RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SM-RAP-61/2012

ACTORES: JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVÁEZ Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN TAMAULIPAS

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN ENRIQUE BECERRA ROJASVÉRTIZ

SECRETARIO: FRANCISCO DANIEL NAVARRO BADILLA

Agravio: Indebida valoración probatoria

Recurso de apelación

Recurso de revisión

Ahora bien en lo que hace a que el Consejo Local considera en el análisis que hace al apartado B, en la que dice que contrario a lo expuesto por los suscritos en el recurso de revisión y según dicha autoridad como se desprende de las constancias documentales, incluso dicha autoridad, (consejo local), llega al absurdo de considerar una escritura privada como pública, con lo que se demuestra la falta de estudio de la misma, ahora bien en efecto, de los autos que integran el expediente que nos ocupa se encuentra debidamente acreditado que el polígono, es decir, la extensión territorial, bien inmueble en el que se encuentra enclavado las instalaciones del comité ejecutivo municipal del PRD, se refiere al mismo bien físico que se encuentra delimitado por una barda en la que se encontraba la publicidad e imagen, tanto del suscrito como del PRD, constituyéndose un hecho público y notorio que quien tiene el uso del bien por virtud de un contrato de arrendamiento, que aun y cuando dicho acto jurídico se encuentra en copia simple, éste se ve robustecido y/o corroborado con la diligencia consistente en inspección ocular llevada a cabo por el vocal secretario de la Junta Distrital en la que éste dio FE de un solo bien inmueble delimitado por una sola barda, quedando acreditado en autos que quienes tenían y tienen la posesión, el uso de dicho bien inmueble es el PRD, sus militantes, sus afiliados y en consecuencia, sus candidatos por lo cual el suscrito candidato y el partido político no teníamos la obligación de pedir permiso a nadie para el uso del bien y realizar el pintado de la barda para de esta manera difundir la imagen como lo señala el numeral 236 de la ley electoral, pues en todo caso éramos y somos nosotros quienes al tener la posesión gozábamos y gozamos de este derecho sin necesidad de que alguien nos otorgue permiso de lo propio.

Cabe advertir que al igual que el Consejo 07, el Consejo Local, considera como propietario al C. Armando Cervantes Becerra, incluso llega al absurdo de considerar que éste únicamente ejerció su derecho de propietario, (barda), esto en virtud de diversos documentos que el mismo exhibe, los cuales por orden de antigüedad se mencionan y se analizan de nueva cuenta, ante esa autoridad, aun y cuando el análisis que hizo la responsable lo pasó por alto:

1.- Contrato de Compra-Venta celebrado entre el Sr. Roberto Martínez López y la Sra. Soraya Díaz Mazlum en la que se puede apreciar que en fecha 29 de abril de 1999, el primero de los mencionados en su calidad de vendedor transmitió a la segunda de las mencionadas el siguiente inmueble:

Superficie de 59 mts. Con 6 cm2 con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 6.75 mts con calle Abasolo; Al sur en 6.75 mts. Con superficie que se reserva el vendedor: Al este con 8.75 mts. Con calle Matamoros; y al Oeste en 8.75 mts con superficie que se reserva el vendedor.

Es de observarse que obra posterior a esta escritura una aclaración notarial en la que únicamente se observa que compareció la C. Soraya Díaz Mazlum y en la que ésta manifiesta que adquirió el bien con las medidas y colindancias antes descritas pero que por un error en la redacción de las medidas y colindancias del inmueble se declaró que al norte y al sur tienen una medida de 6.75 mts, y colinda con calle Abasolo y con superficie que se reserva el comprador y al este y al oeste tiene una medida de 8.75 mts y colinda con calle matamoros y con superficie que se reserva al comprador y que debe ser como sigue:

Al norte en 8.75 cm con calle Abasolo; Al sur 8.75 mts con superficie que se reserva el vendedor; Al este en 6.75 mts con calle Matamoros y al Oeste den 6.75 mts con superficie que se reserva al vendedor.

Posteriormente a esto se hizo la modificación que en dicho documento obra, sin que haya estado presente el vendedor, pues se aprecia claramente que únicamente compareció Soraya Díaz Mazlum, lo cual es incorrecto, pues no puede existir dicho acto dentro de la vida jurídica sin que haya intervenido el vendedor, pues al no dar éste su consentimiento el acto es nulo de pleno derecho y no basta con que el Notario y la C. Soraya Díaz Mazlum, hayan dicho, que fue un error involuntario, pues es necesaria la presencia y el consentimiento en este acto jurídico del vendedor para que tenga validez, de lo contrario es nulo de pleno derecho, por lo tanto se aprecia que dicha compra-venta se encuentra viciada desde su origen.

Ahora bien, en lo que hace al contrato de compra-venta que exhibe Armando Cervantes Becerra antes político que representamos, ostentándose en que se dijo propietario del bien inmueble (calidad que tanto el Consejo 07 Distrital como el Consejo Local, le dieron también), con el contrato según el de compra-venta que en este acto se analiza:

Contrato de compra-venta de fecha 10 de abril del año 2012, ante dos testigos, personas que en el mismo documento se observan sus nombres y en el cual se especificó que supuestamente el C. Armando Cervantes Becerra, adquirió la propiedad de una superficie consistente en 59.06 m2 con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 8.75 mts con calle Abasolo; al Sur: en 8.75 mts con fracción que se reservó el vendedor, al este; 6.75 mts. Con calle Matamoros, Al oeste; con 6.75 mts con fracción que se reservó el vendedor. Lo anterior no pudo existir jurídicamente aun y cuando esto quedó plasmado en un documento, ya que Soraya Díaz Mazlum, nunca adquirió la propiedad de un predio con  las medidas y colindancias que se mencionan anteriormente, por los motivos expuestos en el párrafo que antecede, es decir porque dicho bien jamás lo adquirió quien aquí se ostenta como vendedora (Soraya Díaz Mazlum).

Además que dicha persona tenía imposibilidad jurídica para llevar a cabo dicha venta, pues tal y como ella misma lo refiere en la declaración tercera del contrato en estudio, dicho (si así fue), lo adquirió estando casada, bajo el régimen de Sociedad Conyugal, con su finado esposo, del cual se encuentra en trámite el Juicio Sucesorio In testamentario a bienes de Leo Camilo del Ángel Gómez, situación que imposibilita aún más de hacer la venta que aquí se estudia.

Y aún más por el hecho de que todo contrato de bien inmueble debe constar en escritura pública y aquí cabe advertir otro agravio de la Junta Distrital, no solo en la valoración de la prueba, sino también en la admisión de la misma, situación que encubre la Junta Local, pues admiten el documento que aquí se analiza como una documental pública, cuando en realidad se trata de una documental privada. Pues bien el hecho de que el documento no conste en escritura pública, además de que no tenga un origen cierto, que exista imposibilidad jurídica por parte de la Soraya Díaz Mazlum, para hacer su venta, lo hace carente de eficacia jurídica.

Cabe mencionar que ambos órganos electorales Junta Distrital 07 y Local, a pesar de todas las irregularidades considera como propietario al Regidor Armando Cervantes Becerra, quien si bien dice que él no actuó en su calidad de servidor público, de todos los documentos que exhibe demuestra lo contrario, pues se ve su intervención en los mismos, a los cuales ambas autoridades le dan un valor pleno, como son: Deslinde Oficial bajo el número de oficio 0577/2012 el cual se hace en base a las medidas y colindancias que expresa Soraya Díaz Mazlum a quien por cierto se expide dicho documento, mas sin embargo se observa del mismo documento, que éste fue donado en atención a la Sala de Regidores y elaborado en fecha 18 de Julio del 2012, el cual por las razones expuestas, carece de validez, pues se basa en medidas y colindancias de un bien que jamás adquirió Soraya Díaz Mazlum y que incluso nunca vendió jurídicamente hablando y aún más se aprecia en el mismo que dicho documento no tuvo costo alguno, ello en base a la donación que en él se expresa, lo cual hace inverosímil el dicho del regidor en el sentido de que éste no actuó como funcionario público, pues es obvio que toda esta trama, estrategia o argucia, de la que hasta la autoridad electoral es parte, es solo para ostentarse como propietario y evadir una responsabilidad que legalmente tiene, obra también en autos el manifiesto de propiedad urbana de fecha 18 de julio del año 2012 el cual se encuentra expedido también a nombre de Soraya Díaz Mazlum, cabe advertir que son los Consejos Distrital 07 y Local, las únicas autoridades que consideran propietario a pesar de los burdos documentos al Regidor Armando Cervantes Becerra respecto al bien inmueble en controversia, pues como se aprecia del manifiesto de propiedad urbana y del deslinde oficial, ni siquiera el Municipio de Altamira y sus autoridades administrativas lo consideran como propietario, pues en ambos documentos antes descritos y elaborados en fecha 18 de Julio del 2012 posterior a la del supuesto contrato de compraventa (10 de abril del 2012), es la propia autoridad municipal de Altamira, quien considera propietaria a Soraya Díaz Mazlum, con lo cual se puede evidenciar una fallida estrategia jurídica del Regidor mencionado para ostentarse como propietario, mas sin embargo dicha estrategia sí le funcionó con los Consejos Distrital 07 y Local, quienes apoyándose en el supuesto contrato de compraventa, deslinde oficial (donado a sala de regidores), manifiesto de propiedad urbana, lo consideraron propietario en la resolución que por esta vía se impugna, que confirma la resolución del Consejo Distrital 07.

Ahora bien en cuanto hace a lo que manifiesta la responsable que la calidad de documentos públicos se la da la ley, es cierto en cuanto a dicha calidad, pero no es menos cierto también que la facultad de valorar pruebas es del poder judicial y excepcionalmente de algún órgano autónomo como es el caso concreto, y es dicha facultad en la que la autoridad que tiene esa obligación debe valorar todos los elementos para decidir si otorga o no valor probatorio a probanza alguna, siendo increíble que en el caso concreto se le otorgue valor a documentos como los expuestos. Por otra parte solicito se aplique a nuestro favor la presunción decretada por esa Sala Regional en la resolución dictada dentro del juicio de inconformidad 14/2012, en el sentido de que los suscritos tenemos el uso, posesión de dicho bien inmueble. Por lo que se pide a esa Sala que revoque, modifique la resolución que por esta vía se impugna y en su lugar dicte otra, la que ajustada a derecho sancione al servidor público, regidor Armando Cervantes Becerra.

En efecto, de los autos que integran el expediente que nos ocupa se encuentra debidamente acreditado que el polígono, es decir, la extensión territorial, bien inmueble en el que se encuentra enclavado las instalaciones del comité ejecutivo municipal del PRD, se refiere al mismo bien físico que se encuentra delimitado por una barda en la que se encontraba publicidad e imagen, tanto del suscrito como del PRD, constituyéndose un hecho público y notorio que quien tiene el uso del bien por virtud de un contrato de arrendamiento que aun y cuando dicho acto jurídico se encuentra en copia simple, éste se ve robustecido y/o acreditado con la diligencia consistente en inspección ocular llevada a cabo por el vocal secretario de la Junta Distrital en la que éste dio FE de un solo bien inmueble delimitado por una sola barda, quedando acreditado en autos que quienes tenían y tienen la posesión, el uso, de dicho bien inmueble, son el PRD, sus militantes, sus afiliados y en consecuencia, sus candidatos por lo cual el suscrito candidato y el partido político no teníamos la obligación de pedir permiso a nadie para el uso del bien y realizar el pintado de la barda para de esta manera difundir la imagen como lo señala el numeral 236 del COFIPE, pues en todo caso, éramos y somos nosotros quienes al tener la posesión gozábamos y gozamos de este derecho sin necesidad de que alguien nos otorgue permiso de lo propio.

Ahora bien, cabe advertir que el hecho fundamental, que la responsable declara infundada la queja del suscrito es en virtud de que considera a este propietario del bien inmueble (barda) casualmente única y exclusivamente en cuanto hace a la parte de ésta en la que se encontraba publicidad e imagen del suscrito candidato, esto en virtud de diversos documentos que el mismo exhibe, los cuales por orden de antigüedad se mencionan:

1.- Contrato de compra- venta celebrado entre el Sr. Roberto Martínez López y la Sra. Soraya Díaz Mazlum en la que se puede apreciar en la que fecha 29 de Abril de 1999, el primero de los mencionados en su calidad de vendedor transmitió a la segunda de las mencionadas el siguiente bien inmueble a de venta:

Superficie de 59 mts. Con 6 cm2 con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 6.75 mts con calle Abasolo

Al sur en 6.75 mts. Con superficie que se reserva al vendedor

Al este con 8.75 mts. Con calle Matamoros

Y al Oeste en 8.75 mts con superficie que se reserva al vendedor.

Es de observarse que obra posterior a esta escritura una aclaración notarial en la que únicamente se observa que compareció la C. Soraya Díaz Mazlum y en la que ésta manifiesta que adquirió el bien con las medidas y colindancias antes descritas pero que por un error en la redacción de las medidas y colindancias del inmueble se declaró que al norte y al sur tiene una medida de 6.75 mts y colinda con calle Abasolo y con superficie que se reserva al comprador y al este y al oeste tiene una medida de 8.75 mts y colinda con calle Matamoros y con superficie que se reserva al comprador y que debe de ser como sigue:

Al norte en 8.75 cm con Calle Abasolo; Al sur 8.75 mts con superficie que se reserva el vendedor; Al este en 6.75 mts con calle Matamoros y al Oeste en 6.75 mts con superficie que se reserva al vendedor.

Posteriormente a esto se hizo la modificación que en dicho documento obra sin que haya estado presente el vendedor pues se aprecia claramente que únicamente compareció la C. Soraya Díaz Mazlum, lo cual es incorrecto, pues no puede existir dicho acto dentro de la vida Jurídica sin que haya intervenido el vendor, pues al no dar éste su consentimiento el acto es nulo de pleno derecho y no basta con que el Notario y la C. Soraya Díaz Mazlum, hayan dicho que fue un error involuntario, pues es necesario la presencia y el consentimiento en este acto jurídico del vendedor para que tenga validez, de lo contrario es nulo de pleno derecho, por lo tanto se aprecia que dicha compra-venta se encuentra viciada desde su origen.

Ahora bien, en lo que hace al contrato de compra-venta que exhibe el C. Armando Cervantes Becerra antes de entrar al estudio de éste cabe aclarar que dicha persona acepta haber cometido el hecho infractor de la norma, es decir que mando a despintar pintando de color blanco, cubriendo la publicidad del suscrito candidato y del partido político que representamos, amparándose y ostentándose en que se dijo propietario del bien inmueble con el contrato según el de compra-venta que en este acto se analiza:

Contrato de compra-venta de fecha 10 de Abril del año 2012, ante dos testigos, personas que en el mismo documento se observan sus nombres y en el cual se especificó que supuestamente el C. Armando Cervantes Becerra, adquirió la propiedad de una superficie consistente en 59.06 m2 con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 8.75 mts con calle Abasolo, al Sur: en 8.75 mts. con fracción que se reservó el vendedor, al este: 6.75 mts. Con calle Matamoros, Al Oeste: con 6.75 mts con fracción que se reservó el vendedor. Lo anterior no pudo existir Jurídicamente aun y cuando esto quedó plasmado en un documento, ya que la C. Soraya Díaz Mazlum, jamás adquirió la propiedad con  las medidas y colindancias ya mencionadas por los motivos expuestos en el párrafo que antecede.

Además por el hecho de que todo contrato de bien inmueble, debe constar en escritura pública y aquí cabe advertir otro agravio de la responsable, no solo en la valoración de la prueba, si no también en la admisión de la misma, pues admite el documento que aquí se estudia como una documental pública, cuando en realidad se trata de un documento privado. Pues bien el hecho de que el documento no conste en escritura pública, además de que no tenga un origen cierto lo hace carente de eficacia jurídica.

Cabe advertir que la responsable no solo ocasiona agravio por el hecho de no solo no admitir la demanda en contra del R. Ayuntamiento de Altamira, siendo omisa al respecto, sino que también a pesar de todas las irregularidades considera como propietario al Regidor Armando Cervantes Becerra, quien si bien dice que él no actuó en su calidad de servidor público, de todos los documentos que exhibe demuestra lo contrario, pues claramente se ve su intervención en los mismos, a los cuales por cierto la responsable le da un valor pleno, como son: Deslinde oficial bajo el número de oficio 0577/2012 el cual se hace en base a las medidas y colindancias que expresa la C. Soraya Díaz Mazlum a quien por cierto se expide dicho documento, mas sin embargo se observa del mismo que éste fue donado en atención a la sala de regidores y elaborado en fecha 18 de Julio del 2012, el cual por las razones expuestas, carece de validez pues se basa en medidas y colindancias de un bien que jamás adquirió la C. Soraya Díaz Mazlum, y aún más se aprecia en el mismo que éste no tuvo costo alguno en base a la donación que en él se expresa, lo cual hace inverosímil el dicho del regidor en el sentido de que éste no actuó como funcionario público, pues es obvio que toda esta trama, estrategia o argucia es solo para ostentarse como propietario y evadir una responsabilidad que legalmente tiene, obra también en autos el manifiesto de propiedad urbana de fecha 18 de julio del año 2012 el cual se encuentra expedido también a nombre de la C. Soraya Díaz Mazlum, cabe advertir que es el Consejo Distrital la única autoridad que considera propietario a pesar de los burdos documentos al C. Armando Cervantes Becerra respecto al bien inmueble en controversia, pues como se aprecia del manifiesto de propiedad urbana y del deslinde oficial, ni siquiera el Municipio de Altamira y sus autoridades lo consideran propietario, pues en ambos documentos antes descritos y elaborados en fecha 18 de Julio del 2012 posterior a la del supuesto contrato de compra-venta (10 de abril de 2012), es la propia autoridad municipal de Altamira, quien considera propietaria a Soraya Díaz Mazlum, con lo cual se puede evidenciar una fallida estrategia jurídica del Regidor mencionado para ostentarse como propietario, mas sin embargo la misma sí le funcionó con el Consejo Distrital, quien apoyándose en el supuesto contrato de compra-venta y deslinde oficial (donado a sala de regidores), lo consideró propietario en la resolución que por esta vía se impugna y que fue aprobado por mayoría de votos de 5 consejeros a favor y 2 en contra.

Por lo que se pide a esa Junta Ejecutiva Local que revoque, modifique dicha resolución y en su lugar dicte otra, la que ajustada a derecho sancione al servidor público, regidor C. Armando Cervantes Becerra.

Agravio: El denunciado se hizo justicia por sí mismo

Recurso de apelación

Recurso de revisión

Ahora bien, es claro que la Junta Local al igual que la Distrital consideraron a Armando Cervantes Becerra como propietario del bien inmueble antes citado. Cabe advertir que en autos se encuentra acreditado que la posesión, uso, y la ocupación física la tenemos y teníamos en el momento en que sucedieron los hechos tanto el PRD y sus candidatos, por lo cual, se debió haber respetado, por parte de Armando Cervantes Becerra estos derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y lo correcto sería que éste al sentirse afectado en algún derecho, debió de acudir y recurrir a la autoridad correspondiente, en el caso que nos ocupa al Consejo Distrital Electoral 07, exponer sus hechos y éste ordenar a quien correspondiera mediante el procedimiento legal establecido, el despintar, borrar y restablecer a su origen las condiciones en las que se encontraba el bien inmueble de referencia, pero de ninguna manera hacerse justicia por su propia mano, porque al hacerlo afectó un derecho a difundir la imagen, las ideas, de un partido y de un candidato.

Cabe advertir que el artículo 17 de la Carta Magna como quedó transcrito en el agravio primero y que por el principio de economía procesal solicito se me tenga por reproducido para todos los efectos legales conducentes, por lo tanto se considera que la conducta del Regidor Armando Cervantes Becerra es violatoria de la Constitución y debe ser sancionada.

a)                 Porque la posesión, uso y ocupación física, la teníamos y tenemos los suscritos.

b)                 Porque en el supuesto inadmitido que se le considerara propietario, éste debió respetar los usos y costumbres de dicho bien, en el caso que nos ocupa a los posesionarios, a los usuarios, a los detentadores físicos y a la publicidad e imagen que se encuentra estampada en dicho bien y pedir la intervención de la autoridad para que ésta resuelva lo conducente.

c)                 Porque la Carta Magna establece el respeto a los derechos de posesión (14 y 16) y prohíbe a cualquier persona (incluso propietarios) hacerse justicia por sí misma (17).

Por lo anterior se debe revocar, modificar, dejar sin efecto la resolución que por esta vía se impugna y dictar otra en la que se sancione en los términos de la norma electoral al regidor, servidor público Armando Cervantes Becerra.

Ahora bien en el supuesto inadmitido que esa autoridad federal considere con los documentos apócrifos como propietario del bien inmueble en controversia, cabe advertir que en autos se encuentra acreditado que la posesión, el uso y la ocupación física la tenemos y teníamos en el momento en que sucedieron los hechos tanto el PRD y sus candidatos, por lo cual, se debió haber respetado, por parte del C. Armando Cervantes Becerra estos derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y lo correcto sería que éste al sentirse afectado en algún derecho, debió de acudir y recurrir a la autoridad correspondiente, en el caso que nos ocupa al Consejo Distrital Electoral, exponer sus hechos y éste ordenar a quien correspondiera el despintar, el borrar, y restablecer a su origen las condiciones en las que se encontraba el bien inmueble de referencia, pero de ninguna manera hacerse justicia por su propia mano, porque al hacerlo afectó un derecho a difundir la imagen, las ideas, de un partido y  un candidato en momentos electorales cruciales.

Cabe advertir que el artículo 17 de la Carta Magna en la parte que nos interesa establece “… ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma”, por lo cual la conducta del C. Armando Cervantes Becerra es violatoria de la Constitución y debe ser sancionada por tres razones fundamentales:

a)     Porque la posesión, uso y ocupación física, la teníamos, los suscritos candidatos y PRD.

b)     Porque en el supuesto inadmitido que se le considere propietario, éste adquiere con todos los usos y costumbres dicho bien y debe respetar lo mismo, en el caso que nos ocupa a los posesionarios, a los usuarios, a los detentadores físicos y a la publicidad e imagen que se encuentra estampada en dicho bien y pedir la intervención de la autoridad para que ésta resuelva el asunto.

c)     Porque la Carta Magna establece el respeto a los derechos de posesión (14 y 16) y prohíbe a cualquier persona hacerse justicia por sí misma (17).

Por lo cual el suscrito candidato y el partido político no teníamos la obligación de pedir permiso a nadie para el uso del bien y realizar el pintado de la barda para de esta manera difundir la imagen como lo señala el 236 del COFIPE, pues en todo caso, éramos nosotros quienes al tener la posesión gozábamos y gozamos de este derecho sin necesidad de que alguien nos otorgue permiso de lo propio.

Por lo anterior se debe revocar, modificar, dejar sin efecto la resolución que por esta vía se impugna y dictar otra en la que se sanción en los términos de la Norma Electoral al Regidor, Servidor Público Armando Cervantes Becerra.