1.                    

7_C4_CO

El sujeto obligado presentó, en tiempo, pero de manera física 1 informe de precampaña. Tal situación constituye a juicio de la UTF el incumplimiento a lo establecido en los artículos 37, numeral 1, 239 numeral 1 y 240 del RF.

$10,374.00 (100 Unidades de Medida y Actualización[5])

1

Informes sin gastos y sin evidencia de gasto

57

2

Informe con ingresos/gastos y sin evidencia de gasto

1

3

Informe con ingresos/gastos y con evidencia de gastos

1

Total

59

- En primer término, la autoridad refiere haber advertido que diversas ciudadanas y ciudadanos presentaron informes de ingresos y gastos de precampaña ante las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del INE, ciudadanas y ciudadanos quienes manifestaron ser aspirantes a una candidatura de Morena de Diputaciones Locales y Presidencias Municipales.

- Esto es relevante porque al tiempo de señalar lo anterior, la autoridad omite deliberadamente también reconocer que esos informes fueron presentados en su mayoría en ceros, de manera Ad Cautelam, motivados por el miedo de la ciudadanía a los criterios sancionatorios del INE que ha cancelado candidaturas de Morena. También omite señalar que, sobre estas personas, derivado del propio monitoreo realizado por la autoridad, el INE no encontró gasto alguno asociado a dichas personas.

-Así la autoridad omite valorar esas circunstancias, y continúa señalando que, de la revisión al SNR no se localizó que Morena registrara precandidaturas a dichos órganos en el Proceso Electoral Local Ordinario, por lo cual no existen contabilidades en el SIF, advirtiendo que este paso es indispensable para generar contabilidades en el sistema, y así poder presentar los informes, en su caso.

-Esto también es relevante, ya que implica el reconocimiento expreso de la autoridad de que, de no existir contabilidad en el SIF, no se puede presentar por los partidos informes de precampaña.

-En consecuencia, implica que la autoridad sabía perfectamente, en la construcción de su observación, que en el caso remoto en que el partido manifestara o aceptara tácitamente que sí se trataba de precandidatos, existiría una omisión por el partido, la cual no podría jurídica ni materialmente ser subsanada. Esto evidencia que, por cuanto hace a este tema, la observación de la autoridad no busca realmente cumplir el objetivo de los ejercicios de errores y omisiones como espacio para corregir y subsanar potenciales irregularidades, o para brindar una genuina garantía de audiencia al sujeto obligado, sino busca únicamente simular esa garantía de audiencia, ya que, en ese supuesto, no sería posible subsanar observación alguna, procediendo una sanción. De ahí la relevancia de que el INE omita señalar que, sobre estas personas, no encontró gasto alguno.

- En ese tenor, la UTF ha reconocido la existencia de los avisos en el sentido de que no realizaría precampaña para los cargos referidos en la entidad. Asimismo, la autoridad reconoce que la normatividad en la materia hace imperativa la presentación de un informe por quienes tengan el carácter de precandidatos, a más tardar siete días siguientes al de una jornada comicial interna, o la celebración de una asamblea.

-Esto también se torna relevante, dado que, como se señaló en el apartado de esta contestación respecto de la descripción de nuestro proceso interno, este hecho condicionante no se actualizó en el caso concreto, tanto por cuanto hace a que no había precandidatos, como a la presunta celebración de actos de asamblea o jornada comicial.

- También asevera la autoridad, indebidamente, en la argumentación de su observación, sin más evidencia que su propio dicho, que la sola recepción de informes presentados por las y los ciudadanos, denota la existencia de precandidaturas que no fueron registradas por el partido, concluyendo, ya desde la observación, que “Este hecho ha generado una falta insubsanable”.

- En principio, la calificación de una potencial falta como acreditada e insubsanable, rompe frontalmente con nuestro derecho de defensa y con el objeto de la garantía de audiencia que presuntamente la autoridad nos brinda, ya que se encuentra afirmando algo -y construyendo su observación a partir de esa aseveración-, sin que se encuentre plenamente acreditado. También, por que se advierte una intencionalidad de que el partido demuestre que ese hecho afirmado, no es cierto.

-Esto es, busca obligarnos a desvirtuar un hecho negativo, por lo cual implica una reversión indebida de la carga probatoria, ya que, como se demostrará, esas personas, de entrada, no tuvieron el carácter de precandidatos, sin que esa autoridad haya justificado las razones por las cuales considera lo contrario.

-En ese tenor, continúa refiriendo dogmáticamente que la omisión en la presentación de informes se contrapone a la obligación partidista de rendir cuentas, circunstancia que no aclara por qué viene al caso en la especie, dado que este partido no ha incurrido en ninguna omisión, y dado que la autoridad, en su obligación de fundar y motivar sus aseveraciones, debía explicar a este partido por qué consideraba a priori que estas personas tenían el carácter de precandidatos, más allá de una presunta auto adscripción, circunstancia que la autoridad no realizó.

- Esto, porque esa presunta auto adscripción de una persona sobre una característica particular (como puede ser auto denominarse precandidato), en modo alguno puede implicar legalmente la generación, de facto, de esa calidad por ese solo dicho, ni de una obligación exigible al partido político, y con mayor razón, tampoco podría ser la base única y suficiente para que la autoridad genere un reproche en el supuesto incumplimiento de obligaciones legales.

- Los partidos políticos gozamos de la libertad de autoorganización y autodeterminación, motivo por el cual estamos en plena libertad de elegir y emitir normas propias que regulan su vida interna, entre otros aspectos, en relación con la definición de sus estrategias políticas y respecto de los procedimientos para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

- Por tanto, resulta inexacto que esa autoridad fiscalizadora bajo las consideraciones expuestas en el oficio de errores y omisiones determine que el partido fiscalizado tuvo un proceso de precampaña que lo obligaría observar las reglas de fiscalización y registro de precandidaturas como si realmente haya tenido una etapa de precampaña, cuando en la realidad no hubo un período como tal en la que la ciudadanía interesada en que fuera postulada participara con su promoción ante la militancia para ser postulada a una candidatura de elección popular.

- Se informa que dichas personas no fueron registradas como precandidatos, derivado de que no tuvieron ese carácter. En consecuencia, no existió obligación legal de realizar registros en el SNR, o en el SIF.

- El proceso no tuvo por objeto la realización de precampañas, sino, en su caso, mediante la encuesta o estudio, el permitir conocer a los perfiles idóneos para el partido.

- Se informa que las personas mencionadas sí presentaron ante Morena los informes referidos por la autoridad. Para acreditar lo anterior, se presentan ante la autoridad la totalidad de los acuses de los informes presentados por las y los ciudadanos, ante este Instituto Político.

-Esta información puede ser encontrada como documentación adjunta a esta respuesta, en la cuenta concentradora, en la póliza número PC-DR-1.

- Ahora bien, por cuanto hace a las razones por las cuales este partido no los presentó ante esa UTF, se aclara que, para este partido, la sola recepción de estos informes, en modo alguno genera un cambio en la inexistencia de una obligación del partido de presentar informes de precampaña ante el INE, dado que, como ya se manifestó:

o  Esas personas no tenían el carácter de precandidatos.

o  Ese carácter que el INE busca atribuir deriva de una presunta autoadscripción, que no es vinculante ni implica que dicha calidad se acredite.

o  La sola solicitud de inscripción en la convocatoria no otorga el carácter de precandidato.

o  Los informes fueron presentados por la propia ciudadanía, de manera ad cautelam, motivada por el temor a los constantes criterios sancionatorios, severos e inciertos del INE en contra de Morena cuando se trata de atribuir presuntos gastos a las personas.

o  Los informes fueron una respuesta clara de la ciudadanía al temor a que el INE usara una potencial omisión como base para cancelar eventuales candidaturas.

o  Como esa autoridad ha reconocido expresamente en el escrito de errores y omisiones, los informes fueron presentados en ceros y el INE no acreditó gasto alguno atribuible a estas personas.

o  El que las personas hayan presentado informes en ceros de manera voluntaria y directa ante la autoridad, en modo alguno releva a la autoridad de su obligación de justificar, motivar y acreditar en su observación de errores y omisiones, la indebida presunción de la cual parte, en el sentido de que se trataba efectivamente de precandidatos, calidad que se niega por el partido.

- Se informa y aclara que este partido no ha presentado informes fuera de los mecanismos establecidos en la normatividad electoral.

- Por cuanto hace a la presentación de informes realizada de manera personal e individual por los ciudadanos referidos, en principio, ellos no tenían la obligación originaria de presentarlos, al no ser precandidatos y haberlos presentado únicamente de manera ad cautelam, por lo cual no puede reprochárseles, al no haber tenido la obligación principal y originaria de presentarlos, una obligación accesoria, como lo es presentarlos dentro de cierto mecanismo establecido.

- Si bien es cierto, han existido precedentes aplicados por este Instituto y, en su caso, validados por el TEPJF respecto de la participación de precandidaturas que no fueron debidamente registradas por nuestro partido político en procesos electorales previos, estos no resultan aplicables al caso que ahora se analiza, en virtud de las características específicas que debe guardar una precandidatura para ser considerada como tal. Situación que no ha sido puntualmente analizada por esta UTF y, consecuentemente, tampoco ha sido objeto de escrutinio judicial ante las instancias revisoras del TEPJF.

- No todo proceso de selección interna que lleve a cabo un partido político, adquiere en automático la naturaleza de precampaña electoral, como equivocadamente lo ha estado considerando este Instituto. Para acreditar esto, es indispensable tomar en cuenta que la propia LGIPE establece dos conceptos perfectamente diferenciados entre lo que es un proceso de selección interna y lo que debe entenderse como una precampaña electoral.

Así, el artículo 226 define a los primeros como “el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los ASPIRANTES a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido”.

Mientras que las precampañas electorales, definidas en el artículo 227 de la LGIPE, se entienden como “el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y LOS PRECANDIDATOS a candidaturas de cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido”.

Adicionalmente, el numeral 2 de dicho artículo también da mayor claridad sobre los elementos que debe guardar una precampaña para que pueda ser considerada como tal, al definir que los actos que se celebran alrededor de ella consisten en reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

- Tratándose de cargos municipales y legislativos locales, nuestro partido no lleva en ningún momento procesos de precampaña, sino un proceso de selección interna que no requiere ni demanda la participación de la militancia para la definición de quienes ocuparán las candidaturas que se postularán para contender por dichos cargos.

Esto solo puede entenderse, una vez que se comprende cómo es que se integran nuestros procesos de selección internos de candidaturas, a partir de las propias etapas que comprende:

1. En primer término, tenemos que Morena elabora la convocatoria respectiva.

2. Luego, tenemos que, publicada la convocatoria, se abre el registro en línea para que cualquier persona interesada pueda presentar su solicitud para ser considerado por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) como posible postulante a candidato. Esta etapa, evidentemente, está abierta mediante un registro electrónico en el que la persona interesada sube motu proprio su información y la carga a nuestra página. Proceso respecto del cual, el propio sistema únicamente arroja de forma automática una constancia de registro, pero que de modo alguno reconoce o transfiere a la persona interesada calidad alguna. Precisamente, porque la información que se cargue necesariamente debe ser evaluada y calificada por la CNE como procedente para poder continuar en las siguientes fases del procedimiento. Y esto no tiene otra razón de ser que la mera comprobación de los requisitos.

- Por ejemplo, puede ocurrir que una misma persona se registre accidentalmente más de una ocasión, lo que no hace que el partido político tenga como aspirante a una misma persona tres veces. Al ser un sistema de registro abierto, puede darse el caso de que se registre una persona menor de edad, como podría ser un joven de 16 años que esté interesado en la política, pero que evidentemente no reúne las características para ser postulado como candidato dentro de nuestro sistema electoral. Así, hay infinidad de supuestos imaginarios que se pueden presentar, que ameritan y justifican que la CNE deba evaluar y determinar la procedencia de un registro.

De ahí que no cualquier persona que se registra en línea y obtiene su impresión de registro se considera como precandidato o candidato de nuestro proceso interno, esto es, sólo adquiere en todo caso la calidad de aspirante.

- En la Convocatoria al proceso de selección de morena para candidaturas a cargos de diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, presidencias de comunidad y juntas municipales, según sea el caso, en los procesos locales concurrentes 2023-2024, en su BASE PRIMERA, se observa que la solicitud de inscripción para el registro al proceso de definición de candidaturas se abrió en los periodos ahí comprendidos, en ese tenor, una vez consumado el periodo de solicitud de inscripción, la Comisión Nacional de Elecciones con fundamento en la BASE SEGUNDA revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles y documentación presentada, con los elementos de decisión necesarios y únicamente dará a conocer las solicitudes de inscripción aprobadas.

Cabe reiterar que, el registro correspondiente no significa la procedencia del mismo, por lo que, tampoco se acredita el otorgamiento de cargo o encargo alguno, ni tampoco genera la expectativa de derecho alguno, salvo el derecho de información.

Luego entonces, la Comisión Nacional de Elecciones de conformidad con la BASE TERCERA de dicha Convocatoria, sólo publicaría la relación de solicitudes de registro aprobadas a más tardar en las fechas ahí previstas, respetando las etapas y calendarios del proceso electoral local conforme a la normatividad aplicable.

- La presentación de la solicitud de registro en línea no da ninguna calidad a la persona interesada frente al ordenamiento jurídico electoral mexicano, sin que resulte comprensible de qué manera pretende este Instituto exigir a nuestro partido político que reconozca tal calidad por la realización de un acto unilateral de la persona interesada.

- Pensar de modo distinto, llevaría al absurdo de también tener que exigirles a las personas que presentaron su escrito de solicitud de registro como aspirantes a una candidatura independiente, a que presenten su informe de ingresos y gastos de apoyo ciudadano, con independencia de que el INE no les haya validado la procedencia de su registro. Esto, bajo la premisa de que antes de obtener esa constancia, el ciudadano interesado haya publicado en su red social que había presentado la solicitud ante el INE y que contaba con el acuse respectivo. O con el simple pretexto de haber detectado cualquier mínima insinuación de búsqueda de apoyo o respaldo ciudadano. Cosa que, en los hechos, no ocurre.

- No existe obligación a cargo de nuestro partido político de tener que presentar ante este Instituto un informe de ingresos o gastos de precampaña, ni tampoco a tener que registrarlo en el Sistema Nacional de Registro de precandidaturas y candidaturas. Justamente, porque hasta que el registro en línea no se valide por la CNE, este partido no puede atribuirse responsabilidad alguna por la persona interesada. De lo contrario, retomando los supuestos hipotéticos señalados con anterioridad, nos veríamos en la necesidad hasta de dar de alta registros de personas no reales o de adversarios políticos, cuando resulta evidente que su procedencia está destinada a ser rechazada.

- Bajo este panorama, es que se entra a la siguiente etapa de nuestro proceso de selección interna de candidaturas, donde la CNE debe publicar los registros aprobados, a fin de dar a conocer la lista de personas que pasan a la etapa de encuesta o son registros únicos aprobados, según corresponda. Pues sólo sobre ellas, se genera justamente la relación entre partido y aspirantes que da nacimiento al conjunto de derechos y obligaciones que marca la Ley electoral de la materia.

A partir del momento en que se valida la aprobación de su registro se genera esa relación jurídica entre partido y aspirante, pues dicha solicitud deja de ser una declaración unilateral de voluntad para pasar a formar parte de una relación jurídica bilateral, en el que tanto partido como persona adquieren un conjunto de derechos y obligaciones específicas dentro del proceso de selección interna de candidaturas.

- La decisión que adopte la Comisión Nacional de Elecciones sobre la cantidad de registros sobre los que determine su procedencia es otro factor de importancia suprema que debe considerarse para los siguientes pasos del proceso interno. Ya que pueden ocurrir dos escenarios posibles:

i) En el que la CNE únicamente declare la procedencia de un solo registro, en cuyo caso dicha aspiración se considerará como única y definitiva para el proceso de selección, y dicha aspiración adquirirá de manera inmediata y sin intermediación alguna de la militancia o simpatizantes del partido, la calidad de candidatura; o

ii) Que la CNE apruebe más de un registro y hasta un máximo de cuatro, para que dichas aspiraciones (que a partir de la declaratoria de procedencia de su registro adquieren esa calidad), sean sometidas a un mecanismo de selección consistente en una encuesta de reconocimiento y/o estudio de opinión.

-En el caso de que algunos de sus aspirantes presenten el informe de ingresos y gastos correspondiente a la promoción de su imagen, se niega que dicha situación modifique la naturaleza del proceso de selección interna de nuestro partido político por uno de precampaña, dado que esta encuesta de reconocimiento no es un mecanismo que convoque a la militancia y simpatizantes de manera general para dar su respaldo a alguna de las aspiraciones que haya aprobado la CNE.

- El resto de los partidos políticos nunca han sido sancionados por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña respecto de solicitudes declaradas improcedentes. El mismo fue el caso también por ejemplo del C. ARTURO ESQUINTIN ORTIZ.

Por lo anterior, se advierte como una evidente violación al principio de igualdad jurídica que el INE sí imponga este criterio exclusivamente en contra de mi representado, que materialmente nos obligaría a registrar informes de ingresos y gastos de precampaña de todas las solicitudes que se hagan, incluyendo aquellas que sean declaradas improcedentes.

- Mediante esta reversión indebida de la carga probatoria, la autoridad hace nugatoria la garantía de audiencia y el derecho de defensa, y desvirtúa el proceso de fiscalización, cuando debía en cambio partir de las premisas trascendentales que sí se acreditaban: no se encontraron gastos de estas personas; no tenían carácter de precandidatos; sus solicitudes no fueron aprobadas, y su auto adscripción como precandidatos tenía un objetivo meramente ad cautelam.

- A partir de este conjunto de consideraciones es que solicitamos a esta UTF:

o  Reconozca la naturaleza del proceso de selección interna de nuestro partido político para la definición de sus candidaturas a cargos locales municipales y de diputaciones estatales, para el PEL 2023-2024 en esta entidad federativa, el cual, como se ha acreditado y justificado debidamente, no es de precampaña dado que no reúne los requisitos y exigencias previstos en la propia LGIPE para esta especie de proceso de selección, al no existir actos ni incentivos que promuevan la participación de las personas que presentaron su solicitud de registro como aspirantes con la militancia y simpatizantes de nuestro partido político. Siendo que cualquier tipo de interacción relacionada con esta situación es meramente secundaria, casuística e irrelevante para la definición de nuestras candidaturas.

o  Reconozca que se ha orillado materialmente a las personas que presentan su solicitud de registro en línea para ser consideradas como aspirantes por parte de la Comisión Nacional de Elecciones a que, de manera unilateral, estrictamente voluntaria e impulsados por un temor preventivo, presenten ante nuestro partido político informes sobre sus ingresos y gastos que presuntivamente pudieron haber erogado durante el periodo comprendido para las precampañas del PEL 2023-2024.

- Se reitera que hemos cargado al SIF, de manera digital, todos y cada uno de los acuses de recibido de los mal llamados Informes de Precampaña que nos presentaron cada una de estas personas, quienes libre y voluntariamente presentaron su solicitud de registro para ser consideradas como posibles aspirantes a una candidatura de elección popular por parte de nuestro partido político, sin que a la fecha se haya terminado el proceso de revisión de los requisitos de la totalidad de las solicitudes hechas.

- Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a esa autoridad dar por atendida la presente observación, bajo el entendido de que, por las razones brindadas en este y los demás apartados relacionados con el proceso interno de Morena y los informes de Precampaña, este partido político no tenía la obligación legal de presentar informes ante esa autoridad, al no tener el carácter de precandidatos, por justamente carecer de la determinación de procedencia correspondiente por parte de la CNE en el periodo que se reporta.

Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo siguiente:

-El artículo 226, numeral 1, inciso c) de la LGIPE y el artículo 134 del Código Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza, señalan, entre otras cosas, que los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con lo establecido en este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos, cada partido político determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación y ante la presencia de elecciones concurrentes el INE, mediante resolución INE/CG439/2023, ejerció la facultad de atracción con el propósito de determinar fechas homologadas para la conclusión del periodo de precampaña, por lo que mediante acuerdo INE/CG502/2024, establece el periodo de precampaña para la entidad de Coahuila.

- De la verificación a la “CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE MORENA PARA CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS, ALCALDÍAS, PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD Y JUNTAS MUNICIPALES, SEGÚN SEA EL CASO, EN LOS PROCESOS LOCALES CONCURRENTES 2023-2024, publicada el pasado 07 de noviembre de 2023 en el siguiente enlace electrónico: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2023/CNVNAL2324.pdf, se corroboró en la base primera, inciso d), establece las fechas mediante las cuales se llevaría  a cabo la solicitud de inscripción para el registro de aspirantes para ocupar las candidaturas de MORENA.

- El inicio del referido proceso se realizó previo a las precampañas de los cargos de presidencias municipales, en la entidad de Coahuila de Zaragoza. Asimismo, también establece que la publicación de solicitudes de registros aprobados se realizaría el 17 de febrero del 2024 y la fecha de definición de resultados el 25 de marzo del 2024, por lo que el periodo para que el partido político definiera sus resultados y, con ello, sus candidaturas a los cargos de diputaciones locales y presidencias Municipales transcurre del 17 de febrero al 24 de marzo del 2024; es decir, posterior al periodo de precampañas establecido en el acuerdo INE/CG502/2023.

- Adicionalmente, se observó que la cláusula décima segunda de la citada convocatoria establece lo que a continuación se indica: “La precampaña se llevará a cabo conforme a los lineamientos que emita la Comisión Nacional de Elecciones.”

- Aun cuando el sujeto obligado presentó en el SNR la manifestación de no realización de precampaña, éste fue presentado el pasado 17 de febrero de 2024, fecha en la cual concluyó el periodo de precampaña establecido en el acuerdo INE/CG502/2023 para la entidad de Coahuila, se presume que las personas señaladas en el Anexo 3_MORENA_CO del presente Dictamen se inscribieron al proceso interno de selección, al haber presentado sus respectivos formatos de informes de precampaña, por lo que de conformidad con el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a que las personas que pretendan ser postuladas por un partido político como candidata o candidato a un cargo de elección popular, deben ser consideradas como precandidaturas, con independencia de que obtuvieran, del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatura. En concordancia con lo anterior, el artículo 18 de los lineamientos para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo de la ciudadanía y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales concurrentes 2023-2024, aprobados mediante acuerdo INE/CG429/2023, establece lo siguiente: “Los partidos políticos y las personas que participen en los procesos de selección interna de candidaturas, independientemente de la denominación que se le otorgue y de que obtengan o no registro formal a una precandidatura, así como en los procesos electorales extraordinarios  que se deriven de los ordinarios, les serán aplicables en materia de fiscalización la LGIPE, la LGPP, el RF, RPSMF, el MGC, el registro de operaciones del SIF, los acuerdos que apruebe la COF, y del CG del INE en la materia.”

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 229, numeral 2, de la LGIPE, el cual establece que las personas precandidatas deben entregar el informe de ingresos y gastos de precampaña al órgano interno de ese partido, a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva, sin referir que deba hacerse ante la autoridad fiscalizadora electoral.

Al respecto, es necesario hacer notar que la presentación de los escritos y formatos de informes de precampaña no fueron actos espontáneos de las personas que los presentaron, sino una conducta sistemática de la cual el partido político tuvo conocimiento. Lo anterior, debido a que el propio partido político manifiesta en su respuesta que los informes fueron presentados ante el propio instituto político. Asimismo, los escritos presentados tienen el mismo contenido.

- Se tuvo por recibido un oficio que, aunque es de otra entidad (Chihuahua), fue suscrito por la responsable de finanzas local de este mismo partido político, en el que solicitó a esta autoridad fiscalizadora mantuviera una guardia presencial, para que las personas que se inscribieron en su proceso de selección realizaran la entrega física de los informes de precampaña en esa entidad; se  le comunicó que de conformidad con lo señalado en los artículos  232 numeral 1 inciso c), 235 numeral 1 inciso a), 238, 239 y 240 del RF, que en el SIF es donde deben presentarse los informes de ingresos y gastos correspondientes.

- Se tiene evidencia de un comunicado o invitación dirigida a todas las personas que se inscribieron a participar en su proceso interno de selección de candidaturas a elección popular, que presentaran ante el INE el informe de ingresos y gastos que se hubieran realizado durante el periodo de precampaña, pues la autoridad podría cancelar el registro en su caso de la candidatura a obtener. Con el comunicado enviado a través de la red social WhatsApp situación que se puede corroborar en el Anexo 4_MORENA_CO (razón y constancia), el sujeto obligado intentó deslindarse de la obligación respecto la entrega de los referidos informes, mediante los mecanismos establecidos para tal fin.

- La obligación de presentación de los informes ante la autoridad electoral recae exclusivamente en el partido político, siendo las personas precandidatas responsables solidarias del cumplimiento de los informes de precampaña, tal y como lo establece la Tesis LIX/2015 que señala lo siguiente: INFORMES DE PRECAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL PARTIDO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD A PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS.

- La recepción de los informes físicos presentados por la ciudadanía, denota la existencia de precandidaturas que no fueron registradas por el instituto político, generando así una falta insubsanable, ya que, al omitir registrar a las precandidaturas en el SNR, impide llevar a cabo el proceso de registro necesario para el adecuado seguimiento, rendición de cuentas y fiscalización.

- La omisión en la presentación de los informes también se contrapone con la obligación partidista de rendición de cuentas y la relativa a permitir la práctica de auditorías, verificaciones de los órganos del Instituto facultados para ello, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos, conforme a lo dispuesto en artículo 25, numeral 1, inciso k) de la LGPP.

- En consecuencia, la omisión en la rendición de cuentas obstaculiza el ejercicio de las facultades de fiscalización por parte de la autoridad, al no contar con el universo de sujetos a revisar oportunamente, creando una brecha irreparable en el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización. Esto es así, ya que en este punto del proceso de fiscalización no es posible hacer registros de precandidaturas en los sistemas institucionales.

-Inicialmente se observaron 52 informes en el oficio de errores y omisiones. Sin embargo, con fecha posterior a la notificación del referido oficio se recibieron 7 informes más. En este sentido, se tiene un total de 59 formatos de informes de precampaña recibidos fuera del SIF.

A.       Formatos de IPC presentados en cero sin hallazgos en monitoreos de la UTF.

Dicho lo anterior, se corroboró que las 57 personas señaladas con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3_MORENA_CO del presente Dictamen, presentaron los informes de manera física o por correo electrónico, y no reportan ingresos y gastos. Adicionalmente, no se localizó evidencia de la realización de algún tipo de gasto, en los resultados de los procedimientos de campo realizados por la autoridad fiscalizadora establecidos en el acuerdo CF/010/2023; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó sin efectos.

B.       Formatos de IPC presentados con ingresos/gastos sin hallazgos en monitoreos de la UTF.

B.2. NO presentan documentación que acredite los ingresos y gastos señalados en los formatos de IPC.

Respecto de 1 persona señalada con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3_MORENA_CO del presente Dictamen, presentó el informe de precampaña en el cual reportó ingresos y gastos por un monto diferente y superior a $ 0.00, sin embargo, omitió presentar la documentación que respalde las operaciones reportadas en el informe. Derivado de lo anterior, conviene señalar que en los resultados de los procedimientos de campo realizados por la autoridad fiscalizadora establecidos en el Acuerdo CF/010/2023, no se localizó evidencia de la realización de algún tipo de gasto.

En virtud de que el sujeto obligado negó la realización de actividades relacionadas con la precampaña, y toda vez que no se cuentan con las evidencias que permitan corroborar la realización de gastos respecto las personas señaladas; por lo que se refiere a este punto, la observación quedó sin efectos.

C.       Formatos de IPC presentados con ingresos/gastos sin hallazgos en monitoreos de la UTF.

Ahora bien, aun cuando el sujeto obligado manifestó que al tratarse de un proceso interno de selección y no de una precampaña, y haber presentado en el SNR el informe de no precampaña, no lo obliga a presentar informes, lo cierto es que en los resultados de los procedimientos de campo realizados por la autoridad electoral conforme con lo establecido en el CF/010/2023, se localizó evidencia de propaganda que beneficia a la persona señalada con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3_MORENA_CO del presente Dictamen, situación que se encuentra observada y se analiza en el ID 5, correspondiente al apartado Personas detectadas que se ostentaron como precandidatas y no fueron registradas por el partido, por lo que no se puede desconocer el beneficio que les produjo, tal y como lo señala la Tesis XXXIV/2004 que señala: PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.

B.2. OMISIÓN DE PRESENTAR INFORMES DE PRECAMPAÑA

Por otra parte, conviene señalar que de la verificación exhaustiva a los diversos apartados del SIF, respecto 1 (una) persona señalada con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3_MORENA_CO, así como el archivo de testigos de presentación de informe denominado Anexo 5_MORENA_CO, en el cual la persona no registrada C. José Miguel Batarse Silva, presenta ante la autoridad, su informe de ingresos y gastos de precampaña en Morena, correspondiente al Proceso Electoral Local 2023-2024 del presente Dictamen, por lo que de parte del partido político Morena no se localizó el registro de los informes en comento, aun cuando existe la aceptación expresa de la persona en comento de haber participado en el proceso interno de ese instituto político, en los escritos de prestación de los informes de precampaña.

Aun cuando el partido político señala en su respuesta que “Finalmente, atendiendo tanto al listado de personas de las que nos manifiesta esta UTF haber recibido un informe, así como al listado de personas a las cuales la UTF manifiesta haber encontrado algún tipo de publicidad impresa o digital durante sus monitoreos realizados en el periodo de precampaña del PEF 2023-2024 para el estado, se reitera que hemos cargado al SIF, de manera digital, todos y cada uno de los mal llamados Informes de Precampaña que nos presentaron cada una de estas personas, quienes libre y voluntariamente presentaron su solicitud de registro para ser consideradas como posibles aspirantes a una candidatura de elección popular por parte de nuestro partido político, sin que a la fecha se haya terminado el proceso de revisión de los requisitos de la totalidad de las solicitudes hechas.”, de la revisión exhaustiva a los diversos apartado del SIF, no se localizaron los formatos de informes de ingresos y gastos de precampaña digitalizados que manifiesta haber cargado. Lo que se localizó fueron diversos documentos que presumiblemente son los acuses electrónicos que generó el instituto político a las personas que le presentaron sus informes de precampaña. En razón de lo anterior, si bien pudiera contarse con las evidencias que corroboren que las referidas personas presentaron los informes ante la instancia partidaria correspondiente, no obstante, la obligación de presentar los informes recae exclusivamente en el partido político, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a) de la LGPP, así como el 239 del RF.

Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida.