ACUERDO que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el veinte de junio de dos mil veinticuatro.

SUMARIO

Acuerdo plenario por el que se ordena remitir el expediente JD/PE/MORENA/JD04/TAB/PEF/1/2024 a la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, a efecto de regularizar el procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el acuerdo.

V I S T O S los autos correspondientes al expediente registrado con la clave SRE-JE-138/2024, integrado con motivo de la queja presentada por Morena contra Ileana Carrera por la supuesta vulneración al principio de laicidad en la contienda, así como a Movimiento Ciudadano por el actuar de su entonces candidata.

R E S U L T A N D O

I. Proceso electoral federal 2023-2024.

1.              El dos de junio de dos mil veinticuatro[1], se realizaron elecciones por las que se renovó, entre otros cargos, a la persona titular de la presidencia de la República, así como diversas diputaciones a nivel federal[2].

II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

2.              Queja[3]. El catorce de mayo, Morena por medio de su Consejero Representante Propietario ante 04 Consejo Distrital del INE en Tabasco presentó escrito de queja contra Ileana Carrera por la posible vulneración al principio de laicidad, al principio de separación iglesia - estado, así como a Movimiento Ciudadano por su presunta falta al deber de cuidado, derivado de una publicación de once de abril en el perfil de la red social Facebook de la denunciada que a su decir coacciona a la ciudadanía mediante propaganda religiosa.

3.              Por lo anterior solicitó el dictado de medidas cautelares con la finalidad de retirar la publicación realizada en la red social, así como en su vertiente de tutela preventiva.

4.              Registro, reserva de admisión, del emplazamiento y del pronunciamiento de medidas cautelares[4]. Mediante acuerdo de dieciséis de mayo, la autoridad instructora registró la queja con la clave JD/PE/MORENA/JD04/TAB/PEF/1/2024, asimismo reservó la admisión, el emplazamiento a las partes involucradas y el pronunciamiento sobre las medidas cautelares al tener pendientes diligencias de investigación.

5.              Admisión de la queja, desechamiento de la medida cautelar y emplazamiento[5]. El veintiuno de mayo, la Junta Distrital admitió a trámite la queja antes referida y desechó la medida cautelar al no encontrar materia para decretarla[6].

6.              Asimismo, determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el veintiocho siguiente, una vez concluida, se remitió el expediente a esta Sala Especializada.

III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada

7.              Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su oportunidad, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento y de inmediato se remitió a la Unidad Especializada para la Integración del Expediente del Procedimiento Especial Sancionador, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración.

8.              Turno a ponencia. El diecinueve de junio, el magistrado presidente remitió el expediente SRE-JE-138/2024 a la ponencia del magistrado Rubén Jesús Lara Patrón.

9.              Radicación. Con posterioridad, se radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el acuerdo correspondiente, conforme a las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Actuación colegiada

10.          La materia sobre la que versa el presente acuerdo debe emitirse en actuación colegiada de los integrantes del Pleno de la Sala Especializada porque no constituye una cuestión de mero trámite, ya que tiene por objeto ordenar la remisión del expediente a la autoridad instructora a fin de que se regularice el procedimiento especial sancionador.

11.          Lo anterior, con fundamento en los artículos 176, último párrafo[7], de la Ley Orgánica; 46, fracción II[8], y 47, párrafos primero y segundo[9], del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como en lo resuelto por esta Sala Especializada en el expediente SRE-AG-3/2016[10] y con apoyo en la razón esencial de la jurisprudencia 11/99 emitida por la Sala Superior de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR[11].

SEGUNDA. Debida integración del expediente
 

12.          El artículo 476, párrafo 2[12], de la Ley Electoral, establece que, una vez desahogada la instrucción del procedimiento sancionador, el respectivo expediente deberá ser remitido a esta Sala Especializada para su resolución, el cual deberá radicarse para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.

13.          Del mismo modo, precisa que cuando este órgano jurisdiccional advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violaciones a las reglas establecidas para el procedimiento especial sancionador, deberá ordenar al INE la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban efectuarse y el plazo para llevarlas a cabo, mismas que deberá desahogar en la forma más expedita.

14.          Por su parte, el artículo 467 de la Ley Electoral menciona que, admitida la queja o denuncia, la autoridad instructora emplazará a la parte denunciada, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias.

15.          Aunado a lo anterior, el artículo 471, párrafo 7 de la referida ley establece que cuando la autoridad instructora admita la denuncia, emplazará a las y los denunciantes y denunciados para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará a las y los denunciados de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

16.          En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las garantías del debido proceso aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son identificadas como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al tema, ha precisado que el derecho a la tutela judicial efectiva[13] prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[14] aplica no sólo a los jueces y juezas y tribunales judiciales, sino también a quienes, sin serlo formalmente, actúen como tal[15].

17.          Tales formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

         La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.

         Conocer las causas del procedimiento.

         La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.

         La oportunidad de alegar y objetar las pruebas que estime necesarias o interponer las excepciones y defensas que sean oportunas, en los plazos establecidos en la ley, y

         El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

18.          Asimismo, todas las garantías mínimas que debe tener cualquier persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del estado, como ocurre, en la materia administrativa sancionadora, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican, entre otras, el derecho a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio.

19.          En ese tenor, es claro que esta Sala Especializada, de advertir omisiones o deficiencias en la tramitación del expediente, así como cualquier acto que pudiera ser violatorio a las formalidades esenciales del procedimiento y, en general, a la garantía de audiencia, puede ordenar a la autoridad electoral administrativa que realice los actos tendentes a corregir dicha situación, con la finalidad de preservar las garantías de audiencia y debida defensa.

20.          Lo anterior encuentra asidero en la garantía al debido proceso establecida en el artículo 14 constitucional[16], que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa frente a un acto de autoridad y, en ese sentido, su íntegro respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga para tales efectos se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

TERCERA. Regularización del procedimiento

A.    Contexto general

21.          Como ya se ha señalado Morena denunció la presunta vulneración al principio de laicidad, al principio de separación iglesia - estado, así como a Movimiento Ciudadano por su presunta falta al deber de cuidado, derivado de una publicación de once de abril en el perfil de la red social Facebook de la denunciada que a su decir coacciona a la ciudadanía mediante propaganda religiosa.

B.    Diligencias practicadas por la autoridad instructora

22.          La parte denunciante, ofreció como prueba, copia simple del acta circunstanciada INE/OE/04JD/TAB/CIRC/006/2024, para probar la existencia y contenido de la publicación objeto de denuncia.

23.          De las constancias que obran en autos se observa que se ordenó la certificación de la existencia y contenido de la publicación denunciada, sin embargo, dicha publicación no se encontró en los enlaces motivo de la certificación.

24.          Ileana Carrera en atención al requerimiento formulado por la autoridad instructora informó que ella es la encargada de administrar la cuenta de Facebook en la que se realizó la publicación denunciada y que dicha publicación ya no existía, además que la publicación fue con motivo de la invitación a un desayuno con mujeres lideres religiosas, pastoras evangélicas que estaban celebrando los cumpleaños del mes.

C. Emplazamiento

25.          Como ya se mencionó, mediante acuerdo de veintiuno de mayo la junta distrital determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, en los siguientes términos:

SÉPTIMO. EMPLAZAMIENTO A AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En virtud de no existir ningún otro tipo de investigación por desahogar, de conformidad con los artículos 61 y 62 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se hace de su conocimiento el contenido del proveído de mérito, a efecto de que comparezcan las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar el día veintiocho de mayo del presente año, a las 16:00 horas, en la sala de sesiones que ocupa la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Tabasco, sita en calle Rosales Núm. 204 Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.

Lo anterior, a fin de respetar el derecho fundamental del debido proceso, que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se resume esencialmente en que las partes involucradas en un procedimiento deban contar con las garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos, para lo cual, en el presente caso se requiere, entre otras cosas, que al momento de emplazar a las partes, se les corra traslado con todas y cada una de las constancias de la investigación íntegra.

D. Determinación y efectos

26.          Del análisis de las constancias que integran el expediente de mérito y de los elementos mencionados, se advierte la necesidad de devolver el expediente a la junta distrital con el fin de regularizar el procedimiento, en atención a las siguientes consideraciones:

1.     Toda vez que el denunciante, aportó como medio de prueba copia simple del acta circunstanciada INE/OE/04JD/TAB/CIRC/006/2024, se considera necesario que la autoridad instructora, solicite a la Oficialía Electoral, el original o bien, se certifique dicha acta circunstanciada.

2.     De igual forma se considera necesario que en el expediente obre la capacidad económica tanto de la denunciada, así como la ministración correspondiente del partido político que la postuló.

Ello dado que ésta será necesaria para la posible imposición de una sanción en el caso de que las conductas resulten existentes.

En el caso de la ministración del financiamiento público del partido político, se podrá requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Por otro lado, la autoridad instructora podrá solicitar la capacidad económica de la denunciada y en caso de que esta no la remita, solicitársela a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.     Finalmente, del acuerdo de emplazamiento formulado por la autoridad instructora y notificado en su momento a las partes dentro del presente procedimiento, se advierte la falta de fundamentación y motivación.

Circunstancia que es relevante, al considerar que la Sala Superior en el SUP-REP-60/2021, señaló que es obligación de las autoridades instructoras precisar con claridad cuáles son los hechos imputados a las partes denunciadas, así como los fundamentos jurídicos que sustentan las posibles infracciones a la normatividad electoral, es una formalidad indispensable para que éstas puedan ejercer de forma adecuada su derecho a la defensa.

Lo anterior, para garantizar la impartición completa de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución y con fundamento en el diverso 476, segundo párrafo, inciso b), de la Ley Electoral.

Por lo que se debe emplazar a las partes señalándoles específicamente las conductas y hechos que se les atribuyen, así como el fundamento legal de tales conductas, con el fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y de esta manera proteger la garantía de audiencia de las partes.

Para lo anterior, sirva de apoyo el siguiente el ejemplo:

En consecuencia, EMPLÁCESE A LAS PARTES para que comparezcan a la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, con copia -en formato físico y/o electrónico- de todas y cada una de las constancias que integran el presente asunto, conforme a lo siguiente:

A. Como parte denunciante a Morena mediante su consejero Representante Propietario ante 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Tabasco.

B. Como partes denunciadas a:

1)     Ileana Kristell Carrera López, otrora candidata a diputada federal, por la posible vulneración a los artículos, 24, 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Ley General de Partidos Políticos; 442, párrafo 1, inciso c), 445, párrafo 1, inciso f) y 470, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de la jurisprudencia 39/2010 de rubro: PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN, derivado de la publicación realizada en su perfil de la red social Facebook el once de abril de dos mil veinticuatro.

2) Al partido político Movimiento Ciudadano por conducto de su Representante Propietario ante el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Tabasco por probable transgresión a lo establecido en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la Ley General de Partidos Políticos, por la posible falta al deber de cuidado, derivado de la conducta atribuida a su entonces candidata a diputada federal.

27.          En consecuencia, esta autoridad considera pertinente remitir el presente procedimiento a la autoridad instructora para integrar debidamente el expediente, se realice de nueva cuenta el emplazamiento, tomando en cuenta las consideraciones arriba enlistadas, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes.

CUARTA. Conclusiones

28.          Como consecuencia de lo anterior, para poder emitir una resolución, este órgano jurisdiccional estima necesario remitir a la autoridad instructora la totalidad de constancias digitalizadas del expediente en que se actúa, debidamente certificadas, a efecto de que se realicen las acciones necesarias a fin de cumplir a cabalidad la garantía de audiencia y debida defensa.

29.          Hecho lo anterior, la autoridad instructora deberá remitir la totalidad de constancias recabadas a este órgano jurisdiccional, las cuales, una vez recibidas, serán integradas al expediente, que se resguardará en el archivo de este órgano jurisdiccional[17].

30.          Ahora, en abono a las políticas de austeridad y para potenciar la justicia pronta y expedita, una vez formado el expediente por el que se resolverá el fondo de este asunto, en el presente juicio electoral únicamente se conservará de forma física la copia certificada de las quejas que lo motivaron, así como lo actuado a partir del acuerdo por el que se remitió a la referida Unidad Especializada y las restantes constancias se integrarán en medio magnético.

31.          Finalmente, se solicita a la autoridad instructora que las referidas diligencias se hagan en el plazo máximo de un mes y en el caso que requiera de mayor tiempo, informe a esta Sala Especializada sobre las diligencias que vaya realizando.

32.          Lo anterior, en atención a que ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que la caducidad es una institución procesal que implica una medida restrictiva tendente a impedir que los procedimientos o juicios se alarguen indefinida e injustificadamente, por lo que dicha restricción debe interpretarse de manera que favorezca a las personas la protección más amplia de sus derechos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1º constitucional[18].

33.          Además, la Sala Superior ha determinado en los procedimientos especiales sancionadores que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. [19]

34.          Recordemos que la denuncia que dio origen a este procedimiento sancionador se presentaron el catorce de mayo, por lo que ha transcurrido un aproximado de un mes desde esa fecha, cuestión que deberá tomar en cuenta la autoridad sustanciadora para evitar la actualización de la figura procesal indicada.

35.          Toda vez que el presente juicio electoral se formó con motivo de la revisión del expediente remitido por el INE, no tiene lugar la aplicación del plazo de cuarenta y ocho horas para elaborar el proyecto de resolución a que hace referencia el artículo 476, párrafo 2, inciso d), de la Ley Electoral.

En atención a las consideraciones expuestas, se

A C U E R D A

ÚNICO. Remítanse las constancias del presente expediente a la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, en los términos y para los efectos precisados en la presente determinación.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo acordó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos de las magistraturas y la magistratura en funciones que la integran, ante la secretaria general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.