción entre la Sindicatura y las regidurías, por lo que la asignación debe realizarse conforme al cargo, ello acorde con la jurisprudencia 13/2005 emitida por la Sala Superior de este Tribunal[23].

Asimismo, sostiene que el Tribunal Local no tomo en consideración los demás requisitos que establece el Código Electoral, como lo es la aceptación de la candidatura, ya que, en el caso, el formato 4 señala que el cargo es de Sindicatura, cuyas funciones son distintas a las de regiduría, por lo que no es posible participar en ambas asignaciones.

Son infundados los agravios planteados por el partido actor.

De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo, el artículo 19, numeral 4, incisos a), b) y c), del Código Electoral establece que la asignación de regidurías de RP debe efectuarse, en primer lugar, conforme a la fórmula de porcentaje específico, cociente natural y resto mayor.

Definida la cantidad de regidurías que las opciones políticas tienen derecho a ocupar por RP, el citado precepto normativo establece. en su numeral 6, que las regidurías de RP y, en su caso, la Sindicatura, se asignarán de entre aquellas candidaturas propietarias, que en sus respectivas planillas postulen los partidos políticos o coaliciones, siguiendo el orden de prelación establecido por cada partido político en la Lista de preferencia.

En ese sentido, debe entenderse que, tratándose de regidurías de RP o en su caso, sindicaturas de primera minoría, éstas deben asignarse de entre las listas de candidaturas propuestas por los partidos políticos, siguiendo indefectiblemente el orden de prelación establecido en la Lista de preferencia registrada ante la autoridad administrativa electoral.

Es decir, el Código Electoral es claro en establecer la imposibilidad de cambiar el orden de la lista, sin que se indique algún tipo de exclusión del orden de la totalidad de personas que conforman las listas, atendiendo al cargo con el que se relaciona cada persona en la propia lista, pues como se ha explicado, la intención de la Legislatura local con la reforma fue únicamente la de excluir de la citada lista, a las candidaturas postuladas a la presidencia municipal.

En efecto, de la normativa electoral local vigente se advierte que se permite a sindicaturas y regidurías de la Lista de preferencia participar de la asignación de regidurías, sin excluir de la lista a las candidaturas que apareciendo en primer lugar, son propuestas al cargo de Sindicatura, porque si bien es verdad, dicho cargo se ocupará por aquella persona propuesta por la fuerza política que quede en un segundo lugar, las listas se presentan con antelación y esa definición es posterior, de ahí que, claramente las listas de preferencia se dividan o distingan por cargos, sin que esto se traduzca en una postulación concreta para un cargo específico.

En ese sentido, al revolverse el expediente SM-JRC-2/2017, esta Sala determinó que el Código Electoral sólo impide la participación en la asignación de regidurías por RP a la candidatura a sindicatura electa por mayoría correspondiente al partido político vencedor y a la Sindicatura otorgada de forma directa a la opción política que obtuvo el segundo lugar en la elección, sin embargo, cuando se trate de la tercera fuerza política en adelante, se debe seguir el orden de prelación propuesto por los partidos políticos, lo que incluye a la candidatura a la Sindicatura.

Por lo tanto, la asignación de regidurías de RP debe realizarse acorde al orden establecido en la Lista de preferencia registrada por los partidos políticos ante la autoridad administrativa electoral, con base en el nombre de la persona que aparezca en la primera posición y no el cargo, ya que la reforma del artículo 19, numeral 6, del Código Electoral, tuvo como única finalidad restringir el acceso de la candidatura a la presidencia municipal a una regiduría por dicho principio.

Así, de acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala Regional al resolver los diversos SM-JDC-649/2021 y SM-JDC-695/2021, y como se asentó en el marco normativo, la intención del legislador al reformar el numeral 6, del artículo 19 del Código Electoral, no fue otra si no excluir, únicamente, a las candidaturas a las presidencias municipales de acceder a regidurías de RP.

Ello, debido a que la candidatura a la presidencia municipal se consolidaba en la primera posición de la Lista de preferencia presentada por los partidos ante la autoridad administrativa electoral, lo que ocasionaba que en automático les fuera asignada una regiduría, lo cual a juicio del Legislador local dificultó la operatividad en la toma de decisiones de los Ayuntamientos.

Así, como se adelantó, son infundados los planteamientos del partido actor cuando sostiene que la asignación de regidurías debe ser exclusivamente para quienes se postularon a dicho cargo, al existir una clara distinción con las sindicaturas por tener funciones distintas, ya que el precepto legal en cita no hace distingo entre la candidatura a la sindicatura por minoría y las regidurías de RP, pues la frase en su caso implica que bajo ciertas circunstancias se asigne a las sindicaturas de minoría alguna regiduría.

Es de destacar que la jurisprudencia invocada por el Partido Verde[24] no resulta aplicable al caso en concreto, debido a que el criterio perfilado por la Sala Superior derivó de una interpretación del artículo 201, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo contenido es diferente al del diverso artículo 19, numeral 6, del Código Electoral, tal como se puede apreciar de la comparación entre ambos:

Como se desprende de las citadas porciones normativas, la legislación electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave sólo refiere a las candidaturas a regidurías, mientras que, en el Código Electoral, se mencionan tanto a las regidurías como a la Sindicatura, razón por la que contemplan supuestos distintos. De ahí que, no resulta aplicable la jurisprudencia aludida por el partido actor al presente caso, máxime que como ha sido expuesto, ha sido voluntad del legislador local excluir, únicamente, a las candidaturas a las presidencias municipales de la asignación de regidurías de RP.

Por otro lado, es ineficaz el agravio planteado en el sentido de que el Tribunal Local vulneró la autodeterminación del Partido Verde, al asignar la tercera regiduría por RP a Martha Laurice Reyes Alvarado candidata a la Sindicatura, en lugar de David González Rodríguez, candidato a la primera regiduría, pues lo hace depender de aquel por el cual sostuvo que las candidaturas registradas en las listas de preferencia sólo participan por el cargo para el cual fueron postuladas, empero, como ha quedado evidenciado, tal razonamiento es incorrecto en atención a las consideraciones antes expuestas.

Máxime, que esta Sala estima que el Tribunal Local sí respetó la voluntad del partido actor, dado que no alteró el orden de las personas propuestas en el listado de prelación registrado ante el Comité Municipal, sino al contrario, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Electoral asignó la tercera regiduría a la persona que encabezaba la lista registrada por el propio partido político.

Así, a partir de la interpretación dada por el Tribunal Local al artículo 19, numeral 6, del Código Electoral, con la cual esta Sala Regional coincide por lo que hace a dicho cargo, es que se confirma la garantía de respetar el orden de prelación que, en el caso, el Partido Verde definió al integrar y registrar su Lista de preferencia ante el Comité Municipal.

Finalmente, es ineficaz el argumento relativo a que el Tribunal Local debió requerir la ratificación de las listas de RP a los partidos políticos antes de realizar la asignación, puesto que para ello se siguió el orden de prelación registrado por éstos ante el Comité Municipal, siendo innecesario solicitarles corroborar por segunda ocasión la decisión aprobada por los órganos interpartidistas competentes al no existir disposición legal que prevea dicho supuesto.

Por lo aquí razonado, al haberse desestimado los agravios del partido actor, lo procedente es confirmar la resolución controvertida.

5. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación remitida por el tribunal responsable.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.