Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro[1].

ACUERDO por el que se ordena remitir las constancias del expediente UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/1099/PEF/1490/2024 a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de garantizar su debida integración y emplazamiento.

ANTECEDENTES

1.             a. Proceso electoral federal 2023-2024. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, inició el proceso electoral federal, en el que se renovaron, entre otras, la presidencia de la República, cuya jornada electoral fue el dos de junio[2].

2.             b. Denuncias, registro, reserva de admisión y acumulación. El PAN en diversas fechas presentó denuncias ante el Consejo Local, en contra de Samuel García, Jorge Máynez y Movimiento Ciudadano, mismas que fueron registradas, conforme a lo siguiente:

3.             c. Determinación de competencia. El veinticuatro de junio[17] el Consejo Local, determinó que no era competente para conocer los procedimientos por tratarse de diversos hechos relacionados con candidaturas a la presidencia de la República. Por lo que, mediante oficio INE/JLE/NL/10833/2024 la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León remitió copias certificadas del expediente al encargado de despacho de la UTCE, para que determinara lo que en derecho correspondiera[18].

4.             En respuesta, mediante oficio INE-UT/13789/2024 la UTCE, remitió a la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León para que determinara lo que en derecho correspondiera[19].

5.             d. Consulta competencial. El uno de agosto, la Sala Superior emitió el acuerdo SUP-AG-147/2024, en el que determinó que la UTCE era la competente para conocer los hechos denunciados en contra de Samuel García, Jorge Máynez y Movimiento Ciudadano y la Junta Local respecto de los demás hechos[20].

6.             e. Registro en la UTCE[21]. El seis de agosto, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/1099/PEF/1490/2024. Asimismo, reservó su admisión y ordenó diligencias.

7.             f. Admisión. El veintiuno de agosto[22], la autoridad instructora admitió a trámite las denuncias.

8.             g. Medidas cautelares[23]. El veintidós de agosto[24], la Comisión de Quejas, mediante acuerdo ACQyD-INE-299/2024[25], determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por tratarse de actos irreparables. Asimismo, respecto a la tutela preventiva, determinó que resultaba innecesario realizar pronunciamiento alguno, por tratarse de actos consumados e irreparables.

9.             h. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El veintinueve de agosto[26], la autoridad instructora ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, que fue celebrada el dos de septiembre.

10.             i. Turno a ponencia y radicación. En su oportunidad, el magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-JE-233/2024 y turnarlo a la ponencia a su cargo, ordenando su radicación y la elaboración del proyecto de acuerdo, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación colegiada

11.             El presente acuerdo debe adoptarse mediante la actuación colegiada de quienes integran el Pleno de la Sala Especializada, al tratarse de un juicio electoral en el que se analiza si la autoridad instructora garantizó la debida integración del expediente, lo cual supone una modificación al trámite ordinario que se sigue para resolver procedimientos especiales sancionadores[27].

SEGUNDA. Facultad de esta Sala Especializada para solicitar mayores elementos para resolver

12.             El artículo 476, párrafo 2, de la Ley Electoral, establece que, una vez desahogada la instrucción del procedimiento sancionador, el expediente deberá ser remitido a esta Sala Especializada para su resolución, previa radicación y verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.

13.             Asimismo, prevé que cuando este órgano jurisdiccional advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas para el procedimiento especial sancionador, deberá ordenar a la autoridad instructora la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban efectuarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita.

14.             En ese sentido, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas[28], esta facultad de la Sala se sustenta en que “lejos de provocar retrasos injustificados en la solución del asunto, evitan posteriores impugnaciones por infracciones al debido proceso legal, con la consecuente necesidad de reponer las actuaciones incorrectas y la pérdida de tiempo que ello implica”.

15.             De esta manera, se garantiza el referido principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución, porque se asegura que en los procedimientos especiales sancionadores consten todos los elementos necesarios para emitir la determinación que corresponda.

16.             En igual sentido, la Sala Superior ha señalado[29] que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, están obligadas a examinar todas las cuestiones debatidas, conforme al principio de exhaustividad que blinda la certeza jurídica en las resoluciones.

17.             Ahora bien, acorde con lo previsto en el artículo 471, numeral 7 de la Ley Electoral, la autoridad instructora ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas conforme al procedimiento y dentro de los plazos precisados no sólo para la audiencia de pruebas y alegatos, sino también para el emplazamiento de las partes. Es decir, una vez admitida la denuncia, emplazará a la persona denunciante y a la parte involucrada para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión, informándole a las partes denunciadas de la infracción que se les imputa y corriéndoles traslado de la denuncia con sus anexos.

18.             En ese sentido, la Suprema Corte ha establecido que las garantías del debido proceso aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son identificadas como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[30], aplica no sólo a las y los jueces y tribunales judiciales, así también a quienes, sin serlo formalmente, actúen como tales[31].

19.             Dicha garantía de debido proceso, establecida en el artículo 14 de la Constitución, consiste en otorgar a las personas gobernadas la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su íntegro respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

20.             Tales formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

     La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

     Conocer las causas del procedimiento;

     La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

     La oportunidad de alegar y objetar las pruebas que se estimen necesarias o interponer las excepciones y defensas que sean oportunas, en los plazos establecidos en la ley; y

     El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

21.             Asimismo, el Alto Tribunal ha sostenido que también forman parte del debido proceso, todas las garantías mínimas que debe tener cualquier persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, en la materia administrativa sancionadora, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de la categoría de garantías del debido proceso, se identifican, entre otras, el derecho a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio[32].

22.             Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, a fin de garantizar a las partes involucradas una debida defensa, estas deben tener conocimiento cierto, pleno y oportuno, tanto del inicio del procedimiento instaurado en su contra, como de las razones en que se sustenta, para que puedan preparar los argumentos de defensa y recabar los elementos de prueba que consideren pertinentes, así como que la orden de emplazamiento debe contener la determinación sobre la existencia de la posible infracción.

23.             En este sentido, al resolver el expediente SUP-REP-60/2021, la Sala Superior señaló, esencialmente, que el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia y permite conocer el inicio de un procedimiento en contra, por lo que su falta de verificación afecta el derecho a una defensa adecuada, puesto que impide oponer excepciones, presentar alegatos y ofrecer las pruebas conducentes.

24.             Por ello, es claro que esta Sala Especializada, de advertir omisiones o deficiencias en la tramitación del expediente, así como violación al debido proceso y a las reglas básicas que rigen el procedimiento especial sancionador, con fundamento en el artículo 476, numeral 2, inciso b) de la Ley Electoral, puede ordenar a la autoridad electoral administrativa, el emplazamiento correcto de todas las partes vinculadas al procedimiento, en los plazos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia, con la finalidad de preservar la garantía de audiencia y, por tanto, el derecho a la debida defensa.

TERCERA. Caso concreto

25.             En el presente asunto el PAN denunció a Samuel García por la realización de diversas publicaciones en sus redes sociales Instagram y Facebook con propaganda política y electoral en favor de Jorge Máynez[33] y del partido político Movimiento Ciudadano, lo que, a su juicio, constituye una violación al artículo 134 de la Constitución y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como promoción personalizada de este, y un posible beneficio indebido del entonces candidato presidencial y de dicho instituto político, además de la falta al deber de cuidado de este último. 

26.             De los escritos de queja se advierte que el PAN denunció los siguientes hechos:

a.     19 de febrero[34]. La publicación de un video en Instagram, en el que aparentemente habla de manera denigrante en contra del PRI y PAN, hecho que, de conformidad con el denunciante, consta en acta circunstanciada FEP-121/2024, instaurada por el Instituto Estatal.

b.    1 de mayo[35]. La publicación en sus perfiles de Instagram y Facebook, de una encuesta a favor de dos candidaturas al senado de la República y de Movimiento Ciudadano, y otra en la que aparece la leyenda “EL PRIAN ya se va, por eso andan muy nerviosos. ¡Con todo por Nuevo León!”, lo cual constituye un beneficio del instituto político del cual milita, hecho que, de conformidad con el denunciante, consta en acta circunstanciada FEP-369/2024, emitida por el Instituto Estatal.

c.     8 de mayo[36]. La publicación en Instagram y Facebook, de una encuesta del periódico EL FINANCIERO, de la que se desprenden diversas frases en contra de Xóchitl Gálvez y en beneficio de Jorge Máynez, así como una imagen en su perfil de Facebook donde aparece al lado de Jorge Máynez, lo cual constituye un apoyo y promoción indebida en favor de Movimiento Ciudadano y el citado candidato, hecho que, de conformidad con el denunciante, consta en acta circunstanciada FEP-414/2024, instaurada por el Instituto Estatal.

d.    10 de mayo[37]. La publicación de propaganda política y electoral en Instagram y Facebook, en la que se advierte un apoyo a Jorge Máynez y Movimiento Ciudadano, con frases: “MAYNEZ PRESIDENTE”, “VOTA MAYNEZ”, “LA OLA NARANJA VA CON TODO”, hecho que, de conformidad con el denunciante, consta en acta circunstanciada FEP-437/2024, realizada por el Instituto Estatal.

e.     19 de mayo[38]. La publicación en Instagram, de una imagen de Xóchitl Gálvez, en la que presuntamente se lee la frase: “DAS VERGÜENZA eres una CORRIENTE, la cual es denigrante y ofensiva en contra de la entonces candidata a la presidencia de la República, situación que provoca promoción electoral en su contra y viola los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda, hecho que, de conformidad con el denunciante, consta en acta de hechos FEP-476/2024, realizada por el Instituto Estatal.

f.       28 y 29 de mayo[39]. La publicación de propaganda política y electoral en Instagram y Facebook, consistente en un video en el que se desprende la frase: “ESTE 2 DE JUNIO VOTA TODO NARANJA, VOTA MOVIMIENTO CIUDADANO”, lo cual constituye un apoyo a dicho instituto político y a dos candidaturas al senado de la república, así como una encuesta en su red social Instagram en la que se promueve la candidatura de Jorge Máynez.

27.             Bajo esta tesitura, el Consejo Local realizó diversos requerimientos al Instituto Estatal para allegarse de las actas de hechos citadas por el denunciante en sus escritos de queja, conforme a lo siguiente:

a.     Mediante acuerdo de veintiséis de mayo[40], emitido dentro del expediente JL/PE/PAN/CL/NL/PEF/52/2024, se solicitó copia certificada del acta FEP-437/2014, misma que fue proporcionada a través del oficio IEEPCNL/US/261/2024[41].

b.    Por acuerdo de veintiocho de mayo[42], emitido en el expediente JL/PE/PAN/JL/NL/PEF/53/2024, se requirió copia certificada del acta FEP-414-2024, la cual fue proporcionada mediante el diverso IEEPCNL/US/248/2024[43].

c.     A través del acuerdo de treinta de mayo[44], dictado dentro del expediente JL/PE/PAN/CL/NL/PEF/58/2024, se requirió copia certificada de los expedientes que se le asignaron a las solicitudes de oficialía electoral mediante los diversos CDENL/DJ/153/2024 y CDENL/DJ/147/2024, por lo que, por oficio IEEPCNL/US/262/2024, se remitieron las actas de hechos FEP-514/2024[45] y FEP-522/2024[46].

d.    Mediante acuerdo de uno de junio[47], emitido en el expediente JL/PE/PAN/CL/NL/PEF/59/2024, se requirió copia certificada del acta FEP-369-2024, misma que fue remitida mediante el diverso IEEPCNL/US/264/2024[48].

e.     A través del acuerdo de uno de junio[49], dictado dentro del expediente JL/PE/PAN/CL/NL/PEF/60/2024, se solicitó la remisión de copias certificadas de las actas de hechos FEP-121-2024, FEP-385-2024 y FEP-497-2024, la cuales fueron proporcionadas por el diverso IEEPCNL/US/263/2024[50].

28.             De lo anterior, se obtiene que el Consejo Local solicitó diversas actas con la finalidad de acreditar la existencia de los hechos denunciados por el PAN en sus diversas quejas.

29.             Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte la necesidad de contar con todos los elementos suficientes que permitan allegarse de todos los medios de convicción para resolver el fondo de la controversia.

30.             En específico, no se cuenta con el acta de hechos FEP-476/2024, efectuada por el Instituto Estatal, con la cual el PAN, en su escrito de queja que dio origen al expediente con la clave JL/PE/PAN/CL/NL/PEF/60/2024, relacionado con la publicación de Samuel García en su perfil de Instagram, que contiene una imagen de Xóchitl Gálvez, en la que, presuntamente, se lee la frase: “DAS VERGÜENZA eres una CORRIENTE”, situación que, desde la óptica del partido denunciante, provoca promoción electoral en su contra y viola los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda.

CUARTA. Determinación

A. Requerimiento de información

31.             A fin de garantizar la debida integración del expediente como imperativo para la impartición completa de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución y con fundamento en el diverso 476, segundo párrafo, inciso b), de la Ley Electoral, se debe remitir el expediente a la autoridad instructora para que realice lo siguiente:

    Requerir al Instituto Estatal, para que proporcione el original o copia certificada de la fe de hechos con clave FEP-476/2024 o FEP-476-2024, en la cual se advierte la certificación del siguiente hecho denunciado:

Lo anterior, en virtud de que en su momento no fue solicitada por el Consejo Local. Esto es importante porque, mediante acta circunstanciada de veinte de agosto[51], la UTCE certificó el contenido de la publicación denunciada, alojada en la dirección electrónica https://www.instagram.com/stories/samuelgarcias/3371835998478307606/, de la que advirtió que en dicha liga no se observaba el material denunciado.

32.             Ahora bien, se hace del conocimiento a la autoridad instructora que las diligencias ordenadas por esta Sala Especializada tienen carácter enunciativo, pero no limitativo, por lo que dicha autoridad cuenta con la posibilidad de realizar cualquier otra acción adicional que se justifique en el deber de garantizar la debida integración del expediente y que, por tanto, asegure un análisis completo de la causa.

B. Emplazamiento

33.             Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que, por acuerdo de veintinueve de agosto, se emplazó al PAN, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Jorge Álvarez Máynez y a Movimiento Ciudadano, a la audiencia de pruebas y alegatos la cual se celebró el dos de septiembre.

34.             Por lo anterior, a fin de que las partes denunciadas conozcan de manera precisa los hechos que les son imputados, y así garantizar una debida defensa de conformidad con el artículo 17 constitucional, se les deberá emplazar a las partes en los mismos términos en que fueron emplazados mediante acuerdo de veintinueve de agosto, haciendo una relación de hechos y publicaciones vinculadas con la elección presidencial, y que fueron certificadas por el Instituto Estatal.

35.             Por lo anterior, a fin de poder emitir una resolución conforme a Derecho, este órgano jurisdiccional considera necesario remitir a la autoridad instructora las constancias digitalizadas del expediente en que se actúa, debidamente certificadas, a efecto de que realice las diligencias y el emplazamiento aquí ordenado.

36.             Por otra parte, en atención a que ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que la caducidad es una institución procesal que implica una medida restrictiva tendente a impedir que los procedimientos o juicios se alarguen indefinida e injustificadamente, por lo que dicha restricción debe interpretarse de manera que favorezca a las personas la protección más amplia de sus derechos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1º constitucional[52].

37.             Además, la Sala Superior ha determinado en los procedimientos especiales sancionadores son de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente[53].

38.             Recordemos que el presente procedimiento sancionador tuvo su origen con la queja presentada por el PAN ante el Consejo Local del INE en Nuevo León, el veinticinco de mayo y, la última queja acumulada, el treinta y uno de mayo, del presente año, por lo que se encuentra dentro del periodo de un año para que caduque la facultad sancionadora, cuestión que deberá tomar en cuenta la autoridad sustanciadora para evitar la actualización de la figura procesal indicada.

39.             Tomando en cuenta lo anterior, la autoridad instructora deberá realizar las diligencias y el emplazamiento respectivo en un plazo de un mes, debiendo remitir, posterior las constancias recabadas a este órgano jurisdiccional, integrando los documentos y actuaciones adicionales que correspondan.

40.             Las constancias físicas del expediente se resguardarán en el archivo jurisdiccional de este órgano colegiado y, una vez recibidas las que remita la autoridad instructora, serán glosadas y remitidas a la Unidad Especializada junto con copia certificada de lo actuado en este juicio electoral, para que verifique su debida integración con el apoyo de la Subdirección “A” y, posteriormente, lo devuelva a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 4/2014 emitido por la Sala Superior.

41.             Por otra parte, en abono a las políticas de austeridad únicamente se conservará de forma física copia certificada del escrito de queja que motivó el presente asunto, así como de todo lo actuado a partir del acuerdo por el que se remita la queja a la citada Unidad Especializada y, en medio magnético, las constancias del expediente respectivo. Cabe precisar que, con esta determinación, lo que se busca es maximizar la justicia pronta y expedita.

42.             Así, toda vez que el presente juicio electoral se formó con motivo de la revisión del expediente remitido por el INE, no resulta aplicable el plazo de cuarenta y ocho horas contemplado para elaborar el proyecto de resolución a que hace referencia el artículo 476, párrafo 2, inciso d), de la Ley Electoral.

43.             Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA:

ÚNICO. Remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el expediente UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/1099/PEF/1490/2024 y acumulados, para los efectos precisados en este acuerdo.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de las magistraturas que la integran, ante la secretaria general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del tribunal.