JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SRE-JE-119/2021

DENUNCIANTES: PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DENUNCIADOS: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN

SECRETARIO: JORGE OMAR LÓPEZ PENAGOS

COLABORÓ: FABIOLA JUDITH ESPINA REYES Y MARCELA VALDERRAMA CABRERA

SUMARIO DE LA DECISIÓN

ACUERDO por el que se remite el expediente en que se actúa a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para la integración del expediente, a efecto de contar con elementos suficientes para la correcta resolución del presente procedimiento.

GLOSARIO

A C U E R D O

Que dicta la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno[1].

A N T E C E D E N T E S

I. Procesos electorales

1.               Proceso Electoral Federal. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG218/2020, relativo al plan integral y calendario del proceso electoral federal 2020-2021, en el que destacan las siguientes fechas:

2.               Procesos electorales locales. De igual manera, en diversas fechas (entre septiembre de dos mil veinte y enero) comenzaron los procesos electorales en distintas entidades federativas, para la elección de cargos locales, cuya jornada electoral se desarrolló mismo seis de junio.

II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

3.               Primera Denuncia[2]. El dieciocho de mayo, el Partido Acción Nacional presentó queja contra el presidente de la República por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la trasgresión al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, derivado de diversas manifestaciones que efectuó durante las conferencias de prensa matutinas conocidas como “mañaneras”, que fueron celebradas durante la etapa de campaña del actual proceso electoral federal, es decir, las que se llevaron a cabo entre el cuatro de abril y el dos de junio.

4.               Aunado a lo anterior, se controvirtió el presunto incumplimiento de la pauta por parte de los canales pertenecientes al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, canales 11.1, 14.1 y 22, por no difundir la pauta que es ordenada por el INE.

5.               Registro[3]. El diecinueve siguiente, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021; la admitió a trámite, se reservó lo referente al emplazamiento a las partes involucradas al tener pendientes diligencias de investigación, las cuales consistieron en requerir al presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, al Titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, a las concesionarias Instituto Politécnico Nacional, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Televisión Metropolitana, S.A de C.V. y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la finalidad de realizar diversos requerimientos vinculados con las infracciones denunciadas.

6.               Ampliación de denuncia. El veinte de mayo, el PAN presentó ampliación de la queja por la difusión de propaganda gubernamental por la conferencia celebrada el veinte de mayo, ya que, desde su perspectiva, se realizaron expresiones o posicionamientos político-electorales, lo que constituye una clara intervención en el proceso electoral, reiterando además la consideración respecto del ordenamiento de suspender su difusión, en concordancia con lo solicitado en la queja previa.

7.               Registro de ampliación. En la misma fecha, la autoridad instructora determinó tener por presentado el escrito de ampliación de la queja y solicitar al PAN que precisara si la solicitud realizada respecto a las medidas cautelares se trataba del dictado de medidas de tutela preventiva o inhibitoria.

8.               Mediante escrito de veintiuno de mayo, el referido instituto político manifestó que su solicitud se hacía para que se ordenara la suspensión inmediata de las “mañaneras” por el riesgo que implicaba su difusión, de igual modo, que solicitaba la tutela preventiva para que se exhortara al titular del Ejecutivo Federal que se abstuviera de seguir realizando de forma continua y sistemática pronunciamientos de carácter político electoral en espacios de difusión de propaganda gubernamental.

9.               Prórroga y requerimiento. El veinticuatro de mayo, la autoridad instructora tuvo por recibidos diversos correos electrónicos mediante los cuales fueron desahogados los requerimientos formulados previamente a las partes denunciadas y se concedió la prórroga solicitada por el IPN y el presidente de la República para dar contestación.

10.            Vistas al PAN. Mediante autos de la misma fecha, la UTCE requirió al instituto político denunciante para el efecto de que señalara las expresiones, frases o manifestaciones consideraba violatorias de la normativa electoral, así como los apartados que estimaba como propaganda gubernamental o expresiones político electoral, realizados en las conferencias de prensa controvertidas[4].

11.            Desahogo de requerimientos. Mediante escritos de veinticinco y veintiséis de mayo, el partido quejoso desahogó los requerimientos formulados manifestando, entre otras cosas, que las frases o expresiones denunciadas se dieron en las conferencias de cinco, catorce y veinte de abril, así como de doce, diecinueve y veinte de mayo; no obstante, solicitó que se realizara una investigación exhaustiva para identificar las violaciones a la normativa electoral[5].

12.            Admisión. El veintisiete de mayo, la autoridad instructora admitió a trámite la queja y se reservó lo conducente al emplazamiento al tener diligencias pendientes de investigación[6].

13.            Segunda denuncia y acumulación. El veintiséis de mayo, el PAN presentó una nueva queja por medio de la cual denunció hechos atribuidos al mismo servidor público, relacionados con la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la conferencia de prensa denominada “mañanera” de veintiséis de mayo, de igual forma solicito el dictado de medidas cautelares para el efecto de que se ordenara la suspensión de las conferencias y en su vertiente de tutela preventiva.

14.            La queja fue registrada con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021, y al advertirse conexidad en la causa, toda vez que los hechos que motivaron las denuncias se encontraban vinculados, se determinó su acumulación a la queja primigenia; en consecuencia, se ordenó la instrumentación de un acta circunstanciada de inspección del contenido de la conferencia controvertida y de las ligas de diversas páginas en las que se dio cuenta de esta[7].

15.            Medidas cautelares. El veintiocho de mayo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante acuerdo ACQyD-INE-117/2021 determinó la improcedencia de la medida cautelar, al estimar en esencia que, las conferencias denunciadas por sí mismas, no contravienen normas o disposiciones jurídicas, esto es, su contenido solo puede ser objeto de análisis jurídico una vez que tuvieron verificativo[8].

16.            Por otra parte, se determinó la procedencia de la citada medida cautelar, bajo la figura de tutela preventiva, esto, con la finalidad de que el presidente se abstuviera de realizar manifestaciones o emitir comentarios, opiniones o señalamientos que constituyeran propaganda gubernamental o información dirigida a influir en las preferencias electorales.

17.            Finalmente, respecto del exhorto solicitado por el partido accionante, relativo a que las concesionarias denunciadas dejarán de transmitir las conferencias controvertidas, se determinó improcedente su solicitud, al considerar que en el expediente no obraba constancia alguna que acreditara que estas hubieran dejado de transmitir los promocionales ordenados por el INE.

18.            Las mencionadas medidas cautelares fueron impugnadas ante la Sala Superior de este tribunal electoral mediante los diversos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 229 a 232 todos de este año, en los cuales se determinó, en lo que interesa, confirmar el acuerdo de la citada comisión, al señalar que la autoridad evidenció con bases objetivas y razonables la inminencia de la repetición de conductas posiblemente infractoras de la normatividad electoral.

19.            Glosa y acumulación de nuevas quejas. El veintitrés de junio la autoridad responsable tuvo por recibidos los acuerdos dictados en los expedientes, mediante los cuales los representantes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática ante juntas distritales o locales del INE denunciaron esencialmente los mismos hechos, es decir, la difusión de las conferencias de prensa matutinas, llevadas a cabo durante la campaña del proceso electoral federal:

20.            En el mencionado acuerdo se ordenó la glosa y acumulación de los expedientes referidos al principal y se ordenó la elaboración del acta circunstanciada, a efecto de certificar el contenido de las conferencias matutinas del mencionado presidente de los días veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintiocho, treinta y uno de mayo, así como uno y dos de junio[9].

21.            Emplazamiento y escisión[10]. El veinte de julio, la autoridad instructora determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se celebró el treinta siguiente.

22.            De igual forma, determinó la escisión del procedimiento respecto de dieciocho concesionarias, derivado de la imposibilidad de acceder a la media para la verificación de los testigos de grabación, toda vez que la DEPPP informó que algunos Centros de Verificación y Monitoreo presentaron incidencias técnicas.

23.            Audiencia de Pruebas y Alegatos[11]. El treinta de julio, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 472, de la Ley Electoral y, en su oportunidad, se remitió a esta Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.

III. Trámite ante la Sala Especializada

24.            En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

25.            Una vez que se recibió el expediente y se revisó su integración, el Magistrado Presidente, le asignó la clave SRE-JE-119/2021, lo turnó a su ponencia y en su oportunidad lo radicó.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. ACTUACIÓN COLEGIADA.

26.            De conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral, corresponde a la Sala Especializada emitir la presente determinación en actuación colegiada, en tanto que implica una modificación sustancial al trámite ordinario del asunto que escapa de las facultades otorgadas al Magistrado instructor.

27.            Ello, toda vez que la finalidad del presente acuerdo es ordenar el requerimiento e integración de constancias a la autoridad instructora, relacionadas con el procedimiento especial sancionador en que se actúa, necesarias para la resolución del fondo del presente asunto.

28.            Lo anterior, con fundamento en los artículos 199 de la Ley Orgánica, así como 46, fracción II[12], y 47, segundo párrafo[13], del Reglamento Interno y con apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia 11/99 de este Tribunal Electoral de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”[14], así como en lo resuelto por esta sala especializada en el expediente SRE-AG-3/2016[15].

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión no presencial

29.            La Sala Superior mediante los Acuerdos Generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020, estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2.

30.            Posteriormente, a través del Acuerdo General 8/2020[16], el mismo órgano jurisdiccional determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación por lo que quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados, aunque precisó que las sesiones debían realizarse por medio de videoconferencia.

TERCERA. MARCO NORMATIVO

31.            En primer término, es importante señalar que el artículo 17 de la Constitución[17], así como los diversos numerales 8, párrafo 1[18], y 25, párrafo 1[19], de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consignan los principios rectores de la impartición de justicia, entre los que se encuentra la tutela judicial efectiva, lo que comprende el obtener una resolución fundada y motivada y hacerlo a través de la maximización de las garantías procesales destinadas a verificar los hechos relevantes del caso a resolver.

32.            Por su parte, el artículo 476, párrafo 2, de la Ley Electoral establece que, una vez desahogada la instrucción del procedimiento sancionador, el respectivo expediente deberá ser remitido a esta Sala Especializada en la que se radicará para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, previamente a su resolución.

33.            Además, precisa que cuando este órgano jurisdiccional advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violaciones a las reglas establecidas para el procedimiento especial sancionador, deberá ordenar al INE la realización de diligencias para mejor proveer, para lo cual habrá de determinar las que deban efectuarse y el plazo para llevarlas a cabo.

34.            A propósito de lo anterior, importa recordar que en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta facultad de la sala se entiende en la lógica de que “lejos de provocar retrasos injustificados en la solución del asunto se evitan posteriores impugnaciones por infracciones al debido proceso legal, con la consecuente necesidad de reponer las actuaciones incorrectas y la pérdida de tiempo que ello implica”[20].

35.            Vinculado con lo antes referido, la Sala Superior ha señalado que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, están obligadas a examinar todas las cuestiones debatidas, conforme a lo cual el principio de exhaustividad blinda el estado de certeza jurídica en las resoluciones que aquellas emitan.

36.            En consecuencia, en los procedimientos especiales sancionadores se debe asegurar que consten todos los elementos necesarios para estar en posibilidad de dictar una sentencia, lo que se traduce en verificar que la autoridad instructora cumplió con las garantías procesales adecuadas y la realización de una investigación exhaustiva.

CUARTA. ANÁLISIS DEL CASO

i. Motivos de denuncia

37.            Como se refirió en el apartado de antecedentes, este procedimiento especial sancionador se inició con motivo de las quejas presentadas por el PAN y el PRD, respectivamente, mediante las cuales, esencialmente, se denunció al presidente de la República por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la trasgresión al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, derivado de diversas manifestaciones que efectuó durante las conferencias de prensa matutinas conocidas como “mañaneras”, que fueron celebradas durante la etapa de campaña, es decir, las que se llevaron a cabo entre el cuatro de abril y el dos de junio.

38.            De igual forma, se controvirtió el presunto incumplimiento de la pauta por parte de los canales pertenecientes al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, canales 11.1, 14.1 y 22, por no difundir la pauta que es ordenada por el INE.

39.            Por otra parte, del monitoreo realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, correspondiente a la transmisión de las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República, a partir del cuatro de abril y hasta el dos de junio, se detectó a las concesionarias que transmitieron de manera (ya sea total o parcial) las conferencias de prensa, así como los posibles incumplimientos a la pauta por parte de las diversas concesionarias.

ii. Investigación realizada por la autoridad instructora

40.            Ahora bien, la UTCE desplegó la investigación para allegarse de información que brindara certeza respecto de la forma en que se difundieron las conferencias de prensa matutinas a cargo del presidente que fueron denunciadas y, por tanto, la pauta ordenada por el INE durante su transmisión, en ese sentido, la autoridad instructora requirió a la DEPPP para el efecto de que monitoreara la mencionada transmisión durante el periodo de campaña, esto es, entre el cuatro de abril y el dos de junio.

41.            Ahora bien, debe señalarse que respecto de dieciocho concesionarias la autoridad instructora determinó escindir el procedimiento, ello, derivado de la imposibilidad de acceder a la media para la verificación de los testigos de grabación, toda vez que la DEPPP informó que algunos Centros de Verificación y Monitoreo presentaron incidencias técnicas, este procedimiento se registró con el número UT/SCG/PE/CG/328/2021.

42.            Por otro lado, ordenó el emplazamiento de las siguientes concesionarias, por la presunta violación a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, de la Constitución; 30, párrafo 1, inciso h); 159, párrafos 1 y 2; 160, párrafos 1 y 2; 161, 183, párrafos 3 y 4; 442, párrafo 1, inciso i) y 452, párrafo 1, incisos c) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 34, párrafo 5 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, por el supuesto incumplimiento a la pauta, toda vez que durante la transmisión, del cuatro de abril al dos de junio de dos mil veintiuno, de las conferencias matutinas del Presidente de la República, no difundieron la pauta conforme a las correspondientes órdenes de transmisión del INE.

43.            Así, en el acuerdo de emplazamiento de veinte de julio se señaló que, respecto de los testigos de grabación, el reporte de monitoreo en el que se detallan las fechas en que se señalan las presuntas omisiones a la pauta, así como aconteció la difusión por impacto y emisora, la entidad federativa y el concesionario correspondiente, se encontraban disponibles en disco compacto visible a foja 3049 del expediente en que se actúa, mismo que fue proporcionado por la DEPPP.

44.            Ahora bien, de un análisis de las constancias que obran en el expediente, se advierte que en la foja señalada se encuentran las órdenes de transmisión que acreditan los spots que no fueron difundidos por las concesionarias en diversas entidades, en el periodo que va del cuatro de abril al veinte de mayo; esto es, si bien es cierto que en el expediente se cuenta con los reportes de los monitoreos realizados por la DEPPP, estos no permiten el estudio de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del incumplimiento a la pauta ordenada por el INE, respecto de los promocionales que no fueron transmitidos, en consecuencia, se estima necesario contar con los testigos de grabación que permitan conocer esas particularidades por las que fueron emplazadas las partes y que corresponden a las transmisiones del cuatro de abril hasta el dos de junio.

45.            Sin que obste a lo anterior el hecho de que en el citado acuerdo de emplazamiento se refirió que los testigos de grabación generados por la DEPPP se encontraban a disposición y consulta en las instalaciones del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM) de esa unidad administrativa, y en los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) que se encuentran en las diferentes Juntas Locales y Distritales del INE en la entidad correspondiente.

iii. Determinación

46.            Tomando en cuenta las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada estima procedente solicitar a la autoridad instructora que realice las acciones necesarias para que se remitan a esta Sala los testigos de grabación que correspondan a cada una de las detecciones que arrojaron los monitoreos efectuados por la DEPPP durante el periodo del cuatro de abril al dos de junio, respecto de las concesionarias de las cuales se detectó el probable incumplimiento de transmitir las pautas ordenadas por el INE.

47.            Además, toda vez que en diversos escritos de comparecencia de las concesionarias denunciadas se advirtieron señalamientos relativos, entre otros, a la vulneración al principio de legalidad y la falta de señalamiento de las causas o motivos por los cuales se incumplió la pauta ordenada por el INE, se requiere a la autoridad instructora que, al momento de emplazar a las concesionarias, les señale el número de spots que se estima no fueron transmitidos, así como la forma de realización, es decir, se trató de supuestos fuera de horario, si son de orden o versión.

48.            Por otro lado, tal como se refirió previamente, en el diverso procedimiento UT/SCG/PE/CG/328/2021, la autoridad instructora determinó escindir la parte relativa a dieciocho concesionarias por la imposibilidad de acceder a la media para la verificación de los testigos de grabación, esto, toda vez que la DEPPP informó que algunos Centros de Verificación y Monitoreo presentaron incidencias técnicas, ello, por la presunta infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, se advierte que la temática de análisis y estudio se encuentra estrechamente vinculada en el citado procedimiento, en ese entendido, este órgano jurisdiccional estima necesaria su acumulación para el efecto de que las infracciones denunciadas (difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido e incumplimiento a la pauta ordenada por el INE) deben analizarse de manera íntegra.

49.            Por tanto, lo procedente es remitir a la autoridad instructora las constancias digitalizadas del expediente en que se actúa, debidamente certificadas, a efecto de que se realicen las diligencias ordenadas y se emplace de nueva cuenta a las partes corriéndole traslado con todas y cada una de las constancias que integran el expediente[21] (incluyendo las dieciocho concesionarias que serán acumuladas al expediente) y, posteriormente, proceda a remitirlo a este órgano jurisdiccional para su resolución, de conformidad con lo previsto en los artículos 471, párrafo 7, 472 y 473 de la Ley Electoral.

50.            Ello, a fin de brindar seguridad jurídica a todas las partes involucradas, en virtud de que sólo de esa forma éstas tienen certeza sobre su situación ante la ley, al tener conocimiento de la cuestión controvertida[22], lo que finalmente se traduce en que las personas sujetas a un procedimiento administrativo puedan tener una defensa adecuada y conocer la causa del mismo[23].

51.            Estas diligencias no son limitativas; pues la autoridad instructora está en libertad de realizar cualquiera otra actuación que abone a conocer los hechos materia del presente procedimiento.

52.            Las constancias que integran el expediente se resguardarán en el archivo jurisdiccional de este órgano colegiado y, una vez recibidas las diversas que envíe la autoridad instructora serán integradas a éste y remitidas junto con copia certificada de lo actuado en este juicio electoral a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta Sala Especializada, para que se verifique la debida integración del expediente con el apoyo de la Subdirección “B”, y posteriormente devuelva el expediente a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 4/2014 emitido por la Sala Superior.

53.            Por otra parte, en abono a las políticas de austeridad, en el presente juicio electoral únicamente se conservará de forma física, copia certificada del escrito de queja que motivó el expediente antes citado, así como todo lo actuado a partir del acuerdo por el que se remite la queja a la referida Unidad Especializada y, en medio magnético, las constancias del expediente respectivo.

54.            Por último, toda vez que el presente juicio electoral se formó a partir de la revisión del expediente que remitió el INE, no resulta aplicable el plazo de cuarenta y ocho horas para elaborar el proyecto de resolución, que el artículo 476 párrafo 2 inciso d), de la Ley General señala.

En razón de lo anterior SE ACUERDA:

ÚNICO. Remítanse las constancias digitalizadas del expediente en que se actúa, debidamente certificadas a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en el presente acuerdo.

NOTIFIQUESE, en términos de ley.

Así lo acordaron, por UNANIMIDAD de votos de la Magistrada y los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación.