Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que: a) revoca, en la materia de impugnación, la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el juicio JI-168/2018 y sus acumulados, al estimarse que si bien: i. no se acreditaron las causales de nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña y por violación al principio de equidad en la contienda; ii. fue correcto que determinara que no procedía realizar recuento total de votos; iii. la votación fue recibida por personas autorizadas por la ley; iv. tampoco se acreditó la entrega extemporánea de paquetes electorales; y v. la entrega de boletas para representantes partidistas no transgrede el principio de reserva de ley; vi. no fue exhaustivo en el análisis de la causal de nulidad de votación recibida en casilla por existir error en el cómputo, por lo que: b) en plenitud de jurisdicción, se confirma la declaración de validez de la elección del ayuntamiento de Apodaca, así como la entrega de la constancia de mayoría, toda vez que no se acredita el error hecho valer.

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas que se citan corresponden a dos mil dieciocho, salvo precisión en contrario.

1.1.           Jornada electoral. El uno de julio se llevó a cabo la elección para renovar, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Nuevo León.

1.2.           Cómputo municipal. El seis de julio, la Comisión Municipal concluyó la sesión de cómputo de la elección para renovar a los integrantes del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, declaró la validez de la elección y entregó constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por el PRI; a la par, realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

Los resultados de la votación son los siguientes:

1.3.           Juicios de inconformidad locales. Inconformes con los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, el diez y once de julio se presentaron diversos juicios de inconformidad ante el Tribunal Local[1], entre ellos, los promovidos por Adrián Mario González Caballero, candidato a presidente municipal postulado por el PAN, y por MORENA.

1.4.           Resolución impugnada. El veintidós de agosto, el Tribunal Local dictó sentencia en el juicio de inconformidad JI-168/2018 y sus acumulados, en la cual modificó los resultados de elección del ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León y, al no haber cambio de ganador, confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a la planilla postulada por el PRI.

1.5.           Juicios federales. En desacuerdo con esa determinación, el veintisiete de agosto, MORENA y Adrián Mario González Caballero, candidato a presidente municipal postulado por el PAN promovieron, en su orden, el juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-302/2018 y el juicio ciudadano SM-JDC-1122/2018.

1.6.           Tercero interesado. El treinta de agosto, el PRI presentó escritos de tercero interesado en los presentes juicios.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, porque se controvierte una resolución dictada por el Tribunal Local relacionada con la elección del ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León; por tanto, se surte la competencia material y territorial de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso b), 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3.     ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas, se advierte que existe identidad en la pretensión de los actores, en la autoridad responsable y en la resolución que se impugna, por lo que guardan clara conexidad. En estas condiciones, con el propósito de evitar la posibilidad de dictar sentencias contradictorias, se estima procedente acumular el expediente SM-JDC-1122/2018 al diverso SM-JRC-302/2018, por ser el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, agregándose copia certificada de esta sentencia a los autos del asunto acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4.     PROCEDENCIA DEL JUICIO SM-JRC-302/2018

El juicio de revisión constitucional electoral satisface los requisitos generales y especiales de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 86 y 88, de la citada Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

4.1.      Requisitos generales

a)       Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, se precisa el partido político actor, el nombre y firma de quien promueve en su representación, la resolución que controvierte, se mencionan hechos, agravios y las disposiciones constitucionales presuntamente no atendidas.

b)                 Oportunidad. Se presentó dentro del plazo legal de cuatro días, toda vez que la resolución impugnada se notificó al partido actor el veintitrés de agosto[2], y el juicio se promovió el veintisiete siguiente[3].

c)                 Legitimación. Se cumple este requisito por tratarse de un partido político nacional con registro en el Estado de Nuevo León.

d)                 Personería. Roberto Benavides González y Carlos Manuel Govea Jiménez cuentan con la personería suficiente para promover este juicio en nombre de MORENA, por ser sus representantes propietarios ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y ante la Comisión Municipal, respectivamente, calidad que les reconoce el órgano administrativo estatal al rendir informe justificado ante el Tribunal Local[4].

e)                 Interés jurídico. Se cumple este requisito, porque el partido actor controvierte la resolución dictada por el Tribunal Local en el juicio de inconformidad JI-146/2018 y acumulados, la cual pretende que se revoque.

4.2.      Requisitos especiales

a)       Definitividad. La sentencia reclamada es definitiva y firme, porque en la legislación electoral del Estado de Nuevo León no existe otro medio de impugnación para revocarla o modificarla.

b)       Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este presupuesto porque en el escrito correspondiente se alega la vulneración a los artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c)       Violación determinante. Se cumple esta exigencia, pues MORENA controvierte una resolución dictada en un medio de impugnación local, en la cual se desestimaron causales de nulidad de votación recibida en diversas casillas, también la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo o recuento total, y la causal de nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, determinación que el partido considera contraria a sus intereses, por lo que, de asistirle razón, podría tener como consecuencia que se declare la nulidad de la elección del ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, y se convoque a elecciones extraordinarias.

d)       Posibilidad jurídica y material de la reparación solicitada. La reparación es viable, ya que el asunto versa sobre resultados de elección municipal, y la toma de posesión de integrantes de ayuntamientos del Estado de Nuevo León será el treinta y uno de octubre[5]; por tanto, la reparación es factible, en su caso, para efecto de procedencia de este juicio.

5.     PROCEDENCIA DEL JUICIO SM-JDC-1122/2018

Por cuanto hace a los requisitos de procedencia del juicio ciudadano SM-JDC-1122/2018, el examen se realizó en el auto de admisión de seis de septiembre, en el cual se tuvieron por acreditados, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 9, párrafo 1, de la Ley de Medios[6].

6.     ESTUDIO DE FONDO

6.1.           Planteamiento del caso

La Comisión Municipal declaró la validez de la elección para renovar el ayuntamiento de Apodaca en el Estado de Nuevo León, entregó constancia de mayoría a la planilla postulada por el PRI y realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

En la instancia local, MORENA y Adrián Mario González Caballero, en carácter de candidato a presidente municipal postulado por el PAN promovieron juicios de inconformidad[7].

En lo que interesa, MORENA solicitó la nulidad de votación recibida en diversas casillas, al considerar que:

a)     174 ciento setenta y cuatro se integraron indebidamente por militantes de partidos políticos y no se asentó en actas la causa que motivó sustituir a los funcionarios inicialmente autorizados.

b)     84 ochenta y cuatro paquetes electorales se entregaron a la Comisión Municipal fuera del plazo legal de veinticuatro horas posteriores a la jornada electoral.

A la par, el partido político solicitó la nulidad de la elección municipal por existir inequidad en la contienda con motivo del uso y portación indebida de símbolos patrios y exceder el candidato del PRI el tope de gastos de campaña, y por violación al principio de certeza al haberse entregado a las mesas directivas de casilla una cantidad de boletas electorales superior al número de personas incluidas en la lista nominal [agrupamiento de boletas].

También solicitó el recuento de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Apodaca.

Por su parte, el candidato del PAN solicitó la nulidad de votación recibida en casilla por estimar se actualizaban las siguientes causales:

a)       En 299 doscientas noventa y nueve casillas, personas distintas a las autorizadas recibieron votación, sin haberse asentado en hojas de incidentes el procedimiento de sustitución que se llevó a cabo.

b)       En 313 trescientas trece casillas medió error o dolo en el cómputo de votos.

En la sentencia impugnada, el Tribunal Local determinó lo siguiente:

a)     Anuló 71 setenta y una casillas[8] al estimar se actualizaron las causales de recepción de votación por personas no autorizadas y haber mediado error o dolo en el cómputo de votos.

En las restantes casillas calificó como infundados los agravios al acreditarse que los funcionarios actuantes se encontraban en el encarte o pertenecían a la sección electoral, que no existió error en el cómputo en algunos centros de votación y en otros no fue determinante, por ser menor a la diferencia entre el primero y segundo lugar.

b)     En lo relativo a la participación de militancia en casillas, la autoridad responsable señaló que al tratarse de elecciones concurrentes y operar la casilla única, deben observarse los requisitos previstos en el artículo 83 de la LEGIPE para ser funcionario de mesa directiva, el cual no prohíbe que militantes de partidos políticos las integren, pues ese precepto sólo prevé como restricción el ostentar un cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, lo cual no fue motivo de inconformidad.

c)     En cuanto a la entrega tardía o extemporánea de paquetes electorales, indicó que en el acta de sesión permanente de jornada electoral se asentó que a las diez horas del dos de julio, la totalidad de los paquetes fueron recibidos por la Comisión Municipal.

d)     Respecto de la inequidad en la contienda por el uso y portación indebida de símbolos patrios desestimó el planteamiento conforme a la tesis III/2010 de este Tribunal Electoral, de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA[9].

e)     En cuanto al agrupamiento de boletas que se entregaron a los funcionarios de casilla, el agravio se calificó como infundado, se indicó que el Reglamento de Elecciones no transgrede el principio de reserva de ley, porque los artículos 278 y 279, de la LEGIPE prevén que los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante mesas directivas puedan ejercer su voto en la casilla en la cual estén acreditados.

f)       El incidente de nuevo escrutinio y cómputo se estimó inoperante, dado que el artículo 269, fracción VI, de la Ley Electoral prevé como requisito de procedencia del recuento total de votos, la existencia de indicio de que la diferencia entre el primero y segundo lugar es igual o menor a punto cinco por ciento y exista petición expresa del representante del partido o coalición que postuló al candidato que obtuvo el segundo lugar, lo que en el caso no ocurrió, pues la diferencia fue de 8.1341%; de ahí que la Comisión Municipal no se encontraba obligada a resolver la solicitud realizada por el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.

g)     Por último, sobre el rebase de tope de gastos de campaña, la autoridad responsable precisó que no contaba con elementos para determinar que existió, ya que del dictamen consolidado y la resolución del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurado con motivo de la denuncia presentada por MORENA, no se acreditó que el candidato del PRI hubiese excedido ese límite.

Ante esta Sala, los promoventes hacen valer los siguientes motivos de inconformidad:

      Agravios expresados por MORENA [SM-JRC-302/2018]

1.     La sentencia está indebidamente fundada y motivada, porque se calificó como inoperante la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo o recuento parcial de 313 trescientas trece casillas.

Agrega que al no haberse desahogado la petición de recuento por la Comisión Municipal, lo procedente era admitir a trámite el incidente, lo cual no ocurrió, por lo que solicita se reponga el procedimiento y se declare insubsistente la resolución.

2.     El Tribunal Local no fue exhaustivo e incurrió en incongruencia, dado que únicamente analizó la participación de militantes de partidos políticos como funcionarios de casilla, por la causal de nulidad de indebida integración por personas no facultadas por la ley, sin examinar las diversas causales de ejercer violencia física o amenazas sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y existir irregularidades graves.

3.     Adicionalmente, MORENA expresa que en el examen del agravio
–participación de militancia– sólo se estudió el artículo 253, párrafo 1, de la LEGIPE, sin considerar la prohibición prevista en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley Electoral, y solicita se declare inconstitucional el citado precepto de la norma general.

4.     A la par, indica que la autoridad responsable no examinó el agravio en el que expresó que en las actas levantadas en la casilla no se asentó el motivo de sustitución de funcionarios, por lo que su integración no se realizó conforme al procedimiento de Ley.

5.     Acusa un indebido análisis de pruebas, señala que no se le otorgó valor probatorio al acta fuera de protocolo que acompañó a la demanda de juicio de inconformidad local, la cual, en conjunto con el informe justificado rendido por la autoridad administrativa, desacreditan lo afirmado en el acta de sesión de jornada, en cuanto a la recepción de la totalidad de los paquetes electorales.

Agrega que tampoco se consideró la solicitud de copias certificadas del acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales que realizó, aun cuando se admitió dicha prueba.

6.     Indebidamente el Tribunal Local calificó como infundado el agravio en el cual expresó la existencia de urnas embarazadas de 116 ciento dieciséis casillas en las cuales se entregaron boletas para representantes de partidos políticos, actuar que estima contrario al artículo 187, fracción III, de la Ley Electoral, el cual prevé que las boletas que se entreguen a las mesas directivas atienda al número de electores inscritos en lista nominal, sin incluir a representantes.

7.     Expresa que los hechos denunciados en el procedimiento especial sancionador PES-328/2018 constituyen violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral, por el uso indebido de símbolos patrios por parte del candidato del PRI, y si bien la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral desechó la denuncia presentada, la decisión se encuentra sub judice por haber sido impugnada ante esta Sala Regional.

8.     Indebidamente se calificó como infundado el agravio de nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña; si bien el seis de agosto el Consejo General del INE resolvió el procedimiento INE-P-COF-UTF/660/2018/NL, el rebase se encuentra sub judice al haberse presentado recurso de apelación ante este órgano jurisdiccional.

      Agravios expresados por el candidato del PAN, Adrián Mario González Caballero [SM-JDC-1122/2018]

1.     Acusa falta de exhaustividad, porque el Tribunal Local no examinó que en 201 doscientas un casillas se desempeñaron como funcionarios personas no autorizadas para recibir votación; como tampoco el agravio en el cual señaló que en actas no se asentó el motivo de sustitución de funcionarios y, por tanto, su integración no se realizó conforme al procedimiento de ley.

2.     Afirma que no se analizó el agravio en el que solicitó la nulidad de 86 ochenta y seis casillas por existir error o dolo en el cómputo de votos.

Agrega que la autoridad responsable únicamente verificó si el error era o no determinante, a partir de la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, por lo que no advirtió que en 17 diecisiete de ellas, la cantidad de votos fue superior al número de votantes, y en otras 7 siete, la cifra de votos emitidos fue menor a la de las personas que votaron.

Los agravios se estudiarán en orden diverso al expuesto: primero, los motivos de inconformidad relacionados con nulidad de elección; después, el relativo a la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo; luego, se realizará el examen de las causales de nulidad de votación recibida en casilla conforme se expusieron –recepción de votación por personas distintas a las autorizadas, entrega tardía de paquetes electorales, la irregularidad relativa a agrupamiento o entrega de boletas para representantes de partidos políticos y error o dolo en el cómputo de votos–.

6.2.           No se acreditó el rebase de topes de gastos de campaña del candidato postulado por el PRI

No asiste razón a MORENA cuando afirma que se actualiza la causal de nulidad de elección consistente en exceder el gasto de campaña.

En la instancia local, el partido hizo valer como causa de nulidad de la elección municipal, el rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato postulado por el PRI, César Garza Villarreal.

Para acreditar su dicho, acompañó a su demanda copia del expediente del procedimiento especial sancionador presentado ante la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Nuevo León y del acuse de recibido de la queja presentada por el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia ante la Comisión Estatal contra el candidato del PRI con motivo del alegado rebase.

En la sentencia impugnada la autoridad responsable concluyó que no contaba con elementos que acreditaran que el candidato del PRI hubiese excedido el tope de gastos autorizado, pues en el dictamen consolidado no se determinó rebase y de la resolución del expediente INE-P-COF-UTF/660/2018/NL, se advertía que el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurado con motivo de la denuncia presentada por el partido político actor se declaró infundado.

Ante esta instancia, MORENA afirma que debe declararse la nulidad de la elección, porque la resolución de dicho procedimiento administrativo se encuentra sub judice por haber sido controvertida ante esta Sala Regional.

Al respecto, es de destacarse que la fiscalización de los gastos de campaña es una función de base constitucional[10] otorgada específicamente al INE, lo que excluye la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales puedan sustituirse a dicha tarea; por lo que fue correcto que el Tribunal Local sostuviera que no estaba en aptitud de determinar si el candidato del PRI había rebasado o no el tope de gastos, sino resultaba necesario contar con la resolución del Consejo General del INE que así lo decidiera.

Si bien el partido presentó recurso de apelación [SM-RAP-199/2018] para controvertir el acuerdo INE/CG823/2018 que declaró infundado el referido procedimiento sancionador, esta Sala determinó que el Consejo General del INE no fue exhaustivo en el análisis de las pruebas aportadas, por lo que revocó la determinación.

De manera que, aun cuando la decisión que definirá esa situación jurídica está pendiente de dictarse, cierto es que la interposición del recurso no acredita, por sí, la violación a la normativa electoral denunciada, como es el rebase de topes de gastos de campaña, pues su definitividad ocurrirá cuando se resuelva el último de los medios de defensa derivados de la cadena impugnativa.

Así, con base en las pruebas aportadas por el partido, como se indicó en la sentencia, no se tienen los elementos para concluir que, en efecto, se actualiza la causa de nulidad en estudio, pues de conformidad con la jurisprudencia 2/2018 de la Sala Superior[11], es necesario que exista la determinación y además firme de la autoridad administrativa de que hubo exceso en el gasto de campaña en un cinco por ciento o más por parte del candidato ganador, lo que en la especie no ocurre.

En ese sentido, debe descartarse la causal de nulidad de la elección del ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León.

6.3.           Fue correcto que el Tribunal Local desestimara la causal de nulidad de elección por violación al principio de equidad en la contienda

MORENA expresa el uso indebido de símbolos patrios por parte del candidato del PRI, conducta denunciada en el procedimiento especial sancionador PES-328/2018, constituyen violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral, y aun cuando la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral desechó la denuncia presentada, la decisión se encuentra sub judice por haber sido impugnada ante esta Sala Regional.

El agravio es ineficaz.

En primer término, porque como se indicó en el apartado anterior, la interposición de medios de defensa no acredita, por sí, la violación a la normativa electoral denunciada como sugiere el inconforme.

Por otra parte, se tiene que respecto al procedimiento sancionador que indica el partido, esta Sala Regional dictó resolución el quince de septiembre en el juicio SM-JDC-1145/2018.

El origen del juicio ciudadano fue el procedimiento especial sancionador PES-328/2018, iniciado con la denuncia presentada ante la Comisión Estatal Electoral por Víctor Hugo Govea Jiménez, en su carácter de candidato a presidente municipal de Apodaca, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en contra de César Garza Villarreal, candidato del PRI a dicho cargo, por utilizar una camisa con el Escudo Nacional en diversos actos de proselitismo, sin contar con la autorización correspondiente.

En la sentencia, esta Sala determinó que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no prevé normas relativas a propaganda electoral, por lo cual no establece supuestos que deban sancionarse a través de un procedimiento especial sancionador.

Pues en criterio de este Tribunal Electoral, aun cuando las conductas denunciadas pudiesen constituir un ilícito, no compete a la autoridad electoral conocer de ese tipo de infracciones, en todo caso, el inconforme tiene la posibilidad de presentar denuncia ante la autoridad competente[12].

Adicionalmente, se precisó que la inclusión del Escudo Nacional en la propaganda electoral no se traducía en un posicionamiento indebido frente a los contendientes, ya que ello dependía del contenido de los mensajes difundidos, no de la presencia del Escudo Nacional.

De ahí que no proceda la nulidad de la elección por violación al principio de equidad en la contienda.

6.4.           La autoridad responsable fundó y motivó debidamente la improcedencia del recuento total de votos de la elección municipal

No le asiste razón al partido actor cuando manifiesta que la sentencia está indebidamente fundada y motivada, por no haber admitido el incidente de nuevo escrutinio y cómputo o recuento parcial de 313 trescientas trece casillas.

De conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, las constituciones y leyes de estatales en materia electoral señalarán los supuestos y reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.

En el Estado de Nuevo León, como lo señaló la autoridad responsable, la Ley Electoral prevé en su artículo 269, fracción VI, segundo y tercer párrafo, que el recuento total procede:

Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de Ayuntamiento, y el que haya obtenido el segundo lugar en la votación, es igual o menor a punto cinco por ciento, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido o coalición que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, en estos casos la Comisión Municipal Electoral deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante la Comisión Municipal Electoral de la sumatoria de resultados por partido, consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas del municipio.

Adicionalmente a este supuesto, los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral 2017-2018, aprobados por la Comisión Estatal Electoral el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete prevén que el recuento total también puede darse al término del cómputo, siempre que exista dicha diferencia porcentual y medie petición expresa por parte del representante del partido que obtuvo el segundo lugar.

En el caso, MORENA expresó ante el Tribunal Local que durante la sesión de cómputo, el candidato a presidente municipal de Apodaca, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia solicitó realizar el recuento total de las casillas instaladas.

Al respecto, en la demanda de juicio de inconformidad el partido hizo valer la violación al derecho de audiencia y de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y del sufragio; en lo que interesa, expresó el agravio siguiente:

La Comisión Municipal ignoró el escrito de protesta que le fue presentado por el suscrito candidato a su presidenta Alejandra Ortega Guerrero, en el cual se solicitó la repetición del escrutinio y cómputo en la totalidad de los paquetes electorales, debido a que se advirtieron diversas irregularidades.

En la sentencia, el Tribunal Local calificó como inoperante el agravio y determinó que la autoridad administrativa no se encontraba obligada a resolver sobre la solicitud, pues el artículo 269, fracción VI, de la Ley Electoral, uno de los requisitos de procedencia del recuento total de votos es la existencia de indicio de que la diferencia entre el primero y segundo lugar es igual o menor a punto cinco por ciento y medie petición expresa del representante del partido o coalición que postuló al candidato que obtuvo el segundo lugar, lo que en el caso no ocurrió, pues la diferencia fue de 8.1341%.

Ante esta Sala, el partido acusa violación al debido proceso y manifiesta que la sentencia está indebidamente fundada y motivada, porque no se admitió a trámite el incidente de nuevo escrutinio y cómputo, sino se calificó como inoperante la solicitud de recuento parcial de 313 trescientas trece casillas.

El agravio es ineficaz y debe desestimarse.

Esto es así, toda vez que contrario a lo que expresa MORENA, está acreditado en autos que la solicitud de recuento o nuevo escrutinio y cómputo fue respecto de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio, no sólo de 313 trescientos trece centros de votación.

Del escrito presentado por su candidato a la alcaldía de Apodaca el cuatro de julio ante la Comisión Municipal[13], se advierte que relacionó diversas casillas en las cuales indicó existieron las siguientes irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo:

-          En 508 quinientas ocho casillas, la lista nominal debería ser igual a las boletas sobrantes más las personas que votaron.

-          En 479 cuatrocientas setenta y nueve casillas, las personas que votaron menos los votos sacados de las urnas deberían resultar igual a cero.

-          En 477 cuatrocientas setenta y siete casillas, las personas que votaron deberían ser igual a la suma de votos de los partidos y los votos nulos.

Expuestas las inconsistencias que estimó se actualizaban, solicitó la apertura de la totalidad de los paquetes electorales y el recuento de votos correspondientes, porque se han cometido violaciones sustanciales que se encuentran previamente(sic) acreditadas y que son determinantes para el resultado de la elección.

En estas condiciones, esta Sala comparte la decisión del Tribunal Local en cuanto a que no procedía el recuento total de votos, ya que la Coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte el partido actor, si bien obtuvo el segundo lugar en la elección, la diferencia de votos con el primer lugar [PRI] fue superior a .5% [punto cinco por ciento].

De ahí que no se colme uno de los requisitos de procedencia del recuento total que prevé la Ley Electoral.

6.5.           Análisis de agravios relacionados con la causal de nulidad consistente en recibir votación personas u órganos distintos a los facultados

6.5.1.    Marco normativo

De inicio, importa destacar que por celebrarse elecciones concurrentes se contó con casilla única, en términos del artículo 82, párrafo 2, de la LEGIPE[14], es esta ley la que deberá atenderse en el análisis de integración y funcionamiento de casillas y considerarse en el examen que resulte necesario, así como tener presente que por esta razón los funcionarios que actuaron en las mesas receptoras son los mismos.

De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial, ciudadanos previamente insaculados y capacitados por la autoridad, actuarán como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas[15]. Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente[16].

Al respecto, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la recepción, captación y suma de los sufragios, el artículo 329, párrafo fracción IV, de la Ley de Electoral contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los autorizados por dicha Ley, con excepción de que exista convenio con el INE en cuanto al procedimiento electoral y la recepción del voto, en cuyo caso se considerarán válidas las personas u órganos designados en los términos acordados.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de estimarse como posible que se cometan errores no sustanciales, los cuales, evidentemente, en esa calidad, no justificarían dejar sin efectos los votos recibidos. Por ello, es que la norma para declarar procedente la nulidad de votación exige que la irregularidad que se demuestre sea grave y determinante, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Por tanto, la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

         Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[17].

         Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[18].

         Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[19].

         Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla[20].

         Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos[21].

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa directiva de casilla, es necesario examinar los rubros en los cuales se asientan los cargos, nombres y firmas de los funcionarios que aparecen tanto en las actas de jornada electoral, como en las de escrutinio y cómputo en las secciones de instalación de casilla, cierre de la votación y escrutinio o cómputo; en su caso, de los datos contenidos en las hojas de incidentes o en la constancia de clausura; basta que conste la firma en cualquiera de esos apartados para concluir que estuvieron presentes los funcionarios.

Lo anterior, pues dichos documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral; de ahí que se considere que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros puede tratarse de una omisión del funcionario, la cual, por sí, no da lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de la persona.

En cuanto a las actas de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los funcionarios que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre que, como se dijo, existan otros documentos rubricados, a partir de los cuales se evita la presunción humana –de ausencia– que pudiera derivarse de la falta de firmas[22].

         Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos [un presidente, un secretario y dos escrutadores] o por seis [un presidente, dos secretarios y tres escrutadores], la ausencia de uno de ellos[23] o de todos los escrutadores[24] no genera la nulidad de la votación recibida.

Con base en lo anterior, la interpretación reiterada de esta temática lleva a identificar que deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

         Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva[25], en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado afectación en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidatos independientes[26].

6.5.2.    No existe deber legal de asentar en actas el procedimiento de sustitución de funcionarios de casilla, como tampoco las razones que lo motivan

MORENA y el candidato del PAN se quejan de que la autoridad responsable no examinó el agravio en el que expresaron que en las actas levantadas en casilla no se asentó el motivo de sustitución de funcionarios, por lo que su integración no se realizó conforme al procedimiento de Ley.

El agravio es ineficaz y debe desestimarse.

Esto es así, toda vez que, como se precisó en líneas previas, al ser la elección local concurrente con la federal, se contó con casilla única, en términos del artículo 82, párrafo 2, de la LEGIPE[27].

El artículo 274 de esta Ley prevé un procedimiento de sustitución de funcionarios de casilla, tomando en cuenta que las personas originalmente designadas no siempre se presentan el día de la elección.

Ante esta circunstancia, de no instalarse la casilla a las 8:15 horas, el presidente de la mesa directiva está facultado para realizar las sustituciones necesarias, en principio, con los suplentes; posteriormente, se recurre a los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, debiendo verificar previamente, por parte de quien los designa, que se encuentren inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.

Estas sustituciones derivan de la necesidad de que los cargos vacantes sean ocupados y no de una decisión arbitraria por parte del presidente o alguno de los funcionarios de casilla, a fin de privilegiar los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la recepción y cómputo de votos.

Así, la causal de nulidad en estudio sanciona aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral, consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley.

Por lo que, contrario a lo que proponen los actores, el hecho de que en la documentación electoral utilizada durante la jornada –actas de jornada u hojas de incidentes– no se hubiese asentado las razones que motivaron la sustitución de funcionarios de mesa directiva, no es un supuesto que actualice la nulidad de casilla, pues la LEGIPE no establece el deber de dejar constancia de ello para estimar que el procedimiento de sustitución fue ajustado a Derecho, lo que exige es que quienes hayan actuado estén autorizados por el Consejo Distrital, por encontrarse en el listado de ubicación e integración de casillas o encarte, o bien, que estén inscritos en la lista nominal de electores de la sección en la que actúan.

En este sentido, se desestiman los agravios hechos valer para acreditar la nulidad de la votación recibida en las 174 ciento setenta y cuatro casillas que controvierte MORENA y en las siguientes 100 cien casillas de las 201 doscientas una que relaciona el candidato del PAN en la demanda de juicio ciudadano, en la cuales únicamente expresa que no existe constancia de procedimiento llevado para su integración:

6.5.3.    Integración de casillas con militancia de partidos políticos

MORENA expresa que el Tribunal Local no fue exhaustivo e incurrió en incongruencia, dado que únicamente analizó la participación de militantes de partidos políticos como funcionarios de casilla, por la causal de nulidad la indebida integración por personas no facultadas por la ley, sin examinar las diversas causales de ejercer violencia física o amenazas sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y existir irregularidades graves.

Adicionalmente, manifiesta que en el examen del agravio
–participación de militancia– sólo se estudió el artículo 253, párrafo 1, de la LEGIPE, sin considerar la prohibición prevista en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley Electoral, y solicita se declare inconstitucional el citado precepto de la norma general.

No le asiste la razón al partido actor.

Para esta Sala, contrario a lo expresado por MORENA, no se da la alegada falta de congruencia y exhaustividad, toda vez que en la sentencia impugnada se sostuvo que al tratarse de una elección local concurrente con la federal opera la figura de casilla única, en términos del referido numeral 253[28], por lo que esta ley es la que regula tanto su integración como su funcionamiento.

Si bien el artículo 126 de la Ley Electoral prevé que la calidad de militante es impedimento para integrar casillas, dicha norma no es complementaria de la LEGIPE, dado que es facultad del INE determinar la ubicación y la designación de funcionarios de las mesas directivas tanto para los procesos federales, como locales.

Por tanto, de manera correcta, el Tribunal Local determinó que aun cuando se acreditara que las personas cuya actuación se controvirtió eran militantes partidistas y en efecto se desempeñaron como funcionarios de casilla, tal condición no era impedimento para integrarla, dado que el artículo 83, párrafo 1, inciso g), de la LEGIPE no prevé como prohibición para ser integrante de mesa directiva de casilla única la militancia, pues lo que sí prohíbe es ostentar un cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

Por lo que en la sentencia se calificó como infundado el agravio, sobre la base de que la integración de las casillas debió realizarse de conformidad con la LEGIPE, y su conformación debía analizarse conforme a la norma general, sin que fuera aplicable la Ley Electoral.

Así, fue correcto que la autoridad responsable determinara que no se actualiza la causa de nulidad de votación recibida en casilla, pues tal determinación encuentra sustento en el criterio de esta Sala Regional sostenido en asuntos resueltos con motivo del proceso electoral dos mil quince, en el que también se instalaron las casillas únicas conforme la ley general, lo cual fue confirmado por la Sala Superior[29].

En dichos asuntos, se sostuvo que tratándose de elecciones concurrentes deben observarse las disposiciones relativas a la casilla única que regula la LEGIPE, conforme a la cual, la militancia de partidos políticos no está impedida para integrar mesas directivas.

En este sentido, es ineficaz el planteamiento relativo a que esta Sala inaplique el citado artículo 253, párrafo 1, de la LEGIPE.

También debe desestimarse por ineficaz el agravio del partido en el que señala que la autoridad responsable debió estimar que la presencia de militantes partidistas actualiza las diversas causales de nulidad de casilla consistentes en ejercer violencia física o amenazas sobre los miembros de la mesa directiva o sobre los electores, y existir irregularidades graves –causal genérica–.

Lo anterior, dado que aun cuando en la instancia local hizo valer dichas hipótesis de invalidez, su causa de pedir la sustentó en la prohibición prevista en el numeral 126 de la Ley Electoral para que militancia partidista integre casilla, sin referir hechos o circunstancias adicionales respecto de los cuales sustentara que hubiesen realizado actos de violencia o coacción.

De manera que, atento a lo razonado en cuanto a que la integración de mesas directivas debe analizarse a la luz de la LEGIPE y no la Ley Electoral, como se indicó, el planteamiento es ineficaz.

6.5.4.    El Tribunal Local declaró correctamente la validez de 101 ciento un casillas por haberse integrado por personas legalmente autorizadas

El candidato del PAN acusa falta de exhaustividad, porque la autoridad responsable no anuló 101 ciento un casillas en las que afirma se desempeñaron como funcionarios personas no autorizadas para recibir votación, sostiene que contrario a lo que se indica en la sentencia, las personas no se encuentran incluidas en el encarte.

En la sentencia impugnada, el Tribunal Local concluyó que los funcionarios actuantes en esos centros de votación se encontraban en el encarte o su nombre estaba incluido en las listas nominales de la sección en la que se integraron casilla.

El agravio es infundado.

Las razones de esta Sala para considerar que no le asiste razón al actor se precisan en la columna de observaciones del cuadro siguiente, a partir del análisis de los planteamientos de la demanda, de la sentencia impugnada y de la documentación electoral que obra en el expediente [actas de jornada y de escrutinio y cómputo, listados nominales de electores, así como listados de integración y ubicación de casillas o encarte].

De los datos destacados en el cuadro anterior, se advierte que no le asiste razón al candidato cuando afirma que indebidamente en la sentencia no se anularon casillas que se integraron por personas no autorizadas por la ley por no estar incluido su nombre en el encarte.

De las actuaciones que integran el expediente, se constata que como lo sostuvo la autoridad responsable, en 100 cien de los 101 ciento un centros de votación relacionados actuaron personas que se encontraban en el encarte o en el listado nominal de la sección a la que pertenecen; de ahí que no proceda declarar su nulidad.

En la restante casilla, la 2429 básica, es importante destacar que el actor controvierte el desempeño de Gustavo Arturo Villarreal Arredondo, Alondra Yaressy García Soto, Gerardo de Jesús Torres Cruz y Griselda Guadalupe Serrato Cortez como primer y segunda secretaria, y segundo y tercera escrutadora, respectivamente.

El agravio es ineficaz, pues del acta de escrutinio y cómputo de la elección municipal, se constata que como lo determinó el Tribunal Local, dichas personas no integraron la mesa directiva de la casilla.

Por otra parte, en la casilla 2425 contigua 1, si bien el Tribunal Local indicó que Verónica Hernández González, quien se desempeñó como tercera escrutadora, se encuentra en el encarte de la casilla 2425 básica como segunda suplente, lo cierto es que está autorizada para recibir votación, dado que su nombre está incluido en la lista nominal de esta última.

En cuanto a la casilla 2454 básica, el candidato señala que el segundo escrutador Fernando Alberto Rodríguez Treviño, no aparece en el encarte; el agravio es ineficaz, toda vez que de la sentencia se advierte que el Tribunal Local indicó que el nombre del ciudadano se encuentra incluido en la lista nominal de electores de ese centro de votación, decisión que el actor no controvierte ante esta instancia.

Adicionalmente, es de apuntar respecto de las casillas 142 contigua 6, 144 contigua 3 y 2461 contigua 1, que el candidato agrega no tener certeza del nombre y número de personas que recibieron la votación, al no haberse asentado en actas esa información.

Contrario a lo que expresa y tal como se indicó en la decisión que se revisa, se tiene que se integró debidamente, al menos, por tres funcionarios.

En la casilla 142 contigua 6, el promovente señala que no aparece en el encarte el único funcionario que firma el acta, por lo que no existe certeza jurídica que acredite la existencia de los demás funcionarios; de la lista nominal de electores de la sección, se constata que el segundo secretario Diego Sepúlveda Aguilar está inscrito en la lista nominal de la casilla 142 contigua 10.

En tanto a los restantes integrantes, se tiene que si bien en la sentencia se precisó que el actor sólo refirió sin funcionario, del acta de escrutinio y cómputo de la elección de senaduría se advierte el nombre y firma de las seis personas que actuaron en la mesa directiva.

En la casilla 144 contigua 3, el actor indica que no se tiene certeza en cuanto al número de ciudadanos acreditados para el proceso de conteo de actas y votos; sin embargo, del acta de escrutinio y cómputo se constata que, como se indicó en la sentencia, la casilla se integró con tres funcionarios, a saber, con el presidente y un segundo secretario, José Patricio López Vallejo y Agustín Mejorado Fuentes, respectivamente.

Circunstancia que no motiva su nulidad, pues al efecto, esta Sala, siguiendo el criterio de la Sala Superior en cuanto a que el principio de plena colaboración se traduce en que los integrantes de la mesa directiva de casilla y los funcionarios presentes se auxilien entre sí en el desempeño de las tareas que les corresponden, que asuman las atinentes a los funcionarios faltantes, y que en el caso de la casilla única puede funcionar con tres personas.

Similar situación ocurre en la casilla 2461 contigua 1, en la cual el inconforme expresa que en las actas de escrutinio y cómputo no aparecen los nombres de las personas que actuaron como segundo secretario y tercer escrutador, por lo que no le es posible determinar si están o no debidamente integradas.

La autoridad responsable señaló que persona alguna desempeñó dichos cargos; decisión que se corrobora de la revisión que esta Sala realizó a las actas de jornada y de escrutinio y cómputo de la elección municipal, en la cual se advierte no consta el nombre o firma de quienes fungieron con tal carácter.

Situación que, como se precisó en líneas previas, no conduce a anular la votación, pues es criterio de este Tribunal Electoral que es válida la integración de una mesa directiva de casilla sin escrutadores[30].

6.6.           Fue correcto que el Tribunal Local desestimara la causal de nulidad de casilla por entrega extemporánea de paquetes electorales

El partido actor acusa un indebido análisis de pruebas, señala que no se le concedió valor probatorio al acta fuera de protocolo que acompañó a la demanda de juicio de inconformidad local, la cual, en conjunto con el informe justificado rendido por la autoridad administrativa, desacreditaba lo afirmado en el acta de sesión de jornada, en cuanto a la recepción de la totalidad de los paquetes electorales.

También se duele de falta de exhaustividad de la sentencia por no desahogarse una de las pruebas ofrecidas, se refiere a la solicitud de copias certificadas del acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales que realizó a la Comisión Municipal.

No le asiste razón.

En la instancia local, el partido indicó se actualiza la causal de nulidad de votación de 84 ochenta y cuatro casillas, al entregarse los paquetes electorales fuera de los plazos legales sin una causa que lo justificara.

Para acreditar su dicho acompañaron a la demanda las siguientes pruebas:

-          El acta fuera de protocolo levantada por notario público el tres de julio, en la cual hizo constar que a las 14:30 horas de esa fecha, ingresó al SIPRE –Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, correspondiente al Programa de Resultados Preliminares, PREP del Estado de Nuevo León–, del cual se advertía que las actas de 84 ochenta y cuatro casillas presentaban la leyenda AUN NO RECIBIDA.

-          Copia certificada del acta de la sesión permanente de la jornada electoral realizada por la Comisión Municipal el primero de julio, en la cual se asentó que a las diez horas del dos de julio, la totalidad de los paquetes habían sido recibidos.