SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA por la que se determina la existencia de la infracción objeto del presente procedimiento especial sancionador, atribuible únicamente a Jesús Alberto Muñetón Galaviz, quien fungió con la calidad de consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, lo anterior, con motivo de la violencia política de género cometida hacia la consejera presidenta del referido instituto local Rebeca Barrera Amador.

GLOSARIO

S E N T E N C I A

Que emite la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México a catorce de enero de dos mil veintiuno.

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE registrado con la clave SRE-PSC-2/2021, integrado con motivo del escrito de queja presentado por Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, contra Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, quienes en su momento ejercieron la calidad de consejeros electorales del referido instituto local, y

R E S U L T A N D O

I.                    ANTECEDENTES

        Sustanciación del procedimiento especial sancionador

1.         Queja. El treinta de septiembre de dos mil veinte[1], Rebeca Barrera Amador, por su propio derecho y en su calidad de Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, presentó escrito de queja ante la autoridad instructora, contra Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, quienes en su momento ejercieron la calidad de consejeros electorales de dicho instituto electoral, con motivo de la presunta realización de diversos actos que pudieran constituir VPMG en su contra.

2.         Con base a los argumentos expuestos en su queja, la denunciante solicitó a la autoridad instructora, el dictado de medidas de protección, así como medidas cautelares.

3.         Radicación, reserva de admisión y emplazamiento, diligencias de investigación, así como el pronunciamiento respecto a las medidas de protección solicitadas por la denunciante. En esa misma fecha, la autoridad instructora registró la queja con clave UT/SCG/PE/RBA/CG/70/2020, reservó acordar sobre su admisión y el emplazamiento de las partes involucradas; además ordenó la realización de diversas diligencias relacionadas con los hechos denunciados.

4.         Además, determinó improcedente otorgar las medidas de protección, ya que, de un análisis preliminar, no advirtió una potencial amenaza en contra de los derechos o de la integridad de la quejosa; de igual forma advirtió la inexistencia del riesgo en los bienes jurídicos de la denunciante, o en su caso, que se le colocara en una situación de peligro que requiera el dictado de las medidas solicitadas.

5.         Admisión de la queja. El primero de octubre, la autoridad instructora, admitió la queja.

6.         Medidas cautelares. El dos de octubre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante el acuerdo ACQyD-INE-20/2020 declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, al señalar primeramente, como hecho relevante que los denunciados ya no ejercían el cargo de consejeros electorales del Instituto Electoral de Baja California Sur, toda vez que el periodo para el que fueron designados concluyó el treinta de septiembre; como consecuencia de ello, al no compartir el mismo espacio laboral, determinó que no podían llevar a cabo actos jurídicos en ese ámbito en su calidad de consejeros electorales.

7.         Asimismo, consideró que los hechos denunciados constituyeron actos consumados de modo irreparable, al advertir que las conductas que se les atribuyen a los entonces consejeros ocurrieron en su mayoría en el año dos mil quince; además de que, bajo la apariencia del buen derecho, los hechos infractores se encuentran amparados bajo el derecho de libertad de expresión e información, ya que surgieron con motivo de las intervenciones de los entonces consejeros en las sesiones del Consejo General de dicho órgano electoral local.

8.         Además declaró improcedente el dictado de medidas cautelares con motivo de la difusión de notas periodísticas con las cuales se adujo un menoscabo en las funciones e imagen pública de la denunciante, así como animadversión y hostilidad en su contra por parte de los denunciados, lo anterior, ya que desde una perspectiva preliminar, advirtió que las publicaciones referidas versan sobre aspectos públicos y de interés general relacionadas con el uso de recursos públicos del organismo que ella preside, además de que no advirtió elemento alguno que constituyera VPMG en su contra.

9.         Sentencia SUP-JDC-9928/2020. Mediante acuerdo de trece de septiembre, la autoridad instructora acordó la recepción de la resolución SUP-JDC-9928/2020 dictada por la Sala Superior, emitida con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por Rebeca Barrera Amador, con base en los mismos hechos denunciados en el presente procedimiento, a través del cual determinó:

        La improcedencia del juicio ciudadano promovido por la quejosa;

        Que el INE es competente para conocer del escrito de queja presentada por la denunciante, y

        Que del análisis a los hechos denunciados, no se advierte de manera preliminar, que exista un peligro de afectación inminente a la vida, libertad e integridad personal de la quejosa, para que dicho órgano jurisdiccional, pese a no tener competencia tuviese que pronunciarse al respecto; por lo tanto, vinculó al INE como autoridad competente para que se pronunciara respecto dicha solicitud.

10.     Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de diciembre, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que posterior a su realización, se remitió el expediente a la Sala Especializada.

11.     Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su momento, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, mismo que se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración.

12.          Turno a ponencia. El trece de enero de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente, acordó integrar el expediente SRE-PSC-2/2021 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

13.          Radicación. En su oportunidad, el Magistrado ponente radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A C I O N E S

14.          PRIMERA. COMPETENCIA Esta Sala Regional Especializada es competente para conocer el presente procedimiento especial sancionador en materia de VPMG, en atención a las siguientes consideraciones.

15.          La competencia de este órgano jurisdiccional se asume con base en los distintos criterios emitidos por la Sala Superior, el primero de ellos es el expediente SUP-JDC-9928/2020, en donde Rebeca Barrera Amador denunció la existencia de violencia política por razón de género a partir de que fue nombrada como Consejera Presidenta de un órgano administrativo electoral local, realizada por los consejeros Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López[2].

16.          En tal asunto, se consideró que la autoridad competente para sustanciar la queja era el INE, lo anterior, porque la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando se aduzca violencia política contra las mujeres en razón de género se actualizará, siempre y cuando la pretensión de la parte demandante constituya la restitución de un derecho político-electoral que considere violentado y no propiamente el dictado de una resolución que traiga como consecuencia una sanción administrativa al presunto infractor, lo que sucede en el presente caso, ya que, la pretensión de la actora es denunciar diversas conductas atribuidas a dos ciudadanos durante el tiempo que ejercieron el cargo también de consejeros electorales locales, por presuntamente constituir violencia política y/o violencia política en razón de género en su contra[3].

17.          En ese sentido, la Sala Superior estimó que, con objeto de no dejar en estado de indefensión a la parte actora, lo adecuado era remitir el escrito de denuncia al INE, por ser el competente para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador atinente.

18.          Por otra parte, al resolver el expediente SUP-JE-115/2019 y acumulados, el referido órgano jurisdiccional consideró que era correcta la determinación de un tribunal local en donde estimó remitir el asunto al INE porque entre los sujetos denunciados se encontraban los propios consejeros integrantes del Consejo General del Instituto local, a quienes se les atribuían actos y omisiones vinculados con el hostigamiento, acoso laboral y violencia política en razón de género. En ese sentido, concluyeron que los consejeros electorales locales no podrían conocer y resolver sobre una queja en que fueron señalados como denunciados, lo que en el presente caso sucede.

19.          Es decir, es claro que no es conforme a derecho que los integrantes del órgano colegiado que fueron denunciados sean los que conozcan y resuelvan el procedimiento ordinario sancionador correspondiente, lo anterior, porque podrían incidir, de manera injustificada, en la actuación, desempeño o toma de decisiones de las y los funcionarios electorales, lo cual a su vez podría constituir una transgresión a los principios de profesionalidad, independencia y autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo.

20.          Por otro lado, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la Ley General vigente en el estado de Baja California Sur fue expedida el pasado veinte de abril de dos mil diecinueve, esto es, la referida ley local aún no se encuentra homologada con la reforma del trece de abril. De manera que, a nivel estatal sigue sin legislarse la violencia política contra las mujeres por razón de género.

21.          Por ese motivo, al ser una conducta no prevista en la legislación estatal, es que esta Sala Especializada tiene competencia para conocer del presente asunto.

22.          Todo lo anterior guarda consonancia con las referidas reformas en materia de VPMG, a través de la cual fueron reformados diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley General. Es así que el artículo 442, apartado 1, establece quiénes son los sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales contenidas en ese ordenamiento, entre los que se encuentran, los servidores públicos de los órganos autónomos, los ciudadanos o cualquier persona física o moral, asimismo, en el apartado 2, segundo párrafo, del citado artículo refiere que las quejas o denuncias por VPMG, se deben sustanciar a través del procedimiento especial sancionador.

23.          Aunado a lo anterior, el artículo 470, apartado 2, de la citada Ley General indica que la Secretaría Ejecutiva del INE, por conducto de la autoridad instructora, instruirá el procedimiento especial sancionador, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio, por hechos relacionados con VPMG.

24.          Asimismo, los artículos 473, 474 Bis y 475 del citado ordenamiento, señalan que, una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos relacionados con violencia política de género, la autoridad instructora deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, a la Sala Especializada para su resolución.

25.          Finalmente, este órgano jurisdiccional toma en consideración lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado D, y 99, párrafo cuarto, fracción IX de la Constitución Federal; 20 bis, 20 Ter y 48 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 3, inciso k), 442, numeral 2, párrafo 2; 449, párrafo 1, inciso b); 459, párrafo 1, inciso c); 470, numeral 2 y 473 párrafo 1; 474 Bis numeral 8, 475 de la Ley General.

26.          SEGUNDA. CUESTIÓN PREVIA. Es preciso señalar que los hechos denunciados que dieron origen al presente procedimiento ocurrieron principalmente en los años dos mil catorce y dos mil quince y se continuaron hasta el día treinta de septiembre; en tanto, que la reforma en materia de violencia política por razón de género se publicó en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril y entró en vigor al día siguiente.

27.          Bajo dicho supuesto de temporalidad, pudiese considerarse en un primer momento, que los hechos acaecidos antes de la entrada en vigor de la reforma no pudiesen ser analizados o incluso sancionados bajo la perspectiva de violencia política de género conceptualizado en las disposiciones legales actuales, lo anterior, en aras de respetar la prohibición constitucional de retroactividad, no obstante, debe hacerse una interpretación de manera funcional al respecto para no dejar en estado de indefensión y otorgar el debido acceso a la justicia a las partes.

28.          Para ello, este órgano jurisdiccional estima que la reforma es aplicable al caso, toda vez que las normas que de ella emanan tienen como base constitucional el artículo primero, del que deriva el principio de igualdad en sus dimensiones material y estructural.

29.          Eso es así, ya que la citada reforma en materia de VPMG tiene una base constitucional y es precisamente a partir del principio de igualdad el que dota de sentido y contenido esencial a la reforma al imponer a las autoridades el deber de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”, lo cual no se opone al principio de irretroactividad contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal.

30.          Asimismo, en el presente asunto, resulta obligatorio aplicar la herramienta de perspectiva de género ya que permitirá determinar, si los diversos hechos denunciados estuvieron motivados bajo estereotipos discriminatorios de género y que estos se hubiesen cometido de forma directa o sistemáticamente, con independencia de la temporalidad y el ámbito en que ocurrieron[4]

31.          Lo anterior, ya que lo que se alega es una conducta que ha traído consecuencias hasta el momento de la presentación de la queja, es decir, lo que adolece la denunciante son hechos que surgieron desde el año dos mil catorce y que han tenido repercusiones hasta la actualidad, con lo cual se pudiese afectar sus derechos en su vertiente del desempeño en el ejercicio del cargo, derivado de la violencia por razón de género cometida en su contra.

32.          En ese sentido, se concluye que en el caso son aplicables las disposiciones que derivaron de la reforma en dicha materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril del presente año, a efecto de analizar y determinar si los hechos que motivaron los actos materia de controversia pudiesen llegar a constituir violencia política en razón de género en perjuicio de la denunciante.

33.          Criterio similar sostuvo la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-724/2020, en el que determinó que resultan aplicables las reformas en materia de violencia política por razón de género cuando subsistan los hechos generadores motivo de dicha violencia que aduzcan los promoventes, aun y cuando estos se hayan cometido antes de su entrada en vigor, porque al amparo de estas disposiciones se garantiza un ámbito de protección legal a las mujeres, sobre hechos generadores que continúan y subsisten en sus efectos que impiden a las mujeres ejercer y desempeñar el cargo. Tal y como sucede en el presente caso, en donde Rebeca Barrera Amador denuncia la realización de una serie de actos que pueden actualizar la infracción de violencia política por razón de género, los cuales se realizaron a partir de su nombramiento como Consejera Presidenta en dos mil catorce, hasta el mes septiembre de dos mil veinte (actos realizados de manera continua), es decir, todos los actos narrados en la denuncia por la quejosa son actos reiterados al llevarse a cabo dentro de la temporalidad antes precisada.

34.          En conclusión, si una conducta comenzó durante la vigencia de una legislación, y continuó luego de la entrada en vigor de una norma posterior, sí es posible aplicar la legislación posterior, dado que se trata de conductas continuas o continuadas; por ende, dicha situación no vulnera la garantía de no irretroactividad, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.

35.          TERCERA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El análisis de las causales de improcedencia debe hacerse de forma preferente y de oficio por tratarse de una cuestión de orden público e interés general. Ahora bien, en el presente asunto esta Sala Especializada, de un análisis oficioso, no advierte que se actualice alguna causa que impida el análisis de fondo de la cuestión planteada.

36.          CUARTA. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA POR RESOLVER EL ASUNTO. La Sala Superior mediante los Acuerdos Generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020, estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las Salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19.

37.          En este sentido, la misma Sala Superior a través del Acuerdo General 8/2020, determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación, por tanto, quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados. Sin embargo, las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias.

38.          QUINTA. CONTROVERSIA. El aspecto a dilucidar en la presente sentencia es determinar si las conductas atribuidas a Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, quienes en su momento ejercieron la calidad de consejeros del Instituto Electoral de Baja California Sur, constituyeron actos de VPMG contra Rebeca Barrera Amador, Consejera Presidenta de dicho órgano local.

39.          A efecto de determinar la fijación de la litis, se exponen las conductas en la queja presentada y que la denunciada sintetiza en los conceptos siguientes:

        La presión y hostigamiento que recibió por parte del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, derivado de la exigencia y la consecuente negativa de pago al entonces funcionario, por el concepto “haber por retiro”; supuesta prestación exigida con motivo de la conclusión de su encargo como consejero presidente en el año dos mil catorce.

        La resistencia por parte de Jesús Alberto Muñetón Galaviz, con el apoyo de Manuel Bojórquez López, entonces consejeros, para dar cumplimiento de la paridad vertical y horizontal en el registro de candidaturas, a los cuales atribuye manifestaciones de desánimo e importancia en todo momento, por tratarse de acciones para competir en igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres.

        La obstaculización de sus atribuciones o funciones del cargo como consejera presidenta la cual atribuye a Jesús Alberto Muñetón Galaviz.

        La publicación de notas periodísticas en distintos medios de comunicación que actualizan ataques, burlas y difamaciones en contra de su persona y como servidora pública, las cuales manifiesta, empezaron a publicarse derivado de la cancelación de los contratos de publicidad que el entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz realizó en su periodo como consejero presidente del instituto y de la relación de amistad que sostuvo con periodistas durante su gestión en el ejercicio dos mil catorce.

        La creación de un ambiente de hostilidad en su contra generado por parte del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz.

40.          Al respecto, cada uno de los puntos expuestos en la queja serán desarrollados y analizados de manera integral en el fondo de esta sentencia, es decir, tomando en cuenta todos los hechos narrados por la promovente, con la finalidad de identificar aquellos elementos con los que se pueda advertir una posible vulneración a los derechos humanos de las mujeres, consistentes en vivir una vida libre de violencia y sin discriminación.

41.          Lo anterior, ya que esta Sala Especializada como órgano jurisdiccional tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género y discriminación impiden la igualdad.

42.          En ese sentido, debe reconocerse la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, por lo que, con este reconocimiento quienes realicen la función de juzgar, deben identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente[5].

43.          SEXTA. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados materia del presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente relacionados con las infracciones materia de la presente resolución.

44.          En atención a ello, las pruebas aportadas en el presente procedimiento se valoran y se concentran, en el ANEXO UNO de esta sentencia.

        Objeción de Pruebas

45.          Jesús Alberto Muñetón Galaviz, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, objetó las documentales rendidas a cargo de los y las comparecientes Hilda Cecilia Silva Bustamante, Ramón Guluarte Castro, Guillermina Valenzuela Romero, Mónica Maccise Duayhe, así como todas y cada una de las notas periodísticas exhibidas por la denunciante, en cuanto a su alcance y valor probatorio.

46.          Al respecto, esta Sala Especializada estima que en términos del artículo 462, párrafo 1 de la Ley General, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

47.          Por lo tanto, dicha objeción deviene improcedente, pues únicamente la realiza en torno a su alcance y valor probatorio de manera genérica, lo cual, en todo caso será analizado por este órgano jurisdiccional, en conjunción con el resto del material probatorio que obra en autos, atendiendo a la naturaleza de cada una de las probanzas.

        Hechos acreditados

48.          Calidad de los sujetos involucrados. Se tiene por acreditado mediante acuerdo INE/CG165/2014 aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE[6] del treinta de septiembre del dos mil catorce, el listado de las y los ciudadanos que fueron designados para ocupar los cargos de consejeros y consejeras presidentes y consejos electorales de los organismos electorales públicos locales, así como los periodos de duración respectivamente. Por lo que concierne al presente asunto, se advierte que, para el estado de Baja California Sur, se designaron a las siguientes personas:

49.          Al respecto, es importante señalar que previo a la designación motivada con la reforma electoral de dos mil catorce[7], Jesús Alberto Muñetón Galaviz, fungió como consejero presidente del entonces Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de conformidad al nombramiento realizado el treinta y uno de enero de dos mil doce por el Congreso del Estado de Baja California Sur[8], lo cual es un hecho público y no controvertido.

50.          Asimismo, se tiene por acreditado del acta entrega-recepción del primero de septiembre de dos mil catorce[9], efectuada por el entonces presidente del instituto electoral local, en lo particular, del documento denominado “Relación de la plantilla personal”, que Manuel Bojórquez López formó parte de dicho instituto con el cargo de “Asesor Jurídico A” con una antigüedad de cuatro años y dos meses laborables a la emisión de dicho documento.

51.          Al respecto, se debe advertir que, en atención al periodo designado para el encargo del puesto, los sujetos denunciados Manuel Bojórquez López y Jesús Alberto Muñetón Galaviz, concluyeron su periodo en el puesto designado el pasado treinta de septiembre de dos mil veinte, al haber sido propuestos por un periodo de seis años.

52.          Existencia y contenido de las sesiones del consejo general del órgano local electoral. A través de las versiones estenográficas aportadas por la denunciante y de las certificaciones hechas por la autoridad instructora, se tiene por acreditada la existencia y contenido de las sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur de los días nueve, dieciséis, veintiséis, y treinta de marzo y cuatro de abril todas de dos mil quince, en las cuales se advierten las intervenciones de los sujetos que participaron en éstas, en lo particular, aquellas realizadas por los entonces consejeros Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, con las que se aduce VPMG en contra de la quejosa.

53.          Al respecto, cabe señalar que las versiones estenográficas obran en copia certificada en el expediente[10] y se acredita que los apartados transcritos por la denunciante en su escrito de queja fueron extraídos de las mismas, los cuales serán reproducidos y analizados en un apartado subsecuente de esta sentencia, a efecto de determinar el contexto de su emisión y para dilucidar la probable existencia de la infracción que se denuncia.

54.          Respecto la prestación por concepto de “haber por retiro”. Es un hecho público y no controvertido, que de conformidad al acuerdo de CG-0014-DICIEMBRE-2013[11], el Consejo General del entonces Instituto Estatal Electoral, aprobó por unanimidad, las modificaciones y adiciones al Reglamento Interior del Instituto local electoral, con lo cual eliminó lo concerniente al contenido de su artículo 30, el apartado en el que se dotaba a la “Comisión de Administración y Logística” del órgano electoral, para acordar lo conducente respecto a la prestación por concepto de “haber por retiro”, el cual se determinaba con base a la disposición presupuestaria y conforme al Manual de Administración de Remuneraciones que era aprobado por el Consejo General.

55.          La existencia y contenido de los oficios suscritos por los sujetos involucrados resultado de comunicaciones internas. Se tiene por acreditado y no controvertido por las partes, la existencia y contenido de los diversos oficios emitidos por los sujetos involucrados en ejercicio de sus funciones, mismos que fueron aportados por la denunciante en su escrito de queja y con los cuales la consejera presidenta pretende acreditar las comunicaciones internas relacionadas con los hechos que señala en su queja y que supuestamente derivaron en la violencia política de género en su contra; los cuales serán analizados en la totalidad de su contenido, en un apartado subsecuente para discernir sobre la posible existencia de la infracción; para tal efecto, se tiene a manera de síntesis la relación siguiente:

56.          Nombramiento de la Secretaria Ejecutiva, Malka Meza Arce. Se tiene por acreditado mediante acuerdo número CG-0007/ENERO-2015[12], que el veintiséis de enero de dos mil quince, se aprobó por unanimidad, la propuesta de la consejera presidenta del instituto electoral local, para designar a Malka Meza Arce como Secretaria Ejecutiva de dicho instituto electoral, cargo que actualmente ya no desempeña.

57.          En ese sentido, se tiene por acreditado que el veintitrés de septiembre de dos mil quince, la consejera presidenta convocó a la sesión extraordinaria del Consejo General, a efecto de analizar y votar la propuesta de acuerdo formulada por las seis consejerías de dicho órgano colegiado, relacionado con la petición de sustitución del cargo de la Secretaria Ejecutiva, es así, que en la orden del día se listó lo siguiente:

7. Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que presentan los Consejeros Electorales Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante, Mtra. Carmen Silerio Rutiaga, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Lic. Jesús Alberto Muletón Galaviz; Lic. Manuel Bojórquez López y M. en C. María España Karen de Monserrath Rincón Avena del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se sustituye a la Titular de la Secretaria Ejecutiva de dicho Organismo Público Electoral y se realizan nuevas designaciones de los Titulares de las Direcciones Ejecutivas de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, así como de Administración y Finanzas;”

58.          Cabe señalar que, del análisis a la versión estenográfica de la sesión extraordinaria referida, se advierte que dicho punto de acuerdo no fue votado, toda vez que la consejera presidenta determinó suspender la sesión al señalar la falta de quorum para sesionar, con motivo del retiro de los representantes de los partidos políticos.

59.          Notas periodísticas. De las ligas electrónicas aportadas por la denunciante, así como de su certificación instrumentada por la autoridad instructora, se tiene por acreditada la existencia de treinta y dos ligas electrónicas relacionadas con notas periodísticas difundidas en distintos medios digitales y que atribuye a diversos autores, las cuales se publicaron en un periodo que transcurre de marzo del dos mil quince, al siete de agosto de la presente anualidad. Dichas notas serán analizadas en el fondo de esta sentencia a efecto de determinar la probable infracción que se denuncia y cuya relación a manera de síntesis es la siguiente:

60.          Contratación de notas y publicidad en medios informativos. Derivado del Informe de actividades de la Comisión de Administración y Logística del instituto electoral local de los meses de febrero, marzo y abril de dos mil catorce[13], aportados por la denunciante y no controvertidos por las partes, se tiene por acreditado que durante el encargo como presidente del entonces instituto electoral local, Jesús Alberto Muñetón Galaviz, se destinó presupuesto para el pago por concepto de la publicación de una nota en las revistas “Análisis” y “Que Poca”, por lo menos, en lo que respecta a los meses de febrero y marzo del año dos mil catorce.

61.          Además de lo anterior, derivado del análisis de dicho informe se acredita la contratación de publicidad al sitio web “Octavo Día” y “BCSNOTICIAS.MX”, por lo menos, en lo que respecta a los meses de marzo y abril, además del pago al Diario de la Paz en ese último mes referido, durante el año de dos mil catorce.

62.          Denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. De conformidad al oficio 4259/DGAPCPMDE/2020[14] remitido por la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia Electoral de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se tiene por acreditada la apertura de una carpeta de investigación bajo la clave FED/FEPADE/UNAI-BCS/0002097/2016, con motivo de la denuncia interpuesta de manera anónima en contra de quien resultara responsable, de la cual dicha autoridad informó que se abstuvo en realizar mayores investigaciones[15].

63.          Comparecencia por parte de los sujetos relacionados con los hechos denunciados. De conformidad a los requerimientos formulados por la autoridad instructora y los escritos presentados en los que se da contestación para tal efecto, diversas personas que fueron relacionadas con los hechos denunciados por la quejosa comparecieron al procedimiento, mismas que se reproducen en el ANEXO DOS y cuyo testimonio serán retomados en el fondo de esta sentencia para evitar reproducciones innecesarias.

64.          Reuniones y mesas de trabajo. De los discos aportados por la denunciante, así como de la certificación efectuada por la autoridad instructora, se tiene por acreditado el audio de veinticuatro sesiones de trabajo, así como los días, horas, duración y con los temas que se abordaron, sintetizados en la siguiente relación:

        Análisis de fondo

1.     Marco Normativo relativo a la violencia política contra las mujeres por razón de género.

a)    Marco Constitucional

65.          El artículo 1°, primer párrafo de la Constitución Federal establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

66.          Además, en el quinto párrafo de dicho artículo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

67.          Para hacer efectivas estas disposiciones, se exige a todas las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

68.          El artículo 4, párrafo primero, de la Constitución Federal prevé la igualdad legal entre hombres y mujeres; por su parte, los diversos artículos 34 y 35, disponen que los ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho de votar y ser votados en cargos de elección popular, así como formar parte en asuntos políticos del país.

69.          Es decir, las mujeres tienen derecho de acceder a las funciones públicas y a participar en los asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que los hombres.

b)    Línea jurisprudencial de la Suprema Corte respecto a la obligación de juzgar con perspectiva de género

70.          La Primera Sala de la Suprema Corte, ha reconocido la importancia de la perspectiva de género en el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la interpretación de la CEDAW, y precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá visualizarse un caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un acceso a la justicia efectivo e igualitario[16].

71.          Además, la Segunda Sala ha señalado que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"[17].

72.          En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte ha considerado que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad[18].

73.          Asimismo, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”[19], se establecieron pasos que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva de género, los cuales son:

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia.

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas.

4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. 5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente los niños y niñas.

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje incluyente.

74.          Finalmente, la Primera Sala ha establecido[20] que la perspectiva de género es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. Por lo cual, la obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir

75.          En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres.

c)    Marco convencional

76.          En sincronía, con lo anterior la CEDAW; en su preámbulo señala que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. Asimismo, en su artículo primero precisa que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

77.          Por otra parte, el artículo 7 de la mencionada Convención refiere que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, y en el derecho: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

78.          Además, en la Recomendación 23 Vida política y Pública de la CEDAW, se hace referencia al artículo 7, de la citada convención, señalando que la obligación especificada en este artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del mismo, ya que la vida política y pública de un país es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, además el término abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local.

79.          Ahora bien, la Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana.

80.          Al respecto, en su artículo 1 nos indica qué debe entenderse como violencia cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

81.          Además, señala que la violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

82.          Además, la citada Convención en su artículo 4 refiere que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, y en su inciso j), señala el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones.

83.          Asimismo, la Ley Modelo refiere que los derechos políticos incluyen, al menos, los siguientes: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  b) Participar en forma paritaria en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo a partidos políticos y sindicatos.

84.          En este sentido, la Ley Modelo adopta el concepto amplio de vida pública y política, lo cual comporta que la protección se extienda a todas las mujeres que participan en los espacios de la vida pública y a todas las instituciones del Estado, particularmente a los cargos de gobierno, desde el plano internacional al plano local; así como para asegurar condiciones igualitarias, libres de discriminación y violencia, en el ejercicio de los derechos políticos.

85.          Por otra parte, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, parte de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), establece que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; además, que la violencia y el acoso político contra las mujeres revisten particular gravedad cuando son perpetrados por autoridades públicas.

d)    Corte Interamericana de Derechos Humanos

86.          En el caso González y otras vs. México, Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió los estereotipos de género como una preconcepción sobre los atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente[21].

87.          En la misma sentencia, el tribunal interamericano asocia la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, y argumenta que la creación y uso de estereotipos es causa y consecuencia de la violencia de género en contra de la mujer. Al respecto, concluye que el efecto nocivo de estos estereotipos se agrava cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades.

e)    Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte[22]

88.          La Suprema Corte emitió el citado protocolo con el propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.

89.          Este Protocolo constituye un instrumento que permite, a quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración:

         Los impactos diferenciados de las normas;

         La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres;

         Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género;

         La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, y

         La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.

90.          Así el nuevo protocolo establece tres vertientes a analizar: (a) previas a estudiar el fondo de una controversia; (b) durante el estudio del fondo de la controversia; y (c) a lo largo de la redacción de la sentencia.

91.          En ese sentido, es obligación del juzgador, (a) previo al estudio de fondo, identificar la existencia de situaciones de poder o contextos de desigualdad estructural y/o de violencia que, por cuestiones de género evidencien un desequilibrio entre las partes; y la obligación de ordenar de oficio las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género cuando las pruebas aportadas son insuficientes.

92.          Precisa que (b) el juzgador se encuentra la obligación de desechar estereotipos y prejuicios de género, y apreciar los hechos y pruebas con sensibilidad. También comprende la obligación de aplicar estándares de derechos humanos con un enfoque interseccional y de evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta y la neutralidad de la norma. Así como (c) la obligación de usar lenguaje incluyente y no sexista al redactar la sentencia. 

f)      Protocolo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

93.          En concordancia con lo anterior, este órgano jurisdiccional, emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en el que determinó que la violencia política por razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida[23].

g)    Línea jurisprudencial de la Sala Superior

94.          Por otra parte, la Sala Superior en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, determinó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

95.          Además, señaló que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos, por lo cual las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

96.          Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, estableció que, para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, se debía de analizar si las expresiones reúnen los siguientes elementos:

h)    Reformas legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género

97.          El trece de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género[24], que configuró un nuevo diseño institucional para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y la sanción de tal irregularidad.

98.          Las disposiciones apuntadas que fueron objeto de reforma tienen el siguiente contenido:

        Sustantiva: al prever las conductas que se considerarán como de violencia política en razón de género y, un conjunto de derechos político-electorales a favor de las mujeres. Además, se tipifica el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

        Adjetivas: se establece un régimen de distribución de competencias, los procedimientos y mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las mujeres; así como un régimen sancionatorio.

99.          En este sentido, la reforma tiene una relevancia dada las dimensiones de la violencia política perpetrada contra las mujeres que impide el adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política y electoral.

100.      Al respecto, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados[25] se destaca la importancia de la reforma en los siguientes términos:

“… al incorporar por primera vez, en el marco normativo el concepto de violencia política en razón de género, con lo que se reconoce y visibiliza la problemática que viven las mujeres, particularmente y en el caso que nos ocupa, en el ámbito de la participación política, y que con las reformas en análisis da inicio un proceso para el diseño e implementación de políticas que incidan directamente sobre la desigualdad de género y que pongan freno a la violencia política que se ejerce contra las mujeres…”. 

101.      Como se señaló, el referido decreto de reforma modificó ocho ordenamientos jurídicos, a continuación, se destacan algunos cambios aplicables al presente caso.

102.      En el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el 3, primer párrafo, inciso k), de la Ley General se estableció una definición para lo que se considera violencia política por razón de género.

103.      En esencia, se definió como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

104.      Además, se señaló que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

105.      Y estas conductas puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

106.      Por otra parte, las modificaciones a la Ley General también atienden, entre otras cuestiones, a destacar que las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador, con independencia de que las mismas fueran dentro o no de un proceso electoral, por los órganos competentes del INE[26], para lo cual se establecen las hipótesis de infracción[27], así como la posibilidad de emitir medidas cautelares[28].

107.      Además, se adiciona que, en la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes[29]:

        Indemnización de la víctima;

        Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;

        Disculpa pública, y

        Medidas de no repetición.

108.      También, conviene señalar que, si las conductas antes señaladas son cometidas por personas del servicio público, pueden dar lugar a responsabilidad administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

109.      En atención con este nuevo marco jurídico, la violencia política en razón de género se sancionará, de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas; los cuales son autónomos.

110.      En consecuencia, conforme a lo anterior, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

i)       Constitución Política del Estado de Baja California Sur

111.      La Constitución local de Baja California Sur dispone en su artículo 7, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y los contemplados en esta Constitución, sin distinción alguna, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que estos mismos se establecen.

112.      Además, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

j)       Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Baja California Sur

113.      Este ordenamiento local, define a la Violencia de Género como el conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género, y al no dar garantías de seguridad a las mujeres.

114.      De igual forma, señala que la Violencia Política, comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, inhibir su participación en campañas políticas, restringir el ejercicio de un cargo público, o provocarla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la ley;

        Caso concreto

115.      Metodología. A efecto de resolver la presente controversia, esta Sala Especializada expondrá primeramente el contexto subjetivo y objetivo de la denunciante a efecto de detectar las posibles relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad en las que se ve inmersa[30].

116.      Posteriormente, se realizará un análisis integral y contextual de la queja interpuesta y las manifestaciones de los sujetos denunciados, con el objeto de detectar los hechos que pudieran llegar a causar la violencia política de género, concentrarlos y asociarlos en los conceptos de estudio expuestos por la propia denunciante en su escrito de queja, mismos que se reprodujeron en la fijación de la controversia[31].

117.      De esa manera, este órgano jurisdiccional resolverá los conceptos de estudio propuestos y emitirá su fallo con base al análisis del contexto en que se realizaron las conductas, los hechos denunciados, conforme al marco normativo expuesto y al adminicular las pruebas que obran en el expediente en que se actúa.

118.      Contexto de la denunciante con perspectiva de género. El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte, propone la forma en la cual deben ser analizados este tipo de asuntos. En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese tipo de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar una solución apegada a Derecho.

119.      En ese sentido respecto al contexto subjetivo, se debe precisar que la denunciante Rebeca Barrera Amador, fue designada como Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur el treinta de septiembre de dos mil catorce, por un periodo de siete años; cuenta con estudios profesionales de educación superior además de una experiencia de más de dieciocho años en materia electoral en órganos administrativos y judicial[32].

120.      Ahora bien, por el hecho de ser mujer, pertenece históricamente a un género históricamente vulnerado, no obstante, no se advierte ni se declara algún otro elemento de discriminación interseccional.

121.      Por otra parte, las atribuciones que como Consejera Presidenta tiene en ejercicio del cargo son, entre otras[33]:

        Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto;

        Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento de sus fines;

        Convocar y conducir las sesiones del Consejo General;

        Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo General;

        Proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto;

        Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación;

        Proponer al Consejo el Anteproyecto de Presupuesto del año siguiente para su aprobación y, posteriormente, remitirlo al titular del Poder Ejecutivo en los plazos que para tal efecto determinen las disposiciones constitucionales y legales correspondientes;

        Presidir las sesiones del Consejo;

122.      Además de que en su calidad de consejera integrante del Consejo General tiene atribuciones[34], como:

        Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho a voz y voto;

        Desempeñar su función con autonomía, probidad y respeto;

        Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones

        Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día del Consejo y de las Comisiones

        Solicitar, para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los órganos del Instituto, en los términos de la normatividad aplicable;

        Designar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y las normas administrativas correspondientes, al personal adscrito a su oficina;

        Asistir a eventos de carácter académico o institucional a nombre del Instituto ante toda clase de autoridades, entidades, dependencias y personas físicas y morales, previa designación hecha por el Consejo o;

        Recibir con la debida oportunidad los documentos relativos a los puntos a tratar en el orden del día de las Comisiones en las que no forme parte con la finalidad de presentar propuestas por escrito o de forma verbal;

123.      Por otra parte, en relación con los sujetos denunciados, es decir, los entonces consejeros Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, se advierte que la consejera presidenta pudiese encontrarse en desventaja frente a personas de género masculino, pertenecientes a un sistema predominante y tradicionalmente opresor del género femenino, además de que no se inadvierte que Jesús Alberto Muñetón Galaviz, previo a la reforma constitucional electoral, fungió como presidente del instituto estatal electoral de dicha entidad federativa, en el cual Manuel Bojórquez López se desempeñó como servidor público.

124.      Respecto al contexto objetivo a analizar, es necesario precisar que, de acuerdo con el reporte de Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[35], la población ocupada de 25 años y más cuya ocupación es funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social; las mujeres (34.7%) tienen una menor presencia que los hombres (65.3%). Además, a partir de los 45 años la brecha entre hombres y mujeres en estas ocupaciones se va haciendo más amplia, es decir, se ha considerado de suma importancia que las mujeres ocupen más cargos públicos en términos de igualdad real, cuestión que puede generar la resistencia masculina respecto a que una mujer tome decisiones, coordine o tenga un rol protagónico.

125.      Por otra parte, se destacan los siguientes datos referentes a la situación que se ha vivido en el Estado de Baja California Sur:

2014

        Contexto de violencia de género:

        Por cada 100 mil habitantes, 29, 164 mujeres fueron victimizadas[36].

o       Número de mujeres ejerciendo cargos públicos:

        Tan solo 20% de las presidencias municipales fueron ejercidas por mujeres.[37]

        Entre el 35.4% y el 37.5% de las regidurías eran ocupadas por mujeres.[38]

        El 20% de las sindicaturas eran ocupadas por mujeres.[39]

2015

        Contexto de violencia de género:

        Por cada 100 mil habitantes, 24, 001 mujeres fueron victimizadas.[40]

        Las víctimas mujeres en relación con los siguientes delitos son notablemente mayores (víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, por tipo de delito según sexo):

        Abuso sexual: 75M v. 23H.

        Hostigamiento sexual: 76M v. 21H.

        Rapto: 92M v. 7H.

        Acoso sexual: 90M v. 7H.

        Incesto: 91M v. 9H.

        Violación equiparada: 88M v. 8H.

        Violencia familiar: 76M v. 20H.

        Violación simple: 80M v. 18H.

        Otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual: 76M v. 13H.

        Violencia de género: 53M v. 47H.

        Amenazas: 49M v. 44H.

        Otros delitos contra la familia: 60M v. 37H.

        Corrupción de menores: 51M v. 37H.

        Trata de personas: 52M v. 34H.

        Tráfico de menores: 51M v. 33H.[41]

        Número de mujeres ejerciendo cargos públicos:

        40% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres.[42]

2016

        Contexto de violencia de género:

        Por cada 100 mil habitantes, 26,853 mujeres fueron victimizadas.[43]

        El INEGI registró un incremento anual de homicidios de mujeres de 2.4 a 3.4 del año 2000 a 2016.

         2.2% de las mujeres de15 años y más sufrieron violencia patrimonial por algún familiar.[44]

        22% de las mujeres de 15 años y más sufrieron violencia laboral.[45]

        35.6% de las mujeres indígenas de 15 y más años sufrieron violencia por parte de su pareja.[46]

        De 12% a 14% de mujeres de 15 o más años sufrieron violencia física por parte de su pareja.[47]

        36.2% de las mujeres de 15 o más años sufren violencia de pareja o de otros agresores a lo largo de su vida.[48]

        Número de mujeres ejerciendo cargos públicos:

        47.6% de los curules fueron ocupados por mujeres en el congreso estatal.[49]

2017

        Contexto de violencia de género:

        Por cada 100 mil habitantes, 22,898 mujeres fueron victimizadas.[50]

        Número de mujeres ejerciendo cargos públicos:

        40% de las presidencias municipales fueron ocupadas por mujeres.

126.      Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales preciso que entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia política contra las mujeres. Además, menciona que se ha consignado en 10 averiguaciones previas relacionadas con violencia política en general y una por violencia política contra las mujeres. Asimismo, se han librado cuatro órdenes de aprehensión; una de las cuales fue específicamente por violencia política de género.

127.      Aunado a lo anterior, señala que de los casos de denuncias por violencia política de género:

        Diez casos son sobre hechos que lesionan directamente los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

128.      Además de lo anterior, es importante destacar que de enero a octubre del presente año se han registrado 777 presuntos delitos de feminicidio, así como 2,384 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[51].

129.      En el caso de Baja California Sur, se han registrado 2 feminicidios a octubre de dos mil veinte y 4 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.

130.      Se menciona lo anterior, a propósito de que como se refirió en párrafos precedentes, la violencia contra la mujer se puede dar desde diversos ámbitos y en diferentes formas, así, desembocando en una de las formas más graves, el feminicidio.

131.      Análisis integral y contextual de los hechos denunciados. La consejera presidenta del instituto electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, interpone queja por VPMG cometida en su contra, misma que refiere ha recibido constantemente por casi seis años, la cual atribuye de manera directa a Jesús Alberto Muñetón Galaviz y de manera indirecta a Manuel Bojórquez López, en su calidad de entonces consejeros electorales adscritos al instituto local electoral que ella preside.

132.      Manifiesta que la violencia de género ejercida, ha tenido como objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos electorales en el acceso pleno del ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo como consejera presidenta de instituto electoral local, las cuales señala, surgieron desde la toma de protesta de su nombramiento; no obstante, precisa que la tardanza en la presentación de su queja se debe a que siempre trato de anteponer el consenso, la cohesión y la colaboración para el buen ejercicio de la encomienda institucional.

133.      Refiere que entre las diversas conductas que los sujetos denunciados han cometido en su contra, se encuentran la difamación, la calumnia e injuria, mismas que denigran y descalifican su actuación como presidenta del órgano electoral por el simple hecho de ser mujer; lo cual además, ha propiciado un ambiente de hostilidad y confrontamiento entre las diversas áreas que comprenden la estructura institucional y generar un ambiente de tensión laboral por la violencia que ha recibido del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz.

134.      La consejera presidenta manifiesta que al principio de las agresiones las consideró como normales dada su poca experiencia en la encomienda a su encargo, no obstante, considera que constituyen VPMG, las cuales no había denunciado al tener la preocupación de que tuviera repercusiones a la institución que representa, por ser hechos en los que se encontraba inmersa en su calidad de presidenta y que pudiera entenderse que no tenía la capacidad para asumir las responsabilidades de su cargo, motivo por el cual, enfrentó distintas dificultades que incluso trascendieron a su ámbito personal y que señala, superó con base en sus propias capacidades e inteligencia.

135.      Ahora bien, en su escrito de queja la consejera presidenta aborda de manera introductoria, diversas conductas que se atribuyen a los sujetos denunciados, las cuales, aduce, constituyen violencia política de género en su contra, no obstante, estas son retomados en sus consideraciones posteriores de su queja, motivo por el cual serán expuestas y agrupadas más adelante, a efecto de puedan ser analizadas de manera integral y evitar reproducciones innecesarias.

136.      En ese sentido, esta Sala Especializada analizará y agrupará los hechos en los cinco conceptos expuestos por la denunciante, a los cuales la quejosa denomina como agravios, mismos que manifiesta sucedieron durante su gestión y que quedaron asentados en la fijación de la controversia de esta sentencia, a saber:

137.      Lo anterior, se hace con el objeto de atender cada uno de los hechos expuestos en la queja, con la intención de que sean analizados, aglomerados y consecuentemente, emitir la determinación que en Derecho corresponda, de conformidad a lo siguiente:

138.      La presión y hostigamiento que recibió por parte del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, derivado de la exigencia y la consecuente negativa de pago al entonces funcionario, por el concepto “haber de retiro”, supuesta prestación exigida con motivo de la conclusión de su encargo como consejero presidente en el año dos mil catorce. La denunciante señala que desde el primero de octubre de dos mil catorce, fecha en que tomó posesión de la presidencia del Consejo General del Instituto Local, recibió presión y hostigamiento por parte del entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, quien previo a las reformas estructurales electorales de ese año fungió como presidente del entonces instituto local electoral y el cual exigía se le cubriera la supuesta prestación de “haber por retiro” con motivo del término de su encargo como presidente de dicho organismo.

139.      La consejera presidenta, señala que dicha prestación era exigida en términos del artículo 30, inciso e), fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, que contemplaba dicho concepto de pago, previo a la reforma realizada el trece de diciembre de 2013 [52], así como entre otros documentos,  tales como el “Dictamen que emite la Comisión de administración y logística del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de conformidad con el acuerdo CG-0138-NOVIEMBRE-2011, emitido por el Consejo General de esta último respecto a la determinación de los factores a considerarse para el cálculo del haber por retiro a que se refiere el artículo 30 inciso e) numero 3 fracción XVIII, del reglamento interior de dicho órgano electoral”, documento que anexa a su queja[53].

140.      Manifiesta que el pago exigido por dicha prestación, era por la cantidad de $4’337,417.03 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 03/100 M. N.) cálculo que supuestamente fue propuesto por el denunciado; no obstante, refiere la consejera que previo a decretar un veredicto para la entrega o no de los recursos, propuso un acercamiento con José Roberto Ruiz Saldaña, entonces consejero presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales del INE, así como con la Directora Jurídica del INE, a través de comunicaciones privadas para recibir asesoramiento y determinar la procedencia del pago, quienes aconsejaron que determinaran conforme “al expediente”.

141.      Al respecto, señala que a la fecha, la denunciante no ha cubierto el pago exigido por el entonces consejero y considera que su decisión tomada como consejera presidenta de no otorgar los recursos económicos estuvieron apegados conforme a derecho; no obstante, afirma que al tomar esa decisión se iniciaron una serie de actos que se convirtieron en violencia por parte de Jesús Alberto Muñetón Galaviz, lo cual le afectó en el desempeño efectivo del ejercicio de su encargo, mismos que recibió simbólicamente en su contra con la intención de buscar presionarla o intimidarla para suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad.

142.      La justiciable manifiesta que constantemente y de forma reiterada, el entonces consejero Jesús Alberto Muñetón, ejercía presión para que le fuera cubierto el pago del referido concepto, lo cual desencadenó una serie de ataques e indirectas hacia su persona, que eran evidentes en las reuniones entre consejeras y consejeros, creando un ambiente de tensión y tergiversando sus manifestaciones en su contra.

143.      De la lectura integral de su queja, la denunciante refiere que su otrora compañero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, con el apoyo de Manuel Bojórquez López, tuvieron la pretensión de obligarla mediante presión o intimidación a cubrir el pago del “haber por retiro”, con la amenaza de que, al signar los cheques por dicho concepto, consecuentemente se le apoyaría en todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

144.      Para acreditar este punto, señala que dichas circunstancias le constan a la consejera electoral Hilda Silva Bustamante, quien estuvo presente en todas las reuniones y conoció de las exigencias por parte de los entonces consejeros hoy denunciados; además de los acuerdos CG-0009-SEPTIEMBRE-2013, CG-0012-NOVIEMBRE-2013, CG-0013-DICIEMBRE-2013, las actas de sesión 28 de enero, 20 y 28 de febrero de 2014, probanzas con las cuales la denunciante refiere que la anterior integración previa a su encargo, aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de dicho instituto con una reserva presuntamente destinada para tal efecto.

145.      En ese sentido, también, aporta los acuerdos de transición de veintiuno de agosto de dos mil catorce, actas entregas de recepción de primero de septiembre y ocho de octubre, conjuntamente con la conciliación de las cuentas bancarias del instituto, con los cuales refiere, se advierten los recursos económicos entregados al momento de la toma de su posesión como presidenta del organismo.

146.      Los hechos señalados por la denunciante en este punto se vinculan con su siguiente concepto motivo de queja, a efecto de precisar que la negativa del pago de la supuesta prestación dio origen a la obstaculización en el ejercicio de sus funciones como consejera presidenta.

147.      La resistencia por parte de Jesús Muñetón Galaviz, con el apoyo de Manuel Bojórquez López, entonces consejeros, para dar cumplimiento de la paridad vertical y horizontal en el registro de candidaturas, a los cuales atribuye manifestaciones de desánimo e importancia en todo momento, por tratarse de acciones para competir en igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. Respecto este punto, la consejera presidenta señala que el entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, siempre ha demostrado un comportamiento negativo u opositor en los temas relacionados con “Paridad de Género”, acompañado y apoyado por Manuel Bojórquez López, lo cual, desde su perspectiva, es una encomienda que deben cumplir por mandato de ley.

148.      Para ello precisa que existió resistencia al cumplimiento de dicho principio de paridad en el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral local 2014-2015, ya que se topó con la misoginia, violencia y la resistencia por parte de los sujetos denunciados, acompañados de las consejeras María España Karen de Monserrath Rincón Avena y Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz.

149.      Señala la denunciante que al tomar el cargo de presidenta del organismo, asumió con responsabilidad atender las atribuciones de reglamentar las candidaturas en lo concerniente al principio de paridad de género tal como fue el sentido de la reforma electoral del dos mil catorce, ya que se percató que la anterior integración de la que formaban parte Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Manuel Bojórquez López y la consejera María España Karen de Monserrath Rincón Avena, no habían realizado el mínimo trabajo para garantizar dicho principio para el proceso electoral en el que estaban inmersos.

150.      Refiere con lo anterior, que se incumplió disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el pleno de los derechos políticos de las mujeres de conformidad a lo señalado con el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres; así como con las obligaciones contenidas al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, al no cumplir con la máxima diligencia en el servicio y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia del mismo o implique abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.

151.      Para acreditar la conducta denunciada, expone diversas sesiones extraordinarias llevadas a cabo en el órgano local electoral, los días dieciséis, veintiséis y treinta de marzo, así como cuatro de abril todas de dos mil quince, las cuales obran certificadas en el presente expediente y de las que la denunciante transcribe en su queja las intervenciones en las cuales aduce, se evidencia la resistencia por parte de los sujetos denunciados a aprobar los acuerdos referidos y con los que señala se cometió la VPMG, mismos que serán expuestos en un apartado posterior.

152.      Por último, expone que se encuentra próximo a celebrarse el proceso electoral local 2020-2021, por lo que se han realizado diversas reuniones en mesa de trabajo con las consejeras y consejeros en aras de lograr una mejor preparación y prestar la colaboración para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales para efectos de las adiciones y/o modificaciones al Reglamento de Registro de Candidatas y Candidatos a cargo de elección popular, con base a las reformas en materia de paridad, desprendiéndose en dichas reuniones, la forma poco participativa por parte del entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz con el apoyo del consejero electoral Manuel Bojórquez López en los asuntos sobre “el cumplimiento de la paridad.”

153.      Para acreditar lo anterior, aporta los audios de veinticuatro sesiones reuniones de mesas de trabajo entre consejeras y consejeros electorales del instituto, que se celebraron durante el periodo de marzo a septiembre del dos mil veinte, los cuales quedaron descritos en el apartado de hechos acreditados de esta sentencia.

154.      La obstaculización de sus atribuciones o funciones del cargo como Consejera Presidenta la cual atribuye a Jesús Alberto Muñetón Galaviz. La quejosa manifiesta que derivado de los cambios internos y diversas bajas del personal del organismo que se suscitaron dado el periodo de transición de la nueva integración, el veintiséis de enero de dos mil quince, mediante acuerdo CG-0007-ENERO-2015[54], se aprobó por unanimidad de las consejeras y consejeros, su propuesta de designación del cargo como titular de la Secretaria Ejecutiva de dicho organismo a Malka Meza Arce.

“LIC. REBECA BARRERA AMADOR

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO

PRESENTE

Los consejeros electorales que suscribimos el presente solicitamos a usted, de la manera más atenta, el cambio de quien actualmente se encuentra al frente de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, atendiendo a que las próximas actividades y sesiones que se llevarán a cabo por el Consejo General, hacen necesaria una persona con más experiencia en materia electoral y un conocimiento más calificado sobre medios de impugnación y nulidades de la materia que nos ocupa, por lo tanto, acompañamos nuestra solicitud con la propuesta de una persona que cumple el perfil idóneo para desempeñar este importante encargo que sostiene buena parte de las actividades operativas de éste órgano electoral del Estado; Licenciada Sara Flores de la Peña, quien actualmente ocupa la Dirección Ejecutiva de Transparencia, acceso a la información y del Servicio Profesional Electoral, y como encargado de despacho de manera temporal al maestro Héctor Gómez González, tomando en cuenta que ambos cumplen con los requisitos de ley.

Sin otro asunto más por tratar, le enviamos un cordial saludo.”

“Consejeros Electorales

del Consejo General del IEE-BCS

Presentes

…

Al respecto, me gustaría compartir con ustedes mi interés para que el desarrollo de las actividades de este instituto se efectúe en un ámbito armonioso y cordial, sin dejar de lado el aspecto profesional recordando el compromiso que tenemos quienes conformamos el Consejo General, para llevar con éxito en el actual proceso electoral mismo que, como es de su conocimiento se encuentra ya en avanzado estado.

Para ello, esta Presidencia considera que el efectuar la sustitución del Secretario Ejecutivo o de cualquier otro servidor público clave en la estructura del Instituto, pondría en alto riesgo el fin primordial de nuestra actividad comicial.

Sin embargo, propongo a ustedes que una vez concluido el proceso electoral en curso, tratemos el asunto motivo del presente a través de los medios idóneos y en un marco de colaboración institucional.”

“ Lic. Rebeca Barrera Amador

Consejera Presidente Instituto

Estatal de Baja California Sur

Presente

Con base en el oficio No. CE-IEEBCS-051 de fecha 2 de junio del 2015, los consejeros electorales que suscribimos, reiteramos la solicitud señala en el mismo, por otra parte, con respecto de su oficio no. P-IEEBCS-937-2015, de fecha 04 de junio de 2015 en el que nos dio respuesta, consideramos oportuno y pertinente llevar a cabo lo solicitado.”

“Consejeros Electorales

Del Consejo General del IEE-BCS

Presentes

..

Al respecto como se hizo de su conocimiento previamente, esta Presidencia del Consejo General, considera que suponer la sustitución del Secretario Ejecutivo o de cualquier otro servidor público clave en la estructura del Instituto, durante el proceso electoral pondría en alto riesgo el fin primordial de nuestra actividad comicial.

Asimismo, como es de su conocimiento, el proceso no ha concluido pues aún estamos en espera de que se resuelvan los medios de impugnación entre los que se encuentra la declaratoria de validez de la elección de Gobernador del Estado, por lo que respetuosamente me permito reiterar que una vez concluido el proceso electoral en curso, tratemos el asunto motivo del presente, a través de los medios idóneos.”

“Lic. Malka Meza Arce

Secretaria Ejecutiva integrante de la

Comisión de educación Cívica, Capacitación y

Organización Electoral.

Presente

…

Con fundamento en los artículo 14 de la Ley Electoral de Baja California Sur, 11, 12, y 13 inciso a), b) y f), del Reglamento de Comisiones CG-0051-ABRIL-2015 artículo 14, fracciones I, II, III VI y XII y el acuerdo C-001-05-OCTUBRE-2014 por este conducto, le convoco a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica, … el día 10 de agosto del presente año, a las 10:30 hrs. Misma que se llevará a cabo en la sala de sesiones ubicada en Constitución No. 415 esquina con Guillermo Prieto de esta Ciudad.

Se anexa al presente, el proyecto de orden del día.”

“Anexo. Orden del día

…

6. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral, contemplado lo Correspondiente a la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral

7. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, contemplando lo correspondiente a la Comisión de Organización Electoral”

El Consejero Electoral, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz: “Nada más es para sumarme a la solicitud de la Consejera Hilda, son documentos muy interesantes para poder hacer un análisis del Proceso Electoral y yo ahondaría en el asunto de los medios de impugnación que están pendientes, yo agregaría los requerimientos que nos ha hecho el Tribunal, para conocer bajo qué aspectos está haciendo análisis la Sala Guadalajara y poder ver las vías que está siguiendo y en qué sentido está analizando. Gracias”

“Lic. Malka Meza Arce

Secretaria Ejecutiva del IEEBCS

Presente

Por este conducto de la manera más atenta, solicito a usted un informe pormenorizado del cambio de Constancias de Mayoría, entregadas por los Consejeros Municipales y Distritales a los candidatos electoral de sus respectivas demarcaciones territoriales incluso en proceso de receso de algunos de estos órganos electorales, destacando los motivos de dicho cambio, fecha en que se hizo cada sustitución, así como la persona que dio esas indicaciones o instrucciones para proceder de dichos documentos, ellos sin que se haya hecho del conocimiento del Consejo General de este Instituto o de los integrantes del mismo.”

“Lic. Rebeca Barrera Amador

Consejera Presidente del Instituto

Estatal Electoral

Presente.

Por este conducto requerimos se convoque a Sesión Extraordinaria de Consejo General para el día lunes 14 de septiembre del presente a las 10:00 horas, lo anterior, con fundamento en los artículos 12, párrafo primero, 13, párrafo primero y 19 fracción II, de la Ley Electoral del Estado; 13 incisos c) e inciso i), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral; así como 8, fracción IV, 11 fracción II y 12, párrafos tercero y cuarto del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Por tanto, anexamos al presente el orden día y el proyecto de acuerdo correspondientes, señalando el asunto único a tratar en dicha sesión el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR MEDIANTE EL CUAL SE SUSTITUYE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DICHO ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL Y SE REALIZAN NUEVAS DESIGNACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS ELECTORALES.”

“Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz

Consejera Electoral del Instituto Estatal

Electoral de Baja California Sur

Presentes

Hago referencia al oficio CE-IEEBCS-072-2015 mediante el cual se requiere que la suscrita convoque a sesión extraordinaria del Consejo General para el día lunes 14 de septiembre del presente año a las 10:00 horas, y remite el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General….”, me permito hacer de su conocimiento que de una simple lectura de lo previsto en el artículo 12, cuarto párrafo de la Ley Electoral del Estado, es posible apreciar que si bien es cierto el Secretario Ejecutivo será nombrado y removido por el voto de las dos terceras partes del Consejo General, también lo es que dicho acto debe realizarse a propuesta de esta Presidencia, por lo que, al no cumplirse lo establecido en el precepto legal en cita, no existen los elementos mínimos necesarios para que esta oficina lleve a cabo el procedimiento necesario para convocar a sesión de Consejo General.”

“Lic. Malka Meza Arce

Secretaria Ejecutiva del IEEBCS

Con fundamento en los artículo 14 de la Ley Electoral de Baja California Sur; 11, 12, y 13 inciso a), b) y f), del Reglamento de Comisiones CG-0051-ABRIL-2015, artículo 14, fracciones I, II, III, VI y XII y el acuerdo CG-015-OCTUBRE-2014 por este conducto, le convoco a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral el día martes 15 de septiembre del presente año a las 13:00 hrs. Misma que se llevará a cabo en la sala de sesiones ubicada en Constitución No. 415 esquina con Guillermo Prieto de esta ciudad.”

“Anexo. Orden del día.

…

5. Punto Único. Solicitud de información que hace el Consejero Presidente de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y organización Electoral a la Dirección Ejecutiva de organización Electoral, respecto a la elaboración y sustitución de Constancias de Mayoría de los distintos órganos electorales.” 

“Lic. Rebeca Barrera Amador

Consejera Presidente del

Instituto Estatal Electoral

PRESENTE

Por este conducto, por segunda ocasión, requerimos convoque a Sesión Extraordinaria de Consejo General para el día martes 15 de septiembre del presente a las 16:00 horas, lo anterior, con fundamento en los artículo 12, párrafo primero, 13, párrafo primero y 19 fracción II, de la Ley Electoral del Estado; 13 inciso c) e inciso i), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral; así como 8, fracción IV, 11 fracción II y 12, párrafos tercero y cuarto del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Por lo tanto, anexamos al presente el orden del día y el proyecto de acuerdo correspondientes, señalando el asunto único a tratar en dicha sesión el “Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur mediante el cual se sustituye a la titular de la Secretaria Ejecutiva de dicho organismo público local electoral y se realizan nuevas designaciones de servidores públicos electorales”

“Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo que representan los Consejeros Electorales Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante, Mtra. Carmen Silerio Rutiaga, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Lic. Manuel Bojórquez López y M. en C. María España Karen de Monserrath Rincón Avena del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur mediante el cual se sustituye a la Titular de la Secretaría Ejecutiva de dicho Organismo Público Local Electoral y se realizan nuevas designaciones de los Titulares de las Direcciones Ejecutivas de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, así como de Administración y Finanzas”

186.      La creación de un ambiente de hostilidad en su contra generado por parte del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz. Sobre este concepto relata que los hechos expuestos, han causado una afectación a su persona, toda vez que desde su llegada al instituto electoral local, ha recibido de forma reiterada y constante daño a su dignidad, integridad y libertad, limitando y menoscabando el ejercicio de sus derechos políticos electorales como es la de obstaculizar el pleno ejercicio de su encargo como, en el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones, en su calidad de mujer dentro del cargo que representa como consejera presidenta del referido órgano electoral local.

187.      Al respecto, en este punto la consejera denunciante precisa que, en su momento, el consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz creó un ambiente de hostilidad en el interior laboral, tal como lo relata del acercamiento que tuvo el entonces consejero denunciado con Joel Valencia Núñez, en su carácter de titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del órgano electoral local, a quien le refirió la expresión “Cuídate de la Presidenta porque te llevará a cometer un error”.

188.      Ahora bien, de un análisis integral a la lectura de la queja, sobre este concepto, la quejosa manifiesta varios hechos como los siguientes:

Sobre este hecho, la denunciante relata que la conferencista pudo observar y detectar situaciones de violencia y hostilidad laboral supuestamente atribuibles a Jesús Alberto Muñetón Galaviz, lo anterior, derivado de diversas intervenciones de las y los compañeros asistentes.

Derivado de lo anterior, la quejosa manifiesta que tuvo conocimiento de una llamada telefónica que sostuvo el consejero del INE Jaime Rivera Velázquez, con Jesús Alberto Muñetón Galaviz y que, como resultado de dicha comunicación privada, recibió disculpas del entonces consejero denunciado por las supuestas conductas cometidas, las cuales también extendió a otras personas del instituto.

No obstante, la quejosa sostiene que la conducta del entonces servidor público “la llevó al extremo”, esto, como el hecho de ser omiso en el aporte de criterios para la construcción de bloques de competitividad y en temas de inclusión, así como guardándose sus intervenciones hasta el momento en que se encontraban delante de los partidos políticos, “coincidiendo más con las fuerzas políticas que con la propia institución”.

189.      Para acreditar lo anterior, solicitó la comparecencia de las personas señaladas en estos hechos además de Ramón Guluarte Castro, Contralor General de dicho organismo electoral, a quienes refiere, les constan los hechos denunciados.

190.      Alegatos expuestos por los sujetos denunciados con relación a la queja. Al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, Jesús Alberto Muñetón Galaviz, expuso en relación a los hechos denunciados, lo siguiente:

         Niega lisa y llanamente cualquier acto o conducta que constituya violencia política de género, ya que durante su actuación como consejero desde el inicio del encargo en 2014 y hasta su culminación en 2020, ha demostrado respeto dentro y fuera de la institución a los integrantes del Consejo, así como a la titular de la institución y todo su personal.

         Que sus participaciones en reuniones y sesiones públicas, no se desprende algún acto u omisión que tenga el elemento de ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; tampoco se desprende que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la impugnante ya que todas las participaciones se basan en el ejercicio de su función y dentro de un órgano colegiado bajo un tema u orden del día.

         Las expresiones realizadas se dieron en el contexto de un debate político en el marco de actividades dentro de la Institución a la que perteneció por 22 años, las cuales refiere, no actualizan violencia política de género en contra de Rebeca Barrera Amador, por el hecho de ser mujer, ni por razones de género.

         Sus intervenciones estuvieron dirigidas en consolidar los principios rectores principalmente el de imparcialidad, independencia, legalidad y certeza, de ninguna forma acepta que su trabajo se vea como violencia política de género.

         Que jamás ha proferido por sí o a través de terceros, algún tipo de violencia, injuria u otra expresión verbal denigrante hacia la presidenta del Instituto.

         Señala que sus desacuerdos siempre fueron en el aspecto técnico electoral, nunca por condición de género, tal como le consta a los consejeros del INE Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, el exconsejero Marco Baños Martínez, a las exconsejeras Dulcinea Apodaca Ruiz, María España Karen de Monserrath Rincón Avena, Carmen Silerio Rutiaga, Lidizeth Guillermina Patrón Duarte, quienes desestiman lo vertido por la denunciante.

         Presume que existe conflicto de intereses en las manifestaciones realizadas por Hilda Silva Bustamante, Ramón Guluarte Castro y Guillermina Valenzuela Romero, de quienes refiere, aún trabajan en el instituto y son subordinados de la denunciante.

         Refiere que Rebeca Barrera Amador nunca ha sido limitada en el ejercicio de sus funciones o responsabilidades por ser mujer, ya que tuvo su apoyo durante el tiempo que se desempeñó como Consejero Electoral, buscado siempre dar certeza y robustecer las acciones del Consejo General.

         Niega haber participado en campañas de desprestigio a través de notas periodísticas y demás publicaciones.

191.      Para acreditar sus manifestaciones, solicita sea analizado el contenido de las versiones estenográficas de las sesiones públicas, así como los audios de las sesiones de trabajo en los que se aduce se cometieron los hechos motivo de la que queja; además de las probanzas que han quedado detallados en el ANEXO UNO de esta sentencia.

192.      Por su parte Manuel Bojórquez López, en relación a los hechos expuestos por la denunciante, expone lo siguiente:

         Niega cualquier acusación hecha en su contra por supuestas conductas que constituyen violencia política en razón de género.

         Niega haber realizado las conductas que describe Rebeca Barrera Amador, tales como el “mansplaining, maninterrupting o el gaslighting”.

         Señala que jamás desplegó conducta alguna que tuviera como finalidad, objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, tal como acusa la quejosa.

         Niega haber realizado durante los seis años de su encargo como consejero electoral, algún tipo de violencia en contra de Rebeca Barrera Amador.

         Niega haberse prestado por “amistad o complicidad”, con algún consejero o consejera, para difamar, calumniar o injuriar a Rebeca Barrera Amador.

         Niega rotundamente haber realizado expresiones que tuvieran por objeto denigrar o descalificar la actuación de la consejera presidenta así mismo manifiesta que en ningún momento se dirigió a su persona con el objeto de lesionar su dignidad, integridad o la libertad del pleno ejercicio de su cargo público y/o toma de decisiones.

         Niega que sus expresiones tuvieran por objeto crear un ambiente de hostilidad o confrontación hacia Rebeca Barrera Amador o entre diversas áreas de la institución o de persona alguna.

         Expresa que su actuación como Consejero Electoral siempre fue tendente al cumplimiento de los principios rectores de la función electoral, así como a las disposiciones legales que regulan la materia.

         Que sus participaciones en las sesiones del Consejo General se orientaron a la discusión respetuosa de los asuntos atinentes al orden del día de cada una de ellas y en ningún momento se dieron expresiones de carácter misógino por su parte.

193.      En atención a las manifestaciones expuestas por la justiciable y los sujetos denunciados, esta Sala Especializada emitirá su fallo con base a los conceptos de estudio propuestos y los hechos que han quedado acreditados conforme al marco normativo, aplicando al caso concreto parámetros de perspectiva de género.

194.      Decisión. Este órgano jurisdiccional determina que resulta existente la infracción consistente en VPMG cometida por Jesús Alberto Muñetón Galaviz quien en su momento ejerció la calidad de consejero electoral del instituto estatal electoral de Baja California Sur en contra de Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del referido instituto local.

195.      Justificación de la decisión. Una vez analizados los hechos denunciados en la queja, se procede a justificar la decisión de este órgano jurisdiccional, para ello se abordarán los hechos expuestos en los apartados de la queja de conformidad a lo siguiente:

198.      En atención a lo expuesto, esta Sala Especializada, considera que no se tienen por acreditadas manifestaciones o acciones concretas que hubiesen cometido los entonces consejeros denunciados en contra de Rebeca Barrera Amador consistentes en frases o acciones que hubiesen podido generar presión o intimidación en su contra derivado de la exigencia del pago de la prestación laboral referida.

199.      Esto es, de las constancias que obran en el expediente no se puede llegar a tener por cierto que estas exigencias, actitudes o manifestaciones realizadas por los entonces consejeros estuviesen realizadas en contra de la consejera presidenta a efecto de impedirle ejercer sus funciones bajo razones de discriminación por su condición de mujer, sino que se trató de actos relativos a la exigencia de un pago que se encontraba establecido en una normativa local.

“Manifiesta que la suscrita, la Consejera María España Karen de Moserrath Rincón Avena o los entonces consejeros Muñetón Galvis y Bojórquez López, en ningún momento tuvimos resistencia respecto al cumplimiento de nuestras atribuciones, pues siempre propiciaron el diálogo e intercambio de opiniones del cuerpo colegiado.

Que no se precisa de qué manera se realizó la “resistencia por parte de la suscrita, la Consejera María España Karen de Monserrath Rincón Avena y los denunciados, respecto al cumplimiento a la reforma político electoral de 2014”, no se precisan características de modo, tiempo y lugar, respecto a las cuales dar respuesta.

“En relación con el exconsejero Manuel Bojórquez López lo que puedo expresar sobre los hechos en comento, es que es una persona que vertió en diferentes momentos comentarios y expresiones machistas y violentas ya que siempre estuvo en desacuerdo con los trabajos que han sido impulsados desde 2014 en materia de igualdad de género, mismos que fueron mencionados de manera económica.”

“Finalmente, me permito manifestar que tanto el ex Consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, no apoyaban las actividades mismas a las cuales no asistían, ni los avances en materia de igualdad de género, siendo unos opositores a la implementación de medidas o acciones afirmativas sobre todo en el proceso local electoral 2014-2015, en las cuales votaron en contra del avance en cuanto a la paridad horizontal, en 2017-2018 fueron de los principales que no apoyaron el establecimiento de bloques de competitividad, señalando en el caso del exconsejero Muñetón que no se podía por las diferencias mínimas que existían, derivado del proyecto del análisis de los bloques elaborado para diputaciones y ayuntamientos en los cuales se presentó que podrían establecerse por parte de la Presidenta de la Comisión, Hilda Silva Cecilia Silva Bustamante, en dichas reuniones de trabajo estuvieron el personal de la Jefatura de Igualdad de Género, Secretaría Ejecutiva, Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como personal de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos.”

“Respecto de los hechos citados en primer lugar manifiesto que acreditar cada uno de ellos amerita una revisión exhaustiva de las mesas de trabajo de consejeras y consejeros, así como de las actas de las sesiones tanto de las comisiones como del Consejo General para probar con documentales públicas lo denunciado en esta parte; no obstante, puedo citar un hecho en el que se puede observar la conducta en que los denunciados actuaban para obstaculizar el desempeño de las funciones señalado por la accionante, buscando controlar las votaciones sobre temas trascendentales en el Consejo General.

Me refiero a la sesión pública del Máximo Órgano de Dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur del 16 de marzo de 2015. De acuerdo con el orden del día de esa sesión y con el acta respectiva de la misma se pusieron en la mesa del Consejo General dos temas acerca de las reglas y criterios de paridad en la participación política de mujeres y hombres en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, ya sea por medio de los partidos políticos o por la vía de candidaturas independientes. En ese tiempo se encontraba gozando de licencia médica por maternidad la Consejera María España Karen de Monserrat Rincón Avena, sin embargo, renunció al tiempo restante de dicha incapacidad para estar presente en la mencionada sesión y con su voto inclinar la balanza en la votación, porque éramos seis consejeras y consejeros electorales, tres a favor y tres en contra de impulsar los criterios propuestos en la postulación de integrantes de ayuntamientos, en sus vertientes horizontal y vertical.

De esa manera, fue evidente que conformaron un bloque y votaron en contra de la paridad Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Manuel Bojórquez López, Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz y María España Karen de Monserrat Rincón Avena, con argumentos detallados en el acta de la sesión aludida y de la cual se desprende que consideraron que no era el momento procesal para tomar esa determinación, aduciendo no estar contra de los derechos de las mujeres a una participación política paritaria.

Según la referida acta, de las participaciones de las y los consejeros que he citado y del debate sostenido por algunas de las representaciones partidistas ante el Consejo General, presumiblemente se puede constatar el interés que tenían por desacreditar y descalificar a la Consejera Presidenta, denunciante en el caso que nos ocupa, diciendo que con sus expresiones faltaba al respeto. Es pertinente señalar que, si bien no fue aprobado el acuerdo relativo a los criterios, mencionados líneas arriba, si fue aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo enlistado con el número 6 en el orden del día relativo al Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, el cual fue impugnado por el partido político Morena y resuelto por la Sala Regional Guadalajara del TEPJF y, con base en la sentencia respectiva, dicha Sala Regional ordenó al Consejo General del IEEBCS que emitiera un nuevo acuerdo, mediante el cual se añadiera al Reglamento impugnado el alcance horizontal y/o transversal del principio de equidad de género tratándose de postulación de candidatos y candidatas a integrar los ayuntamientos en que se divide el Estado, en los términos y plazos precisados en la presente sentencia.”

Para dar cumplimiento a lo mandatado por el TEPJF, el referido Consejo General, en una sesión extraordinaria convocada exprofeso, aprobó, por unanimidad de votos el acuerdo CG- 0023-MARZO-2015, la incorporación de la paridad en sus vertientes horizontal y vertical respecto de la postulación de planillas de integrantes de ayuntamientos, la cual, como quedó dicho, no había sido aprobada en el acuerdo correspondiente con 4 votos en contra y 3 a favor, de las y los consejeros electorales.

De todo lo aquí descrito, presumo que se pueden identificar en el acta de la sesión del 16 de marzo de 2015, multicitada, que hubo consideraciones dirigidas al ámbito personal de la impetrante y no en su calidad de Consejera Presidenta. Y aunque no encontré un documento que lo fundamente, en mesa de consejeras y consejeros, previa a la de acatamiento a la sentencia invocada, el entonces Consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz externó que lo votaría a favor porque no era lo mismo que un Tribunal nos ordenara cumplir con la paridad en los términos ya señalados, a que nosotros, como integrantes del Consejo General, nos excediéramos al proponerlo.”

“En cuanto al hecho punto 4, manifiesta que la suscrita como Secretaria Técnica de la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas estuvo presente en diversas reuniones con motivo del análisis del proyecto de acuerdo sobre modificaciones y adiciones al reglamento de registro de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, en las cuales las Consejeras María España Karen de Monserrath Rincón Avena y Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, (sic) mostraron una resistencia respecto del cumplimiento de la reforma político electoral de 2014, si no que por su parte mostraron interés en atender el principio de paridad de género siempre en beneficio de la ciudadanía.”

“El hecho de que, en su momento, la suscrita haya tenido, en el tema que refiere la denunciante, una opinión distinta, ello no significa que formara parte de una “resistencia” por lo cual se niega completamente este otro punto opiniones; ya que tener pensamientos o criterios distintos en diversos temas, es parte de la naturaleza de los órganos colegiados.

No existió ningún tipo de “resistencia” al tema que señala, únicamente y conforme la ley me facultaba  voté, en su momento, un acuerdo dentro del marco legal institucional, atendiendo siempre al principio de Certeza en el Proceso Electoral y jamás en contra del Principio de Paridad como lo quiere hacer ver Rebeca Barrera Amador; y tan es cierto lo manifestado por la suscrita, que en dicha sesión ( si no mal recuerdo fue en el mes de marzo del 2015)  manifesté las razones del voto emitido, la cual quedó grabada y puede ser consultada en cualquier momento a efecto de que no haya duda de las razones que en su momento expresé para sustentar el sentido de mi voto y precisamente por ello es que hice uso de la voz, para que quedaran claras las razones de él.”

         Avance de algunos insumos de reformas y criterios jurisprudenciales.

         Posibilidad de incorporación de acciones afirmativas en materia de inclusión.

231.      Al respecto, se tiene por acreditado que el veintiséis de enero de dos mil quince, se aprobó por unanimidad, la propuesta de la consejera presidenta del instituto electoral local, para designar a Malka Meza Arce como Secretaria Ejecutiva de dicho instituto electoral, cargo que actualmente ya no desempeña.

232.      Asimismo, se tiene por acreditada la existencia y contenido de los oficios CE-IEEBCS-051-2015, P-IEEBCS-0937-2015, CE-IEEBCS-064-2015, CE-IEEBCS-1122-2015, SE-IEEBCS-1559-2015, CE-IEEBCS-072-2015, P-IEEBCS-1487-2015  y CE-IEEBCS-073-2015, en los términos expuestos en el apartado de acreditación de los hechos y transcritos en el análisis integral de la queja, a través de los cuales las y los seis consejeros solicitaron la sustitución de la Secretaria Ejecutiva y emitieron el proyecto de acuerdo y orden del día correspondiente para que fuera analizado, votado y en su caso, aprobado, en sesión extraordinaria del consejo general.

233.      Asimismo, en dichos oficios se tiene por acreditada las respuestas por parte de la Consejera Presidenta a la solicitud planteada por las y los consejeros en los cuales, por una parte, solicitó a las y los integrantes del consejo se aplazara cualquier determinación para atender la petición formulada hasta que culminara el entonces proceso electoral; posteriormente, manifestó su negativa a la reiterada solicitud, al considerar que el cambio de la funcionaria debía de ser a propuesta de la propia presidenta.

234.      De igual forma, se tiene por acreditado mediante los oficios referidos que la solicitud del cambio de la titular de la Secretaria Ejecutiva realizada por las y los consejeros se hizo a razón de que consideraban que era necesario contar, entre otros puntos, con “una persona con más experiencia en materia electoral y un conocimiento más calificado sobre medios de impugnación y nulidades en la materia”, motivo por el cual solicitaron se convocara a sesión extraordinaria a efecto de tratar dicha cuestión.

235.      Además del análisis al proyecto de acuerdo expuesto por las y los integrantes del consejo de fecha quince de septiembre para tal efecto, se advierten consideraciones como las siguientes:

Antecedentes

…

V. Solicitud de cambio de titular de la Secretaria Ejecutiva. Mediante oficio número CE-IEEBCS.2015, de fecha 25 de junio de 2015, los Consejeros electorales Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Carmen Silerio Rutiaga, Manuel Bojórquez López, Hilda Cecilia Silva Bustamante, Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz y Maria España Karen de Monserrath Rincón Avena, solicitaron a la Consejera Presidenta, Rebeca Barrera Amador el cambio de quien actualmente se encuentra al frente de la Secretaria Ejecutiva de este instituto, por considerar que durante su actuación ha incurrido en reiteradas muestras de incapacidad técnica para el correcto desempeño de la responsabilidad conferida.

VI. Aplazamiento. Mediante oficio número P-IEEBCS-2015, de fecha 4 de junio del año en curso, la Consejera Presidenta dio respuesta a la solicitud referida en el punto anterior aduciendo que concluido el Proceso Local Electoral atendería el planteamiento presentado, mismo que a la fecha no ha sido atendido aun y cuando en reiteradas ocasiones se le ha solicitado atender tal petición.

…

CONSIDERANDOS

…

SEGUNDO. Facultad para aprobar la designación de Secretario Ejecutivo. El artículo 12 de la Ley Electoral del Estado, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades de este instituto.

En este tenor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción III de la Ley Electoral del Estado, este Consejo General tiene dentro de sus atribuciones el designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de los Consejeros Electorales, conforme a la propuesta que presente su Consejero Presidente.

Asimismo, es de señalarse que si el máximo órgano de dirección de este instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, cuenta con la facultad de designar al Secretario Ejecutivo, a mayor razón puede realizar la remoción que nos ocupa, esto atendiendo a una interpretación analógica a fortiori.

Además, atendiendo al aforismo “qui potest plus, potest minus” (quien puede lo más puede lo menos), y tomando en consideración que la Consejera Presidente dio respuesta en el sentido de aplazar el cambio de la servidora pública aplazando la sustitución de la servidora pública una vez pasada la elección, resulta evidente la oportunidad de atender a la necesidad de mejorar el desempeño de las responsabilidades propias de la Secretaría Ejecutiva y al encontrarse facultado este Consejo General par designar y en su caso, efectuar la remoción, también lo estará para acordar la designación y remoción, por mayoría de sus integrantes con derecho a voto.

TERCERO.

…

En este tenor, tenemos que una vez en funciones, el Secretario Ejecutivo asumirá la representación legal del Instituto y fungir como Secretario del Consejo General, conducirá la administración del instituto y supervisará el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos: lo anterior, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la legislación adjetiva en la materia, y los Acuerdos del Consejo General de este órgano electoral, atribuimos y obligaciones que indefectiblemente requieren experiencia en materia electoral, conocimiento del funcionamiento, atribuciones y obligaciones de las diversas Direcciones Ejecutivas de este instituto, para el correcto desempeño de la responsabilidad conferida.

Es así que dichas Direcciones Ejecutivas realizan actividades que deben ser objeto de coordinación por parte de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se requiere que este último cargo se ejerza por quien cuente con los conocimientos técnicos necesarios, así como la experiencia en la materia para llevar a cabo una correcta actuación del cargo conferido, situación que en lo específico no se ha realizado.

En consecuencia, la persona que desempeñe el cargo en mención debe reunir adicionalmente a los requisitos señalados en el precepto legal antes invocado, el perfil idóneo en experiencia y conocimientos en la materia.

Como es de advertirse, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, al ser el área ejecutiva encargada entre otras cuestiones de orientar, coordinar, y supervisar el correcto desarrollo de las diversas áreas del órgano electoral, debe contar con los conocimientos suficientes y necesarios en materia electoral que le permitan guiar de manera correcta y adecuada el funcionamiento del Organismo Público Local Electoral.

Es el caso, que se ha advertido falta de experiencia en el manejo y desarrollo de las funciones atinentes a las atribuciones y obligaciones de la Secretaria Ejecutiva, pudiéndose observar tales circunstancias en el desarrollo de las propias Sesiones de este Consejo General, por parte de la servidora pública que actualmente ejerce tal cargo público, así como en la omisión al participaren el desarrollo de temas atinentes a la materia electoral, independientemente de la falta de conocimiento de los trabajos de cada una de las Direcciones que integran este órgano electoral, actividades y obligaciones que forman parte de las actividades cotidianas de un Organismo Público Electoral, cuya especialización hace necesaria la pericia y conocimiento de su funcionamiento, al ser un cargo fundamental para el correcto desarrollo del Instituto Estatal Electoral.

236.      Por otra parte, se tiene por acreditadas las manifestaciones de las personas que comparecieron al procedimiento y quienes sobre este hecho denunciado manifestaron lo siguiente:

         BETSABÉ DULCINEA APODACA RUIZ, exconsejera Electoral del organismo local.

“Que en ningún momento presenció o tuvo conocimiento que se obstaculizara de manera alguna las labores de la Consejera Presidenta.”

         MALKA MEZA ARCE, exsecretaria Ejecutiva del órgano electoral local.

“-Que en Sesión Ordinaria del Consejo General a propuesta de la Consejera Presidenta fui nombrada Titular de la Secretaría Ejecutiva del INE en Baja California Sur.

-Que con excepción de la Consejera Presidenta, los demás consejeros presentaron diversos oficios en los que solicitaban mi cambio, manifestando la falta de experiencia y conocimiento en la materia electoral, y acompañan su solicitud con una propuesta específica para ocupar el cargo, ocasionando un ambiente de tensión y estrés laboral.

-Por lo que respecta a los hechos contenidos en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEEBCS, manifiesto que cuando se abortó el tema relativo a la sustitución de la titular de la Secretaría Ejecutiva, respetuosamente mencionó que se encontraba impedida para conocer del asunto y procedió a retirarse de la mesa del Consejo General, por lo que no presenció los hechos vertidos en ese apartado.”

         MARÍA ESPAÑA KAREN DE MONSERRATH RINCÓN AVENA, exconsejera del órgano electoral local.

-Tercer punto, manifiesta que durante el tiempo en que fue consejera, no presenció alguna situación de violencia por parte de los ex consejeros respecto de la Consejera Presidente.

- Le llama la atención que en este punto se utilice la palabra “CONTUBERNIO” y se señale el nombre de la suscrita como parte de ello.

Conforme la definición de la Real Academia Española “CONTUBERNIO” tiene tres acepciones:

1.- Habitación con otra persona.

2.  Cohabitación ilícita.

3. Alianza o liga vituperable.

Dada la redacción y sentido del texto,  supone y prefiere pensar que la denunciante se refiere al tercer significado y señaló que le llama la atención, porque le parece extraño que una persona que está señalando una supuesta violencia de género en su contra, ella a su vez  utilice palabras cuyo sentido pudiera ser despectivo respecto de las personas que menciona, en este caso de la suscrita, quien hace más de tres años finalizó en el encargo de Consejera y desconoce las diferencias que en los siguientes tres años hayan existido entre la Consejera Presidenta y los ahora recientes ex consejeros.

         RAMÓN GULUARTE CASTRO, contralor general del órgano electoral local.

-Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la Lic. Rebeca Barrera Amador tiene toda la razón y considero que esa violencia laboral o, en su caso de género, se incrementó de manera importante por parte del Consejero Jesús Muñetón, cuando fue nombrada la Lic. Malka Meza Arce como Secretaria Ejecutiva.

En varias ocasiones la Lic. Malka Meza platicó conmigo, angustiada y llorando por el coraje y la impotencia, así lo dijo. Le recomendé poner una queja formal ante la Contraloría General que represento; sin embargo, tomó la decisión de presentar su queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no estoy seguro, pero creo que también a la Comisión Nacional.

Al poco tiempo me platicó que había recibido una instrucción superior de retirarla ya que el consejero Jesús Alberto Muñetón había hecho compromiso de cambiar de actitud hacia ella y hacia la Lic. Rebeca; creo que esto no sucedió.

         HILDA CECILIA SILVA BUSTAMANTE, exconsejera Electoral del órgano local.

Admito que en algún momento estuve de acuerdo en la necesidad de cambiar a la Secretaria Ejecutiva que se alude por mis propias razones, sin embargo, cuando me percaté de que el grupo de cuatro consejeras y consejeros que mencioné en el numeral 1 de esta respuesta, comandados por el entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, tenían un objetivo distinto al que yo tenía.

Pensaba que se requería una persona con más experiencia y conocimiento en la materia electoral, pero ellos usaron esa “coincidencia” de todas y todos los consejeros electorales, con excepción de la accionante en el caso que nos ocupa, para desestabilizar al Instituto y al Consejo General y, principalmente, sus acciones revelaron que su objetivo real no era generar oportunidades de mejora en el funcionamiento institucional, era que destituyeran a la consejera presidenta del Instituto, objetivo que de ninguna manera apoyamos la consejera Carmen Silerio Rutiaga y una servidora, y nos alejamos de ese grupo.

Hecho este último que no agradó y a partir de ahí buscaron la forma de dificultar el desempeño de nuestro encargo, propósito que no lograron, a pesar de que ello significó que nuestro actuar continuamente tuviera obstáculos.