SRE-PSC-2/2015 Y SRE-PSC-206/2015

PROMOVENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA

PARTES INVOLUCRADAS: MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y OTROS.

AUTORIDAD INSTRUCTORA: UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Í N D I C E

A N T E C E D E N T E S

SRE-PSC-2/2015…………………………………..………...   página 3

SRE-PSC-206/2015…………………………………..……...   página 7

C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia………………...…………………….…….……..…  página 11

Acumulación………………...…………………….…….……..…  página 12

Causales de improcedencia……………………………………..  página 13

Objeción de pruebas ……………………………………..……...  página 28

Litis…………….……………...…………………….…….……..…  página 37

Acreditación de los hechos…………………..………...……….... página 38

Fondo del asunto…………………………………………………… página 46

Elementos normativos……...…………………….…….……..…  página 46

Infracciones……...…………………….…….……………..…..…  página 55

Metodología de estudio…………………………………………..  página 57

Estudio………………………...…………………….…….……..…  página 58

A.      Cuestión previa …………………………..…………………..  página 58

B.      Posible incidencia en materia electoral……………………..  página 62

C.     Violación al artículo 134 de la Constitución por

Promoción personalizada …………………….…….…………  página 57

a)      Configuración de elementos contextuales……………… página 65

1.       Adquisición de propaganda gubernamental ………… página 65

2.       Medio……………………………………………………. página 104

3.       Difusión ………..……………………………………. página 104

4.       Elemento Temporal ………………………………………. página 105

5.       Elemento Objetivo o contenido ………………………. página 105

6.       Elemento Personal ………………………………………. página 109

b)      Análisis del tipo de difusión……………… …………… página 110

i.                     Medios impresos ……………………………… página 110

ii.                    Medios electrónicos ………………………… página 115

Conclusión……………..……………… …………… página 116

Coincidentes……………..……………… …………… página 117

D.     Uso de recursos públicos …………………….…….……..…  página 126

E.      Actos Anticipados de Campaña …………….…….……..…  página 127

F.      Culpa in vigilando …………………………….…….……..…  página 131

Fiscalización….……………………………….…….……..…  página 132

Vistas…………………………………………………………………. página 133

R E S O L U T I V O S

Primero…………………………………………..……………………… página 137

Segundo…………………………………………..…………………… página 137

Tercero…………………………………………..……………………… página 137 Cuarto..…………………………………………..………………………              página 137

Quinto..…………………………………………..……………………… página 137

ANEXO ÚNICO………………………………….………………...  página 139

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SRE-PSC-2/2015 Y SRE-PSC-206/2015 ACUMULADOS

PROMOVENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA.

PARTES INVOLUCRADAS: MANUEL VELASCO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y OTROS.

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA

SECRETARIAS: MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA Y VANIA IVONNE GONZÁLEZ CONTRERAS

México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil quince

SENTENCIA con motivo de los procedimientos especiales sancionadores tramitados ante el INE con las clave UT/SCG/PE/PRD/CG/65/INE/81/PEF/35/2014 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/24/PEF/68/2014 y UT/SCG/PE/MORENA/CG/203/PEF/247/2014 acumulados.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1.   Queja. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el promovente presentó queja contra el Gobernador por la publicación de treinta y tres[1] notas de prensa, a las que denominó “gacetillas” en los periódicos de circulación nacional La Jornada, Milenio, Excélsior y El Universal, realizadas entre los meses de septiembre a diciembre, cuyo contenido y forma de difusión a su parecer constituyen una indebida promoción personalizada de un servidor público y contravienen el principio de imparcialidad que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de su encargo.

2. Sustanciación ante el INE. Entre el veinte de diciembre de dos mil catorce y el primero de enero de dos mil quince, la Unidad realizó diversas diligencias para la sustanciación del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/65/INE/81/PEF/35/2014; adoptó en parte las medidas cautelares solicitadas, por lo que ordenó al Gobernador que tomara las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de la comunicación social de su gobierno, cumpliera estrictamente lo mandatado en los artículos 6 y 134 constitucionales[2]; una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos remitió el expediente a esta Sala Especializada.

3. Sentencia del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-2/2015. El seis de enero del presente año, esta Sala Especializada resolvió el procedimiento de mérito en el sentido de declarar la inexistencia de la conducta señalada en virtud de que el análisis del caudal probatorio existente en autos se advirtió que las publicaciones periodísticas objeto del procedimiento tenían el carácter de notas periodísticas realizadas como parte de la labor informativa de los medios de información que fueron llamados al procedimiento.

Asimismo, por cuanto hizo a la solicitud de incumplimiento de medidas cautelares determinó dar vista a la Unidad, a efecto de que se pronunciara respecto de dichas manifestaciones con las dos notas periodísticas que presentó el promovente publicadas por La Jornada el veintiocho y veintinueve de diciembre de dos mil catorce.

4. Escrito de revisión y sentencia SUP-REP-33/2015 de Sala Superior. El nueve de enero siguiente, en contra de dicha determinación, el promovente interpuso ante Sala Superior recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, entre otras cuestiones, porque a su juicio hubo falta de exhaustividad en la investigación; el veintiocho de enero siguiente, Sala Superior tuvo como fundado y suficiente para revocar la sentencia el agravio señalado para que esta Sala Especializada ordenara a la Unidad la reposición e instrumentación del procedimiento en términos precisados en el SUP-REP-33/2015.

Lo relacionado con la vista dada a la Unidad por el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares lo dejó intocado, en virtud de que dicha cuestión no fue controvertida por el entonces recurrente porque lo que las notas que se analizaron ahí, no serán motivo de pronunciamiento en la presente sentencia.

5. Primer Acuerdo de Sala. El veintinueve de enero de este año, los Magistrados que integran la Sala Especializada emitieron un Acuerdo Colegiado mediante el que, en cumplimiento de la ejecutoria de Sala Superior, se le ordenó a la Unidad que repusiera el procedimiento y llevara a cabo la instrumentación del mismo con el fin de integrar el expediente de manera exhaustiva y ponderara la idoneidad de recabar, a partir de los hechos planteados en la denuncia, información no sólo relacionada con la contratación de las notas, sino también de las publicaciones en sí mismas.

6. Nueva queja. El dos de febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante la Unidad escrito a través del cual ofreció “pruebas supervenientes[3]” consistentes en diversas notas denominadas “gacetillas” en los periódicos de circulación nacional La Jornada, Excélsior y El Universal, en la página electrónica de El Sol de México, en los medios electrónicos de los periódicos locales Diario del Sur, Diario de Chiapas y El Heraldo de Chiapas, así como, en la Página del Gobierno, durante el periodo comprendido entre enero y marzo de dos mil quince, y solicitó como medidas cautelares la suspensión de las mismas.

En este sentido, en auto de cinco de febrero de dos mil quince, la Unidad determinó seguir un nuevo procedimiento por considerar que se trataba de hechos diversos a los denunciados de manera primigenia; quedó registrado con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/24/PEF/68/2014.

7. Medidas cautelares. El seis de febrero, en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/65/INE/81/PEF/35/2014, la Unidad estimó improcedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por el promovente en atención a que ya existía un pronunciamiento de la Comisión de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce.

Bajo esa misma línea argumentativa, el doce de febrero siguiente, en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/24/PEF/68/2014, la citada Comisión declaró improcedente la petición consistente en la suspensión de las publicaciones, porque a su juicio, existe un pronunciamiento previo respecto del material objeto de la solicitud[4].

8. Acumulación. En proveído de dieciocho de febrero, la Unidad consideró oportuno acumular del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/24/PEF/68/2014 al expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/65/INE/81/PEF/35/2014.

9. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento, mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince, la Unidad ordenó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de pruebas y alegatos la cual tuvo verificativo el dos de abril siguiente, a la que comparecieron las partes por escrito.

10. Recepción del expediente en la Sala Especializada y turno. El tres de abril de dos mil quince, se remitió el expediente a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de este órgano jurisdiccional, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración. El siete siguiente, se turnó el expediente al Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, conforme a la asignación preliminar del asunto. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

11. Segundo Acuerdo de Sala. El ocho de abril de este año, los Magistrados que integran la Sala Especializada emitieron un segundo Acuerdo Colegiado mediante el que, en cumplimiento de la ejecutoria de Sala Superior, se le ordenó a la Unidad que realizara diversas actuaciones para la debida instrumentación del expediente.

SRE-PSC-206/2015

12. Queja. El veintidós de abril de dos mil quince, MORENA presentó queja contra el Gobernador por la publicación de doscientas sesenta[5] notas periodísticas en Tabasco Hoy, Sección “La Hora de Chiapas”, entre el doce de junio de dos mil catorce y el quince de abril de dos mil quince, esto es, fuera del ámbito territorial en que tiene jurisdicción lo que, a su decir, constituye promoción personalizada del servidor público señalado, actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y culpa in vigilando del Partido Verde.

13. Radicación, admisión y diligencias practicadas. El veintitrés de abril, la Unidad radicó y admitió la queja con el número de expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/203/PEF/247/2014. Asimismo, requirió a las partes involucradas diversa información y documentación.

14. Medidas cautelares. En proveído de veinticuatro de abril, la Comisión, por un lado, declaró procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas a fin de que el Gobernador garantice que la información y propaganda que se genere desde el ámbito de su comunicación social, ya sea de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, se abstenga de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que de forma explícita o velada impliquen promoción personalizada; esto es, que cumpla estrictamente lo mandatado en el artículo 134 párrafo octavo constitucional.

Por otro lado, se declaró procedente otorgar las medidas solicitadas respecto al Tabasco Hoy a quien ordenó que se abstenga de difundir contenidos en los que haga apología del Gobernador señalado. Tales medidas quedaron firmes al no haber sido impugnadas.

15. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento, mediante proveído de cinco de mayo, la Unidad ordenó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de pruebas y alegatos la cual tuvo verificativo el ocho siguiente a la que comparecieron las partes por escrito y/o de manera personal.

16. Recepción del expediente en la Sala Especializada. El ocho de mayo, se remitió el expediente a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de este órgano jurisdiccional, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

17. Acuerdo de Sala. El quince de mayo de este año, los Magistrados que integran la Sala Especializada emitieron un Acuerdo Colegiado mediante el que se le ordenó a la Unidad, sustancialmente, que realizara nuevas diligencias para la debida integración del expediente, dado que esta Sala Especializada advirtió necesario contar con mayores elementos para la adecuada resolución del procedimiento especial sancionador.

En cumplimiento al Acuerdo de Sala referido, la Unidad realizó diversos requerimientos y diligencias.

18. Emplazamiento y segunda audiencia de pruebas y alegatos. Sustanciados los procedimientos, mediante proveído de diecisiete de junio, la Unidad ordenó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de pruebas y alegatos la cual tuvo verificativo el veintidós siguiente a la que comparecieron las partes por escrito y/o de manera personal.

20. Remisión de los expedientes y trámite. El veintitrés de junio, la Unidad remitió los expedientes al considerar que se encontraban agotadas las diligencias necesarias para la debida sustanciación y resolución de los mismos.

El ocho de junio dos mil quince, se remitieron los expedientes con los números indicados al rubro al Magistrado Ponente.

21. Sentencia de los expedientes SRE-PSC-2/2015 y SRE-PSC-206/2015 acumulados. El nueve de julio del presente año, esta Sala Especializada dictó sentencia de los procedimientos, en la que determinó acumularlos[6] y declarar la inexistencia de las conductas señaladas en virtud de que el análisis del caudal probatorio existente en autos se advirtió que las publicaciones periodísticas objeto del procedimiento tenían el carácter de notas periodísticas realizadas como parte de la labor informativa de los medios de información que fueron llamados al procedimiento.

Asimismo, determinó que los funcionarios públicos involucrados faltaron a su deber de cuidado, por lo que dio vista a las autoridades correspondientes para que determinen lo que en Derecho convenga.

22. Escritos de revisión y sentencia SUP-REP-516/2015 y acumuladas de la Sala Superior. El trece y quince de julio siguiente, en contra de dicha determinación, MORENA, el PRD y el Consejero Jurídico del Gobernador del estado de Chiapas presentaron sendos recursos de revisión, en esencia, porque hubo indebida fundamentación, motivación y congruencia de la sentencia de este órgano jurisdiccional, al determinar la inexistencia de las faltas denunciadas pero tener por acreditada la responsabilidad del Gobernador por incumplir su deber de vigilar que Comunicación Social cuidara la información que se difundió en dos notas publicadas en el Diario de Chiapas y para dejar sin efecto la responsabilidad atribuida al Gobernador.

Asimismo, porque a su juicio, esta Sala Especializada omitió analizar la difusión de propaganda del Gobierno de Chiapas, publicada durante la etapa de campañas y la inexistencia de pruebas para sustentar el sentido de la resolución impugnada.

Sala Superior resolvió el veintinueve de julio de dos mil quince, en el sentido de tener como fundados y suficientes para revocar, lo que fue materia de impugnación, la sentencia de mérito y determinó que este órgano jurisdiccional ordenara a su vez a la Unidad la reposición e instrumentación del procedimiento en términos precisados en el SUP-REP-516/2015 y acumulados.

23. Devolución del expediente a la Unidad y sustanciación. El veintinueve de julio, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, ésta Sala Especializada remitió el expediente a la Unidad para la realización de mayores diligencias.

La citada autoridad administrativa electoral a partir del tres de agosto del presente año, además de acumular el expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/203/PEF/247/2014 al UT/SCG/PE/PRD/CG/65/INE/81/PEF/35/2014 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/24/PEF/68/2014; realizó las diligencias que estimó pertinentes para la debida sustanciación y resolución de los asuntos.

24. Nuevo emplazamiento y tercera audiencia de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento, mediante proveído de tres de diciembre, la Unidad ordenó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de pruebas y alegatos la cual tuvo verificativo el nueve siguiente a la que comparecieron las partes por escrito y/o de manera personal.

25. Recepción del expediente en la Sala Especializada. El mismo nueve de diciembre, se remitió el expediente a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de este órgano jurisdiccional, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

26. Turno. El veintitrés de diciembre, se remitieron los expedientes acumulados al Magistrado Ponente.

Una vez verificados los requisitos de ley, así como la debida integración de los expedientes, y sin existir diligencias pendientes de realizar, se elaboró el proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Especializada es competente para resolver los expedientes acumulados en estudio, en virtud de que se trata de la resolución de dos procedimientos especiales sancionadores, iniciados con motivo de sendas quejas en las que los promoventes refieren una posible promoción personalizada por parte de un servidor público, a través de notas en prensa con cobertura a nivel nacional, local y regional y medios electrónicos pagadas supuestamente con recursos públicos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, Base III, Apartado D y 99 párrafo cuarto fracción IX de la Constitución Federal; 192 y 195 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 470, 471, 475, 476 y 477 de la LEGIPE.

Aunado a ello, también es competente esta Sala Especializada acorde a lo ordenado por la Sala Superior respecto a la nueva instrumentación y resolución a través de los expedientes SUP-REP-33/2015 y SUP-REP-516/2015 y acumulados.

En ese sentido, resulta infundado lo aducido por el Gobernador y Comunicación Social, quienes solicitan a esta Sala Especializada que inhiba su competencia para conocer los hechos materia de controversia por tratarse de notas publicadas por medios de comunicación como El Heraldo de Chiapas, Diario del Sur, Diario de Chiapas y Tabasco Hoy, los cuales sólo tienen cobertura estatal, además de ser distintos de los de radio y televisión.

III. ACUMULACIÓN

En virtud de la acumulación de la queja UT/SCG/PE/MORENA/CG/203/PEF/247/2015, a la queja UT/SCG/PE/PRD/CG/65/INE/81/PEF/35/2014 y su acumulada UT/SCG/PE/PRD/CG/24/PEF/68/2014, por ser la más antigua, realizada por este órgano jurisdiccional en la ejecutoria de nueve de julio de este año, la cual quedó intocada al no haber sido controvertida; cuya finalidad es resolverlas en forma conjunta, congruente, expedita y completa, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 463 de la LEGIPE y 86 del Reglamento Interno del TEPJF, al existir conexidad en las causa de los expedientes, facilitar su pronta y expedita resolución, así como evitar la existencia de fallos contradictorios, deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y TEMAS ATINENTES

Durante el desahogo de las audiencias que se desahogaron en el procedimiento que ahora se resuelve, las partes hicieron valer las siguientes causales de improcedencia:

Falta de competencia del INE para conocer del asunto.

En primer orden, por tratarse de una cuestión de orden procesal y estudio preferente, se analizara lo aducido por Tabasco Hoy en el sentido de que el INE es incompetente para resolver el presente procedimiento especial sancionador en atención a que los hechos señalados ocurrieron en el estado de Tabasco, lugar donde se edita el periódico Tabasco Hoy, esto es, fuera del ámbito territorial de competencia el servidor público señalado, por lo que estima debe ser enviado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Tal planteamiento resulta infundado porque los hechos señalados por el promovente se circunscriben a la transgresión de lo dispuesto en el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, a través de la publicación de doscientas notas impresa en un Tabasco Hoy que se distribuye fuera del ámbito territorial en que tiene jurisdicción el Gobernador, las cuales, a su decir, constituyen promoción personalizada y uso de recursos públicos, con incidencia en el pasado proceso electoral federal.

Por tanto, se surte la competencia a cargo de la Secretaría General Ejecutiva del INE, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para instruir el procedimiento especial sancionador, conforme a lo dispuesto en el artículo 470 párrafo 1 inciso a) de la LEGIPE, que establece, en esencia, que dentro de los procesos electorales la citada Secretaría por conducto de la Unidad, instruirá el procedimiento cuando se denuncie la comisión de conductas que, entre otras, violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 constitucional, lo que acontece en el caso en estudio y por ende, se surte la competencia de este órgano jurisdiccional para resolverlo, sobre todo por tener una posible incidencia en el proceso electoral federal 2014-2015.

Lo anterior es acorde con lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-AG-27/2015 y en el SUP-REP-238/2015, en el que se determinó que si la afectación es a una elección federal concurrente con una local, compete a la autoridad electoral conocer del asunto correspondiente.

Violación al procedimiento.

1. El aludido Tabasco Hoy, afirmó mediante escrito presentado en la primera audiencia, que fue ilegal que se haya ordenado emplazarlo a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, sin que previamente hubiese sido llamado al procedimiento para hacer valer de manera oportuna sus derechos, con lo que se incumplió con las formalidades esenciales de todo procedimiento en contravención a sus derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, pues no se le dio oportunidad para contestar formalmente la queja, es decir, se le dejó en estado de indefensión.

Asimismo, adujo que para la segunda audiencia no se le emplazó de manera correcta, esto es, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, pues fue emplazada el diecinueve de junio a las trece horas para acudir a la audiencia de veintidós de junio a las quince horas, y en ese momento no había proceso electoral por haber fenecido el mismo, por lo que los términos no corren de momento a momento, sin que todos los días deban considerarse hábiles.

Esta Sala Especializada considera que no se acredita la causal de improcedencia invocada, pues en ambos casos se le llamó a juicio en el momento procesal oportuno, pues la Unidad dio cumplimiento a las formalidades que garantizan el derecho de defensa de tal medio de comunicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y con el artículo 471 párrafo 7 de la LEGIPE, que prevé que cuando la Unidad admita la queja, emplazará a las partes para que comparezcan a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, la cual tendrá lugar dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión.

De modo tal que, en el primer caso, si la Unidad al admitir la queja reservó reservar el emplazamiento hasta en tanto, se contara con los elementos para ello, lo que aconteció hasta el cinco de mayo siguiente y se notificó al Tabasco Hoy a las doce horas del día siguiente, según consta en el acta de notificación respectiva, lo cierto es que éste sí contó con el tiempo que la ley le otorga para preparar su defensa, pues la audiencia se celebró el ocho posterior.

Tan es así que estuvo en aptitud de comparecer el día y hora señalados para el efecto de hacer valer las excepciones, defensas y alegatos que estimó pertinentes, e inclusive, dar cumplimiento a diverso requerimiento formulado en acuerdo de cinco de mayo; siendo inverosímil que se le dejó en estado de indefensión, al apersonarse al procedimiento y defenderse de las imputaciones en su contra.

Además, cabe destacar, que en todo caso Tabasco Hoy conoció de la queja en su contra desde el veinticuatro de abril a las doce horas con cincuenta minutos, cuando se le notificó el acuerdo de veintitrés de abril, a través de Felipe Ovando Sastré, con el cargo de Jurídico de la empresa, mediante el que la Unidad le requirió diversa documentación e información; el cual se le notificó en diversas ocasiones, a través de diferentes personas, como consta en las cédulas de notificación agregadas en autos a fojas 214 a 229, del cuaderno principal del expediente SRE-PSC-206/2015.

El citado Tabasco Hoy dio contestación el veintiséis de abril, como consta a fojas 230 a 234 del mismo cuaderno, en el que incluso señaló que : “en el escrito de denuncia presentado por el Representante de MORENA se refiere a la sección “Chiapas hoy”, sección que no es publicada en el periódico Tabasco Hoy”, lo que acorde con las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, según el artículo 462 párrafo 1 de la LEGIPE, producen convicción a este órgano jurisdiccional de que efectivamente tuvo a su alcance de manera previa la queja incoada en su contra con antelación a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, de ahí que no le asista la razón.

Lo anterior, aunado a que a través de la nueva audiencia de pruebas y alegatos contó con mayor oportunidad de conocer el total de probanzas y documentación que obra en el expediente en que se actúa.

Cabe destacar por cuanto al emplazamiento realizado para la segunda audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil quince, que contrario a lo que aduce Tabasco Hoy, el proceso electoral comprende entre sus etapas, la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados y declaraciones de validez de las elecciones, así como, el dictamen y declaraciones de validez de la elección, en términos de lo dispuesto por el artículo 208 de la LEGIPE, por lo que aún, en ese momento, no culminaba, puesto que aún estaban pendientes las últimas etapas, por ello, aún todos los días y horas eran hábiles.

De ahí que, sí se le emplazó y se celebró la audiencia en las horas y fechas por él señalados, tales actos procesales por los que se le llamó y acudió a juicio, fueron celebrados conforme a Derecho.

Finalmente, mediante escrito presentado durante la tercera audiencia de ley, Tabasco Hoy adujo que no fue oportunamente llamado al procedimiento y que con ello se le dejó en estado de indefensión al no poder comparecer ante Sala Superior para defender los derechos que le asisten.

Argumentos que igualmente resultan inoperantes, en tanto que pretenden la inaplicación de la sentencia de la Sala Superior hacia Tabasco Hoy lo cual es legalmente imposible al ser dicha Sala un órgano revisor en última instancia.

A su vez, resulta evidente que el INE, actuó con estricto apego a todas las formalidades que garantizan el derecho de defensa y debido proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y con el artículo 471 párrafo 7 de la LEGIPE, tan es así que estuvo en aptitud de comparecer a las audiencias que se han llevado a cabo y en las cuales ha hecho valer las excepciones, defensas y alegatos que ahora se analizan; lo que torna inverosímiles sus manifestaciones.

2. En la segunda audiencia, el Director de Comunicación manifestó que este órgano jurisdiccional incurrió en violaciones procesales en la sustanciación del procedimiento, porque el acuerdo colegiado de quince mayo ordenó la realización de diligencias de mejor proveer y ordenó la realización nuevamente de la audiencia, lo que contraviene el artículo 16 constitucional, pues la norma electoral en ninguna parte advierte que se faculte a esta autoridad para ordenar o revocar sus propias determinaciones, por lo que se vulnera la garantía de legalidad debido proceso.

Asimismo, aduce que la Unidad transgredió el principio de igualdad procesal, de exhaustividad y congruencia al requerir mediante acuerdo de ocho de junio, a la Junta Local del INE en Tabasco, la adquisición de un ejemplar de Tabasco Hoy, con lo que es claro se pretende sancionarlo, pues tienen como finalidad subsanar las inconsistencias que de manera textual en la audiencia anterior manifestó Tabasco Hoy respecto de la validez de las notas controvertidas.

Tales afirmaciones resultan infundadas.

Ello, porque conforme a la normativa electoral, como se indicó en el Acuerdo Colegiado SRE-CA-224/2015, este órgano jurisdiccional sí cuenta con la facultad de solicitar la realización de mayores diligencias para integrar de manera debida el expediente y contar con mayores elementos para emitir una sentencia acorde a Derecho.

Lo anterior con fundamento en el artículo 476 párrafo segundo inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la Sala Especializada puede ordenar al INE se realicen nuevas diligencias para mejor proveer.

En este tenor, es claro que esta Sala Especializada de manera justificada puede solicitar a la autoridad electoral administrativa, la realización de determinadas diligencias para que el expediente respectivo quede debidamente integrado, pues la finalidad es que existan elementos suficientes que apoyen la decisión que en su momento se emita, como lo estableció la Sala Superior al resolver el recurso de revisión SUP-REP-10/2014.

En tales circunstancias, se determinó la remisión del expediente del procedimiento especial sancionador, a efecto de que la Unidad, en breve término, llevara a cabo las diversas actuaciones, e incluso, precisó que dicho acuerdo era descriptivo más no limitativo de la facultad de investigación que la Unidad considerara debía realizarse en torno a las diligencias señaladas.

En tales términos, la Unidad acató la determinación de este órgano colegiado, dio vista a las partes, requirió la información que se indicó y realizó las diligencias que consideró pertinentes, tales como la adquisición de un ejemplar de Tabasco Hoy, sin que se transgredan los principios aducidos, pues como se ha destacado las diligencias tienen como finalidad contar con mayores elementos para resolver conforme a Derecho, cuyo análisis propiamente será de fondo.

Además, contrario a lo aducido, esta Sala Especializada no revocó la primera audiencia, pues en ningún apartado del citado Acuerdo Colegiado, ni a través de alguno otro, se determinó tal cuestión; incluso, como se observa en la presente sentencia, las manifestaciones y documentación entregadas en aquella forman parte del estudio.

En este tenor, cabe destacar que solo se regularizó el procedimiento para una mejor instrucción y la finalidad de realizar otra audiencia fue precisamente evitar la transgresión al debido proceso y garantizar con ello el principio de legalidad, pues la misma tiene como propósito que las partes dentro del proceso que se resuelve, tengan pleno conocimiento de las nuevas actuaciones y aduzcan lo que a su Derecho convenga, como es el caso.

Aunado a ello, se destaca que la Sala Superior en la sentencia del SUP-REP-516/2015 y acumulados, determinó que este órgano jurisdiccional ordenara a la Unidad la realización de mayores diligencias.

Indebido emplazamiento

El Director de Comunicación Social y Tabasco Hoy alegaron que los emplazamientos carecen de la debida fundamentación y motivación, dado que no se citaron los artículos de la ley electoral que prevén obligaciones a su cargo y que supuestamente se hayan violado, por lo que al no mencionarlos, se les ha dejado en estado de indefensión.

Al respecto, esta Sala Especializada considera que no se acredita la causal de improcedencia invocada, pues la Unidad dio cumplimiento a las formalidades y finalidades que garantizan el derecho de defensa de tales medios de comunicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y con el artículo 471 párrafo 7 de la LEGIPE.

Ello, porque además de que la Unidad citó el referido precepto legal, se precisó la conducta atribuida a cada una de las partes, además de que se corrió traslado con el escrito de queja y con las pruebas aportadas, lo que se formalizó a través de las diligencias de notificación correspondientes, con las que se hicieron sabedores del día y la hora de la audiencia a la cual comparecieron por escrito.

Sin que obste a lo anterior que Tabasco Hoy se doliera de que si bien se ordenó correr traslado con las doscientas sesenta publicaciones que se le atribuyen, lo cierto es que éstas no se le entregaron con el traslado del emplazamiento y que con ello se le dejó en estado de indefensión, pues tal como se precisó en el acuerdo de emplazamiento de tres de diciembre y que le fue debidamente notificado, las constancias que integran el expediente estaban a disposición en las instalaciones de la Unidad y respecto de las cuales estuvo en aptitud de hacer manifestaciones al comparecer a la audiencia de ley o vía alegatos, sin que por otra parte exista legalmente carga para la Unidad de entregar copias de lo actuado.

Así, se verifica que la Unidad realizó de manera correcta el emplazamiento controvertido, aunado a que, a raíz de ello, se cumplió con el objetivo de que las partes involucradas acudieran a la audiencia de pruebas y alegatos e hicieran valer sus derechos, por lo que es evidente que no quedaron en estado de indefensión.

Carácter dispositivo

Finalmente, aducen las partes involucradas que el promovente no aportó pruebas para acreditar su dicho, por lo que las notas aportadas son indicios que no pueden ser adminiculadas con ningún otro medio probatorio, en términos de la jurisprudencia 38/2002.

Asimismo, señalan que por tratarse de un procedimiento de carácter dispositivo la carga de la prueba le corresponde al promovente, acorde con el artículo 471 párrafo 3 inciso 3) de la LEGIPE y de la jurisprudencia 12/2010.

Tales argumentos son improcedentes, pues contrario a lo aducido por las partes, el promovente presentó las probanzas que consideró pertinentes para la resolución del presente asunto y señaló las que deberían requerirse, por ejemplo la adquisición de un ejemplar de Tabasco Hoy para contrastar las notas controvertidas.

Aunado a ello, cabe señalar que efectivamente en el procedimiento especial sancionador rige el principio dispositivo, esto es, el artículo 471 párrafo 3 inciso e) de la LEGIPE, establece como uno de los requisitos que deben reunir las denuncias ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no se tenga posibilidad de recabarlas.

Ello significa que le corresponde al promovente ofrecer las pruebas y, en su caso, prepararlas en los términos de la LEGIPE, para sustentar sus afirmaciones, con el propósito de que la autoridad cuente con los elementos idóneos para tomar la determinación que en derecho proceda[7].

Por lo que, es posible concluir que en el procedimiento especial sancionador le corresponde al quejoso probar los extremos de su pretensión, como se considera en la Jurisprudencia 12/2010 del rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”, ello con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.

En tal virtud, en el caso el promovente señaló y remitió las probanzas que consideró pertinentes para la resolución del asunto, las cuales serán valoradas en el fondo del asunto con la finalidad de determinar sin son idóneas y suficientes para probar sus extremos y de igual forma, la autoridad sustanciadora y este órgano jurisdiccional ejercieron la facultad de investigación en términos de la normativa electoral, tal y como se analizó en párrafos precedentes.

De la revisión de los escritos, se advierte que las partes hicieron valer causales de improcedencia y emitieron planteamientos con relación a presuntas violaciones al debido proceso, en los términos siguientes:

Indebida admisión de la demanda

Diario del Sur, El Sol de México y El Heraldo de Chiapas alegaron que la queja que dio origen al procedimiento especial sancionador que ahora se resuelve tiene vicios de origen, por lo que debió ser desechada de plano conforme a lo dispuesto en el artículo 471 fracción 5 inciso c) de la LEGIPE, dado que no aportaron los elementos mínimos para demostrar la supuesta irregularidad ni señalaron las circunstancias de modo, tiempo o lugar en que se verificó la conducta señalada.

No le asiste la razón a los medios de comunicación aludidos, pues contrario ello de los escritos y documentación presentada por el promovente, se advierte que aportó sesenta y tres notas publicadas entre los meses de septiembre de dos mil catorce y marzo de dos mil quince en los periódicos de circulación nacional La Jornada, Milenio, Excélsior y El Universal; así como, diez notas publicadas las páginas de internet del Gobierno del estado, Diario del Sur, El Heraldo de Chiapas, Diario de Chiapas, El Sol de México, entre el siete y el veintidós de enero de dos mil quince.

Publicaciones respecto de las cuales señaló de manera específica, las fechas en que fueron publicadas, que su difusión fue tanto a nivel local como nacional, los medios utilizados para ello y los preceptos legales que estimó transgredidos.

Sin que lo anterior se circunscriba a la idoneidad de tales elementos de prueba para demostrar las pretensiones del promovente, pues tal estudio se realizará en el fondo del asunto.

Indebido emplazamiento

Milenio y Excélsior alegaron como causal de improcedencia el indebido emplazamiento para la celebración de la audiencia de veintidós de junio de dos mil quince, dado que no se citó el precepto legal del que se advierta alguna obligación a su cargo, con lo que se transgrede su derecho fundamental de legalidad.

Al respecto, esta Sala Especializada considera que no se acredita la causal de improcedencia, pues la Unidad dio cumplimiento a las formalidades y finalidades que garantizan el derecho de defensa de tales medios de comunicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y con el artículo 471 párrafo 7 de la LEGIPE.

Ello, porque además de que la Unidad citó el referido precepto legal, como se advierte en el oficio de notificación del emplazamiento de diecisiete de junio de dos mil quince, señaló la conducta que se les atribuye a cada uno y les corrió traslado con el escrito de queja y con las pruebas aportadas, lo formalizó a través de las diligencias de notificación correspondientes, con las que se hicieron sabedores del día y la hora de la audiencia a la cual comparecieron por escrito.

Así, se verifica que la Unidad realizó de manera correcta el emplazamiento, aunado a que, a raíz de ello, se cumplió con el objetivo de que las partes involucradas acudieran a la audiencia de pruebas y alegatos e hicieran valer sus derechos, con lo que es evidente que no quedaron en estado de indefensión.

Falta de transgresión al artículo 134 de la Constitución Federal

Milenio refiere que el presente procedimiento especial sancionador es improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, porque no hay transgresión del artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal ni de normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos.

Al respecto, esta Sala Especializada considera que tal argumento debe analizarse en el fondo del asunto, pues precisamente ello constituye la materia de impugnación, por lo que, será estudiada en el considerando correspondiente.

Frivolidad

Diario del Sur, El Sol de México y El Heraldo de Chiapas alegaron que la queja en frívola por carecer de los elementos básicos para su admisión y procedencia, porque no realizó la narración clara y expresa de los hechos, no precisó qué pretendió probar con las pruebas aportadas ni las vinculó con los hechos señalados, no señaló el ámbito especial y temporal a que deben circunscribirse y revirtió la carga de la prueba a la autoridad electoral.

A juicio de esta Sala Especializada no se actualiza dicha hipótesis, porque de la queja se advierte que el promovente sustentó los hechos con diversos medios de prueba que obran en autos. En efecto, señaló en el escrito, que se difundió de manera indebida propaganda personalizada del Gobernador señalado lo que se hizo con recursos públicos, lo que intenta comprobar con las diversas notas publicadas tanto en los medios impresos como en las páginas electrónicas.

Por tanto, es evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 447 párrafo 1 inciso d) de la LEGIPE, no se actualiza la frivolidad[8] aludida, pues como se analizó, el promovente sustentó los hechos en diversos medios de prueba que de comprobarse, actualizarían la transgresión a los artículos 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución federal y 449 párrafo 1 incisos c), d) y f) de la LEGIPE.

Aunado a ello, la Unidad tiene la facultad de realizar diligencias, aunado a que Sala Superior determinó necesario la realización de varias actuaciones a través de los expedientes SUP-REP-33/2015 y SUP-REP-516/2015 y acumulados, para la debida integración del expediente, precisamente para contar con los medios de prueba necesarios para que este órgano jurisdiccional emita la presente sentencia conforme a Derecho.

Sin embargo, con independencia de que las afirmaciones puedan ser o no fundadas y los medios de prueba adecuados, lo cierto es que tales cuestiones serán materia de estudio en el fondo de esta sentencia.

Presunción de inocencia

En relación a la transgresión a la presunción de inocencia que hace valer el Gobernador de Chiapas, se destaca lo siguiente:

La Sala Superior ha fijado su postura respecto a la presunción de inocencia en diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de la imposibilidad jurídica que existe de imponer sanciones cuando no exista prueba que demuestre plenamente la responsabilidad [9]; es una garantía a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que no se involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos con elementos simples y sin fundamento o sin juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados.[10]

La presunción de inocencia, por tanto, es una garantía a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que no se involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos con elementos simples y sin fundamento o sin juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados.[11]

El artículo 20 Apartado B fracción I de la Constitución Federal, señala que entre los derechos de toda persona imputada, es que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Ahora bien, en el caso particular, esta Sala Especializada determina que tal concepto debe ser analizado en el fondo, pues ahí deberá realizarse la valoración correspondiente y estudiar en su caso si existe o no responsabilidad del Gobernador  y justificarlo conforme a Derecho.

Transgresión al principio de tipicidad

El Gobernador de Chiapas y Comunicación Social, refieren que en la especie se transgrede el principio de tipicidad, mismo que se circunscribe a que los destinatarios de la norma conozcan con precisión y antelación cuales son las conductas ordenadas, permitidas y prohibidas, así como las consecuencias jurídicas por la inobservancia de la norma, de modo que para imponer sanciones debe haber una adecuación plena entre los elementos del supuesto jurídico y el hecho o conducta motivo de queja, esto es, que se debe actualizar el supuesto normativo para que sea viable la aplicación de la consecuencia y, que en la especie, no se acreditó la contratación de las notas periodísticas señaladas por los promoventes, de modo que no se puede tener por actualizado el supuesto previsto por la norma.

Sin embargo, tales argumentos tampoco son susceptibles de ser analizados en este apartado, pues la determinación en relación a si se actualizan las infracciones atribuidas por los promoventes implicaría emitir pronunciamientos de fondo los cuales serán atendidos en el considerando correspondiente.

V. OBJECIÓN DE PRUEBAS

Mediante escritos presentados por el Gobernador y Comunicación Social en las audiencias de pruebas y alegatos celebradas en la Unidad, sustancialmente, objetaron las pruebas ofrecidas y aportadas por los promoventes, pues indica que además de que no existe contrató con ningún medio la difusión de las notas controvertidas, tampoco existe elemento de prueba alguno que así lo demuestre.

Refieren que las pruebas documentales privadas, identificadas de la 4 a la 37[12] en el escrito de queja inicial, no son idóneas para acreditar las pretensiones del promovente, dado que no se acreditó la contratación para la difusión de las mismas y menos que hayan sido sufragadas con recursos públicos, ya que obedecieron al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión y de prensa por parte de los medios de comunicación involucrados.

En cuanto a las pruebas identificadas como 38 y 39[13], del escrito de queja inicial, indica que no tienen sustento legal, por no guardar identidad con los hechos que pretende acreditar el promovente.

Por lo que se refiere a las pruebas supervenientes identificadas en las actas circunstanciadas de dieciocho, diecinueve y veinte de marzo de dos mil quince, afirma que son notoriamente extemporáneas al no haber sido glosadas en tiempo y forma al momento en que el oferente tuvo conocimiento de ellas, además de no guardar identidad con la litis planteada, por lo que no se les puede otorgar valor indiciario alguno.

Esta Sala Especializada desestima tales planteamientos.

El relacionado con las pruebas identificadas de la 4 a la 37, en el sentido de que no existe elemento de prueba alguno que acredite la contratación de las notas difundidas y a que dicha contratación se realizó con recursos públicos, es una cuestión susceptible de analizarse en el fondo, porque precisamente constituye el punto toral de la litis planteada, esto es, si con los elementos de prueba ofrecidos se acredita la transgresión a la normativa electoral señalada por el promovente.

Respecto de la identidad o no de las pruebas 38 y 39, debe destacarse de igual forma que tal cuestión es susceptible de ser analizada en el fondo del asunto, precisamente para determinar su alcance y si con ello se prueba o no lo aducido por el promovente.

En cuanto a las pruebas supervenientes, esta Sala Especializada las tiene por acreditadas en virtud de que reúnen los requisitos según lo dispuesto por el artículo 16 párrafo 4 de la LEGIPE, porción normativa en que se especifica, que tales pruebas son aquéllas que surgen después del plazo legal en que deben aportarse o que aun siendo existentes desde entonces, hubo imposibilidad para presentarlas, siempre que sean exhibidas antes del cierre de instrucción, según se dispone en el párrafo 6 del artículo 461 de la LEGIPE.

Lo anterior es así, en atención a que el escrito de queja de origen se presentó el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, mientras que las notas ofrecidas bajo esa naturaleza se publicaron entre los meses de enero y marzo de dos mil quince, por lo que, como se advierte, surgieron después del plazo legal en que debían aportarse.

Finalmente, el Gobernador objetó las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, en cuanto a su alcance y eficacia demostrativa, porque considera que las mismas no pueden ser suficientes para incidir en el razonamiento de ésta autoridad.

No le asiste la razón, porque la instrumental de actuaciones, se integra precisamente por las constancias que obran agregadas al expediente que ahora se resuelve, las cuales serán tomadas en cuenta por esta Sala Especializada para resolver el fondo de la controversia planteada; y, por lo que se refiere a la presuncional en su aspecto legal y humana, ésta deriva precisamente de la valoración de los elementos de prueba ofrecidos por las partes y de las manifestaciones que cada uno de ellos haya formulado.

De ahí que, ambas pruebas deban tomarse en cuenta por este órgano jurisdiccional al momento de resolver el fondo del asunto.

Mediante escritos presentados en la segunda audiencia el veintidós de junio y nueve de diciembre de dos mil quince, y/o de manera verbal, las partes, en esencia, reiteraron sus manifestaciones y consideraciones.

Asimismo, objetan, en atención a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, el informe rendido por el SAT, las doscientas sesenta notas controvertidas y los ejemplares que se obtuvieron a través de la autoridad administrativa en Tabasco, por cuanto hace a su alcance y valor probatorio.

En efecto, Tabasco Hoy, objetó el informe rendido por el SAT, por el que informa las operaciones detectadas entre él y el Gobierno de la entidad, lo que dice es insuficiente para vincular las notas señaladas con una contratación entre ambas partes dado que ahí no se precisa el concepto de las operaciones referidas.

A juicio de esta Sala Especializada la información remitida por el SAT, al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno respecto de su contenido, pues no obra elemento en contrario, en términos del artículo 462 párrafo 3 de la LEGIPE, no obstante, en el fondo de la controversia se analizará si el alcance de las mismas es suficiente para vincularlas con las notas controvertidas.

Asimismo, las partes involucradas objetan las notas periodísticas cuestionadas, ya que indican, por un lado, Tabasco Hoy, que es imposible ratificarlas como suyas, y de manera conjunta que al no contener los elementos contemplados por los artículos 14 y 15 de la Ley de Imprenta, se tratan de notas clandestinas, por no haber sido exhibido el periódico completo en el que se observa un número de registro, la fecha de su publicación y la persona que edita, imprime y circula el periódico, constituyendo así pruebas no perfeccionadas.

Además, objetan las notas cuestionadas en cuanto a su autenticidad y alcance demostrativo, porque consideran que son insuficientes para evidenciar la existencia de alguna contratación o convenio el Gobierno de Chiapas y Tabasco Hoy señalado, así como que éstas hayan sido pagadas con recursos públicos para los fines señalados por el promovente, pues a su juicio el promovente sólo realizó valoraciones subjetivas sustentadas de manera indiciaria en las notas.

Esta Sala Especializada desestima tales planteamientos.

En primer lugar, cabe destacar que Tabasco Hoy, mediante escrito de veinticinco de abril, adujo que:

“…No existe ningún contrato con el Gobierno de Chiapas y por lo anterior, ninguna persona de este Estado contrató, ordenó o solicitó las publicaciones referidas.

Lo cierto es que el periódico Tabasco Hoy, circula en algunos municipios del Estado de Chiapas, por lo tanto, en pleno ejercicio de la libertad de expresión, de imprenta, y de la libertad editorial es que cubre información propia del Estado de Chiapas.

…

Encargado responsable de la búsqueda de la información para las publicaciones materia del presente requerimiento Ángel Vega Pedraza.

…

En el caso de las publicaciones materia del presente requerimiento la información-imágenes y contenido se toma de diferentes fuentes: monitoreos de medios electrónicos tv y radio y redes sociales y no fueron proporcionada (sic) por ningún ente gubernamental.

…”

Como se observa, a través del escrito señalado, Tabasco Hoy reconoció como suyas las notas cuestionadas al argumentar que el responsable de la publicación de las mismas fue Ángel Vega Pedraza y que la información, imágenes y contenido se tomaron de diversas fuentes, tales como: monitoreos de medios electrónicos, televisión, radio y redes sociales y asentó que, en ese sentido, la información no fue proporcionada por ningún ente gubernamental.

Por otro lado, mediante el uso de la voz durante la celebración de las dos primeras audiencias, así como, de los escritos del veintidós y treinta de mayo, y veintidós de junio, Tabasco Hoy ha objetado las notas controvertidas puesto que a su juicio son clandestinas en virtud de que no fueron presentadas con el periódico completo, por lo que, no las reconoce, al ser imposible determinar que son suyas.

Asimismo, obran en autos las probanzas entregadas por el promovente las cuales consisten en las doscientas sesenta notas controvertidas, así como, dos ejemplares del periódico Tabasco Hoy, de los que se agrega un ejemplo de una nota presentada por el promovente y una que obra en uno de los ejemplares adquiridos por la autoridad administrativa electoral:

-Nota presentada por el promovente:

-Ejemplar adquirido por la autoridad

Ahora bien, en términos del artículo 462 párrafo 1, que establece que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como, a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados, éste órgano jurisdiccional determina que las manifestaciones vertidas por el promovente, adminiculadas con los señalamientos de Tabasco Hoy en el escrito de veinticinco de abril, los dos ejemplares del periódico Tabasco Hoy de ocho y nueve de junio adquiridos por la autoridad, el acta levantada por la Unidad el once siguiente, así como, las doscientas sesenta notas presentadas por el promovente, crean convicción respecto de que las notas controvertidas son auténticas y que fueron emitidas y publicadas por Tabasco Hoy.

Aunado a ello, se le otorga mayor validez a la primera manifestación realizada por Tabasco Hoy, en atención al principio de inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la versión expuesta en las primeras declaraciones[14], por lo que el escrito de veinticinco de abril signado por Tabasco Hoy tiene mayor validez respecto a las manifestaciones realizadas en subsecuentes ocasiones, tanto de manera verbal como escrita.

En este tenor, la primera manifestación genera mayor convicción a esta Sala Especializada en atención a la adminiculación del total de probanzas que obran en autos, contrario a lo que sucede con las posteriores objeciones del citado medio de comunicación social impreso.

En tal virtud, respecto a la objeción de los ejemplares de Tabasco Hoy, cabe reiterar que contrario a tal refutación, las notas controvertidas generan prueba plena respecto de la similitud de las contenidas en los ejemplares que allegó a autos la propia autoridad electoral, quién actúa bajo el principio de buena fe, en atención a que Tabasco Hoy, adujo que le era imposible remitir, en cumplimiento a diversos requerimientos de la autoridad instructora, los ejemplares solicitados.

La semejanza se constata, puesto que ambos ejemplares que obran en autos de ocho y nueve de junio del presente año, del periódico Tabasco Hoy, contienen la sección denominada la “Hora de Chiapas”, de los que se advierte, como lo hizo constar mediante diligencia la Unidad, similares elementos, es decir, coinciden con el formato de las doscientas sesenta notas presentadas por el promovente, de ahí que sea improcedente la objeción realizada por las partes.

No obstante ello, por cuanto hace al alcance demostrativo de las notas cuestionadas respecto del contenido para acreditar la probable promoción personalizada del Gobernador, adquisición y uso de recursos públicos, será materia del fondo del asunto.

Asimismo, cabe destacar que en el caso concreto no resultan aplicables los artículos 14[15] y 15[16] de la Ley de Imprenta, mediante los que pretenden hacer valer, que al carecer las notas cuestionadas de los elementos que establecen los referidos preceptos, deben considerarse como clandestinas, cuyo contenido se transcribe a continuación:

Como se advierte, el artículo 14 se refiere a la responsabilidad penal por delitos que ataquen la vida privada, la moral el orden y la paz pública, no obstante, el contenido de las notas no es motivo de análisis por la violación a las limitantes de la libertad de expresión, ni delito alguno, sino por el contenido y difusión de las notas que pueden constituir promoción personalizada de servidor público, adquisición o contratación, actos anticipados de precampaña y campaña y uso indebido de recursos públicos.

A su vez, tampoco resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 15, puesto que propiamente no se analiza la circulación de un impreso y los requisitos para tal efecto, sino el análisis de las notas cuestionadas por la posible contravención a la normativa electoral, por su difusión y contenido, en los términos ya precisados.

Aunado a ello, es viable señalar que Tabasco Hoy incumplió con su obligación legal de remitir copia de los periódicos solicitados incluso en varias ocasiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 447 párrafo 1 incisos a) y e) de la LEGIPE, por lo que, en atención a la facultad que tiene la propia autoridad administrativa de allegarse de información, le fue necesario reunir pruebas necesarias por otros medios legales, tal y como lo hizo a través del requerimiento ordenado a la Junta Local del INE en Tabasco.

Por otra parte, el Partido Verde, el Gobernador y el Director de Comunicación, objetaron la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales dicen, carecen de alcance y eficacia demostrativa en la medida de que la mismas tampoco pueden ser argumentos bastos y suficientes que incidan en el razonamiento de esta Sala Especializada dado que obedecen a una mera interpretación subjetiva, máxime que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no guardan relación alguna con los hechos que se pretenden acreditar.

Sin embargo, debe decirse que en cuanto a la instrumental de actuaciones antes aludida, se integra precisamente por las constancias que obran agregadas al expediente que ahora se resuelve, las cuales serán tomadas en cuenta por esta Sala Especializada para resolver el fondo de la controversia planteada; y, por lo que se refiere a la presuncional en su aspecto legal y humana, ésta deriva precisamente de la valoración de los elementos de prueba ofrecidos por las partes y de las manifestaciones que cada uno de ellos haya formulado.

De ahí que, ambas pruebas deban tomarse en cuenta por este órgano jurisdiccional para resolver el fondo del asunto y determinar lo conducente.

VI. LITIS

En los escritos de queja, los promoventes hicieron valer lo siguiente:

Con base en lo señalado, se advierte que la cuestión planteada en el presente asunto se centra en determinar si con la publicación y difusión de las notas señaladas en los medios impresos y electrónicos se actualiza la contratación de propaganda personalizada del Gobernador, al mostrar su nombre e imagen, la realización de actos anticipados de precampaña y campaña y el uso indebido de recursos públicos, así como, la culpa in vigilando del Partido Verde.

VII. PRUEBAS

VIII. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS

Esta Sala Especializada determina que se acredita la existencia total de trescientas treinta y dos notas, de las cuales sesenta y dos notas en los periódicos de circulación nacional La Jornada, Milenio, Excélsior y El Universal, en las que se muestra el nombre y la imagen del Gobernador, entre los meses de septiembre de dos mil catorce a marzo de dos mil quince, así como la existencia y difusión, durante el mes de enero, de diez notas en los medios electrónicos de los periódicos locales Diario del Sur, El Heraldo de Chiapas y Diario de Chiapas, del periódico nacional El Sol de México y en la Página del Gobierno de la entidad; y doscientas sesenta notas en Tabasco Hoy, entre el doce de junio de dos mil catorce y quince de abril de dos mil quince, como se observa en el ANEXO ÚNICO de esta sentencia[17].

Del total de probanzas públicas y privadas que obran dentro del expediente SUP-PSC-2/2015, este órgano jurisdiccional tiene por acreditado lo siguiente:

      El promovente controvirtió un total de setenta y seis notas, de las cuales solo se acredita la existencia de sesenta y dos en medios impresos y diez en medios electrónicos[18].

      La difusión de sesenta y dos notas controvertidas en los periódicos de circulación nacional La Jornada, Excélsior, Milenio y El Universal, y diez notas controvertidas en los medios electrónicos; de las cuales 5 se publicaron en las páginas electrónicas de los medios: El Sol de México, Diario del Sur, Diario de Chiapas y El Heraldo de Chiapas, así como, 5 en la Página del Gobierno; lo que se acreditó con las propias manifestaciones de los medios de comunicación involucrados, con los ejemplares impresos o copia simple de las notas materia de análisis y con las actas circunstancias de cinco de febrero de dos mil quince levantadas por la Unidad a efecto de constatar la existencia de las notas publicadas en medios electrónicos.

      La difusión se realizó entre los meses de septiembre de dos mil catorce a marzo de dos mil quince, esto es, dentro de la celebración de los procesos electorales federal y del estado de Chiapas; lo que se acredita con las notas ya descritas y con las actas circunstanciadas aludidas en el párrafo precedente.

      Las notas contienen el nombre y la imagen del Gobernador, como se observa en la totalidad de las notas difundidas tanto de manera impresa como electrónica;

      La difusión en medios impresos se realizó en todo el país, lo que se afirma al ser un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que los periódicos El Universal, Milenio, la Jornada, Excélsior tienen cobertura nacional, como se destacó en el SRE-PSC-18/2015; lo que además se corrobora al con las manifestaciones realizadas por tales medios al rendir sus informes en relación a la cobertura que dieron respecto del resto de las entidades federativas.

      Tres notas publicadas en la Página del Gobierno son coincidentes, dos con las publicadas por el Diario de Chiapas el ocho y el doce de enero; y una con la publicada por el Diario del Sur el nueve de enero.

      Los medios de comunicación impresos y electrónicos, publicaron notas atinentes a la mayoría de los gobernadores del país; lo que se constata con la información remitida por dichos medios.

      El Universal celebró un contrato de prestación de servicios con Comunicación con el objeto de establecer los mecanismos y acciones entre ambos para la publicidad y/o difusión institucional de las acciones de Gobierno del estado de Chiapas por una suma de cinco millones de pesos, con una vigencia que corresponde a una pauta publicitaria del catorce de noviembre de dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; lo anterior se acreditó con las propias manifestaciones del periódico aludido y del Instituto de Comunicación Social de la entidad, así como, con el original del señalado contrato.

      La existencia de trescientas cuarenta y cinco operaciones entre el Gobierno y los diversos medios involucrados: cuatro con La Jornada, ochenta y dos con El Universal, setenta y nueve con El Heraldo de Chiapas, una con El Sol de México, sesenta y un con el Diario del Sur, nueve con Milenio y noventa y nueve con el Diario de Chiapas; según lo informó el SAT, sin que se acreditara el nexo causal con alguna de las notas controvertidas, es decir, las que son objeto de litis.

      La publicación de notas gubernamentales no controvertidas, contratadas por el gobierno de Chiapas con los medios de comunicación señalados, excepto Excélsior, que contienen el nombre y la imagen del Gobernador, como se advierte en la información remitida por Comunicación Social, que obra en los cuadernos accesorios 10 al 15.

Por otro lado, no se acredita:

      La existencia de una nota de internet publicada en la Página del Gobierno y tampoco serán consideradas para el análisis dos notas impresas publicadas por La Jornada, al haber sido publicadas antes del inicio del proceso electoral, como se advierte en el ANEXO ÚNICO.

      La existencia de operaciones entre el Gobierno y Excélsior, según lo informó el SAT en el oficio de veinte de abril.

      La celebración de contrato o acto jurídico alguno, relacionado con las notas controvertidas por parte del gobierno de Chiapas y los medios de comunicación involucrados.

Las documentales privadas presentadas en el expediente indicado y detalladas en el ANEXO ÚNICO, tales como los ejemplares de las notas tipo gacetillas en los periódicos El Universal, Milenio, La Jornada y Excélsior, en los en medios electrónicos y en la Página del Gobierno de la entidad, así como, el contrato celebrado entre el Gobierno de Chiapas y El Universal para la difusión de propaganda para fomentar el turismo, no fueron objetados en cuanto a su autenticidad y contenido, y por ende, tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 462 párrafo 3 de la LEGIPE. Además, en autos no existe indicio que los desvirtúen.

Los escritos presentados por las partes, serán valorados en el fondo del asunto, con la finalidad de adminicularlos con el resto de elementos probatorios, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, para determinar el alcance de cada uno, en términos del artículo 462 párrafos 1 y 2.

Las documentales públicas, en particular, las actas circunstanciadas y las actas de audiencias de pruebas y alegatos levantadas por la Unidad, generan prueba de su contenido, en términos del citado artículo 462 párrafo 2 de la LEGIPE y son coincidentes con el resto del caudal reseñado.

Del total de probanzas públicas y privadas que obran en el expediente SUP-PSC-206/2015, este órgano jurisdiccional tiene por acreditado lo siguiente:

      El promovente controvirtió un total de doscientas sesenta y seis notas, de las cuales solo se acredita la existencia y difusión de doscientas sesenta notas publicadas en Tabasco Hoy; lo que se acreditó con las propias manifestaciones del instituto político quejoso, las del medio de comunicación involucrado, las notas periodísticas exhibidas y los ejemplares del medio de comunicación que obran en autos, así como la diligencia realizada por la Unidad.

      La difusión de las notas impresas se realizó del catorce de junio de dos mil catorce al quince de abril de dos mil quince; lo que se acredita con las notas ya descritas y el dicho del promovente.

      La difusión de las notas impresas se realizó en Tabasco y en los municipios circunvecinos de Chiapas, Veracruz y Campeche; lo que se acredita con el propio dicho de Tabasco Hoy señalado y en el acta circunstanciada instruida por la Unidad el veintiocho de abril.

      La página electrónica de Tabasco Hoy, refiere que es el periódico que se edita en el estado de Tabasco y que también se distribuye en los estados vecinos de Chiapas, Veracruz y Campeche; según se hizo constar en el acta circunstanciada instruida por la Unidad de veintiocho de abril.

      19 notas se refieren a educación; 29 notas se refieren a seguridad; 7 notas se refieren a vivienda; 6 notas se refieren a vialidades e infraestructura; 3 notas se refieren a transporte; 8 notas se refieren a apoyo a mamás; 5 notas se refieren empleo; 15 notas se refieren a agroindustria; 2 notas se refieren a ambulantaje; 20 notas se refieren a salud; 7 notas se refieren a deporte; 10 notas se refieren a turismo; 31 notas se refieren a desarrollo; 2 notas se refieren a migración; 13 notas se refieren a prevención social; 7 notas se refieren a programas de apoyo a damnificados; 5 notas se refieren a indígenas; 1 nota se refiere al Segundo informe de labores del Gobernador; 2 notas se refieren a selvas, y, 68 notas aluden a diversas actividades gubernamentales, como se advierte en las notas controvertidas.

      La mayoría de las doscientas sesenta notas contienen el nombre, la imagen y el cargo del Gobernador, como se advierte de las propias notas controvertidas.

      Se efectuaron veintitrés operaciones contractuales entre el Gobierno del Estado de Chiapas y Tabasco Hoy durante los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince; lo que se corrobora con el informe rendido por el SAT el primero de mayo.

      La sección denominada La Hora de Chiapas es parte del periódico Tabasco Hoy; lo que se constata en el acta circunstanciada OE-TAB-JLE/02/2015 instruida por la Junta Local Ejecutiva de Tabasco el veintiséis al veintinueve siguientes.

Las documentales privadas, tales como los escritos presentados por las partes, las notas periodísticas señaladas, así como, los dos ejemplares del periódico Tabasco Hoy, tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 462 párrafos 1 y 3 de la LEGIPE, pues generan convicción suficiente a este órgano jurisdiccional respecto de que las notas controvertidas fueron publicadas por Tabasco Hoy, al concatenarse las mismas con los dos ejemplares, el dicho del promovente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. Asimismo, generan convicción sobre su contenido en los términos precisados.

Las documentales públicas, en particular, el oficio signado por el SAT, el acta circunstanciada de doce de junio y las actas de las audiencias de pruebas y alegatos levantadas por la Unidad, generan prueba de su contenido, en términos del citado artículo 462 párrafo 2 de la LEGIPE, además de que son coincidentes con el resto del caudal reseñado.

Así, de los elementos de prueba en su conjunto se tiene que los promoventes controvirtieron, en un principio, un total de trescientas treinta y dos notas impresas y once electrónicas, lo que da un total de trescientos cuarenta y tres notas, como se precisa a continuación:

Como se observa en el apartado de aclaraciones, diversas notas no fueron exhibidas por los promoventes o estaban duplicadas, por ello el número de notas sujetas a análisis serán trescientas veintidós impresas y diez electrónicas, lo que da un total de trescientas treinta y dos notas publicadas de la siguiente manera:

VIII. FONDO DEL ASUNTO

1. ELEMENTOS NORMATIVOS

a. Promoción personalizada

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, así como los alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer que la misma, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Asimismo, el precepto en cita refiere que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Estos principios se fundamentan principalmente en la finalidad de evitar que entes públicos, so pretexto de difundir propaganda gubernamental, puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político, aspirante o candidato.

Según el estudio realizado por la Sala Superior en el SUP-REP-0005/2015, el citado artículo 134 tutela, en esencia, los siguientes aspectos:

      La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;

      La propaganda gubernamental debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;

      La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

      Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.

      Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

También, sugiere los siguientes criterios:

      Que del artículo 134 párrafo octavo no se desprende la necesidad de que la propaganda gubernamental implique la promoción a favor de alguno de los sujetos involucrados en una contienda electoral, por el contrario, implica el reconocimiento de que la propaganda gubernamental puede influir indebidamente en la contienda electoral.

      Que la propaganda gubernamental que adquiere tintes de promoción personalizada, no necesariamente debe contener referencias explícitas a un proceso electoral o realizarse con el fin de posicionar a un servidor público o romper con los principios rectores de los procesos electorales.

      Que la violación a la restricción constitucional impuesta a la propaganda gubernamental, constituye una auténtica regla prohibitiva de rango constitucional.

      Que debe distinguirse entre promoción personalizada difundida a través de actividad periodística y la derivada de propaganda gubernamental.

      Que debe analizarse el contexto integral en que se efectúan las conductas, como son la reiteración o sistematicidad de la conducta, así como las acciones estratégicas, para el posicionamiento del sujeto cuya promoción personalizada se denunció.

Asimismo, la jurisprudencia 12/2015 de rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA” determina que a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional del precepto citado, debe atenderse a los elementos siguientes:

a)     Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;

b)     Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y

c)     Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

Aunado a ello, en la citada sentencia del expediente SUP-REP-0005/2015, se tuvo como necesario puntualizar que cuando la propaganda objeto de la denuncia carezca de referencia alguna de la elección, o bien, no sea posible deducirla a partir de los elementos contextuales descritos por el denunciante o del contenido de la promoción que se considere contraria a la ley, y tampoco existan bases para identificar el cargo de elección popular para el cual se promueve, será necesario realizar un análisis prima facie, a efecto de verificar los hechos planteados en la demanda y las pruebas que se ofrezcan y aporten, para estar en posibilidad de determinar si la materia de la queja trasgrede o influye en la materia electoral.

A su vez, el artículo 41 párrafo segundo, Base III, Apartado C párrafo segundo de la Constitución Federal establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y en general de cualquier ente público; y que las únicas excepciones a ello, lo serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

De dicho dispositivo se advierte que la difusión de propaganda gubernamental durante la celebración de procesos electorales debe suspenderse, salvo las excepciones ya señaladas, para evitar que influyan en las preferencias electorales de los ciudadanos y para que los entes públicos observen una conducta imparcial en las elecciones.

Por otro lado, derivado de las normas referidas, la LEGIPE establece en el artículo 209 párrafo 1 que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno y de cualquier ente público; y que las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Asimismo, establece en sus artículos 447 párrafo 1 inciso e) que constituyen infracciones de cualquier persona física o moral el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley; regla que se replica en el artículo 449 párrafo 1 inciso f) para las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales o del Distrito Federal, así como órganos autónomos y cualquier otro ente público.

Del mismo modo, el artículo 449 párrafo 1 incisos c) y d) prevé de forma expresa que constituirán infracciones de las autoridades o servidores públicos el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidato o candidatos durante los procesos electorales y la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social.

b.     Uso de recursos públicos

El párrafo séptimo de la Constitución Federal establece que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Por su parte, la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-903/2015 determinó que si bien el referido precepto constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible advertir la exigencia de que los servidores públicos actúen con total imparcialidad, con el objeto que ningún partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.

Asimismo, aplica el citado artículo 449 párrafo 1 incisos c) y d) de la LEGIPE, respecto a las infracciones de los servidores públicos cuando no protejan la imparcialidad y la equidad en la contienda.

c.     Actos anticipados de precampaña y campaña

El artículo 41 Base IV párrafos primero y tercero de la Constitución Federal indica que la ley establecerá las reglas para las precampañas y las campañas electorales y que la violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

El artículo 247 párrafos 1 y 2 de la misma ley, establecen que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Federal.

El artículo 3 párrafo 1 inciso a) de la LEGIPE señala que se entiende por actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

El artículo 242 párrafo 3 del citado ordenamiento, establece que por propaganda electoral se entiende al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía la candidaturas registradas.

El artículo 251 párrafo 3 de la citada normatividad indica que las campañas electorales de los partidos políticos iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

A su vez, el artículo 3 párrafo 1 inciso b) de la LEGIPE señala, precisa que los actos anticipados de precampaña son aquellos que se hacen consistir en las expresiones realizadas bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

El artículo 211 del citado ordenamiento, refiere que se entiende por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.

El artículo 227 párrafo 1 de la LEGIPE señala que se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

El párrafo 2 del mismo artículo, indica que se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

Además, el artículo 443 párrafo 1 incisos a), e) y h) señala que constituyen infracciones de los partidos políticos a dicha ley, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos y demás disposiciones aplicables y contenidas en la LEGIPE; la realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos y el incumplimiento de las demás disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas electorales.

Asimismo, el artículo 449 párrafo 1 incisos c) y d) prevé de forma expresa que constituirán infracciones de las autoridades o servidores públicos el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales y la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social.

Finalmente, el artículo 447 párrafo 1 inciso e) de la ley en cita prevé de forma expresa, entre otras cosas, que constituirán infracciones de las personas morales el incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en esa ley.

d.     Culpa in vigilando

La Ley de Partidos establece, en el artículo 25 párrafo 1 incisos a) y u), que son obligaciones de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; y las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

A su vez, el 443 párrafo 1 incisos a), e), h) y n) de la LEGIPE señala que constituyen infracciones de los partidos políticos: el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos y demás disposiciones aplicables; la realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos; el incumplimiento de las demás disposiciones previstas en dicha ley en materia de precampañas y campañas electorales; y la comisión de cualquier otra falta de las previstas en la citada norma.

 2. INFRACCIONES

A través del primer escrito, el PRD menciona, en esencia, que las notas “tipo gacetilla” en diversos periódicos de circulación nacional, en cuyas notas se advierten fotografías en las que se resaltan de manera irracional y desproporcionada la imagen y nombre del Gobernador.

En su concepto, con las citadas notas se acredita la utilización imparcial de recursos públicos, al beneficiar con las mismas al sujeto denunciado mediante la promoción de su nombre e imagen, esto es la indebida difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de las campañas electorales federal y local en el estado de Chiapas 2014-2015.

Las supuestas notas “tipo gacetilla”, en los medios impresos de circulación nacional, según su dicho fueron difundidas en el periodo del treinta de septiembre al diecisiete de diciembre de dos mil catorce, por lo que, se ha violado sistemáticamente lo establecido en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal.

Asimismo, a través de la nueva queja afirma que las publicaciones que presenta fueron solicitadas por el propio gobierno de la entidad y sufragadas con recursos públicos, con el ánimo de difundir a nivel nacional el nombre e imagen del mandatario señalado, del siete al veintidós de enero de dos mil quince; con lo que pretendió evidenciar que la difusión es una conducta reiterada y sistemática.

También, refiere que dadas las características de las publicaciones ahora señaladas, de ninguna manera pueden ser clasificadas como ejercicio periodístico, dado que ninguna está firmada por el reportero, corresponsal o redacción de los medios de comunicación escrita de circulación nacional involucrados, además de que están destacadas con un recuadro que las distingue de las demás notas, que ninguna está firmada por los reporteros ni cuentan con fecha y lugar de edición, que su tipografía es diferente, que casi todos los días son publicadas y que en cada una de ellas aparece el nombre e imagen del mandatario señalado.

A su vez, en el escrito en que el PRD ofreció pruebas supervenientes consistentes en notas impresas en periódicos de circulación nacional y en medios electrónicos y que dio origen a la apertura del segundo procedimiento, señaló que también eran transgresoras de lo dispuesto en el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, por contener propaganda personalizada del Gobernador señalado y por haber sido sufragadas con recursos públicos, dado que no estaban amparadas por la libertad de prensa.

Por su parte, MORENA aduce, en esencia, que desde el doce de junio de dos mil catorce hasta el quince de abril de dos mil quince, el Partido Verde ha venido documentando de manera desmedida la imagen y nombre del Gobernador, a través de diversas notas publicadas en Tabasco Hoy Tabasco Hoy, específicamente, en la sección intitulada “La Hora de Chiapas”, esto es, fuera del ámbito territorial en que tiene jurisdicción, como lo es el estado de Tabasco, de manera reiterada y sistemática, con la utilización indebida de recursos públicos, lo que provoca la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

Lo que dice da lugar a sancionar también al instituto político señalado, por la inobservancia de la normativa electoral y a la luz de la figura denominada culpa in vigilando por haber permitido que con tales acciones se afecte seriamente al proceso electoral.

3.     METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Ahora bien, conforme a lo establecido en el marco normativo aplicable se procede a estudiar, en primer lugar, si la controversia tiene incidencia en materia electoral; y después propiamente las aseveraciones de los promoventes en cuatro incisos, de la siguiente manera:

A.    Cuestión previa

B.    Posible incidencia de las supuestas infracciones en los procesos electorales.

C.    Violación al artículo 134 de la Constitución Federal por promoción personalizada del Gobernador

a.     Configuración de elementos contextuales

1)     Adquisición de propaganda gubernamental.

2)     Medio

3)     Difusión reiterada

4)     Elemento temporal

5)     Elemento objetivo o contenido

6)     Elemento personal

-Conclusión

b.     Análisis de la posible promoción personalizada difundida a través de actividad periodística y/o de propaganda gubernamental durante la etapa de campañas

i.            Medios impresos

ii.            Medios electrónicos

-          Notas coincidentes

D.    Violación al artículo 134 de la Constitución Federal por uso indebido de recursos públicos

E.     Actos anticipados de precampaña y campaña.

F.     Culpa in vigilando.

4.     ESTUDIO

A.    Cuestión previa

Es importante destacar que la LEGIPE establece como uno de los requisitos que deben reunir las denuncias, ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, identificar aquellas que habrán de requerirse a la autoridad administrativa cuando no se tenga posibilidad de recabarlas.

Así, tanto Sala Superior como esta Sala Especializada sostienen que en los procedimientos especiales sancionadores rige el principio dispositivo; no obstante, existen excepciones que atenúan dicho principio que permiten a la autoridad que ordene el desahogo de pruebas, cuando: la violación reclamada lo amerite, los plazos lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos, como ha sucedido en el caso concreto.

En efecto, en el asunto que se analiza la Unidad, en términos del artículo 61 párrafo 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE; esta Sala Especializada, en términos del artículo 476 párrafo 2 inciso b) de la LEGIPE, así como, por lo mandatado por Sala Superior dentro de las sentencias SUP-REP-33/2015 Y SUP-REP-516/2015 y acumulados, y conforme lo establece la jurisprudencia 22/2013 emitida por la Sala Superior de rubro: “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN”, ha realizado infinidad de diligencias y requerimientos a las partes involucradas.

Sin embargo, acorde con el criterio de Sala Superior en la sentencia SUP-REP-10/2014, se determina que de una ponderación entre los principios dispositivos y de inmediatez, frente a los diversos de garantía de audiencia, defensa y exhaustividad, es ineludible resolver con las probanzas que obran en el expediente, puesto que, si bien, los actos de naturaleza intraprocesal no constituyen un actuar irregular, ni generan afectación a los derechos sustantivos de las partes o al principio de plazo razonable del procedimiento, en el caso concreto, es innecesario agotar mayores diligencias.

Además, se trae a colación lo sostenido recientemente por la Sala Superior en el SUP-JRC-678/2015 y acumulados, el veintidós de octubre del presente año, mediante el que se analizó en términos similares, en lo que interesa al caso, que:

      Del análisis se observaba que la cobertura noticiosa o informativa dada por los medios de comunicación impresos, en principio, cumplió con la función de proporcionar y mantener informada a la población de los diversos hechos, situaciones y personalidades que participaron en el proceso electoral local para elegir al Gobernador del Estado de Colima, sin que se advierte ningún tipo de tendencia favorable o desfavorable respecto de los candidatos, tal y como lo demuestra la circunstancia que la mayoría de las piezas informativas pertenecen a géneros eminentemente descriptivos, carentes de valoraciones y en los cuales el periodista se limita a narrar lo acontecido en el hecho noticioso.

      El hecho de que un periódico tenga ciertas líneas editoriales y así se conduzca en la difusión de las noticias no es reprochable, en principio, porque, en todo caso, se debe atender a un control social por la opinión pública y a una autocontención y sujeción a un código ético.

      En ese sentido los numerales 1, 2 y 3, del Código Internacional de Ética[19] Periodística de la UNESCO consideran:

“1) El derecho del pueblo a una información verídica:

El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación.

2) Adhesión del periodista a la realidad objetiva:

La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.

3) La responsabilidad social del periodista:

En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales.”

      Es claro que el sistema jurídico mexicano tiene como uno de sus pilares fundamentales la libertad de prensa, por lo que, en consecuencia, le corresponde a la parte que aduce la conculcación a la inequidad de dicha cobertura acreditar plenamente tal circunstancia, así como su correspondiente impacto en el proceso electoral.

      Las pruebas aportadas por el quejoso resultaban insuficientes para acreditar la supuesta existencia de una cobertura inequitativa y tendenciosa, sino que, por el contrario, el estudio de la muestra discrecional, parcial e incompleta aportada por el recurrente muestran la existencia de una genuina cobertura noticiosa por parte de los medios impresos, ya que la mayor parte de las piezas informativas consistieron en notas en las cuales el autor de la misma se limita a describir y narrar el acontecer del hecho, situación o personalidad sin ningún tipo de adjetivación, por lo que dicha cobertura tiene un carácter neutro.

      Si la cobertura noticiosa de los periódicos, cuyos ejemplares fueron aportados como elementos de convicción mostraron la realización de una labor periodística neutra, entonces es claro que la irregularidad aducida no se encuentra demostrada, sin que la circunstancia de que se haya otorgado una mayor cobertura a algún candidato pueda configurar la nulidad de la elección, o bien, la falta de equidad en la contienda, puesto que dicha circunstancia puede deberse a múltiples factores –línea editorial; mayor número de eventos de alguno de los candidatos; mejor estrategia de vinculación con los medios; manejo adecuado de temas de interés para la ciudadanía-, por lo que, en esa medida, correspondía a los enjuiciantes demostrar la existencia de que tal situación se debía a una cuestión irregular, lo que en la especie no acontece.

      En consecuencia, una opinión pública bien informada, entre otros Por ende, la importancia de la libertad de expresión en el desarrollo de una sociedad democrática, exige entonces que para su máxima protección, se conozcan con la mayor claridad posible por todos los interesados, sus límites y que tales restricciones se reduzcan a su vez, a las estrictamente indispensables. En el caso de nuestro país, de ello se ocupan los artículos 6°, 7°, párrafo segundo, y 41, base III, apartado C, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Criterios que serán retomados por este órgano jurisdiccional para la resolución del presente asunto.

B.    Posible incidencia de las supuestas infracciones en los procesos electorales

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior[20] y de este órgano jurisdiccional en diversos precedentes, que es necesario realizar un análisis prima facie a efecto de verificar si los hechos planteados en la demanda y las pruebas que se ofrezcan y aporten en ésta para estar en posibilidad de justipreciar adecuadamente si la queja trasgrede o influye en la materia electoral.

En el caso concreto, se controvierte la publicación, difusión y contenido de trescientas treinta y dos notas impresas y electrónicas que tuvo como acreditadas esta Sala Especializada, porque a juicio de los quejosos constituyen, sustancialmente, propaganda gubernamental prohibida por la promoción personalizada del Gobernador al aparecer su nombre e imagen en periodo prohibido, esto es durante la celebración de comicios constitucionales.

En este tenor, de la revisión concreta de los expedientes en estudio se advierte que efectivamente la mayoría de las notas controvertidas contienen el nombre y la imagen del Gobernador, lo cual, salvo excepciones, está prohibido durante la celebración de procesos electorales, y en el caso, antes y a la fecha de las impugnaciones e instrucción de las quejas, se encontraban en desarrollo los procesos electorales federal y local en Chiapas 2014-2015, por lo que tal situación podría influir en la materia electoral.

En primer lugar, porque Sala Superior en el SUP-REP-5/2015 y acumulados, determinó que del artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal no se advierte la necesidad de que la propaganda gubernamental implique la promoción a favor de alguno de los sujetos involucrados en una contienda electoral, por el contrario, implica el reconocimiento de que la propaganda gubernamental puede influir indebidamente en la contienda electoral.

En segundo lugar, porque a su vez la Sala Superior en el SUP-REP-81/2015 advirtió que la difusión de propaganda gubernamental y el acceso de los funcionarios públicos a los medios de comunicación social encuentra límites legales durante el desarrollo de los comicios, ya que los servidores públicos tienen deberes específicos durante los procesos electorales a fin de evitar que los sujetos ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados, así como que el poder público, en todos los órdenes, observe en todo tiempo, una conducta de imparcialidad respecto de la competencia electoral.

Lo anterior tiene como finalidad impedir la injerencia de dicho poder a favor o en contra de cualquier partido político o la persona que ostente una candidatura a cargo de elección popular e incluso, la utilización del poder para promover ambiciones personales de índole política, con las excepciones expresamente estipuladas en la ley.

Por ello, al tratarse de la publicación y difusión de notas con contenido probablemente prohibido al observarse el nombre y la imagen del Gobernador en notas difundidas en su mayoría durante la celebración de las citadas elecciones federal y local en el estado de Chiapas dentro de los procesos electorales 2014-2015, resulta procedente analizar las infracciones planteadas.

C.    Violación al artículo 134 de la Constitución Federal por promoción personalizada del Gobernador

Este órgano jurisdiccional tiene por acreditada la violación al deber de cuidado y de cuidarse por la difusión de las actividades del mandatario en la Página de Gobierno y en las notas periodísticas, durante los procesos electorales federal y local en Chiapas 2014-2015.

Ahora bien, el análisis de la violación al artículo 134 constitucional por promoción personalizada de servidores públicos, conforme con los criterios establecidos por la Sala Superior, se debe analizar tanto la configuración de los elementos contextuales como la promoción personalizada difundida a través de actividad periodística o de propaganda gubernamental, lo cual se realiza enseguida.

a.          Configuración de elementos contextuales

1)     Adquisición de propaganda gubernamental.

Afirman los promoventes que las notas controvertidas fueron adquiridas y/o contratadas por el Gobierno de Chiapas y los medios involucrados.

En este sentido, afirma el PRD que “una gacetilla pagada se puede distinguir por la repetición sistemática de notas de una persona en un mismo periódico”.

A su vez, MORENA refiere que a través de las notas en Tabasco Hoy se pretendió exaltar de manera irregular y fuera de territorio las actividades del Gobernador, con el único ánimo de promover el voto ciudadano en favor del partido que milita, no obstante, que por ser servidor público tiene prohibido contratar medios de comunicación ajenos a los locales en el ámbito territorial en que tiene competencia

En primer lugar, es importante señalar que el simple formato en que se presenta la información no es un elemento objetivo para determinar que se está en presencia de una “inserción pagada”, pues no puede considerarse que haya un formato legal preestablecido para rendir la información periodística.

En este sentido, los propios medios de comunicación involucrados, en sus escritos presentados en cumplimiento a los requerimientos realizados por la Unidad, señalaron, fundamentalmente, que:

         No cuentan con un manual o instructivo a seguir para la publicación de materiales;

         Cuando se trata de notas pagadas se diferencian con las siglas entre paréntesis (IP) o la frase “inserción pagada”[21] y cuando el propio equipo de redacción recaba la información de los boletines de prensa de la propia entidad, tales notas se distinguen porque en la parte final aparece la palabra “COMUNICADO”[22].

         Cuando se trata de información generada en el boletín de prensa de la entidad, ésta es analizada por el área de redacción de cada editorial, sin que exista autoría atribuible a persona alguna, pues incluso, se distinguen cuando en la parte final de la nota se agrega la palabra “REDACCIÓN”[23].

         En el caso de Tabasco Hoy cuando la información es pagada corre seguida de un círculo.

         Sólo se firman las notas que informativas cuando las elaboran los reporteros y que cuando no se precisa el nombre de estos es para proteger la integridad.

A su vez, en el acta circunstanciada de de tres de agosto, instruida por la Unidad se hizo constar que únicamente en las páginas de El Universal, La Jornada, Excélsior y Milenio se precisan las características o requisitos que deben de cumplir los materiales cuya publicación se pretenda.

Asimismo, El Universal refiere la existencia de un Código de Ética que contiene los principios que sigue dicho medio para realizar las publicaciones y que éstos son garantizados por el Comité de Ética; mientras que en las páginas de La Jornada, Excélsior, Milenio, Diario del Sur, El Heraldo de Chiapas, El Sol de México, El Diario de Chiapas y- Tabasco Hoy, no se localizó algún link relacionado con política editorial, código de ética o criterios editoriales.

Tanto el Gobernador como los medios impresos y electrónicos destacaron que la información se realizó como parte de la cobertura informativa propia de los medios de comunicación y de actividades realizadas en ejercicio de la libertad de prensa y no hay elemento alguno que avale lo contrario.

En efecto, manifestaron que:

         No existe contrato con algún ente gubernamental y, en específico, con el gobierno de Chiapas, así como que tampoco existen ordenes de inserción respecto del material controvertido;

         No se trata de notas pagadas dado que no existió pago o contraprestación alguna para la difusión del material señalado;

         El material difundido es de carácter informativo y que obedece a su ejercicio periodístico; y

         El material difundido es de carácter informativo ya que se refiere a acciones de gobierno inherentes al cargo de Gobernador, por lo que no constituyen promoción personalizada.

Sin que obste a lo anterior, que el Diario del Sur, en cumplimiento al requerimiento de cinco de febrero de dos mil quince, haya señalado que la información difundida la obtuvo de los comunicados de prensa que emite el gobierno del estado y que les hace llegar mediante correo electrónico, mientras que la imagen que se publicó con la nota fue “enviada” por Comunicación Social de la entidad, pues lo cierto es que no existe en autos elemento de prueba alguno que haga verosímiles tales afirmaciones o que concatenado con algún otro, ponga en evidencia que el Comunicación Social de la entidad envió determinada información para su difusión.

De igual manera, El Universal en el escrito recibido el cinco de octubre de dos mil quince, destaca que en relación a la publicación de nombre “IMPULSAN DESARROLLO EN LA ENTIDAD”, de veintidós de enero de dos mil quince, fue conocido a través de un boletín informativo, pero se desconoce su origen, dado que no se guarda registro de ellos, menos nueve meses después de publicada la información, por lo que, esta Sala Especializada determina que si bien coincide con una de las notas controvertidas, no es posible advertir que dicha información la haya obtenido por parte del Gobierno de Chiapas, pues no obra elemento de convicción para determinar tal situación.

A su vez, La Jornada refirió, en el escrito recibido el seis de octubre, que la información se obtuvo en el portal del Portal del Gobierno, en la dirección: icosochiapas.gob.mx en la cual, se puede obtener información de diversos aspectos del Gobierno del estado de Chiapas y que si bien tal instituto ha referido que no emite boletines o comunicados de prensa, ello no implica que la información no estuviera en otros medios de comunicación, no obstante, no presenta elemento probatorio que acredite a cual información se refiere y cual obtuvo de la referida página y como lo indica Comunicación Social¸ que por tal afirmación se les pueda vincular.

Por otro lado, es dable destacar que, el SAT informó en diversas ocasiones que no cuenta con documentación relacionada con los contratos, facturas y pagos en efectivo, cheque o transferencia bancaria, derivadas de las operaciones celebradas entre el Gobierno de Chiapas y los medios de comunicación impresos involucrados en el presente procedimiento, durante dos mil catorce y dos mil quince, dado que, en su caso, ello únicamente lo podría obtener a través del ejercicio de facultades de comprobación, lo que constituye información reservada que sólo puede ser empleada para el ejercicio de tales facultades.

También informó que localizaron las siguientes trescientas sesenta y ocho[24] operaciones relacionadas con el Gobierno de la entidad con los periódicos La Jornada, El Universal, El Sol de México, Milenio, El Heraldo de Chiapas, Diario del Sur, Diario de Chiapas y Tabasco Hoy, durante los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince:

Por su parte, los medios de comunicación involucrados aportaron la siguiente información relacionada con las operaciones detectadas por el SAT:

Los medios de comunicación en general refirieron que cubrieron a la mayoría de los gobiernos de los estados de la República, lo cual lo realizan dentro del marco de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a estar informada, bajo el amparo de las propias actividades de acuerdo a su propia naturaleza como medios informativos.

Ello es así, porque informan de los aconteceres diarios que consideran relevantes, sobre todo porque en el caso concreto no medió mandato de contratación alguno, sino que ejercieron su libertad de difundir información y de generación de contenidos.

Para este efecto el Director de Comunicación señaló que si en algún momento requirió los servicios de Tabasco Hoy obedeció a prestaciones relacionadas con la impresión de gallardetes y volantes, o bien, del diseño de publicidad a nombre del Gobierno de la entidad bajo el rubro de difusión institucional, sin que ello se relacione con las notas señaladas[25].

Por ende, a fin de determinar la existencia de una posible contratación derivado de la información que rindió el SAT, el promovente y las partes involucradas, se procede a clasificar los datos de la siguiente manera:

a)     Inexistencia de operaciones comerciales

b)     Operaciones de otros órganos de gobierno

c)     Existencia de operaciones comerciales. Análisis de las relaciones comerciales canceladas y vigentes

a)     Inexistencia de relaciones comerciales

Por oficio de veinte de abril, el SAT, en cumplimiento al requerimiento de trece de abril de dos quince, informó que por lo que respecta al periódico Excélsior no localizó registros de operaciones durante los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince.

En este sentido, se advierte que no hay existencia de relaciones comerciales entre dicho medio de comunicación y el Gobierno.

b)     Operaciones de otros órganos de gobierno

-Mediante oficio de veinte de abril de dos mil quince, el SAT, en cumplimiento al requerimiento de trece de abril de esa anualidad, informó la existencia de setenta y nueve operaciones entre el Gobierno y El Heraldo de Chiapas, durante los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince.

De las operaciones informadas se advierte que únicamente la factura con folio fiscal DD25AC90-E7C2-435A-910D01F01888F98 corresponde al periodo controvertido para ese medio de comunicación, como enseguida se indica:

Al respecto, el medio de comunicación aludido, mediante escrito presentado el catorce de mayo[26], remitió la información relacionada con setenta y dos operaciones comerciales celebradas con el Gobierno, las cuales constan agregadas en autos de la foja 3137[27] a la 3331[28].

Sin embargo, de una exhaustiva revisión de tales documentales, se advierte que el objeto de la factura con folio fiscal DD25AC90-E7C2-435A-910D01F01888F98[29] tuvo como objeto “SERVICIO DE PUBLICIDAD ½ PLANA DE VARIOS PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO QUE PROMUEVE LA SUBSECRETARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015”; lo cual no guarda identidad con la nota publicada el nueve de enero de dos mil quince intitulada: “CON EL PROGRAMA TODOS A LA ESCUELA DEL DIF-CHIAPAS SE BENEFICIA A ESTUDIANTES DE 42 MUNICIPIOS”.

Asimismo, se destaca que setenta y un facturas derivaron de la contratación para la difusión que información institucional impresa en planas a color y en blanco y negro desde febrero de dos mil catorce a abril de dos mil quince; y, que la factura que consta agregada a foja 3276, expedida el diez de noviembre de dos mil catorce, con número de folio ENAA138, es la única que obedeció a la difusión institucional en pantallas electrónicas durante el mes de octubre de ese año, sin que esta coincida con la nota controvertida[30].

Por ende, se advierte que la única factura corresponde al periodo controvertido fue contratada por órgano de gobierno diverso como lo es la Secretaría del Trabajo.

- Mediante oficio de veinte de abril de dos mil quince, el SAT, en cumplimiento al requerimiento de trece de abril de esa anualidad, informó la existencia de noventa y nueve operaciones entre el Gobierno de la entidad y Diario de Chiapas, durante los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince, de las cuales sólo una es coincidente con el periodo controvertido, y que enseguida se describe:

Por escrito presentado el veintiocho de mayo[31], el medio de comunicación remitió noventa y un facturas que derivaron de operaciones comerciales con el Gobierno de la entidad durante los periodos requeridos, las cuales constan agregadas en autos de la foja 3779 a la 3889[32].

De las operaciones informadas se advierte que únicamente la factura con folio fiscal 43FA9BE7-C1AC-4C5C-B50F-76B6E11332CF corresponde al periodo controvertido para ese medio de comunicación, como enseguida se indica:

Sin embargo, de una exhaustiva revisión de tales documentales, se advierte que tal documental no fue remitida por el medio de comunicación, sin embargo, en atención a que de la propia información remitida por la autoridad fiscalizadora se advierte que tal operación derivó de la contratación por parte de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Chiapas y, que las notas controvertidas se intitularon: “MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA LA INFANCIA CHIAPANECA” y “ENTREGAN VELASCO Y “NEMER” MÁS DE 58.5 MDP A CAFETICULTOR ES INDÍGENAS”, se estima que no existe nexo causal entre el objeto de la factura en tal operación comercial y las publicaciones controvertidas

Además de que el objeto de noventa de las facturas remitidas por el medio de comunicación, obedeció a la contratación para la difusión que información institucional impresa en planas a color y en blanco y negro desde febrero de dos mil catorce a abril de dos mil quince, Sin embargo, las notas controvertidas por dicho medio de comunicación fueron publicadas a través de su página electrónica, específicamente el ocho y doce de enero de dos mil quince.

Sin que se soslaye que si bien la factura que consta a foja 3883, se refiere a la contratación de publicidad y difusión institucional correspondiente a dicho mes, lo cierto es que en ésta no se precisa el medio se debía realizar la publicación contratada ni cual nota es la que debía publicarse, por lo que no es posible advertir coincidencia con las notas controvertidas.

Por ende, se advierte que la única factura corresponde al periodo controvertido fue contratada por órgano de gobierno diverso como lo es la Secretaría de Educación Pública.

c)     Existencia de operaciones comerciales. Análisis de relaciones comerciales canceladas y vigentes.

Mediante oficio de diez de marzo de dos mil quince, el SAT, en cumplimiento a los requerimientos de nueve de febrero y cinco de marzo de esa anualidad, informó la existencia de cuatro operaciones entre el Gobierno de la entidad y La Jornada, durante los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince, con las siguientes características:

Al respecto, La Jornada, mediante escrito presentado el seis de mayo[33], remitió cuatro facturas las cuales son coincidentes con los folios fiscales de las operaciones contractuales efectuadas con el Gobierno del estado de Chiapas y que informó el SAT, como enseguida se ilustra.

Dichas facturas son coincidentes con las que informa el SAT, sin embargo, aunque tienen estatus de vigentes se advierte que ninguna es coincidente con las notas controvertidas, pues a pesar de las diligencias llevadas a cabo por la autoridad, no fue posible vincular las publicaciones impugnadas con las operaciones contractuales entre el Gobierno y dicho medio de comunicación.

Sobre todo, cabe destacar que el promovente no presentó elemento probatorio alguno con el que acredite el nexo causal entre las operaciones contractuales y las publicaciones que impugna. En este tenor, como se observa, las notas que contratan pueden corresponder a la difusión de diversa información, tales como: esquelas, turismo, informes de labores, difusión de información presupuestaria del Gobierno, edictos, etc., de ahí que no se tenga por acreditada la contratación o adquisición de la propaganda denunciada entre el Gobierno y La Jornada.

Mediante oficio de diez de marzo de dos mil quince, el SAT, en cumplimiento a los requerimientos de nueve de febrero y cinco de marzo de esa anualidad, informó la existencia de ochenta y dos operaciones comerciales con El Universal, durante los aludidos ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince:

Al respecto El Universal informó, mediante escritos presentados el seis y el dieciséis de mayo[34], respecto de las sesenta y ocho operaciones detectadas por el SAT entre dicho medio de comunicación y el gobierno de Chiapas, las cuales son coincidentes como enseguida se ilustra: