Ciudad de México a veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.[1] 

ACUERDO por el que se devuelve el expediente identificado con la clave UT/SCG/PE/PEF/EMGP/CG/223/2025 a la autoridad instructora a fin de regularizar el procedimiento especial sancionador.

ANTECEDENTES

1.                   1. Proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En noviembre de dos mil veinticuatro inició el mencionado proceso, cuyas fechas relevantes son las siguientes:[2]

2.                   2. Queja. El seis de junio, Edgar de la Peña, presentó una queja en contra de Lucy Bonifaz, entonces candidata a jueza de distrito 11 de la Ciudad de México y quienes resulten responsables, por la vulneración al periodo de veda electoral, transgresión al voto libre, secreto e informado, financiamiento de terceros, vulneración al principio de equidad en la contienda, la omisión de reportar gastos en el mecanismo electrónico para la Fiscalización de personas candidatas, así como el beneficio indebido y la difusión de acordeones en la página de internet justicia y libertad.

3.                   Lo anterior, derivado de que el treinta y uno de mayo en la colonia D.M. Nacional, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, le fue entregado personalmente un acordeón que se utilizó para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, dentro del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

4.                   3. Registro y reserva de admisión y emplazamiento. El seis de junio, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/PEF/EMGP/CG/223/2025, y reservó la admisión y emplazamiento a las partes.

5.                   4. Escisión. El diecisiete de junio, se determinó escindir el hecho denunciado relacionado con un vínculo electrónico[3].

6.                   5. Admisión, emplazamiento y audiencia. El dieciocho de julio, la autoridad instructora ordenó la admisión de la queja y emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se celebró el veintitrés siguiente.

7.                   6. Turno a ponencia y radicación. En su oportunidad, se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional, se revisó su integración, el magistrado presidente le asignó la clave SRE-JG-71/2025 y lo turnó a su ponencia, donde lo radicó y se procedió a la elaboración del proyecto de acuerdo conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. ACTUACIÓN COLEGIADA

8.                   El presente acuerdo debe adoptarse mediante la actuación colegiada de quienes integran el Pleno de la Sala Especializada, al tratarse de un juicio general en el que se analiza si la autoridad instructora garantizó el debido emplazamiento de las partes, lo cual supone una modificación al trámite ordinario que se sigue para resolver procedimientos especiales sancionadores[4].

SEGUNDA. EMPLAZAMIENTO

1.                 Conforme a lo previsto en el artículo 471, numeral 7 de la Ley Electoral, se debe entender que la autoridad instructora ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas conforme al procedimiento y dentro de los plazos precisados no sólo para la audiencia de pruebas y alegatos, sino también para el emplazamiento de las partes.

2.                 Es decir, una vez admitida la denuncia, emplazará al denunciante y a las partes involucradas para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión, informándole a las partes denunciadas de la infracción que se les imputa. 

3.                 En ese sentido, la Suprema Corte ha establecido que las garantías del debido proceso aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son identificadas como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el derecho a la tutela judicial efectiva[5] prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6] aplica no sólo a las personas juzgadoras y tribunales judiciales, sino también a quienes, sin serlo formalmente, actúen como tales[7].

4.                 Dicha garantía del debido proceso, establecida en el artículo 14 de la Constitución, consiste en otorgar a las personas gobernadas la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su íntegro respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

5.                 Tales formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

        La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.

        Conocer las causas del procedimiento.

        La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.

        La oportunidad de alegar y objetar las pruebas que se estimen necesarias o interponer las excepciones y defensas que sean oportunas, en los plazos establecidos en la ley, y

        El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

6.                 Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que también forman parte del debido proceso, todas las garantías mínimas que debe tener cualquier persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre en la materia administrativa sancionadora, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican, entre otras, el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio[8].

7.                 Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, a fin de garantizar a las partes involucradas una debida defensa, estas deben tener conocimiento cierto, pleno y oportuno, tanto del inicio del procedimiento instaurado en su contra, como de las razones en que se sustenta. Lo anterior, para que puedan preparar los argumentos de defensa y recabar los elementos de prueba que consideren pertinentes, así como que la orden de emplazamiento debe contener la determinación sobre la existencia de la posible infracción y la probable responsabilidad de las partes involucradas[9].

8.                 En este sentido, al resolver el expediente SUP-REP-60/2021, la Sala Superior señaló, esencialmente, que el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia y permite conocer el inicio de un procedimiento en contra, por lo que su falta de verificación afecta el derecho a una defensa adecuada, puesto que impide oponer excepciones, presentar alegatos y ofrecer las pruebas conducentes.

9.                 Por ello, es claro que esta Sala Especializada, de advertir omisiones o deficiencias en la tramitación del expediente, así como violación al debido proceso y a las reglas básicas que rigen el procedimiento especial sancionador, con fundamento en el artículo 476, numeral 2, inciso b) de la Ley Electoral, puede ordenar a la autoridad electoral administrativa, que realice un emplazamiento de todas las partes vinculadas al procedimiento, en los plazos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia, con la finalidad de preservar la garantía de audiencia y, por tanto, el derecho a la debida defensa.

TERCERA. DETERMINACIÓN

A.   Requerimiento de información

10.             A fin de garantizar la debida integración del expediente como imperativo para la impartición completa de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución y con fundamento en el diverso 476, segundo párrafo, inciso b), de la Ley Electoral, se debe remitir el expediente a la autoridad instructora para lo siguiente:

11.             La UTCE, deberá requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que rinda un informe, en donde señale si la publicidad materia de análisis en el presente procedimiento, o bien, alguna otra con las mismas características, fue reportada por algún partido político y/o alguna entonces candidatura como gasto de campaña.

12.             No pasa desapercibido que la autoridad instructora ya solicitó información relacionada con Lucy Bonifaz, sin embargo, lo omitió respecto de las demás personas emplazadas.

13.             También, se le deberá requerir a dicha autoridad que informe si dentro de sus archivos cuentan con información relacionada con personas y lugares de la República Mexicana que involucre la elaboración, distribución y entrega del material denunciado.

14.             Ahora bien, se hace del conocimiento a la autoridad instructora que las diligencias ordenadas por esta Sala Especializada tienen carácter enunciativo mas no limitativo, por lo que dicha autoridad cuenta con la posibilidad de realizar cualquier otra acción adicional que se justifique en el deber de garantizar la debida integración del expediente y que, por tanto, asegure un análisis completo de la causa.

B.   Emplazamiento

15.             La autoridad responsable al emplazar al presente procedimiento lo hizo de la siguiente manera:

16.             De lo anterior, se observa que la autoridad instructora identifica de manera clara como conducta infractora la “distribución” de la publicidad denunciada, lo cual es acorde con la materia de denuncia; sin embargo, deja de lado la “elaboración de propaganda electoral impresa” que también fue expresamente señalada por el denunciante en su escrito de queja, tal y como se muestra:

17.             Asimismo, se aprecia que no se emplazó a ninguna de las personas denunciadas por las infracciones relativas al presunto financiamiento de terceros y la utilización de financiamiento prohibido.

18.             En este sentido, esta Sala Especializada determina que la autoridad administrativa deberá emplazar nuevamente a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos en la que, adicional a las conductas señaladas en el emplazamiento inicial que realizó a las personas denunciadas, deberá incluir las demás conductas denunciadas expresamente. Para lo anterior, deberá precisar los fundamentos legales aplicables al caso concreto.

19.             Lo anterior resulta relevante ya que, como lo ha señalado la Sala Superior en el SUP-REP-60/2021, es obligación de las autoridades instructoras, llamar a juicio a todas las personas involucradas en los hechos denunciados, precisar con claridad cuáles son los hechos imputados, así como los fundamentos jurídicos que sustentan las posibles infracciones a la normatividad electoral.

20.             Esto, es una formalidad indispensable para que las partes denunciadas puedan ejercer de forma adecuada su derecho a la defensa y así, garantizar su derecho al acceso a una tutela judicial completa.

21.             Hecho lo anterior, la autoridad instructora deberá remitir las constancias recabadas a este órgano jurisdiccional, integrando debidamente los documentos y actuaciones que correspondan.

22.             En consecuencia, se ordena remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, las constancias digitalizadas del expediente en que se actúa, debidamente certificadas, con el objeto de que se cumpla con lo establecido en el presente acuerdo.

23.             Las constancias que integran el presente expediente se resguardarán en el archivo jurisdiccional de este órgano colegiado y, una vez recibidas las constancias que remita la autoridad instructora serán integradas al referido expediente y remitidas junto con copia certificada de lo actuado en este juicio electoral, a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta Sala Especializada.

24.             Lo anterior, para que se verifique la debida integración del expediente con el apoyo de la Subdirección “A”, y posteriormente devuelva el expediente a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 4/2014 emitido por la Sala Superior.

25.             Por otra parte, en abono a las políticas de austeridad, en el presente juicio electoral únicamente se conservará de forma física, copia certificada del escrito de queja que motivó este procedimiento, así como todo lo actuado a partir del acuerdo por el que se remite la queja a la citada Unidad para la Integración de Expedientes y, en medio magnético, las constancias del expediente respectivo.

26.             Cabe precisar que, con tal determinación, lo que se busca es potenciar la justicia pronta y expedita.

27.             Como este juicio general se formó con motivo de la revisión del expediente que remitió el INE, no tiene lugar la aplicación del plazo de 48 horas para elaborar el proyecto de resolución, a que hace referencia el artículo 476, párrafo 2, inciso d), de la Ley Electoral.

28.             Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA:

ÚNICO. Remítanse las constancias digitalizadas del expediente a la autoridad instructora, para los efectos precisados en este acuerdo.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos de las magistraturas que la integran, ante la secretaria general de acuerdos en funciones, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del Tribunal Electoral.