JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL    

EXPEDIENTE: SM-JRC-238/2024

IMPUGNANTE: MORENA

RESPONSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

TERCERO INTERESADO: ELEUTERIO RAMOS LEAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIO: OMAR HERNÁNDEZ ESQUIVEL

COLABORACIÓN: DAVID ALEJANDRO GARZA SALAZAR Y OSCAR LÓPEZ TREJO

Monterrey, Nuevo León, a 30 de julio de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución del Tribunal de Zacatecas que, a su vez, confirmó el resultado de la elección de diputaciones por MR para el Distrito VIII con cabecera en Fresnillo, Zacatecas, al considerar que no se actualizó la nulidad de elección por la supuesta vulneración al principio de equidad en la contienda, bajo los siguientes argumentos: i) no son objeto de prueba los hechos relacionados con actos proselitistas de María Hernández, toda vez que, al momento de su realización, ella contaba con la calidad de candidata; en consecuencia, fueron lícitos, ii)  respecto de las publicaciones localizadas en las redes sociales de Eleuterio Ramos, no acreditó que éste realizara actos de campaña sin estar registrado como candidato, pues de los medios de convicción no advirtió la existencia de propaganda política o un llamado expreso a votar en su favor, iii) respecto al evento de campaña de la entonces candidata a la presidencia municipal de Valparaíso, Zacatecas, Simonita Ramos, la autoridad desestimó el video aportado como prueba porque, al ser una conversación privada de WhatsApp, no advirtió que se hubiera presentado voluntariamente por alguno de los participantes en dicha conversación, iv) en cuanto al evento proselitista supuestamente realizado el 22 de mayo, previo a la designación de la candidatura cuestionada, la responsable no advirtió, del video aportado, un dato contundente para acreditar la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos y v) en relación con las manifestaciones realizadas por Eleuterio Ramos en dos videos publicados en su perfil de Facebook, el Tribunal Local no advirtió que éste reconociera la realización de actos de campaña previos a su designación como candidato, al ser expresiones genéricas.

Lo anterior, porque este órgano constitucional considera que son ineficaces los planteamientos de Morena por lo que debe quedar firme la determinación del Tribunal Local toda vez que: i) omite identificar o mencionar cuáles pruebas no valoró el Tribunal Local, pues se limita a señalar, de manera genérica, que los medios de convicción relacionados con María Hernández, son fundamentales y debieron ser consideradas, por lo que no confronta las consideraciones de la resolución impugnada, ii) no controvierte frontalmente las consideraciones por las cuales la responsable determinó que el video relacionado con Simonita Leal, provino de una conversación privada de Whatsapp, de la que no acreditó su licitud, pues la parte actora de manera genérica expone que dicho video pertenecía a Facebook y iii) contrario a lo que aduce la parte actora, la responsable sí valoró las pruebas de manera conjunta y su contexto.

Glosario

Competencia, procedencia y tercero interesado

1. Esta Sala Monterrey es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político contra una sentencia del Tribunal Local que confirmó el resultado de la elección para la diputación local del Distrito VIII con cabecera en Fresnillo, Zacatecas, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción[1].

2.1. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos siguientes:

a. Cumple con el requisito de forma, porque la demanda de Morena tiene el nombre y firma de quien promueve en su representación, identifica el acto que se controvierte, la autoridad responsable y menciona los hechos en que basa su impugnación, los agravios causados y los preceptos legales presuntamente violados.

b. El juicio se promovió de manera oportuna, dentro del plazo legal de 4 días, porque el acto impugnado se emitió el 2 de julio de 2024, se notificó el mismo día[2] y la demanda se presentó el 6 de siguiente[3].

c. Morena está legitimado por tratarse de un partido político nacional con registro en Zacatecas, que acude a través de Octavio Quintanar Sánchez, quien tiene personería al ser representante propietario de dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral VIII del Instituto Local, tal como lo reconoce la propia autoridad responsable en su informe circunstanciado[4].

d. El partido actor cuenta con interés jurídico, porque controvierte la resolución del Tribunal de Zacatecas en un juicio en el que fue parte, y considera adversa a sus intereses.

2.2. Requisitos especiales para los juicios de revisión constitucional electoral

e. Se cumple el requisito de señalar los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados, ya que el partido actor los precisa en su demanda, los cuales serán analizados en el estudio del fondo[5].

f. La violación es determinante y se considera satisfecho este requisito porque, en la resolución impugnada, se confirmó el cómputo de la elección de la diputación local correspondiente al Distrito VIII, por lo cual, la resolución que se emita podría implicar la nulidad de dicha elección.

g. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible pues, de estimarse que la resolución es contraria a Derecho, esta Sala Monterrey puede declarar la inelegibilidad de la candidatura impugnada.

3. Tercero interesado. El 9 de julio, compareció con tal carácter, Eleuterio Ramos[6].

Improcedencia

1. El tercero interesado, señala que la demanda de Morena es improcedente, pues a su consideración, la demanda carece de elementos mínimos para ser analizada, ya que no señala los artículos y garantías constitucionales que fueron vulnerados, sino que se limita a replicar los argumentos del Tribunal Local, por lo que, considera que debe desecharse la demanda.

Al respecto, esta Sala Regional considera que debe desestimarse la causal de improcedencia porque se advierte que Morena, en su demanda, sí expresa agravios con relación a la falta de análisis de las pruebas aportadas ante la instancia local.

2. Por otra parte, el tercero interesado también aduce que la demanda incumple con el requisito especial de determinación, el cual establece que el medio de impugnación será procedente cuando se cumpla, entre otros, con el requisito de que se vulnere algún precepto de la Constitución General[7].

En ese tenor, se desestima dicha causal de improcedencia, toda vez que los agravios de la parte actora están relacionados con la posible violación al artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución General[8] y, en ese sentido, resulta irrelevante si Morena citó o no los preceptos constitucionales aplicados, ya que la omisión de los preceptos presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.

Por lo expuesto, lo alegado por la parte actora será materia de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional, en el fondo del asunto.

Antecedentes[9]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 20 de septiembre de 2023, inició el proceso electoral 2023-2024 para la renovación de diputaciones locales y los 58 ayuntamientos de Zacatecas.

2. El 12 de enero de 2024[10], el Instituto Local aprobó el registro de la Coalición y, en lo que interesa, se estableció que la candidatura a la diputación del Distrito VIII correspondería al PRD.

II. Designación de candidatura de la Coalición

1. El 26 de febrero, el Órgano Técnico aprobó la precandidatura de Víctor Alba y Víctor Miguel Alba Fernández, como propietario y suplente, a la diputación de MR del Distrito VIII.

En la misma fecha, Víctor Alba renunció a la precandidatura propietaria a la diputación de MR del Distrito VIII, solicitando, en el mismo acto, ser sustituido por Eleuterio Ramos.

2. En respuesta, el Órgano Técnico, en lo que interesa: i) aprobó la renuncia de Víctor Alba, ii) declaró la improcedencia de la sustitución de su precandidatura a favor de Eleuterio Ramos y iii) declaró desierta la precandidatura del Distrito VIII.

3. En contra, Eleuterio Ramos y Víctor Alba, el 1 de marzo, presentaron medios de impugnación ante el Órgano técnico.

4. El 9 de marzo, la Dirección Ejecutiva designó a María Hernández como candidata propietaria a la diputación del Distrito VIII.

5. El 17 de mayo, el Órgano de Justicia determinó que les correspondía a Eleuterio Ramos y Víctor Alba ser registrados como propietario y suplente, respectivamente para la diputación del Distrito VIII, al considerar que los impugnantes, participaron como candidatos únicos dentro del proceso de selección de candidaturas del PRD.

En consecuencia, revocó la designación de candidaturas, propietaria y suplente del referido distrito y ordenó a la Dirección Ejecutiva para que, de manera inmediata, sesionará extraordinariamente a efecto de designar a los impugnantes como candidatos, así como que, girara instrucciones para solicitar la sustitución al Instituto Local.

III. Registro de candidaturas a diputaciones locales

El 29 de marzo, el Instituto Local aprobó el registro de candidaturas a diputaciones locales por MR[11], entre ellas, la de María Hernández, como candidata propietaria a la diputación del distrito VIII, postulada por la Coalición.

IV. Primer juicio federal

1. En contra del registro de María Hernández como candidata propietaria a la diputación del Distrito VIII, Eleuterio Ramos y Víctor Alba presentaron juicio ante esta Sala Regional, al considerar que la Dirección Ejecutiva fue omisa en dar cumplimiento a lo ordenado por el Órgano de Justicia.

2. El 23 de mayo, esta Sala Regional declaró existente la omisión de designar a Eleuterio Ramos y Víctor Alba como candidatos, propietario y suplente, a la diputación por el Distrito VIII, al considerar que no existe constancia que evidencia la sustitución de candidaturas ante el Instituto Local, atribuida a la Dirección Ejecutiva. En consecuencia, ordenó al partido que llevara a cabo la sustitución correspondiente.

V. Juicio actual

1. En cumplimiento, el PRD presentó la referida sustitución de candidaturas la cual, el 24 de mayo, fue aprobada por el Instituto Local y, en consecuencia, Eleuterio Ramos fue designado como candidato a diputado local por el Distrito VIII.

2. El 2 de junio, se llevó a cabo la jornada electoral para la renovación de diputaciones locales en Zacatecas. Posteriormente, el 6 siguiente, se efectuó el cómputo de la elección en el distrito VIII, resultando ganadora la fórmula postulada por la Coalición con los siguientes resultados:

3. Inconforme, el 9 de junio, Morena presentó juicio de nulidad ante el Tribunal de Zacatecas, en el que alegó que Eleuterio Ramos realizó actos de campaña de manera ilegal, porque, según el impugnante, se desarrollaron previó a su designación como candidato, vulnerando así el principio de equidad en la contienda.

4. El 2 de julio, el Tribunal Local confirmó el resultado de la elección, al considerar que no se actualizó la causal de nulidad invocada por el partido impugnante, en los términos que se precisan al inicio del siguiente apartado, el cual constituye la determinación impugnada en este juicio.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la sentencia impugnada[12], el Tribunal de Zacatecas confirmó el resultado de la elección de diputaciones por MR para el Distrito VIII con cabecera en Fresnillo, Zacatecas, al considerar que no se actualizó la nulidad de elección por la supuesta vulneración al principio de equidad en la contienda, bajo los siguientes argumentos: i) no son objeto de prueba los hechos relacionados con actos proselitistas de María Hernández, toda vez que, al momento de su realización, ella contaba con la calidad de candidata; en consecuencia, fueron lícitos, ii)  respecto de las publicaciones localizadas en las redes sociales de Eleuterio Ramos, no acreditó que éste realizara actos de campaña sin estar registrado como candidato, pues de los medios de convicción, no advirtió la existencia de propaganda política o un llamado expreso a votar en su favor, iii) respecto al evento de campaña de la entonces candidata a la presidencia municipal de Valparaíso, Zacatecas, Simonita Ramos Leal, la autoridad desestimó el video aportado como prueba porque, al ser una conversación privada de WhatsApp, no advirtió que se hubiera presentado voluntariamente por alguno de los participantes en dicha conversación, iv) en cuanto al evento proselitista supuestamente realizado el 22 de mayo, previo a la designación de la candidatura cuestionada, la responsable no advirtió, del video aportado, un dato contundente para acreditar la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos y v) en relación con las manifestaciones realizadas por Eleuterio Ramos, en dos videos publicados en su perfil de Facebook, el Tribunal Local no advirtió que éste reconociera la realización de actos de campaña previos a su designación como candidato, al ser expresiones genéricas.

2. Pretensiones y planteamientos[13]. Morena pretende que esta Sala Monterrey revoque la sentencia controvertida, al considerar que el Tribunal de Zacatecas: i) incorrectamente desestimó las pruebas relacionadas con la entonces candidata a la diputación local del Distrito VIII, María Hernández, pues su finalidad era demostrar que existieron dos campañas simultáneas en favor del mismo partido, vulnerando el principio de equidad en la contienda, ii) en cuanto al video aportado para acreditar propaganda política a favor de Eleuterio Ramos, sin ostentar la candidatura, en el evento de campaña de la entonces candidata a la presidencia municipal de Valparaíso, Zacatecas, Simonita Ramos Leal, desde su perspectiva, el Tribunal Local, consideró erróneamente que se trataba de un contenido proveniente de una conversación privada de WhatsApp, aunado a que sí proporcionó una descripción precisa de los hechos y circunstancias que pretendía demostrar con dicha prueba y, por tanto, debió ser admitida y valorada, iii) debió analizar la totalidad de las pruebas considerando el contexto en el que se desarrollaron los hechos, los cuales, a su juicio, se dieron mientras Eleuterio Ramos, pretendía ser candidato a diputado local por el Distrito VIII, además, señala que la responsable debió valorar las pruebas en su conjunto y no de forma individualizada.

3. Cuestión a resolver. Determinar si, a partir de las consideraciones del Tribunal Local y los planteamientos del partido actor: ¿El Tribunal de Zacatecas valoró de manera correcta los medios de convicción aportados por la parte actora?  

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución del Tribunal de Zacatecas que, a su vez, confirmó el resultado de la elección de diputaciones por MR para el Distrito VIII con cabecera en Fresnillo, Zacatecas, ya que no se actualizó la nulidad de elección por la supuesta vulneración al principio de equidad en la contienda, bajo los siguientes argumentos: i) no son objeto de prueba los hechos relacionados con actos proselitistas de María Hernández, toda vez que, al momento de su realización, ella contaba con la calidad de candidata, en consecuencia, fueron lícitos, ii)  respecto de las publicaciones localizadas en las redes sociales de Eleuterio Ramos, no acreditó que éste realizara actos de campaña sin estar registrado como candidato, pues de los medios de convicción no advirtió la existencia de propaganda política o un llamado expreso a votar en su favor, iii) respecto al evento de campaña de la entonces candidata a la presidencia municipal de Valparaíso, Zacatecas, Simonita Ramos Leal, la autoridad desestimó el video aportado como prueba porque, al ser una conversación privada de WhatsApp, no advirtió que se hubiera presentado voluntariamente por alguno de los participantes en dicha conversación, iv) en cuanto al evento proselitista supuestamente realizado el 22 de mayo, previo a la designación de la candidatura cuestionada, la responsable no advirtió, del video aportado, un dato contundente para acreditar la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos y v) en relación con las manifestaciones realizadas por Eleuterio Ramos en dos videos publicados en su perfil de Facebook, el Tribunal Local no advirtió que éste reconociera la realización de actos de campaña previos a su designación como candidato, al ser expresiones genéricas.

Lo anterior, porque este órgano constitucional considera que son ineficaces los planteamientos de Morena por lo que debe quedar firme la determinación del Tribunal Local en razón de que: i) omite identificar o mencionar cuáles pruebas no valoró el Tribunal Local, sino que se limita a señalar, de manera genérica, que los medios de convicción relacionados con María Hernández son fundamentales y debieron ser consideradas, por lo que no confronta las consideraciones de la resolución impugnada, ii) no controvierte frontalmente las determinaciones por las cuales la responsable determinó que el video relacionado con Simonita Leal provino de una conversación privada de Whatsapp, de la que no acreditó su licitud, pues la parte actora expone de manera genérica que dicho video pertenecía a Facebook y iii) contrario a lo que aduce la parte actora, la responsable sí valoró las pruebas de manera conjunta y su contexto, pues incluso estableció un apartado en específico en la resolución controvertida.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1.1. Marco normativo o deber de analizar integralmente las pruebas aportadas por las partes

La Constitución General establece el derecho al debido proceso, el cual busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de una determinación, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto [artículos 14[14], párrafo segundo, y 16[15], párrafo primero, de la Constitución General].

En lo fundamental, el debido proceso en general tiene como pilares insoslayables los principios de audiencia previa y la igualdad de todas las partes procesales para ejercer su derecho de defensa en idénticas condiciones, es decir, mediante el otorgamiento de iguales oportunidades para presentar y analizar pruebas, interponer recursos y presentar observaciones dentro de plazos o términos iguales para todos.

En ese sentido, la audiencia previa es fundamental, en todo tipo de proceso, para que la persona perjudicada tenga la oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan y presentar las pruebas de descargo que considere pertinentes al caso concreto-independientemente de la naturaleza que sea- antes de que se emita una resolución final.

Por lo tanto, entre los elementos fundamentales del debido proceso, se encuentra la posibilidad de presentar pruebas las cuales serán materia de análisis por parte del juzgado conforme a las reglas previstas.

La finalidad de este elemento es que las partes puedan presentar pruebas para apoyar sus argumentos con elementos de generen una mayor convicción en el juzgador a fin de esclarecer cual es la verdad de los hechos que se encuentren en litigio.

Siguiendo la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las formalidades esenciales del procedimiento se manifiestan en un núcleo duro compuesto por la notificación o emplazamiento, la posibilidad probatoria en sentido amplio, el derecho de formular alegatos y la obligación de las responsables de resolver la cuestión planteada; sin embargo, eso no quiere decir que el derecho humano en comento, se encuentre cerrado a ese número taxativo de supuestos, pues puede verse ampliado, según la naturaleza del caso que se analice[16].

1.2. Marco normativo del deber de analizar integralmente todos los hechos o circunstancias del asunto

Las autoridades electorales y órganos partidistas, administrativos y/o jurisdiccionales, tienen el deber de pronunciarse en sus determinaciones o resoluciones, sobre todos los hechos o circunstancias que les son planteadas, con independencia de la manera en la que se atiendan o se resuelvan, para cumplir con el deber de administrar justicia completa, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General[17].

Por ello, las autoridades jurisdiccionales deben analizar todos los elementos necesarios para estar en aptitud de emitir una determinación, a fin de atender la pretensión del impugnante o denunciante, con independencia de que esta se haga de manera directa, específica, individual o incluso genérica, pero en todo caso con la mención de que será atendida.

Con la precisión de que, especialmente, en el caso de los órganos que atienden por primera vez la controversia tienen el deber de pronunciarse sobre todas las pretensiones y planteamientos sometidos a su conocimiento y no únicamente a algún aspecto concreto, así como valorar los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones[18], por más que estimen que basta el análisis de algunos de ellos para sustentar una decisión desestimatoria.

1.3. Marco o criterio jurisprudencial sobre el análisis de los agravios

Los agravios deben enfrentar el acto o resolución impugnada para que los Tribunales puedan revisarlo de fondo.

Lo anterior, porque, ciertamente, la jurisprudencia ha establecido que, cuando el promovente expone sus agravios, no está obligado a manifestarlos bajo una formalidad específica porque, para tenerlos por expresados, sólo se requiere la mención clara de la causa de pedir o un principio de agravio[19].

Sin embargo, esto lógicamente implica, como presupuesto fundamental, que con ello se confronte, al menos, a través de una afirmación de hecho mínima, lo considerado en el acto impugnado o la instancia previa.

Ello, porque, cuando se presenta una impugnación, el promovente tiene el deber mínimo de confrontar y cuestionar lo determinado en la resolución controvertida, combatiendo las consideraciones que la sustentan.

Incluso, en los supuestos en los que es procedente la suplencia, en ningún caso puede faltar a los inconformes, la precisión de lo que consideran les agravia y la razón concreta del por qué estiman que les causa una vulneración.

Por ende, evidentemente, en términos generales, los argumentos deben cuestionar las consideraciones que sustentan el sentido de la determinación impugnada.

De otra manera, dichas consideraciones quedarían firmes y sustentarían el sentido de lo decidido, con independencia de lo que pudiera resolverse en relación con diversas argumentaciones, dando lugar a la ineficacia de los planteamientos.

2. Caso concreto

En el caso, el Tribunal Local confirmó el resultado de la elección de diputaciones por MR para el Distrito VIII con cabecera en Fresnillo, Zacatecas, en esencia, bajo los argumentos de que: i) no son objeto de controversia los hechos atribuidos a María Hernández, relacionados con la realización de actos proselitistas, toda vez que, en su momento, contaba con la calidad de candidata y, en consecuencia, fueron lícitos y ii) derivado del estudio de las pruebas aportadas por el partido impugnante, no se acreditó la realización de actos de campaña en favor de Eleuterio Ramos, previo a su designación como candidato a diputado local.

Frente a ello, ante esta Sala Monterrey, Morena plantea que el Tribunal de Zacatecas: i) incorrectamente desestimó las pruebas relacionadas con la entonces candidata a la diputación local del Distrito VIII, María Hernández, pues su finalidad era demostrar que existieron dos campañas simultaneas en favor del mismo partido, vulnerando el principio de equidad en la contienda, ii) en cuanto al video de prueba aportado para acreditar propaganda política a favor de Eleuterio Ramos, sin ostentar la candidatura, en el evento de campaña de la entonces candidata a la presidencia municipal de Valparaíso, Zacatecas, Simonita Ramos Leal, desde su perspectiva, el Tribunal Local, determinó erróneamente que se trataba de un contenido proveniente de una conversación privada de WhatsApp, aunado a que sí proporcionó una descripción precisa de los hechos y circunstancias que pretendía demostrar con dicha prueba y, por tanto, debió ser admitida y valorada, iii) debió analizar la totalidad de las pruebas considerando el contexto en el que se desarrollaron los hechos, los cuales, a su juicio, se dieron mientras Eleuterio Ramos pretendía ser candidato a diputado local por el Distrito VIII, además, señala que la responsable debió valorar las pruebas en su conjunto y no de forma individualizada.

3. Valoración

Tema I. ¿Fue correcto que el Tribunal Local no considerara como objeto de prueba, los hechos relacionados con la candidatura de María Hernández?

3.1. Agravio. Morena refiere que el Tribunal Local no valoró las pruebas relacionadas con la entonces candidata a la diputación local del Distrito VIII, María Hernández, pues su finalidad era demostrar que existió una doble campaña en favor de la Coalición, vulnerando el principio de equidad en la contienda.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera que es ineficaz el planteamiento de la parte actora, porque de manera genérica e imprecisa, omite identificar o mencionar cuáles pruebas no valoró el Tribunal Local, incluso, se limita a señalar que los medios de convicción relacionados con María Hernández, son fundamentales y debieron ser considerados, de manera que, no confronta de manera directa las consideraciones expuestas en la resolución controvertida.

Además, en todo caso, Morena parte de una premisa incorrecta al señalar que el Tribunal responsable debió valorar las pruebas para acreditar que María Hernández realizó campaña del 31 de marzo al 24 de mayo; sin embargo, es un hecho público notorio que ostentó la candidatura en el periodo señalado, de manera que, resultaría innecesario probar un hecho conocido.

En efecto, en primer término, el Tribunal Local razonó que los hechos notorios no serían objeto de prueba, sino que únicamente los controvertidos y, en el caso, correspondían a la supuesta campaña de Eleuterio Ramos, previo a su designación como candidato a diputado y, en consecuencia, concluyó que los actos proselitistas realizados por María Hernández se desarrollaron en su calidad de candidata, de ahí que no fueran objeto de valoración, al considerar que los mismos fueron realizados en el periodo permitido para realizar campaña electoral.

Asimismo, en la sentencia controvertida, la responsable estableció el contexto de la impugnación, señalando que María Hernández, ostentó la candidatura por la Coalición en el Distrito VIII en Fresnillo, Zacatecas, del 31 de marzo hasta las 15:19 horas del 24 de mayo y a las 15:20 del mismo día, el Instituto Local aprobó la sustitución de la candidatura para designar a Eleuterio Ramos, como el candidato a la referida diputación.

En ese sentido, contrario a lo que señala la parte actora, no era necesario que el Tribunal Local valorara las pruebas relacionadas con la campaña electoral realizada por María Hernández para acreditar su existencia, pues fue un hecho conocido que ostentó la candidatura durante el periodo que comprendió del 31 de marzo al 24 de mayo.

En ese sentido, la ineficacia radica en que la parte actora, no expone qué pruebas aportadas no fueron valoradas por la responsable, máxime, que el Tribunal Local sí consideró la esencia de la pretensión de Morena, de demostrar la realización de una campaña simultánea realizada, desde su perspectiva, por dos candidaturas en favor de la Coalición, de manera que, la controversia se centró en demostrar los supuestos actos proselitistas realizados por Eleuterio Ramos, por lo que fue correcto que el Tribunal responsable únicamente valorara los medios de convicción presentados para acreditar estos hechos.

Tema II. ¿El Tribunal Local valoró de manera indebidamente las pruebas aportadas por la parte actora?

3.2. Agravio. La parte actora señala que, contrario a lo que consideró la responsable, el video aportado como prueba relacionada con un evento proselitista de Simonita Leal, no se trató de una conversación privada de Whatsapp, por lo que fue incorrecto que la desestimara, además, refiere como un hecho notorio que dicho video pertenece a la red social Facebook.

Al respecto, esta Sala Monterrey considera ineficaz el agravio expuesto por Morena, porque con independencia de las argumentaciones expresadas por el Tribunal Local, ciertamente el actor no controvierte frontalmente las razones esenciales de la resolución controvertida, pues en todo caso, debió señalar, porque el video no se trató de una conversación privada.

En efecto, el Tribunal Local señaló que el actor omitió expresar la forma en la que tuvo acceso al video aportado como prueba; asimismo, determinó que el máximo órgano jurisdiccional en la materia estableció que las conversaciones de Whatsapp son privadas y únicamente es posible valorar su contenido cuando se advierte que fueron obtenidas de forma lícita, es decir, cuando una de las partes que participan en la comunicación las ofrece como prueba.

Además, precisó que el video derivó de los estados de Whatsapp del usuario identificado como “Arq. Mezza Heidi”; asimismo, señaló que la parte actora no mencionó de qué manera obtuvo dicho video, quién es el usuario, o incluso quienes tuvieron a la vista dichos videos, por lo que concluyó que existió una persona ajena a las partes, y en consecuencia, no acreditó la licitud de la prueba.

Frente a ello, la parte actora se limita a manifestar que el video no se trató de una conversación privada, sino que pertenece a la red social de Facebook, además refiere que, el no especificar el origen del video aportado, no debió tener como resultado su desechamiento, de ahí que, se considere que no existen argumentaciones que confronten de manera directa las razones por las cuales, el Tribunal Local determinó que se trataba de una conversación privada de Whatsapp.

Además, en todo caso, es insuficiente que refiera que es un hecho notorio que pertenece a una red social diversa o que aduzca que durante el video se observa un evento proselitista del día 19 de mayo, de la entonces candidata a la presidencia municipal de Valparaíso y la presencia de Eleuterio Ramos, donde se desprenden frases como: “gracias por todo”, “nos quedan escasamente 12 días”, “con eso tenemos”, “a darles su chinga como se lo merecen y a ganar”, porque finalmente con independencia de que pertenezca a Facebook o se aduzcan dichas frases, Morena debió argumentar, porque el video aportado como medio de convicción, debió ser valorado como una prueba distinta o, incluso, señalar de qué manera su valoración traería como resultado una conclusión diversa a la que llegó el Tribuna Local.

Tema III. ¿El Tribunal Local consideró el contexto de la controversia y valoró en su conjunto las pruebas?

3.3. Agravio. Morena refiere en su demanda que la responsable debió de valorar de manera conjunta las pruebas relacionadas con actos proselitistas supuestamente realizados por Eleuterio Ramos, previo a su designación como candidato, además, señala que debió considerar el contexto de la controversia.

Al respecto, no tiene razón, porque la responsable sí valoró de manera conjunta las pruebas aportadas y consideró el contexto, toda vez que señaló que derivado de un estudio integral, no se encuentra demostrado de manera fehaciente que Eleuterio Ramos, haya realizado campaña sin estar debidamente registrado, además, realizó un apartado en específico para exponer el contexto de la controversia.

En efecto, en primer término, la responsable señaló que con el objeto de dar mayor claridad a la controversia, estimó conveniente realizar un contexto de la impugnación, por lo cual expuso que ocurrió una situación de carácter extraordinaria respecto a la candidatura postulada por la colación para el distrito electoral VIII, porque en principio se registró la fórmula de candidatura integrada por María Hernández, la cual fue sustituida por Eleuterio Ramos, precisando que, la elección la ganó la coalición con la formula integrada por éste último.

Por una parte, el Tribunal Local señaló que las pruebas serían valoradas bajo los principios de la experiencia, la lógica y la sana critica, aclarando que los documentos públicos tendrían un valor pleno, salvo prueba que demuestre lo contrario y que las documentales privadas, sólo serán consideradas como un indicio, además, preciso que las pruebas técnicas serán aceptadas como prueba plena cuando se puedan relacionar con otros medios de convicción.

Al respecto, en la resolución impugnada, se describieron 19 enlaces electrónicos, en los cuales, el Tribunal Local destacó que observó diversas imágenes y datos descriptivos relacionados con elementos propagandísticos, no vinculados con Eleuterio Ramos, toda vez que la responsable no advirtió algún nombre, leyenda o referencia donde manifieste ostentar alguna candidatura de elección popular.

Posteriormente, realizó un estudio del contenido textual de las publicaciones, para verificar la existencia de equivalentes funcionales, a fin de relacionar de manera directa o indirecta las frases con Eleuterio Ramos, donde determinó que, a pesar de que existieron manifestaciones con un llamamiento al voto, en ninguna publicación se demostró que existieran actos de campaña en su favor, cuando no ostentaba la candidatura a la diputación local por el Distrito VIII en Fresnillo, Zacatecas.

Por otro lado, precisó que derivado de un estudio integral de las imágenes, no se demostró que los hechos supuestamente irregulares en los que basa su pretensión, pues no es posible advertir de manera fehaciente que Eleuterio Ramos haya realizado actos de campaña para contender por la diputación local por el Distrito VIII en Fresnillo, Zacatecas, sin estar registrado como candidato conforme a la ley.

Asimismo, señaló que las publicaciones consistentes en imágenes y texto que publicó en sus redes sociales Eleuterio Ramos, no son suficientes para concluir que realizó actos de campaña, sin ostentar una candidatura, de manera que, no existió prueba en contrario que permitiera concluir un hecho distinto a ello, en ese entendido, una vez realizado un estudio en su conjunto, procedió a realizar un análisis de los casos en particular en los que Morena relaciona las publicaciones y materiales audiovisuales.

Finalmente, concluyó que las pruebas aportadas por Morena, no tienen la fuerza de convicción suficiente para establecer la transgresión al principio de legalidad, pues no existió prueba que permita corroborar una campaña electoral de manera simultánea como lo expone el hoy actor.

Frente a ello, Morena refiere en su demanda que la responsable debió de valorar las pruebas de manera conjunta, teniendo en cuenta el contexto de la controversia, pues sólo valoró las pruebas técnicas de manera individual; sin embargo, como se advierte de la sentencia impugnada, estos elementos sí fueron considerados en el estudio del Tribunal Local para concluir que: i. que es un hecho notorio que María Hernández realizó campaña de 31 de marzo al 24 de mayo, ii. el 24 de mayo, Eleuterio Ramos sustituyó a María Hernández, iii. estuvo presente Eleuterio Ramos en eventos de campaña, sin que se observe que se ostentará como candidato sin estar debidamente registrado, iv. no realizó manifestación alguna para concluir, conforme a criterio de equivalentes funcionales, que ejecutó una campaña simultanea para contender por el mismo cargo que María Hernández y v. no realizó actos que vulneraran el principio de legalidad.

Además, no pasa desapercibo que Morena señala que era necesario evaluar las pruebas que presentó para acreditar su pretensión, especialmente, porque la responsable estaba plenamente consciente del contexto de la controversia; sin embargo, contrario a lo señalado, se advierte la responsable estudió los medios de convicción aportados, con independencia de que la parte actora ofreciera como prueba diversos enlaces electrónicos de redes sociales[20] y, el Tribunal Local, a fin de allegarse de mayores elementos para determinar lo que en Derecho correspondiera, realizó la certificación del contenido de los videos y publicaciones, esto contribuyó a que pudieran existir elementos objetivos para realizar un estudio de la controversia planteada para concatenar las pruebas, con el propósito de establecer si existía una doble campaña como consideró Morena.

Finalmente, en relación a que existe evidencia de que Eleuterio Ramos asistió a 19 eventos de naturaleza proselitista durante campaña electoral, además, que participó de manera preponderante en las reuniones, previo a ser registrado como candidato, esto, mientras María Hernández realizaba eventos como candidata a la diputación local por el Distrito VIII en Fresnillo, Zacatecas, por lo que se demuestra que existió una campaña activa y coordinada, no obstante, en modo alguno, se puede llegar a una conclusión diversa a lo determinado por el Tribunal Local, pues como correctamente lo señaló, no se advierten elementos para establecer que se ostentó como candidato, sin tener dicha calidad o que emitió un mensaje explicito e inequívoco para difundir una candidatura que no tenía.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Único. Se confirma la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese conforme a Derecho.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, así como la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.