ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SM-JRC-219/2024

PARTE ACTORA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESPONSABLE: MAGISTRATURA INSTRUCTORA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIO: SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ  

COLABORÓ: OSCAR DANIEL GONZÁLEZ ELIZONDO

Monterrey, Nuevo León, a 3 de julio de 2024.

Resolución de la Sala Monterrey que considera improcedente el juicio promovido por el PAN, porque este órgano constitucional únicamente puede revisar las controversias de las cuales se han agotado las instancias previas ante los tribunales locales u órganos de justicia partidista, salvo las excepciones reconocidas jurisprudencialmente y, en el caso, se reclama la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo por la Magistrada instructora del Tribunal de Nuevo León, mediante la cual determinó no admitir las pruebas vía informe ofrecidas por la Coalición, al estimar que no se demostró que dichos elementos probatorios hayan sido solicitados por la representación legal de la coalición o por su candidatura, sino por diversas personas, acto que debe ser revisado, en primer lugar, por el Pleno de dicho Tribunal, de manera que, al estar debidamente identificada la impugnación, se reencauza la demanda a dicho órgano jurisdiccional local, para que se pronuncie respecto a los planteamientos del impugnante.

Glosario

Competencia

Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio promovido en contra de la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo por la Magistrada instructora del Tribunal de Nuevo León, mediante la cual determinó no admitir las pruebas vía informe ofrecidas por la Coalición, relacionadas con la impugnación a los resultados de la elección del ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

Antecedentes[2]

I. Hechos contextuales de la controversia

1. El 4 de octubre de 2023, inició el proceso electoral 2023-2024 en el estado de Nuevo León, en el cual se renovarían los Ayuntamientos, así como los cargos a Diputaciones Locales.

2. El 30 de marzo de 2024[3], se aprobaron los registros de las planillas de candidaturas para la renovación del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, entre otros, a Héctor Israel Castillo Olivares de la Coalición y Jesús Ángel Nava Rivera de MC.

3. El 2 de junio, se llevó a cabo la jornada electoral en el referido municipio, para la renovación, entre otros, del Ayuntamiento antes mencionado.

4. El 5 de junio, inició la sesión de cómputo y validez en la comisión municipal respectiva, misma que concluyó el 7 de junio siguiente, en la cual se entregó la constancia de mayoría al candidato postulado por MC.

II. Instancia local

1. En desacuerdo, el 12 de junio, la Coalición, El PAN y Héctor Israel Castillo Olivares promovieron juicio de inconformidad a fin de solicitar la nulidad de la votación en diversas casillas, así como la nulidad de la elección del ayuntamiento en Santa Catarina, Nuevo León.

2. El 15 siguiente, el Tribunal de Nuevo León admitió el juicio de inconformidad y señaló fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos (JI-163/2024 y sus acumulados).

3. El 25 de junio, la Magistrada instructora desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, en la que no admitió distintas pruebas vía informe ofrecidas por la parte promovente.

III. Instancia federal

Inconforme, el 29 de junio, el PAN presentó juicio de revisión constitucional electoral, directamente, ante esta Sala Monterrey, en contra de la determinación de la Magistrada instructora del Tribunal de Nuevo León.

Reencauzamiento de la demanda al Tribunal de Nuevo León

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera improcedente el juicio promovido por el PAN, porque este órgano constitucional únicamente puede revisar las controversias de las cuales se han agotado las instancias previas ante los tribunales locales u órganos de justicia partidista, salvo las excepciones reconocidas jurisprudencialmente y, en el caso, se reclama la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo por la Magistrada instructora del Tribunal de Nuevo León, mediante la cual determinó no admitir las pruebas vía informe ofrecidas por la Coalición, al estimar que no se demostró que dichos elementos probatorios hayan sido solicitados por la representación legal de la coalición o por su candidatura, sino por diversas personas, acto que debe ser revisado, en primer lugar, por el Pleno de dicho Tribunal, de manera que, al estar debidamente identificada la impugnación, se reencauza la demanda a dicho órgano jurisdiccional local, para que se pronuncie respecto a los planteamientos del impugnante.

Apartado II. Justificación o desarrollo de la decisión

1.1. Marco jurídico sobre el deber de agotar las instancias previas

La Constitución General establece que los juicios o recursos serán procedentes cuando cumplan, entre otros requisitos, el de agotar las instancias de solución de conflictos (artículo 99, párrafo cuarto, fracción V[4]).

En ese sentido, la legislación electoral establece que, por regla general, los medios de impugnación electorales sólo pueden estudiarse cuando se agoten las instancias previas establecidas por las leyes federales, locales y normas partidistas (artículos 10, párrafo 1, inciso d, y 80, párrafo 2, de la Ley de Medios de Impugnación[5]).

Ello, porque, en términos generales, las instancias legales o partidarias, juicios o recursos previos, son instrumentos aptos para reparar las violaciones que afectan a las personas.

En ese sentido, dicha regla también es aplicable para los acuerdos u omisiones de una magistratura que actúa en su calidad de presidencia o instructora de un Tribunal Electoral de una entidad federativa, de modo que, cuando se reclama una actuación por parte de la magistratura que preside o instruye el asunto en la instancia local, en principio, lo procedente es que sea el Pleno del Tribunal el que conozca de esa impugnación.

Lo anterior, en atención al principio general que reconoce en el Pleno de los órganos colegiados la atribución de revisar las resoluciones de las magistraturas instructoras o de la presidencia, especialmente, porque el análisis puede estar vinculado no sólo con su legalidad, sino con aspectos trascendentales para la sustanciación del juicio[6].

1.2. Excepción al deber de agotar instancias previas

No obstante, existen ciertas excepciones a ese deber de agotar las instancias previas, entre otras, cuando el agotamiento de la instancia local o medios legales impliquen la merma o extingan irreparablemente los derechos en cuestión[7].

En ese sentido, en caso de no cumplirse con el principio de definitividad y no actualizarse alguna excepción al mismo, el medio de impugnación no será procedente.

2. Caso concreto

En el asunto que se analiza, la Magistrada instructora del Tribunal de Nuevo León determinó no admitir distintas pruebas vía informe ofrecidas por la Coalición, al estimar que no se demostró que dichos elementos probatorios hayan sido solicitados por la representación legal de la Coalición o por su candidatura, sino por diversas personas.

Frente a ello, el PAN alega, en esencia, que fue incorrecto que la Magistrada instructora, de manera unitaria, no admitiera diversas pruebas bajo la consideración central de que la parte actora no tenía legitimación, pues dicha determinación debió realizarse por el Pleno del Tribunal Local.

3. Valoración

3.1. Falta de instancia previa

En atención a lo expuesto, si en el caso se impugna una audiencia llevada a cabo por una Magistratura instructora, en la que no admitió diversas pruebas, resultaba procedente que, en primer lugar, el Pleno del Tribunal de Nuevo León estuviera en condiciones de revisar ese acto, porque de esa manera se observa y garantiza sistemáticamente el principio de agotar las instancias previas y el derecho de acceso a la justicia.

Lo anterior porque, el impugnante tiene el deber de agotar cualquier recurso o juicio a través del cual, previamente, puede analizarse la controversia y, en el caso, debe entenderse implícita la existencia de un medio de impugnación ante el Pleno del Tribunal de Nuevo León para revisar los acuerdos de las magistraturas en lo individual.

Aunado a que, al reconocerse previamente la existencia de un recurso o juicio y ordenarse el reencauzamiento de la impugnación, se logra garantizar la protección del derecho de acceso a la justicia del impugnante que ha impulsado esta Sala Monterrey y, con ello, sistematizar el principio constitucional que impone el deber de agotar las instancias previas con el derecho de acceso a la justicia.

Esto es así, pues al permitir que sea el propio Pleno del Tribunal Local el que conozca en primera instancia de las posibles transgresiones a las reglas procesales que rigen el medio de impugnación en la instancia estatal, permite la depuración del proceso, así como el respeto al derecho de acceso a la justicia de forma pronta pues, al resolverse en la instancia local cualquier irregularidad, se evitan posibles reposiciones innecesarias del procedimiento.

Por tanto, si el Tribunal de Nuevo León es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia en el ámbito local y le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las controversias electorales, resulta claro que el referido tribunal tiene total potestad para que, en Pleno, conozca del medio de impugnación y se pronuncie conforme a Derecho proceda, sobre todo si el acto impugnado deriva de alguna determinación de una Magistratura integrante, en su carácter de instructora.

Sin que obste que la previsión de un recurso o juicio para revisar los actos de las magistraturas en lo individual por parte del Pleno sea expresa o implícita en el sistema, porque esta interpretación favorece la línea jurisprudencial y una visión federal del Estado Mexicano, que el máximo Tribunal de la materia ha sustentado, al orientar hacia la preferencia de las interpretaciones que favorecen las lecturas que permiten la resolución de las controversias en el ámbito local[8] y, en todo caso, ante la falta de previsión normativa, le corresponderá a la autoridad local establecer las reglas para analizar la inconformidad en contra de actos de carácter procesal.

3.2. Reencauzamiento para garantizar el derecho de acceso a la justicia

Esta Sala Monterrey considera que, como se anticipó, al encontrarse identificado el acto que el PAN estima indebido y los motivos que señala le generan un perjuicio, conforme al derecho fundamental de acceso a la justicia previsto por el artículo 17, de la Constitución General, lo procedente es reencauzar la demanda al Pleno del Tribunal de Nuevo León.

Apartado III. Efectos de esta decisión

1. Se vincula al Pleno del Tribunal de Nuevo León para que conozca y resuelva el medio de impugnación conforme a sus atribuciones, dentro del plazo establecido en la ley.

Lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Monterrey dentro de las 24 horas posteriores a que emita la resolución y remitir las constancias que así lo acrediten, primero vía correo electrónico a la cuenta cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx, luego en original o copia certificada por el medio más rápido, apercibido que, en caso de incumplir lo ordenado en el plazo señalado, se aplicará alguna de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 32, de la Ley de Medios de Impugnación.

Sin que esta resolución prejuzgue sobre la procedencia del medio de impugnación[9].

2. En su caso, de recibirse en esta Sala Regional documentación relacionada con el medio de defensa, remítase sin mayor trámite al Tribunal de Nuevo León, dejando una impresión o una copia certificada de la misma en el presente expediente, según se haya recibido por correo electrónico o físicamente en la Oficialía de Partes de esta Sala Monterrey, respectivamente.

Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional para que realice las gestiones conducentes.

Por lo expuesto y fundado se:

Acuerda

Primero. Es improcedente el juicio de revisión constitucional electoral.

Segundo. Se reencauza la demanda al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, para que, en plenitud de atribuciones, se pronuncie conforme a Derecho proceda.

Notifíquese conforme a Derecho corresponda. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.