Ciudad de México, a seis de agosto de dos mil veinticinco[1].

ACUERDO por el que se devuelve el expediente identificado con la clave JL/PE/PEF/SDMB/JL/HGO/12/2025 a la autoridad instructora a fin de regularizar el procedimiento especial sancionador.

ANTECEDENTES

1.              a. Reforma al Poder Judicial. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, mediante el cual, entre otras cuestiones se estableció la elección por voto popular de todos los cargos del Poder Judicial de la Federación[2].

2.              b. Proceso extraordinario[3]. Conforme el calendario autorizado por el INE, la etapa de campañas de este proceso dio inicio el treinta de marzo y culminó el veintiocho de mayo, mientras que la jornada electoral fue el uno de junio.

3.              c. Queja. El veintinueve de mayo, Sergio Martínez, presentó una queja en contra de Jorge Crespo, entonces candidato a Juez de Distrito de competencia mixta por el Vigésimo Noveno Circuito Judicial, dentro del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

4.              Lo anterior por los siguientes hechos e infracciones:

5.              d. Registro y reserva de admisión y emplazamiento. El diecisiete de junio, la autoridad instructora registró la queja con la clave JL/PE/PEF/SDMB/JL/HGO/12/2025, y reservó la admisión y emplazamiento a las partes.

6.              e. Escisión. El dieciocho de junio, se determinó escindir el hecho décimo cuarto del escrito de queja, al actualizarse la competencia del Consejo Distrital 06.

7.              f. Admisión, emplazamiento y audiencia. El ocho de julio, la autoridad instructora ordenó la admisión de la queja y emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se celebró el once siguiente.

8.              g. Turno a ponencia. En su oportunidad, se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional, se revisó su integración, el magistrado presidente le asignó la clave SRE-JG-46/2025 y lo turnó a su ponencia, donde lo radicó y se procedió a la elaboración del proyecto de acuerdo conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. ACTUACIÓN COLEGIADA

9.                   El presente acuerdo debe adoptarse mediante la actuación colegiada de quienes integran el Pleno de la Sala Especializada, al tratarse de un juicio general en el que se analiza si la autoridad instructora garantizó el debido emplazamiento de las partes, lo cual supone una modificación al trámite ordinario que se sigue para resolver procedimientos especiales sancionadores[4].

SEGUNDA. EMPLAZAMIENTO

10.               Conforme a lo previsto en el artículo 471, numeral 7 de la Ley Electoral, se debe entender que la autoridad instructora ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas conforme al procedimiento y dentro de los plazos precisados no sólo para la audiencia de pruebas y alegatos, sino también para el emplazamiento de las partes.

11.               Es decir, una vez admitida la denuncia, emplazará al denunciante y a las partes involucradas para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión, informándole a las partes denunciadas de la infracción que se les imputa. 

12.               En ese sentido, la Suprema Corte ha establecido que las garantías del debido proceso aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son identificadas como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el derecho a la tutela judicial efectiva[5] prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6] aplica no sólo a las personas juzgadoras y tribunales judiciales, sino también a quienes, sin serlo formalmente, actúen como tales[7].

13.               Dicha garantía del debido proceso, establecida en el artículo 14 de la Constitución, consiste en otorgar a las personas gobernadas la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su íntegro respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

14.               Tales formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

        La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.

        Conocer las causas del procedimiento.

        La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.

        La oportunidad de alegar y objetar las pruebas que se estimen necesarias o interponer las excepciones y defensas que sean oportunas, en los plazos establecidos en la ley, y

        El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

15.               Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que también forman parte del debido proceso, todas las garantías mínimas que debe tener cualquier persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre en la materia administrativa sancionadora, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican, entre otras, el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio[8].

16.               Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, a fin de garantizar a las partes involucradas una debida defensa, estas deben tener conocimiento cierto, pleno y oportuno, tanto del inicio del procedimiento instaurado en su contra, como de las razones en que se sustenta. Lo anterior, para que puedan preparar los argumentos de defensa y recabar los elementos de prueba que consideren pertinentes, así como que la orden de emplazamiento debe contener la determinación sobre la existencia de la posible infracción y la probable responsabilidad de las partes involucradas[9].

17.               En este sentido, al resolver el expediente SUP-REP-60/2021, la Sala Superior señaló, esencialmente, que el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia y permite conocer el inicio de un procedimiento en contra, por lo que su falta de verificación afecta el derecho a una defensa adecuada, puesto que impide oponer excepciones, presentar alegatos y ofrecer las pruebas conducentes.

18.               Por ello, es claro que esta Sala Especializada, de advertir omisiones o deficiencias en la tramitación del expediente, así como violación al debido proceso y a las reglas básicas que rigen el procedimiento especial sancionador, con fundamento en el artículo 476, numeral 2, inciso b) de la Ley Electoral, puede ordenar a la autoridad electoral administrativa, que realice un emplazamiento de todas las partes vinculadas al procedimiento, en los plazos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia, con la finalidad de preservar la garantía de audiencia y, por tanto, el derecho a la debida defensa.

CUARTA. DETERMINACIÓN

19.               En la causa se denunció la probable vulneración a los principios de equidad, imparcialidad, legalidad y neutralidad, actos anticipados de campaña, vulneración a las reglas de difusión de propaganda en detrimento del interés superior de niñas, niños y adolescentes y culpa invigilando.

20.               Para acreditar su dicho, Sergio Martínez compartió diversos enlaces electrónicos que contenían publicaciones en las redes sociales Facebook, Instagram y Tiktok del denunciado, así como de dos publicaciones compartidas en la cuenta “Hidalgo Digital Noticias” de Facebook, mismos que fueron certificados mediante actas circunstanciadas que obran en el expediente.

21.               La autoridad responsable al emplazar al presente procedimiento lo hizo de la siguiente manera:

22.               Al respecto, se advierte que, en relación con los hechos primero, segundo, tercero, cuarto y noveno, la autoridad instructora omitió emplazar por la presunta vulneración al principio de equidad[10] y vulneración al principio de neutralidad respecto a los hechos primero, segundo y tercero.

23.               Así mismo, se observa que, en relación con los hechos sexto y séptimo, omitió emplazar por la presunta vulneración a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad[11] y en cuanto al hecho sexto, la autoridad instructora también omitió emplazar por actos anticipados de campaña[12].

24.               Asimismo, en el acuerdo de emplazamiento deberá de incorporar la imagen y precisar la cantidad de niñas, niños y adolescentes que advierta, incluyendo a las seis personas menores de edad que fueron identificadas en las publicaciones denunciadas.

25.               Adicionalmente, respecto al emplazamiento por culpa in vigilando, la autoridad instructora deberá precisar que el entonces candidato no es sujeto activo de dicha conducta.

Ejemplo de emplazamiento:

a)      Como parte denunciante a Sergio Daniel Martínez Badillo, y

b)      Como parte denunciada a Jorge Eduardo Crespo Ramírez, otrora candidato a Juez de Distrito de competencia mixta por el Vigésimo noveno Circuito Judicial, en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, como sujeto de responsabilidad en términos del numeral 4, fracción I del Catálogo de infracciones para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y en su caso, para las elecciones extraordinarias que de este deriven y las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores a cargo de la Secretaría Ejecutiva y los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral; aprobado por Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de clave INE/CG24/2025 el veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Respecto a los hechos primero, segundo y tercero, por la posible vulneración a los establecido en el numeral 5, fracción XVI del Catálogo que se refiere a la utilización de recursos públicos, así como por la presunta vulneración a los principios de equidad y neutralidad, al haber difundido el cinco de marzo de dos mil veinticinco en su red social de Facebook, una fotografía en las que presuntamente recibe apoyo por parte de la Presidenta Municipal de Calnali, Hidalgo, Dra. Corina Jiménez Melo; además, en esa misma fecha, en su red social de Facebook, presuntamente el denunciado publicó una fotografía en la que aparece con Alejandro Chapey Ramírez Zúñiga, Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, finalmente, el quince de marzo de dos mil veinticinco, en la red social de Facebook del denunciado, se publicó una fotografía con un servidor público, el Juez José de Jesús Vázquez Contreras.

En lo que se refiere a los hechos cuarto, quinto y noveno, por la posible vulneración a los establecido en el numeral 5 III del Catálogo, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y vulneración al principio de equidad, al haber participado el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco a un programa de radio por internet de nombre “RADIO HITS” “La voz joven que se oye”, con la intención de posicionarse entre las preferencias electorales; además, en lo que se refiere al hecho Noveno, presuntamente, el denunciado, el veintinueve de marzo de dos mil veinticinco, en su red social de TikTok, anunció que iba a ser candidato, en la que se advierte la boleta en color amarillo en la que aparecería como candidato.

Por los hechos sexto y séptimo por la presunta vulneración a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad, asimismo, en cuanto hecho sexto por presuntos actos anticipados de campaña, en relación con el numeral 5, fracción II del Catálogo al no haberse deslindado de las menciones por parte de “Hidalgo Digital Noticias” en Facebook, en la que se hace una mención del denunciado y aparece su imagen junto con la del Juez José de Jesús Vázquez Contreras, Juez del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Por los hechos octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo quinto, en relación con el numeral 5, fracción V, debido a que presuntamente el denunciado, en sus redes sociales de Facebook e Instagram de fechas ocho, veintidós y catorce de abril de dos mil veinticinco, nueve y veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, aparecen en su propaganda electoral, imágenes de menores de edad, en eventos realizados en Zacualtipán, Huejutla de Reyes y Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

Así como a lo establecido en los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG481/2019 de fecha de seis de noviembre de dos mil diecinueve, por difundir en sus redes sociales Facebook e Instagram, propaganda electoral en la que aparecen imágenes de menores de edad, sin el consentimiento de la madre y el padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores y, en su caso, con la opinión informada de los menores de edad sobre sus derechos, opciones, riesgos, respecto de la propaganda político-electoral.

Aunado a lo anterior, se advierte que el numeral 1 de las Reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que de este deriven, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG58/2025, el diez de febrero de dos mil veinticinco, refiere que el objeto de las Reglas es establecer las directrices de la propaganda electoral, mensajes y actos de las personas aspirantes y personas candidatas a juzgadoras que sean difundidas en espacios físicos, impresos o digitales durante el referido Proceso, mismas que en términos del numeral 2, inciso b) de las propias Reglas señalan que son de observancia obligatoria para las personas candidatas a juzgadoras.

En relación con el hecho Décimo Tercero, en relación con el numeral 5, fracción XVII del Catálogo, debido a que presuntamente el denunciado en su red social de Facebook, el treinta de marzo de dos mil veinticinco, publicó propaganda electoral en la que se ostenta con un cargo que no tiene, como es el de Juez de Distrito.

Finalmente, en lo que se refiere al hecho décimo sexto, en relación con el numeral 5, fracción XVII del Catálogo, el veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, el denunciado en su red social de Facebook presuntamente promociona su imagen a través de cuentas con un número significativo de seguidores, lo cual, podría implicar una infracción al principio de equidad en la contienda electoral.

Cabe precisar que el hecho décimo cuarto del escrito de queja, se ordenó dar vista al Consejo Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, por actualizarse su competencia, por lo tanto, es conducta no forma parte del presente emplazamiento.

26.               No se omite mencionar que la autoridad instructora tiene la facultad y obligación de efectuar cualquier otra acción de investigación adicional para garantizar la debida integración del expediente y que, por tanto, asegure un análisis completo de la causa.

27.               Asimismo, la autoridad instructora deberá realizar un estudio integral de los hechos denunciados y del resultado de las actuaciones ordenadas en el presente acuerdo, deberá emplazar de nueva cuenta a las partes involucradas y de aquellas en que se advierta su participación en los hechos en el procedimiento, señalando los fundamentos legales (Constitución, Ley Electoral, Lineamientos, Catálogo de infracciones), los hechos que se les atribuyen, las posibles infracciones y todos los fundamentos que sustenten la denuncia, con el propósito de brindarles seguridad jurídica.

28.               Lo anterior, con el propósito de brindar seguridad jurídica a las partes involucradas y garantizar el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (previsto en el artículo 17 de la Constitución, así como 8, párrafo 1 y 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), que comprende el derecho a una adecuada defensa y a obtener una resolución fundada y motivada que abarque la totalidad de las cuestiones planteadas en el caso (cumplir con el principio de exhaustividad de las sentencias)[13].

29.               Finalmente, para garantizar su derecho a defenderse remitirá las constancias recabadas a este órgano jurisdiccional, integrando los documentos y actuaciones adicionales que correspondan.

30.               Las constancias físicas del expediente, se resguardarán en el archivo jurisdiccional de este órgano colegiado y, una vez recibidas las que remita la autoridad instructora, serán glosadas y remitidas a la Unidad Especializada junto con copia certificada de lo actuado en este juicio electoral, para que verifique su debida integración con el apoyo de la Subdirección “A” y, posteriormente, lo devuelva a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 4/2014 emitido por la Sala Superior.

31.               Por otra parte, en abono a las políticas de austeridad únicamente se conservará de forma física copia certificada del escrito de queja que motivó el presente asunto, así como de todo lo actuado a partir del acuerdo por el que se remita la queja a la citada Unidad Especializada y, en medio magnético, las constancias del expediente respectivo. Cabe precisar que, con esta determinación, lo que se busca es maximizar la justicia pronta y expedita.

32.               Así, toda vez que el presente juicio general se formó con motivo de la revisión del expediente remitido por la autoridad instructora, no resulta aplicable el plazo de cuarenta y ocho horas contemplado para elaborar el proyecto de resolución a que hace referencia el artículo 476, párrafo 2, inciso d), de la Ley Electoral.

33.               Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA:

ÚNICO. Remítanse las constancias digitalizadas del expediente a la autoridad instructora, para los efectos precisados en este acuerdo.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria general de acuerdos quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del Tribunal.