RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SM-RAP-37/2021

APELANTE: ALEJANDRO CASTRO LÓPEZ

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INE

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: MAGIN FERNANDO HINOJOSA OCHOA Y RUBÉN ARTURO MARROQUÍN MITRE

COLABORÓ: SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ

Monterrey, Nuevo León, a 14 de abril de 2021.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma, en la parte impugnada, el dictamen y resolución del Consejo General del INE en la que multó al aspirante a candidato independiente a diputado federal del proceso 2020-2021, Alejandro Castro López, por incumplir obligaciones derivado de las irregularidades advertidas en el informe de ingresos y gastos de la obtención del apoyo ciudadano; porque este órgano jurisdiccional considera que: i. Para resolver sobre la acreditación de las infracciones sobre las cuales se sancionó al apelante, el INE sí valoró las respuestas que dio el apelante al oficio de errores y omisiones, ii. En la individualización de la sanción, sí ponderó los elementos que rodearon la infracción, incluida la ausencia del dolo, y iii. En la individualización de la sanción, ciertamente, debe considerarse que la naturaleza de las candidaturas independientes es distinta a la de los partidos políticos, sin embargo, la sanción atendió a las irregularidades cometidas.

Glosario

Competencia y Procedencia

I. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se controvierte una resolución del Consejo General del INE, en la que se sancionó a un aspirante a candidato independiente a diputado federal por el distrito II en Guanajuato, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano ejerce su jurisdicción[1].

II. Referencia sobre los requisitos procesales. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión, que se sancionan en la presente sentencia[2].

Antecedentes[3]

I. Revisión de los informes de ingresos y gastos en la obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a diputaciones federales del proceso 2020-2021.

1. El 3 de diciembre de 2020, inició el periodo para recabar el apoyo ciudadano de las personas que aspiran a una candidatura independiente, entre otros, a los cargos de diputaciones federales.

2. El 15 de febrero de 2021[4], concluyó el plazo para que los aspirantes a candidaturas independientes entregaran los informes de ingresos y gastos.

3. El 22 de febrero, la Unidad Técnica requirió al apelante, mediante oficio de errores y omisiones, para que atendiera diversas observaciones. El 1 de marzo, el recurrente presentó su respuesta.

II. Resolución impugnada.

El 25 de marzo, el Consejo General del INE multó al apelante con $11,468.16, por incumplir sus obligaciones en materia de fiscalización[5].

III. Apelación.

Inconforme, el 2 de abril, el apelante interpuso, a través del sistema de Juicio en Línea, el presente recurso de apelación[6].

Estudio de fondo

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse, en la parte impugnada, el dictamen y resolución del Consejo General del INE en la que multó al aspirante a candidato independiente a diputado federal del proceso 2020-2021, Alejandro Castro López, por incumplir obligaciones derivado de las irregularidades advertidas en el informe de ingresos y gastos de la obtención del apoyo ciudadano; porque este órgano jurisdiccional considera que: i. Para resolver sobre la acreditación de las infracciones sobre las cuales se sancionó al apelante, el INE sí valoró las respuestas que dio el apelante al oficio de errores y omisiones, ii. En la individualización de la sanción, sí ponderó los elementos que rodearon la infracción, incluida la ausencia del dolo, y iii. En la individualización de la sanción, ciertamente, debe considerarse que la naturaleza de las candidaturas independientes es distinta a la de los partidos políticos, sin embargo, la sanción atendió a las irregularidades cometidas.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

Tema i. Para resolver sobre la acreditación de las infracciones sobre las cuales se sancionó al apelante, el INE sí valoró las respuestas que dio el apelante al oficio de errores y omisiones

1. Resolución. El INE multó al apelante con $11,468.16, porque: a) omitió reportar y registrar una cuenta bancaria para el manejo de sus recursos, b) omitió dar aviso a la Unidad Técnica de la apertura de cuenta bancaria para el manejo de sus recursos, c) omitió presentar el estado de cuenta de diciembre 2020, d) omitió presentar las conciliaciones bancarias de diciembre 2020 y enero 2021, e) omitió realizar el registro contable de una operación en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación (monto involucrado de $1,000), y f) omitió reportar gastos por concepto de propaganda en la vía pública consistente en 12 producciones y ediciones de videos y un equipo de videograbación y/o producción (monto involucrado de $15,636)[7].

2. Agravio. El apelante señala que la autoridad fiscalizadora no analizó los argumentos que expuso en su contestación al informe de errores y omisiones, por lo que considera que es ilegal la sanción impuesta.

3. Cuestión a resolver: Determinar, si ¿el INE tomó en cuenta las manifestaciones vertidas por el apelante en su escrito de contestación al informe de errores y omisiones?

4. Respuestas. No tiene razón, porque la Unidad Técnica sí analizó y valoró las respuestas aportadas por el apelante, sin embargo, concluyó que no eran suficientes para tener atendidas las observaciones.

En efecto, la autoridad fiscalizadora requirió al apelante para que presentara diversa documentación en el SIF e hiciera las aclaraciones que estimara pertinentes, en lo que es materia de controversia, en relación con: a) la apertura de una cuenta bancaria, b) un registro contable reportado fuera del plazo, y c) gastos de propaganda[8].

En respuesta al oficio de errores y omisiones, el apelante refirió, entre otras cosas, que: a) no informó en tiempo y forma sobre la cuenta que aperturó para el manejo de recursos de obtención para el apoyo ciudadano, porque el SIF no estaba funcionando, b) que el propio banco le canceló la referida cuenta, c) no hay conciliaciones bancarias porque ninguna cuenta fue utilizada para la junta de firmas, y d) no se reportaron gastos porque no los hubo y el SIF no servía[9].

Al respecto, la autoridad fiscalizadora consideró que las respuestas eran insatisfactorias y las observaciones no quedaron atendidas, pues: a) si bien manifestó que omitió dar aviso en tiempo y forma de la apertura de la cuenta, debido a que el banco la canceló por no haber depositado dinero; la normatividad es clara al señalar que los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos, una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil que los representa, b) aun cuando manifestó que el SIF presentó fallas hasta poco antes de concluir el periodo para recabar firmas, se constató que el Sistema no presentó ninguna incidencia y en caso de haber tenido alguna dificultad técnica, el sujeto obligado debió informarlo a la Unidad Técnica de manera oportuna y mediante los mecanismos establecidos para tal fin, lo cual no hizo, c) asimismo que si bien, ciertamente, el sujeto manifestó que no hay estados de cuenta porque el banco canceló la misma, pero no presentó un reporte de movimientos solicitado al banco, o documento alguno que reflejara el saldo inicial-final y los movimientos de la cuenta bancaria, d) si bien manifestó que no hay conciliaciones bancarias porque ninguna cuenta fue usada para la junta de firmas, no presentó evidencia que constatara su dicho, e)  existe 1 registro contable por un importe de $1,000.00 que no fue reportado en tiempo real, y f) se detectaron gastos de propaganda, consistente en 12 producciones y ediciones de videos y un equipo de videograbación y/o producción, que no se encuentran reportados en el informe de obtención del apoyo ciudadano.

De lo anterior, podemos advertir que la autoridad fiscalizadora sí tomó en cuenta las respuestas aportadas por el apelante, y una cuestión distinta es que la consideró insatisfactorias.

Además, no obsta que el apelante alegue que esto no consta en la resolución impugnada, porque evidentemente, el acuerdo o resolución de sanción, forman o deben leerse como parte integral de la resolución, porque en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, y en el caso, como se explicó, consta que la responsable valoró las respuestas[10].

En todo caso, el planteamiento sería ineficaz porque el recurrente se limita a señalar de manera genérica que la autoridad fiscalizadora omitió valorar las aclaraciones que presentó en la contestación al informe de errores y omisiones, sin individualizar en cada una de las conclusiones en específico qué indicó, o bien, cuáles son las aclaraciones que, a su consideración, se dejaron de atender, menos la documentación o soporte que lo respalda.

Tema ii. En la individualización de la sanción, sí ponderó los elementos que rodearon la infracción, incluida la ausencia del dolo.

1. Resolución. Derivado de las diversas y distintas sanciones mencionadas, el INE multó al apelante con $11,468.16[11].

2. Agravio. El recurrente afirma que la autoridad electoral, al imponer la sanción, no expuso razonamientos para determinar que la sanción es proporcional, aunado a que no tomó en cuenta que no existió dolo.

3. Respuesta. 3.1 No tiene razón el apelante, porque la responsable, al momento de individualizar las sanciones, en cada caso, expuso y ponderó todos los elementos que rodearon la infracción, incluida la ausencia del dolo, sin embargo, el recurrente se limita a exponer cuestionamientos genéricos que no hacen referencia específica a las razones de la responsable.

En efecto, la autoridad, para graduar cada una de las sanciones, tomó en cuenta, entre otros elementos: a) el tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; c) la comisión intencional o culposa de la falta; d) la trascendencia de las normas transgredidas; e) los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; f) la singularidad o pluralidad de la falta acreditada; y g) la condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia), y valorados en su conjunto, incluida, la ausencia de dolo, la capacidad económica del infractor y la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones, así como la ausencia de reincidencia por parte del apelante.

Ello, sin que el impugnante cuestione esas consideraciones de manera específica y directa, pues aun cuando la responsable les otorgó un valor específico en cada caso, éste sólo afirma globalmente que no fue así, por lo que sus planteamientos no pueden evidenciar, en general, que la sanción impuesta es excesiva o desproporcional.

Incluso, es de destacarse que la propia autoridad responsable estimó que los montos a imponer, por cada conclusión, serían por un total de $25,282.08[12], sin embargo, al valorar la capacidad económica del apelante, determinó imponer una multa equivalente a 132 Unidades de Medida y Actualización, misma que asciende a la cantidad de $11,468.16[13].

Del mismo modo, cabe precisar que el recurrente, en cuanto a la ausencia dolo, parte de la premisa inexacta de que debe ser considerada como atenuante, sin embargo, contrario a lo que señala, este elemento permite al operador jurídico no optar por una sanción mayor a la que, en el ejercicio de individualización, lo lleve a la valoración de las restantes circunstancias o elementos de realización de la infracción.

3.2. Finalmente, esta Sala considera ineficaz el agravio del apelante en el que refiere que algunos aspirantes independientes no informaron cuáles fueron sus ingresos anuales y la autoridad responsable únicamente les impuso una amonestación pública, lo que, en su concepto, contraviene la equidad en el proceso, pues en todo caso, se le debió aplicar ese criterio.

Lo anterior, porque, en primer lugar, no es válido que el impugnante exponga argumentos que evidencien el proceso de individualización de otros aspirantes, pues cada proceso es distinto y tiene particularidades específicas, y, en segundo lugar, el apelante, en todo caso, no indica qué aspirantes están en la situación que sostiene, pues se limita a realizar afirmaciones genéricas que impiden a este órgano colegiado analizar el caso concreto.

3.3.  Por otro lado, es ineficaz el planteamiento del apelante en el que refiere que la sanción impuesta es mayor a lo que gastó en su campaña de recolección de firmas.

Lo anterior, porque esa circunstancia no lo relevaba de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Tema iii. En la individualización de la sanción, ciertamente, debe considerarse que la naturaleza de las candidaturas independientes es distinta a la de los partidos políticos, sin embargo, la sanción atendió a las irregularidades cometidas

1. Resolución. Derivado de las diversas y distintas sanciones mencionadas, el INE multó al apelante con $11,468.16[14].

2. Agravio. El apelante alega que el Consejo General del INE, al emitir la sanción, no valoró que la naturaleza de los aspirantes a las candidaturas independientes es diferente a de los partidos políticos.

3. Cuestión a resolver: Determinar, si ¿El INE, al momento de determinar la sanción, debió valorar que la naturaleza de los aspirantes a candidaturas independientes es diferente a la de los partidos políticos y, en su caso, sobre esa base, si la sanción es excesiva?

4. Respuestas. 4.1. El planteamiento es ineficaz, porque, ciertamente, como lo refiere el apelante, la naturaleza de los partidos políticos es diferente a la de las candidaturas independientes, y esto debe ser valorado por la sancionadora, sin embargo, resulta evidente, que la autoridad fiscalizadora sí consideró la calidad del ciudadano, aspirante independiente, por lo que la sanción no resulta excesiva frente a las infracciones cometidas.

En efecto, ha sido criterio de la Sala Superior, y esta Sala Monterrey comparte, que no es viable equiparar a los partidos con los independientes, porque, precisamente, se trata de instituciones jurídicas distintas, con un propio marco normativo para cada una de ellas[15].

Aunado a ello, en esa línea argumentativa, también se ha señalado que el derecho que se otorga a las candidaturas independientes de recibir financiamiento implica la obligación de cumplir con las exigencias impuestas en la ley, para permitir una mejor fiscalización y rendición de cuentas sobre el origen, manejo, y destino de los recursos asignados[16].

De manera que, ciertamente, la autoridad fiscalizadora debe considerar la situación propia de los aspirantes independientes, al momento de individualizar las sanciones a imponer.

Sin embargo, como se anticipó, resulta evidente que la autoridad fiscalizadora sí consideró la calidad del ciudadano, aspirante independiente, porque la sanción no resulta excesiva frente a las infracciones cometidas.

Situación que resulta evidente, al considerar que la multa de $11,468.16, evidentemente, no resulta excesiva frente a la comisión de 6 distintas infracciones, entre otras, la omisión de registrar una cuenta bancaria, y la falta de registro de gastos de propaganda en un monto involucrado superior a $15,000.

En ese sentido, se advierte que la autoridad fiscalizadora sancionó al recurrente en atención a las irregularidades que cometió, conforme a las reglas concretas de los aspirantes a candidaturas independientes.

4.2. En ese sentido, tampoco le asiste la razón cuando señala que la autoridad fiscalizadora y el Consejo General del INE no le impartieron capacitación sobre la fiscalización y que debieron ponderar los efectos de la pandemia al analizar las faltas y sanciones.

Lo anterior, porque el deber de la autoridad fiscalizadora en materia electoral consiste en revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a los actores y agrupaciones políticas para comprobar que éstos sean utilizados conforme la normatividad aplicable y, sólo como una atribución tiene posibilidad de auxiliar en la capacitación de los sujetos para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Sin embargo, la existencia o no de capacitación, no lo eximía de su deber de contribuir a la transparencia de los recursos otorgados y certeza en la rendición de cuentas, pues como ya se dijo, debía cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización, lo que en el caso no ocurrió, pues omitió realizar registros contables durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano.

Además, la condición de aspirante independiente, y la situación de pandemia, no lo exime de cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas e informar sobre sus actividades tendentes a la obtención del voto en los términos establecidos en la Ley.

De ahí que, al momento de adquirir su calidad de aspirante a una candidatura independiente, tenía el deber conocer los alcances de las disposiciones legales en materia de fiscalización, por lo que su cumplimiento no estaba sujeto a la impartición de un curso de capacitación.

Finalmente, es ineficaz lo relacionado con las supuestas fallas en el SIF, porque el actor no acompaña ningún elemento de prueba que acredite su dicho, máxime que no controvierte lo expresado por la responsable, en el sentido que se constató que el Sistema no presentó ninguna incidencia y en caso de haber tenido alguna dificultad técnica, el sujeto obligado debió informarlo a la Unidad Técnica de manera oportuna y mediante los mecanismos establecidos para tal fin, sin embargo, no lo hizo[17].

Incluso, en la página del INE se encuentran materiales de apoyo para cumplir con la fiscalización y rendición de cuentas[18].

Por las razones expuestas, lo procedente es confirmar, en la parte analizada, el dictamen y resolución impugnados.

Resolutivo

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el dictamen y la resolución emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación remitida por la responsable.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.