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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SM-RAP-149/2024

APELANTE: MORENA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARI ADO: SOFÍA VALERIA SILVA CANTÚ Y MAGIN FERNANDO HINOJOSA OCHOA

COLABORÓ: MARA ITZEL MARCELINO DOMÍNGUEZ

Monterrey, Nuevo León, 13 de septiembre de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma, en la parte impugnada, la resolución del Consejo General del INE en la que sancionó a Morena en Tamaulipas, por el incumplimiento a sus obligaciones en la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del proceso electoral local 2023-2024.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional considera que deben quedar firmes la acreditación de las faltas y las sanciones impugnadas, porque: i) el apelante no indica, de forma individualizada, los elementos mínimos probatorios, ni en qué consistieron las supuestas fallas del SIF, además, en todo caso, dichas deficiencias no son imputables a la autoridad fiscalizadora, cuando el sujeto obligado tenía a su alcance el Manual del Usuario del SIF, a fin de poder tener por acreditado que, por una cuestión ajena al partido, no pudo cumplir sus obligaciones en materia de fiscalización y ii) expone cuestionamientos genéricos que no confrontan los motivos expuestos por la responsable.

Glosario

Competencia y procedencia

I. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente asunto porque se controvierte una resolución del Consejo General del INE, derivada de un procedimiento de fiscalización de un partido nacional con acreditación en Tamaulipas, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano ejerce su jurisdicción[1].

II. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[2].

Antecedentes[3]

I. Revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de Morena correspondiente al proceso electoral 2023-2024 en Tamaulipas

1. El 13 de mayo de 2024[4], la UTF requirió a Morena, a través del oficio de errores y omisiones (primera vuelta), a fin de que atendiera las observaciones, hiciera las aclaraciones necesarias y presentara diversa documentación en el SIF. El 18 de mayo, Morena dio respuesta a lo solicitado.

2. El 14 de junio, la Unidad Técnica requirió a Morena, a través del oficio de errores y omisiones (segunda vuelta), atendiera las observaciones, hiciera las aclaraciones necesarias y presentara diversa documentación en el SIF. El 19 de junio, Morena dio respuesta a lo solicitado.

3. El 5 de julio, la UTF emitió el dictamen consolidado correspondiente, por el cual tuvo por no atendidas diversas observaciones, entre otras, las relacionadas con: i) informar 13 eventos de la agenda de actos públicos y privados, de forma extemporánea, es decir, posterior a su celebración [7-C14-TM], ii) la omisión de reportar en el SIF los egresos generados por concepto de gastos realizados en eventos de campaña por un monto de $125,987.97 [7-C18-TM] y por un monto de $81,597.60 [7-C23-TM], iii) la omisión de proporcionar datos certeros que permitieran la localización de 283 eventos, por no haber sido registrados correctamente [08.2-C24-TM], iv) la omisión de registrar actos públicos en la agenda de eventos, no obstante, la autoridad detectó la realización de 4 eventos onerosos [08.2-C33-TM], v) la omisión de reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de $205,054.84 [08.2-C31-TM] así como por concepto de propaganda y publicidad localizada en internet por un monto de $705,064.10 [08.2-C38-TM], y por concepto de gastos realizados en eventos de campaña por un monto de $1,027,732.71 [08.2-C39-TM] y vi) la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores, por un importe de $1,157,313.22 [8.2-C44-TM].

II. Resolución impugnada y recurso de apelación

1. El 22 de julio, el Consejo General del INE emitió resolución respecto de, entre otras cuestiones, las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de Morena en Tamaulipas (INE/CG2009/2024)[5].

2. Inconforme, el 2 de agosto, Morena interpuso el presente recurso ante el INE, el cual fue remitido a la Sala Superior de este Tribunal Electoral.

3. El 15 de agosto, la Sala Superior determinó que esta Sala Monterrey era la competente para conocer y resolver respecto de las conclusiones impugnadas (SUP-RAP-392/2024).

4. El 19 siguiente, este órgano jurisdiccional recibió el medio de impugnación. La magistrada presidenta ordenó integrar el expediente SM-RAP-149/2024 y, por turno, lo remitió a la ponencia del magistrado Ernesto Camacho Ochoa. En su oportunidad, el magistrado instructor lo radicó, admitió y, al no existir trámites pendientes por realizar, cerró instrucción.

Estudio de fondo

Apartado I. Decisión general

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse, en la parte impugnada, la resolución del Consejo General del INE en la que sancionó a Morena en Tamaulipas, por el incumplimiento a sus obligaciones en la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del proceso electoral local 2023-2024.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

Tema 1. Fallas en el SIF

En la resolución impugnada, el INE sancionó al apelante por el incumplimiento a sus obligaciones en la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del proceso electoral local 2023-2024.

Agravio 1. Morena, de manera general, solicita a esta Sala Monterrey considere la sobrada evidencia recabada que acredita la existencia de fallas continuas, sistemáticas y graves en el SIF, que impidieron a los partidos políticos utilizar el sistema y cumplir cabalmente con ciertas obligaciones en materia de fiscalización, y para ello inserta una tabla en la que describe 43 hechos relacionados con las referidas fallas, entre ellos, actas notariadas en el estado de Coahuila de Zaragoza.

En ese sentido, en cada apartado en concreto, hace valer dicho motivo de inconformidad en las conclusiones [7-C14-TM], [7-C18-TM], [7-C23-TM], [8.2-C33-TM], [8.2-C44-TM] y [8.2-C31-TM], en los que señala que la autoridad omitió tomar en cuenta aquellas situaciones que, oportunamente, se hicieron de su conocimiento sobre las diversas fallas que presentó el SIF, por lo que también debió de considerarlas en el apartado correspondiente a la comisión intencional o culposa de la falta al momento de individualizar la sanción.

Respuesta 1. No tiene razón en cuanto a la conclusión 7_C14_TM porque la responsable sí tomó en cuenta lo referido en su escrito de respuesta ya que se advierte, del dictamen consolidado, que la autoridad fiscalizadora señaló:

Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo siguiente, aún y cuando el sujeto obligado manifiesta que las fallas de comunicación dentro del aplicativo, ha impedido el adecuado desarrollo y registro oportuno de las operaciones, los registros de eventos que se señala con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 21_MORENA_TM, se reportaron con posterioridad a la fecha de su realización, por lo cual no cumplieron con la antelación de siete días, por tal razón, la observación no quedó atendida.

Respuesta 2. Esta Sala Monterrey considera que los agravios restantes son ineficaces, en primer lugar, porque en los escritos de respuesta no hizo valer dicha inconformidad[6], por lo que resulta evidente que la autoridad fiscalizadora no se encontraba obligada a realizar un pronunciamiento en ese contexto específico, en ese sentido, no resultaría válido que, ante esta Sala Monterrey, refiera cuestiones concretas, individuales o específicas que, ciertamente, no fueron señaladas en los escritos que se presentaron.

Además, en todo caso, resultarían genéricos, porque el apelante omite indicar, de forma individualizada, en cada una de las conclusiones, los elementos mínimos probatorios y explicar en qué consistieron las supuestas fallas del SIF, así como las circunstancias temporales, a fin de que esta autoridad jurisdiccional pueda realizar el estudio respectivo.

En tal sentido, la sola manifestación de que el SIF presentó fallas y que ello dio lugar a una imposibilidad de cumplir en tiempo y forma sus obligaciones en materia de fiscalización, no es suficiente para que esta Sala Monterrey proceda a estudiar alguna circunstancia extraordinaria y la forma en que pudo impactar.

Lo anterior, porque si bien, Morena señala que se levantaron diversos tickets, relativos a los reportes realizados por las diversas fallas en el SIF, pretende hacer valer dichas evidencias en las infracciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, consistentes en reportar eventos de manera extemporánea, omitir reportar eventos en la agenda, así como omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, únicamente con los siguientes folios de incidencias:

Aunado a que las deficiencias o fallas del SIF no son imputables a la autoridad fiscalizadora, cuando el sujeto obligado tenía a su alcance el Manual del Usuario del SIF[7], así como con el sitio electrónico del INE y la posibilidad, conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia del referido Sistema, de comunicar cualquier incidencia sobre su funcionamiento al número telefónico y correo electrónico disponibles para contactar al personal capacitado, para dar solución a las dificultades que presentaran en relación con el SIF.

Por tanto, esta Sala Monterrey no tiene certeza de que el apelante hubiera accionado el protocolo de aviso para demostrar que existieron deficiencias en el funcionamiento del SIF, que le impidieron cumplir con las obligaciones en materia de fiscalización, ahora objeto de estudio, porque aunque refiera que levantaron diversos tickets con motivo de las fallas que obstaculizaron el cumplimiento de sus obligaciones, lo cierto es que el recurrente omitió aportar medios probatorios suficientes para acreditar su dicho en cada caso particular; de ahí que su agravio sea ineficaz[8].

De manera que, para esta Sala Monterrey, al resultar insuficiente su argumento relacionado con las fallas técnicas y deficiencias en el SIF, sin que sea válido que mencione que en otros procedimientos de fiscalización se demostraron estas inconsistencias y que el INE tuvo conocimiento de las mismas o que en la sesión en la que se aprobó el dictamen consolidado, el Consejo General del INE reconoció las fallas porque, en el presente asunto, el apelante pretende hacer valer, como única prueba, la manifestación de la existencia de los referidos tickets, por lo que queda en evidencia, en lo que es materia, la conducta omisiva del partido político.

Tema 2. Informar 13 eventos de la agenda de actos públicos y privados de forma extemporánea

En la resolución impugnada, el INE sancionó a Morena con $8,142.75[9] por informar 13 eventos con posterioridad a su fecha de celebración, es decir, de manera extemporánea al plazo establecido en la normatividad electoral [7-C14-TM].

Agravio 1. Morena señala que la sanción no es proporcional, en razón que la autoridad fiscalizadora pretende castigarlo por un cúmulo de extemporaneidades, desligándose de la responsabilidad que tuvo sobre las ocasionadas por las fallas en el SIF.

Además, agrega que se realizó una indebida individualización de la sanción, así como la incorrecta calificación de la falta porque el INE no tomó en cuenta, en los razonamientos de circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la intencionalidad de la comisión de la falta (intencional o culposa), que las extemporaneidades fueron causadas por las fallas en el SIF, por tanto, las deficiencias debieron ser consideradas como atenuante excluyente de responsabilidad para Morena porque implican la carencia de dolo y, en ese sentido, estima que es obligación del INE tener el sistema funcionando debidamente.

Respuesta 1. Es ineficaz porque basa sus pretensiones en las supuestas fallas en el SIF, lo que, como se indicó en el apartado anterior, en concreto sobre la observación en análisis, contrario a lo que alega, la autoridad fiscalizadora sí las tomó en cuenta, por lo que el Consejo General del INE no tenía la obligación de pronunciarse al respecto en la resolución, sin que ante esta instancia confronte las consideraciones que expuso la responsable al momento de imponer la sanción, pues solamente vincula sus argumentos con lo relativo a las inconsistencias en el SIF.

1.1. Aunado a que, como ya se dijo, las deficiencias o fallas del SIF no son imputables a la autoridad fiscalizadora, cuando el sujeto obligado tenía a su alcance el Manual del Usuario del SIF, así como con el sitio electrónico del INE y la posibilidad, conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia del referido Sistema, de comunicar cualquier posible incidencia sobre su funcionamiento al número telefónico y correo electrónico disponibles para contactar al personal capacitado para dar solución a las dificultades que presentaran en relación con el SIF.

1.2. Además, es importante resaltar que la sanción impuesta deriva de circunstancias generadas por el propio partido recurrente al llevar a cabo una conducta indebida por lo que, aceptar lo que pretende el apelante, en el sentido de que se revoque una sanción por las supuestas fallas del SIF, implicaría contravenir uno de los principios generales del derecho, relativo a que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o de su negligencia, con lo cual se transgrediría el fin último de las sanciones administrativas en materia electoral, consistente en inhibir la realización de conductas indebidas[10].

Agravio 2. El apelante alega que el INE no expuso las razones que lo llevaron a determinar la imposición de las sanciones.

Respuesta 2. No tiene razón porque el INE sí expuso las razones por las cuales impuso la sanción correspondiente.

En efecto, en la resolución impugnada, se advierte que la responsable, una vez considerada la capacidad económica del infractor, expuso:

a) Tipo de infracción: acción, consistente en informar de manera extemporánea diversos eventos en la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.

b) Circunstancias de tiempo (en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los Partido Políticos correspondientes al Proceso Electoral 2023-2024), modo (informó de manera extemporánea 13 eventos de la agenda de actos públicos y privados, de manera posterior a su celebración) y lugar (en el estado de Tamaulipas).

c) Comisión intencional o culposa de la falta: No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas: se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulneran la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta: garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas: En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia): el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

h) Calificación de la falta: se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.

De ahí que no tenga razón.

Tema 3. Omitir reportar gastos en el SIF

En la resolución impugnada, el INE sancionó a Morena con el 100% del monto involucrado por omitir reportar en el SIF los egresos generados por concepto de gastos realizados en eventos de campaña por $125,987.97 [7-C18-TM][11] y $81,597.60 [7-C23-TM][12].

Agravio 1. Morena alega que la autoridad realizó una indebida valoración y calificación de los hallazgos, pues lo observado por el INE sí se encuentra registrado, situación que fue hecha en su conocimiento durante los periodos de errores y omisiones, por lo cual no se configura el tipo administrativo electoral del gasto no reportado, sino una falta de documentación soporte que se califica como una falta de forma.

Lo anterior, en virtud de que el partido expuso, en cada caso, la póliza y el registro contable en donde podía ser encontrada la información, además la autoridad afirmó de manera genérica que “en la mayoría de los casos”, lo cual indica la existencia de la información y que no encontró evidencia suficiente para acreditar que el registro de gasto no corresponde a los hallazgos observados, ni mencionó de manera pormenorizada en cada uno de los casos.

En el caso de la conclusión 7_C18_TM, Morena alega que en el contenido del anexo 25_Morena_TM del dictamen consolidado, refiere a los mismos hallazgos supuestamente no reportados, en ese sentido, en el anexo 25_MORENA_TM, incluye el contraste que evidencia que sí presentó a la autoridad cada una de las pólizas correspondientes al gasto reportado.

A su vez, respecto a la conclusión 7_C23_TM, Morena refiere que el contenido del anexo 30_MORENA_TM incluye el contraste que evidencia que sí se presentó a la autoridad cada una de las pólizas del gasto reportado.

Respuesta 1. No tiene razón, porque la autoridad valoró adecuadamente lo aportado por el apelante.

1.1. Al respecto, se advierte que Morena adjuntó capturas de pantalla en la que alegó que se encontraba la documentación faltante[13], lo cual fue considerado por la autoridad responsable y, en un ejercicio de investigación, corroboró que la información observada fuere correspondiente a lo contestado por el partido.

En ese sentido, la autoridad concluyó que solamente una parte de los gastos observados se encontraban reportados en el SIF, sin embargo, determinó que no estaba totalmente atendida, pues los hallazgos no fueron sustentados por el partido, es decir, no se localizó evidencia que pudiera demostrar que los gastos identificados en las visitas de verificación estuvieran registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas.

Es decir, el INE sostuvo que si bien, algunos de los hallazgos fueron subsanados con las capturas de pantalla aportados en los periodos de revisión, concluyó que no fueron suficientes para tener por solventada la omisión atribuida a Morena respecto a lo siguiente:

1.2. Por otra parte, respecto al anexo 30_MORENA_TM, el apelante refiere que se incluye el contraste que evidencia que sí se presentó a la autoridad cada una de las pólizas del gasto reportado.

Esta autoridad jurisdiccional advierte que la autoridad responsable tuvo por solventados ciertos hallazgos observados, con la respuesta a los oficios de errores y omisiones realizada por Morena.

No obstante, tampoco fue suficiente para tener por reportadas la totalidad de operaciones y gastos realizados, porque hubo casos en que no se localizó evidencia que pudiera demostrar que los gastos identificados en el monitoreo en las visitas de verificación estuvieran registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local, específicamente respecto las siguientes:

Por lo cual, esta Sala Monterrey estima que, contrario a lo que el apelante refiere, la autoridad sí valoró las pruebas ofrecidas (capturas de pantalla) que fueron ofrecidas en los escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones, ello, en atención y respeto a la garantía de audiencia de Morena.

Agravio 2. Morena sostiene que no es suficiente que la autoridad negara la acreditación del gasto, sino que, debió i. aceptar y reconocer la presentación de cada póliza correspondiente por parte del partido, ii. analizar su contenido y contrastarlo con la imputación del presunto gasto no reportado, iii. dilucidar si efectivamente existía el reporte del gasto observado e iv. informar al partido en las razones por las cuales, en su ejercicio de contraste, determinó que la póliza y su información era insuficiente, por lo que, al no hacerlo, considera que se violenta su derecho de defensa, que le impide acudir cabalmente a combatir las razones que la autoridad debió haber presentado para desestimar los registros contables.

Respuesta 2. Es ineficaz, porque, por una parte, no es admisible que Morena alegue la afectación a su derecho de defensa pues, contrario a lo que señala, fue correcto el proceso de fiscalización llevado a cabo por la autoridad, el cual se basa fundamentalmente en el sistema nacional de fiscalización de los egresos e ingresos de los partidos políticos y sus candidatos en materia político electoral (artículo 41, base II, tercer párrafo, base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución General[14]).

Dicho sistema de fiscalización garantiza el adecuado ejercicio de los recursos públicos y privados que obtengan los partidos políticos para desarrollar sus actividades, tanto ordinarias como aquellas encaminadas a obtener el voto durante los procesos electorales locales y federales.

En ese sentido, su derecho de audiencia se encuentra garantizado al momento en que la autoridad fiscalizadora remite las irregularidades detectadas en 2 momentos en los respectivos oficios de errores y omisiones.

Por ende, el hecho que Morena no confronte de forma directa las consideraciones brindadas por la autoridad respecto a los hallazgos de gastos no reportados por el partido, no es una cuestión imputable al INE o vinculado a una deficiente garantía de audiencia.

Máxime que limita a argumentar que no se configura el tipo administrativo electoral del gasto no reportado, sino una falta de documentación soporte que se califica como una falta de forma, sin que, ante esta instancia, proporcione los elementos mínimos argumentativos y probatorios para demostrar que las capturas de pantalla sustentaban la totalidad de gastos no reportados.

Agravio 3. Morena sostiene que la omisión de presentar muestras fotográficas no impide una correcta aplicación de la fiscalización, ya que dichas muestras funcionan como documentación soporte de lo efectivamente necesario para reportar un gasto, caso contrario sería que faltara documentación referente a contratos, CFDI, XML que sí implican una falta sustantiva; es decir, su omisión no obstaculiza la actividad que tiene la autoridad para determinar el origen, monto y destino de los recursos.

Respuesta 3. Es ineficaz, toda vez que ello no se estudió en el procedimiento de fiscalización en virtud de que no precisó dicha manifestación y, en ese orden de ideas, se trata de un aspecto que no puede ser parte de la materia de estudio en esta instancia, ya que la responsable no tuvo oportunidad de analizar la misma y de realizar la valoración correspondiente.

Lo anterior, porque dicho argumento no fue expuesto con oportunidad en las respectivas respuestas a los oficios de errores y omisiones y, en atención ello, la Unidad Técnica no estaba obligada a realizar un pronunciamiento en ese contexto específico, por lo que, no resultaría válido que, ante esta Sala Monterrey, refiera cuestiones concretas, individuales o específicas que, ciertamente, no fueron señaladas.

En efecto, la UTF requirió al apelante para que, en el ejercicio de su derecho de audiencia, en caso de que los gastos hubieran sido realizados por el sujeto obligado, remitiera el o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos por la normativa, las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA’s, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias, el o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados, así como los avisos de contratación respectivos, y presentara en el SIF las aclaraciones que a su derecho conviniera[15].

Sin embargo, ante la respuesta del partido, tal como se evidenció, la Unidad Técnica tuvo por no satisfechos la totalidad de los hallazgos observados, esto es, aun cuando la autoridad fiscalizadora sí le informó al partido, detalladamente, qué documentación faltaba, el partido no aportó todo lo necesario para tener por solventada la observación que le fue formulada, es decir, no acreditó el registro de la totalidad de los gastos realizados.

Ante esta Sala Monterrey, el partido expresa en su demanda que se puede verificar la totalidad de los hallazgos, ya que se encuentran detallados en las capturas de pantalla allegadas a la autoridad, por lo cual, considera que la infracción se calificó de forma incorrecta y que en todo caso, la autoridad debió determinar la falta de documentación soporte, sin embargo, como se dijo, ello no fue expresado ante la UTF en la etapa de fiscalización, pues debió hacerlo valer al momento en que la autoridad fiscalizadora le requirió que atendiera las respectivas observaciones, de ahí que el agravio se considere ineficaz, porque la apelación no es la vía para justificar la existencia de documentación que compruebe el cumplimiento de una obligación contable[16].

Agravio 4. Morena alega que la autoridad fue parcial y realizó un trato diferenciado, para lo cual señala conclusiones sancionatorias derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de presidencia de los estados unidos mexicanos, senadurías y diputaciones federales[17].

Al respecto, primeramente, alega que diversas conclusiones se calificaron como leves y faltas formales, debido a que no se acreditó la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro, por ende, se sancionó con 10 UMA’S por conclusión sancionatoria[18].

En este sentido, Morena identificó que, en 64 faltas formales, implicó una sanción consistente en 670 UMA’S, cuyo monto equivale a $72,741.90.

Aunado a lo anterior, describe que en conclusiones relacionadas con el Partido Acción Nacional[19] y Movimiento Ciudadano[20], la autoridad calificó como egresos no comprobados y faltas de forma, por omitir muestras fotográficas, porque ello no incide en los valores sustanciales protegidos, como lo es la transparencia y rendición de cuentas, ya que es documentación soporte que no ve afectada la fiscalización de la autoridad, por tanto, ello implica que, al determinarse el monto involucrado, se respete el precio efectivamente reportado por los sujetos obligados, sin utilizar la matriz de precios (que utiliza el valor más alto),sancionando con 10 UMA’S, por tanto al imponérsele una sanción grave ordinaria, consistente en el 100% del monto involucrado por falta de muestras, mismas que debían haber sido calificadas por la autoridad, con base en los criterios descritos, como gasto no comprobado, o en su caso, falta de documentación soporte (falta formal), causa un perjuicio desproporcional respecto los otros partidos.

Respuesta 4. Es ineficaz porque adoptar un criterio distinto al de casos diversos para sancionar la falta no implica un actuar indebido, pues la autoridad electoral válidamente puede imponer una de las sanciones establecidas en la norma (artículo 456, numeral 1, inciso a), de la LEGIPE[21]), ya que establece un mínimo y un máximo en cuanto a las multas a imponer y un catálogo de posibles sanciones, en el que también se incluye la reducción de ministraciones[22].

De ahí que, es indudable que el Consejo General del INE tiene la potestad de definir la sanción que estima aplicable y, en su caso, el monto correspondiente.

Por lo que, en todo caso, el recurrente debe controvertir las consideraciones de la responsable, para demostrar lo incorrecto de su decisión.

Agravio 5. Morena sostiene que se vulnera su capacidad económica en razón de la sanción que el INE pretende imponer, porque considera que resulta absurdo sancionarlo por un gasto no reportado, cuando el gasto sí se reportó y que, en todo caso, es la falta de muestras fotográficas, que en muchos casos no se pudieron cargar por las mismas fallas del SIF.

Respuesta 5. Es ineficaz, porque no confronta los razonamientos realizados por la autoridad responsable respecto al incumplimiento de las obligaciones de Morena en materia de fiscalización.

Además, contrario a lo que señala, el INE consideró que la imposición de las sanciones no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Por lo anterior, se advierte que el apelante no controvierte dichas consideraciones, pues solamente vincula sus argumentos con lo relativo a las inconsistencias en el SIF, mismo alegato que fue desvirtuado en los apartados anteriores, de ahí la ineficacia de su agravio.

Agravio 6. Morena señala que el Consejo General de INE debió de justificar de manera explícita los criterios utilizados en cada caso específico, considerando las circunstancias particulares de cada caso, esto es, las extemporaneidades ocasionadas por el SIF en los diversos rubros de registro de operaciones, avisos de contratación y registro o modificación a la agenda de eventos.

Respuesta 6. Es ineficaz porque, en principio, el apelante pretende hacer valer dicho agravio respecto a diversas infracciones, pues argumenta que la autoridad debió considerar las circunstancias particulares de cada caso, esto es, las extemporaneidades ocasionadas por el SIF en los diversos rubros de registro de operaciones, avisos de contratación y registro o modificación a la agenda de eventos.

Respuesta 6.1. Además, no tiene razón porque la autoridad sí incorporó los elementos lógico-jurídicos a la determinación de la sanción pues, en ese sentido, se aplicó la individualización de la sanción, atento a lo siguiente:

a) Tipo de infracción, se detectó la omisión de reportar gastos realizados durante la campaña.

b) Circunstancias de tiempo (el marco de revisión de los informes de Ingresos y Gastos de campaña de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2023-2024), modo (el sujeto obligado omitió reportar gastos realizados durante la campaña) y lugar (Tamaulipas), en que se concretó,

c) Comisión intencional o culposa de la falta: existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados: garantizar la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas: se traduce en una falta de carácter sustantivo o de fondo.

g) Condición: no es reincidente.

h) Calificación de la falta: graves ordinarias.

De ahí que no le asista la razón.

Tema 4. Omitir proporcionar los datos certeros que permitieran la localización de 283 eventos, toda vez que no se registraron correctamente

En la resolución impugnada, el INE sancionó a Morena con $75,130.44[23] por registrar eventos sin datos de localización ciertos de su celebración, de la cantidad total de $153,517.98 [8.2-C24-TM].

Agravio 1. Morena sostiene que la autoridad se basa en un artículo que solo exige el registro y la cancelación de eventos, no la precisión de datos en la forma alegada, lo cual vulnera el principio de tipicidad y el derecho a una defensa adecuada.

Por tanto, ninguno de los fundamentos jurídicos de su observación indica que el supuesto actuar sea violatorio de la normatividad en materia de fiscalización al no estar prevista esa conducta en el LEGIPE ni en el Reglamento de Fiscalización, ya que dicho fundamento solamente establece que los sujetos obligados deben registrar las agendas de eventos, lo cual, en los supuestos hallazgos, sí se realizó.

Lo anterior, en virtud de que considera que debe acudirse al principio de tipicidad, de modo tal que, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, ello a fin de evitar actos arbitrarios de la autoridad.

Respuesta 1. No tiene razón, porque parte de la idea equivocada de que la autoridad responsable es imprecisa al aplicar el artículo 143 Bis, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización pues, desde su perspectiva, como dicha disposición señala que, en el control de agenda de eventos políticos:

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.

Al respecto, la autoridad observó que inicialmente reportó eventos con datos imprecisos y posteriormente modificó el lugar y la fecha de celebración de estos, lo que dificultó la asistencia a 5960 eventos, es decir, se obstaculizaron las labores de fiscalización, razón por la que el INE determinó la observación como no atendida y, por ende, la acreditación de la infracción.

Lo anterior, en virtud de que la omisión de reportar con veracidad y oportunidad la información relacionada con el lugar, fecha y horario de realización de los eventos políticos, implica vulneraciones a los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de los sujetos obligados, al impedir a la autoridad ejercer en tiempo y forma sus funciones en materia de fiscalización.

Por lo cual, el recurrente pasa por alto que dicha obligación de registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, los actos de campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo, se encuentran estrechamente vinculados con la facultad de la autoridad de ejercer en tiempo y forma sus funciones en materia de fiscalización, esto es, por ejemplo, a través de las visitas de verificación.

En ese sentido, el INE concluyó que se acreditaron las faltas en materia de rendición de cuentas y, en atención a las circunstancias particulares en que se cometieron pues, como se indicó, las faltas impugnadas por las que se sancionó a Morena quedaron acreditadas durante el procedimiento de fiscalización, por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, por tanto, debía imponer una de las sanciones establecidas en la Ley, como sucedió, de ahí que no se afecte el principio de tipicidad como lo alega el apelante.

Agravio 2. Morena alega que, al no indicarse en el requerimiento la forma en que la conducta atribuida se adecuaba en el supuesto de la norma infringida, se vició desde su inicio el procedimiento de auditoría, y menos aún, que no se indicó y justificó de manera indubitable que esta circunstancia tuviese un efecto de obstrucción real en la fiscalización.

Respuesta 2. Es ineficaz, porque el apelante omitió exponer con oportunidad dicho planteamiento a la autoridad fiscalizadora, esto es, durante el proceso de fiscalización y en sus escritos de contestación a los oficios de errores y omisiones, no señaló que la responsable debió indicar, en el requerimiento, la forma en que los hallazgos observados encuadraban en alguna norma prevista.

Lo anterior, porque en principio, cuando la autoridad observó dichas inconsistencias, hizo del conocimiento del recurrente que: i. se ingresaron datos imprecisos que dificultaron la asistencia a los eventos en la hora de inicio y/o lugar del evento, ii. posteriormente, y en fechas cercanas o incluso después de la realización del evento, se actualizaron los datos correctamente, y que iii. dicha situación obstaculizó las labores de fiscalización, ya que los registros iniciales no permitieron acudir a los eventos, consecuentemente requirió al partido a fin de que realizara las aclaraciones que a su derecho convengan[24], sin embargo, respecto a esta observación, Morena no presentó aclaración alguna.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que se trata de un aspecto que no puede ser parte de la materia de estudio en esta instancia, ya que la responsable no tuvo oportunidad de analizar la misma y de realizar la valoración correspondiente porque, como se adelantó, tal planteamiento no fue expuesto con oportunidad en las respectivas respuestas a los oficios de errores y omisiones.

Agravio 3. Morena sostiene que la autoridad debía proporcionar cuáles fueron los eventos que, por la circunstancia de tener un error en su denominación a datos de celebración, hubiesen efectivamente obstaculizado las labores de la autoridad, al no permitir acudir a ellos, y no existir un acta relativa.

Respuesta 3. No tiene razón, porque del análisis de los oficios de errores y omisiones, se advierte que la autoridad refirió, en un primer momento a los eventos con información modificada en el Anexo 3.5.20.1 y posteriormente, en el dictamen consolidado se remitió al contenido del diverso Anexo 38_SHHT_TM.

Por lo cual, contrario a lo que señala el apelante, la autoridad responsable identificó los eventos cuyos datos fueron proporcionados de forma imprecisa y posteriormente modificados.

Agravio 4. Morena argumenta que deben excluirse de la conclusión, aquellos eventos que ya estén siendo sancionados como eventos no reportados, dado que se estaría sancionando 2 veces por la misma conducta.

Respuesta 4. Es ineficaz por genérico, porque omite precisar qué eventos en específico se encuentran en el supuesto alegado, es decir, que la autoridad se encuentra sancionando 2 veces, sin que este órgano jurisdiccional pueda realizar un estudio de oficio de los eventos e infracciones por las que fue sancionado el apelante a fin de advertirlo.

Tema 5. Omitir registrar 4 actos públicos en la agenda de eventos, no obstante, la autoridad detectó la realización de 4 eventos onerosos

En la resolución impugnada, el INE sancionó a Morena con $42,450.87[25] por 4 eventos no reportados en la agenda y que fueron detectados por la autoridad como onerosos, de una cantidad total de $86,747.43 [8.2_C33_TM].

Agravio 1. Morena sostiene que, contrario a lo que determinó la autoridad, las labores de fiscalización no se vieron obstruidas por la omisión de reporte de eventos en la agenda, porque en el oficio de errores y omisiones son evidentes las actas de verificación que han sido presentadas, lo que muestran su pleno ejercicio de la facultad de fiscalización, pues tuvo la oportunidad de ir al evento, tomar fotografías, realizar su cuantificación de hallazgos, elaborar un acta de visita del verificación e inclusive un anexo con datos.

Por lo anterior, Morena considera que existe una contradicción por parte de la autoridad fiscalizadora, pues afirma que se está vulnerando con actuaciones propias que, por sí solas, le dan certeza de que se llevaron a cabo los eventos en las fechas señaladas.

Respuesta 1. No tiene razón, porque en el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al INE, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre candidaturas, partidos o coaliciones.

Al respecto, se advierte que, con independencia de que la autoridad responsable hubiere identificado los eventos, derivado de su facultad de investigación y monitoreo en internet, ello no exime al partido político de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización, en el caso, de reportar la totalidad de los eventos realizados.

Por tanto, al omitir realizar el registro de eventos en la agenda correspondiente del SIF, Morena incumplió lo establecido en el Reglamento de Fiscalización[26], pues la agenda de eventos presentada por los sujetos obligados es el insumo principal con el que cuenta la Unidad Técnica para programar y ordenar el desarrollo de visitas de verificación a eventos políticos de campaña, por lo que la omisión de reportar con oportunidad los eventos políticos implica vulneraciones a los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de los sujetos obligados, al impedir a la autoridad ejercer sus funciones en materia de fiscalización.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que, contrario a lo que sostiene Morena, la autoridad no se contradijo, pues la realización de los procedimientos de recorridos diarios y monitoreo de internet y redes sociales por parte de la Unidad Técnica no implica que, en los casos en que se allegue de elementos para identificar la realización de eventos políticos no reportados, se pueda eximir a los partidos políticos de cumplir con sus obligaciones.

Agravio 2. Morena argumenta que la autoridad debió considerar la infracción y los consecutivos que componen el Anexo 3.5.17.1 como faltas formales, por la omisión de reporte extemporánea y no como faltas graves por la omisión de reporte, porque la gravedad de la sanción se encuentra supeditada a los bienes jurídicos que se ven afectados, pues en ningún momento se impidió que la autoridad tuviera conocimiento de los eventos y en todo momento ejerció su función fiscalizadora que le permitió generar sus respectivas actas de verificación de eventos.

Respuesta 2. Es ineficaz, porque omite confrontar los razonamientos realizados por la autoridad responsable pues, en principio, estimó que la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF era insatisfactoria; toda vez que, determinó que sí fueron registrados 6 eventos en la agenda[27]; y por ello la observación quedó sin efectos.

Por otra parte, la autoridad también identificó que las personas candidatas no asistieron a 2 de las actividades verificadas, motivo por el cual no están registrados en la agenda; por tal razón, en este punto la observación quedó sin efectos[28].

Finalmente, la Unidad Técnica concluyó que, respecto a 4 hallazgos, aun cuando Morena señaló el ID de evento registrado en la agenda de los candidatos, en el análisis de los mismos la autoridad observó que la dirección del acta no coincidía con la registrada en el evento; por tal razón, estimó que la observación no quedó atendida[29].

Por lo anterior, se advierte que la autoridad tomó en consideración las capturas de pantalla ofrecidas en el periodo de observación de errores y omisiones, específicamente en el Anexo 3.5.17.1, desestimando los hallazgos correspondientes que fueron observados, no obstante, ante esta instancia, Morena omite controvertir los elementos del estudio efectuado por la Unidad Técnica, en concreto, lo relativo a la no coincidencia de la dirección del acta con lo registrado en la agenda de eventos, de ahí la ineficacia de su agravio.

Respuesta 2.1. Además, en todo caso, Morena parte de una premisa equivocada, al señalar que las observaciones debieron ser calificadas como faltas formales y no como faltas graves por la omisión de reportar, porque en el caso, la autoridad únicamente acreditó la infracción en cuestión, en relación con los hallazgos que efectivamente no fue posible acreditar su registro en el SIF.

Tema 6. Omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación en el segundo periodo de corrección, por un importe $,1,157,313.22

En la resolución impugnada, el INE sancionó a Morena con $28,331.03[30] por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores, de la cantidad total de $1,157,313.22 [8.2_C44_TM].

Agravio 1. Morena alega que el INE debió considerar las fallas en el SIF al momento de valorar la gravedad de las faltas, pues omitió pronunciarse sobre aspecto en específico en las circunstancias relevantes que rodearon a las conductas sancionadas al momento de individualizar la sanción, aunado a que considera que ello debió haber sido estudiado en el apartado de la comisión intencional o culposa.

Respuesta 1. Es ineficaz porque, nuevamente, basa sus pretensiones en las supuestas fallas en el SIF, lo que, como se indicó en apartados anteriores, no fue señalado en sus escritos de respuesta, por lo que el INE no estaba obligado a pronunciarse sobre ese aspecto.

Aunado a que, las deficiencias o fallas del SIF no son imputables a la autoridad fiscalizadora, cuando el sujeto obligado tenía a su alcance el Manual del Usuario del SIF, así como con el sitio electrónico del INE y la posibilidad, conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia del referido Sistema, de comunicar cualquier posible incidencia sobre su funcionamiento al número telefónico y correo electrónico disponibles para contactar al personal capacitado para dar solución a las dificultades que presentaran en relación con el SIF.

Tema 7. Omitir reportar en el SIF los egresos generados por concepto de publicidad pagada

En la resolución impugnada, el INE sancionó a Morena con $941,309.19[31], por omitir reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda colocada en la vía pública por un monto de $205,054.84 [8.2_C31_TM], en internet por un monto de $705,064.10[32] [8.2_C38_TM], así como en eventos de campaña por un monto de $1,027,732.71[33] [8.2_C39_TM].

Agravio 1. Morena alega que la autoridad realizó una indebida valoración y calificación de los hallazgos, pues lo observado por el INE sí se encuentra registrado, situación que fue hecha en su conocimiento durante los periodos de errores y omisiones, por lo cual no se configura el tipo administrativo electoral del gasto no reportado, sino una falta de documentación soporte que se califica como una falta de forma.

En el caso de la conclusión 8.2_C31_TM, Morena alega que en el contenido del anexo 45_SHHT_TM del dictamen consolidado, refiere a los mismos hallazgos supuestamente no reportados, en ese sentido, dicho anexo incluye el contraste que evidencia que si se presentó a la autoridad cada una de las pólizas correspondientes al gasto reportado.

A su vez, respecto a la conclusión 8.2_C38_TM, Morena refiere que el contenido del anexo 52_SHHT_TM, de igual forma incluye el contraste que evidencia que sí se presentó a la autoridad cada una de las pólizas del gasto reportado.

Finalmente, respecto a la conclusión 8.2_C39_TM, Morena también refiere que el contenido del 53_SHHT_TM incluye el contraste que evidencia que sí se presentó a la autoridad cada una de las pólizas del gasto reportado.

Respuesta 1. No tiene razón, porque la autoridad valoró adecuadamente lo aportado por el apelante y en atención a ello, acreditó la infracción correspondiente.

Respuesta 1.1. Al respecto, se advierte que Morena adjuntó capturas de pantalla en la que alegó que se encontraba la documentación faltante[34], lo cual fue considerado por la autoridad responsable y en un ejercicio de investigación, corroboró que la información observada fuere correspondiente a lo contestado por el partido [8.2_C31_TM].

En ese sentido, la autoridad concluyó que solamente una parte de los gastos observados se encontraban reportados en el SIF, sin embargo, determinó que no se encontraba totalmente atendida, pues los hallazgos no fueron sustentados por el partido, es decir, aun cuando se señalaron las pólizas en las que se registró el gasto, determinó que no se tuvieron elementos para acreditar que correspondan a los hallazgos observados, tales como facturas donde indique el ID INE, hojas membretadas, etc., asimismo, la autoridad realizó una búsqueda en el SIF; sin embargo, no localizó evidencia que pudiera demostrar que los gastos identificados en el monitoreo en la vía pública están registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local.

Es decir, el INE sostuvo que si bien, algunos de los hallazgos fueron subsanados con las capturas de pantalla aportados en los periodos de revisión, concluyó que no fueron suficientes para tener por solventada la omisión atribuida a Morena respecto lo siguiente:

1.2. Por otra parte, esta autoridad jurisdiccional advierte que respecto a que en el anexo 52_SHHT_TM evidencia que sí se presentó a la autoridad cada una de las pólizas del gasto reportado respecto a la publicidad pagada en internet por un monto de $705,064.10 [8.2_C38_TM], se considera que la autoridad, igualmente tuvo por solventados ciertos hallazgos observados, con la respuesta a los oficios de errores y omisiones realizada por Morena.

No obstante, tampoco fue suficiente para tener por reportadas la totalidad de operaciones y gastos realizados, por lo cual, la autoridad realizó una búsqueda en el SIF; sin embargo, no se localizó evidencia que pudiera demostrar que los gastos identificados en el monitoreo en internet estuvieran registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local; asimismo, en otros casos, el partido señaló pólizas en las que se registró el gasto, sin embargo, la autoridad no pudo comprobar que correspondieran a los 404 hallazgos observados[35].

1.3. Finalmente, la autoridad responsable igualmente corroboró que la información observada correspondiera a lo contestado por el partido en las respuestas a los oficios de errores y omisiones [8.2_C39_TM].

No obstante, aunque realizó una búsqueda en el SIF; no se localizó evidencia que pudiera demostrar que los 81 gastos identificados en el monitoreo en las visitas de verificación estuvieran registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local, tal como se aprecia a continuación:

Por lo cual, esta Sala Monterrey considera que, contrario a lo que el apelante refiere, la autoridad sí valoró las capturas de pantalla que fueron ofrecidas en los escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones, ello, en atención y respeto a la garantía de audiencia de Morena, pues aunque fueron solventadas observaciones derivado de las capturas de pantalla ofrecidas, las mismas fueron insuficientes para desacreditar la infracción alegada, consistente en omitir reportar los gastos por concepto de publicidad pagada.

Agravio 2. Morena sostiene que no es suficiente que la autoridad negara la acreditación del gasto, sino que, debió i. aceptar y reconocer la presentación de cada póliza correspondiente por parte del partido; ii. analizar su contenido y contrastarlo con la imputación el presunto gasto no reportado, iii. dilucidar si efectivamente existía el reporte del gasto observado e iv. informar al partido en las razones por las cuales en su ejercicio de contraste determinó que la póliza y su información era insuficiente, por lo que, al no hacerlo, considera que se violenta su derecho a de defensa, que le impide acudir cabalmente a combatir las razones que la autoridad debió haber presentado para desestimar los registros contables.

Respuesta 2. Es ineficaz, porque como se determinó con antelación, no es admisible que Morena alegue la afectación a su derecho de defensa, ya que fue correcto el proceso de fiscalización llevado a cabo por la autoridad, el cual se basa fundamentalmente en el sistema nacional de fiscalización de los egresos e ingresos de los partidos políticos y sus candidatos en materia político electoral (artículo 41, base II, tercer párrafo, base V, apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución General[36]).

Por ende, el hecho que Morena no confronte de forma directa las consideraciones brindadas por la autoridad respecto a los hallazgos de gastos no reportados por el partido no es una cuestión imputable al INE o vinculado a una deficiente garantía de audiencia.

Máxime que limita a argumentar que no se configura el tipo administrativo electoral del gasto no reportado, sino una falta de documentación soporte que se califica como una falta de forma, sin que ante esta instancia proporcione los elementos mínimos argumentativos y probatorios para demostrar que, las capturas de pantalla sustentaban la totalidad de gastos no reportados.

Agravio 3. Morena sostiene que la omisión de presentar muestras fotográficas no impide una correcta aplicación de la fiscalización, ya que, dichas muestras funcionan como documentación soporte de lo efectivamente necesario para reportar un gasto, caso contrario sería que faltara documentación referente a contratos, CFDI, XML que sí implican una falta sustantiva; es decir, su omisión no obstaculiza la actividad que tiene la autoridad para determinar el origen, monto y destino de los recursos.

Respuesta 3. Es ineficaz, toda vez que ello no se estudió en el procedimiento de fiscalización, en virtud de que no precisó dicha manifestación, en ese orden de ideas, se trata de un aspecto que no puede ser parte de la materia de estudio en esta instancia, ya que la responsable no tuvo oportunidad de analizar la misma y de realizar la valoración correspondiente.

Lo anterior, porque dicho argumento no fue expuesto con oportunidad en las respectivas respuestas a los oficios de errores y omisiones y, en atención ello, la Unidad Técnica no estaba obligada a realizar un pronunciamiento en ese contexto específico, por lo que, no resultaría válido que, ante esta Sala Monterrey, refiera cuestiones concretas, individuales o específicas que, ciertamente, no fueron señaladas.

En efecto, el INE requirió al apelante para que, en el ejercicio de su derecho de audiencia, en caso de que los gastos hubieran sido realizados por el sujeto obligado, remitiera el o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos por la normativa, las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias, el o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados, así como los avisos de contratación respectivos, y presentara en el SIF las aclaraciones que a su derecho conviniera[37].

Sin embargo, el partido, tal como se evidenció, el INE tuvo por no satisfechos la totalidad de los hallazgos observados, esto es, aun cuando la autoridad fiscalizadora sí le informó al partido, detalladamente, qué documentación faltaba, el partido no aportó todo lo necesario para tener por solventada la observación que le fue formulada, es decir, no acreditó el registro de la totalidad de los gastos realizados.

Ante esta Sala Monterrey, el partido expresa en su demanda que se puede verificar la totalidad de los hallazgos, ya que se encuentran detallados en las capturas de pantalla allegadas a la autoridad, por lo cual, igualmente se considera que la infracción se calificó de forma incorrecta y que en todo caso, la autoridad debió determinar la falta de documentación soporte, sin embargo, como se dijo, ello no fue expresado ante la UTF en la etapa de fiscalización, pues debió hacerlo valer al momento en que la autoridad fiscalizadora le requirió que atendiera las respectivas observaciones, de ahí que el agravio se considere ineficaz, porque la apelación no es la vía para justificar la existencia de documentación que compruebe el cumplimiento de una obligación contable[38].

Agravio 4. Morena alega que la autoridad fue parcial y realizó un trato diferenciado, para lo cual señala conclusiones sancionatorias derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de presidencia de los estados unidos mexicanos, senadurías y diputaciones federales[39].

Al respecto, reitera que en diversas conclusiones, se calificaron como leves y faltas formales, debido a que no se acreditó la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro, por ende, se sancionó con 10 UMA’S por conclusión sancionatoria[40].

Aunado a lo anterior, vuelve a describir que en conclusiones relacionadas con otros instituto políticos[41], la autoridad calificó como egresos no comprobados y faltas de forma, por omitir muestras fotográficas, porque ello no incide en los valores sustanciales protegidos, como lo es la transparencia y rendición de cuentas, ya que es documentación soporte que no ve afectada la fiscalización de la autoridad, por tanto ello implica que, al determinarse el monto involucrado, se respete el precio efectivamente reportado por los sujetos obligados sin utilizar la matriz de precios (que utiliza el valor más alto),sancionando con 10 UMAS, por tanto al imponérsele una sanción grave ordinaria, consistente en el 100% del monto involucrado por falta de muestras, mismas que debían haber sido calificadas por la autoridad, con base en los criterios descritos, como gasto no comprobado, o en su caso, falta de documentación soporte (falta formal), causa un perjuicio desproporcional respecto los otros partidos.

Respuesta 4. Es ineficaz, porque tal como se mencionó anteriormente, la decisión de la autoridad responsable de adoptar un criterio distinto al de casos diversos para sancionar la falta no implica un actuar indebido pues la autoridad electoral válidamente puede imponer una de las sanciones establecidas en la norma.

Agravio 5. Morena sostiene que se vulnera su capacidad económica en razón de la sanción que el INE pretende imponer, porque considera que resulta absurdo sancionarlo por un gasto no reportado, cuando el gasto sí se reportó y que, en todo caso, es la falta de muestras fotográficas, que en muchos casos no se pudieron cargar por las mismas fallas del SIF.

Respuesta 5. Es ineficaz, porque en este apartado, tampoco confronta los razonamientos realizados por la autoridad responsable respecto al incumplimiento de las obligaciones de Morena en materia de fiscalización.

Agravio 6. Morena señala que el Consejo General de INE debió de justificar de manera explícita los criterios utilizados en cada caso específico, considerando las circunstancias particulares de cada caso, esto es, las extemporaneidades ocasionadas por el SIF en los diversos rubros de registro de operaciones, avisos de contratación y registro o modificación a la agenda de eventos.

Respuesta 6. Es ineficaz por genérico, porque en principio, el apelante pretende hacer valer dicho agravio respecto a diversas infracciones, pues argumenta que la autoridad debió considerar las circunstancias particulares de cada caso, esto es, las extemporaneidades ocasionadas por el SIF en los diversos rubros de registro de operaciones, avisos de contratación y registro o modificación a la agenda de eventos.

Respuesta 6.1. Además, no tiene razón porque la autoridad incorporó los elementos lógico-jurídicos necesarios a la determinación de la sanción, pues en ese sentido se aplicó la individualización de la sanción, atento a lo siguiente:

a) Tipo de infracción, se detectó la omisión de reportar gastos realizados durante la campaña.

b) Circunstancias de tiempo (el marco de revisión de los informes de Ingresos y Gastos de campaña de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2023-2024), modo (el sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda colocada en la vía pública por un monto de $205,054.84 [8.2_C31_TM], en internet por un monto de $705,064.10 [8.2_C38_TM], así como en eventos de campaña por un monto de $1,027,732.71 [8.2_C39_TM], realizados durante la campaña) y lugar (Tamaulipas), en que se concretó.

c) Comisión intencional o culposa de la falta: existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados: garantizar la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas: se traduce en una falta de carácter sustantivo o de fondo.

g) Condición: no es reincidente.

h) Calificación de la falta: graves ordinarias.

De ahí que no le asista la razón.

Finalmente, no pasa desapercibido para esta Sala Monterrey que el apelante señala que controvierte, de forma genérica, las conclusiones 8.2_C4_TM y 8.2_C5bis_TM, no obstante, no se advierte que formule algún agravio en concreto en relación con las referidas conclusiones, lo cual imposibilita el análisis correspondiente por parte de este órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado se:

Resolutivo

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación remitida por la responsable.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.