Monterrey, Nuevo León, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que: a) Desecha de plano la demanda presentada por Sonia Hernández Rivera, ya que carece de interés jurídico; b) Confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro del recurso de inconformidad TE-RIN-20/2018, que a su vez confirmó la declaratoria de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Madero, en virtud de que: i) El tribunal responsable consideró de manera correcta que el candidato ganador demostró haber nacido en Ciudad Madero; y ii) Los agravios relacionados con la actualización de causas de nulidad recibida en casilla no son aptos para demostrar que el tribunal responsable analizó de manera incorrecta los planteamientos que le formularon; c) Modifica la sentencia emitida por el citado tribunal dentro del recurso de inconformidad TE-RIN-37/2018 y acumulados, pues si bien determinó acertadamente que, en la asignación de regidurías de representación proporcional, los partidos políticos participan en lo individual –con independencia de que hayan integrado una coalición–, confirmó la asignación ahí impugnada, a pesar de que se había realizado de manera incorrecta; d) Revoca el Acuerdo IETAM/CG-78/2018, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas llevó a cabo la asignación de regidurías de representación proporcional, únicamente por lo que hace al Ayuntamiento de Ciudad Madero; e) En plenitud de jurisdicción, esta Sala Regional lleva a cabo la asignación de regidurías de representación proporcional en dicho municipio; y f) inaplica las porciones normativas de los artículos 200 y 202, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, referente al concepto de votación municipal emitida.

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada electoral. El uno de julio[1] se llevó a cabo la jornada electoral en el estado de Tamaulipas para elegir, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos.

1.2. Cómputo municipal. El tres de julio, el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente a Ciudad Madero, llevó a cabo la sesión especial de cómputo de la elección de integrantes de ese Ayuntamiento, en la cual declaró la validez de los comicios y entregó la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

1.3. Impugnaciones locales (mayoría relativa). Inconformes con ello, el siete de julio, el PAN y José Andrés Zorrilla Moreno presentaron de manera conjunta un recurso de inconformidad ante el tribunal responsable, el cual formó el expediente TE-RIN-20/2018.

1.4. Sentencia impugnada (mayoría relativa). El veinte de agosto, el tribunal local modificó los resultados de le elección combatida, pero confirmó la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla ganadora.

1.5. Primeras impugnaciones federales (SM-JRC-290/2018 y SM-JDC-1151/2018). El veinticinco de agosto, el PAN y José Andrés Zorrilla Moreno se inconformaron con esta sentencia.[2]

1.6. Acuerdo de asignación IETAM/CG-78/2018. El nueve de septiembre, el Consejo General llevó a cabo la asignación de regidurías de representación proporcional.

1.7. Impugnaciones locales (representación proporcional). El trece de septiembre, el PRD, Alberto Mora Martínez y Sonia Hernández Rivera controvirtieron el acuerdo de asignación referido, formándose los expedientes TE-RIN-37/2018, TERDC-72/2018 y TE-RDC-73/2018, respectivamente.

1.8. Siguientes impugnaciones federales (SM-JDC-1177/2018 y SM-JRC-359/2018). Ese mismo día, Selene Villalobos Cruz y Movimiento Ciudadano combatieron directamente ante esta Sala Regional la citada asignación de regidurías.

1.9. Sentencia impugnada (representación proporcional). El diecinueve de septiembre, el tribunal responsable desestimó los agravios que le plantearon en contra de

1.10. Últimas impugnaciones federales (SM-JDC-1217/2018 y SM-JDC-1218/2017). El veintiuno de septiembre, Alberto Mora Martínez y Sonia Hernández Rivera se inconformaron con la sentencia mencionada en el punto que antecede.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer de los presentes juicios, ya que controvierten una sentencia dictada por un tribunal electoral local, relacionada con la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, entidad que se ubica dentro de la circunscripción plurinominal sobre la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 195, fracciones III y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 83, párrafo 1, inciso b) y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas, se advierte que si bien se impugnan resoluciones distintas, emitidas ya sea por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas o por el Consejo General, todos los juicios guardan clara conexidad, pues se relacionan con la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. Por tanto, a fin de evitar el riesgo de que se emitan sentencias contradictorias, procede acumular los expedientes SM-JDC-1151/2018, SM-JDC-1177/2018, SM-JDC-1217/2018, SM-JDC-1218/2018 y SM-JRC-359/2018 al diverso SM-JRC-290/2018, por ser el primero en recibirse en esta Sala, debiéndose agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los asuntos acumulados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. IMPROCEDENCIA (SM-JDC-1218/2018)

Con independencia de que se actualice otra causal de improcedencia, se considera que el recurrente no cuenta con interés jurídico para interponer el presente juicio, de acuerdo con en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, por las razones que a continuación se exponen.

Se afirma que hay interés jurídico cuando se reúne la existencia de la afectación directa a un derecho sustantivo y se advierte que la intervención de la autoridad jurisdiccional resultará útil para restablecer el derecho presuntamente afectado.[3]

Entonces, el ejercicio de la acción está reservado para quien estima que se presenta una afectación en sus derechos con motivo de un acto de autoridad, siempre que la intervención del órgano jurisdiccional sea necesaria para lograr la reparación solicitada; por tanto, si no se cumplen tales condiciones, el medio de impugnación intentado será improcedente y deberá desecharse.

En el caso del medio de defensa intentado por Sonia Hernández Herrera, la actora se ostenta como candidata a tercera regidora propietaria en la planilla de candidaturas relativa registrada por la Coalición, para integrar el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Sin embargo, aunque inicialmente sí tuvo esa calidad,[4] su sustitución fue aprobada por el Consejo General el veintidós de junio, mediante acuerdo IETAM/CG-57/2018,[5] quedando en su lugar Selene Villalobos Cruz, quien incluso es la actora del juicio ciudadano SM-JDC-1177/2018, materia de la presente sentencia.

Así, dado que Sonia Hernández Herrera ya no tiene el carácter de candidata, carece de interés jurídico para controvertir la asignación de regidurías, pues no le puede causar un perjuicio en su esfera jurídica ni podría verse favorecida con alguna modificación a la misma.

5. PROCEDENCIA

Los juicios reúnen los requisitos formales y de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 86 y 88, de la Ley de Medios, tal como se expone a continuación:

5.1. Juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-290/2018

5.1.1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella consta la denominación del partido actor, así como el nombre y firma de quien promueve en su representación; se identifica la resolución que se combate; se mencionan los hechos y agravios conducentes, así como los preceptos constitucionales presuntamente violados.

5.1.2. Oportunidad. El juicio se promovió oportunamente, toda vez que la resolución impugnada se emitió el veinte de agosto del año en curso, la cual le fue notificada al partido promovente el veintidós siguiente, mientras que la demanda se presentó el veinticinco posterior; esto es, dentro del plazo legal de cuatro días.

5.1.3. Legitimación y personería. La parte actora está legitimada por tratarse de un partido político, que acude debidamente representado por la misma persona que interpuso en su nombre el recurso de inconformidad al cual recayó la sentencia impugnada.

5.1.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que el partido accionante controvierte una sentencia local que desestimó los agravios que planteó en su recurso de inconformidad.

5.1.5. Definitividad y firmeza. En la legislación electoral local no existe medio de impugnación que permita combatir la resolución reclamada.

5.1.6. Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este requisito porque en el escrito correspondiente se alega la vulneración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.1.7. Violación determinante. Se surte tal requisito porque de resultar fundados sus agravios, se podría revocar o modificar la sentencia impugnada y con ello declarar la nulidad de la elección combatida.

5.1.8. Posibilidad jurídica y material de la reparación aducida. La reparación es viable dentro de los plazos electorales, pues no existe impedimento jurídico o material para, de ser el caso, modificar o revocar la sentencia impugnada.

5.2. Juicio ciudadano SM-JDC-1151/2018

5.2.1. Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la demanda consta el nombre del promovente y su firma autógrafa; asimismo, se identifica la resolución impugnada, se mencionan hechos y agravios, además de los artículos supuestamente violados.

5.2.2. Oportunidad. El juicio se promovió oportunamente, toda vez que la resolución impugnada fue notificada al promovente el veintidós de agosto y la demanda se presentó el veinticinco posterior; esto es, dentro del plazo legal de cuatro días.

5.2.3. Legitimación. Se satisface este elemento porque el juicio lo presentó un ciudadano en defensa de sus derechos político-electorales.

5.2.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que el accionante controvierte una sentencia local que desestimó los agravios que planteó en su recurso de inconformidad.

5.2.5. Definitividad. En la legislación electoral local no existe medio de impugnación que permita combatir la resolución reclamada.

5.3. Juicio ciudadano SM-JDC-1177/2018

5.3.1. Oportunidad. Se promovió dentro del plazo legal de cuatro días, ya que el acuerdo impugnado se emitió el nueve de septiembre del año en curso y la demanda se presentó el trece siguiente.

5.3.2. Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la demanda consta el nombre de la promovente y su firma autógrafa; asimismo, se identifica el acuerdo impugnado, se mencionan hechos y agravios, además de los artículos supuestamente violados.

5.3.3. Legitimación. Se satisface este elemento porque el juicio lo presentó una ciudadana, en defensa de sus derechos político-electorales.

5.3.4. Interés jurídico. La promovente tiene interés jurídico para combatir el acuerdo reclamado, ya que, en su carácter de candidata a regidora de la planilla de mayoría relativa postulada por la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, considera que debió ser favorecida en la asignación de regidurías de representación proporcional.

5.3.5. Definitividad. Aunque Selene Villalobos Cruz debió agotar el mecanismo de defensa local antes de promover el juicio ciudadano federal;[6] en el caso concreto procede el salto de instancia (per saltum) para estudiar los planteamientos de la actora.

Lo anterior es así, porque a las personas se les puede exentar de acudir a las instancias que prevén las leyes electorales locales cuando el agotarlas podría amenazar el ejercicio oportuno de los derechos político-electorales que estiman vulnerados; esto es, cuando los trámites en que consten y el tiempo para llevarlos a cabo, puedan implicar la merma considerable o la extinción de sus pretensiones, o de sus efectos o consecuencias.[7]

En el caso concreto, se actualiza la hipótesis de excepción, ya que la toma de protesta de las personas que resultaron electas es el próximo uno de octubre.

5.4. Juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-359/2018

5.4.1. Oportunidad. Se promovió dentro del plazo legal de cuatro días, ya que el acuerdo impugnado se emitió el nueve de septiembre del año en curso y la demanda se presentó el trece siguiente.

5.4.2. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella consta la denominación del partido actor, así como el nombre y firma de quien promueve en su representación; se identifica el acuerdo que se combate; se mencionan los hechos y agravios conducentes, así como los preceptos constitucionales presuntamente violados.

5.4.3. Legitimación y personería. La parte actora está legitimada por tratarse de un partido político, el cual se encuentra representado por su representante propietario ante el Consejo General.

5.4.4. Interés jurídico. El partido accionante tiene interés jurídico para combatir el acuerdo reclamado, ya que considera que los candidatos que debió recibir una regiduría de representación proporcional.

5.4.5. Definitividad y firmeza. Aunque el partido actor contaba con un mecanismo de defensa local para inconformarse en contra de la asignación de regidurías, no puede exigírsele que lo agote, tomando en cuenta los razonamientos expuestos en el apartado 5.3.5 de este fallo.

5.4.6. Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este requisito porque en el escrito correspondiente se alega la vulneración de la Constitución Federal.

5.4.7. Violación determinante. La violación reclamada es determinante porque el partido actor considera que el acuerdo que controvierte no asignó de manera correcta las regidurías del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas; cuestión que puede incidir en su integración.

5.4.8. Posibilidad jurídica y material de la reparación aducida. La reparación es viable dentro de los plazos electorales, pues no existe impedimento jurídico o material para, de ser el caso, modificar o revocar el acto impugnado vinculado con la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el citado Ayuntamiento, las cuales toman protesta el uno de octubre de este año.

5.5. Juicio ciudadano SM-JDC-1217/2018

5.5.1. Oportunidad. Se promovió dentro del plazo legal de cuatro días, ya que la resolución impugnada se emitió el diecinueve de septiembre del año en curso y la demanda se presentó el veintiuno siguiente.

5.5.2. Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la demanda consta el nombre del promovente y su firma autógrafa; asimismo, se identifica la resolución impugnada, se mencionan hechos y agravios, además de los artículos supuestamente violados.

5.5.3. Legitimación. Se satisface este elemento porque el juicio lo presentó un ciudadano, en defensa de sus derechos político-electorales.

5.5.4. Interés jurídico. La promovente tiene interés jurídico para combatir la sentencia reclamada, pues, en su calidad de candidata postulada por la Coalición, considera que debió verse favorecida en la asignación de regidurías de representación proporcional.

5.5.5. Definitividad. Se satisface esta exigencia, pues no existe medio de impugnación local que pudiera modificar o revocar la resolución atacada.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento del caso

6.1.1. Impugnaciones relacionadas con la elección de mayoría relativa

En la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, ganó la planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, seguida por la registrada por la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, conforme a la votación siguiente:

Inconformes con ello, los actores acudieron en la instancia local, haciendo valer, entre otras cuestiones, lo siguiente:

a)     Inelegibilidad: Sostuvieron que en el acta de nacimiento del candidato ganador consta que nació en Tampico, Tamaulipas y que, si bien el treinta de enero se hizo una anotación marginal con el propósito de corregir ese dato y asentar que nació en Ciudad Madero, el treinta de mayo se dejó sin efecto esa rectificación. Con base en esto último, los actores alegaron que dicho contendiente es inelegible, pues no es originario de la ciudad que pretende gobernar y reconoció no contar con el tiempo de residencia que exige la ley.

b)     Indebida integración de casillas:

i.            Falta de firmas: Que diversos integrantes de las mesas directivas omitieron firmar las actas ahí levantadas.

ii.            Funcionarios no autorizados: Que la votación fue recibida por personas no facultadas para ello.

c)     Error o dolo en el cómputo de los votos: Que las actas de escrutinio y cómputo contenían anomalías en los rubros de votos sacados de la urna, votos nulos, personas que votaron y boletas sobrantes.

El tribunal responsable desestimó estos agravios, de acuerdo a lo siguiente:

a)     Inelegibilidad. Argumentó que en el expediente obraba la copia certificada de una sentencia recaída a un juicio de amparo promovido por el candidato ganador, que dejó subsistente la anotación marginal por virtud de la cual se asentó que dicho contendiente nació en Ciudad Madero.

b)     Indebida integración de casillas:

a.     Falta de firmas: Concluyó que esta irregularidad por sí sola es insuficiente para considerar que la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas o que existió alguna anomalía trascendente.

b.     Funcionarios no autorizados: Razonó que la votación fue recibida por personas que sí fueron designadas para ello o pertenecen a la sección electoral correspondiente, salvo en el caso de ciertas casillas, en las que personas ajenas a la sección electoral respectiva fungieron como integrantes de la mesa directiva, ante lo cual decidió anular los sufragios ahí obtenidos.

c)     Error o dolo en el cómputo de los votos. Desestimó el planteamiento de los actores, al advertir que en algunos casos no había anomalía alguna, mientras que en otros las inconsistencias no habían sido determinantes, con excepción de diversas casillas, en donde resolvió que sí debía anularse la votación recibida.

En desacuerdo con esta decisión, los actores señalan lo siguiente:

a)     Inelegibilidad. Consideran que el candidato ganador es inelegible, ya que:

i.            El veintinueve de mayo, dentro del juicio de amparo al que se refiere el tribunal responsable, la juzgadora le negó la suspensión definitiva del acto de autoridad ahí reclamado.

ii.            En todo caso, la sentencia recaída a ese juicio no acredita el lugar de nacimiento del candidato ganador, pues el único documento idóneo para ello es el acta respectiva.

b)     Indebida integración de casillas. Insisten en que la votación recibida debe anularse, por los motivos siguientes:

i.            Falta de firmas: Refieren que, a pesar de que la legislación aplicable señala que los funcionarios de casilla deben firmar todas las actas, en varios casos se negaron a cumplir esta exigencia.

ii.            Funcionarios no autorizados:

           La sustitución de un funcionario de casilla debía hacerse respetando el escalonamiento previsto en la legislación y solo como último recurso podía tomarse a un elector de la fila.

           El tribunal responsable utilizó datos falsos que no corresponden con el encarte oficial.

           Contrario a lo que se asentó en la sentencia impugnada, algunos funcionarios emergentes no pertenecían al listado nominal de electores de la sección correspondiente.

           En algunas casillas se asentaron los nombres de los funcionarios de manera incorrecta.

c)     Error o dolo en el cómputo de los votos. Argumentan que las actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas contienen inconsistencias en los rubros fundamentales que van desde uno hasta trescientos veinticinco votos.

6.1.2. Impugnaciones relacionadas con la asignación de regidurías de representación proporcional

El Consejo General llevó a cabo la asignación de regidurías de representación proporcional, considerando a los partidos políticos de manera individual en la repartición, con independencia de que hubieran formado parte de alguna coalición.

En lo que respecta a los partidos integrantes de la Coalición, advirtió que el PAN sí había obtenido la votación suficiente para participar en la asignación, mientras que Movimiento Ciudadano y el PRD no habían alcanzado el umbral mínimo exigido por la ley.

Después de correr el procedimiento respectivo, al PAN le correspondieron tres regidurías, las cuales fueron otorgadas a las fórmulas ubicadas en las posiciones uno, dos y cinco de la planilla de mayoría relativa, toda vez que, de conformidad con el convenio de la Coalición, esas le correspondían al PAN, a diferencia de las posiciones tres y cuatro, las cuales habían surgido de Movimiento Ciudadano y del PRD, respectivamente.

Inconformes con ello, Selene Villalobos Cruz (candidata a tercera regidora propietaria de la planilla referida) y Movimiento Ciudadano se inconformaron directamente ante esta Sala Regional, mientras que Alberto Mora Martínez (candidato a cuarto regidor propietario) acudió ante el tribunal local. En esencia, todos argumentaron que el Consejo General los había excluido indebidamente de la distribución de regidurías y que ésta debió efectuarse tomando en cuenta a la Coalición como un todo –no por partidos en lo individual–, con lo cual se hubieran visto favorecidos en la repartición.

El tribunal local desestimó el planteamiento de Alberto Mora Martínez y, ante esta instancia federal, insiste en que la citada asignación debió realizarse tomando en cuenta a la Coalición como si fuera un partido político.

6.1.3. Problemas jurídicos a resolver

Con motivo de lo anterior, en el presente fallo se analizará lo siguiente:

I.   Elección de mayoría relativa:

a)     Inelegibilidad. Si el tribunal responsable actuó correctamente al considerar, con base en una sentencia recaída a un juicio de amparo, que el candidato ganador sí era originario del Ciudad Madero.

b)     Indebida integración de casillas:

i.            Falta de firmas. Si en la sentencia impugnada debió anularse la votación recibida en aquellas casillas donde los funcionarios omitieron estampar su firma.

ii.            Funcionarios no autorizados. Sobre este punto se examinará si:

  El tribunal responsable utilizó datos que no corresponden con el encarte oficial.

  La votación fue recibida por personas autorizadas para ello.

  Deben anularse los resultados obtenidos en aquellas casillas en las que se asentaron los nombres de los funcionarios de manera incorrecta.

c)     Error o dolo en el cómputo de los votos. Si debió anularse la votación recibida en ciertas casillas, por las anomalías mencionadas por los actores.

II. Asignación de regidurías de representación proporcional: Se analizará si la asignación efectuada por el Consejo General –y confirmada por el tribunal responsable– se hizo conforme a Derecho.

6.2. Agravios relacionados con la elección de mayoría relativa

6.2.1. El tribunal responsable consideró de manera correcta que el candidato ganador demostró haber nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas

El artículo 185, fracción II, de la Ley Electoral Local Local establece que para ser electo como integrante de un Ayuntamiento se requiere “Ser originario del Municipio o tener una residencia en el mismo por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la elección”.

Durante la etapa de registro de candidaturas, Adrián Oseguera Kernion –el candidato ganador de la contienda– obtuvo su registro manifestando ser originario de Ciudad Madero. Ello fue objeto de controversia, concretamente en lo referente a si, de acuerdo a su acta de nacimiento, había nacido en Ciudad Madero o en Tampico.

El veintiocho de mayo, esta Sala Regional resolvió el juicio SM-JDC-453/2018 y su acumulado SM-JRC-88/2018, concluyendo lo siguiente:

Adrián Oseguera Kernión fue registrado en Ciudad Madero, Tamaulipas, el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y cinco.

El lugar de nacimiento asentado en el acta 1488 de los libros de registro original y duplicado, es Tampico, Tamaulipas.

Con motivo de un procedimiento de aclaración, el treinta de enero, la Coordinadora General del Registro Civil del Estado hizo la corrección en el libro duplicado, precisando que el lugar de nacimiento correcto es Ciudad Madero, Tamaulipas.

El veintisiete de febrero, la Segunda Oficial del Registro Civil del Estado, hizo constar en el libro original que el lugar de nacimiento correcto es Ciudad Madero, Tamaulipas.

[…]

En las relatadas circunstancias, para esta Sala Regional, está acreditado que en los libros de gobierno que conforme al artículo 38, del Código Civil del Estado se llevan por duplicado, ambas funcionarias del Registro Civil Estatal asentaron que, derivado de un procedimiento de aclaración del acta, por un error cometido al momento del registro respectivo, se precisó incorrectamente que el lugar de nacimiento es Tampico, cuando el dato correcto es Ciudad Madero.

[…]

Por las razones brindadas, procede revocar la resolución dictada por el Tribunal Local en el expediente TE-RAP-12/2018 y acumulados, en vía de consecuencia:

6.1. Dejar sin efectos el diverso registro de candidatura a favor de Luis Manuel Rangel Saldierna, hecho por MORENA para cumplir la sentencia que ha sido revocada.

6.2. Declarar subsistente el registro de la candidatura de Adrián Oseguera Kernión a Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, por la Coalición Juntos Haremos Historia, aprobado en el Acuerdo IETAM/CG-32/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.

[…]

Una vez que el referido candidato obtuvo el triunfo en la elección, los actores volvieron a cuestionar su elegibilidad, haciendo valer un hecho que no había sido sujeto a escrutinio judicial: que la Coordinara General del Registro Civil del estado de Tamaulipas había ordenado una segunda anotación marginal, para dejar sin efecto la primera que había corregido el lugar de nacimiento de Adrián Oseguera Kernión, con lo cual quedaba subsistente lo asentado originalmente en su acta, esto es, que había nacido en la ciudad de Tampico.

Para una mayor claridad, a continuación se insertan las imágenes de ambas anotaciones marginales, las cuales se encuentran al reverso del acta de nacimiento:[8]

a)     La que corrigió el lugar de nacimiento originalmente asentado:

b)     La que dejó sin efectos esa corrección:

El tribunal responsable desestimó este agravio, ya que dicho candidato allegó una copia certificada de la sentencia[9] dictada por el Juez Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, dentro del juicio de amparo indirecto 504/2018, mediante la cual anuló la segunda anotación marginal y, con ello, quedó subsistente la corrección contenida en la primera.

En desacuerdo con ello, los actores alegan lo siguiente:

a)     Que el veintinueve de mayo, dentro del citado juicio de amparo, al actor se le negó la suspensión definitiva del acto de autoridad ahí reclamado.

b)     En todo caso, que la sentencia recaída a ese juicio no acredita el lugar de nacimiento del candidato ganador, pues el único documento idóneo para ello es el acta respectiva.

No les asiste la razón, conforme a lo siguiente.

En primer lugar, el hecho de que al candidato ganador le hayan negado la suspensión definitiva dentro del referido juicio de amparo carece de relevancia, pues, al momento en que el tribunal responsable resolvió el juicio local, aquella decisión intraprocesal había quedado rebasada, toda vez que ya había dictado la sentencia de fondo en el juicio de amparo.[10]

En segundo término, el tribunal responsable determinó el lugar de nacimiento del candidato electo precisamente con base en su acta de nacimiento, la cual tiene vigente la anotación marginal por la que se reconoció que es originario de Ciudad Madero.

6.2.2. Agravios relativos a la causa de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 83, fracción III, de la Ley de Medios Local: Recibir la votación personas y órganos distintos a los facultados

      Marco normativo

En procedimientos electorales concurrentes (como en el presente caso), la integración de las casillas ese realiza en términos de lo dispuesto en el numeral 274 de la LEGIPE.[11]

De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.[12] Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.[13]

Al respecto, el artículo 89, fracción III, de la Ley de Medios Local contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

        Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada.[14]

        Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas.[15]

        Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo.[16]

        Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.

        Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas de los funcionarios, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Este tribunal ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes los funcionarios actuantes.[17]

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionario que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los funcionarios que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas.[18]

        Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[19]

        Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[20] o de todos los escrutadores[21] no genera la nulidad de la votación recibida.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

        Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva,[22] en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidaturas independientes.[23]

      Caso concreto

En el presente asunto, los actores se quejan de lo siguiente:

a)     Falta de firmas: Refieren que diversos funcionarios de casilla se negaron a firmar las actas correspondientes.

b)     Funcionarios no autorizados:

i.            La sustitución de los funcionarios debió respetar el escalonamiento previsto en la legislación y, solo como último recurso, podía tomarse a un elector de la fila, lo cual refieren que no sucedió.

ii.            El tribunal responsable utilizó datos falsos que no corresponden con el encarte oficial.

iii.            Contrario a lo que se asentó en la sentencia impugnada, algunos funcionarios emergentes no pertenecían al listado nominal de electores de la sección correspondiente.

iv.            En algunas casillas se asentaron los nombres de los funcionarios de manera incorrecta.

6.2.2.1. El agravio relativo a la falta de firmas en las actas levantadas en la casilla es ineficaz

En su demanda, los actores presentan un listado de casillas[24] respecto a las cuales se quejan de que, en las actas elaboradas el día de la jornada, “FALTA UNA FIRMA” o “FALTAN TODAS LAS FIRMAS” de los integrantes de las mesas directivas de casilla. Enseguida, argumentan que ello vulnera lo establecido en la LEGIPE y obedeció a que “los funcionarios y representantes de los partidos políticos en su mayoría se negaron a plasmar su rúbrica en el acta correspondiente”.[25] Más adelante,[26] insertan otra tabla en la que incluye casillas en las que, según refieren, los funcionarios también omitieron estampar su firma en las actas.

Como puede advertirse, en ninguno de los casos anteriores se cuestiona que los integrantes de las mesas directivas recibieron la votación, es decir, que la casilla se haya integrado con un número insuficiente de personas, sino que el agravio se centra en sostener que varios funcionarios omitieron firmar las actas ahí levantadas.

Sin embargo, los actores omiten combatir los razonamientos expresados por el tribunal responsable,[27] consistentes en que la falta de firma de los funcionarios de la mesa directiva de casilla es una anomalía que por sí sola no demuestra que se hayan cometido irregularidades en la recepción de la votación, ni pone en duda los resultados obtenidos, pues plasmar la firma es una exigencia meramente formal, de conformidad con la tesis XLIII/98, de rubro: “INEXISTENCIA DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. NO SE PRODUCE POR LA FALTA DE FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE DURANGO)”.[28]

Así, la ineficacia del disenso se debe a que los promoventes omitieron argumentar por qué la falta de firma de diversos funcionarios que estuvieron presentes en la mesa directiva de casilla no debe ser vista como una irregularidad meramente formal, es decir, por qué esta anomalía sí trastoca gravemente algún principio rector de los comicios.

6.2.2.2. El agravio es ineficaz respecto a aquellas casillas que ya fueron anuladas en la sentencia impugnada

El planteamiento relacionado con las casillas 165-C9, 189-C4, 189-C5, 190-B, 194-B, 206-B y 249-C1 es ineficaz, pues los actores ya alcanzaron su pretensión, toda vez que el tribunal responsable anuló los resultados ahí recibidos.

6.2.2.3. El agravio es ineficaz por lo que hace a diversas casillas, ya que los actores omitieron plantear el argumento ante el tribunal local

En las tablas siguientes, se presentan anomalías que los actores no hicieron valer en el recurso local, por lo que hace a las casillas que se mencionan:

Al respecto, debe recordarse que, en esta instancia federal, los demandantes tienen la carga de evidenciar la ilegalidad de la ejecutoria atacada.

Por tanto, si hacen valer cuestiones que omitieron plantear en su medio de defensa local, no serían aptas para demostrar irregularidad alguna en el dictado de la sentencia impugnada –pues ni siquiera fueron materia de examen– y, por tanto, no podrían modificarla o revocarla.[29]

6.2.2.4. Casillas donde las personas cuestionadas fueron designadas por la autoridad electoral para participar como funcionarios de la mesa directiva

Respecto a las casillas que se presentan en la tabla siguiente, el tribunal responsable consideró de manera correcta que no se actualiza la causa de nulidad, ya que las personas cuya actuación se impugna fueron insaculadas y capacitadas por la autoridad para integrar la mesa directiva de la casilla controvertida, en alguno de los roles que ahí se llevan a cabo:

Como puede observarse, en algunos casos las personas cuya actuación se impugna fueron designadas por la autoridad electoral para realizar las tareas correspondientes; en otros, fueron capacitadas para desempeñar otra función dentro de la misma casilla, pero existió un corrimiento en los roles de quienes integraron la mesa directiva; y en los restantes, fueron insaculados y capacitados por la autoridad para integrar otro centro de votación que pertenece a la misma sección electoral.

Cabe resaltar que, de manera opuesta a lo que señalan los actores, el tribunal responsable se basó en las publicaciones de los listados oficiales de “ubicación e Integración de las Mesas Directivas de Casillas para las Elecciones del 1 de julio de 2018”, los cuales obran en el expediente.[49]

Así, conforme a lo razonado anteriormente en esta sentencia, fue correcto que el tribunal responsable validara la votación ahí recibida.

6.2.2.5. Casillas donde los ciudadanos cuestionados no fueron designados por la autoridad electoral, pero aparecen en el listado nominal correspondiente a la sección de la casilla impugnada

Tal como lo sostuvo el tribunal responsable, en las casillas de la tabla siguiente tampoco se acredita la causal de nulidad, ya que, si bien la votación fue recibida por personas que no habían sido previamente insaculadas ni capacitadas por la autoridad electoral, están inscritas en el listado nominal de electores de la sección correspondiente: