Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós.

Sentencia definitiva que confirma, en la materia de impugnación, el dictamen consolidado INE/CG106/2022 y la resolución INE/CG108/2022, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la que sancionó al Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Coahuila de Zaragoza por irregularidades encontradas en la revisión de informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al ejercicio dos mil veinte, toda vez que: a) la autoridad fiscalizadora fue exhaustiva en el análisis de la documentación presentada para comprobar el destino o aplicación del financiamiento público ordinario para actividades específicas en la conclusión 2.9-C3-PRI-CO y la veracidad de operaciones realizadas en la conclusión 2.9-C26-PRI-C1; y b) se garantizó el derecho de defensa del apelante, ya que conoció las diferencias o discrepancias existentes entre lo que reportó y lo informado por proveedores, así como de la cancelación de comprobantes fiscales, sin que la autoridad administrativa estuviera llamada a realizar diligencias adicionales para verificar la veracidad de las operaciones efectuadas en las conclusiones 2.9-C21-PRI-CO y 2.9-C26-PRI-CO.

ÍNDICE

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

1.1.           Dictamen consolidado y resolución impugnada. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado INE/CG106/2022 y la resolución INE/CG108/2022, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de informes anuales de ingresos y gastos del PRI, correspondiente al ejercicio dos mil veinte, en la que se impusieron diversas sanciones a su Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza.

1.2.           Recurso de apelación. Inconforme con la acreditación de las faltas por las que se le sancionaron, el tres de marzo de este año, el PRI interpuso el presente recurso de apelación.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este asunto por tratarse de un recurso de apelación promovido contra la resolución del Consejo General del INE en la que se le impusieron al partido recurrente diversas sanciones derivadas de irregularidades encontradas en la revisión de su informe anual de ingresos y gastos, correspondiente al ejercicio dos mil veinte, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, entidad que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 1/2017 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, por el cual ordena la remisión de asuntos de su competencia a las Salas Regionales, así como en los artículos 169, fracción XVII, y 176, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral.

3.     PROCEDENCIA

El presente recurso es procedente, porque reúne los requisitos previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 42 y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la citada Ley de Medios, conforme lo razonado en el auto de admisión del pasado veintidós de marzo[1].

4.     ESTUDIO DE FONDO

4.1.           Materia de la controversia

4.1.1.    Resolución impugnada

El PRI controvierte la resolución INE/CG108/2022 en la cual el Consejo General del INE le impuso diversas sanciones con motivo de irregularidades detectadas en la revisión de informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al ejercicio dos mil veinte, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las conclusiones impugnadas, cuyas faltas sustanciales o de fondo se sancionaron con la reducción del 25% [veinticinco por ciento] de la ministración mensual que corresponde al partido apelante por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el monto que en cada caso se precisa, son las siguientes:

4.1.2.    Planteamientos ante esta Sala

Inconforme con la acreditación de las faltas mencionadas, el PRI hace valer los siguientes agravios:

a)     Respecto de la conclusión 2.9-C3-PRI-CO indica que la Unidad Técnica no fue exhaustiva en valorar la respuesta brindada al segundo oficio de errores y omisiones que presentó en el SIF, en el cual señaló que el importe de financiamiento público otorgado para actividades específicas, cuya falta de destino o aplicación se observó se justificaba con dos pólizas de reclasificación y una de egresos.

b)     En cuanto a la conclusión 2.9-C21-PRI-CO expresa que la Unidad Técnica no fue exhaustiva en el examen de la documentación presentada por uno de los proveedores que emitió uno de los comprobantes fiscales digitales por internet o CFDI´s que se observaron por no coincidir con lo reportado por el partido en el SIF.

c)     A la par, sostiene respecto de la conclusión 2.9-C21-PRI-CO y en cuanto a la diversa conclusión 2.9-C26-PRI-CO que se vulneró su derecho de audiencia, toda vez que la autoridad fiscalizadora dejó de realizar una debida investigación y solicitar a los proveedores el estatus de los comprobantes contables, dado que la emisión, modificación y cancelación de pólizas y CFDI´s corresponde únicamente a ellos y no a los partidos.

4.1.3.    Cuestiones a resolver

Los agravios se analizarán en el orden expuesto, a fin de responder los siguientes planteamientos:

1.     Si la autoridad electoral fue exhaustiva al valorar las respuestas brindadas por el partido recurrente a los oficios de errores y omisiones, así como la documentación presentada por uno de los proveedores.

2.     Si se vulneró el derecho de audiencia del partido apelante y si la Unidad Técnica tenía el deber de comprobar con proveedores las operaciones que se reportaron en el SIF.

4.2.           Decisión

Deben confirmarse, en la materia de controversia, el dictamen consolidado y la resolución impugnada, toda vez que:

a)     En cuanto a la conclusión 2.9-C3-PRI-CO, no se actualiza la falta de exhaustividad que expone el partido, porque la autoridad fiscalizadora analizó las respuestas brindadas al desahogar los oficios de errores y omisiones para acreditar el destino o aplicación del financiamiento público a actividades específicas.

b)     En cuanto a las conclusiones 2.9-C21-PRI-CO y 2.9-C26-PRI-CO, es infundado el planteamiento de violación al derecho de audiencia, ya que el apelante conoció las diferencias o discrepancias existentes entre lo que reportó en el SIF con lo informado por los proveedores, así como de la cancelación de los comprobantes fiscales, sin que la autoridad administrativa estuviera llamada a realizar diligencias para verificar la veracidad de las operaciones efectuadas.

c)     Adicionalmente, respecto de la conclusión 2.9-C21-PRI-CO, se analizó de manera exhaustiva la documentación que uno de los proveedores presentó para acreditar las operaciones que efectuó con el partido recurrente.

4.3.           Justificación de la decisión

4.3.1.    La Unidad Técnica valoró la documentación presentada por el PRI al responder el segundo oficio de errores y omisiones, a fin de acreditar el destino del financiamiento público otorgado a actividades específicas [conclusión 2.9-C3-PRI-CO]

Respecto de la conclusión 2.9-C3-PRI-CO, el PRI expresa que la Unidad Técnica no fue exhaustiva, que dejó de valorar la respuesta brindada al segundo oficio de errores y omisiones que presentó en el SIF.

El partido afirma en el escrito de apelación que en la respuesta dada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, señaló que el gasto por el importe de financiamiento público otorgado para actividades específicas, cuya falta de destino o aplicación observó la autoridad, se encontraba justificado con dos pólizas de reclasificación y una de egresos.

A saber, las pólizas de reclasificación 3 y 4, ambas de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, y la póliza de egresos 2 de seis de mayo de ese año.

Para acreditar su dicho, aporta como impresión o captura de pantalla del escrito de respuesta, así como de las tres pólizas referidas[2].

No le asiste razón al apelante.

En el segundo oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica comunicó al PRI que no destinó la totalidad del financiamiento público correspondiente a actividades específicas, lo cual detalló en el cuadro siguiente:

Por lo que solicitó al partido presentar las aclaraciones que estimara convenientes.

En respuesta, el PRI indicó, expresamente, que se subieron al SIF las evidencias que justifica(sic) el gasto en las pólizas 3 y 4 reclasificadas en Marzo 2020.

En el dictamen consolidado se determinó que, derivado de la aclaración otorgada por el partido y de la revisión a la documentación presentada, consistente en: convocatoria, programa, comprobante de transferencia, evidencia fotográfica y material didáctico referente a eventos, la observación se tenía por atendida respecto de $225,000.00 [doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.].

Sin embargo, precisó la autoridad que, por cuanto hace a los restantes
$131,229.19 [ciento treinta y un mil doscientos veintinueve pesos 19/100 M.N.], la observación no quedó atendida, ya que el recurrente fue omiso en presentar la siguiente documentación: convocatoria, programa, comprobante de transferencia, evidencia fotográfica y material didáctico referente a eventos.

Por lo que fue la cantidad en cita la que consideró como financiamiento público no destinado a actividades específicas, como se muestra a continuación:

Como se advierte, contrario a lo expuesto por el PRI, la Unidad Técnica tomó en consideración la respuesta brindada y analizó la documentación adjunta a las pólizas de reclasificación que el partido señaló, lo cual motivó que el monto o cantidad que inicialmente se observó como financiamiento público no destinado a actividades específicas fuera menor al que, finalmente, se determinó en la conclusión que se revisa y por el cual se le sancionó.

Esto es así, ya que, en las pólizas de reclasificación 3 y 4, relativas al gasto programado del proyecto Desarrollo de competencias para el liderazgo político, el partido realizó, en su orden, la reclasificación de $25,000.00 [veinticinco mil pesos 00/100 M.N.] y de $200,000.00 [doscientos mil pesos 00/100 M.N.], y presentó la documentación que amparaba las operaciones efectuadas.

Por cuanto hace a la póliza de egresos 2 del seis de mayo de dos mil veinte, con la cual, ante esta Sala, el partido pretende acreditar la comprobación de $100,000.00 [cien mil pesos 00/100 M.N.] del monto o cantidad determinada en la conclusión a examen, y respecto de la cual afirma que no fue valorada por la Unidad Técnica, aun cuando le indicó que con ella justificaba el gasto observado, no es dable considerar que el actuar de la autoridad dejó de ser exhaustivo como señala.

Como se destacó en líneas previas y se corrobora con la captura o impresión de pantalla de la respuesta brindada por el PRI que acompaña en su escrito de apelación[3], al desahogar el oficio de observaciones, únicamente puntualizó que el gasto se justificaba con las pólizas de reclasificación.

Por lo que, la referencia a la póliza de egresos 2 que realiza por primera vez ante esta Sala, procedía expresarla durante el procedimiento de revisión de informes a cargo de la Unidad Técnica, para que estuviera en aptitud de determinar que, aun cuando no se trataba de un gasto programado, se relacionaba o se encontraba vinculada a un proyecto relativo a actividades específicas y verificar si cumplía con los requisitos necesarios para considerarlo como tal.

Lo anterior, tomando en consideración que, como se precisó en el dictamen consolidado, una de las normas que se estimó trasgredida con el actuar del partido es el artículo 163, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización[4], el cual prevé que los partidos deberán elaborar y ejecutar los proyectos con base en lo establecido en el manual y lineamientos para el gasto programado, y en atención a que, en las pólizas de reclasificación destacadas se desprende con claridad que lo reportado constituyen gastos programados y se vinculan de manera directa con proyectos concretos, lo que no ocurre con la póliza de egresos.

De ahí que se desestime el agravio expuesto.

4.3.2.    Se garantizó el derecho de audiencia del PRI y la Unidad Técnica no tenía el deber de realizar diligencias adicionales para verificar la veracidad de las operaciones efectuadas con proveedores [conclusiones 2.9-C21-PRI-CO y 2.9-C23-PRI-CO]

Respecto de las conclusiones 2.9-C21-PRI-CO y 2.9-C26-PRI-CO, el PRI expresa que se vulneró su derecho de audiencia, toda vez que la autoridad fiscalizadora dejó de realizar una debida investigación y solicitar a los proveedores el estatus de los comprobantes contables, dado que la emisión, modificación y cancelación de pólizas y CFDI´s corresponde únicamente a ellos y no a los partidos.

A la par, en cuanto a la conclusión 2.9-C21-PRI-CO, indica que la Unidad Técnica no fue exhaustiva en el examen de la documentación presentada por uno de los proveedores que emitió uno de los comprobantes fiscales digitales por internet o CFDI´s que se observó por no coincidir con lo reportado por el partido.

No le asiste razón al apelante, por las razones que a continuación se exponen.

      Garantía de audiencia

En cuanto a la garantía de audiencia, este Tribunal Electoral ha sostenido que, durante el procedimiento de fiscalización a cargo del INE, se respeta si concurren los siguientes elementos[5]:

a)     Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de la autoridad;

b)     El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación ya sea por disposición legal, por acto específico –notificación– o por cualquier otro medio suficiente y oportuno;

c)     El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y

d)     La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses.

En el procedimiento de revisión de informes anuales de ingresos y gastos, el derecho de audiencia se garantiza bajo la lógica que deriva del propio modelo de rendición de cuentas previsto en los artículos 80, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, 291, párrafo 1, y 294, del Reglamento de Fiscalización, que prevén que, si durante la revisión, la Unidad Técnica advierte la existencia de errores y omisiones, prevendrá en un primer momento al sujeto obligado para que en un plazo de diez días, presente la documentación solicitada, así como las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; posteriormente, notificará si éstas subsanan o no los errores u omisiones encontradas, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días.

Asimismo, de conformidad con el artículo 295 del referido Reglamento, los sujetos obligados –partidos, coaliciones y candidaturas–, tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de ingresos y egresos, así como de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica por las mismas operaciones, a fin de aclarar las diferencias entre unos y otros.

Son los sujetos fiscalizados quienes deben informar por escrito a la Unidad Técnica, a más tardar un día antes de la confronta, los temas u observaciones sobre las que habrán de manifestarse.

De esta manera, los sujetos obligados cuentan en todo momento con amplias posibilidades de ser oídos y defenderse en los procesos de fiscalización, lo cual es acorde también con el principio de legalidad que toda autoridad debe respetar.

Otorgada la garantía de audiencia a través de oficios de errores y omisiones y confronta, se contará con cifras finales para que la Unidad Técnica elabore el dictamen consolidado y el proyecto de resolución respectivo.

      Requerimientos y comprobación con terceros

El artículo 331, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización prevé que la Unidad Técnica, en ejercicio pleno de sus facultades, podrá requerir a las personas físicas y morales, públicas o privadas, información relativa a operaciones celebradas con los sujetos obligados.

Por su parte, en el párrafo 1, del artículo 332, de dicho Reglamento se establece que, durante el procedimiento de revisión de informes de los sujetos obligados, atendiendo a los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y pertinencia, la Unidad Técnica podrá solicitar por oficio a las personas que hayan emitido comprobantes de ingresos o egresos a éstos (circularizar), la confirmación o rectificación de las operaciones amparadas en éstos. De los resultados de dichas prácticas se informará en el dictamen consolidado correspondiente.

En tanto que, en el párrafo 2 señala que, en caso de que no se localice alguna de las personas que hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos, los sujetos obligados deberán proporcionar la información y documentación necesarias para verificar la veracidad de las operaciones.

      Caso concreto

Conclusión 2.9-C21-PRI-CO

En el primer oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica comunicó al partido recurrente que, derivado de la revisión a la información que presentó en el SIF, solicitó a los proveedores y prestadores de servicios, la confirmación de las operaciones contables realizadas, lo cual detalló en el cuadro siguiente:

Precisó la autoridad que, conforme a lo manifestado por los proveedores señalados con la referencia (1), las operaciones y evidencias coinciden con lo reportado por el partido; en tanto que, respecto de los identificados con la referencia (2), no se había recibido respuesta alguna, por lo que, se encontraba en espera de ella, o bien, del acuse del oficio que proporcionara la Junta Local Ejecutiva de Coahuila y que, una vez contara con dicha información, se analizaría y se le informaría del resultado que se obtuviese.

Por lo que hace a los proveedores identificados con la referencia (3), razonó la autoridad que en sus respuestas indicaron desconocer operaciones celebradas con el PRI.

En tanto que, en lo relativo a los proveedores identificados con la referencia (4), detectó diferencias entre las operaciones que reportaron y las registradas por el partido, las cuales, en el propio oficio de observaciones, relacionó en el cuadro siguiente:

Si bien el partido dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones mediante escrito que data del doce de noviembre de dos mil veintiuno, nada indicó respecto de la observación identificada con el numeral 55 –en el oficio y en el escrito de respuesta–.

En el segundo oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica indicó nuevamente el estatus que guardaban los requerimientos y las respuestas brindadas por los proveedores, conforme lo relacionado en el cuadro siguiente:

Asimismo, puntualizó de nueva cuenta que los casos marcados con la referencia (4) corresponden a proveedores que presentan diferencias entre lo que reportaron y lo que el partido registró:

Por lo que solicitó al PRI en el SIF la siguiente documentación:

         Pólizas contables donde se refleje el registro de las facturas.

         Copia de los cheques mediante los que se pagaron las facturas, los cuales debieron ser nominativos a nombre del proveedor o prestador de servicios y contener la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, debidamente firmados por las personas autorizadas y/o la transferencia bancaria atinente.

         Contratos de prestación de servicios celebrados con los proveedores de bienes y/o servicios relacionados, debidamente suscritos y en los cuales se detallen con toda precisión, las obligaciones y derechos de ambas partes; el objeto, tiempo y condiciones; importe contratado, formas y fechas de pago, penalizaciones, además de todas aquellas condiciones a las que se hayan comprometido.

         Correcciones que procedieran en su contabilidad, así como las aclaraciones que estimara convenientes.

En respuesta al segundo oficio de observaciones, el PRI señaló que adjuntaba comunicado de cancelación al proveedor LUMINET WAN de la factura relacionada por la diferencia.

Derivado de las manifestaciones realizadas por el partido y de la documentación presentada, en el dictamen consolidado se determinó, en lo que ve a la conclusión que se revisa que, en relación con los proveedores señalados e identificados con la referencia (4), lo reportado por éstos y de la documentación que proporcionaron se advertía que las operaciones registradas por el partido no eran coincidentes.

Por lo que la autoridad concluyó que el PRI omitió reportar gastos realizados por concepto de impresos y servicios de internet, informados por dos proveedores, por $50,820.76 [cincuenta mil ochocientos veinte pesos 76/100 M.N.].

La documentación presentada por los proveedores que fue analizada por la Unidad Técnica y a partir de la cual determinó la diferencia en los montos o cantidades reportadas en las operaciones contables que se observaron en la conclusión en estudio, se identifican en los anexos 11-PRI-CO y 12-PRI-CO del dictamen consolidado, así como en el anexo 13-PRI-CO:

Ante esta Sala, el PRI únicamente cuestiona lo relativo a la diferencia de las operaciones celebradas con el proveedor Hilario Nicolás Mata Martínez, sin que exprese agravios para inconformarse con lo decidido en cuanto al diverso proveedor Luminet Wan S.A De C.V.; de ahí que, en este fallo, únicamente sea materia de estudio lo que ve al primero de ellos.

Lo anterior, dado que el partido puntualiza que la autoridad no fue exhaustiva en el examen de la documentación que el proveedor citado en primer orden presentó.

Para acreditar su dicho, en el escrito de apelación aporta como impresión o captura de pantalla un correo electrónico por el que se envía un escrito de once de octubre de dos mil veintiuno, relativo al balance de facturas con ingresos del PRI en el ejercicio dos mil veinte, en el que se observa el membrete MedioTono Diseño e Impresión y el nombre de dicho proveedor
–Hilario Nicolás Mata Martínez–.

En consideración de esta Sala, como se anticipó al inicio del presente apartado, no le asiste razón al partido recurrente.

Como se advierte, el PRI, desde la etapa de observaciones, mediante los dos oficios de errores y omisiones que la autoridad le dio a conocer, tuvo noticia de que el proveedor informó haber realizado operaciones contables por cifras o montos menores a los reportados por el partido en el SIF y éstas se identificaron con puntualidad, brindándole al recurrente la oportunidad de presentar aclaraciones y documentación para comprobar los registros que efectuó, sin que ello hubiese ocurrido.

Con lo cual se descarta que la autoridad vulnerara el derecho de audiencia del partido, que hubiese dejado de realizar diligencias o requerimientos para constatar las operaciones reportadas y que no hubiese llevado a cabo la revisión de la respuesta brindada por el proveedor.