Monterrey, Nuevo León a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que: a) modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-95/2021 y acumulados, que por un lado, confirmó el acuerdo IETAM-A/CG-95/2021, en el que se reconfiguró el cómputo final de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional; y, por otro, revocó el diverso acuerdo IETAM-A/CG-96/2021, en el que se asignaron las diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso de dicho Estado, al estimarse que: i. no le asiste razón a un ciudadano actor, ni a los partidos políticos Acción Nacional y del Trabajo, en lo relativo a la base del cálculo de la votación válida emitida; ii. el tribunal responsable, contrario a la fórmula electoral que se contiene en la norma local, cuya interpretación se dio en precedentes reiterados de Sala Superior, introdujo una regla de constatación de sobre representación en cada etapa, la cual alteró el procedimiento previsto para ajustes de sub y sobrerrepresentación y, adicionalmente, omitió atender a la regla de asignación en forma decreciente las diputaciones que correspondían conforme a los restos mayores, en la medida en que lo prevé la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; iii. son ineficaces los agravios planteados en relación a la supuesta vulneración al principio de objetividad e imparcialidad por parte del tribunal responsable; b) en plenitud de jurisdicción, realiza la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para la legislatura local; c) en vía de consecuencia, deja sin efectos las constancias emitidas por citada la autoridad administrativa electoral en cumplimiento a la decisión del tribunal responsable.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas citadas se refieren a dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.

1.1. Jornada electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada electoral en Tamaulipas para elegir, entre otros cargos, diputaciones locales por ambos principios.

1.2. Cómputos distritales. El nueve de junio, los veintidós consejos distritales del IETAM realizaron los cómputos de la elección de diputaciones por los principios de MR y RP.

1.3. Impugnación de los cómputos distritales de diputaciones locales por el principio de RP. Entre el nueve y diez de junio, se controvirtieron los cómputos de los veintidós Consejos Distritales, mismos que motivaron la formación de los siguientes expedientes: i. fueron registrados bajo los respectivos números de expediente TE-RIN-07/2021, TE-RIN-08/2021, TE-RIN-09/2021, TE-RIN-10/2021, TE-RIN-11/2021, TE-RIN-12/2021, TE-RIN-13/2021, TE-RIN-14/2021, TE-RIN-15/2021, TE-RIN-16/2021, TE-RIN-17/2021, TE-RIN-18/2021, TE-RIN-19/2021, TE-RIN-20/2021, TE-RIN-21/2021 y acumulado, TE-RIN-22/2021, TE-RIN-23/2021, TE-RIN-24/2021, TE-RIN-25/2021, TE-RIN-26/2021 y acumulados; así como, el TE-RIN-27- 2021 y TE-RIN-72-2021; y, ii. En su oportunidad, estos recursos fueron resueltos en el sentido de modificar y, en un caso confirmar, los cómputos impugnados.

1.4. Sesión de cómputo final. El doce de junio, el Consejo General del IETAM realizó el cómputo final de la elección de diputaciones por el principio de RP.

1.5. Impugnación del cómputo final de diputaciones por el principio de RP. El dieciséis siguiente, el PT controvirtió el cómputo final de la elección de diputaciones por el principio de RP, su demanda fue registrada bajo el número de expediente TE-RIN-80/2021, desechándose por el Tribunal local, al quedar sin materia el recurso, por virtud de lo decidido en las impugnaciones promovidas contra los cómputos distritales de la elección de diputaciones por el principio de RP que generaron la recomposición del cómputo final de dicha elección.

1.6. Cómputo estatal reconfigurado. El tres de septiembre, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo de reconfiguración, en el que se establecieron como resultados de la elección de diputaciones locales por el principio de RP, los siguientes.

1.7. Asignación de diputaciones de RP. En la misma fecha, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo de asignación, en el que determinó a quién correspondían las catorce diputaciones de RP, como a continuación se indica.

1.8. Medios de impugnación locales. Para controvertir el Acuerdo de reconfiguración y el Acuerdo de asignación, se presentaron los siguientes medios de defensa ante el Tribunal local.

1.9. Sentencia impugnada [TE-RIN-95/2021 y acumulados]. El diecisiete de septiembre, el Tribunal local resolvió los juicios de manera acumulada y determinó: i. confirmar el Acuerdo de reconfiguración del cómputo de la elección de diputaciones de RP; y, ii. revocar el Acuerdo de asignación.

1.10. Aclaración de sentencia. El diecinueve siguiente, el tribunal responsable emitió resolución plenaria de aclaración de sentencia, por virtud de lo que denominó imprecisión en el apartado de EFECTOS, respecto del nombre de las personas a las que se entregarían las constancias como diputaciones de RP electas en las posiciones 2 y 5 de la lista estatal del PAN.

1.11. Juicios federales y tercerías interesadas. En desacuerdo con la sentencia local, el veinte, veintidós y veintitrés de septiembre, se promovieron los siguientes juicios de revisión constitucional electoral y de la ciudadanía:

1.12. Juicios federales per saltum ante Sala Superior. El veintidós de septiembre, el PT y Arcenio Ortega Lozano, promovieron medios de impugnación vía salto de instancia, para que Sala Superior conociera de la sentencia impugnada. Por virtud de dicha solicitud, las demandas de los actores fueron remitidas a dicho órgano colegiado por el Tribunal local y, fueron registradas con los respectivos números de expediente SUP-JRC-189/2021 y SUP-JDC-1292/2021.

1.13. Acuerdo de Sala [SUP-JRC-189/2021 y SUP-JDC-1292/2021, acumulados]. El veinticuatro de septiembre, previa acumulación de los asuntos, Sala Superior determinó que la competencia para resolver la impugnación correspondía a esta Sala Regional, por lo que decidió reencauzar las demandas para que, de inmediato, resolviera la controversia planteada conforme sus atribuciones.

1.14. Reencauzamiento a Sala Regional. El veinticinco siguiente, se notificó a esta Sala Regional, por parte de Sala Superior, la determinación antes mencionada, registrándose los medios de impugnación reencauzados conforme a lo siguiente.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los medios de defensa, al tratarse de juicios que controvierten una sentencia del Tribunal local, relacionada con la asignación de diputaciones de RP para integrar la legislatura del Estado de Tamaulipas, entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 176, primer párrafo, fracciones III y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 83, párrafo 1, inciso b), y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que las y los actores controvierten una misma resolución, dictada por el Tribunal local, de ahí que al existir conexidad en la causa, por relacionarse con la asignación de diputaciones de RP del Estado de Tamaulipas, se considera procedente resolver los juicios conjuntamente, a fin de evitar el dictado de sentencias que pudieran resultar contradictorias.

En consecuencia, procede acumular los expedientes SM-JDC-958/2021, SM-JDC-959/2021, SM-JDC-960/2021, SM-JDC-972/2021, SM-JDC-974/2021, SM-JRC-271/2021 y SM-JRC-272/2021, al diverso SM-JRC-270/2021, por ser el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los expedientes acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. CUESTIÓN PREVIA

Esta Sala Regional considera que, con independencia de que no se cuenta con la totalidad de las constancias de trámite de publicitación del juicio SM-JDC-972/2021, es necesaria la resolución pronta del medio de defensa, en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, al relacionarse con la instalación del Congreso local, cuya toma de protesta será el próximo treinta de septiembre, de ahí que sea imperativo brindar certeza sobre los resultados de la elección que se cuestiona[3].

5. PROCEDENCIA

Se cumplen los requisitos generales, así como los especiales previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, 80, 86 y 88, de la Ley de Medios, de los juicios acumulados en la presente sentencia conforme a lo siguiente.

A.      Requisitos generales

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito, precisan los nombres y firmas de las y los ciudadanos actores, los partidos políticos inconformes, los nombres y firmas de quienes promueven en su representación, la resolución que controvierten; se menciona hechos, agravios y las disposiciones constitucionales presuntamente no atendidas.

b) Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días, toda vez que la sentencia que reclaman fue objeto de aclaración el veinte de septiembre, y los juicios se promovieron ese mismo día, así como el veintidós y veintitrés siguiente[4].

Lo anterior conforme a la jurisprudencia 32/2013, de rubro: PLAZO PARA PROMOVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. CÓMPUTO CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE HA SIDO OBJETO DE ACLARACIÓN[5].

c) Definitividad. La sentencia reclamada es definitiva y firme, dado que en la legislación electoral del Estado de Tamaulipas no se contempla otro medio de impugnación que deba agotarse previo a la promoción de los presentes juicios.

d) Legitimación. Los partidos políticos PAN, PT y MC están legitimados por tratarse de partidos políticos nacionales con registro en el Estado de Tamaulipas.

Por otra parte, Sandra Luz García Guajardo, Linda Mireya González Zúñiga, Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, Elva Lidia Valles Olvera y Arcenio Ortega Lozano, están legitimados para acudir a esta instancia, por tratarse de personas que promueven por sí mismas, de forma individual, ostentándose en calidad de candidaturas a diputaciones para integrar el Congreso local, aduciendo violaciones a sus derechos político-electorales de ser votadas, dado que pretenden se les asigne una diputación por el principio de RP.

e) Personería. Luis Tomás Vanoye Carmona, representante del PAN, Luis Alberto Tovar Nuñez, representante de MC y Erick Daniel Márquez de la Fuente, representante del PT, cuentan con personería para promover juicios de revisión constitucional, como lo han hecho, al ser quienes acudieron en representación de los respectivos partidos políticos en la instancia previa; además de que dicho carácter les fue reconocido por el Tribunal local al rendir su informe circunstanciado[6].

f) Interés jurídico. Se cumple este requisito, porque las y los actores controvierten una resolución dictada por el Tribunal local, que revocó la asignación de diputaciones de RP realizada por el IETAM, lo que en su concepto es ilegal, pues estiman que el procedimiento de asignación realizado por el órgano jurisdiccional no se efectuó conforme a Derecho, por lo que pretenden como lo expresan, se observe la fórmula de asignación de diputaciones en la forma que plantean y, en esa medida, puedan ser resarcidos en el derecho que afirman tener y, en su caso, les sea asignada una curul de RP.

B. Requisitos especiales relativos a los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-270/2021, SM-JRC-271/2021 y SM-JRC-272/2021.

a)       Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este presupuesto, porque en las demandas se alega la vulneración de los artículos 1°, 14, 16, 17, 35, 40, 41, 99, 116 y 133, de la Constitución Federal.

b) Violación determinante. Se considera satisfecho este requisito, debido a que los partidos actores controvierten la sentencia por la cual el Tribunal local revocó la asignación de diputaciones por el principio de RP y, en caso de asistirles razón en sus planteamientos, podrían generar una modificación sustancial en el proceso electoral local, que se traduzca en la modificación de la asignación de diputaciones para integrar el Congreso local.

c) Posibilidad jurídica y material de la reparación solicitada. La reparación es viable, ya que la litis atiende a la asignación de diputaciones de RP y la toma de posesión de las y los integrantes del Congreso local será el treinta de septiembre[7].

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Materia de la controversia

6.1.1. Planteamiento del caso

El tres de septiembre, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo de reconfiguración, en el que se establecieron los resultados de la elección de diputaciones locales por el principio de RP con base en las impugnaciones resueltas por parte del Tribunal local. Asimismo, emitió el Acuerdo de asignación en el que otorgó las diputaciones de RP a los partidos políticos con derecho a integrar el Congreso local para el periodo constitucional 2021-2024.

Inconformes con ello, diversos partidos políticos y candidaturas presentaron medios de impugnación locales.

6.1.2. Resolución impugnada

El diecisiete de septiembre, el Tribunal local resolvió los juicios de manera acumulada y determinó: i. confirmar el Acuerdo de reconfiguración; y, ii. revocar el Acuerdo de asignación.

El diecinueve siguiente, el tribunal responsable emitió aclaración de sentencia, para definir lo que denominó imprecisión en el apartado de EFECTOS, respecto del nombre de las personas a las que se entregarían las constancias como diputaciones de RP electas en las posiciones 2 y 5 de la lista estatal del PAN.

6.1.3. Planteamientos ante esta Sala Regional

Contra la sentencia local se presentaron los juicios federales relacionados previamente, cuyos agravios se analizarán agrupándolos, atendiendo a las temáticas jurídicas que se plantean en cada uno, las cuales se identifican en el siguiente cuadro:

6.2. Cuestión a resolver y metodología

Lo que en su conjunto muestran las temáticas sobre las que versan las inconformidades por parte de las y los promoventes es: i. La supuesta contabilización indebida de votos a favor de diversos partidos políticos que no registraron su lista estatal o no registraron candidaturas en diversos distritos, como base de la votación válida emitida; ii. la existencia de inconformidad con la asignación que en plenitud de jurisdicción realizó el Tribunal local, respecto a la cual, las y los promoventes plantean agravios a fin de que se les asigne alguna diputación, o bien, para que se retire la asignada a otra opción política; y, iii. la supuesta vulneración al principio de objetividad e imparcialidad por parte del Tribunal local.

Los motivos de inconformidad se estudiarán en orden diverso al que se expresan en las demandas, sin que genere perjuicio alguno a las y los promoventes[8], al analizarse en su totalidad, conforme lo mandata el principio de exhaustividad, debiendo responder el análisis a cargo de esta Sala:

a) Si fue ajustada a Derecho la confirmación de la base de la votación válida emitida, empleada para la asignación de diputaciones de RP;

b) Si fue correctamente atendida la fórmula de asignación de diputaciones bajo el mencionado principio, por el tribunal responsable; y,

c) Si está demostrada la supuesta vulneración al principio de objetividad e imparcialidad por parte del Tribunal local

6.3. Decisión

Esta Sala Regional considera procedente modificar la sentencia impugnada, al estimarse que: i. no le asiste la razón a un ciudadano actor como tampoco a los partidos políticos Acción Nacional y del Trabajo, en lo relativo a la incorrecta base del cálculo de la votación válida emitida; y, ii. el tribunal responsable introdujo una regla al procedimiento de asignación de diputaciones -descartada como válida en precedentes de Sala Superior- con la cual alteró el procedimiento previsto para ajustes de sub y sobrerrepresentación y, a la par, no asignó en forma decreciente las diputaciones conforme a los restos mayores previstos por la Ley local. Por otro lado, se concluye que son ineficaces los agravios que ven a una supuesta vulneración al principio de objetividad e imparcialidad por parte del tribunal responsable.

6.4. Justificación de la decisión

6.4.1. Es ajustado a derecho considerar la votación emitida a favor de distintas opciones políticas -MORENA, FXM y RSP-, en diversos distritos, al no haber sido oportuna y debidamente impugnada dicha circunstancia ante el Tribunal local.

El PAN [SM-JRC-270/2021] expresa que el tribunal responsable no fue exhaustivo, pues incorrectamente desestimó el agravio relativo a que no se debió tomar en cuenta para determinar la votación válida emitida, la votación de partidos que no registraron candidaturas de MR en diversos distritos, cuando sí precisó en su demanda a qué partidos políticos y distritos dirigía su concepto de perjuicio.

Por su parte, Arcenio Ortega Lozano [SM-JDC-974/2021] señala también que, de manera indebida el tribunal responsable validó contabilizar votos a favor de partidos políticos que no registraron o cancelaron candidaturas en diversos distritos a saber:  i. FXM [Distritos 6, 13, 14, 16 y 17]; ii. RSP [Distritos 3, 4 y 17]; y, iii. MORENA [Distrito 16].

Con relación a este tema, el PT [SM-JRC-272/2021] refiere que indebidamente se computaron votos a favor de RSP cuando no registró candidaturas en los distritos 3, 4 y 17.

No les asiste la razón a los actores.

Deben desestimarse los agravios de Arcenio Ortega Lozano, por lo que ve a ese aspecto de litis, en lo que hace a MORENA [Distrito 16] y FXM [Distritos 6, 13, 14 y 16], así como en lo relativo a RSP [Distritos 3, 4 y 17], que como se ha identificado previamente, también hace valer el PT.

En primer lugar, porque en su caso particular, aún y cuando sí se impugnaron por el ciudadano actor y el PT, los resultados consignados en el acta de cómputo los distritos 6, 13, 14 y 16, en los respectivos expedientes TE-RIN-12/2021 [Distrito 6]; TE-RIN-72/2021 [Distrito 13]; TE-RIN-19/2021 [Distrito 14]; TE-RIN-21/2021 y acumulado [Distrito 16], no se controvirtieron los resultados consignados por lo que hace a los votos registrados a favor de MORENA y FXM.

Precisándose, en lo que interesa al análisis que se realiza, que en las sentencias dictadas en los expedientes TE-RIN-12/2021[9] [Distrito 6]; TE-RIN-72/2021[10] [Distrito 13]; TE-RIN-19/2021[11] [Distrito 14], se modificó el cómputo de las actas de la elección de diputaciones de RP, mientras que en el caso del Distrito 16 [TE-RIN-21/2021 y acumulado[12]], los resultados fueron confirmados.

Atendiendo a lo anterior, y a lo recientemente resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-1560/2021 y acumulados, es criterio de esta Sala Regional que volver a estudiar los resultados asentados en las actas de cómputo ya reconfiguradas de esos distritos, con motivo de la impugnación que ahora se atiende, cuando ya existen pronunciamientos definitivos previos al respecto, supondría desconocer la inalterabilidad de decisiones adoptadas con antelación, lo cual no solo abre la posibilidad de la emisión de fallos contradictorios, sino que, en lo que trasciende jurídicamente, produce una alteración al principio de certeza de las decisiones que han quedado firmes en aspectos no controvertidos en lo particular.

De tal suerte que, en el caso se observa que el tema relacionado con los resultados consignados en las actas de cómputo relativas a diputaciones de RP en los distritos 6, 13, 14 y 16, ya fue previamente estudiado, modificándose o confirmándose, en cada caso, los resultados ahí consignados, en tanto que por lo que hace a los votos registrados a favor MORENA o FXM, en distritos concretos donde no postularon candidaturas de MR, se hubiera controvertido en su momento, por lo que, en esta instancia de revisión extraordinaria, se impone atender a la firmeza de este aspecto, al no tener este órgano de decisión potestad de análisis de decisiones convalidadas y/o ante la inactividad procesal de las y los contendientes, omitida frente a los cómputos respectivos, así como, en lo que ve a las impugnaciones que respecto de este aspecto fueron presentadas y desestimadas en otras cadenas impugnativas.

En ese sentido, son ineficaces los agravios hechos valer por el PAN [SM-JRC-270/2021], en los que expresa que el tribunal responsable no fue exhaustivo, pues incorrectamente desestimó el agravio relativo a que no se debió tomar en cuenta para determinar la votación válida emitida, la votación de partidos que no registraron candidaturas de MR en diversos distritos, cuando sí precisó en su demanda a qué partidos políticos y distritos dirigía su concepto de perjuicio.

Lo anterior porque aún y cuando sí precisó en su demanda local[13] los partidos políticos y distritos en los que no existían candidaturas registradas al día de la elección [MORENA (Distrito 16); y, FXM (Distritos 6, 13, 14 y 16)], la votación por que hace a los distritos, como se expuso, ya quedó firme por virtud de una sentencia ejecutoriada que analizó los sufragios contabilizados en las actas de esos distritos.

Establecido lo anterior, esta Sala observa que a diferencia de lo acontecido con las ineficaces alegaciones respecto de la votación que se contabilizó con relación a los partidos políticos MORENA y FXM, las actas de cómputo de RP, correspondientes a los distritos 3, 4 y 17, en lo relativo a la votación emitida a favor de RSP en efecto fueron impugnadas por el PT y por su candidatura.

Las demandas respectivas, dieron lugar a la formación de los expedientes TE-RIN-09/2021[14] [Distrito 3], TE-RIN-10/2021[15] [Distrito 4] y TE-RIN-22/2021[16] [Distrito 17], ahora bien, de la lectura de las resoluciones emitidas, lo que queda en claro es que el motivo por el cual el partido y el ciudadano impugnaron la consideración de la votación de RSP, fue solo uno, en su concepto, la votación de esa fuerza política no debía contabilizarse a su favor, porque dicho instituto político, afirman, no registró lista estatal.

En ese orden, atendiendo a la litis propuesta, lo cierto es que, no fue materia de litis la toma de votación por no presentar candidatura de MR, sino por una cuestión diversa, como la que se indica.

En tales condiciones, fue correcto que la responsable desestimara sus agravios, pues aún y cuando en las mencionadas sentencias locales, el citado órgano de justicia electoral local consideró que la controversia sobre esos votos debía esperar hasta el cómputo final, ello fue con base en planteamientos derivados de que no se registró una lista estatal, mientras que al impugnar el Acuerdo de asignación en la sentencia que aquí se revisa, lo que ocurre es que estamos ante una adición de algo que allá no alegó, hoy el sustento de los agravios: el hecho de que RSP no registró candidaturas de MR en los distritos 3, 4 y 17.

Derivado de ello, atendiendo al carácter de cosa juzgada que revisten las sentencias que ya se pronunciaron respecto a la votación asentada en las actas de diputaciones de RP de esos distritos [TE-RIN-09/2021 (Distrito 3); TE-RIN-10/2021 (Distrito 4) y TE-RIN-22/2021 (Distrito 17)], y al criterio que mantiene esta Sala, y que ha reiterado la Sala Superior al resolver el mencionado precedente SUP-REC-1560/2021 y acumulados, al no haberse planteado su inconformidad en ese sentido dentro de los agravios hechos valer ante la instancia local, lo decidido en las mencionadas sentencias vinculan al actor, de ahí que no puede alcanzar su pretensión de que dichos votos puedan ser considerados nulos, porque, como se ha explicitado en este apartado, en su impugnación no planteó estos agravios y hoy no le está dado adicionar a la litis un aspecto que resulta novedoso, al no ser planteado en el momento procesal oportuno, esto es, en aquella impugnación inicial.

De ahí que esta Sala Regional avale como correcta la conclusión del Tribunal local, solo por lo que ve a ese aspecto, puesto que, en efecto, es verdad que la votación registrada a favor de RSP no fue debidamente impugnada en el momento procesal oportuno bajo el argumento que ahora se pretende introducir, que el partido no registró candidaturas de MR en los distritos [3, 4 y 17], como se estima importante reiterar, la controversia original trató sobre la indebida contabilización de votos por la ausencia de registro de lista estatal por parte de RSP, razonamiento que fue respondido por el tribunal responsable y que será objeto de análisis en el siguiente apartado.

En consecuencia, por las razones que se han indicado, se desestiman los motivos de inconformidad hechos valer por Arcenio Ortega Lozano, PT y PAN, respecto de la contabilización de la votación obtenida por los partidos que se indican, bajo el argumento, en esta instancia, de que no registraron candidaturas de MR en distritos concretos.

6.4.2. La improcedencia del registro de la lista estatal de RSP no conduce a deducir la votación recibida por ese partido en diversos distritos para efectos de calcular la votación válida emitida.

El PT [SM-JRC-272/2021] y Arcenio Ortega Lozano [SM-JDC-974/2021] señalan que fue contrario a Derecho que, en el fallo reclamado, el tribunal responsable considerara contabilizar para efectos de la votación válida emitida, los sufragios recibidos por RSP, pues no debieron ser tomados en cuenta, dado que el registro de su lista estatal fue negado por el IETAM, de ahí que, al ser sumados para definir la referida votación, distorsionan el umbral mínimo necesario para posibilitar que el PT acceda a una diputación de RP. Ello con base en lo previsto por Sala Superior en la tesis XIX/2017[17] y en el precedente SUP-RAP-151/2018.

No les asiste razón a los actores.

El artículo 190, fracción I, de la Ley local, establece que la votación válida emitida es la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos y candidatas no registrados.

En efecto, dicho artículo define un concepto que es sumamente relevante para llevar a cabo el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de RP en el Estado de Tamaulipas, el relativo a la votación válida emitida y su aplicación como base para la asignación de curules por porcentaje mínimo.

Ahora bien, al respecto es de considerar que a partir de las decisiones de las acciones de inconstitucionalidad 55/2016, así como de la diversa 83/2017 y sus acumuladas, la Suprema Corte perfiló de manera clara la base que debe regir para determinar la votación necesaria para que los partidos tengan acceso a las asignaciones por el principio de RP, con independencia de la denominación que pueda ésta tener en las legislaciones estatales.

En dichos precedentes, el máximo tribunal constitucional estableció que se debe utilizar como base un valor que represente genuinamente la fuerza electoral de cada partido, por tanto, deberán tomarse en cuenta los votos que tienen efectividad para efectos de MR[18].

Adicionalmente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 53/2017 y acumuladas, el alto tribunal estableció también que la base que debe regir para determinar la votación necesaria para que los partidos tengan acceso a la asignación de diputaciones por RP, debe ser aquella que demuestre el genuino valor de la fuerza electoral de cada partido, de modo tal que mediante las operaciones aritméticas respectivas se conozca con precisión en qué proporción obtuvieron el respaldo de la voluntad popular expresada en las urnas, con el objeto de que puedan llevar a la legislatura local, en su caso, el mismo grado de representatividad ciudadana que genuinamente les corresponde.

Ahora, en lo que atiende a las circunstancias particulares del caso que se revisa, es de precisar que la ausencia de registro de lista estatal por parte de RSP, derivó de lo decidido por el IETAM en el acuerdo IETAM-A/CG-52/2021, quien en ese acuerdo declaró improcedente, por extemporáneo, el registro de su listado, de ahí que en concepto de esta Sala Regional, resulte aplicable, mutatis mutandis, lo previsto por la tesis XXXIII/2000, en el aspecto de que, es válido sostener que si bien dicha circunstancia frustró la efectividad del sufragio a favor de sus candidaturas de RP, no lo hizo respecto a dicho instituto político, en relación a los efectos que podrían válidamente actualizarse por la recepción de votos de postulación de candidaturas de MR, entre los que se encontraba por mencionar alguno, la eventual conservación de su registro estatal para el acceso a prerrogativas[19].

De ahí que esta Sala Regional estime que, en este caso, es procedente que se tomaran en cuenta los votos emitidos a favor de RSP, quien sí tuvo candidaturas de MR, aun y cuando no le hubiera sido otorgado el registro de su lista estatal.

Estimar lo contrario, implicaría distorsionar la votación válida emitida en el Estado de Tamaulipas , al desconocer los sufragios válidamente obtenidos por RSP en los distritos en los que contendió  con candidaturas de MR, pues como se ha sostenido por este Tribunal Electoral, la votación válida emitida se integra con los votos depositados en las urnas a favor de los distintos partidos políticos y candidatos independientes, y sólo se deben deducir los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

Reiterándose que, no es admisible una interpretación distinta, que conlleve en los hechos a restar todo valor a votos emitidos a favor de RSP en el Estado de Tamaulipas, en el procedimiento que en la norma local se establece para definir qué partidos tendrán derecho a la RP; hacerlo distorsionaría el sistema, toda vez que son el conjunto de votos válidos los que llevan a medir la fuerza de apoyo ciudadano, directo e indirecto, primero para los triunfos de mayoría, y segundo, para obtener la medida de su representación real, y no una menor a la reportada por la votación del total de las fuerzas políticas[20].

Sin que en el caso resulte atendible lo señalado en la tesis XIX/2017 que señalan los inconformes, puesto que en dicho criterio se analizó el caso de una candidatura comunitaria de Tlaxcala, cuyo registro fue cancelado no cumplir con el mandato paridad y el pronunciamiento de la validez de los votos se relacionó con los obtenidos en el acta de mayoría, en tanto que en el caso concreto que nos ocupa, el objeto de análisis es la votación válida emitida para asignación de diputaciones de RP, cuyo fin es, como ha quedado precisado, medir la fuerza electoral de cada partido, por lo que obviar los sufragios recibidos por RSP en distintos distritos implicaría desconocer implícitamente la votación obtenida en MR que ya está firme.

A la par, en criterio de esta Sala, tampoco resulta aplicable el precedente SUP-RAP-151/2018, pues dicho asunto se pronunció respecto a una candidatura independiente que, al retirarse de la contienda, no constituyó una opción política más que representara alguna fuerza electoral a medir en la elección presidencial

De ahí que por las razones que se indican, deban desestimarse los agravios que se estudian en este apartado.

6.4.3. El tribunal responsable, contrario a la fórmula electoral que se contiene en la norma local, cuya interpretación se dio en precedentes reiterados de Sala Superior, introdujo una regla de constatación de sobre representación en cada etapa y una verificación de la sub representación al final, la cual alteró el procedimiento previsto para ajustes de sub y sobrerrepresentación y, adicionalmente, omitió atender a la regla de asignación en forma decreciente las diputaciones que correspondían conforme a los restos mayores previstos por la Ley local.

Son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el PAN [SM-JRC-270/2021], Sandra Luz García Guajardo [SM-JDC-958/2021], Linda Mireya González Zúñiga [SM-JDC-959/2021], Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde [SM-JDC-960/2021], MC              [SM-JRC-271/2021], PT [SM-JRC-272/2021], Elva Lidia Valles Olvera [SM-JDC-972/2021], y Arcenio Ortega Lozano [SM-JDC-974/2021], en el sentido de que el tribunal responsable no atendió al procedimiento previsto por la normativa para la asignación de diputaciones por representación proporcional, en particular al hacer ajustes de sobre y subrepresentación y, a la par, no asignó en forma decreciente las diputaciones conforme a los restos mayores previstos por la Ley local.

Al analizar los agravios hechos valer en la instancia local por el PRI, MC y diversas candidaturas, el tribunal responsable estimó que el límite de sobrerrepresentación debía analizarse en cada una de las etapas de la asignación de diputaciones de RP y que el estudio de la subrepresentación se efectuaría sólo al concluir el procedimiento y, de ser necesario, se realizarían los ajustes respectivos.

Asimismo, consideró que la fase de resto mayor debía interpretarse en el sentido de que, una vez identificado el partido con la mayor cantidad remanente de votos, era a éste quien debían otorgársele la totalidad de las curules pendientes por asignar.

Así, el Tribunal local determinó revocar el Acuerdo de asignación y, con base en los criterios referidos, en plenitud de jurisdicción, otorgó las diputaciones de RP.

Sin embargo, el tribunal responsable pasó por alto que Sala Superior, al analizar en el SUP-REC-743/2016 y acumulados, las disposiciones que regulan la asignación de diputaciones de RP en el Estado de Tamaulipas [artículo 190, de la Ley local], concluyó que las autoridades electorales, por lo que ve a esa entidad federativa, no están obligadas a verificar los límites de sobre y subrepresentación de cada partido político previo a la asignación de las diputaciones de RP.

Así, conforme al criterio consistente sostenido por este Tribunal Electoral, en el caso concreto del Estado de Tamaulipas, para llevar a cabo el procedimiento de verificación de la sub y sobrerrepresentación es necesario haber realizado la asignación atinente de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 190 de la Ley local y que exista el supuesto de que un partido político este sobre o subrepresentado.

Inclusive, dicho procedimiento de verificación, ya establecido desde dos mil dieciséis para el Estado de Tamaulipas, encuentra también justificación en el hecho de que, al decidir el caso del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el SUP-REC-1560/2021 y acumulados, Sala Superior estimó constitucionales, como es el caso, procedimientos que contemplan la revisión por sobrerrepresentación después del desarrollo de las distintas etapas: asignación directa, cociente natural o cociente electoral para el caso Tamaulipas, y resto mayor; y, una revisión final del límite constitucional de subrepresentación.

De ahí que no le asista razón a la ciudadana Elva Lidia Valles Olvera [SM-JDC-972/2021], por lo que hace al ajuste de sobrerrepresentación que propone en su demanda.

Por otro lado, se estima que también fue incorrecto lo interpretado por el Tribuna local respecto a la manera de asignar las curules correspondientes en la fase de resto mayor, pues pasó por alto que el artículo 190, fracción II, último párrafo de la Ley local, establece que restando diputaciones de RP por distribuir, deben utilizarse en forma decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos políticos una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores de porcentaje específico y cociente electoral.

En ese sentido, no debió considerar que al partido político con remanente más alto, era al que correspondía asignar la totalidad de las diputaciones de RP restantes o por asignar, pues al entenderlo así, pasó por alto que conforme a la normativa local, ello debía realizarse en forma decreciente, esto es, comenzando por el partido político con más remanente de votos hasta agotar la asignación de cada curul correspondiente a distintas fuerzas políticas y no a una sola.

De ahí que no procedía efectuar los ajustes que, en plenitud de jurisdicción, realizó, ya que los criterios consistentes de Sala Superior y de esta Sala Regional, interpretando lo dispuesto en la vigente Ley local, habían descartado cualquier medida correctiva que no estuviera prevista en la norma, definiéndose desde entonces, el desarrollo de la fórmula de asignaciones de diputaciones de RP para el Congreso local y particularmente el momento en que deben ser constatados los límites de sobre y sub representación, a saber, una vez desarrolladas las asignaciones.

Como se sostuvo con claridad en la revisión de la sentencia de esta Sala que realizó un ejercicio de esta naturaleza, y que fue modificada por Sala Superior en dos mil dieciséis, la norma estatal sí señala cuándo es que debe hacerse esa constatación de que los partidos políticos que participan en la asignación se ubican dentro de los límites constitucionales de sobre y sub representación y que esto es al final de correr la fórmula completa, no en algún momento previo.

En la decisión adoptada por unanimidad de votos, en el SUP-REC-743/2016, al respecto se clarificó lo siguiente:

En efecto, en el artículo 190, fracción lll, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas se establece que en ningún caso un partido político podrá contar con más de veintidós diputados por ambos principios, ni con el número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos el porcentaje que obtuvo de la votación estatal efectiva, excepción hecha de aquel partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso superior al porcentaje establecido.

Asimismo, se prevé que en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

De actualizarse el supuesto anterior, se estará a lo siguiente:

1. Se enlistará a los partidos políticos que estén sobrerrepresentados, en orden decreciente;

2. Al partido que se encuentre subrepresentado se le asignará una diputación de Representación Proporcional que será tomada del partido político que tenga un mayor porcentaje de sobrerrepresentación; y

3. Si se hubiese utilizado una curul de cada uno de los partidos políticos y todavía se encontrase un partido en el supuesto de subrepresentación, se iniciará una segunda vuelta comenzando nuevamente a tomar un diputado de aquel partido político más sobrerrepresentado.

En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior, de una interpretación sistemática y funcional del citado precepto, con lo dispuesto en el artículo 116, párrafo segundo, fracción ll de la Constitución federal, para llevar a cabo el procedimiento que ha sido descrito en párrafos precedentes es requisito sine qua non, que la autoridad electoral haya hecho la asignación atinente de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 190, de la ley electoral local y que exista el supuesto de que un partido político este sobre o subrepresentado.

Es decir, la norma electoral que ha sido precisada se debe interpretar en el sentido de que el procedimiento que ha sido señalado, es aplicable en el supuesto de que exista una subrepresentación o bien, si un partido político está sobrerrepresentado.

Lo anterior no sólo garantiza que los partidos políticos se ajusten a los límites de sobre y subrepresentación constitucionalmente previsto, sino que se respeta la facultad de los Congresos locales de establecer la normativa atinente para hacer la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

En este sentido, el procedimiento previsto en el artículo 190, fracción lll, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es aplicable tanto en el supuesto de que un partido político este sobre o subrepresentado.

En este contexto, el citado precepto establece que en el caso de que un partido político se encuentre en el supuesto antes señalado, se iniciará una segunda vuelta comenzando nuevamente a tomar un diputado de aquel partido político que se encuentre más sobrerrepresentado.

Así, a juicio de esta Sala Superior, el legislador de Tamaulipas, en su libertad auto configurativa, previó de manera expresa un procedimiento a fin de garantizar que los partidos políticos se ajusten a los límites constitucionales de sub y sobre representación.

Por lo que las autoridades electorales al hacer la asignación correspondiente se deben ajustar a las disposiciones previstas para ello.

En este contexto, para esta Sala no es ajustado a derecho el fallo recurrido, que revocó el Acuerdo de asignación, bajo el argumento de una incorrecta interpretación de la sub y sobrerrepresentación, el cual, como se expresa adicionalmente presenta una aplicación contraria a la norma local, en lo que hace al ejercicio de asignación en la fase de resto mayor.

Por lo anterior, es que esta Sala estima procedente modificar la sentencia impugnada, en lo que respecta a la asignación de curules por RP revocada por el Tribunal local, que a su vez revocó la realizada por el IETAM en el Acuerdo de asignación.

Ordinariamente, al advertir que el procedimiento de asignación efectuado es contrario a la normativa electoral, tendría como consecuencia ordenar al tribunal responsable llevar a cabo de nueva cuenta la asignación, sin embargo, en este caso, se estima necesario otorgar en esta instancia certeza sobre la integración del Congreso local dada la proximidad de la fecha que en el orden legal estatal está prevista la instalación de la próxima legislatura.

En ese estado de cosas, procede asumir plenitud la jurisdicción y realizar la asignación de diputaciones de RP conforme al procedimiento previsto por la Ley local y con base en los criterios consistentes de este Tribunal Electoral.

6.4.4. Análisis en plenitud de jurisdicción

Considerando la fecha en que se dictó la decisión controvertida y la que corresponde en el orden estatal para que quede integrada e inicie funciones la próxima legislatura, se impone, para garantizar el principio de certeza y de acceso a la justicia, que esta Sala Regional asuma jurisdicción y verifique la asignación de diputaciones por el destacado principio en sustitución del tribunal responsable, a lo cual se procede con fundamento en el mandato constitucional contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como en observancia de lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Medios.

Marco normativo y modelo de asignación de la RP de la legislación de Tamaulipas.

1. El principio de RP

Este Tribunal Electoral ha sostenido respecto de los sistemas de RP en las entidades federativas[21], que la integración de las legislaturas locales debe ser vista como la formación de un todo, en el que una de las partes surge del sistema de RP, y la otra, por el sistema de MR, sin que deba preponderar uno de estos principios sobre el otro.

Así, para que este sistema electoral mixto tenga aplicabilidad en las legislaciones de las entidades federativas, es necesario que el que se elija cumpla con ambos principios procurando cierto equilibrio, de manera que no se llegue al extremo de que uno de ellos sea predominante.

Además, se ha sostenido que no existe un modelo único para el sistema electoral regido por el principio de RP, cuyas características sean siempre las mismas. Por el contrario, a pesar de tener como valor común la voluntad de correspondencia entre el porcentaje de votos captados por los partidos políticos y la cantidad de escaños asignados a éstos, pueden existir variantes en los métodos particulares, siempre que se mantenga la tendencia al equilibrio.

De esta manera se debe entender que las legislaturas estatales gozan de cierta libertad para establecer el sistema de RP que consideren oportuno, sin llegar al extremo de que el modelo elegido reduzca el principio y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la legislatura, o lo aparte de la proporcionalidad natural.

Igualmente, se ha sustentado que los principios de MR y de RP son necesarios para la integración de las legislaturas de los Estados y, además, que la sobrerrepresentación excesiva de alguno o varios partidos minimiza al principio de proporcionalidad.

La Sala Superior también ha reconocido[22], apoyada en criterios de la Suprema Corte[23] que, si se atiende a la finalidad esencial de pluralismo político que persigue el sistema democrático mexicano, y a las disposiciones de la Constitución Federal en las que se desarrolla ese principio, en los sistemas electorales locales se deben observar los siguientes principios:

      Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido político participe con candidatos a diputados por MR en el número de distritos uninominales que la ley prevea.

      Establecer un porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputaciones.

      La asignación de diputaciones por el principio de RP será independiente y adicional a las constancias de MR que hubiesen obtenido las candidaturas del partido político de acuerdo con su votación.

      Precisar el orden de asignación de las y los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes.

      El tope máximo de diputaciones por ambos principios que puede alcanzar un partido político debe ser igual al número de distritos electorales.

      Establecimiento de límites a la sub y sobrerrepresentación.

      Las reglas para la asignación de diputaciones conforme a los resultados de la votación.

      Respeto al principio de paridad.

También ha sustentado que el principio de RP tiende a garantizar, de manera efectiva, el pluralismo en la integración de los órganos legislativos, es decir, atiende a la verdadera representación de la pluralidad política.

Así, se permite que las candidaturas de los partidos políticos minoritarios formen parte de la Legislatura de la entidad federativa que corresponda y que, al contar con un porcentaje significativo de votos, puedan tener representatividad en ella, acorde con la votación que cada uno haya logrado y en proporción al número de diputaciones a asignar de acuerdo con el principio de RP.

De esta manera, se aprecia que la base fundamental del principio de RP lo constituye la votación considerada como válida, que es la obtenida por los partidos y por los candidatos independientes, pues conforme a ella se deben asignar las curules que les correspondan, pues esta se refiere a la votación que la ciudadanía consideró otorgar a alguna de las opciones políticas que contendieron en la elección.

De ahí que toda fórmula y procedimiento de asignación debe estar fundada en la votación válida, evitándose disposiciones o interpretaciones que introduzcan elementos que vicien o distorsionen la relación votación-escaños.

2. Normatividad aplicable a las coaliciones en el caso del Estado de Tamaulipas

El artículo 190 de la Ley local dispone que cada partido político registrará candidaturas en listas estatales a las cuales se asignarán las diputaciones que obtengan por el principio de RP, en el orden que hayan sido inscritas.

Es decir, el sistema de registro de candidaturas en el Estado prevé desde esa etapa que los partidos inscriban sus propias listas de candidatos y no establece la posibilidad de que esas listas se registren por coalición. Ello no podría tener otro fin que el de asignarles, en caso de que tuvieran derecho a ello por los porcentajes de votación obtenidos, las diputaciones de RP que les correspondan.

Respecto a las coaliciones, la Sala Superior ha determinado que son uniones transitorias de dos o más partidos políticos que tienen por objeto alcanzar fines comunes de corte electoral, formadas únicamente para contender por el principio de MR, con independencia de la elección de que se trate[24].

También se precisa que la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, entre otros temas, determinó que en materia de coaliciones el régimen aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la Ley de Partidos; consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución Federal, ni por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones.

El artículo 85, párrafo 2, de la citada ley establece que los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular las mismas candidaturas en las elecciones federales o locales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la propia ley.

El artículo 87, párrafo 2, de la ley en cita, señala que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones a las legislaturas locales y Ayuntamientos, así como de Jefatura de Gobierno, Diputaciones a la Asamblea Legislativa de MR y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Es preciso destacar, que la propia ley refiere que las coaliciones se conformarán con el objeto de que los partidos políticos puedan participar en cualquiera de las elecciones mencionadas, solo por el principio de MR; esto es, la ley faculta esta forma de participación electoral únicamente bajo el principio mencionado.

El artículo 87, párrafo 11, de la Ley de Partidos, establece que concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones, la coalición por la que se hayan postulado candidatos terminará automáticamente.

En los párrafos 12 y 13 de la referida disposición se prevé que, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esa ley.

Además, que invariablemente, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidaturas por el principio de RP.

Por tanto, con base en la Ley de Partidos la participación coaligada de partidos políticos sólo abarca candidaturas de MR, la cual concluye con la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones, tomando en cuenta la obligación de cada partido de registrar listas propias de candidaturas de RP.

3. Normatividad aplicable a la RP

Conforme con el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal, las legislaturas de los Estados se integrarán con diputaciones electas, según los principios de MR y de RP, en los términos que señalen sus leyes.

Asimismo, se establece que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida (sobrerrepresentación).

Tal base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

Tampoco deberá contar con una representación que sea igual a restar de su porcentaje de votación emitida, ocho puntos porcentuales (subrepresentación).

De esta manera, los elementos que integran la fórmula y el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de RP, conforme a los preceptos invocados, son los siguientes:

a.        Integración del Congreso. 22 diputaciones electas por MR, y 14 de RP[25].

b.       Umbral mínimo o barrera legal. Para participar en la asignación se debe obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en el Estado, entendida como aquella que resulta de deducir de la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos y candidatas no registrados[26].

c.        Porcentaje mínimo. Se utiliza para la primera asignación, y se entiende como el 3% de la votación válida emitida[27].

d.       Votación para la asignación y derecho a obtenerla. Para la asignación directa, se utiliza la votación válida emitida, que será el total de las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones de RP. Los partidos políticos que hayan obtenido el 3% de votación válida emitida, tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones de RP[28].

e.        Votación para la asignación a partir de cociente electoral. Para la asignación de diputaciones a partir del cociente electoral, se utiliza la votación efectiva, entendida como aquella que resulta de deducir de la votación válida emitida, los votos de los partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación válida emitida[29].

f.          Cociente electoral. Se trata de una fórmula que se aplica a los partidos políticos con derecho a la asignación, una vez distribuidas aquellas diputaciones por porcentaje mínimo. Dicho cociente se calcula dividiendo la votación efectiva entre el número de diputaciones pendientes de asignar[30].

g.        Resto mayor. Se trata de los remanentes de votos que tuvieron los partidos políticos una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores[31].

h.       Restricciones legales. Del mismo modo, las normas aplicables en la materia señalan las restricciones que a continuación se enuncian.

         Límite de sobrerrepresentación o tolerancia legal: El máximo de diputaciones por ambos principios que puede alcanzar un partido político es de veintidós. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura local que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal efectiva. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso local, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento[32].

         Límite de subrepresentación: en la integración de la legislatura el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación estatal efectiva que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales[33].

Por cuanto hace al procedimiento de asignación, el artículo 190 de la Ley local establece el siguiente:

a.     Asignación por porcentaje mínimo. A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 3.0 % del total de la votación válida emitida, se les asignará una diputación[34].

b.     Asignación por cociente electoral. Realizada la anterior distribución, se determinarán las diputaciones que se le asignarán a cada partido político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente electoral[35].

c.     Resto mayor. Si aún quedaren curules por distribuir, se utilizarán en forma decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos políticos una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores[36].

d.     Verificación de las restricciones legales de sobre y subrepresentación. Desarrollado el procedimiento de asignación de curules por RP, se debe verificar si los partidos políticos se ajustan a los límites de sobre y subrepresentación, tomando en consideración los diputados obtenidos por cada partido político por el principio de MR[37].

e.     Aplicación de los límites de sobre y subrepresentación. i. Se enlistará a los partidos políticos que se encuentren sobrerrepresentados, en orden decreciente; ii. al partido que se encuentre subrepresentado se le asignará una diputación de RP que será tomada del partido político que tenga un mayor porcentaje de sobrerrepresentación; y, ii. si se hubiese utilizado una curul de cada uno de los partidos políticos y todavía se encontrase un partido en el supuesto de subrepresentación, se iniciará una segunda vuelta comenzando nuevamente a tomar un diputado de aquel partido político que se encuentre más sobrerrepresentado[38].

f.       Asignación de candidaturas. Las diputaciones obtenidas según el principio de RP se asignarán en el orden en que fueron registrados los candidatos o candidatas en las listas estatales de cada partido político[39].

g.     Aplicación paritaria de la fórmula. El IETAM emitió el Reglamento, a fin de establecer un mecanismo para la conformación paritaria, de entre otros, el Congreso local.

El citado documento, en su artículo 40, estableció el siguiente procedimiento para lograr la conformación paritaria de la legislatura local:

i. Una vez agotado el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de RP establecido en el artículo 190 de la Ley local, si se advierte que el género femenino se encuentra subrepresentado, en la integración del Congreso local, y para el cumplimiento de la paridad transversal, se procederá a realizar un ajuste por razón de género, a partir de la última asignación, tomando en cuenta las fases del procedimiento de abajo hacia arriba, siguiendo el orden invertido conforme a la asignación realizada.

ii. Se procederá a sustituir tantas fórmulas de candidaturas propietarias del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad entre los géneros o asignar todas las diputaciones por el principio de RP, lo que suceda primero.

iii. Para efectos del párrafo anterior, de actualizarse el supuesto que se refiere, se procederá en los términos y orden que a continuación se exponen:

a) En caso de que se haya realizado un ajuste por sobre y subrepresentación, la sustitución deberá iniciar con los candidatos asignados en dicha fase, con el candidato del partido que hubiere obtenido el mayor porcentaje de votación válida emitida.

b) La sustitución en la etapa de resto mayor iniciará con el candidato cuyo partido hubiere obtenido el mayor porcentaje de la votación válida emitida.

c) La sustitución en la etapa de cociente electoral debe recaer en el candidato cuyo partido hubiere obtenido el mayor porcentaje de votos de la votación válida emitida. Cuando la sustitución recaiga en un instituto político que reciba dos o más curules en esta fase, se efectuará en el candidato ubicado en último lugar de su lista de prelación.

iv. En el supuesto de empate entre varias opciones políticas susceptibles de ajuste por razón de género dentro de la fase de cociente electoral o resto mayor, la modificación deberá recaer en el candidato del partido que hubiera obtenido la mayor votación en la elección; en tanto que, en la fase de porcentaje mínimo o asignación directa, el ajuste atenderá a la menor votación recibida.

v. Las sustituciones se realizarán por la fórmula del género distinto de la lista del partido político a la que corresponda la fórmula sustituida, respecto del candidato ubicado en último lugar de su lista de prelación, en cada una de las fases de asignación, tales como porcentaje específico, cociente electoral, resto mayor y ajuste por sobre y subrepresentación. En estas tres últimas, cuantas veces se reproduzca dicha fase.

v. Las fórmulas conformadas por personas que fueron registradas como pertenecientes a grupos de atención prioritaria serán las últimas en ser sustituidas para alcanzar la integración paritaria.

vi. Las diputaciones obtenidas por los partidos políticos, por el principio de MR, no podrán ser sustituidas mediante el procedimiento de ajuste por razón de género.

6.4.4.1. Metodología de estudio atendiendo al principio de justicia completa.

Esta Sala Regional, al asumir jurisdicción y considerando que en el caso la decisión impugnada ha sido modificada para efectos de dejar insubsistente la designación de las y los titulares de las curules por el principio de RP, por el hecho de que el Tribunal local alteró el procedimiento previsto para ajustes de sub y sobrerrepresentación y, no asignó en forma decreciente las diputaciones conforme a los restos mayores previstos por la Ley local, y que con motivo de esto, se distorsionó la asignación de diputaciones bajo ese principio, procederá a constatar de nueva cuenta el procedimiento de asignación de diputaciones de RP a los partidos políticos conforme a la normativa prevista en el Estado de Tamaulipas, lo anterior, en el entendido de que como se expondrá, el procedimiento seguido por el IETAM en el Acuerdo de asignación fue ajustado a Derecho, sin embargo, a efecto de dotar de certeza, éste volverá a realizarse asumiendo jurisdicción de conformidad con lo siguiente.

6.4.4.2. Cómputo final de la elección de diputaciones del Estado de Tamaulipas.

Una vez efectuados los cómputos distritales, los resultados de las elecciones de diputaciones del proceso electoral local 2020-2021, fueron los siguientes[40]:

6.4.4.3. Desarrollo de la fórmula de asignación de diputaciones de RP sobre las bases del presente fallo.

Previo al desarrollo de la fórmula, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución local, debe precisarse que la legislatura del Estado de Tamaulipas se integrará por veintidós diputaciones de MR y catorce de RP.

En el caso, las diputaciones electas por el principio de MR se distribuyeron de la forma siguiente:

6.4.4.3.1. Obtención de la votación válida emitida, para determinar los partidos políticos que participarán en la asignación.

El artículo 190, fracción I, de la Ley local, señala que tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones de RP, los partidos políticos que obtengan por lo menos el tres por ciento [3%] de la votación válida emitida en el Estado.

A su vez el citado precepto legal dispone que se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida –suma de todos los votos depositados en las urnas-, los votos nulos y los correspondientes a candidaturas no registradas.

Como se precisó, para llevar a cabo el procedimiento de asignación de diputaciones de RP, los partidos políticos con derecho a ello deben participar en lo individual, en tanto que su representatividad en el órgano colegiado debe medirse por los votos que lograron según el cómputo correspondiente, una vez realizada la distribución de la votación entre los integrantes de la coalición.

Por tanto, para efectos de la asignación de diputaciones de RP, los partidos que integraron la Coalición JHH [PT y MORENA] solo podrían participar en el procedimiento de manera individual.

Precisado lo anterior, se procede a obtener la votación válida para la elección de diputaciones locales.

Como se precisó, en la asignación de diputaciones de RP se considera a los partidos políticos en lo individual, aun cuando participen en coalición; a la par, se sostiene que a las candidaturas independientes no les corresponde diputaciones por este principio, como lo prevé el artículo 11, fracción II, en relación con su último párrafo, de la Ley local[41].

Ahora, del listado anterior se obtiene que los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Encuentro Solidario, RSP y FXM, no alcanzaron el umbral mínimo del tres por ciento para tener derecho a la asignación directa de diputaciones por el principio de RP.

En consecuencia, en el procedimiento de asignación les corresponde participar solo a cuatro partidos políticos, a saber, a los que a continuación se citan: PAN, PRI, MC y MORENA.

6.4.4.3.2. Ronda de asignación por porcentaje mínimo

El artículo 190, fracción I, de la Ley local, establece que, al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento [3%] de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de RP, lo cual es conforme a lo siguiente.

Por porcentaje mínimo se han distribuido cuatro curules y restan diez por asignar.

6.4.4.3.3. Ronda de asignación por cociente electoral

Con fundamento en el artículo 190, fracción II, de la Ley local, las diputaciones que restan se asignarán por cociente electoral. Dicho cociente se obtiene conforme al siguiente procedimiento previsto por la citada ley.

En primer lugar, se debe restar de la votación efectiva, la utilizada para la asignación de diputaciones a los partidos que obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida, ese resultado representa la votación ajustada, la cual se divide entre el número de diputaciones pendientes por repartir, lo cual representará el cociente electoral.

Luego, se asignarán a los partidos políticos tantas diputaciones como número de veces contenga su votación el cociente electoral obtenido.

Cabe destacar que la Ley local, en el artículo 190, fracción II, señala que la votación efectiva que se tomará como base para el cálculo del cociente electoral, debe entenderse como aquella que resulte de deducir de la votación válida emitida los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el tres por ciento [3%] de la votación válida emitida.

Precisado lo anterior, se obtienen los votos utilizados por cada partido político por porcentaje mínimo -42,068- para restarlos a la votación efectiva:

Con base en lo anterior, se obtiene el cociente electoral dividiendo el total de la votación efectiva restante, entre el número de curules que faltan por repartir.

Conforme con lo que antecede, se asignarán a cada partido político tantas diputaciones conforme al número de veces que contenga su votación el cociente electoral.

Hecho lo anterior, se advierte que por cociente electoral se han distribuido ocho curules y restan dos por asignar.

6.4.4.3.4. Ronda de asignación por resto mayor.

El referido artículo 190, fracción II, de la Ley local, establece que, si después de aplicarse el cociente electoral, aún quedaren diputaciones por distribuir, se utilizarán en forma decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos políticos una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores; por lo tanto, se procede a asignar las dos diputaciones restantes, reiterando que la asignación inicia siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

Una vez realizado el procedimiento de asignación, la distribución de curules por partido político, incluyendo las obtenidas por MR, es la siguiente:

6.4.4.3.5. Revisión de los límites de sub y sobrerrepresentación.

De acuerdo con lo decidido por la Sala Superior en el SUP-REC-743/2016 y acumulados, realizadas las asignaciones, el artículo 190, fracción III, de la Ley local, prevé que debe revisarse que ningún partido político cuente con más de veintidós diputaciones por ambos principios [MR y RP].

De igual forma, dicho precepto señala que también deberá analizarse si algún partido cuenta con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso local que exceda en ocho puntos el porcentaje que obtuvo de la votación estatal efectiva, exceptuándose de lo anterior el partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento.

A la par de lo anterior, se establece que también deberá examinarse que, en la integración de la legislatura estatal, el porcentaje de representación de un partido político no sea menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Si es el caso aplicar los límites de sub y sobrerrepresentación previstos en ordenamiento legal en cita, se estará a lo siguiente.

      Se enlistará a los partidos políticos que se encuentren sobrerrepresentados, en orden decreciente.

      Al partido que se encuentre subrepresentado se le asignará una diputación de RP que será tomada del partido político que tenga un mayor porcentaje de sobrerrepresentación.

      Si se hubiese utilizado una curul de cada uno de los partidos políticos y todavía se encontrase un partido en el supuesto de subrepresentación, se iniciará una segunda vuelta comenzando nuevamente a tomar un diputado de aquel partido político que se encuentre más sobrerrepresentado

Se destaca que la verificación de los límites de sub y sobrerrepresentación, conforme a los criterios de la Suprema Corte, debe realizarse tomando en cuenta la votación efectiva [total de las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones de RP], al considerarse que, con independencia del nombre que le dé el legislador, se trata de una votación depurada que se obtiene al restar a la votación total los votos a favor de candidaturas no registradas, de candidaturas independientes, de partidos políticos que no obtuvieron el umbral mínimo, y votos nulos.

Ahora bien, por cuanto a esta votación depurada para efectos de comprobación de los referidos límites, Sala Superior y esta Sala Regional[42], han considerado que deben agregarse los votos de los partidos políticos o candidaturas independientes que hayan obtenido por lo menos una diputación por el principio de MR, a efecto de no alterar la relación entre votos y curules de la legislatura.

Al respecto, véase la tesis XXIII/2016 de la Sala Superior, de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE DETERMINAR LOS LÍMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN DEBE CONSIDERARSE LA VOTACIÓN DE LOS QUE HAYAN OBTENIDO UN TRIUNFO DE MAYORÍA (LEGISLACIÓN DE JALISCO)[43].

Con base en dicho criterio, no les asiste razón a los actores por lo que ve a no considerar la votación del PT para efectos de verificar la sub y sobrerrepresentación, pues como se indicó, al haber obtenido dos triunfos de MR, su votación debe ser empleada para efectos de medir la representación de todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso local.

Precisado lo anterior, procede determinar los límites de sobrerrepresentación en la distribución de curules por el principio de RP, en el entendido de que, como se verá, la votación del PT será incluida al haber obtenido dos diputaciones de MR, por lo que su votación, conforme a lo anteriormente expuesto, debe contabilizarse para efectos de medir la votación efectiva que sirve para verificar los límites constitucionales de sobre y subrepresentación.

En primer término, de la tabla anterior no se advierte que algún partido político cuente con más de veintidós diputaciones por los principios de MR y RP, por lo que a continuación se verificará si alguna de las fuerzas políticas se encuentra fuera del límite constitucional previsto para la sobrerrepresentación.

Efectuada la verificación de sobrerrepresentación de las fuerzas políticas, como se expuso, la Ley local prevé que también debe analizarse que, en la integración de la legislatura estatal, el porcentaje de representación de un partido político no sea menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales [subrepresentación].

A continuación, se procede a determinar los límites de subrepresentación en la distribución de curules por el principio de RP.

Conforme a los resultados mostrados, en primer lugar, esta Sala Regional advierte que MORENA se encuentra sobrerrepresentado, pues cuenta con veinte diputaciones en total, lo que equivale al 55.40% de representación en el Congreso local, tomando en cuenta que cada curul equivale al 2.77%.

En ese sentido, dado que su porcentaje de votación efectiva es de 42.44%, la sobrerrepresentación es del 12.96%, esto es, se encuentra por encima de los ocho puntos permitidos constitucionalmente.

En consecuencia, lo conducente es realizar un ajuste con el fin de cumplir lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, de la Constitución Federal; 27, fracción V, de la Constitución local; y, 190, fracción III, de la Ley local, en el sentido de que, en la integración de la legislatura, ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.

Por lo anterior, lo procedente es realizar los ajustes necesarios a efecto de que el señalado partido político alcance el número de curules que represente su votación, adicionados a hasta ocho puntos porcentuales, con el fin de que se encuentren dentro de los límites constitucionales de sobrerrepresentación.

Así, dado que la votación obtenida por MORENA es el equivalente a 42.44%, más los ocho puntos porcentuales que pueden alcanzar de sobrerrepresentación, se tiene que el referido partido político tiene derecho de alcanzar hasta el equivalente al 50.44% del total del Congreso local.

Atento a lo anterior, si el Congreso local se integrará por treinta y seis diputaciones, se tiene que el número de curules que representan el 50.44%, es igual a dieciocho diputaciones.

Así, con el objeto de garantizar que MORENA se mantenga dentro de los parámetros constitucionales para la integración del órgano legislativo local, lo procedente es deducir dos diputaciones de las seis obtenidas por el principio de RP.

De esa manera, tomando en consideración que MORENA obtuvo catorce diputaciones por el principio de MR, corresponde conservar sólo cuatro curules de RP. De esta manera, el mencionado partido se mantiene dentro del margen previsto por la Constitución Federal[44].

Precisado lo anterior, se advierte que la legislación de Tamaulipas establece expresamente la forma en que se deben otorgar las curules excedentes deducidas por virtud de sobrerrepresentación para el caso de la mencionada entidad federativa.

Así, el artículo 190, fracción III, inciso b), de la Ley local, establece que las diputaciones excedentes serán asignadas a los partidos que se encuentren subrepresentados.

Ahora bien, conforme a los resultados mostrados, esta Sala advierte que el PAN se encuentra subrepresentado, en tanto que tiene once diputaciones en total, lo que equivale al 30.47% de representación en el Congreso local, tomando en cuenta que cada curul equivale al 2.77%.

En ese sentido, dado que el porcentaje de votación efectiva es de 40.10% y sólo cuenta con el 30.47% de representación en la legislatura local, la subrepresentación del PAN es del 9.63%, esto es, supera o está por encima de los ocho puntos permitidos constitucionalmente.

En consecuencia, procede realizar un ajuste con el fin de cumplir lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, de la Constitución Federal; 27, fracción VI, de la Constitución local; y, 190, fracción III, de la Ley local, en el aspecto de que, en la integración de la legislatura, ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que sea menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Como se ha indicado, la legislación de Tamaulipas perfila de manera clara, la forma en que se debe hacer el ajuste en el caso de que un partido político se encuentre subrepresentado.

De conformidad con el artículo 190, fracción III, inciso b), de la Ley local, al partido que se encuentre subrepresentado se le asignará una diputación de RP que será tomada del partido político que tenga un mayor porcentaje de sobrerrepresentación.

En este caso, como quedó precisado, MORENA cuenta con dos diputaciones de RP que la ubican en una sobrerrepresentación fuera de los límites constitucionales, mientras que al PAN requiere de una más para encontrarse dentro de dichos límites toda vez que acusa subrepresentación, también fuera de los límites permitidos, por lo que la primera diputación de RP deducida a MORENA por sobrerrepresentación le será otorgada al PAN por encontrarse fuera de los límites legales de subrepresentación.

Con base en lo anterior, y una vez precisado que una de las dos diputaciones excedentes ha de asignársele al PAN para ubicarlo tanto a él como a MORENA dentro de los límites constitucionales de sub y sobrerrepresentación, debe determinarse la forma en que se deberá de hacer la asignación de la segunda diputación que se le sustrajo a MORENA.

Al respecto, se tiene que las diversas reglas contenidas en el artículo 190, de la Ley Electoral Local, se encaminan a permitir que un partido político que se ubique fuera de su umbral de representación mínimo se ubique dentro de este, a efecto de que el Congreso local, pueda integrarse en términos constitucionales, pero, dicha regla, no establece de forma expresa cómo proceder en caso de que el objetivo primigenio se hubiera alcanzado y aun quedaran diputaciones por distribuir derivado de las que se hubieran sustraído al partido sobrerrepresentado, tal como ocurre en el presente caso.

En el entendido de que: i. Se enlistará si los partidos acusan sub o sobrerrepresentación según sea el caso; ii. el PT no participa en dicho ejercicio al haber sólo obtenido diputaciones de MR, pero se incluirá para efectos de contabilizar su representación en el Congreso local; y, iii. para efectos de no distorsionar el ejercicio, sólo se considerarán treinta y cinco diputaciones de las treinta y seis, pues resta una por asignar, en el entendido de que una de las dos deducidas a MORENA, ya fue asignada al PAN.

A efecto de determinar a qué partido político debe otorgársele la diputación restante, se debe de tomar en cuenta que la legislación establece un sistema de compensación por rondas, el cual busca, en principio ubicar a un partido en su umbral de representación mínimo, y una vez alcanzado dicho objetivo, la asignación, atendiendo a la prelación, deberá otorgarse a un partido político diverso al que fue beneficiario de la asignación para ubicarlo en su representación mínima, para lo cual, tendrá que tomarse en consideración el margen de subrepresentación en el que se ubique con el fin de lograr un mayor grado de proporcionalidad entre votación y representación.

En este entendido, el partido político que conforme su nivel de subrepresentación se ubica en dicho orden de prelación es el PRI, al tener un margen de -4.79%, por lo cual, le correspondería la última asignación.

Con dicha interpretación, además de atenderse al orden de prelación establecido en la legislación, se logra disminuir una distorsión entre la votación y la representación, generada tanto por los triunfos de MR como al desarrollo de los mecanismos de asignación de diputaciones por el principio de RP y que tuvo por efecto que el partido político que se ubicara en el tercer lugar de la votación con el 10.33% de la votación efectiva, lograra la misma representación que alcanzó un partido político que con el 3.26% de la votación obtenida con motivo de su participación en coalición cuenta con una representación de 5.54%. por lo cual, se logra una mayor proporcionalidad entre la votación y la representación.

De ahí que no le asista razón a Elva Lidia Valles Olvera [SM-JDC-972/2021], cuando expresa que debe asignársele una diputación por el principio de RP a MC y que le correspondería a ella pues, como quedó evidenciado, conforme al mecanismo vigente para otorgar curules excedentes, la posición restante por asignar debía otorgársele al PRI, debido a su porcentaje de subrepresentación en el Congreso local.

Conforme a lo expuesto, la distribución queda de la siguiente forma.

6.4.4.3.6. Verificación de integración paritaria del Congreso local conforme al Reglamento.

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento, una vez agotado el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de RP establecido en el artículo 190 de la Ley local, debe verificarse si el género femenino se encuentra subrepresentado, en la integración del Congreso local.

En ese sentido, se procede a comprobar la integración de la legislatura local, partiendo del género de la ciudadanía electa con base en los triunfos obtenidos por parte de las fuerzas políticas bajo el principio de MR.

Hasta esta fase, la integración del Congreso local sería de once mujeres y once hombres.

Luego, conforme a lo establecido por el Reglamento, se verificará si el género femenino se encuentra subrepresentado, en la integración del Congreso local conforme a la asignación de diputaciones de RP antes expuesta y conforme las listas estatales registradas ante el IETAM.

En caso de que se advierta que la integración respeta el principio de paridad entre géneros, se procederá a la asignación de las curules por el principio de RP en dichos términos.

De advertirse la predominancia del género masculino en la integración del Congreso local, conforme al artículo 40, numeral 1, del Reglamento, se sustituirán tantas fórmulas de candidaturas propietarias del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad entre los géneros o asignar todas las diputaciones por el principio de RP, lo que suceda primero, iniciando conforme a dicho precepto, con curules asignadas en fase de ajuste por sobre y subrepresentación con el candidato del partido que hubiere obtenido el mayor porcentaje de votación válida emitida.

De no alcanzarse la paridad, se incidirá en la etapa de resto mayor, lo que iniciará con el candidato cuyo partido hubiere obtenido el mayor porcentaje de la votación válida emitida.

De subsistir la ausencia de paridad, la sustitución en la etapa de cociente electoral debe recaer en el candidato cuyo partido hubiere obtenido el mayor porcentaje de votos de la votación válida emitida. Cuando la sustitución recaiga en un instituto político que reciba dos o más curules en esta fase, se efectuará en el candidato ubicado en último lugar de su lista de prelación.

Si aún no se alcanza la integración paritaria del Congreso local se procederá con la sustitución del candidato del partido que hubiere obtenido el menor porcentaje de la votación válida emitida, en la etapa de asignación por porcentaje específico, contenida en el artículo 190, fracción I, de la Ley local.

Así, como quedó expuesto, correspondería al PAN, PRI, MC y MORENA la asignación por porcentaje mínimo tomando en cuenta las listas estatales de RP presentadas ante el IETAM.