PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-8/2014

DENUNCIANTE: JAVIER CORRAL JURADO

PARTES DENUNCIADAS: CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIA: NADIA JANET CHOREÑO RODRÍGUEZ

México, Distrito Federal, a veintinueve de diciembre de dos mil catorce.

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación objeto del procedimiento especial sancionador iniciado en contra de César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua; de Hugo Hernández Jáuregui, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno en cita; de diversas concesionarias de radio y del Partido Revolucionario Institucional, derivado de la difusión de manifestaciones emitidas por el Gobernador el primero de diciembre del año en curso[1], en diversas radiodifusoras locales, lo cual a decir del quejoso constituye propaganda gubernamental ilegal, ya que a través de las mismas se realizó una ampliación de su cuarto informe de labores, rendido el pasado tres de octubre, circunstancia que actualiza la extemporaneidad de su difusión.

ANTECEDENTES

1. Denuncia. El quince de diciembre, Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[2], presentó denuncia en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por la presunta difusión en estaciones de radio de cobertura estatal de un evento el pasado primero de diciembre, en el que el referido mandatario promovió logros personales y de su gobierno.

Lo anterior, a decir del quejoso, transgredió lo establecido en el artículo 134, párrafo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[3], en relación con el 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[4], ya que a su consideración la difusión del evento antes mencionado es una extensión del cuarto informe de gobierno de César Horacio Duarte Jáquez e infringe la temporalidad establecida para ello.

Asimismo, denunció a César Horacio Duarte Jáquez por la difusión de su cuarto Informe de labores fuera de la temporalidad establecida para ello, a través del sitio web YouTube[5] y en el portal oficial de internet del Gobierno de Chihuahua[6].

2. Radicación, admisión, escisión por incompetencia y requerimiento de información. Mediante acuerdo de quince de diciembre, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, autoridad instructora, radicó la denuncia con la clave UT/SCG/PE/JCJ/CG/62/INE/78/PEF/32/2014 y admitió a trámite el procedimiento especial sancionador de mérito respecto de los hechos que consideró de su competencia, en relación con la difusión, el primero de diciembre, en estaciones de radio de Chihuahua de diversas manifestaciones realizadas por el Gobernador.

Asimismo, requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a efecto de que proporcionara los testigos de grabación del referido evento correspondientes a las emisoras y nombres señalados por el quejoso; requerimiento que fue desahogado en su oportunidad.

Por último, declaró su incompetencia para pronunciarse respecto de los hechos relacionados con el portal del sitito web YouTube y el portal oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua.

3. Sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[7], en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-22/2014. El dieciocho de diciembre, Javier Corral Jurado interpuso recurso de revisión para controvertir el citado acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral mediante el cual, acordó, entre otros puntos, escindir la materia del presente asunto. El veintitrés de diciembre, la Sala Superior resolvió confirmar el referido acuerdo.

4. Emplazamiento y requerimiento. El veintitrés de diciembre, la autoridad instructora emplazó al denunciante y a los denunciados, requiriéndoles a estos últimos, información relacionada con el evento difundido en diversas estaciones de radio el día primero de diciembre.

5. Audiencia. El veintisiete de diciembre, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos.

6. Remisión del expediente a la Sala Regional Especializada. El veintiocho de diciembre, mediante oficio INE-UT/1661/2014, la autoridad instructora remitió el expediente formado con motivo de la etapa de instrucción del procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/JCJ/CG/62/INE/78/PEF/32/2014, así como el informe circunstanciado respectivo; mismo que fue remitido a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores[8] de este órgano jurisdiccional, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

7. Turno a ponencia. En la misma fecha, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-8/2014 y turnarlo a la ponencia a su cargo, y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

Esta Sala Regional Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denunció la infracción de los artículos 134, párrafo 8, de la Constitución Federal y 242, párrafo 5 de la Ley General, por la difusión de un evento en estaciones de radio con cobertura en el Estado de Chihuahua el primero de diciembre, en el que el referido gobernador presuntamente promovió logros personales y de su gobierno, el cual a decir del quejoso es una extensión de su cuarto informe de gobierno.

Como ya se refirió, en el presente caso la sola competencia para conocer únicamente de éstas infracciones se confirmó por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión SUP-REP-22/2014.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Federal; 192 y 195, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 470, párrafo 1, inciso a), 473, párrafo 2, 476 y 477 de la Ley General.

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y ALEGACIONES RELATIVAS A LA INSTRUCCIÓN

De la revisión a los escritos presentados en la audiencia de pruebas y alegatos, se advierte que las partes hicieron valer causales de improcedencia y emitieron planteamientos con relación al procedimiento, las cuales se contestan en los términos siguientes:

A) Francisco Antonio Muñoz Muñoz, concesionario de la estación radiodifusora XEFAMA-AM y XHFAMA-FM, en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos manifiesta como causales de improcedencia las relativas a la omisión de aportar y ofrecer prueba alguna con la denuncia, así como la frivolidad de la misma, las cuales se encuentran previstas en el artículo 471, párrafo 5, incisos c) y d) de la Ley General.

Al respecto, debe decirse que las mismas se estiman infundadas.

Por lo que respecta a la omisión probatoria, contrario a lo señalado, el denunciante si acompaño a su escrito inicial dos discos, uno que contiene el testigo de grabación de las emisoras XHES-FM y XHSU-FM de primero de diciembre, con un horario de las 8:00 a las 9:00 horas, que a decir del quejoso fueron proporcionados por la Dirección de Verificación y Monitoreo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y el otro, contiene el documento relativo al cuarto informe de gobierno que supuestamente presentó César Horacio Duarte Jáquez, en su carácter de Gobernador del Estado de Chihuahua, razón por la cual, debe desestimarse dicha causal de improcedencia.

Por otro lado, por lo que respecta a la frivolidad apuntada, debe decirse que la Sala Superior ha determinado en su Jurisprudencia 33/2002, que la frivolidad se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Por lo tanto, no se actualiza la misma en virtud de que en el escrito inicial de queja, el denunciante señala los hechos que estima son posibles de constituir una infracción a la materia, las consideraciones jurídicas que estima aplicables, y posibles responsables, asimismo aporta los medios de convicción que estima pertinentes al caso para acreditar la conducta denunciada.

En consecuencia, con independencia de que sus pretensiones puedan ser o no fundadas, lo cual será materia de estudio en el fondo de ésta sentencia, es evidente que la queja materia de la presente resolución no resulta de ninguna manera frívola.

B) Asimismo, cabe señalar que las concesionarias de manera genérica afirman que el procedimiento materia de la presente resolución es infundado y temerario, ya que a su consideración no existen elementos que lo justifiquen, además de que en el emplazamiento respectivo, no se señaló a detalle en qué consiste la infracción a la normativa electoral que se les imputa por parte del denunciante, lo cual a su decir, vulnera el derecho humano al debido proceso establecido en los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, dejándolas en un supuesto estado de indefensión.

Esta Sala Regional Especializada estima que no les asiste la razón a las concesionarias, dado que la autoridad instructora atendió las formalidades y finalidades que garantizan el derecho de defensa.

Lo anterior, en virtud de que el artículo 471, párrafo 7, de la Ley General, establece que cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, para lo cual deberá informar al denunciado de la infracción que se le imputa y correrle traslado de la denuncia con sus anexos.

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los concesionarios comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual dieron contestación al emplazamiento y aportaron las pruebas que consideraron necesarias, con lo que se cumplió la finalidad de garantizar la adecuada defensa de las partes.

De igual forma, se constata que al emitir el acuerdo de emplazamiento, la autoridad instructora conforme al citado precepto, señaló la infracción que se imputaba a los concesionarios y les corrió el traslado respectivo, no sólo con el escrito de queja y las pruebas aportadas -entre ellas el testigo de grabación correspondiente-, sino con la totalidad de las constancias que obraban en ese momento en el expediente, formalizándolo a través de la diligencia de notificación, con la que se hicieron sabedores del día y la hora de la audiencia a la cual comparecieron, motivo por el cual, dicho acto procesal estuvo debidamente fundado y motivado.

C) Por otro lado, las concesionarias  Radio Triunfos, S.A. de C.V. y Multimedios Radio, S.A. de C.V., manifestaron que el emplazamiento respectivo no fue notificado legalmente sin precisar las razones o los motivos de su afirmación, lo que carece de sentido, pues con la comparecencia de las mismas a la audiencia respectiva, se constata que tuvieron conocimiento oportuno de su celebración, de los hechos denunciados y de la infracción que se les imputaba, tan es así, que ambas concesionarias ejercieron su garantía de audiencia y en ejercicio de la misma, reconocieron su participación en la entrevista del pasado primero de diciembre, a través de uno de sus reporteros, por lo que devienen improcedentes dichas manifestaciones.

D) Asimismo, en cuanto a la aseveración realizada por el concesionario Francisco Antonio Muñoz Muñoz, en el sentido de que el quejoso no acusó a las concesionarias, sino al Gobernador César Horacio Duarte Jáquez, cabe precisar que dada la naturaleza de los hechos denunciados consistentes en la entrevista transmitida por diversas estaciones radiofónicas locales el pasado primero de diciembre, la autoridad instructora determinó necesario emplazar a las radiodifusoras que llevaron precisamente a cabo la misma (lo que en el caso particular reconoció el citado concesionario), con el fin de respetar su garantía de audiencia y en su caso, determinar la existencia o no de la infracción denunciada y las responsabilidades correspondientes.

E) Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional, hace valer el supuesto incumplimiento a la obligación de probar los hechos en que se basan las imputaciones, en base al artículo 465 párrafo 2 inciso e) de la Ley General, sin embargo, cabe aclarar que dicho numeral se refiere al Procedimiento Sancionador Ordinario, por lo que no resulta aplicable al caso concreto, además de que como ya se señaló en el inciso A) del presente apartado, la parte denunciante ofreció las pruebas ahí referidas, con las cuales pretendió acreditar los hechos denunciados, razones por las cuales se desestima dicha causal de improcedencia.

TERCERO. CONTROVERSIA

En el presente asunto los aspectos a dilucidar  son los siguientes:

I.            La presunta violación al artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 242, párrafo 5 y 449, párrafo 1, incisos d) y f) de la Ley General, atribuible a César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, por la difusión de propaganda gubernamental ilegal en diversas estaciones de radio locales el primero de diciembre, lo cual a decir del quejoso, se trata de promoción personalizada de dicho servidor público, al advertirse su voz y su nombre con el propósito de generar aceptación entre la ciudadanía, y a su vez, una extensión de su cuarto informe de gobierno, rendido el pasado tres de octubre, lo cual actualiza la extemporaneidad en su difusión. De igual forma a Hugo Hernández Jáuregui, Coordinador de Comunicación Social del referido Gobierno, por la organización de dicho evento.

II.            La presunta violación a los artículos 134, párrafo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 242, párrafo 5 y 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley General, por parte de las concesionarias precisadas en el apartado “acreditación de la transmisión”, por la difusión de las manifestaciones emitidas por el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, hechas en el evento precisado en el apartado que antecede.

III.            La presunta violación a los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley General y 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la Ley General de Partidos Políticos, por parte del Partido Revolucionario Institucional, derivada de su supuesto incumplimiento al deber de cuidado respecto de la conducta de su militante y Gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.

CUARTO. ACREDITACIÓN DEL HECHO DENUNCIADO

A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad del hecho denunciado, corresponde verificar la existencia del contenido materia del presente asunto, a partir de las constancias que obran en el expediente.

1. PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE

2. DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA AUTORIDAD

3.     PRUEBAS APORTADAS EN LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

A través de la concatenación de las pruebas enunciadas previamente se obtiene lo siguiente:

A. Evento transmitido en fecha primero de diciembre.

1. Acreditación de la transmisión:

De la prueba técnica aportada por el denunciante, relacionada con la documental pública recabada por la autoridad instructora, en específico de las transmisiones de fecha primero de diciembre, rendidas por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, así como de la revisión y análisis efectuado por esta autoridad jurisdiccional a las contestaciones del emplazamiento realizadas por las concesionarias y las pruebas aportadas a la audiencia de pruebas y alegatos, resulta acreditada la transmisión de dicho evento en las siguientes concesionarias y emisoras:

A continuación, se enuncian las concesionarias en donde no se acreditó la transmisión, dado que no se localizó el material radiofónico materia del procedimiento en el testigo de grabación aportado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, ni tales concesionarios reconocieron haber transmitido el material objeto del presente procedimiento, sin que sea óbice que obre en el expediente una prueba técnica aportada por el quejoso, misma que solo tiene valor probatorio indiciario que al no ser autentificada o reconocida por las denunciadas no genera convicción alguna:

Con base en lo anterior, esta autoridad puede afirmar que el material radiofónico materia de este asunto se difundió en catorce concesionarias de las veinticinco llamadas al procedimiento.

2. Características de las transmisiones acreditadas en las concesionarias de radio.

Respecto de las nueve transmisiones acreditadas a través de la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de  Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, se desprende lo siguiente:

Por último, cabe precisar que respecto de las cinco concesionarias que adicionalmente admitieron la transmisión del material denunciado a las reportadas por la Dirección Ejecutiva en cita, de los elementos de prueba que obran en el expediente, no es posible determinar el contenido del materia difundido.

B. Acreditación del contenido del Cuarto Informe de Gobierno:

De la prueba técnica aportada por el denunciante, consistente en un disco compacto que contiene un archivo en formato PDF, con el cuarto informe de gobierno, rendido el tres de octubre por César Horacio Duarte Jáquez, relacionada con las documentales públicas aportadas por el Gobernador y el Director de Comunicación Social del Estado de Chihuahua en la audiencia de pruebas y alegatos, se tiene por acreditado el contenido de dicho documento en los términos referidos por el quejoso.

Lo anterior, aun cuando dichos servidores públicos no hubieran ratificado el documento aportado por el quejoso, ya que de la revisión y análisis efectuado por esta autoridad jurisdiccional, se advierte que el contenido de ambas pruebas es idéntico.

Por último, cabe referir que la prueba técnica alojada en un disco compacto que contiene entre otros archivos, el denominado “En chihuahua, YA PODEMOS” ofrecida por Javier Corral Jurado en su escrito de queja y admitida en la audiencia de pruebas y alegatos, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, hace referencia a un promocional relacionado con la rendición del cuarto informe de gobierno del Gobernador del Estado de Chihuahua, sin embargo, al no tener relación alguna con los hechos materia de la controversia en el presente asunto, no puede otorgárseles valor demostrativo alguno.

Lo anterior, en virtud de que se refiere a un material distinto al que fuera objeto del presente procedimiento, por lo que no guarda relación con la controversia planteada.

QUINTO. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

Del análisis del material probatorio se advierte que las manifestaciones emitas por el Gobernador de Chihuahua el primero de diciembre, constituyen un encuentro con los medios de comunicación que fue transmitido por diversas radiodifusoras en el ejercicio de su labor periodística, amparada por el derecho fundamental de expresión, prensa e información, como se demuestra a continuación:

1.     MARCO NORMATIVO RELATIVO A LOS ALCANCES Y LIMITES DE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal consagra el principio fundamental de equidad en la contienda y los alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer que la misma, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Este principio se fundamenta en la finalidad de evitar que entes públicos, so pretexto de difundir propaganda gubernamental, puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político, aspirante o candidato.

De igual forma, el artículo 449, párrafo 1, incisos d) de la Ley General establece que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, la difusión de propaganda, durante los procesos electorales en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal.

Por su parte, del artículo 242 párrafo 5 de la Ley General, se desprende que el informe anual de labores o gestión que los servidores públicos emitan, así como su difusión en medios de comunicación social (radio y televisión), no constituyen propaganda político-electoral, siempre que cumplan los siguientes requisitos[9]:

A. SUJETOS. La difusión del informe se realiza por servidores públicos que tengan la obligación de rendir informes de labores.

B. TEMPORALIDAD. No se deben difundir en el periodo de campaña electoral, tampoco su difusión debe exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda. Por último, los mensajes que lo den a conocer, se realizarán una vez al año.

C. CONTENIDO. Su contenido se debe encaminar a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad legislativa del o los legisladores o del grupo parlamentario al que pertenecen, sin que se precisen lineamiento, regla específica o contenido mínimo de los mensajes.

D. TERRITORIALIDAD. La difusión se limite a estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.

E. FINALIDAD. En ningún caso la difusión tendrá contenido electoral.

Ahora bien, el articulo 6 de la Constitución Federal prevé que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Por su parte, el diverso artículo 7 establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, lo cual no se puede restringir por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o de cualquier otro medio que esté encaminado a impedir la circulación de las ideas y opiniones. Ninguna autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de la Constitución Federal.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los siguientes criterios:

Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.[10]

“Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.”

Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001.[11]

“La libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como derecho a difundir la propia. La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: Ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.”

2.     ANÁLISIS DEL MATERIAL RADIOFÓNICO DENUNCIADO

Para una mejor comprensión de la presente resolución es pertinente analizar en primer lugar el contenido, así como el contexto en el que tuvo lugar la entrevista realizada al Gobernador del Estado de Chihuahua el pasado primero de diciembre, para una vez determinada su naturaleza, dilucidar si se actualizan las infracciones referidas por el denunciante respecto de una supuesta difusión de propaganda gubernamental relacionada con la extensión del cuarto informe de gobierno del mandatario estatal.

Para tal efecto, se incluye el siguiente cuadro en donde se especifican los temas principales sobre los cuales versó el mensaje denunciado.

Del análisis integral del contenido de las manifestaciones realizadas por el Gobernador denunciado podemos apreciar los siguientes elementos:

        El mensaje denunciado tuvo un formato netamente periodístico, es decir, implicó la articulación de preguntas por parte de los reporteros con las consecuentes respuestas por parte del Gobernador.

        Las preguntas realizadas al Gobernador denunciado, versaron principalmente sobre acciones de gobierno relacionadas con el estado de Chihuahua y del tema de inseguridad que vive el país.

        Sin embargo, algunas también versaron sobre cuestionamientos a su esfera privada, tal y como se advierte de las preguntas 7 y 8 en donde se le cuestiona sobre una institución bancaria supuestamente de su propiedad, se toca el tema relativo a su situación patrimonial y su historial laboral.

        La transmisión de la citada entrevista no fue de manera uniforme o coordinada por parte de las emisoras denunciadas, como se precisa en el apartado denominado “Características de las transmisiones acreditadas”, ya que cada una realizó una cobertura de tiempos distintos del mensaje denunciado a través de un formato libre, pues varias de ellas la transmitieron dentro de un noticiario y otras realizaron la transmisión directa interrumpiendo su programación, sin que hubiera una sistematización de todas como sucede por ejemplo, en el caso de una cadena nacional. Asimismo, hubo algunas que dieron intervención o participación a su auditorio y otras en las que los locutores estuvieron comentando la transmisión.

        La transmisión de las entrevistas se realizó en todos los casos dentro de noticiarios en radio, con excepción de las emisoras XHCHA-FM y XHCDH-FM pertenecientes a las concesionarias Multimedios Radio S.A de C.V y Radiodifusora XHCDH, S.A. de C.V. en las que el encuentro con los medios de comunicación se transmitió durante el programa denominado “El Morning” y “La que suena y manda”.

        No existen elementos si quiera de carácter indiciario que evidencien que la transmisión hubiera sido solicitada o contratada por el Gobernador o algún servidor público del Gobierno del Estado, sino por el contrario obran agregados al expediente elementos de prueba de los cuales se advierte que la conferencia de prensa fue realizada el primero de diciembre y organizada por la Coordinación de Comunicación Social del Estado de Chihuahua, con el objeto de atender de manera conjunta las solicitudes de entrevista presentadas por diversos medios comunicación.

A partir de lo anterior,  es posible desprender que el encuentro con los medios de comunicación se realizó con el objetos de atender los cuestionamientos planteados por los distintos medios presentes, los cuales versaron sobre distintos temas, y no para difundir con un formato especifico, alguna información preseleccionada por el servidor público denunciado.

Del mismo modo, no es posible desprender algún elemento que evidencie una acción premeditada realizada con el objeto de difundir específicamente los logros de gobierno del ejecutivo estatal, tal como señala el denunciante, pues aun cuando hubo concesionarios que al comparecer a la audiencia de ley señalaran que fueron convocados por la Coordinación de Comunicación del Estado de Chihuahua, sin que supieran la razón de la convocatoria ni los temas a tratar, de acuerdo al formato en que se advierte que se dio el evento cada medio de comunicación tuvo oportunidad de formular las preguntas que hubieran considerado de su interés y del mismo modo quedó en su ámbito la decisión de transmitir o no el contenido del evento.

Por otra parte, cabe señalar que la Sala Superior ha definido la propaganda gubernamental[12] como “el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas que tenga como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación”, siempre y cuando la  difusión de las acciones gubernamentales no sean materia de la auténtica labor periodística.

Es decir, como lo refiere el citado precedente, para estar en presencia de propaganda gubernamental se requiere cuando menos:

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública.

b) Que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones.

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno; y

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía.

Del análisis objetivo del contenido de las difusiones denunciadas, no se puede considerar que hayan tenido una naturaleza diversa a la informativa, pues se trató de un encuentro con medios de comunicación para responder preguntas, mismas que las radiodifusoras transmitieron en el ejercicio de su labor periodística, de tal suerte que no se surten los presupuestos necesarios para considerar a los actos denunciados como propaganda gubernamental, lo anterior, en atención a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída a los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-74/2011 y su acumulado SUP-RAP-75/2011, resueltos el seis de julio de dos mil once, en el que fundamentalmente se refiere lo siguiente:

“(...)

En este orden de ideas, es dable concluir que, en la interpretación del artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, párrafo 2, y 347, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 79-A, fracción II, de la Ley Federal de Radio y Televisión se debe considerar como propaganda gubernamental toda aquella información publicada que haga del conocimiento general logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, independientemente de que sea ordenada, suscrita o difundida por algún funcionario público o que sea financiada con recursos públicos, y que por su contenido, no sea posible considerarlos como notas informativas, difundidas en ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por tanto, esta Sala Especializada considera que las respuestas difundidas por las radiodifusoras derivado de un encuentro periodístico con Horacio César Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, el pasado primero de diciembre, no constituye ni por su contenido ni por su estructura, un mensaje con propaganda gubernamental, sino una entrevista, resultado de un auténtico ejercicio periodístico, en el que el citado mandatario di respuesta a los cuestionamientos que le fueron realizados por los representantes de diversos medios de comunicación, precisando datos, estadísticas y cifras relacionadas con las acciones de gobierno que ha llevado a cabo en su carácter de Gobernador, circunstancia por la cual, como ya se señaló, su cobertura en radio fue primordialmente en programas de noticias.

Por lo tanto, se actualiza la excepción contenida en el criterio  transcrito, derivado de que existe una circunstancia que jurídicamente hace inviable la pretensión del quejoso, pues como ya se mencionó, dicha entrevista se encuentra amparada en la libertad de prensa y de expresión, prerrogativas tuteladas en la Constitución Federal.

Derivado de lo anterior, cada una de las emisoras determinó de manera libre qué parte de la entrevista transmitir, así como el tiempo y horario otorgado para ello, de conformidad con cada una de sus programaciones, según se desprende del monitoreo realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Asimismo, el hecho de que hayan participado varios reporteros durante la entrevista no desvirtúa sino confirma la naturaleza periodística de la misma, como un modelo de comunicación que constituyó un diálogo a base de preguntas y respuestas, que tuvo como objetivo obtener información o conocer la opinión del entrevistado respecto de ciertos temas, en este caso del Gobernador denunciado, dada su actividad como servidor público, profundizando de manera general sobre temas relevantes a la administración actual, obteniendo con las respuestas otorgadas un claro matiz testimonial de los hechos que han enmarcado su gobierno y de información en términos generales respecto del estado de Chihuahua.

Lo anterior, no acontece en aquellos casos en que únicamente se tiene un mensaje unilateral de un servidor público, que implique un posicionamiento sobre un tema determinado o el informe sobre ciertas acciones o programas de gobierno, en donde no hay una interacción a base de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, circunstancia que no se actualiza en la especie, dado que precisamente la entrevista en cuestión fue formulada desde su inicio y hasta su conclusión, bajo un esquema interrogatorio y de temas planteados por los propios medios de comunicación, partiendo del supuesto de que son temas de interés general para la ciudadanía.

Para ejemplificar lo antes referido se precisan a continuación todos los cuestionamientos realizados al mandatario estatal y su relación directa con temas inherentes a la naturaleza de una entrevista, los cuales representan la mayoría de las preguntas formuladas:

Como se puede apreciar, de las veintidós preguntas hechas al mandatario, diecisiete corresponden exclusivamente a temas relacionados con acciones gubernamentales de interés general, mientras que las cinco restantes se refieren a cuestionamientos diversos, entre ellos, a la esfera privada del mandatario, su patrimonio e historial laboral, así como cuestionamientos y críticas de la oposición que se han realizado a su gestión.

Es decir, a juicio de esta Sala Especializada la estructura y el contexto de la entrevista materia del presente procedimiento, constituye una auténtica labor periodística protegida constitucionalmente por la libertad de expresión e informativa, ya que en todo momento el eje rector de las preguntas y respuestas formuladas, es propiciar el escrutinio ciudadano al que está sujeto todo servidor público en un sistema democrático que privilegia la rendición de cuentas y el debate público, con base en los temas que los medios de comunicación consideraron de mayor interés.

Máxime, que se tiene acreditado que diversas concesionarias (Grupo BM Radio, Organización Radiorama, Radio Universidad, Multimedios Radio, GRD Multimedia, Sistema Radio Lobo, Radio Fama y Radio Comunicación) solicitaron al Coordinador de Comunicación Social de Chihuahua, una entrevista con el Gobernador del Estado, a fin de preguntarle sobre temas relacionados con el quehacer político, social, cultural y otros asuntos de interés general en dicha entidad, obteniendo como respuesta del referido Coordinador, que con el fin de atender a todos los requerimientos, prefería convocar a una rueda de prensa, donde pudieran asistir todos los medios de comunicación interesados.

Aunado a la documental privada ofrecida por Susana Cann LLamosa, apoderada legal de XEHES-AM de C.V, concesionaria de la estación XEHES-AM y su frecuencia adicional XHHES-FM, consistente en copia simple de la solicitud de seis de enero del año en curso, realizada por BM Radio al Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua a fin de sostener una entrevista con el Gobernador para tratar temas de interés general para la ciudadanía chihuahuense, la cual no se encuentra controvertida por las partes.

Lo anterior, robustece el auténtico carácter periodístico del evento llevado a cabo el pasado primero de diciembre, en el que concurrieron los representantes de diversos medios de comunicación locales en Palacio de Gobierno, para sostener una entrevista con el Ejecutivo local a fin de cuestionarlo sobre diversos temas de interés general.

3.     ANALISIS DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS.

A)   Informe de gobierno, artículo 242, párrafo 5, de la Ley General.

En virtud de que con anterioridad ya se estableció que la entrevista no puede constituir propaganda gubernamental debido a su contenido y estructura, por consecuencia, tampoco puede decirse que la misma constituya una extensión de su cuarto informe de gobierno, como lo afirma el denunciante.

Lo anterior, toda vez que como se ha referido, dicha entrevista se realizó sin un formato preestablecido que pudiera implicar expresa o implícitamente un informe de gobierno como tal, el cual, tiene como característica la sola exposición de acciones de gobierno o resultados de tareas específicas por parte del servidor público realizadas en un determinado año de ejercicio gubernamental, situación que no acontece en la especie, pues como quedó acreditado, el denunciado se limitó a dar contestación a cada uno de los cuestionamientos que le fueron realizados, por lo que la temática abordada en la misma, se fue definiendo con base en los cuestionamientos planteados por los medios de comunicación y sobre aspectos que consideraron de interés para la ciudadanía, en un claro ejercicio periodístico por parte de los medios de comunicación.

Lo anterior es así, aun cuando algunos temas de la entrevista coincidan con el contenido de su cuarto informe de gobierno, ya que esto obedece precisamente a la naturaleza de las preguntas realizadas por los reporteros en torno a la gestión del Gobernador en el Estado de Chihuahua, lo que necesariamente implica que las respuestas proporcionadas puedan ser coincidentes en algún punto sobre acciones gubernamentales realizadas con anterioridad, pues refieren temas del gobierno estatal necesariamente.

En cuanto hace al cuadro comparativo que el denunciante refiere en las fojas 36 a 46 de su escrito inicial, si bien es cierto, pueden presentar ciertas coincidencias en cuanto a los temas abordados en el cuarto informe de gobierno del denunciado y las respuestas dadas en la entrevista referida (Seguridad, Educación, Desarrollo Económico, Justicia), también lo es que, ello no constituye propiamente una difusión del citado informe, pues es lógico y hasta inevitable que existan dichas coincidencias, pues ambos ejercicios tienen relación directa con las tareas y acciones de la administración actual en el Estado de Chihuahua.

Asimismo, vale la pena destacar que si bien hubo coincidencia en catorce preguntas con temas relacionados a lo anteriormente informado, lo cierto es que el resto de las preguntas abordaron otro tipo de tópicos dentro de los cuales se encuentran el comercio, finanzas, reestructuración de presupuesto, indicadores de crecimiento, obras inconclusas y políticas púbicas en general.

Por tanto, deviene improcedente que en base a dichas coincidencias temáticas (Seguridad, Educación, Desarrollo Económico y Justicia), pueda determinarse como lo propone el denunciante, que con la entrevista, el Gobernador Horacio César Duarte Jáquez, mantiene y amplía la difusión de su cuarto informe de gobierno, ya que como se ha referido, la misma no constituye en forma alguna propaganda gubernamental, dado el contexto periodístico en el que fue realizada.

Además, se reitera, no es válidamente exigible que el contenido de las respuestas del Gobernador en la entrevista sea totalmente distinto a los temas aludidos en su informe de labores, pues los cuestionamientos que se le realizaron giraron precisamente en torno a su actividad como Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, y por ende, ambas temáticas se encuentran estrechamente vinculadas, de ahí su concurrencia.

En tales condiciones, por consiguiente no se acredita la extemporaneidad planteada por el denunciante respecto del Cuarto Informe de Gobierno.

B)   Promoción Personalizada, artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal.

Del mismo modo, al haber quedado acreditado el carácter periodístico y noticioso de la entrevista llevada a cabo el pasado primero de diciembre, no es posible determinar que su contenido constituye promoción personalizada en favor de César Horacio Duarte Jáquez, en atención a las siguientes consideraciones:

El recurso de apelación SUP-RAP-173/2008, ha definido los requisitos para la instauración de un procedimiento especial sancionador, tratándose de propaganda política o electoral que implique la promoción de un servidor público, en los siguientes términos:  a) Estar en presencia de propaganda política o electoral; b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundida por el servidor público implicó su promoción personal; c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el precepto constitucional citado y la probable responsabilidad del servidor público; d) Establecer si el servidor público fue parcial al aplicar los recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, y e) Examinar la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la instauración del procedimiento sancionador, por ejemplo, cuando la conducta atribuida se encuentre protegida por alguna prerrogativa constitucional en el ejercicio de un cargo de elección popular.

Ahora bien, el denunciante refiere que para considerar un mensaje como propaganda gubernamental con tintes de promoción personalizada, no es necesario que la difusión en los medios de comunicación se formule de manera directa por el servidor público en cuestión, sino que es suficiente que la cobertura se lleve a cabo por distintos medios de comunicación y que de su contenido se advierta la finalidad de obtener adeptos o la aprobación en la forma de gobierno, situación que no se actualiza en el presente asunto, pues como ya quedó acreditado, las manifestaciones realizadas por el Gobernador no pueden ser calificadas como propaganda gubernamental.

De esa forma, ni del contenido de la entrevista otorgada por el funcionario estatal denunciado, ni de los elementos que obran en el expediente, se obtienen elementos que permitan inferir la existencia de promoción personalizada, pues no se actualiza ninguno de los elementos establecidos por la Sala Superior, para considerar que los hechos denunciados constituyen propaganda política o electoral, que se haga uso de recursos públicos, que se realice una promoción de la persona del servidor público, por lo que no se actualiza violación alguna al párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Por cuanto hace a los comentarios que el denunciante refiere fueron vertidos por el reportero identificado como Toño en la entrevista, los cuales se transcriben a continuación: “Conozco al Sr. Gobernador hace muchísimos años; certifico plenamente el trabajo que hacía muchos antes de ser Gobernador, es más sin ni siquiera tener aspiraciones políticas, su única aspiración era trabajar todos los días…” debe puntualizarse que los mismos se encuentran en el contexto de la entrevista referida, sin que esta Sala Especializada pueda considerarlos como contrarios a derecho, puesto que se emitieron como una opinión de un reportero, respecto de hechos determinados en pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión prevista en la Constitución Federal, por lo que su cuestionamiento podría implicar una censura que no tendría justificación ni fundamento legal alguno.

Del mismo modo, no debe pasar desapercibido que los cuestionamientos realizados por los reporteros al gobernador fueron de toda índole mostrando la pluralidad de opiniones en los de medios de comunicación, y de donde es posible desprender que se realizaron preguntas específicamente sobre el desempeño de la administración pública estatal.

En efecto, en varias de las preguntas formuladas se hizo énfasis en temas de crecimiento económico, obras públicas, seguridad y las críticas realizadas a su persona como servidor público, refiriendo expresamente: “¿Las finanzas a futuro sí van a estar bien?”; “A partir de 2010, 2011, 2012 se llegó a 5.9, 2013 a 4.7 aproximadamente… en fin, hemos estado creciendo y me llama la atención que estamos con un indicador…Guerrero o Michoacán, digo, comparado con esos estados que lamentablemente están muy mal… ¿entonces me parece que eso (inseguridad) ya quedo rebasado?”; “Porque agarramos indicadores tan malos…porque no hablar de las inversiones en Juárez…no sería más propositivo por parte de la administración y a nosotros como comunidad…hablar de cómo vamos a crecer, hablar de si ya estamos al 4.45% pues porque no al 5% o al 6%”; “Si vemos que el crecimiento es del 4.45 en el primer semestre de 2014…si Juan de las cuerdas nos dice que la administración no está funcionando, porque no nosotros, digo no somos ciegos, vemos si está o no funcionando.”; “¿Hay algunos asuntos pendientes, en Camargo está el puente sobre el Rio Florido? ¿El Puente sobre las vías del ferrocarril? ¿El arranque de la carretera San Francisco de Conchos a Valle de Zaragoza? ¿La ampliación y regularización de los pozos de agua para el ámbito agrícola?”

Por todo ello, se insiste en el hecho de que la entrevista en cuestión deriva del trabajo cotidiano de informar en virtud de su carácter de medios de comunicación social, destacando que la determinación en torno a qué contenidos se transmiten, en qué momento y qué temática abordan, corresponde exclusivamente a su ámbito de decisión como medio informativo, amparados como ya se ha referido en la libertad de expresión, prensa e información como derechos fundamentales de un estado democrático constitucional.

Como se precisó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad informativa tiene una dimensión individual y una social, siendo esta última la que implica que el derecho a recibir información y a conocer el pensamiento ajeno, conforman un “cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos y comprometidos con los asuntos públicos… indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”[13]

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.[14]

Por tanto, no se advierten elementos que permitan concluir que el contenido de la entrevista realizada al Gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez constituya promoción personalizada, ya que como ha quedado acreditado la misma se realizó al amparo del libre ejercicio de la labor periodística con el que cuenta todo medio de comunicación, de conformidad con lo establecido en los artículo 6° y 7° de la Constitución Federal, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[15].

4.     RESPONSABILIDAD

Al no haberse acreditado transgresión a los artículos 134, párrafo 8 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 242, párrafo 5 y 449, párrafo 1, incisos d) y f) de la Ley General, no es posible atribuir responsabilidad alguna a los sujetos denunciados César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua por la difusión apuntada y a Hugo Hernández Jáuregui, Coordinador de Comunicación Social del referido Gobierno, por la organización del evento, así como tampoco existe responsabilidad para los concesionarios de radio locales que difundieron el mensaje bajo análisis.

SEXTO. CULPA IN VIGILANDO

Por último, se revisará la supuesta violación a lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley General; así como 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; atribuible al Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la probable omisión del deber de cuidado respecto de las conductas atribuidas al Gobernador denunciado.

Para tal efecto, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, del análisis integral de las constancias y elementos probatorios que obran en el expediente, esta Sala ha estimado que los hechos materia de inconformidad, atribuidos a César Horacio Duarte Jáquez, en su calidad de Gobernador del Estado de Chihuahua, no transgredió la normatividad electoral federal, toda vez que en autos no está demostrada infracción alguna, por ninguna de las conductas que se le atribuyen.

Por consecuencia, se determina que no se actualiza la supuesta infracción a la omisión del deber de cuidado atribuible al Partido Revolucionario Institucional, por lo cual se estima que es inexistente la violación objeto del procedimiento por la supuesta culpa in vigilando del citado instituto político.

En razón de lo anterior se resuelve:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Es inexistente la violación objeto del procedimiento especial sancionador, en contra de César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, de Hugo Hernández Jáuregui, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno en cita; de las diversas concesionarias de radio precisadas en esta ejecutoria, y del Partido Revolucionario Institucional.

NOTIFÍQUESE: en términos de la normatividad aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los Magistrados y Magistrada que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FRANCISCO ALEJANDRO CROKER PÉREZ