PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-13/2016

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PARTE DENUNCIADA: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIA: NADIA JANET CHOREÑO RODRÍGUEZ

Í N D I C E

A N T E C E D E N T E S

Denuncia          2

Ampliación de la denuncia        2

Cumplimiento, segundo emplazamiento y audiencia    5

C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia          6

Causales de improcedencia       6

Controversia         8

Estudio de fondo        9

Valoración probatoria      9

Análisis del caso concreto      19

Individualización de la sanción      40

R E S O L U T I V O S

Primero, segundo y tercero       48

C O N S T A N C I A S

Anexo único        50

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-13/2016

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PARTE DENUNCIADA: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIA: NADIA JANET CHOREÑO RODRÍGUEZ

Ciudad de México a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

SENTENCIA por la que se determina la existencia de la violación objeto del procedimiento especial sancionador iniciado en contra de las personas morales Publicidad Exterior Lagunas, S. C., y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., derivado de la colocación de anuncios espectaculares en distintos domicilios del Estado de México, con incidencia en el proceso electoral federal, así como en los ámbitos de dicho Estado y de la Ciudad de México.

Del mismo modo se determina la inexistencia de las violaciones objeto del procedimiento especial sancionador iniciado en contra de Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México; Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de esa entidad federativa, así como del Partido Revolucionario Institucional[1] y la persona moral Omnimedia Express, S. A. de C. V., por la supuesta contravención a la normativa electoral derivada de la colocación de los anuncios espectaculares referidos.

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncia. El veinte de marzo de dos mil quince[2], Javier Rivera Escalona, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática[3] ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, presentó queja en contra del Gobierno de esa entidad federativa, del PRI, de la persona moral “Publicidad Lagunas”, así como de quien resultara responsable.

Lo anterior, por el presunto uso indebido de recursos públicos, la realización de actos anticipados de campaña, la difusión de propaganda con contenidos calumniosos y la indebida utilización del emblema del PRD, en espectaculares en el Estado de México.

2. Trámite ante el Instituto Electoral del Estado de México. El veintiuno de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México radicó la denuncia con la clave PES/TOL/PRD/EPL-GEM-PRI/040/2015/03, y ordenó la realización de diligencias relacionadas con los hechos denunciados.

3. Ampliación de la denuncia. Mediante escrito de diez de abril, el PRD ofreció como prueba superveniente la inspección realizada el ocho de abril por el Instituto Electoral del Estado de México, mediante la cual se advierte la existencia de un nuevo anuncio espectacular. 

4. Resoluciones sobre medidas cautelares. Mediante proveídos de veintitrés de marzo y once de abril, el Instituto Electoral del Estado de México concedió las medidas cautelares solicitadas por el quejoso.

5. Remisión de las constancias al Tribunal Electoral del Estado de México. Hecho lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de México remitió las constancias respectivas al Tribunal Electoral Local, el cual radicó el expediente con la clave TEEM-PES/44/2015 y lo resolvió en el sentido de declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas.

6. Impugnación ante Sala Regional Toluca. Tal determinación fue impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México en el juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-35/2015.

El cuatro de junio, la Sala Regional mencionada sometió a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[4] la competencia para conocer del asunto.

7. Sentencia de fondo de la Sala Superior. Mediante resoluciones de ocho y diez de junio, la Sala Superior asumió competencia para conocer del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-613/2015 y en cuanto al fondo, revocó las resoluciones del Instituto y el Tribunal Electoral del Estado de México y determinó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral[5]  era la competente para conocer de la denuncia presentada por el PRD.

8. Cumplimiento. El once de junio, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, autoridad instructora, radicó la denuncia con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/434/PEF/478/2015, admitió a trámite el procedimiento y ordenó la realización de diversas diligencias relacionadas con los hechos denunciados.

9. Medidas cautelares. El diecisiete de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, por tratarse de hechos consumados.

10. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El doce de agosto, la autoridad instructora ordenó emplazar a las partes involucradas, a fin de que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el dieciocho de agosto.

11. Primera recepción del expediente en la Sala Regional Especializada[6]. El diecinueve de agosto, la Unidad Técnica envió el expediente del presente procedimiento a este órgano jurisdiccional, cuyas constancias se remitieron a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

12. Acuerdo de Sala. Una vez realizado el trámite anterior, el veintisiete de agosto, esta Sala Especializada integró el cuaderno de antecedentes SRE-CA-438/2015, mediante el cual se ordenó la remisión del expediente a la Unidad Técnica, a efecto de que se realizaran mayores diligencias.

13. Cumplimiento, segundo Emplazamiento y Audiencia de Pruebas y Alegatos. A fin de cumplir con lo ordenado, la autoridad instructora realizó diversas diligencias de investigación y emplazó a los sujetos involucrados con los hechos denunciados para que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

14. Segunda recepción del expediente en la Sala Regional Especializada. El dieciocho de febrero del presente año, la Unidad Técnica envió el expediente del presente procedimiento a este órgano jurisdiccional, cuyas constancias se remitieron a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

15. Turno. En su oportunidad, el Magistrado Presidente acordó radicar el expediente SRE-PSC-13/2016 y turnarlo a la ponencia a su cargo, para su resolución.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. COMPETENCIA

Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto toda vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la presunta utilización indebida de recursos públicos, actos anticipados de campaña, propaganda calumniosa, así como indebido uso del emblema del PRD, derivado de la difusión de anuncios espectaculares; toda vez que de los hechos denunciados se desprende la presunta violación al artículo 134 de la Constitución Federal con incidencia simultánea en el procedimiento electoral federal y en los ámbitos tanto del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) como del Estado de México, lo que actualiza la competencia federal.

Tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia recaída al juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-613/2015, como se reseñó en los antecedentes de esta resolución.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 y 99 de la Constitución Federal; 192 y 195, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los diversos 470 y 476, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[7].

SEGUNDA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, el Coordinador General de Comunicación Social de esa misma entidad federativa, así como el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, al ejercer su defensa en la audiencia de pruebas y alegatos, manifestaron que las imputaciones expresadas en la queja son frívolas; asimismo objetaron la probanza documental ofrecida por el quejoso, consistente en el ejemplar del periódico “LA PRENSA” de veinte de marzo de dos mil quince, en cuanto su valor, alcance y fuerza probatoria, al manifestar que no es una prueba idónea que acredite los señalamientos que se les imputan.

Cabe precisar que el artículo 471, párrafo quinto, inciso d), de la Ley General, establece que se desechará de plano la denuncia cuando sea evidentemente frívola, entendiendo por ello que la queja se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja.

Al respecto, se advierte que la denuncia sí se encuentra apoyada por las pruebas que la parte denunciante estimó pertinentes, cuyo alcance y valor probatorio deberán analizarse en el estudio de fondo del asunto, por lo que no estamos en presencia de un caso de frivolidad; además, se debe tomar en consideración que la calificación jurídica de los hechos denunciados es también materia de análisis en el propio estudio de fondo, por lo que, con independencia de que los planteamientos del quejoso puedan ser o no fundados, no corresponde emitir un pronunciamiento previo al respecto.

Asimismo, si el denunciado se limita a objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos por el denunciante, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, el hecho o infracción al cual se encuentran dirigidos, su objeción no es susceptible de ser atendida, con independencia de la calificación que en el fondo realice esta autoridad jurisdiccional respecto de su idoneidad.

TERCERA. CONTROVERSIA

En el presente asunto, los aspectos a dilucidar ante la jurisdicción electoral federal, son los siguientes:

a) Si se actualiza una violación a lo previsto en los artículos 6º, párrafo 1; 41, Base III, apartado C, y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal; 247, párrafos 1 y 2, y 449, párrafo 1, incisos b), c) y f), de la Ley General, atribuible a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México; y Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de tal entidad federativa, por la supuesta utilización indebida de recursos públicos derivada de la colocación de presunta propaganda gubernamental en espectaculares ubicados en diversos puntos de dicha entidad federativa;

b) Si se actualiza una violación a lo previsto en los artículos 6º, párrafo 1, y 41, Base III, apartado C, de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, incisos a), o) y u), de la Ley General de Partidos Políticos[8]; 3º, párrafo 1, inciso a); 247, párrafos 1 y 2, y 443, párrafo 1, incisos a), e), h), j) y n), de la Ley General, atribuible al PRI, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña y presunta difusión de propaganda calumniosa, derivado de la colocación de publicidad en espectaculares ubicados en diversos puntos del Estado de México, que tienen como supuesto propósito beneficiar al partido político denunciado al ser el ente político que postuló al ahora gobernador del Estado de México;

c) Si se actualiza una vulneración a lo previsto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 247 párrafo dos del mismo ordenamiento legal en cita, así como el 25, inciso d) y 39 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, atribuible a Publicidad Exterior Lagunas, S. C., Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. y a Omnimedia Express, S. A. de C. V., derivada de la difusión de publicidad en espectaculares ubicados en diversos puntos del Estado de México, por contener elementos que presuntamente calumnian al partido político denunciante, así como por el uso indebido de su emblema.

d) Si se actualiza una transgresión a los artículos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos; 443, incisos a) y n), de la Ley General, también atribuible al PRI, derivado de la presunta omisión a su deber de cuidado respecto de los hechos que se le imputan al Gobernador del Estado de México y al Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de dicha entidad federativa.

CUARTA. ESTUDIO DE FONDO

I.                    VALORACIÓN PROBATORIA Y ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

Previo al análisis sobre la legalidad de los hechos denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente y que se detallan en el ANEXO ÚNICO de esta sentencia.

A) Existencia de los espectaculares denunciados

Las documentales públicas que obran en el expediente, consistentes en las actas circunstanciadas de veintidós de marzo y ocho de abril, instrumentadas por personal del Instituto Electoral del Estado de México, resultan aptas y suficientes para tener por acreditada la difusión de seis espectaculares en el Estado de México, con la propaganda denunciada por el quejoso.

A fin de ilustrar lo anterior, a continuación se inserta la ubicación, leyenda e imagen de los espectaculares que son objeto de denuncia:

De igual forma, se tiene por acreditado que cinco espectaculares (identificados en la tabla previa como A, B, C, D y F se difundieron por lo menos a partir del veinte de marzo, que es la fecha en que se presentó la queja, toda vez que el contenido de las fotografías aportadas por el quejoso coinciden con las obtenidas y certificadas por el Instituto Electoral del Estado de México, tal como se desprende de la referida acta circunstanciada del veintidós de marzo.

Respecto al sexto espectacular (identificado en la tabla previa como E), denunciado por el quejoso en su segundo escrito, se tiene por acreditado que su exposición se verificó a partir del ocho de abril, ya que fue el día en que la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México certificó su existencia, mediante acta circunstanciada de esta fecha.

En ese contexto, se tiene por acreditado que la propaganda de cinco espectaculares (A, B, C, D y F) estuvo expuesta por lo menos siete días, en tanto que el espectacular restante (E) estuvo expuesto por lo menos ocho días, toda vez que se retiraron los días veintiséis de marzo y quince de abril, respectivamente, en cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en su oportunidad por el Instituto Electoral del Estado de México de conformidad con los informes rendidos por la Consejera Jurídica en representación del Gobernador de esa entidad federativa.

B) Contenido de los espectaculares denunciados

En los espectaculares denunciados se aprecian las leyendas siguientes:

        “Estás entrando al Estado de México donde la inversión en salud es más Grande que en el D. F.”

        “Estás entrando al Estado de México donde el número de alumnos becados es más Grande que en el D. F.”

        “Estás entrando al Estado de México donde la inversión en carreteras y vialidades es más Grande que en el D. F.” (en dos espectaculares)

        “Estás entrando al Estado de México donde el número de beneficiarios de programas sociales es más Grande que en el D. F.”;

        “Estás entrando al Estado de México donde el número de beneficiarios de medicamentos y estudios médicos es más Grande que en el resto del país”

En todos los espectaculares referidos, la palabra “GRANDE” se detalla en letras mayúsculas y la letra “G” se encuentra en verde y rojo; en la parte inferior, aparece el emblema del PRD del lado izquierdo, a su derecha la frase: “El cambio va por todos”, y la dirección de la red social Facebook: “f/PRD Estado de México”.

C) Propiedad de los espectaculares denunciados.

-         Espectaculares identificados como A, B, C, D y E

En atención a los requerimientos formulados por la autoridad instructora, mediante escritos de veintiséis de junio y dos de julio de dos mil dieciséis, el representante legal de Publicidad Exterior Lagunas S. C., reconoció que tal persona moral es la propietaria de cinco de los espectaculares denunciados, ubicados en los domicilios siguientes:

1.       Carretera México-Toluca, sobre la autopista de cuota México-La Marquesa, aproximadamente a setecientos metros de la desviación al municipio de Huixquilucan, específicamente en la azotea del local con la razón social “Restaurante bar, cabaña Edith”.

2.       Carretera México-Toluca, aproximadamente en el kilómetro treinta y seis más ochocientos, pasando la salida a la comunidad de Salazar.

3.       Carretera México-Toluca, aproximadamente a cien metros de la Procuraduría General de Justicia, centro de atención ciudadana del municipio de Lerma, Estado de México.

4.       Carretera México-Toluca, aproximadamente a cien metros del libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, municipio de San Mateo Atenco, Estado de México.

5.       Avenida José López Portillo, sin número (camellón), frente a la tienda comercial “Mercado Soriana Express”, entre las avenidas de las Fuentes e Hidalgo, Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

Por tanto, ante el reconocimiento expreso del representante de la persona moral Publicidad Exterior Lagunas S. C., se tiene por acreditada la propiedad de los espectaculares antes señalados.

No pasa inadvertido para esta Sala Especializada que el representante de Publicidad Exterior Lagunas S. C., afirmó que no contrató ni colocó la propaganda denunciada, y que únicamente comercializó treinta y un espectaculares de su propiedad con la persona moral Omnimedia Express, S. A. de C. V., con el objeto de colocar publicidad con un contenido distinto al denunciado.

Por su parte, el representante de Omnimedia Express, S. A. de C. V., al dar contestación al requerimiento efectuado por la autoridad instructora, manifestó que efectivamente, suscribió un contrato con la empresa Publicidad Exterior Lagunas S. C., a fin de colocar treinta y un espectaculares con propaganda política solicitada por el PRD, distinta a la que es materia del presente procedimiento, afirmación que fue corroborada por el propio partido político mediante escrito de dieciséis de julio.

-         Espectacular identificado como F

El nueve de septiembre, el Instituto Electoral del Estado de México realizó una inspección ocular en el domicilio ubicado en Avenida Paseo Tollocan número 894, casi esquina con Avenida Comonfort, Toluca, Estado de México, con la intención de verificar el contenido del espectacular denunciado, haciendo constar que el mismo contenía publicidad de un colegio denominado “The Clover Institute”, motivo por el cual se le requirió al representante de dicha persona moral, a efecto de que manifestara con que empresa había contratado dicho espacio publicitario.

El representante del citado instituto educativo, expuso que la publicidad colocada en dicho espectacular, derivó de la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la empresa denominada “Máxima Servicios Publicitarios S. C.”, a través de su representante Roberto Flores Gutiérrez, con el objeto de publicitar sus servicios docentes.

Derivado de lo anterior, mediante escritos de nueve y veintitrés de noviembre del dos mil quince, y un escrito del doce de enero del presente año, Roberto Flores Gutiérrez, compareció ante la autoridad instructora como representante de la persona moral Máxima Servicios Publicitarios, S. C., manifestando que su representada no era propietaria, poseedora o administradora del espectacular, no obstante señaló, que dicho espacio publicitario fue comercializado mediante un contrato con la empresa propietaria del mismo denominada Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V.

En virtud de ello, la autoridad instructora requirió al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que proporcionara información que permitiera la localización de la persona moral Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., la cual, al desahogar el mismo, informó que el representante legal de dicha persona moral es Roberto Flores Gutiérrez, lo cual fue sustentado con el Reporte General de Consulta de Información de Contribuciones, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil trece, presentada el treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

En virtud de lo anterior y derivado de la concatenación de las pruebas que obran en el expediente en que se actúa, existen elementos suficientes para tener por acreditado que el espectacular ubicado en Avenida Paseo Tollocan número 894, casi esquina con Avenida Comonfort, Toluca, Estado de México, es propiedad de la persona moral Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., al haber sido corroborado por su representante legal Roberto Flores Gutiérrez, quien a su vez, es también representante legal de Máxima Servicios Publicitarios, S. C.

Tomando en consideración lo anterior, se advierte que de la totalidad de diligencias que realizó la autoridad instructora, no fue posible acreditar cuál fue el sujeto que ordenó la colocación de la propagada denunciada, sin embargo la investigación permite tener certeza sobre las personas morales que son propietarias de los anuncios espectaculares en que se colocó la publicidad objeto de la queja.

En consecuencia se tiene por acreditado que cinco de los anuncios (A, B, C, D, y E) son propiedad de la persona moral Publicidad Exterior Lagunas S. C., en tanto que la personal moral Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. es propietaria del espectacular restante (F).

Bajo este contexto al acreditar la propiedad de los espectaculares denunciados, el análisis de la controversia planteada debe consistir en determinar la responsabilidad de las personas morales propietarias de los espectaculares mediante los cuales se difundió la publicidad denunciada.

II.                 ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

A partir de los medios probatorios que obran en autos, esta Sala Especializada procederá al estudio de las infracciones aducidas en la queja interpuesta por el PRD, a efecto de determinar si se contraviene o no, la normativa electoral por parte de alguno de los sujetos denunciados.

A. Difusión indebida de propaganda con emblema partidista

1.     Marco Jurídico

En términos del artículo 39, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, la denominación, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos.

Por otra parte, en cuanto al contenido de la propaganda político o electoral, el artículo 25, párrafo 1, inciso d), de la citada Ley General prevé como obligación de los institutos políticos ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados y que no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[9] que el emblema exigido a los partidos políticos y a las coaliciones consiste en la expresión gráfica, formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda o lema.

Del mismo modo, la superioridad[10] ha establecido que el emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, así como ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos correspondientes.

Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[11] ha establecido que no se advierte que la adopción de determinados colores, símbolos, lemas y demás elementos separados que conforman el emblema de un partido político, le generen el derecho exclusivo para usarlos frente a otros partidos políticos, dado que el uso de esos elementos en el emblema de dos o más partidos políticos, no conduce, de por sí, al incumplimiento del objeto para el que están previstos (caracterizar y diferenciar a los partidos políticos), sino que esto sólo se puede dar en el caso de que su combinación produzca unidades o productos similares o semejantes que puedan confundir a quien los aprecie u observe, e impedirles que puedan distinguir con facilidad a cuál partido político pertenece uno y otro.

Por tal razón, la normativa electoral ha dispuesto por un lado el derecho de los partidos políticos del uso exclusivo del emblema que los identifica y diferencia de otras fuerzas políticas y, por otro, la obligación de ostentarse con el mismo ante la ciudadanía. Esto con el fin de no causar confusión en la ciudadanía sobre las propuestas partidistas que se les presentan.

2. Caso concreto

En el caso bajo estudio el quejoso afirma que en la propagada denunciada se utilizan de manera indebida su lema y emblema, toda vez que no media contrato ni escrito de aceptación para que aparecieran insertos, lo que además confunde al electorado, en específico a los ciudadanos del Estado de México, porque se hace pasar por publicidad pagada o difundida por el propio Partido de la Revolución Democrática.

En principio, debemos recordar que a través de los medios de prueba que obran en el expediente se tiene por acreditado que cinco de los anuncios (A, B, C, D, y E) son propiedad de la persona moral Publicidad Exterior Lagunas S. C., en tanto que la personal moral Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. es propietaria del espectacular restante (F).

Del mismo modo, se acreditó que cinco de los espectaculares denunciados se difundieron por lo menos a partir del veinte de marzo y estuvieron expuestos siete días a la fecha de su retiro. En cuanto al sexto espectacular denunciado, se tiene por acreditado que su exposición se verificó a partir del ocho de abril y que estuvo expuesto por lo menos ocho días.

Por último, se acreditó que los espectaculares contenían expresiones que realizaban un contraste entre las acciones gubernamentales realizadas en el Estado de México con las del entonces Distrito Federal, como lo eran: “Estas entrando al Estado de México donde el número de alumnos becados es más Grande que en el D. F.” o “Estas entrando al Estado de México donde el número de beneficiarios de programas sociales es más Grande que en el D. F.”.

Al respecto, el PRD refiere no ser el emisor de la publicidad denunciada, aun cuando todos los espectaculares contienen en la parte inferior su emblema y la frase: “El cambio va por todos”, así como la dirección de la red social Facebook: “f/PRD Estado de México”, ya que el objeto de misma es exaltar una administración proveniente de las filas del PRI, lo que a su consideración le causa un perjuicio frente a la ciudadanía.

Siendo evidente que los mensajes difundidos en los espectaculares denunciados tienen como propósito exaltar las acciones gubernamentales del Estado de México frente a las del otrora Distrito Federal, lo cual puede resultar contradictorio con la postura del PRD, ya que es un hecho conocido que el gobierno del entonces Distrito Federal proviene de sus filas partidistas.

Bajo este contexto, la autoridad instructora, con el propósito de esclarecer los hechos denunciados realizó diversas diligencias de investigación con el propósito de identificar al sujeto responsable de la colocación de la propaganda denunciada, a través de la información proporcionada por el quejoso y la recabada mediante los sujetos requeridos, llegando a la conclusión de que los propietarios de los espectaculares donde se difundió la publicidad son las personas morales Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V.

Del mismo modo, a través de las pruebas que obran en el expediente se advierte que los sujetos denunciados refieren desconocer quien fue la persona física o moral encargada de elaborar y colocar la propaganda denunciada. Sin embargo, esta autoridad concluye que los responsables de la difusión de la publicidad denunciada de forma indirecta son las personas morales Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., ya que al ser las propietarias de las estructuras publicitarias tenían un deber de cuidado respecto de la propaganda que se difunde a través de sus espacios.

Al respecto es importante precisar que el legislador previó en la normativa electoral que las personas físicas o morales pueden ser sujetos de infracción al incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General, dentro de las cuales se incluyen la reglas sobre la elaboración y colocación de la propaganda, siendo precisamente uno de los supuestos que dan origen al procedimiento especial sancionador, la contravención a las normas sobre propaganda política o electoral.

En este sentido, la difusión de propaganda en la cual se realizó un uso indebido del emblema del PRD por una persona moral puede dar lugar a una infracción a las normas sobre la propaganda político o electoral genera confusión en perjuicio principalmente de la ciudadanía.

Bajo esta tesitura, en el presente asunto, la propaganda denunciada tiene algún elemento de gubernamental, sin que en el expediente obre prueba alguna de que un ente de gobierno la haya contratado, sin embargo, fue difundida en espacios publicitarios que son de propiedad de las empresas referidas, cuya responsabilidad por ese hecho no puede pasarse por alto. 

Lo anterior, sin que sea causa de exclusión de su responsabilidad el hecho de que se alegue por parte de la persona moral Publicidad Exterior Lagunas, S. C. no haber participado en la contratación y colocación de la propaganda denunciada, así como su supuesto desconocimiento sobre los hechos denunciados.

Esto porque ante la acreditación de la colocación de la propaganda en cinco de los espectaculares propiedad de la persona moral denunciada y la permanencia de la misma por lo menos siete (espectaculares identificados con los incisos (A, B, C y D) y ocho días (espectacular identificado con el inciso E), es decir, desde su denuncia hasta la orden de retiro por parte del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el dictado de una medida cautelar, dicho sujeto no puede alegar en su favor el desconocimiento de los materiales que se difundieron en las estructuras publicitarias de su propiedad.

Bajo este contexto, existe una responsabilidad indirecta de las empresas propietarias respecto de los contenidos difundidos en los espectaculares de su propiedad, aun cuando pudieran alegar desconocer quien fue la persona física o moral que la colocó, ya que al haber permitido que una persona no autorizada difundiera por varios días publicidad en dicho espacio cuya propiedad y administración les corresponde, existe responsabilidad por su falta de deber de cuidado, respecto a lo que se fija en elementos o estructuras de su propiedad.

Razonar en sentido contrario a lo argumentado implicaría que los propietarios de las estructuras publicitarias pudieran deslindarse de los contenidos que a través de sus espectaculares se difundan, ya sea por la mediación de algún contrato o por un supuesto desconocimiento, permitiendo la difusión de contenidos que podrían ser ilegales, no obstante que son los responsables del uso que se le otorga a dichos espacios, pues difícilmente podría decirse que un propietario no es responsable en forma alguna de la publicidad que se fija en elementos de su propiedad.

En consecuencia, se determina que las personas morales Publicidad Exterior Lagunas S. C. y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. infringieron su deber de cuidado al difundirse propaganda política en la que se hace uso del emblema del PRD, sin su consentimiento, en los espectaculares de su propiedad.

Por último, cabe precisar que es inexistente la infracción imputada a la empresa Omnimedia Express, S. A. de C. V., ya que aun cuando suscribió un contrato con la empresa Publicidad Exterior Lagunas S. C., a fin de colocar treinta y un espectaculares con propaganda política solicitada por el PRD, se tiene acreditado que la misma es distinta a la que es materia del presente procedimiento, afirmación que fue incluso corroborada por el propio partido denunciante.

De la misma manera, son inexistentes las infracciones atribuidas a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, y a Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de la entidad federativa en cita, ni al PRI, pues no existe prueba que demuestre su participación en los hechos denunciados, como se precisará más adelante.

B. Supuesta violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal

1. Marco jurídico

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Por su parte, el párrafo octavo de dicho precepto constitucional señala que la propaganda que difundan, en general, cualquier dependencia u órgano de gobierno, que formen parte de alguno de los tres ámbitos gubernamentales, deberá tener siempre carácter institucional y ser utilizada para fines informativos, educativos o de orientación social, sin que la propaganda pueda incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En consonancia con lo anterior, el artículo 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General, dispone que constituirá infracción de la autoridad o servidores públicos, entre otros, de cualquiera de los órganos de gobierno municipales, el incumplimiento del referido principio establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos comiciales.

La Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, es necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado candidato o a algún partido político dentro del proceso electoral.

2. Caso concreto

En el caso particular el quejoso aduce que la propaganda denunciada, contenida en los espectaculares descritos en el apartado probatorio y en el ANEXO ÚNICO de esta sentencia, poseen las características de propaganda gubernamental proscrita por el artículo 134 constitucional.

En dicha propaganda, esgrime la queja, se observa un logotipo en forma de “G”, en colores verde y rojo, formando la palabra “Grande”, que es coincidente con el logotipo institucional del Gobierno del Estado de México, y a través de ella se publicitan logros obtenidos por dicho gobierno.

El quejoso manifiesta que la propaganda denunciada beneficia directamente al Gobierno del Estado de México e indirectamente al PRI, señalando que dicha entidad gubernamental destina recursos públicos para influir en la competencia entre los partidos, dado que el titular del Ejecutivo estatal emanó de las filas del denunciado.

En atención al marco normativo referido, este órgano jurisdiccional considera que la propaganda denunciada no transgrede el artículo 134 de la Constitución Federal.

Lo anterior es así porque aun cuando se aprecian elementos en apariencia de carácter gubernamental en la propaganda denunciada, en el expediente no se advierten elementos de prueba, si quiera de carácter indiciario mediante los cuales sea posible determinar que la propaganda haya sido emitida por el Gobierno del Estado de México o se hayan empleado recursos públicos para su elaboración, como sostiene la parte quejosa. Por tanto, no hay relación o nexo causal entre el ente gubernamental y el hecho denunciado.

Del mismo modo, cabe precisar que no se acreditó que los mensajes en ellos recogidos divulgaran información oficial del citado gobierno, con lo cual no se cuenta con elementos para establecer que los espectaculares denunciados pertenezcan a una campaña oficial o gubernamental del ente denunciado.

Al respecto, debe decirse que si bien, en apariencia, la publicidad denunciada contiene elementos que resultan similares a los utilizados en su propaganda por el Gobierno del Estado de México, tales como el diseño de la letra “G”, la frase “Grande”, lo cierto es que no obran en el expediente elementos de convicción que lleven a concluir que la propaganda denunciada fue colocada u ordenada por dicho Gobierno que, en repetidas oportunidades, al comparecer al procedimiento, negó dicha autoría, sin que la parte denunciante haya aportado, ni la autoridad instructora haya recabado en el expediente, alguna prueba contundente e idónea en el sentido contrario a pesar de la exhaustividad en su investigación.

En efecto, del caudal probatorio existente en autos no se advierte que obre algún elemento de convicción que permita establecer que el Gobierno del Estado de México fue el que difundió o contrató la publicidad denunciada, ni tampoco es posible atribuirle la misma a partir de sus propias características, como lo sugieren los denunciantes.

Ello, porque la utilización en la propaganda que se denuncia de elementos gráficos consistentes en la letra “G” y la expresión “Grande”, por sí mismo, no implica que haya sido ordenada por el gobierno estatal, ya que lo cierto es que ello no es suficiente para estar en condiciones de concluir que fue precisamente el Gobierno de dicho Estado el que ordenó la colocación de los seis espectaculares en análisis.

Sino que, como se precisó, dado que únicamente se cuenta con la ubicación de la difusión de los espectaculares y la propiedad de los mismos a cargo de las empresas referidas, éstas resultan responsables por su difusión.

Como ya se estableció, está acreditado que en todos los espectaculares señalados en la queja se encuentran referencia a supuestos logros de gobierno, lo cual, para esta Sala, no es determinante para acreditada que se trate efectivamente de propaganda propia del gobierno del Estado de México, ya que lo ahí contenido no es suficiente para ello, aunado a que no existe ningún vínculo o emblema del gobierno del Estado de México que lo vincule indefectiblemente con dichos espectaculares.

En ese sentido, tampoco se acredita que la colocación y difusión de los espectaculares denunciados haya sido financiada con recursos públicos estatales, toda vez que no obran en el expediente elementos probatorios que generen indicio alguno sobre la supuesta participación del Gobierno del Estado de México en esos hechos, lo que evidencia la falta de un nexo causal entre los hechos y los servidores públicos denunciados.

Lo anterior aunado a que la propaganda denunciada fue difundida durante el periodo de intercampañas locales, en tanto que la prohibición constitucional refiere a la campaña electoral, sin que sea aplicable dicho supuesto en el caso analizado. Aunado a que dicha publicidad si bien contiene algún elemento en apariencia del ámbito gubernamental, no se acreditó que el emisor sea un ente gubernamental, de ahí que resulta inexistente la infracción respecto a este extremo, pues no se comprobó su autoría o la utilización de recursos públicos.

En relación con lo expuesto, debe decirse que en el procedimiento especial sancionador le corresponde al quejoso probar los extremos de su pretensión, dado su carácter principalmente dispositivo, como se estableció en la jurisprudencia de la Sala Superior 12/2010, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”, y como lo ha señalado también esta Sala Especializada en diversos precedentes, entre los que se encuentran, por ejemplo, los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSD-8/2014 y SRE-PSC-5/2015.

No obstante lo anterior, además se llevaron a cabo sendas diligencias y requerimientos, sin que se advierta elemento alguno del posible uso de recursos públicos.

Máxime que, las empresas de publicidad manifestaron que sólo contrataron con el PRD diversa publicidad, con la precisión que la publicidad denunciada no fue la contratada sino otra distinta. Pero ello, por sí mismo no actualiza la responsabilidad de otros sujetos si no se aportan los elementos de prueba suficientes para estos efectos.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Especializada determina que no se actualizan las infracciones atribuidas por la queja a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, y a Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de la entidad federativa en cita, ni al PRI, en este último caso, además de que, como lo ha establecido la Sala Superior, no resulta admisible determinar la responsabilidad de los partidos por conductas desplegadas por servidores en ejercicio de sus atribuciones.[12]

C. Supuesta propaganda calumniosa

1. Marco jurídico

El artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución Federal dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social; y que en la propaganda política o electoral que difundan los institutos políticos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Por su parte, el artículo 471 de la Ley General, señala que: “Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”; este dispositivo legal refleja que el legislador ha dado contenido al concepto de calumnia en el contexto electoral, circunscribiéndolo a la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso comicial.

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base III, Apartado C, de la Constitución Federal, la prohibición de calumnia en el ámbito electoral constituye un límite establecido directamente por el poder constituyente permanente para proteger los derechos de terceros, en términos de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la propia Constitución Federal.[13]

Así, en la Constitución Federal y en la Ley General se estableció que la propaganda y mensajes en el curso de las precampañas y campañas electorales, dentro del marco de la libre manifestación de ideas, tendrá restricciones cuando se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Asimismo, se estableció como límite a la propaganda política y electoral el uso de expresiones que calumnien a las personas, ya sea en el contexto de una opinión, información o debate, en concordancia con la obligación de respeto a los derechos de terceros.

Por otra parte, en el artículo 443, párrafo 1, inciso a) y n), de la Ley General, se dispone que constituyen infracciones de los partidos políticos la comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables al mismo ordenamiento, infracción genérica en que pueden incluirse las violaciones a las reglas y principios en materia electoral.

A su vez, el artículo 443, párrafo 1, inciso j), de la Ley General, se dispone que la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Además, el artículo 447, párrafo 1, inciso e), del mencionado ordenamiento, establece que las personas morales pueden incurrir en infracciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en la legislación electoral.

Finalmente, el artículo 25, numeral 1, inciso o) de la Ley General de Partidos establece como obligación de éstos abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que calumnie a las personas.

2. Caso concreto

En el caso, el PRD aduce que la propaganda contenida en los espectaculares denunciados lo calumnia porque ésta contiene el logotipo de dicho instituto, lo que se traduce en su mal uso, y con lo cual se da a entender que es éste el responsable de su difusión, afectando con ello la imagen del partido, al darse un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que el Gobierno del Estado de México otorga mayores beneficios que los obtenidos en el entonces Distrito Federal.

A juicio de esta Sala Especializada, en la especie no se acredita calumnia en contra del PRD, dado que las expresiones referidas en los espectaculares denunciados, con independencia de quien haya sido su emisor, constituyen opiniones que, si bien pueden considerarse críticas a partir de las manifestaciones comparativas que implican, no hacen una imputación directa respecto de hechos o delitos no probados, pues únicamente se limitan a manifestar una postura respecto de diversas acciones e inversiones realizadas tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), sin hacer referencia específica alguna a la falsa comisión de un ilícito.

Tampoco se advierte en los mensajes denunciados la imputación directa o indirecta de un ilícito o de hechos falsos al PRD, aunado a que, dada precisamente su condición de partido político de quien promueve, las manifestaciones vertidas gozan de una protección más amplia.

Al respecto, la Sala Superior ha determinado que para verificar si la propaganda que se difunde en el marco del proceso electoral se encuentra amparada por la libertad de expresión, resulta necesario considerar en su integridad cada uno de los elementos que la conforman, revisando, especialmente, si se realizan imputaciones directas y específicas respecto de hechos falsos o conductas ilícitas, en el entendido de que la afectación de derechos de terceros constituye una limitante para el válido ejercicio de la libre manifestación de ideas.[14]

En consecuencia, al no estar acreditada en el caso la imputación de hechos o delitos falsos al partido recurrente, en razón de que, a través de los aludidos espectaculares únicamente se considera expresada una opinión no sujeta a un canon de veracidad, al reflejar un comparativo genérico entre las inversiones y acciones gubernamentales efectuadas en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, en diversos rubros de la administración pública, y en un sentido eminentemente crítico, debe considerarse que se trata de expresiones que se hacen del conocimiento público.

Por lo anterior, se considera que la difusión de los mensajes consignados en los seis espectaculares denunciados, resulta propio del discurso político, toda vez que con ello se maximiza la libertad de expresión.

En ese tenor, resulta infundado el agravio del quejoso en el sentido de que la calumnia se actualiza por la distorsión que se genera con la supuesta autoría de los mensajes contenidos en los espectaculares, toda vez que, con independencia de que exista indefinición respecto a quién es el autor de los mensajes, lo cierto es que no se actualiza una propaganda calumniosa en perjuicio del PRD, en tanto que las frases de las que se duele constituyen opiniones críticas y comparativas que se emiten en el contexto del debate público, sin que dicha postura incurra en manifestaciones calumniosas en contra del referido partido político, por lo que es inexistente la violación objeto del procedimiento imputada al PRI.

Con independencia de que se actualice un uso indebido del logotipo del PRD o sin su consentimiento, como se analizó en apartados previos. Puesto que, esta circunstancia en opinión de esta Sala Especializada, sólo generaría una confusión a la población y en particular a la ciudadanía, respecto de quien es el autor de las opiniones que se exponen en los espectaculares analizados.

D. Supuestos actos anticipados de campaña

1. Marco jurídico

En primer término, es importante tener presente que el artículo 3º, párrafo 1, inciso a), de la Ley General señala que los actos anticipados de campaña consisten en expresiones que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

Por su parte, el artículo 443, párrafo 1, inciso e), de la Ley General, prevé como infracción de los partidos políticos la realización de actos anticipados de campaña; mientras que el artículo 456, párrafo 1, inciso a), del propio ordenamiento, establece las sanciones aplicables a dicha infracción.

En ese tenor, la concurrencia de los siguientes elementos,[15] es indispensable para que la autoridad jurisdiccional se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña:

a)            Elemento temporal. Acontece antes del procedimiento interno de los partidos políticos para la selección de candidatos o previamente al inicio del periodo de campañas electorales, según se trate.

b)           Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de la campaña política, entendida como la presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o llamamiento al voto, a favor de un ciudadano, para obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección popular, o a favor de un partido político.

c)            Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente.

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña.

2. Caso concreto

En el caso, el PRD aduce que los espectaculares denunciados constituyen propaganda electoral encubierta como gubernamental, que resulta contraventora de la normativa electoral, y que ello actualiza actos anticipados de campaña porque en ella en realidad se publicita una plataforma electoral, así como programas de gobierno, con el propósito de favorecer al PRI, de frente al proceso electoral.

Tomando en consideración el marco jurídico descrito, esta Sala Especializada estima que no se acredita el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña denunciados, toda vez que del contenido de la propaganda en análisis no se advierten elementos que estén dirigidos a exhortar de forma implícita o explícita a los ciudadanos a votar a favor del PRI, ni tampoco se advierte que el objetivo primordial de dicha propaganda sea la de promover alguna candidatura del partido político de referencia ante la ciudadanía, o que a través de dicha publicidad se divulgue su plataforma electoral, con la finalidad de obtener adeptos.

En efecto, el contenido de los espectaculares denunciados se limita a realizar una comparación entre las supuestas acciones e inversiones realizadas por los gobiernos del entonces Distrito Federal, por un lado, y del Estado de México, por el otro, en rubros tales como salud, vialidad, educación y programas sociales, sin que con dicha comparación se contravenga lo dispuesto por los artículos 3º, párrafo 1, inciso a), y 443, párrafo 1, inciso e) de la Ley General, toda vez que en ellas no se incluyen elementos a través de los cuales se presente alguna plataforma electoral, o se invite a la ciudadanía a sufragar por algún determinado partido político, aunado a que no aparece el logotipo del PRI o algún elemento que vincule a algún candidato de ese partido político.

La ausencia del elemento subjetivo señalado, resulta suficiente para desvanecer la supuesta actualización de los actos anticipados de campaña, infracción que exige la concurrencia necesaria de los elementos expuestos con antelación, para considerarla acreditada.

Además, como ya se concluyó en el apartado anterior, a partir de los medios de convicción que obran en el expediente, no es posible concluir que los espectaculares denunciados hayan sido ordenados, pagados o contratados por los sujetos denunciados, conclusión a la que se llega a partir de las respuestas a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora a las personas morales Publicidad Exterior Lagunas, S. C., Omnimedia Express, S. A. de C. V., Máxima Servicios Publicitarios S. C. y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. sin que el promovente haya aportado probanza alguna en sentido diverso, o que pudiera poner en duda esta conclusión.

En este orden de ideas, en ningún modo los espectaculares denunciados pueden considerarse como parte de una plataforma electoral difundida por el PRI, máxime que en ella se recoge el emblema y elementos distintivos de un partido diverso, el PRD, y sin que, se insiste, en el procedimiento sea posible concluir, ni siquiera de manera indiciaria, que el Gobierno del Estado de México o el propio PRI, hayan sido los responsables de esa publicidad, pues no obran elementos de convicción al respecto.

En ese sentido, toda vez que no concurre en el caso el elemento subjetivo de la conducta infractora, concatenado con el déficit probatorio señalado, esta Sala estima que no se acreditan las violaciones denunciadas al PRI consistentes en actos anticipados de campaña.

Aunado a la falta del elemento personal de la propaganda denunciada pues no aparecen datos de identificación de un candidato o del partido denunciado.

QUINTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez calificada la falta, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices:

1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla).

2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley.

Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,[16] que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación.

Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

Al respecto, una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normativa electoral por parte de las personas morales Publicidad Exterior Lagunas S. C. y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso e) de la Ley General, el cual prevé que cuando se trate de infracciones cometidas por cualquier persona física o moral, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multas de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo.

Para determinar cada una de las sanciones respectivamente, se deberán tomar las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, establecidas en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos:

Bien jurídico tutelado

Por lo que respecta a la infracción imputada a Publicidad Exterior Lagunas, S. C., y a Máxima Vallas y Unipolares S.A. de C.V., el bien jurídico tutelado consiste en la infracción a su deber de cuidado al consentir la difusión de propaganda política en espectaculares de su propiedad que infringen lo dispuesto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la Ley General, en relación con los artículos 25, inciso d) y 39 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar

a) Modo. La difusión de propaganda política ilegal a través de espectaculares propiedad de Publicidad Exterior Lagunas, S. C., y Máxima Vallas y Unipolares S.A. de C.V., lo cual constituye una infracción a la normativa electoral de forma indirecta.

b) Tiempo. Conforme a las actas circunstanciadas instrumentadas por la autoridad instructora y demás material probatorio que obra en el expediente, se verificó que la propaganda de cinco de los espectaculares denunciados propiedad de Publicidad Exterior Lagunas, S. C. estuvo expuesta por lo menos siete y ocho días y que la propaganda del espectacular propiedad de Máxima Vallas y Unipolares S.A. de C.V., estuvo expuesta por lo menos siete días.

c) Lugar. La propaganda fue colocada en seis lugares ubicados en diversos puntos del Estado de México, según se expone a continuación:

A.      Cinco espectaculares propiedad de Publicidad Exterior Lagunas, S. C., ubicados en:

1.  Carretera México-Toluca, sobre la autopista de cuota México-La Marquesa, aproximadamente a setecientos metros de la desviación al municipio de Huixquilucan, específicamente en la azotea del local con la razón social “Restaurante bar, cabaña Edith”.

2.  Carretera México-Toluca, aproximadamente en el kilómetro treinta y seis más ochocientos, pasando la salida a la comunidad de Salazar.

3.  Carretera México-Toluca, aproximadamente a cien metros de la Procuraduría General de Justicia, centro de atención ciudadana del municipio de Lerma, Estado de México.

4.  Carretera México-Toluca, aproximadamente a cien metros del libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, municipio de San Mateo Atenco, Estado de México.

5.  Avenida José López Portillo, sin número (camellón), frente a la tienda comercial “Mercado Soriana Express”, entre las avenidas de las Fuentes e Hidalgo, Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

B.      Un espectacular propiedad de Máxima Vallas y Unipolares S.A. de C.V., ubicado en Avenida Paseo Tollocan, casi esquina con Avenida Comonfort, Toluca, Estado de México.

Singularidad o pluralidad de la falta

La conducta señalada no puede considerarse como una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas.

Contexto fáctico y medios de ejecución

En el caso concreto, debe considerarse que la difusión de la propaganda política se realizó de forma indirecta en seis espectaculares durante el contexto del proceso electoral federal 2014-2015.

Beneficio o lucro

No se acredita un beneficio económico cuantificable para los sujetos denunciados, en virtud de que se trata de la difusión de propaganda política en espectaculares, sin que se acreditara la existencia contratación o remuneración alguna por su difusión.

Comisión dolosa o culposa de la falta

Por parte de las persona morales Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. y Publicidad Exterior Lagunas, S. C., la falta fue culposa en atención a que su responsabilidad fue indirecta, es decir, tuvo una falta a su deber de cuidado para evitar afectar el bien jurídico protegido por la norma.

A efecto de individualizar la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

Gravedad de la responsabilidad

Al quedar acreditada la inobservancia a lo previsto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 25, inciso d) y 39 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, se considera procedente calificar la responsabilidad en que incurrieron las personas morales Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V. como levísima, y para la graduación de la falta se atiende a las siguientes circunstancias:

                  Se constató la colocación de seis anuncios espectaculares, de los cuales cinco son propiedad de la persona moral Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y uno pertenece a la diversa persona moral Máxima Vallas y Unipolares S.A. de C.V.

                  El bien jurídico tutelado en el presente asunto está relacionado con el uso adecuado de los emblemas de los partidos políticos;

                  La conducta fue culposa;

                  La conducta implicó una vulneración al marco legal no constitucional;

                  De la conducta señalada no se advierte beneficio o lucro económico alguno;

                  Se trata de una infracción indirecta, por su falta al deber de cuidado de la publicidad que se fija en elementos de su propiedad.

Reincidencia

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la Ley General, se considera reincidente quien ha sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia Ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora, lo que en el presente caso no ocurre.[17]

Sanción a imponer

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico, así como las particularidades de las conductas, Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y a Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., deben ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento, así como que atienda a sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.[18]

Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a imponer a Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y a Máxima Vallas y Unipolares S.A. de C.V., la sanción consistente en amonestación pública, establecida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la Ley General.

Lo anterior, al no tratarse de faltas dolosas, ni sistemáticas, además de que no existe reincidencia, que la gravedad de las faltas fue calificada como levísima, y que los bienes jurídicos tutelados no están relacionados por la infracción a normas constitucionales, por lo cual esta Sala Especializada estima que las sanciones consistentes en amonestaciones públicas son suficientes para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro y de ninguna forma puede considerarse desmedida o desproporcionada.

En virtud de lo anterior, esta Sala Especializada estima que para una mayor publicidad de las amonestaciones públicas que se imponen, la presente ejecutoria deberá publicarse, en su oportunidad, en la página de internet de esta Sala Especializada, en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México; a Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de dicha entidad federativa y al Partido Revolucionario Institucional; así como a la persona moral Omnimedia Express, S. A. de C. V., en los términos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Es existente la infracción atribuida a las personas morales Publicidad Exterior Lagunas, S. C. y a Máxima Vallas y Unipolares S. A. de C. V., por tanto se les impone la sanción consistente en una amonestación pública, en los términos establecidos en la presente ejecutoria.

TERCERO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta Sala Especializada en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE, en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FRANCISCO ALEJANDRO CROKER PÉREZ

ANEXO ÚNICO

El presente ANEXO contiene la descripción y clasificación de las pruebas que están relacionadas con los hechos controvertidos en el presente asunto.

1. Pruebas aportadas por el quejoso

2. Pruebas recabadas por el Instituto Electoral del Estado de México

3. Pruebas recabadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE