Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de abril de dos mil veinticuatro.

Sentencia definitiva que modifica, en lo que es materia de impugnación, la resolución INE/CG250/2024, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el Dictamen consolidado INE/CG249/2024, por medio de los cuales se sancionó al partido político MORENA por irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y gastos de precampañas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Nuevo León, toda vez que, se vulneró el principio de exhaustividad, en tanto que, la autoridad responsable no analizó la totalidad de los planteamientos que el sujeto fiscalizado expresó en su respuesta al oficio de errores y omisiones, incluyendo sus anexos, ni los argumentos de las personas involucradas en los hallazgos detectados.

ÍNDICE

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas corresponden al año 2024, salvo precisión en contrario.

1.1.           Resolución y Dictamen consolidado. El 8 de marzo, el Consejo General del INE aprobó la resolución INE/CG632/2023 y su dictamen consolidado INE/CG249/2024, relacionados con las irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y gastos de precampañas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Nuevo León, en la que, entre otros aspectos, se le impusieron diversas sanciones a MORENA.

1.2.           Recurso de apelación. Inconforme con las sanciones impuestas, el 12 de marzo, MORENA presentó escrito de apelación ante la Oficialía de Partes Común del INE.

1.3.           Acuerdo de Sala Superior y remisión del recurso de apelación a esta Sala Regional. Mediante acuerdo de Sala Superior de 21 de marzo, se ordenó remitir a esta Sala Regional el recurso de apelación del expediente SUP-RAP-126/2024, al determinar que este órgano jurisdiccional es el competente para conocer y resolver el medio de impugnación.

1.4.           Recepción del medio de impugnación en esta Sala Regional. El 25 de marzo, este órgano jurisdiccional recibió el presente recurso de apelación, el cual fue registrado con la clave SM-RAP-35/2024.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este asunto, por tratarse de un recurso de apelación promovido contra la resolución del Consejo General del INE en la que se le impusieron al partido recurrente diversas sanciones derivadas de irregularidades en los informes de ingresos y gastos de precampañas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Nuevo León, entidad que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 1/2017 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, por el cual ordena la remisión de asuntos de su competencia a órganos colegiados regionales, así como en los artículos 169, fracción XVI, y 176, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral; y en el Acuerdo de Sala dictado por el Pleno de dicha superioridad en el recurso de apelación SUP-RAP-126/2024.

3.     PROCEDENCIA

El presente recurso es procedente, porque reúne los requisitos previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 42 y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la citada Ley de Medios, conforme lo razonado en el auto de admisión[1].

4.     ESTUDIO DE FONDO

4.1.      Materia de la controversia

El 8 de febrero, el INE notificó a MORENA el oficio de errores y omisiones con las observaciones relacionadas con los informes de ingresos y gastos de precampañas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, relacionadas con el actual proceso electoral local en el Estado de Nuevo León.

El 15 de febrero, mediante oficio CEE/SF/024/2023, el sujeto obligado dio respuesta al citado oficio de errores y omisiones.

4.2. Resolución y dictamen impugnados

MORENA controvierte la resolución INE/CG250/2024 y su Dictamen consolidado, en la cual el Consejo General del INE le impuso diversas sanciones con motivo de irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de precampañas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, relacionadas con el actual proceso electoral local en el Estado de Nuevo León.

Las conclusiones impugnadas son las siguientes:

4.3. Planteamientos ante esta Sala

Inconforme con lo anterior, MORENA en su escrito de recurso de apelación hace valer los siguientes agravios:

1.     Conclusión 7_C3_NL_MORENA (pinta de bardas)

En principio, el apelante precisa que, respecto de esta conclusión, adjunta a su escrito de recurso un Anexo denominado IMPUGNACIÓN MORENA ANEXO 4 MORENA NL, el cual solicita sea analizado de forma conjunta con los siguientes planteamientos:

1.1.           Se sanciona por la supuesta omisión de registrar gastos que no son propaganda electoral, porque diversos hallazgos no cumplen con la totalidad de elementos de la tesis LXIII/2015, por lo que se sancionan gastos que no fueron propios del partido y respecto de los cuales se había deslindado.

1.2.           La responsable vulneró el principio de exhaustividad porque no se pronunció sobre todos los argumentos que expresó en el oficio CEE/SF/024/2023 de 15 de febrero de 2024, por el que dio respuesta al oficio de errores y omisiones, en el cual manifestó que:

-          Se opuso a que los hallazgos (pinta de bardas) se vincularan de forma dogmática (en términos genéricos y abstractos) como responsabilidad del partido, pues los testigos y actas de las verificaciones no comprueban que sean del partido o representen algún beneficio a éste o alguna candidatura en particular.

-          Que en su contestación al oficio de errores y omisiones adjuntó el archivo denominado “RESPUESTA ANEXO 3.5.26”, en el cual agregó la columna “pronunciamiento del partido” con los motivos por los que cada hallazgo, en su concepto, no constituyen propaganda electoral.

-          Que no se configuran los elementos personal y subjetivo, pues no se comprobó que se realizaran por un partido, aspirante, precandidato o candidato, tampoco existen mensajes y expresiones directas unívocas e inequívocas tendientes a un llamado expreso al voto o solicitud de apoyo a favor o en contra de un precandidato, candidato, partido o coalición.

-          No se advierte el uso del nombre o logotipo del partido o de algún aspirante específico o alguna referencia a ellos, pues se trata de frases genéricas de las cuales no se desprende con certeza el presunto beneficio.

Por lo anterior, el apelante considera que la autoridad debió pronunciarse de forma particular y descriptiva en cada hallazgo respecto de la naturaleza electoral o propagandística y sobre el supuesto beneficio obtenido; es decir, requería de un análisis particular y pormenorizado, para posteriormente ser susceptible de considerarse un gasto que debía registrar el partido, esto es, no valoró sus respuestas al oficio de errores y omisiones.

1.3.           La UTF no es competente para determinar si los hallazgos contenían elementos que pudieran constituir equivalentes funcionales que pudieran interpretarse como una manifestación inequívoca para apoyar o no determinada candidatura. Tampoco era competente para determinar la naturaleza de un elemento de gasto como propaganda electoral atendiendo a su contenido, pues el partido lo negó y no existen elementos en el SIF, lo cual corresponde a la Sala Regional Especializada, previa instrucción de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE conforme a lo dispuesto en los artículos 71 del Reglamento Interno del INE, 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y 470, de la LGIPE. Estimar lo contrario implicaría que la UTF podría fiscalizar cualquier gasto sin importar su naturaleza.

1.4.           Incongruencia y contradicción al valorar y sancionar hallazgos similares.

2.     Conclusión 7_C4_NL_MORENA (monitoreo en internet)

Respecto de esta conclusión, el apelante también indica que adjunta a su escrito de recurso otro Anexo denominado IMPUGNACIÓN MORENA ANEXO 5 MORENA NL, el cual solicita sea analizado de forma conjunta con los siguientes planteamientos:

2.1. La responsable vulneró el principio de falta de exhaustividad porque no se pronunció sobre todos los argumentos que expresó en el oficio CEE/SF/024/2023 de 15 de febrero de 2024, por el que dio respuesta al oficio de errores y omisiones, en el cual manifestó, esencialmente, lo siguiente:

a)     Hallazgos identificados con el número de referencia 1. Se atribuyen supuestos gastos no reportados de los cuales no se desprenden elementos que permita calificarlos como propaganda electoral, en tanto que, no se vinculan con Morena, pues de las fotografías y evidencias de las actas no se advierte el nombre o logo del partido o nombre completo de algún aspirante en específico, tampoco elementos que permitan concluir con certeza e inequívocamente que se trata de una referencia a ellos, sino que constan frases, expresiones y manifestaciones genéricas, en las que no se pueden acreditar los elementos personal y subjetivo, es decir, no hay un llamado expreso al voto a favor o en contra de un precandidato, candidato, partido o coalición, porque en la columna denominada “LEMA O VERSIÓN” (columna AA del Anexo 3.5.27), no señaló información alguna.

b)     Hallazgos identificados con el número de referencia 2. Se advierte duplicidad de hallazgos, como los ubicados en la Columna “REFERENCIA 2” del archivo Excel denominado “RESPUESTA ANEXO 3.5.27”. Por lo cual, de un mismo hallazgo, la responsable ha generado múltiples consecutivos como si fueran distintos y busca fiscalizar y adjudicar múltiples gastos.

c)     Hallazgos identificados con el número de referencia 3. En el anexo de la autoridad, si bien se observan presuntos gastos, al intentar revisar el contenido de las actas o ligas de internet en las cuales supuestamente se detallan, no fue posible acceder o consultarlas, por lo cual, el partido está imposibilitado para realizar manifestación alguna y la autoridad vulnera la garantía de audiencia.

d)     Hallazgos identificados con el número de referencia 4. La autoridad trata de imputar indebidamente supuestos gastos de edición de videos y fotografías que, en realidad no lo son, pues en atención a sus propias características se desprende claramente que la edición no fue de naturaleza profesional, sino a través del uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones de uso gratuito, como las principales redes sociales: Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

e)     Hallazgos identificados con el número de referencia 5. La autoridad adjuntó actas con inconsistencias porque no se precisan de forma clara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos gastos. Por ejemplo, en el consecutivo 52, ID 121557 se señala que hay 25 volantes y de la imagen sólo se observan 2; en otros tres casos se señala que se hizo un recorrido en distintas fechas y colonias donde se entregó el periódico/revista Regeneración y, de forma dogmática, en las tres actas indica que fueron 30 piezas entregadas.

f)       Hallazgos identificados con el número de referencia 6. Solicitó al INE dejar sin efectos las observaciones identificadas con esta referencia porque no se trató de hallazgos vinculados con propaganda electoral o con proceso electoral alguno, dado que se relacionan con la toma de un cargo partidista. Tampoco son hallazgos vinculados con Morena, porque corresponden a otros sujetos obligados. Como ejemplo están los ID 121429 y 121435, en cuyas imágenes se observa que es publicidad pagada por el Partido Verde Ecologista de México.

MORENA adiciona que, en su contestación al oficio de errores y omisiones adjuntó el archivo denominado “RESPUESTA ANEXO 3.5.27”, en el cual agregó la columna “pronunciamiento del partido” con los motivos por los que cada hallazgo, en su concepto, no constituyen propaganda electoral.

Por lo anterior, considera que el INE debió pronunciarse de forma particular y descriptiva en cada hallazgo respecto de la naturaleza electoral o propagandística y sobre el supuesto beneficio obtenido.

2.2. En todos los hallazgos tuvo por acreditado, en abstracto, el elemento subjetivo o finalidad, al asumir la intención deliberada de promover o posicionar una precampaña en específico y el supuesto beneficio que generaba a determinada candidatura.

3. Conclusión 7_C5_NL_MORENA (Presentar informes de precampaña en forma física y no en el SIF)

3.1. Señala que la autoridad no fue exhaustiva porque no analizó diversas manifestaciones de su respuesta al oficio de errores y omisiones, en las que explicó el mecanismo de selección de candidaturas:

-          El 7 de noviembre de 2023, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas a cargos de diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, presidencias de comunidad y juntas municipales, para los procesos locales concurrentes 2023-2024.

-          En las bases primera, segunda y tercera, se contempló que primero se presentarían las solicitudes de inscripción; después, la Comisión Nacional de Elecciones revisa, valora y califica los perfiles; y sólo daría a conocer las solicitudes de inscripción aprobadas.

-          Así, la solicitud de registro no significaba su procedencia, no acreditaba el otorgamiento de una precandidatura y no generaba la expectativa de algún derecho, salvo el de información.

-          El proceso interno no tuvo por objeto realizar precampañas, pues la selección de candidaturas fue mediante encuesta, estudio de opinión o designación directa, por lo que no habría actos de proselitismo.

-          Si no se previó la realización de actos de precampaña, el hecho de que ciertas personas no respetaran dicho aspecto, ello no cambia las reglas de la convocatoria.

3.3. Contario a lo determinado por el INE, conforme a los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, 239, numerales 1 y 2, del Reglamento de Fiscalización y 132 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León es ilegal la supuesta obligación de presentar informes, pues en la Convocatoria se confeccionó legítimamente que no habría actos de precampaña, por lo que no hubo jornada comicial interna o asamblea. De ahí que, es incorrecto que la autoridad aplique reglas de precampaña, a pesar de que no se previeron, lo que vulnera la autodeterminación y auto organización de MORENA. Incluso, no es aplicable al caso concreto el precedente SUP-RAP-121/2015, porque se refiere a circunstancias distintas.

Si bien algunas personas se apartaron de las reglas de la Convocatoria, MORENA a partir de circunstancias extraordinarias realizó algunos actos con el ánimo de transparentar y reportar lo que señalaron como gastos a pesar de que no le constaban al partido, pero permitiría a la autoridad desplegar su facultad de fiscalización.

Además, si la autoridad contó con la información para verificar el monto, destino y aplicación de los recursos, entonces no se vulneró el bien jurídico tutelado, porque tuvo la posibilidad material de fiscalización.

Conforme al criterio de Sala Superior en el precedente SUP-RAP-74/2021 y acumulados, en caso de no obtener un beneficio no es posible exigir las obligaciones en materia de fiscalización.

3.4. MORENA considera que la falta no debe ser sustancial sino formal, porque allegó la información requerida, existió transparencia y veracidad, los informes de precampañas presentados fue de forma preventiva para evitar la posible cancelación de candidaturas y ausencia de mala fe. Además, la sanción está basada en una presunción.

El hecho de que la Secretaría de Finanzas de un órgano estatal del partido en Chihuahua solicitara al INE tener guardia presencial para recibir de forma física los informes de precampaña, no demuestra una sistematicidad; y por lo que hace al supuesto comunicado por WhatsApp, en el que, se sugería presentar los informes de precampañas no se acredita quién lo confeccionó o su autoría, el número de origen o el por qué fue enviado al INE, pues supuestamente se obtuvo de una charla de personas que no se identifican.

3.5. Violación al principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción en la conclusión 7_C5_MORENA_NL

Que el INE utilizó criterios distintos para sancionar conductas similares, pues en la resolución relacionada con la fiscalización a MORENA para el actual proceso electoral de la Ciudad de México, la entrega física de 3 informes de precampaña se consideró como una omisión de presentarlos en el SIF y se calificó como falta formal y leve porque no vulneró la certeza y transparencia en la rendición de cuentas; sin embargo, en la resolución que se impugna sobre el proceso electoral en Nuevo León, la entrega física de 3 informes de precampaña corresponde a una acción, la falta es sustancial o de fondo y grave ordinaria porque obstruye fiscalizar el monto, destino y aplicación de los recursos.

4.4. Cuestión a resolver

Esta Sala debe determinar si es correcta o no la decisión de la autoridad responsable consistente en imponer diversas sanciones al apelante, a partir de la detección de hallazgos que consideró propaganda electoral, lo que dio origen a la obligación de presentar informes de precampaña, los cuales indicó que no se presentaron conforme a la normativa de fiscalización.

4.5.           Decisión

Deben modificarse, en la materia de controversia, la resolución y el dictamen impugnados, toda vez que la autoridad responsable vulneró el principio de exhaustividad porque no atendió diversos planteamientos que MORENA expresó en su respuesta al oficio de errores y omisiones, incluyendo sus anexos, ni los argumentos de las personas involucradas en los hallazgos detectados, en los que, esencialmente señalaron:

-          Que el procedimiento interno de selección de candidaturas no contempló la realización de actos proselitistas de precampaña y la solicitud de registro no otorgaba el carácter de precandidata o precandidato, por lo que no hay obligación de presentar informes de precampaña.

-          Que los hallazgos detectados en el monitoreo de la autoridad fiscalizadora, tanto en vía pública como en internet, no acreditan los elementos para ser considerados propaganda electoral.

Por lo anterior, se debe ordenar a la autoridad responsable que emita nueva resolución en la que atienda la totalidad de los argumentos expresados por el sujeto fiscalizado y las personas involucradas.

4.5.1.    La UTF no es el órgano que resuelve si determinada conducta se considera o no una infracción a la normativa electoral en materia de fiscalización, sino que esa atribución corresponde al Consejo General del INE, previa propuesta de la Comisión de Fiscalización

El apelante expresa como agravio que la UTF no es competente para determinar si los hallazgos contenían elementos que pudieran constituir equivalentes funcionales para considerarlos como una manifestación inequívoca para apoyar o no determinada candidatura.

También señala que no es competente para determinar la naturaleza de un elemento de gasto como propaganda electoral atendiendo a su contenido, pues el partido lo negó y no existen elementos en el SIF, lo cual corresponde a la Sala Regional Especializada.

Lo anterior, porque primero se debe determinar si los hallazgos observados constituyen gastos que el partido debió registrar, en atención a su naturaleza de propaganda electoral o actos proselitistas. Estimar lo contrario, implicaría que la UTF podría fiscalizar cualquier gasto sin importar su naturaleza.

El agravio es infundado.

En principio, se precisa que es el Consejo General del INE el que aprobó la resolución y el dictamen impugnados, en los cuales determinó que se actualizaban determinadas faltas y, por ende, impuso las sanciones que estimó procedentes.

También se puntualiza que el Dictamen consolidado, que forma parte de la resolución impugnada, fue presentado por la Comisión de Fiscalización al citado Consejo General para su aprobación.

La UTF, conforme con lo establecido en el artículo 199, de la LGIPE, es un órgano técnico que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la recepción y revisión integral de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos y sus precandidaturas, respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su destino y aplicación durante el periodo de precampaña. Además, tiene la facultad de requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes mencionados o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.

La referida Unidad Técnica presenta a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

De lo anterior, se advierte que la UTF es un órgano técnico que auxilia a la Comisión de Fiscalización, la que a su vez somete los dictámenes consolidados y proyectos de resolución al Consejo General del INE, por lo que dicha Unidad no resuelve si determinada conducta se considera o no una infracción a la normativa electoral, tampoco impone sanciones; de ahí lo infundado del agravio que se analiza.

4.5.2.    La autoridad responsable vulneró el principio de exhaustividad al omitir el análisis de diversos planteamientos expresados en la respuesta al oficio de errores y omisiones

MORENA manifiesta, respecto de las 3 conclusiones impugnadas, que la autoridad responsable no se pronunció sobre todos los argumentos que expresó en el oficio CEE/SF/024/2023 de 15 de febrero, por el que dio respuesta al oficio de errores y omisiones, incluyendo sus anexos.

      Principios de exhaustividad y de indebida fundamentación y motivación

El principio de exhaustividad[3] implica que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, tienen el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso y, por lo segundo, señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas[4].

Precisado lo anterior, se estudiará por separado cada una de las 3 conclusiones impugnadas.

A.    Respecto de la conclusión 7_C3_NL_MORENA (pinta de bardas), el apelante precisa que no se analizaron distintos argumentos, como son:

         Se opuso a que los hallazgos se vincularan de forma dogmática (en términos genéricos y abstractos) como responsabilidad del partido, pues los testigos y actas de las verificaciones no comprueban que sean del partido o representen algún beneficio a éste o a determinada candidatura.

         Que en su contestación al oficio de errores y omisiones adjuntó el archivo denominado “RESPUESTA ANEXO 3.5.26”, en el cual agregó la columna “pronunciamiento del partido” con los motivos por los que cada hallazgo, en su concepto, no constituyen propaganda electoral.

         Que no se configuran los elementos personal y subjetivo, pues no se comprobó que se realizaran por un partido, aspirante, precandidato o candidato, tampoco existen mensajes o expresiones directas unívocas e inequívocas tendientes a un llamado expreso al voto o solicitud de apoyo a favor o en contra de determinada opción.

         No se advierte el uso del nombre o logotipo del partido o de algún aspirantes específico o alguna referencia a ellos, pues se trata de frases genéricas de las cuales no se desprende con certeza el presunto beneficio.

El agravio es fundado porque es cierto que la autoridad responsable no atendió distintos planteamientos expresados en la respuesta que MORENA dio al oficio de errores y omisiones.

Lo anterior, se advierte del siguiente cuadro que incluye una columna con los argumentos que el sujeto fiscalizado expresó en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones[5] y otra columna con el análisis efectuado en el Dictamen consolidado:

Se destaca que, en la respuesta al oficio de errores y omisiones, MORENA señaló que adjuntó un archivo denominado RESPUESTA ANEXO 3.5.26, en el cual abordó cada uno de los hallazgos (bardas) y expuso las razones del por qué consideró que no se trata de propaganda electoral.

Al respecto, esta Sala corroboró que, efectivamente, en el anexo de MORENA, se expresan argumentos en forma individualizada para cada una de las 17 bardas observadas, para muestra se citan 2 ejemplos:

CONTESTACIÓN ANEXO 3.5.26

Este órgano jurisdiccional advierte que en el Dictamen consolidado también se indica que determinadas bardas se consideraron actos de precampaña al tener acreditados los elementos consistentes en: finalidad, temporalidad y territorialidad, como se observa del Anexo 4_MORENA_NL, del cual, como ejemplo se muestra el análisis de 1 hallazgo o barda:

Anexo 4_MORENA_NL

En otra parte del Dictamen consolidado, se señala que sólo los hallazgos detectados a la ciudadana Adriana Belinda Quiroz Gallegos fueron considerados como propaganda electoral y atendiendo a su garantía de audiencia se le hicieron de su conocimiento las bardas detectadas, a lo cual dicha persona dio respuesta y la autoridad responsable refiere que fue atendida en el Anexo 3_MORENA_NL, del cual se observa lo siguiente:

De los cuadros descritos, esta Sala advierte que la autoridad responsable en el Dictamen consolidado, incluyendo el Anexo 4_MORENA_NL y el Anexo 3_MORENA_NL, no atendió los argumentos de defensa expresados en la respuesta al oficio de errores y omisiones del sujeto obligado, concretamente:

-          No analizó el planteamiento referente a que el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA, específicamente su convocatoria, no contempló una etapa de precampañas, por lo que tampoco previó actos de proselitismo. A partir de esta premisa, el sujeto fiscalizado consideró que no surgió obligación alguna para solicitar el registro de personas en el SNR, ni reportar gastos en el SIF y, por ende, que no debía presentar informes de precampaña, pues afirmó que la solicitud de registro a dicho proceso interno no les otorgaba a las personas el carácter de precandidatas, en tanto que, el partido realizó su designación mediante encuestas, estudios de opinión o designación directa.

-          Por lo que hace a las bardas, se observa que el INE al realizar el estudio para determinar si se acreditaban o no los elementos: finalidad, territorialidad y temporalidad, entre otros, no tomó en cuenta los argumentos que MORENA expresó, de forma individualizada para cada uno de los hallazgos, por los cuales estimó que no se trata de propaganda electoral.

En concepto de MORENA, no se acreditan los elementos finalidad y personal porque no hay nombre, logotipo, emblema o color del partido, se advierten frases genéricas al no hacer referencia a una persona en específico, no contiene el nombre completo de la supuesta precandidatura, no promueve el voto, no contiene plataforma política y no hace referencia al proceso electoral.

En efecto, atendiendo a las razones que expuso el sujeto obligado como defensa de frente a las observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora, debió analizar y determinar, en principio, si atendiendo al mecanismo que utilizó en su selección interna de candidaturas tiene o no la obligación de presentar informes de precampaña, pues en caso de asistirle razón a MORENA, las observaciones quedarían sin efectos.

En el supuesto de que se determinara que sí existe la obligación de presentar informes de precampaña, entonces, tendría que abordar el análisis de cada planteamiento que expresó el sujeto fiscalizado, incluyendo sus anexos, por los cuales consideró que los hallazgos no son propaganda electoral, así como los argumentos de las personas a quienes se adjudican las bardas, en los que refieren que las desconocen y se deslindan. Efectuado lo anterior, el INE estaría en condiciones de emitir la determinación que en Derecho proceda.

Toda vez que la autoridad responsable no atendió los planteamientos descritos, resulta evidente la violación al principio de exhaustividad y, por ende, como se adelantó, es fundado el agravio respecto de la conclusión que se estudia.

B.    Por lo que hace a la conclusión 7_C4_NL_MORENA (monitoreo en internet), el apelante también señala que la autoridad responsable no analizó diversos planteamientos, como son:

         Se atribuyen supuestos gastos no reportados de los cuales no se desprenden elementos para considerarlos propaganda electoral, ni se vinculan con MORENA, pues no se advierte el nombre o logo del partido, no hay nombre completo de algún aspirante; sólo constan frases, expresiones y manifestaciones genéricas, en las que no se pueden acreditar los elementos personal y subjetivo, pues no hay un llamado expreso al voto a favor o en contra de precandidatura, candidatura, partido o coalición.

         Que no se configuran los elementos personal y subjetivo, pues no se comprobó que se realizaran por un partido, aspirante, precandidato o candidato, tampoco existen mensajes y expresiones directas unívocas e inequívocas tendientes a un llamado expreso al voto o solicitud de apoyo a favor o en contra de un precandidato, candidato, partido o coalición. Tampoco se advierte algún beneficio al partido o a determinada precandidatura.

         Que en su contestación al oficio de errores y omisiones adjuntó el archivo denominado “ANEXO 3.5.27. ANÁLISIS DE PROPAGANDA EN INTERNET MORENA”, en el cual agregó la columna “pronunciamiento del partido” que contiene los motivos por los que cada hallazgo, en su concepto, no constituyen propaganda electoral.

         No hay información en la columna denominada “LEMA O VERSIÓN” (columna AA del Anexo 3.5.27), por lo que no se acreditan los elementos personal y/o subjetivo para considerar que se trató de propaganda de precampaña,

         Hay duplicidad de hallazgos y, por ende, de gastos.

         Al intentar revisar algunos contenidos de ligas de internet en los cuales supuestamente se detallan presuntos gastos, no fue posible acceder para consultarlos.

         Se vinculan supuestos gastos de edición de videos y fotografías, los cuales se realizaron a través del uso de nuevas tecnologías y aplicaciones de uso gratuito, como Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok, por lo que no se realizaron gastos.

         Hay actas con inconsistencias que no hacen posible el conocimiento cierto y claro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, en el consecutivo 52, ID 121557 se señala que hay 25 volantes y de la imagen sólo se observan 2.

         Otros hallazgos corresponden a distintos sujetos obligados, como ejemplo están los ID 121429 y 121435, en los que se observa de las imágenes que se trata de publicidad pagada por el Partido Verde Ecologista de México.

El agravio es fundado porque, en efecto, el INE no atendió diversos argumentos que MORENA expresó al dar respuesta al oficio de errores y omisiones.

Lo anterior, se advierte del siguiente cuadro que incluye una columna con los argumentos que el sujeto fiscalizado expresó en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones[6] y otra columna con el análisis efectuado en el Dictamen consolidado:

Se destaca que, en la respuesta al oficio de errores y omisiones, MORENA señaló que adjuntó un archivo denominado RESPUESTA ANEXO 3.5.27, en el cual abordó cada uno de los hallazgos (ubicados en enlaces de internet) y expuso las razones del por qué consideró que no se trata de propaganda electoral, que no fue realizada por el partido o que no generó algún gasto, entre otras manifestaciones.

Al respecto, esta Sala Regional corroboró que, efectivamente, en el anexo de MORENA, se expresan argumentos en forma individualizada para cada uno de los 62 hallazgos detectados, para muestra se citan 3 ejemplos:

RESPUESTA ANEXO 3.5.27

Este órgano jurisdiccional advierte que en el Dictamen consolidado también se señala que los hallazgos detectados se consideraron actos de precampaña al acreditarse los elementos consistentes en: finalidad, temporalidad y territorialidad, entre otros, como se advierte del Anexo 5_MORENA_NL, del cual se muestra el siguiente extracto como ejemplo:

Anexo 5_MORENA_NL

En otra parte del Dictamen consolidado, se señala que atendiendo a la garantía de audiencia se hizo del conocimiento a las personas ciudadanas la propaganda localizada durante el periodo de precampaña, a lo cual dieron respuesta como consta en el Anexo 3_MORENA_NL del Dictamen.

Sin embargo, esta Sala advierte que en dicho anexo sólo se incluyó la respuesta relacionada con bardas y no se precisa aspecto alguno sobre los hallazgos derivados del monitoreo en internet que corresponden a la conclusión que se analiza, a pesar de que, en los escritos de respuesta de las personas involucradas se observa que expresaron argumentos en su defensa sobre este rubro, concretamente:

-          Adriana Belinda Quiroz Gallegos formuló manifestaciones individuales en 15 enlaces de internet.

-          Oliverio Tijerina Sepúlveda negó en general que los contenidos reportados sean propaganda electoral suya, pues en todo caso, corresponden a mensajes realizados en ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación de ideas.

-          Victor Hugo Govea Jiménez señaló que no reconocía ningún pago de inserciones en medios de comunicación porque no ha celebrado directa o indirectamente algún tipo de contrato con la red social Facebook, por lo que desconocía y se deslindaba de cualquier presunción de algún tipo de convenio.

Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional federal estima que la autoridad responsable en el Dictamen consolidado, incluyendo el Anexo 5_MORENA_NL y el Anexo 3_MORENA_NL, no atendió la totalidad de los argumentos de defensa expresados en la respuesta al oficio de errores y omisiones del sujeto obligado y en las respuestas de las 3 personas involucradas en los hallazgos detectados en el monitoreo de internet, concretamente:

-          No analizó el planteamiento referente a que el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA, específicamente su convocatoria, no contempló una etapa de precampañas, por lo que tampoco previó actos de proselitismo. A partir de esta premisa, el sujeto fiscalizado consideró que no surgió obligación alguna para solicitar el registro de personas en el SNR, ni reportar gastos en el SIF y, por ende, que no debía presentar informes de precampaña, pues afirmó que la solicitud de registro a dicho proceso interno no les otorgaba a las personas el carácter de precandidatas, en tanto que, el partido realizó su designación mediante encuestas o estudios.

-          Por lo que hace a los enlaces de internet, se observa que el INE al realizar el estudio para determinar si se acreditaban o no los elementos finalidad, territorialidad y temporalidad, entre otros, por los cuales estimó que se trata de propaganda electoral, no tomó en cuenta los argumentos que MORENA y las personas involucradas expresaron en su defensa, de forma individualizada, para cada uno de los hallazgos.

Al respecto, en concepto de MORENA, no se acreditan los elementos finalidad y personal porque no hay nombre, logotipo, emblema o color del partido, se advierten frases genéricas al no hacer referencia a una persona en específico, no contiene el nombre completo de la supuesta precandidatura, no promueve el voto, no contiene plataforma política y no hace referencia al proceso electoral.

El sujeto fiscalizado también precisó argumentos específicos sobre los hallazgos, concretamente: no hay información en la columna denominada “LEMA O VERSIÓN” (columna AA del Anexo 3.5.27), por lo que no se acredita la propaganda de precampaña; hay duplicidad de hallazgos y, por ende, de gastos; no fue posible acceder a determinadas ligas de internet para consultar los supuestos gastos; la edición de videos y fotografías se realizó con tecnologías y aplicaciones de uso gratuito, como Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok, por lo que no se realizaron gastos; hay actas con inconsistencias respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar; y algunos hallazgos no corresponden a MORENA, sino a distintos sujetos obligados.

Atendiendo a los planteamientos expresados por el sujeto obligado como defensa de frente a las observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora, debió analizar y determinar, en principio, si atendiendo al mecanismo que utilizó en su selección interna de candidaturas tiene o no la obligación de presentar informes de precampaña, pues en caso de asistirle razón a MORENA, las observaciones quedarían sin efectos.

En el supuesto de que se determinara que sí existe la obligación de presentar informes de precampaña, entonces, tendría que abordar el análisis de cada argumento que expresó el sujeto fiscalizado, incluyendo sus anexos, por los cuales consideró que los hallazgos no son propaganda electoral, así como las manifestaciones de las personas a quienes se adjudican los hallazgos derivados del monitoreo en internet, en los que también señalan que no se trata de propaganda electoral, que desconocen y se deslindan de los hallazgos. Efectuado lo anterior, el INE estaría en condiciones de emitir la determinación que en Derecho corresponda.

Por tanto, esta Sala estima que, si la autoridad responsable no estudió los planteamientos descritos, vulnero el principio de exhaustividad en perjuicio de los sujetos fiscalizados; de ahí lo fundado del agravio relacionado con la conclusión que se analiza.

C.    En relación con la conclusión 7_C5_NL_MORENA (presentación de informes de precampaña de forma física y no en el SIF), el apelante afirma que la autoridad responsable no fue exhaustiva, porque no analizó diversas manifestaciones expresadas en su respuesta al oficio de errores y omisiones, relacionadas con el mecanismo interno de selección de candidaturas, respecto del cual indicó esencialmente:

-          El 7 de noviembre de 2023, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas a cargos de diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, presidencias de comunidad y juntas municipales, para los procesos locales concurrentes 2023-2024.

-          En las bases primera, segunda y tercera, se contempló que primero se presentan las solicitudes de inscripción; después, la Comisión Nacional de Elecciones revisa, valora y califica los perfiles; y sólo da a conocer las solicitudes de inscripción aprobadas.

-          Así, la solicitud de registro no significaba su procedencia, no acreditaba el otorgamiento de una precandidatura y no generaba la expectativa de algún derecho, salvo el de información.

-          El proceso interno no tuvo por objeto realizar precampañas, pues la selección de candidaturas fue mediante encuesta, estudio de opinión o designación directa, por lo que no habría actos de proselitismo.

-          Si no se previó la realización de actos de precampaña, el hecho de que ciertas personas no respetaran este aspecto, ello no cambia las reglas de la convocatoria.

El agravio es fundado porque, efectivamente, dichos argumentos fueron expresados y desarrollados por el apelante al dar respuesta al oficio de errores y omisiones; si bien la autoridad responsable en el Dictamen consolidado se refirió al proceso interno de selección de candidaturas de MORENA, cierto es que no se atendieron los planteamientos en su totalidad, como se advierte del siguiente cuadro comparativo:

Con base en la información del cuadro comparativo anterior, esta Sala corrobora que existen razonamientos vertidos por el sujeto fiscalizado en su respuesta al oficio de errores y omisiones que no fueron objeto de análisis por parte de la autoridad responsable, como los que se describen, sustancialmente, enseguida:

-          No hubo precandidaturas porque no se previeron actos de asamblea o jornada comicial. No tuvo un proceso de precampaña que lo obligara a observar las reglas de fiscalización y registro de precandidaturas.

-          El proceso no tuvo por objeto realizar precampañas, sino que la selección fue mediante encuesta, estudios de opinión o designación directa.

-          La UTF reconoció la existencia de los avisos en el sentido de que no realizaría precampaña para los cargos referidos en la entidad.

-          El hecho de que una persona se auto adscriba como precandidata no implica una obligación para el partido.

-          Atendiendo a los derechos de autoorganización y autodeterminación tiene libertad de elegir y emitir normas propias que regulen su vida interna, como la definición de sus estrategias políticas y los procedimientos para la postulación de candidaturas.

-          Si bien existen precedentes aplicados por el INE y, en su caso, validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la participación de precandidaturas que no fueron debidamente registradas en procesos electorales previos, no resultan aplicables al caso, en virtud de las características específicas que debe tener una precandidatura.

-          No todo proceso de selección interna que lleve a cabo un partido político, adquiere en automático la naturaleza de precampaña electoral, pues debe diferenciarse entre selección interna y precampaña, ya que los artículos 226 y 227, de la LGIPE, contemplan que ésta última implica reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos actos que las precandidaturas realizan para dirigirse a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para obtener una candidatura a un cargo de elección popular.

-          En su convocatoria se prevé el registro en línea para que cualquier persona interesada pueda presentar su solicitud para ser considerada por la Comisión Nacional de Elecciones como posible postulante a una candidatura. Cada persona interesada sube su información, el sistema únicamente emite de forma automática una constancia de registro, pero no reconoce o transfiere a la persona interesada calidad alguna.

Lo anterior, porque el registro en línea es una acto unilateral, cuya información debe ser evaluada y calificada por la citada Comisión como procedente, atendiendo a la comprobación de requisitos para poder continuar en las siguientes fases del procedimiento, pues, entre otros supuestos, podrían registrarse personas menores de edad; de ahí que, únicamente se dan a conocer las solicitudes de inscripción aprobadas.

-          Al momento de presentar los informes de precampaña no había concluido la revisión de los requisitos de la solicitudes de registro.

-          Sin tener una precandidatura, los informes de precampaña se presentaron ad cautelam (por precaución o por cautela) motivados por el riesgo de cancelación de la candidatura, en caso de obtenerla y la mayoría están en ceros.

-          Similar situación acontece en el procedimiento contemplado por el INE, relacionado con las personas que aspiran a una candidatura independiente, pues al presentar su solicitud y obtener un acuse no les otorga el carácter de candidata o candidato independiente ni la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de apoyo ciudadano, antes de que dicho Instituto valide la procedencia de su registro.

-          No tiene obligación de presentar informes de precampaña, sino hasta que la Comisión Nacional de Elecciones revise los requisitos, evalúe el perfil, valide algún registro y lo publique, pues la solicitud de registro deja de ser un acto unilateral y se convierte en una relación jurídica bilateral.

-          Cuando la Comisión Nacional de Elecciones declara procedente una solicitud de registro, puede ser que sólo apruebe un registro para determinada candidatura o puede aprobar máximo cuatro registros que somete a encuesta o estudios de opinión, lo cual no implica convocar a la militancia o simpatizantes para dar su respaldo.

-          Hay partidos políticos que no han sido sancionados por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña respecto de solicitudes declaradas improcedentes, como el caso de Arturo Esquintín Ortiz.

Como se indicó, si bien la autoridad responsable en el Dictamen consolidado se refirió al proceso interno de selección de candidaturas de MORENA, los planteamientos que se han destacado no fueron atendidos, los cuales se consideran trascendentes para su defensa porque están dirigidos a confrontar la obligación de presentar informes de precampaña, atendiendo a las circunstancias particulares que, desde su perspectiva, presenta el mecanismo interno de selección de candidaturas.

Al respecto, se precisa que, si bien la autoridad fiscalizadora en su Dictamen consolidado señaló que la cláusula décima segunda de la convocatoria establece que: “La precampaña se llevará a cabo conforme a los lineamientos que emita la Comisión Nacional de Elecciones”, esta Sala Regional considera que es precisamente lo que debió analizar de frente a los argumentos expresados en la respuesta al oficio de errores y omisiones, consistentes en que no se realizaron actos de asamblea o jornada comicial (sic) porque la selección fue mediante encuesta, estudios de opinión o designación directa (cláusula novena sobre la definición de candidaturas); que en la convocatoria se prevé el registro en línea por lo puede presentar su solicitud cualquier persona, de ahí la necesidad de que Comisión Nacional de Elecciones deba aprobar las solicitudes (previa revisión del cumplimiento de requisitos), para considerar a determinada persona como precandidata, entre otros argumentos, que se listaron previamente.

Por ello, se reitera que, si bien la autoridad se refirió en su Dictamen consolidado al procedimiento interno de selección de candidaturas, hay planteamientos que se expresaron en la respuesta al oficio de errores y omisiones que no fueron estudiados.

Por tanto, se concluye que, en esta conclusión que se analiza también se vulneró el principio de exhaustividad.

Como se adelantó, los agravios analizados resultaron fundados y son suficientes para modificar la resolución y el dictamen consolidado que se impugnan, sólo por lo que hace a las 3 conclusiones analizadas en esta sentencia; de ahí que, se considera innecesario el estudio de los agravios restantes.

5.     EFECTOS

Atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, los efectos deben ser:

5.1. Modificar, en lo que es materia de impugnación, la resolución y el dictamen consolidado controvertidos, concretamente, se dejan insubsistentes sólo las determinaciones y análisis correspondientes a las conclusiones 7_C3_NL_MORENA, 7_C4_NL_MORENA y 7_C5_NL_MORENA.

5.2. Ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, a la brevedad, emita nueva determinación sobre las 3 conclusiones indicadas, en la que atienda la totalidad de los planteamientos expresados por el sujeto fiscalizado en su respuesta al oficio de errores y omisiones, incluyendo sus anexos, así como los argumentos que manifestaron las personas involucradas en cada conclusión y determine lo que en Derecho corresponda.

Realizado lo anterior, notificar personalmente la nueva resolución y dictamen consolidado a MORENA y a las personas involucradas.

Dicha autoridad deberá informar a esta Sala Regional dentro de las 24 horas posteriores a que emita la nueva resolución y remitir las constancias que así lo acrediten, primero vía correo electrónico a la cuenta cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx, luego en original o copia certificada por el medio más rápido, apercibido que, en caso de incumplir lo ordenado en el plazo señalado, se aplicará alguna de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Medios.

6.       RESOLUTIVO

ÚNICO. Se modifica, sólo en lo que es materia de impugnación, la resolución y el dictamen controvertidos, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, con el voto aclaratorio que formula el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

Voto aclaratorio, razonado o concurrente que emite el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa en el recurso de apelación SM-RAP-35/2024[7].

Las magistraturas de la Sala Regional Monterrey decidimos modificar, en la materia de impugnación, la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral[8], por la cual se sancionó a MORENA por irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y gastos de precampañas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en Nuevo León, porque se consideró que el INE no analizó la totalidad de los planteamientos que el sujeto fiscalizado expresó en su respuesta al oficio de errores y omisiones, incluyendo sus anexos, ni los argumentos de las personas involucradas en los hallazgos detectados, lo cual es suficiente para sostener el sentido final de la sentencia.

Sin embargo, emito el presente voto aclaratorio, a efecto de puntualizar que no coincidido con la sentencia respecto a la consideración de que el INE no atendió los planteamientos relacionados con que en el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA no se contempló una etapa de precampañas ni tampoco previó actos de proselitismo, por lo que el partido no tenía la obligación de presentar informes de precampaña, porque, desde mi perspectiva, sí contiene un pronunciamiento formal y material sobre el punto en cuestión[9].

Esto, porque, desde mi perspectiva, el INE sí emitió pronunciamiento respecto a los planteamientos relacionados con que en el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA no se contempló una etapa de precampañas ni tampoco previó actos de proselitismo.

Por las razones expuestas, emito el presente voto aclaratorio.

MAGISTRADO

ERNESTO CAMACHO OCHOA