PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-27/2015

DENUNCIANTE: JESÚS PORTILLO HERRERA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

PARTES DENUNCIADAS: MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIOS: LUIS RODRIGO GALVÁN RÍOS, NADIA JANET CHOREÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.

México, Distrito Federal, a seis de marzo de dos mil quince.

SENTENCIA por la cual se determina la existencia de la infracción a la normativa electoral por parte del Gobernador del Estado de Tlaxcala, el Coordinador de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del mismo Estado, así como de diversas concesionarias de radio y televisión con cobertura local, por la transmisión del “Informe Ciudadano” del mandatario estatal, que constituye una extensión de la difusión de su “4° Informe de Gobierno”, rendido el pasado cinco de diciembre del dos mil catorce, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncia. El veintinueve de enero de dos mil quince, se recibió escrito de queja signado por Jesús Portillo Herrera, representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral[1], en el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de denunciar al Gobernador de dicha entidad, por la difusión extemporánea de su “4° Informe de Gobierno” en diversas concesionarias de radio y televisión con cobertura local, así como en bardas y espectaculares.

2. Radicación, admisión e investigación preliminar. El treinta de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del INE,[2] la denuncia referida, la cual se radicó con la clave UT/SCG/PE/PT/JL/TLAX/21/PEF/65/2015, se admitió a trámite y se ordenaron diversas diligencias relativas a los hechos denunciados.

3. Delimitación de la competencia. El diez de febrero de dos mil quince, la Unidad Técnica determinó que el Instituto Electoral de Tlaxcala era el órgano competente para conocer e investigar sobre los hechos denunciados que versan sobre la presunta difusión en periódicos, bardas y espectaculares, en tanto que la autoridad federal debía conocer únicamente del material difundido en radio y televisión.

4. Acuerdo sobre la solicitud de medida cautelar. El cuatro de febrero de dos mil quince, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares relacionada con la propaganda en periódicos, radio y televisión ya que se trataban de hechos consumados; y procedente por lo que hace a la colocada en bardas y espectaculares, en atención a las siguientes consideraciones en apariencia del buen derecho:

         Aunque no se incluye el nombre e imagen del Gobernador de Tlaxcala, la nueva campaña de propaganda institucional conserva y repite la mayoría de los elementos gráficos y visuales de los mensajes difundidos para dar a conocer el 4° Informe de Gobierno.

         La nueva campaña de propaganda institucional inició cuatro días después de que culminó el periodo permitido para la difusión del referido informe de gobierno.

         La nueva campaña de propaganda institucional podría entenderse como una continuación o prolongación del 4° Informe de Gobierno, lo cual genera confusión entre la ciudadanía y una sobreexposición de mensajes relacionados con la labor del Gobernador.

         La nueva campaña se da en el contexto de un proceso electoral federal, lo que podría alterar las condiciones de equidad entre los participantes.

5. Recurso interpuesto en contra de la determinación de medidas cautelares. Inconforme con lo anterior, el siete de febrero de dos mil quince, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, por conducto del Consejero Jurídico del Ejecutivo Estatal, interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

6. Sentencia de medidas cautelares. El dieciocho de febrero de dos mil quince, la Sala Superior resolvió el SUP-REP-56/2015 en el siguiente sentido:

         El elemento grafico (4°) alusivo al año de gobierno que se utilizó como referente de la nueva campaña de propaganda institucional, puede asimilarse como una pretensión de extensión de los mensajes alusivos al 4° Informe de Gobierno, dado que se está desplegando en un ámbito temporal diverso.

         La identidad sustancial entre los temas abordados en la nueva campaña de propaganda institucional y los relacionados con el Informe de Gobierno, permite concluir que de algún modo se pudo transgredir el límite temporal previsto en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[3], para la difusión del informe de gestión del Gobernador.

7. Emplazamiento. El veintisiete de febrero, la Unidad Técnica citó al denunciante y emplazó a los denunciados, a fin de que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevó a cabo el tres de marzo.

8. Recepción del expediente en la Sala Regional Especializada[4]. El tres de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el oficio INE-UT/2887/2015, mediante el cual el Titular de la Unidad Técnica remitió el expediente formado con motivo de la etapa de instrucción del presente procedimiento especial sancionador; por lo que se acordó enviarlo a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta Sala, a efecto de que verificara su debida integración, en términos del Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

9. Turno. En su oportunidad, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-27/2015 y turnarlo a la ponencia a su cargo, para su resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

Esta Sala Regional Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia al Gobernador del Estado de Tlaxcala por la difusión de un evento el pasado catorce de enero de dos mil quince, en radio y televisión con cobertura local, lo cual a decir del quejoso se trata de una extensión de su 4° Informe de Gobierno rendido el cinco de diciembre de dos mil catorce, lo cual podría vulnerar lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 8 de la Constitución Federal y 242, párrafo 5 de la Ley General.

En similares términos lo definió la Sala Superior en el SUP-JE-1/2015, al señalar que los artículos 470, párrafo 1, inciso a) y 471, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, prevén que será competencia del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, el instruir el procedimiento especial sancionador las denuncias que versen sobre conductas que estén relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas y se aduzca violación al artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Federal; 192 y 195 último párrafo, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 470, párrafo 1, inciso a), 473, párrafo 2 de la Ley General.

SEGUNDO. ALEGACIONES RESPECTO AL EMPLAZAMIENTO.

Los apoderados legales de las concesionarias de Frecuencia Modulada Apizaco, S.A de C.V. y Radio Huamantla S.A de C.V., hicieron valer como alegación respecto del emplazamiento, el hecho de que el artículo 452, párrafo 1, inciso e) de la Ley General, no precisa la violación o conducta reprochada a sus representadas, por lo cual, el emplazamiento carece de una debida fundamentación y motivación al no relacionar o indicar a que disposición se refiere.

Al respecto, debe decirse que las concesionarias aludidas parten de la premisa errónea consistente en la interpretación aislada de la fracción genérica por la cual fueron emplazados, ya que la misma no debe ser interpretada de esa forma, sino de manera conjunta con las demás disposiciones de orden constitucional y legal que rigen la materia, en específico, con el numeral 242, párrafo 5 de dicho ordenamiento jurídico, entendido como una regulación de lo dispuesto en el 134, párrafo 8 de la Constitución Federal, los cuales sí fueron adicionados al acuerdo de emplazamiento.

Por tanto, no les asiste la razón a los concesionarios en cuanto a que el emplazamiento se encuentra indebidamente fundado y motivado; máxime que se advierte que comparecieron a la audiencia y ejercieron su derecho de defensa en relación a los hechos materia del presente procedimiento especial sancionador.

TERCERO. CONTROVERSIA

Al no haberse hecho valer causales de improcedencia por las partes, ni esta autoridad jurisdiccional advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, procede acotar la controversia jurídica sobre la cual versará el presente procedimiento:

En el presente asunto, la controversia radica en determinar si el Gobernador y el Coordinador de Imagen y Relaciones Públicas, ambos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, infringieron lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 242, párrafo 5 y 449, párrafo 1, incisos d) y f) de la Ley General por la difusión de un evento denominado “Informe Ciudadano” el catorce de enero del año en curso, en diversas concesionarias de radio y televisión con cobertura local, lo cual, a decir del quejoso, constituye una extensión del “4° Informe de Gobierno”, rendido el cinco de diciembre del año pasado, que actualiza la extemporaneidad en su difusión y, a su vez, implica promoción personalizada de la figura del Gobernador.

Asimismo, la presunta violación a los artículos 134, párrafo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 242, párrafo 5 y 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley General, por parte de las concesionarias Frecuencia Modulada de Apizaco S.A de C.V o FM Centro, Radio Huamantla S.A. de C.V., Radio Calpulalpan, Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, Radio Altiplano F.M., S.A de C.V y Televisión de Tlaxcala, Canal 5, por la transmisión del referido “Informe Ciudadano”, el catorce de enero de dos mil quince.

CUARTO. PRUEBAS.

En el presente apartado se hará la descripción y clasificación de las pruebas que están relacionadas con los hechos controvertidos en el presente asunto.

La valoración de las pruebas anteriormente descritas se realizará en el estudio de fondo, que se efectuará a continuación.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

Esta Sala Especializada estima que del análisis de la transmisión del denominado “4° Informe Ciudadano” difundido por el Gobernador del Estado de Tlaxcala el catorce de enero del año en curso, en diversas concesionarias de radio y televisión con cobertura local, se actualiza la indebida prolongación de la difusión del “4° Informe de Gobierno” rendido el cinco de diciembre de dos mil catorce, en virtud de la identidad sustancial que existe entre la publicidad de éste último y la transmisión materia del presente procedimiento, por cuanto hace a contenidos, elementos gráficos y visuales, así como frases empleadas, lo cual actualiza la violación al límite temporal previsto en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General, para la difusión en radio y televisión de un informe de labores.

Esto es así, en atención a que con posterioridad al “4° Informe de Gobierno” se convocó a medios de comunicación social con cobertura local, a un evento en el que se reiteraron los logros y acciones difundidas como informe de gobierno, lo que se considera una infracción a la normativa electoral.

Cabe precisar que lo que se estima contrario a derecho y que es materia del presente asunto, no es la realización per se del evento denominado “Informe Ciudadano”, sino la transmisión masiva en radio y televisión del mismo, el cual es considerado una indebida prolongación de su informe de labores, como se demuestra a continuación:

1.     MARCO NORMATIVO RELATIVO A LOS ALCANCES Y LIMITES DE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal consagra el principio fundamental de equidad en la contienda y los alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer que la misma, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Este principio se fundamenta principalmente en la finalidad de evitar que entes públicos, so pretexto de difundir propaganda gubernamental, puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político, aspirante o candidato.

Por su parte, del artículo 242, párrafo 5 de la Ley General, se desprende que el informe anual de labores o gestión que los servidores públicos emitan, así como su difusión en medios de comunicación social (radio y televisión), no constituyen propaganda político-electoral, siempre que cumplan los siguientes requisitos[6]:

A. SUJETOS. Que la difusión del informe se realice por servidores públicos que tengan la obligación de rendir informes de labores.

B. TEMPORALIDAD. No se deben difundir en el periodo de campaña electoral, y su difusión tampoco debe exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda. Por último, los mensajes que lo den a conocer, se difundirán una vez al año.

C. CONTENIDO. Su contenido debe encaminarse a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad legislativa o de gobierno que ejerzan, sin que se precisen lineamiento, regla específica o contenido mínimo de los mensajes.

D. TERRITORIALIDAD. La difusión se limite a estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.

E. FINALIDAD. En ningún caso la difusión tendrá contenido electoral.

2.     NATURALEZA DEL “4° INFORME DE GOBIERNO” Y DEL “INFORME CIUDADANO” EN EL PRESENTE CASO

Es pertinente analizar por separado la difusión de la propaganda realizada con motivo del “4° Informe de Gobierno” rendido el cinco de diciembre del año pasado, y la transmisión del “Informe Ciudadano” el catorce de enero del año en curso, a fin de corroborar que se trata de una indebida difusión prolongada del informe de labores.

Si bien en el presente caso se denuncia propiamente la difusión del “Informe Ciudadano”, es preciso hacer un análisis también de la propaganda emitida con motivo del “4º Informe de Gobierno” a fin de resolver la controversia planteada por el quejoso, de vulneración a la temporalidad prevista en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General.

En ese tenor, una vez determinada su naturaleza y contenido, a partir de un ejercicio comparativo, se podrá dilucidar si se actualizan las infracciones referidas por el denunciante en el sentido de que la nueva campaña de propaganda institucional constituye una extensión indebida del informe de gobierno del mandatario estatal.

La metodología de análisis comparativo parte de lo sostenido por la Sala Superior en el SUP-REP-56/2015, en el que se resolvieron las medidas cautelares decretadas en relación al denominado “Informe Ciudadano” con independencia de los medios comisivos.

En dicha resolución, se estableció lo siguiente:

“Ante el contexto anotado, es dable sostener que, en esta apreciación previa, fue correcto que para la emisión de medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias hiciera un análisis bajo la apariencia del buen derecho y que estimara determinante la inclusión del elemento gráfico (4°) en la propaganda gubernamental, puesto que tal aspecto puede llevar a la percepción, al menos bajo un enfoque preliminar, en el sentido a que se alude o pretende referenciar al cuarto informe de labores del Gobernador del Estado de Tlaxcala.

Esta Sala Superior aprecia que -a partir del análisis preliminar de los valores y bienes Jurídicos en conflicto-, la inclusión de dicho elemento gráfico (4°) en la propaganda puede generar un propósito de ilustrar o aludir al informe de labores.

Es menester resaltar que la alusión multicitada se da en el contexto de un nuevo ejercicio propagandístico que se está desplegando en un ámbito temporal diverso, dado que actualmente ya se está desarrollando el quinto año de gestión de su gobierno; motivo por el cual la referencia al cuarto año de su gobierno puede asimilarse como una pretensión de extensión de los mensajes alusivos a ese informe anterior.

Incluso, debe decirse que el examen previo que la responsable realizó de la mencionada propaganda gubernamental, permitió advertir su alusión a temas que fueron objeto del cuarto informe de gobierno (apoyo al campo, infraestructura escolar, mejoras al campo); circunstancia que condujo a la conclusión de que podía tratarse de una posible extensión indebida del cuarto informe de gobierno.

Bajo esta lógica, se estima correcto el examen previo efectuado por la responsable, porque desde un enfoque preliminar y basándose esencialmente con los elementos con que contaba pudo visualizar que el mensaje, de algún modo, pudo transgredir la normativa electoral vigente, en particular, la temporalidad para la difusión de mensajes alusivos a la gestión de labores del Gobernador, a que se refiere el artículo 242, párrafo 5 de la mencionada ley electoral.”

2.1            4° Informe de Gobierno

De las constancias aportadas por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil catorce, el Gobernador presentó su “4° Informe de Gobierno” ante la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso Estatal, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 70, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala[7].

Por cuanto hace a su difusión, la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado[8] informó que llevó a cabo la campaña institucional para divulgar dicho informe durante el periodo comprendido del veintiocho de noviembre al diez de diciembre de dos mil catorce, de conformidad con el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General.

En autos se encuentra acreditado que la difusión de dicho informe se realizó a través de las siguientes concesionarias de radio y televisión:

Por lo que respecta al contenido íntegro de los promocionales aludidos, éstos se muestran en el anexo único de la presente resolución.

2.2            4° Informe Ciudadano.

El Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en representación del Gobernador, manifestó que una vez concluida la difusión del “4° Informe de Gobierno” el diez de diciembre de dos mil catorce, la Coordinación de Relaciones Públicas inició una nueva campaña de propaganda institucional denominada “Informe Ciudadano[9]” con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las acciones, obras, planes y programas de gobierno, que comprende lo realizado en los últimos cuatro años de gestión de la presente administración.

Dicha información fue ratificada por el propio Titular de la Coordinación de Relación Publicas en su escrito de dieciséis de febrero de dos mil quince.

De los testigos de grabación aportados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se advierte que el informe ciudadano se transmitió el catorce de enero de dos mil quince en las siguientes concesionarias de radio y televisión:

No es óbice a lo anterior, el hecho de que el monitoreo aludido no haya versado sobre la radiodifusora Radio Huamantla S.A. de C.V., toda vez que la propia concesionaria afirmó haber participado en la difusión de dicho informe, tanto al ser cuestionada al respecto, como en la audiencia de pruebas y alegatos; de manera que con la aceptación de la referida concesionaria de que transmitió el denominado “Informe Ciudadano”, se tiene por actualizada su difusión en ese medio de comunicación social.

Por lo que hace a las demás concesionarias de radio y televisión involucradas aceptaron de igual forma haber transmitido el evento de manera voluntaria, y aducen que lo realizaron en pleno ejercicio de una labor periodística. En el mismo sentido se pronunció el Gobernador del Estado al ser cuestionado sobre la transmisión del evento.

De los testigos de grabación referidos y de lo manifestado por el Coordinador de Relaciones Públicas, se advierte que el evento tuvo como sede el Centro de Convenciones de Tlaxcala, que el mensaje del Gobernador duró aproximadamente cuarenta y tres minutos, que contó con la presencia de funcionarios del orden federal, estatal y municipal, que fue emitido en un contexto discursivo, con formato de disertación, en el que el Titular del Ejecutivo Estatal se pronunció sobre temas de orden social e interés público, tales como seguridad, empleo, infraestructura, inversión pública, turismo, deporte, agricultura, educación, desarrollo social, servicios primarios, salud y medio ambiente.

Asimismo, se advierte que la transmisión del denominado “Informe Ciudadano” se desarrolló de manera uniforme por parte de todas las concesionarias denunciadas, como si se tratase de un programa especial, ya que transmitieron de forma íntegra y simultánea con el mismo contenido, interrumpiendo su programación normal de manera coordinada.

Es decir, la transmisión por parte de todas las concesionarias involucradas fue la misma, la cual abarcó desde su inicio con el mensaje de bienvenida por parte de los reporteros representantes de la radio, así como los representantes del evento televisado, seguido de la presentación de las figuras públicas asistentes, el preámbulo de lo que consistiría el evento, la transmisión integra y completa del informe, hasta los comentarios finales y el mensaje de despedida emitido en forma conjunta por todas las concesionarias de radio y televisión, por conducto de sus reporteros representantes.

En cuanto al mensaje del servidor público, se realizó de manera unilateral en un formato de informe de labores, en el que mencionó diversos temas de interés público, en donde no hubo una interacción a base de preguntas y respuestas con los medios de comunicación.

De los testigos de grabación también se desprende que, por lo que respecta al evento televisado, los elementos gráficos y visuales que se aprecian son el nombre, imagen y voz del Ejecutivo del Estado, de frente al público, exponiendo los temas respectivos, apreciándose en el fondo el logo y el lema “Desarrollo para Todos”, seguido del diverso “4° Año de Gobierno” y la leyenda “Informe Ciudadano” por debajo, como se muestra en la imagen siguiente:

La realización de dicho “Informe Ciudadano”, según el Gobernador obedeció al contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, específicamente al Apartado B, denominado “Instrumentación, Seguimiento y Evaluación del Plan”, aprobado por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala el ocho de junio de dos mil doce y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el diecisiete del mes y año en cita[10], el cual establece, en lo que importa, lo siguiente:

“Para cumplir con los principios de la (sic) transparencia y rendición de cuentas, el gobierno del estado, establecerá mecanismos que permitan informar a la población de los resultados alcanzados.”

Por lo que respecta al contenido íntegro de dicho informe, éste se muestra en el anexo único de la presente resolución.

3.     COMPARACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN.

Si bien, dicho estudio comparativo es respecto de la transmisión en televisión, lo cierto es que la diversa difusión realizada en radio guarda similitud con la prevista, por lo que también se tiene identidad en los contenidos y las frases empleadas.

Del análisis comparativo entre los promocionales que fueron difundidos con motivo del “4° Informe de Gobierno” y la transmisión del evento denominado “Informe Ciudadano”, podemos apreciar los siguientes elementos:

Identidad sustancial en elementos gráficos y visuales:

        Existe identidad sustancial en el elemento gráfico y visual utilizado para el diseño integral del logo institucional que promociona cada uno de los informes, ya que en ambos se utiliza el mismo posicionamiento tanto de las palabras como del número (4°) y el mismo orden, con la única diferencia de que a uno lo denominan “4° informe de gobierno” y otro “4° año de gobierno”

        Existe identidad sustancial en el elemento gráfico y visual (4°), ya que en ambos se utiliza para denominar el número consecutivo del informe que se trata.

        Existe identidad sustancial en el elemento gráfico y visual utilizado para el logo que envuelve el lema “Desarrollo para todos”.

        Existe identidad sustancial en el elemento gráfico y visual utilizado para el logo que envuelve el lema “Año de la consolidación”, ya que para el informe de labores se utiliza como parte del logo de la campaña publicitaria y en el “Informe Ciudadano” se utiliza como frase reiterativa para iniciar el discurso, así como para hacer énfasis de que así se le denomina al cuarto año de gobierno.

Identidad sustancial de contenidos:

        Existe identidad sustancial en el tema EDUCACIÓN, ya que en ambos se hace alusión a -700 escuelas rehabilitadas y se hace referencia a la misma frase “la educación es el principal instrumento para alcanzar el desarrollo”.

        Existe identidad sustancial en el tema DESARROLLO ECONÓMICO, ya que en ambos se hace alusión a –más de 70 empresas ampliadas e instaladas, y se informa respecto a los cuatro nuevos parques industriales en el Estado, Vesta Park Tlaxcala I, Parque Industrial Oriente, Parque Industrial Zitlaltepec y el Parque Industrial Sanctorum, y se hace referencia a la frase “con una estrategia integral de promoción que aprovecha nuestra inmejorable ubicación geográfica y los altos niveles de seguridad, recuperamos la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales y volvimos a la arena de la competitividad”.

        Existe identidad sustancial en el tema CAMPO, ya que en ambos se hace alusión a –40 mil campesinos beneficiados, al tema -105 mil toneladas de fertilizante y lombricomposta a bajo costo -compra de maquinaria e implementación agrícola, -63 mil paquetes con animales de traspatio, y se hace referencia a la misma frase “los apoyos son directos, sin intermediarios”.

        Existe identidad sustancial en el tema SALUD, ya que en ambos se hace alusión a –170 centros de salud, –centro de diagnóstico de cáncer de mama, -equipos médicos de alta tecnología, y se hace referencia a la frase “hemos superado grandes desafíos, para cuidar lo más valioso que tenemos”.

        Existe identidad sustancial en el tema INFRAESTRUCTURA, ya que en ambos se hace alusión a –19 plazas públicas, parques y centros recreativos, –92 espacios deportivos, -agua potable y alcantarillado, y se hace referencia en ambos a la “ampliación de la carretera Texcoco-Calpulalpan”.

Contexto:

        Ambos informes se emiten en pleno desarrollo del actual proceso electoral federal 2014-2015, el cual inició el siete de octubre del año pasado.

        El evento alusivo al “Informe Ciudadano” (catorce de enero de dos mil quince) se da aproximadamente un mes después de concluido el periodo permitido para difundir el “4° Informe de Gobierno” (diez de diciembre de dos mil catorce), inclusive la difusión en bardas y espectaculares comenzó solo cuatro días después de concluida la temporalidad para difundir el informe de gobierno, lo cual, si bien es cierto, dichos medios comisivos no son materia del presente procedimiento, lo cierto es que robustecen la proximidad aludida entre ambos informes.

4.     CONCLUSIÓN

Extensión del Informe de Gobierno (vulneración del artículo 242, párrafo 5, de la Ley General)

Del análisis comparativo realizado con anterioridad, se advierte que la divulgación en radio y televisión del programa denominado “Informe Ciudadano” constituye una indebida prolongación de la difusión del “4° Informe de Gobierno”, en virtud de la identidad sustancial que existe entre la publicidad de este último y la transmisión materia del presente procedimiento especial sancionador, por cuanto hace a los contenidos, elementos gráficos y visuales, así como frases empleadas, lo cual genera que el programa denunciado ilustre o aluda al informe de labores rendido con anterioridad, y a su vez, que se actualice la violación al límite temporal previsto en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General para su difusión en radio y televisión.

En cuanto a lo aducido por el Coordinador de Relaciones Públicas, así como las concesionarias de radio y televisión involucradas, en el sentido de que la transmisión del evento se realizó en el ejercicio de una auténtica labor periodística, amparada en la libertad de prensa e información, debe decirse que dicho evento por su contenido, estructura, desarrollo y objetivo, no puede considerarse de esa naturaleza, en atención a lo siguiente:

1) El mensaje fue transmitido en vivo en su totalidad  por las concesionarias de radio y televisión de manera íntegra, uniforme y coordinada, pues lo hicieron interrumpiendo su programación normal de manera simultánea, es decir, no fue transmitida espontáneamente como un “corte informativo” o una “nota dentro de un noticiario”, situaciones que evidenciarían realmente un ejercicio periodístico. Si no que fue una transmisión que corresponde a un programa especial para difundir un informe de gobierno, en el que participaron reporteros representantes de los medios de comunicación que realizan la transmisión siguiendo un formato de introducción, discurso y despedida.

2) La transmisión total de las concesionarias fue continua durante una hora y cuarenta minutos aproximadamente, y de manera coordinada pues con excepción del mensaje de bienvenida por parte de los reporteros conductores y del preámbulo relativo a lo que consistiría el evento, fue la misma transmisión para el mensaje íntegro y completo del Gobernador y los mismos comentarios finales que dieron por concluido el mismo, sin interrupción alguna para espacios comerciales o publicidad.

Del preámbulo señalado se debe precisar que si bien es cierto las emisoras de radio tuvieron una introducción distinta a la utilizada por la concesionaria de televisión, lo cierto es que en ambas, los reporteros que participaron en la introducción sabían anticipadamente las directrices o temáticas del propio “Informe Ciudadano”, ya que fueron comentando los puntos sobre los cuales versaría el mismo, lo cual robustece la premisa de que hubo una coordinación de forma previa al el evento entre el Gobierno del Estado y las concesionarias.

En igual sentido, se advierte que en la parte final de la transmisión, en la cobertura que siguió a la conclusión del mensaje, se evidencia que hubo una coordinación entre los medios que participaron en la transmisión, lo que desvirtúa el carácter espontáneo del evento, pues se realizó de forma simultánea, conjunta y organizada entre los reporteros representantes de CORACYT (Radio Calpulalpan, Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, Radio Altiplano F.M., S.A de C.V y Televisión de Tlaxcala, Canal 5) y los representantes de las radiodifusoras privadas (Frecuencia Modulada de Apizaco S.A de C.V o FM Centro, Radio Huamantla S.A. de C.V.).

Lo anterior, se advierte de los testigos de grabación que obran en autos, en donde los reporteros respectivos hacen alusión varias veces a que la transmisión en radio y televisión, es conjunta entre todas las radiodifusoras señaladas.

          [11]

De lo anterior se puede concluir que la transmisión del evento bajo análisis no se encuentra amparado en el ejercicio de una auténtica labor periodística, sino por el contrario, a través de los elementos destacados y analizados con anterioridad se colige que la difusión obedeció a una coordinación y organización anticipada entre las concesionarias involucradas y el Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Lo anterior, con el objeto de transmitir masivamente el evento a la ciudadanía tlaxcalteca, pues de lo contrario el formato usado no hubiera implicado una organización entre los medios de comunicación para emitir una introducción (radio y televisión tienen introducción distinta) y conclusión conjunta sobre el evento, retrasmitida por cada una de dichas concesionarias.

3)  Asimismo, el Coordinador de Relaciones Publicas manifestó que los medios de comunicación fueron informados vía telefónica previamente a la realización del evento, lo cual, aunado al formato en el cual fue difundido el evento, evidencia una organización y coordinación con los mismos.

En efecto, del monitoreo efectuado puede advertirse que la duración aproximada de la cobertura total del evento fue de una hora con cuarenta minutos, del cual únicamente cuarenta y tres minutos aproximadamente, fueron utilizados por el Gobernador para exponer su mensaje, lo que deja un resto de tiempo considerable que fue utilizado conjuntamente por los medios de comunicación, para el mensaje de bienvenida por parte de los reporteros conductores, la presentación de las figuras públicas presentes, el preámbulo relativo a lo que consistiría el evento, los comentarios finales, entrevistas con figuras presentes y mensajes de despedida, lo cual evidencia aún más la planeación anticipada del evento.

4) Robustece la premisa planteada a lo largo de este análisis, la relación de subordinación de las concesionarias estatales Radio Calpulalpan, Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, Radio Altiplano F.M., S.A de C.V, Televisión de Tlaxcala, Canal 5, (es la televisión del Gobierno del Estado), respecto del Coordinador de Radio, Cine y Televisión del Gobierno del Estado, y este a su vez, frente al Gobernador.

Lo anterior en función de que el Reglamento Interior de la CORACYT establece que es un órgano del Poder Ejecutivo del Estado dependiente del mismo, quien tiene a su cargo las tareas que en materia de Radio, Cine y Televisión realicen las dependencias y entidades del sector central y descentralizado o paraestatal[12].

Asimismo, el artículo 7 prevé las atribuciones y obligaciones de la coordinación, entre las cuales se encuentran las que encomiende el Ejecutivo del Estado; en el mismo sentido, el artículo 9 prevé como facultades del Titular del Ejecutivo establecer las políticas para la producción, transmisión y difusión de programas de cine, radio y televisión en el Estado, con el propósito de favorecer el acercamiento entre la población y Gobierno, así como las demás que apruebe el gobernador.

Por lo tanto, dado el referido contexto de subordinación de las radiodifusoras y televisoras estatales, es posible consolidar la conclusión de que la transmisión del evento obedeció a una colaboración subordinada de las concesionarias con el Ejecutivo del Estado, en coordinación con el órgano encargado de la comunicación estatal.

Inclusive cabe destacar que para la difusión del “Informe Ciudadano” se utilizaron las mismas concesionarias de radio y televisión locales que difundieron la publicidad del “4°Informe de Gobierno” del mandatario estatal.

5)  El evento fue emitido en un contexto discursivo con formato de informe de labores, en el que el Titular del Ejecutivo Estatal se pronunció sobre temas de orden social e interés público de manera unilateral, y no hubo una interacción a base de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, circunstancia muy común de una actividad periodística.

6) La logística del evento fue con la finalidad de que se informaran las acciones gubernamentales en similitud al “4° Informe de Gobierno” y a exaltar la imagen y lo manifestado por el gobernador.

Lo anterior, evidencia que la transmisión del “Informe Ciudadano”, objeto del presente procedimiento, fue conjunta y coordinada entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala y las concesionarias de radio y televisión tanto las del orden público como privadas, con independencia de que las partes hayan argumentado que no hubo contratación, ni solicitud expresa por parte del personal del gobierno estatal para su difusión, en virtud de que la participación de las concesionarias revistió el mismo formato y las mismas características, lo cual corrobora el hecho de que no pueda considerarse que el evento fue circunstancialmente cubierto y transmitido bajo la justificación del ejercicio de su labor periodística, del derecho a la información de la ciudadanía tlaxcalteca y/o el ejercicio de rendición de cuentas de los gobernantes.

No es óbice a lo anterior, la manifestación del Gobernador denunciado en el sentido de que la implementación de dicho “Informe Ciudadano” obedeció al contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, ya que si bien el mismo favorece la transparencia y rendición de cuentas en favor de la ciudadanía, lo cierto es que en el presente asunto, dicha potestad se utilizó para difundir ilegalmente un programa que constituye una prolongación indebida de la publicidad dada al “4° Informe de Gobierno”, cuyo plazo para publicitarlo en radio y televisión, ya había expirado desde el diez de diciembre de dos mil catorce, trastocando así los limites previstos por el legislador en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General.

Sobre este tema cabe recalcar que la atribución de vigilar que las actividades de quienes participan en los procesos electorales se desarrolle con apego a lo previsto en la normativa constitucional y legal, a través de los procedimientos sancionadores, no puede desconocer el carácter expansivo del derecho a la información y el carácter plural del debate político en una contienda electoral. Dicha facultad debe ejercerse, en una forma prudente, responsable y casuística, para que, a través de un sano ejercicio de ponderación de los principios y valores que, aparentemente, entran en conflicto, se armonicen los alcances de cada derecho o libertad con la protección de otro u otros, y así coexistan pacíficamente en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.[13]

Así, solo deben limitarse derechos cuando real y evidentemente, en una forma grave, se trastoquen los límites predeterminados en la Constitución federal y en la legislación electoral, inclusive, cuando constituyan, y así se demuestre, que a partir de lo que debe ser un ejercicio legítimo de un derecho fundamental, auténticamente, se está en presencia de actos de simulación o auténticos fraudes a la Constitución Federal y la ley, que trastornen los principios y valores que ahí se reconocen como propios de un régimen democrático y constitucional.

El ejercicio responsable de las libertades fundamentales, durante el desarrollo de los procesos comiciales, por parte de los partidos políticos, precandidatos, candidatos, ciudadanos y cualquier otra persona física o moral, incluidas las concesionarias de radio y televisión públicas y privadas, no sólo implica respetar los límites que la propia Constitución Federal les establece en los artículos 6 y 7, sino además conlleva evitar que a través de su uso y disfrute, se colisionen otros valores contenidos en el propio Pacto Federal, como la equidad en la contienda.

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico no permite actos simulados a través de la difusión de propaganda institucional encubierta que, sólo en apariencia, sea una transmisión noticiosa, pero que en realidad tenga como propósito prolongar indebidamente una campaña publicitaria alusiva a un informe de gobierno rendido un mes atrás, como ocurre en el presente caso, de conformidad con el caudal probatorio constante en autos.

No pasa inadvertido para esta Sala Especializada la sentencia emitida por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-422/2012, en el cual se confirmó, por una parte, una resolución del entonces Instituto Federal Electoral que declaró fundado el procedimiento especial sancionador en contra del Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur por haber infringido el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal a través de diversas publicaciones que ordenó realizar en medios impresos para difundir la realización de reuniones o eventos regionales en varios municipios de Tlaxcala, ya que en los desplegados se apreciaba su nombre e imagen y por lo tanto consistían promoción personalizada de la figura del servidor público.

Si bien es cierto el precedente referido es diferente, lo cierto es que en este asunto también se está declarando como violatorio de la normativa electoral, la difusión en radio y televisión de un evento denominado “Informe Ciudadano” el cual constituye una indebida prolongación de la promoción de su informe de labores rendido un mes atrás, lo cual trastoca los límites temporales previstos en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General.

Por otra parte, en dicho precedente se estableció que las reuniones o eventos regionales denunciados per se no pueden considerarse contrarios a derecho si fueron realizados en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas el Gobernador del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, al favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información de la ciudadanía; sin embargo, lo cierto es que también se estableció que lo prohibido por la norma constitucional y legal no son las actividades efectuadas en ejercicio de las funciones encomendadas a los servidores públicos, sino la utilización de recursos públicos “para la realización de propaganda distinta de la institucional” o con la finalidad de promocionar la imagen de un servidor público, que viole lo establecido en el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal, como ocurrió en el presente caso al utilizar la radio y televisora publica, así como concesionarias privadas para difundir nuevamente su informe de labores.

Es decir, de conformidad con el precedente referido, es admisible que se realicen eventos de rendición de cuentas, más no que se difunda publicidad alusiva en medios de comunicación social sin límite alguno de informes de gobierno como es el caso, en el que se difundió el 4° Informe Gubernamental en radio y televisión de manera extemporánea en plena contravención a los limites previstos en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General.

5.     RESPONSABILIDAD

En atención a lo anterior, se determina la responsabilidad del Gobernador del Estado y del Coordinador de Información y Relaciones Públicas, ambos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por la infracción al artículo 242, párrafo 5 y 449, párrafo 1, incisos d) y f) de la Ley General.

Lo anterior, partiendo del hecho de que la prohibición constitucional aplica tanto para los servidores públicos que determinaron las circunstancias en que se debía realizar la difusión, como para aquellos que se ven beneficiados por la propaganda gubernamental personalizada, esto con independencia de la estructura administrativa y atribuciones legales específicas que tengan.

Así, contrario a lo aducido por las partes denunciadas en la audiencia de pruebas y alegatos, la Sala Superior[14] ha sostenido que la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada de algún servidor público prevista en el artículo 134 constitucional, no debe constreñirse a que se acredite la participación o intervención personal y directa del servidor público beneficiado en la contratación o determinación de las emisoras en las cuales fue difundida tal propaganda porque el sólo hecho de que se promocione la imagen personal de un servidor público, fuera de los supuestos previstos en el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General, violenta el bien jurídico tutelado por la norma constitucional y la finalidad perseguida por la misma.

En este mismo sentido, la disposición constitucional no prevé como un elemento de la prohibición el que la propaganda sea contratada directamente por el servidor público beneficiado, esto es, la prohibición constitucional se contraviene con el simple hecho de que la propaganda gubernamental contenga elementos de promoción personalizada de un servidor público, con independencia de si fue ese servidor u otro distinto el que ordenó o definió la difusión de esa propaganda, ya que en el presente caso se advierte la difusión permanente de la imagen del gobernador.

Por otro lado, se determina la responsabilidad por parte de las concesionarias Frecuencia Modulada de Apizaco S.A de C.V o FM Centro, Radio Huamantla S.A. de C.V., Radio Calpulalpan, Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, Radio Altiplano F.M., S.A de C.V y Televisión de Tlaxcala, Canal 5, por la violación a los artículos 242, párrafo 5 y 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley General, por la ilegal transmisión del evento denominado “Informe Ciudadano”, el catorce de enero de dos mil quince.

Lo anterior, ya que participaron activamente de manera conjunta y coordinada en la transmisión en radio y televisión de un evento considerado por esta autoridad como la ampliación de la publicidad del “4º Informe de Gobierno” del Gobernador del Estado de Tlaxcala.

Así, la forma en que transmita una concesionaria no le exime del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Constitución o en la Ley General. Por lo tanto, al haber sido declarada la ilegalidad de la transmisión alusiva al “Informe Ciudadano” por trastocar los límites que prevé el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General, para la difusión de informes de gobierno de los servidores públicos, es que se determina la violación aludida.

Por último, se considera que al haberse acreditado la violación al articulo 242, párrafo 5 de la Ley General por parte de los servidores públicos mencionados y las concesionarias de radio y televisión involucradas, se debe considerar también que vulneraron el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal, en tanto que dicha normativa electoral se considera una regulación de la disposición constitucional prevista, por lo que rebasar los límites establecidos para los informes de labores, constituye una afectación a dicha disposición constitucional.

El artículo 457, párrafo 1, de la Ley General establece que cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna contravención prevista por dicha ley, debe darse vista al superior jerárquico, a fin de que proceda en los términos de las leyes aplicables, y, en el caso, al tratarse del Gobernador Constitucional y el Coordinador General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, nos encontramos ante servidores públicos locales, por lo tanto, esta Sala sólo se encuentra facultada para que, una vez conocida la vulneración realizada por algún funcionario público, integre un expediente para ser remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, quien conocerá de las responsabilidades acreditadas[15].

a) Vista al Congreso del Estado de Tlaxcala

Toda vez que el Gobernador del Estado no cuenta con superior jerárquico dentro de la estructura gubernamental, se estima que lo conducente es dar vista al Congreso local, que es el órgano ante el cual se dirimen las responsabilidades administrativas de determinados servidores públicos, entre ellos, el referido Gobernador, con base en una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto por los artículos 107, párrafo 1, y 111 de la Constitución del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 1, fracción III, 2, fracción I, 58, 59 fracción XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

En consecuencia, lo procedente es dar vista al Congreso del Estado de Tlaxcala respecto a la responsabilidad de Mariano González Zarur, en su carácter de Gobernador del Estado de Tlaxcala, con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho.

b) Vista al Gobernador del Estado de Tlaxcala

En el mismo sentido, respecto de la responsabilidad de Raymundo Vega y Crespo, Coordinador General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, lo procedente es dar vista al Gobernador del Estado de Tlaxcala, con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho; lo anterior, con fundamento en el artículo 1, 7 y 72 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 1, fracción III, 2, fracción VII, 58, 59 fracción XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

c) Vista a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

Respecto de la responsabilidad de Raymundo Vega y Crespo, Coordinador General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del estado de Tlaxcala, adicionalmente se estima procedente dar vista a la Contraloría del Ejecutivo de Tlaxcala, con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho, de conformidad con el artículo 7, inciso XIII del Reglamento Interno de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

d) Concesionarias de Radio y Televisión

Una vez que ha quedado demostrado el incumplimiento a la normativa por parte de las concesionarias de radio y televisión, lo procedente es imponer la sanción correspondiente.

Para establecer la imposición de la misma, se deben tomar en cuenta los elementos que concurrieron en la acción u omisión que produjeron la conducta, y concluir posteriormente con la valoración de todos estos elementos para determinar la gravedad de la conducta, en términos del párrafo 5 del artículo 458 de la Ley General.

1. Circunstancias de modo, tiempo y lugar

2. Contexto fáctico y medios de ejecución

Al respecto, debe valorarse que la conducta desplegada por Frecuencia Modulada de Apizaco S.A de C.V o FM Centro, Radio Huamantla S.A. de C.V., Radio Calpulalpan, Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, Radio Altiplano F.M., S.A de C.V y Televisión de Tlaxcala, Canal 5, consistió en la indebida transmisión de un evento considerado por este órgano jurisdiccional como ilegal, ya que se trata de una prolongación de la difusión del “4º Informe de Gobierno”, de Mariano González Zarur, lo cual vulnera los limites previstos para su difusión en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General.

Los medios de ejecución consistieron en canales de radio y televisión con cobertura en el Estado de Tlaxcala.

3. Singularidad o pluralidad de las faltas

La comisión de dicha conducta no puede considerarse como una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, pues se trata de una sola conducta.

4. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa)

No obran elementos de los cuales se pueda acreditar que las concesionarias aludidas hayan tenido la intención de incumplir las disposiciones contenidas en la Ley General, disposiciones normativas a las que estaban obligadas, ya que para tomar en cuenta que una conducta es dolosa, esto es, intencional, es necesario tener plenamente acreditado que existe la voluntad que presupone el conocimiento de la infracción a la norma con la realización de la conducta y que a pesar de saberlo se realice la conducta.

En el presente asunto se tiene que las concesionarias transmitieron indebidamente el “Informe Ciudadano” del denunciado, el cual fue considerado como ilegal por este órgano jurisdiccional, al constituir una prolongación de la publicidad del “4° Informe de Gobierno”, lo que vulneró el principio de temporalidad previsto en la normatividad electoral para su difusión.

Sin embargo, no se cuenta con elementos suficientes para acreditar que hubo un propósito manifiesto por parte de los concesionarios para incumplir la ley, por tanto, se actualiza una falta objetiva de deber de cuidado respecto de los contenidos que transmiten.

5. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) y calificación de la falta

El artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal y el diverso 242, párrafo 5 de la Ley General, tienen por finalidad salvaguardar el principio de equidad en las contiendas electorales, a través de mecanismos reguladores para que la propaganda que emita el gobierno siempre tenga el carácter de institucional, y por lo tanto no implique una promoción personalizada de los servidores públicos que con los recursos públicos que tienen a su mando, y que pueda influir en la equidad en la contienda electoral o en las preferencias políticas de los ciudadanos en favor o en contra de un participante.

Por tanto, cuando no está en curso un proceso electoral local, partiendo de que la materia del presente procedimiento es la ilegal transmisión del “Informe Ciudadano”, al ser considerado una prolongación del “4° Informe de Gobierno” que vulnera los límites temporales previstos en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General, se concluye que dicha propaganda personalizada pudiera incidir en el proceso electoral federal 2014-2015 en curso, dado que el mismo dio inicio desde el siete de octubre del dos mil catorce.

Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver el SUP-REP-5/2015 y SUP-REP-10/2015 acumulados, en donde estableció que “particularmente por lo que hace al elemento temporal, es de resaltar que cuando la propaganda gubernamental se difunde una vez iniciado el proceso electoral, existe una presunción de que incide indebidamente en la contienda, especialmente cuando en su configuración material, la propaganda transgrede la prohibición constitucional al contener el nombre, imagen, voz o símbolos que impliquen la promoción personalizada de un servidor público.”

Atendiendo a los elementos precisados, se concluye que en el presente caso, la conducta de las personas indicadas debe calificarse como leve.

6. Reincidencia

De conformidad al artículo 458, párrafo 6 de la Ley General, se considerará reincidente a quien habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En el caso particular, se trata de una conducta única, toda vez que no se tiene registro de otros procedimientos sancionadores concluidos bajo la vigencia de la Ley Electoral actual en contra de las partes señaladas que se hayan originado por una conducta similar.

7. Sanciones

La Ley General en el artículo 456, párrafo 1, inciso g) dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de concesionarias de radio y televisión, las cuales pueden ir desde amonestación pública o una multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal para concesionarios de televisión y cincuenta mil días de salario mínimo en el caso de concesionarias de radio.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la misma, así como la conducta, se determina que las partes señaladas deben ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento, sin que ello implique que ésta sea de tal modo que incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

En ese tenor, se considera que la prolongación en la difusión del “4º Informe de Gobierno” del Gobernador de Tlaxcala, fue de un solo día, que se realizó en concesionarias con cobertura local, que no hubo intencionalidad o dolo en la infracción, además de que se trata de la primera ocasión en que las personas morales señaladas difunden este tipo de materiales bajo la vigencia de la actual Ley Electoral y por lo tanto no son reincidentes.

De ahí que la conclusión a la que llega esta Sala Especializada es en el sentido de que la corrección que se determine debe inhibir la conducta en un futuro de las personas señaladas como infractoras, así como de los demás sujetos que pudieran incurrir en responsabilidad.

Conforme a las consideraciones anteriores, se impone a Frecuencia Modulada de Apizaco S.A de C.V o FM Centro, Radio Huamantla S.A. de C.V., Radio Calpulalpan, Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, Radio Altiplano F.M., S.A de C.V y Televisión de Tlaxcala, la sanción consistente en una amonestación pública, lo cual constituye a juicio de esta Sala Especializada, una medida suficiente a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro.

Lo anterior es así, en virtud de que una amonestación pública como la que aquí se establece, tiene los siguientes alcances:

En virtud de lo anterior esta Sala Especializada estima que para una mayor publicidad de la amonestación pública que se impone, la presente ejecutoria deberá publicarse en la página de internet de esta Sala Especializada, en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.

En razón de lo anterior se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se actualizan las infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador atribuidas al Gobernador del Estado de Tlaxcala, al Coordinador de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, y diversas concesionarias de radio y televisión, en los términos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Dese vista al Congreso del Estado de Tlaxcala, al Gobernador del Estado y al Contralor del Ejecutivo del Estado, con copia certificada de la presente resolución, para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

TERCERO. Se impone a Frecuencia Modulada de Apizaco S.A de C.V. o FM CENTRO, concesionaria de XHXZ-FM (100.3), Radio Huamantla S.A. de C.V., concesionaria de XEHT-AM (810 AM) y XHHT-FM (106.9 FM), Radio Calpulalpan, Gobierno del Estado de Tlaxcala, concesionaria de XHCAL-FM (94.3), Voz e Imagen de Tlaxcala, S.A de C.V. o Radio Tlaxcala, concesionaria de XETT-AM (1430), Radio Altiplano F.M., S.A de C.V. concesionaria de XHTLAX-FM (96.5) y Televisión de Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala, concesionaria de XHTLX, Canal 5, la sanción consistente en una amonestación pública, de conformidad con lo precisado en la presente ejecutoria.

CUARTO. Publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta Sala Especializada, en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.

NOTIFÍQUESE, en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FRANCISCO ALEJANDRO CROKER PÉREZ

ANEXO ÚNICO