Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que:

a. Modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en los juicios de inconformidad JI-144/2018 y acumulados, toda vez que respecto de las casillas 2093 contigua 1 y 2099 contigua 2 no analizó correctamente la causal de nulidad invocada, por lo que se determina la nulidad de la votación recibida en las mismas.

b. Realiza la recomposición del cómputo de la elección de ayuntamiento de Santiago, Nuevo León.

c. En vía de consecuencia, confirma la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la planilla de candidaturas postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

d. Deja sin efectos el acuerdo de asignación de representación proporcional y la resolución dictada por el Tribunal Electoral local en los juicios de inconformidad JI-309/2018 y acumulado, así como las constancias de asignación respectivas.

e. En plenitud de jurisdicción,  realiza el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento de Santiago, Nuevo León y ordena a la Comisión Estatal el otorgamiento de las constancias de asignación respectivas.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas que se citan corresponden a dos mil dieciocho, salvo precisión de otro año.

1.1. Proceso electoral local. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, inició el proceso electoral 2017-2018 en Nuevo León, para renovar entre otros cargos, los correspondientes al ayuntamiento de Santiago.

1.2. Acuerdo CEE/CG/052/2018. El seis de abril, el Consejo General emitió los lineamientos para la distribución y asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018.

1.3. Jornada electoral. El uno de julio se llevó a cabo la jornada electoral en Nuevo León.

1.4. Sesión de cómputo municipal. El cuatro de julio, la Comisión Municipal, inició la sesión de cómputo de la elección municipal, la cual concluyó el día siete siguiente, fecha en que declaró la validez de la elección, otorgó la constancia de mayoría a la planilla postulada por el PRI, y llevó a cabo la asignación de regidurías conforme al principio de representación proporcional, de acuerdo con los resultados siguientes:

1.5. Juicios de inconformidad. Para controvertir el acta de sesión de cómputo, se presentaron diez juicios de inconformidad.

1.6. Primer acto impugnado. El diez de agosto, el Tribunal Local emitió sentencia en los expedientes mencionados, en la que, previa acumulación, declaró la nulidad de la votación recibida en ocho casillas, por lo que modificó el cómputo de la elección y el acta de cómputo municipal; al no haber cambio de triunfador confirmó la declaratoria de validez de la elección del ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, así como la constancia de mayoría y validez de la elección a la planilla de candidaturas postulada por el PRI.

Asimismo, ordenó a la Comisión Municipal verificar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y, en caso de ser necesario, realizarla nuevamente.

1.7. Solicitud de facultad de atracción. El catorce de agosto, el PAN promovió juicio de revisión constitucional electoral a fin de impugnar la resolución antes descrita, en el cual solicitó a la Sala Superior de este Tribunal Electoral ejerciera la facultad de atracción a fin de resolver dicho medio de impugnación; lo que dio origen al expediente SUP-SFA-60/2018.

1.8. Improcedencia. El inmediato dieciséis, la Sala Superior determinó declarar improcedente el ejercicio de la facultad de atracción, al no colmarse los requisitos de importancia y trascendencia.

1.9. Juicios federales. En desacuerdo con la resolución dictada por el Tribunal Local, ante esta Sala Regional se formaron cuatro juicios de revisión constitucional electoral y tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

1.10. Acuerdo de la Comisión Municipal. En cumplimiento de la sentencia de diez de agosto dictada por el Tribunal Local, el dieciocho siguiente, la Comisión Municipal realizó la recomposición del cómputo y efectuó una nueva asignación de regidurías de representación proporcional en los términos siguientes:

1.11. Impugnaciones locales. Para controvertir el acuerdo de dieciocho de agosto dictado por la Comisión Municipal, se presentaron dos juicios de inconformidad.

1.12. Segundo acto impugnado. El doce de septiembre el Tribunal Local resolvió los juicios de inconformidad, en dicha resolución confirmó, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo de asignación de regidurías de representación proporcional.

1.13. Juicios federales. En desacuerdo con esta segunda sentencia, ante esta Sala Regional se promovió un juicio de revisión constitucional electoral y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los medios de defensa, al tratarse de juicios que controvierten dos sentencias de un Tribunal Electoral local relacionadas con la elección de un ayuntamiento del estado de Nuevo León, entidad federativa ubicada dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 184, 185, 186, fracción III, incisos b) y c); 192, 195, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 4, 6, párrafo 3; 83, párrafo 1, inciso b); y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se observa que guardan relación, debido a que se controvierten dos sentencias dictadas sobre los resultados de la elección por el principio de mayoría relativa y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Santiago, Nuevo León.

Así, para evitar el dictado de sentencias contradictorias, procede acumular los expedientes SM-JRC-242/2018, SM-JRC-243/2018, SM-JRC-260/2018, SM-JRC-356/2018, SM-JDC-722/2018, SM-JDC-723/2018, SM-JDC-766/2018 y SM-JDC-1182/2018, al diverso SM-JRC-239/2018, al ser el primero en recibirse en esta Sala, por tanto, procede agregar copia certificada de los resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. PROCEDENCIA

4.1. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Por cuanto hace a los requisitos de procedencia de los diversos juicios ciudadanos SM-JDC-722/2018, SM-JDC-723/2018, SM-JDC-766/2018 y SM-JDC-1182/2018, su examen se realizó en los respectivos autos de admisión, teniéndose por cumplidos, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 9, párrafo 1, de la Ley de Medios.

4.2. Juicios de revisión constitucional electoral.

Los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-239/2018, SM-JRC-242/2018, SM-JRC-243/2018, SM-JRC-260/2018 y SM-JRC-356/2018 satisfacen los requisitos generales y especiales de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 86 y 88, de la citada Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

4.2.1. Requisitos generales

a. Forma. Las demandas se presentaron por escrito; la primera ante esta Sala Regional y, las restantes ante la autoridad responsable. En cada caso se precisan la coalición o el partido político actor, el nombre y firma de quien promueve en su representación, la resolución que se controvierte, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones constitucionales presuntamente no atendidas.

b. Oportunidad. Se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días, como se constata, en el caso de los juicios SM-JRC-239/2018, SM-JRC-242/2018, SM-JRC-243/2018, SM-JRC-260/2018, la sentencia dictada en los expedientes JI-144/2018 y acumulados se notificó a los actores el diez de agosto[2], y éstos se promovieron el catorce siguiente[3].

En tanto que respecto del diverso juicio SM-JRC-356/2018, la resolución se hizo del conocimiento del actor el doce de septiembre[4], y la demanda fue presentada el día quince siguiente[5].

c. Legitimación. Se cumple este requisito por tratarse los promoventes de cuatro partidos políticos nacionales con registro en el Estado de Nuevo León.

d. Personería. Raúl Rodríguez Jáuregui, Santos González Alanís, Eva Cecilia Lozano Paulín, Juan José Aguilar Garnica y Gilberto de Jesús Gómez Reyes, cuentan con personería para promover los juicios de revisión constitucional electoral a nombre de los partidos políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, pues tal carácter fue reconocido por la autoridad responsable al rendir los respectivos informes circunstanciados[6].

e. Interés jurídico. Se cumple este requisito, porque los partidos políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Acción Nacional controvierten la resolución dictada por el Tribunal Local en los juicios de inconformidad JI-144/2018 y acumulados, que, entre otras cuestiones, confirmó la elección municipal de Santiago, Nuevo León.

Ahora bien, respecto del juicio SM-JRC-356/2018, el Partido del Trabajo, cuenta con interés jurídico, en atención a que controvierte la resolución dictada en los expedientes JI-309/2018 y acumulado, la cual, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Local, efectuó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento antes precisado.

4.2.2. Requisitos especiales

a. Definitividad. Las sentencias reclamadas son definitivas y firmes, toda vez que en la legislación electoral del Estado no existe otro medio de impugnación a partir del cual puedan ser revocadas o modificadas[7].

b. Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este presupuesto porque en los escritos correspondientes se alega la vulneración de los artículos 1, 17, 40, 41 y 116, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c. Violación determinante. Se cumple esta exigencia, pues los partidos políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Acción Nacional controvierten la decisión tomada en diversos medios de impugnación local, en la cual se confirmó la elección de integrantes del ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, a partir de desestimar sus agravios respecto de la nulidad de votación recibida en un número importante de casillas, además de que con excepción del PRI solicitan la nulidad de la elección; alegación que hoy hacen valer en esta instancia respecto del análisis realizado por el Tribunal Local.

De igual forma, el PT también controvierte la confirmación de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

d. Posibilidad jurídica y material de la reparación solicitada. La reparación solicitada es viable, toda vez que las impugnaciones atienden a los resultados de una elección municipal, cuya toma de posesión está prevista para el treinta y uno de octubre[8] próximo.

5. TERCERO INTERESADO

Por acuerdos de veintitrés de agosto, la Magistrada Instructora determinó reservar los escritos presentados el diecisiete de agosto por el PRI, a través de su representante ante la Comisión Electoral, por los que solicita se le reconozca como  tercero interesado en los juicios SM-JDC-723/2018 y SM-JRC-260/2018, promovidos por Edmundo Villalón Mendoza y el PAN, respectivamente[9].

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 3, inciso b); en relación con los artículos 17, párrafo 4, y 91, párrafo 1, de la Ley de Medios, no ha lugar a tener como tercero interesado al PRI en ambos juicios, pues los escritos de comparecencia fueron presentados de forma extemporánea.

De acuerdo con las normas mencionadas los escritos por los cuales se pretenda comparecer como tercero interesado en los medios de impugnación en materia electoral, deberán presentarse dentro del plazo de setenta y dos horas contadas a partir de que se haga del conocimiento público la presentación de los juicios o recursos, mediante cédula que se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.

En el caso, se observa que la publicitación de los escritos por los cuales se presentaron los juicios mencionados se realizó en los estrados del Tribunal Local, mediante cédula fijada a las doce horas con treinta minutos, para el juicio de revisión constitucional electoral y a las quince horas con veinte minutos, respecto del juicio ciudadano, ambas el día catorce de agosto de dos mil dieciocho[10].

Debido a lo anterior el plazo de setenta y dos horas concluyó a las doce horas con treinta minutos y a las quince horas con veinte minutos del día diecisiete de agosto, lo cual además fue certificado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Local[11].

Por su parte, el PRI por conducto de su representante, quien solicita se le reconozca el carácter de tercero interesado en los juicios señalados, presentó los escritos de comparecencia a las quince horas con veinte minutos –para el juicio de revisión constitucional electoral– y a las quince horas con veinticinco minutos –en el caso del juicio ciudadano–, del diecisiete de agosto[12].

Por lo que resulta evidente que su presentación se dio fuera del plazo legal, siendo extemporáneos los escritos de comparecencia.

En consecuencia, esta Sala Regional determina tener por no presentados los escritos del PRI como tercero interesado en el juicio de revisión constitucional SM-JRC-260/2018, así como en el juicio ciudadano SM-JDC-723/2018.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento del caso

                    Juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-239/2018 y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-722/2018.

La pretensión de los actores es que se revoque la resolución dictada por el Tribunal Local que, entre otras cuestiones, confirmó la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, así como la entrega de constancias de mayoría a favor de la planilla postulada por el PRI, realizada por la Comisión Municipal, al considerar que sus agravios no fueron atendidos correctamente.

Esto es así, pues refieren que la sentencia resulta incongruente, ya que por un lado el Tribunal Local declaró la nulidad de dos casillas, por haberse acreditado que fueron representantes de partido, funcionarios públicos de rango superior y, por otro determinó válida la integración de diversas casillas, aun y cuando se reconoció que fungieron como funcionarios diversos servidores municipales con facultades de mando.

De igual forma, sostienen que la resolución no es exhaustiva, ya que la responsable no expuso los motivos por los cuales dichos funcionarios no contaban con la potestad suficiente para ejercer presión sobre el electorado, aunado al hecho de no se consideró adecuadamente el concepto de empleado de confianza; lo que ocasionó una insuficiente motivación.

                    Juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-242/2018 y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-776/2018.

Los promoventes afirman la presunta violación a los principios de legalidad, imparcialidad, exhaustividad, congruencia y transparencia, así como el debido proceso y el derecho de audiencia, pues el Tribunal responsable solamente analizó algunas casillas, cuestión que consideran indebida, ya que se acreditó la existencia de irregularidades graves en la integración de las mesas directivas de casilla, situación que trascendió a los resultados de la elección.

Consideran que no se debió calificar sus alegaciones como subjetivas y carentes de objetividad, ya que, si bien es cierto que los funcionarios de casilla actuantes aparecen en la lista nominal y pertenecen a la sección correspondiente, no debieron actuar con tal carácter, ya que no hay razón alguna para que no hayan aparecido en el encarte.

De igual forma sostienen que no debieron desempeñarse como funcionarios de casilla, ya que no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 83 de la LGIPE, pues no participaron en ningún curso de capacitación, se desconoce si tienen un modo honesto de vivir, si nacieron en el país o si tienen otra nacionalidad.

Les genera agravio el hecho de que el Tribunal determinara insuficiente las alegaciones realizadas respecto a que todas las casillas se integraron con funcionarios públicos pertenecientes al ayuntamiento de Santiago, con motivo de la ausencia de los funcionarios previamente insaculados por la autoridad administrativa electoral, esto pues jamás se precisó el procedimiento que se llevó a cabo para la sustitución de éstos, aunado al hecho de que tampoco se asentó en las actas correspondientes tal situación.

         Juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-243/2018

El PRI aduce que incorrectamente se determinó anular la votación recibida en las casillas 2088 Contigua 1 y 2091 Contigua 2 bajo el argumento de haberse ejercido presión sobre el electorado por parte de dos representantes de ese instituto político, esto debido a que quedó acreditado en autos que se desempeñaban como Directores de Ecología y de Fiscalización y Cuenta en ese ayuntamiento, es decir, se les consideró como servidores públicos de mando superior, por lo que su sola presencia inhibió a los electores respecto al ejercicio libre del sufragio.

A consideración del partido actor, la resolución impugnada carece de exhaustividad, pues no existe evidencia alguna del método por el cual se haya ejercido presión y que haya tenido un impacto trascendente sobre el electorado, aunado al hecho de que dichos funcionarios no tienen el manejo de recursos o programas que los doten de poder sustancial en la comunidad, ya que solamente auxilian a los titulares en el despacho de los asuntos propios de sus áreas, razón por la cual no se les puede considerar como funcionarios de mando superior, sino en todo caso, de un segundo nivel de gobierno.

         Juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-260/2018

Por su parte, el PAN aduce una indebida motivación y fundamentación en el estudio de las causales de nulidad denunciadas; asimismo denuncia la incongruencia interna de ésta, como se precisa a continuación.

a. Incorrecto análisis de la causal genérica de nulidad de la elección.

El actor sostiene que el Tribunal Local realizó un estudio incorrecto respecto de la integración por servidores públicos del ayuntamiento de Santiago, en más del veinte por ciento de las casillas instaladas, con lo cual buscaba la nulidad de la elección denunciada.

Lo anterior debido a que, en su escrito de demanda, el partido actor denunció dicha anomalía bajo la causal genérica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 329, fracción XIII[13], de la Ley Electoral Local, y no como erróneamente lo analizó la responsable, como indebida integración de los centros de recepción de votación, de acuerdo con lo establecido en el citado numeral, en su fracción IV[14].

De igual forma señala, que no fue atendido el planteamiento respecto a que si los empleados de un ayuntamiento pueden integrar las mesas directivas de casilla cuando el candidato es el presidente municipal que pretende reelegirse.

b. Incongruencia interna.

Sostiene la incongruencia interna de la resolución combatida, pues, si bien el Tribunal responsable reconoce que dos casillas fueron integradas por funcionarios públicos que laboran en el ayuntamiento, y que estos poseen cargos de coordinación -jerárquicamente inferiores a las direcciones de secretarías-, no declaró la nulidad de dichas casillas.

De tal suerte, que, con la sola presencia de dichos servidores públicos en los centros de recepción de la votación, se genera una presunción de que se inhibe a los electores y se afecta el principio de libertas en la emisión del sufragio.

c. Incorrecto análisis de la causal de error o dolo.

El PAN señala que le causa agravio el hecho de que el Tribunal Local determinara inoperante el agravio relativo a la nulidad por error o dolo de la votación recibida en diversas casillas, bajo el argumento de que fueron objeto de recuento en sede distrital, pues las incongruencias aducidas subsisten y las mismas resultan determinantes, por lo que se debió declarar la nulidad solicitada.

De igual forma, respecto de tres casillas, sostiene que se realizó un estudio indebido en la sentencia combatida, puesto que en las actas correspondientes se asentaron errores de forma incorrecta y que dicha situación fue desestimada por la responsable.

d. Indebido análisis respecto de la integración de las mesas directivas de casilla.

El instituto político actor afirma que el Tribunal hizo un estudio indebido respecto de tres casillas denunciadas por la incorrecta integración de sus mesas directivas, pues contravino las reglas de valoración de las pruebas, así como los criterios establecidos por este Tribunal Electoral.

e. Negativa de declarar la nulidad de la elección.

Por último, refiere que a pesar de estar correctamente planteadas y acreditadas las causales de nulidad de las casillas denunciadas, al no haberlas estudiado correctamente, no se realizó la declaratoria de nulidad de la elección por existir irregularidades plenamente acreditadas en más del veinte por ciento -20%- del total de las casillas instaladas.

         Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-723/2018.

Edmundo Villalón Mendoza, candidato independiente a Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, solicita se declare la nulidad de la elección por la existencia generalizada de irregularidades graves y trascendentes que afectaron de manera irreparable el desarrollo de la jornada electoral.

Esto por la supuesta manipulación electoral realizada por el PRI, pues en diversas casillas recibieron la votación personas distintas a las facultadas por la Ley, los representantes de casilla del citado instituto político ejercieron amenazas sobre los electores y los miembros de las mesas directivas, así como que se expulsó sin causa justificada a sus representantes, situaciones que resultaron determinantes para el resultado de la elección.

También señala que el Tribunal responsable hizo un indebido cotejo de las actas de escrutinio y cómputo, pues no advirtió que existen diferencias entre las aportadas por el actor y la Comisión Municipal, por lo que al tener contenidos distintos se debería anular la elección.

Causa agravio la negativa de la responsable a la apertura de la totalidad de los paquetes electorales, pues la gravedad de las irregularidades acontecidas daba lugar a que se llevara a cabo el recuento total de la votación, aunado al hecho de que tal diligencia se estimó necesaria para acreditar la incongruencia entre el número total de votos emitidos, respecto de las boletas electorales disponibles en las diversas casillas del municipio.