GLOSARIO

S E N T E N C I A

Que dicta el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

V I S T O S para resolver, los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE registrado con la clave SRE-PSC-17/2020, integrado con motivo del escrito de queja presentado por Nydia Natalia Castillo Vera, por propio derecho, contra José Ricardo Gallardo Cardona, y

R ES U L T A N D O

I. Antecedentes. Contexto del procedimiento seguido ante las instancias locales

1.          1. El ocho de junio de dos mil veinte[1], Nydia Natalia Castillo Vera, en su carácter de delegada para los Municipios de Soledad de Graciano y Cerro de San Pedro, del INTERAPAS, presentó escrito de denuncia ante el CEEPAC, por actos que, a su juicio, configuraban VPMG en su perjuicio, atribuidos al diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona.

2.          Lo anterior, derivado de una entrevista en televisión hecha a dicho diputado el siete de junio, en la cual realizó las expresiones “que no sea tonta” y “es una tontería”; lo que considera que denigra su actuar como servidora pública, así como el ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, a fin de menoscabar su imagen pública y generando con lo anterior una serie de ataques, amenazas e intimidaciones por un supuesto grupo político afín a dicho diputado federal.

3.          2. El nueve de junio siguiente, el CEEPAC admitió la denuncia, integró el expediente del PES local, que identificó con la clave PSE-01/2020 y, una vez sustanciado, remitió las constancias atinentes al tribunal local que, tras registrarlo en con el expediente TESLP/PSE/01/2020, lo resolvió el treinta de junio de este año, en el sentido de sobreseerlo, al estimar que los hechos denunciados no se encontraban relacionados con la materia electoral porque la actora no había sido elegida en un proceso comicial de manera electoral.

4.          3. Inconforme con la determinación antes referida, el seis de julio siguiente, la hoy actora, recurrió la citada sentencia ante la Sala Regional Monterrey, la cual radicó el medio de impugnación con la clave SM-JE-34/2020, y lo resolvió el treinta y uno de julio siguiente, en el sentido de revocar la resolución controvertida. Esto, medularmente, al considerar que la entonces responsable era incompetente para analizar los hechos denunciados, toda vez que en la ley electoral de San Luis Potosí no se contempla como sujetos infractores a los servidores públicos de los Poderes de la Unión[2].

Il. Sustanciación del PES ante la autoridad instructora

5.          El cuatro de agosto se recibió ante la autoridad instructora, el oficio SM-SGA-OA-105/2020, a través del cual la Sala Regional notificó la sentencia dictada en el expediente SM-JE-34/2020, y remitió la denuncia y anexos presentados, en su oportunidad, por Nydia Natalia Castillo Vera.

6.          En esa misma fecha, la autoridad instructora registró la denuncia con la clave UT/SCG/PE/NNCV/NL/56/2020; ordenó la realización de diversas diligencias relacionadas con los hechos señalados y se reservó acordar lo conducente respecto a la admisión y emplazamiento de las partes, hasta en tanto se contara con el resultado de la investigación ordenada.

7.          El diez de agosto siguiente, la autoridad instructora admitió a trámite la queja y emplazó a las partes para que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos.

8.          Por otra parte, mediante acuerdo ACQyD-INE-13/2020, de once de agosto la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la improcedencia de las medidas de protección solicitadas por la promovente al considerar que, sustancialmente, de un análisis preliminar a las expresiones denunciadas no se advirtió que, éstas se hubieran dirigido a la promovente por el solo hecho de ser mujer, o que tuvieran como finalidad menoscabar sus derechos derivado de esa calidad, y tampoco que se pusiera en riesgo el ejercicio de sus derechos o aspectos de su vida, seguridad o integridad[3].

9.          Finalmente, el diecinueve de agosto tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos y, una vez concluida, se remitió el expediente a esta sala especializada.

10.       III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada

11.       El veinte de agosto de dos mil veinte se recibió en la Oficialía de Partes de esta sala especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, el cual se remitió de inmediato a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

12.            Posteriormente, el nueve de septiembre siguiente, el magistrado presidente acordó integrar el expediente con clave de identificación SRE-JE-11/2020 y lo turnó a la ponencia a su cargo.

13.       En su oportunidad, el magistrado ponente radicó el expediente al rubro indicado, por lo que se procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

14.       El diez de septiembre del año en curso, se dictó acuerdo plenario por esta Sala Especializada, en el cual se determinó remitir el expediente a la autoridad instructora con la finalidad de que se realizaran diversas diligencias para mejor proveer, en esencia, requerir a las fiscalías General de la República y de San Luis Potosí y a la Comisión de Derechos Humanos local, diversa información respecto de la existencia de alguna denuncia o queja presentada por la hoy actora, relacionada con actos de violencia cometidos en su contra y finalmente, la verificación y certificación de algunos perfiles de la red social Facebook.

15.       En cumplimiento a lo ordenado, mediante acuerdos dictados el quince y veintitrés de septiembre siguientes, la autoridad instructora ordenó su realización, por lo que, el veintitrés de octubre posterior, la autoridad instructora emitió acuerdo por el que determinó emplazar a las partes y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se llevó a cabo el veintinueve siguiente.

IV. Nuevo trámite en la Sala Especializada

16.       1. Recepción del expediente. El treinta de octubre, se recibió en la Oficialía de Partes de esta sala especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, el cual se remitió de inmediato a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

17.       2. Turno a ponencia. En su oportunidad, el Magistrado Presidente acordó turnar el expediente SRE-PSC-17/2020 a la ponencia a su cargo.

18.       3. Radicación. Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. COMPETENCIA

19.            Esta Sala Regional Especializada es competente para conocer el presente PES en materia de VPMG, en atención a las siguientes consideraciones.

20.            En primer lugar, cabe señalar que las recientes reformas en materia de VPMG[4], el PES evolucionó y tomó mayor fuerza como herramienta de defensa para las mujeres.

21.            Es decir, a partir de la citada reforma, debe entenderse que esta Sala Especializada se encuentra obligada a analizar y resolver los PES en materia de VPGM con una visión y tratamiento distinto a los procedimientos tradicionales, ya que éste cuenta con características específicas y principios autónomos que buscan visibilizar y erradicar los escenarios de violencia en contra de las mujeres, por el hecho de serlo.

22.            De ahí que, conforme al Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, “Haciendo realidad el derecho a la igualdad”, corresponde a esta autoridad asumir, por lo menos, tres premisas básicas:[5]

a)    El fin del Derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas;

b)    El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural, pues quienes juzgan son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas, y

c)     El mandato de la igualdad requiere, eventualmente, de quienes imparten justicia un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho.

23.            Por otra parte, es menester señalar que en la resolución del expediente SUP-REC-594/2019, la Sala Superior estimó que uno de los presupuestos procesales que se deben colmar cuando se estudian asuntos donde se alega la comisión de actos aparentemente constitutivos de VPMG es el relativo a la competencia.

24.            Bajo ese tenor, parte de lo que implica juzgar con enfoque de género consiste en establecer una línea jurisprudencial sólida en cuanto a la competencia de esta Sala Especializada, pues a partir de ello se permitirá dotar de previsibilidad y certeza a las posibles víctimas, de tal manera que se garantice el acceso a la justicia, la no impunidad, así como el principio de debida diligencia.

25.            Así, esta Sala Especializada debe adoptar todas las medidas necesarias, objetivas y razonables que permitan garantizar de manera pronta los derechos que puedan considerarse involucrados cuando se denuncian conductas posiblemente constitutivas de VPMG, como lo es la presente determinación.

26.            Ahora bien, establecidos los postulados iniciales antes referidos, es necesario ahora indicar que, en el caso que nos ocupa se denunció la supuesta realización de actos constitutivos de VPMG contra Nydia Natalia Castillo Vera, derivado de expresiones emitidas por un Diputado Federal, en una entrevista difundida en televisión, en San Luis Potosí.

27.            Al respecto, resulta necesario reparar en el hecho de que las expresiones denunciadas derivaron de una entrevista difundida en televisión; por lo tanto, dicho medio comisivo es materia exclusiva del PES[6]; tal como se precisa en los artículos 41, párrafo segundo, base III, Apartado D y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Federal; así como la Jurisprudencia de la Sala Superior 25/2015 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”.

28.            Además, de lo anterior el posible infractor ostenta la calidad de diputado federal, y es sujeto de responsabilidad en el PES, de acuerdo con el artículo 442, numeral 1, inciso f) y numeral 2, así como el 449, inciso b) de la Ley Electoral.

29.            Asimismo, se alega una posible obstrucción al libre desarrollo de la función pública y, por tanto, es necesario hacer efectivo el derecho de acceso efecto a la justicia de las mujeres que buscan una vida libre de violencia.

30.            En suma, es importante precisar que no cualquier asunto en el que se alegue VPMG, será tutelado bajo el régimen sancionador electoral, sin embargo, como se ha señalado, en el caso particular, esta Sala Especializada es competente para conocer de la queja, pues el medio a través del cual se difundieron las expresiones denunciadas es la televisión; además, se cometió por un diputado federal, quien forma parte del catálogo de sujetos infractores en la Ley Electoral y de una interpretación acorde a la Constitución Federal y tratados internacionales, se advierte que cualquier mujer debe desempeñar las funciones públicas que tiene encomendadas de manera libre y por tanto fuera de cualquier acto de violencia y discriminación.

31.            Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base III y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Federal; artículo 475 en relación con el 470, párrafo 2, de la Ley Electoral, así como los artículos 192 y 195, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la citada Jurisprudencia de la Sala Superior 25/2015 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”.

32.            SEGUNDA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. José Ricardo Gallardo Cardona, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó que los hechos denunciados no se encuentran relacionados con el ejercicio de los derechos político-electorales de la promovente, motivo por el cual se debió desechar, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley Electoral.

33.            Al respecto, se estima que no le asiste la razón al sujeto mencionado, ya que aun y cuando se advierte que las manifestaciones materia de denuncia se dirigieron a una servidora pública local cuyo cargo no emanó de una elección popular; esta Sala Especializada considera importante tomar en cuenta un concepto garantista de la VPMG para analizar el presente caso, en el cual se alega una posible obstrucción al libre desarrollo de la función pública y, por lo tanto, hacer efectivo el derecho de acceso efecto a la justicia de las mujeres que buscan una vida libre de violencia[7].

34.            Sobre este tema, debe tenerse presente que la reforma en materia de VPMG, publicada el trece de abril del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, configuró un nuevo diseño institucional para la protección de los derechos humanos de las mujeres y la sanción de tal irregularidad, en específico, en materia del PES. Entre las modificaciones incorporadas como consecuencia de la reforma, se destaca la inclusión en el artículo 3, inciso k) de la Ley Electoral del concepto de VPMG, en los siguientes términos:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

(…)

“k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.  (énfasis añadido)

35.            Como se advierte del texto transcrito, en la previsión normativa en cita se incorpora la posibilidad de conocer de este tipo de asuntos cuando la VPMG haya sido dirigida a obstruir el “acceso al pleno ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, labor o actividad y el libre desarrollo de la función pública”. Lo anterior, es congruente con lo dispuesto en los artículos 7, inciso b), de la CEDAW[8], 4, inciso j), de la Convención de Belém do Pará[9] y 2 de la Ley Modelo[10], que reconocen como obligación de los estados eliminar toda discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y garantizar el ejercicio de las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, en igualdad de condiciones con los hombres.

36.            Así, ha de concluirse que, ni la Ley Electoral ni los instrumentos internacionales antes citados distinguieron la posibilidad de que la violencia electoral en razón de género contra la mujer se limitara a los cargos públicos emanados de la vía electoral, sino por el contrario, expresamente refiere el derecho de las mujeres a ejercer las funciones públicas en un ambiente libre de violencia y, por tanto, su obstrucción debe calificarse como VPMG.

37.            Así, esta nueva interpretación descansa en el artículo 1°, segundo párrafo de la Constitución Federal, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

38.            Por lo anterior, se concluye que los hechos denunciados sí se encuentran contempladas en los artículos 3, fracción k) y 442 bis de la Ley Electoral; lo anterior con independencia de la existencia o no de la infracción denunciada, lo cual será materia del análisis del fondo del asunto.

TERCERA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

39.       La Sala Superior mediante los Acuerdos Generales 2/2020[11], 4/2020[12] y 6/2020[13], estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las Salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19.

40.       En este sentido, la misma Sala Superior a través del Acuerdo General 8/2020[14], determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación, por tanto, quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados. Sin embargo, las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias.

CUARTA. CONTROVERSIA.

41.       El aspecto a dilucidar en la presente sentencia es determinar si las declaraciones vertidas por el Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, durante una entrevista difundida en televisión en el estado de San Luis Potosí –vistas en su contexto–, constituyen actos de VPMG contra Nydia Natalia Castillo Vera, Delegada del INTERAPAS para los Municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en vulneración a lo dispuesto en los artículos 3, inciso k) y 442 bis de la Ley Electoral, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 Ter, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

42.       No pasa inadvertido que la promovente, en su escrito de denuncia realizó manifestaciones respecto a presuntas agresiones físicas, materiales y verbales por parte de un grupo político llamado “GALLARDÍA”, y que mediante acuerdo dictado el cuatro de agosto, la autoridad instructora le requirió para que refiriera si era su intención denunciar a más personas y proporcionar circunstancias de modo, tiempo y lugar para estar en aptitud de identificar de manera específica a las personas presuntamente infractoras.

43.       Sin embargo, toda vez que la promovente no dio respuesta a dicho requerimiento, mediante acuerdo de diez de agosto, la autoridad instructora determinó que, al no existir precisiones de las circunstancias en las que se realizaron las supuestas agresiones, el PES se centraría únicamente en los hechos referidos en párrafos anteriores.

44.       En este sentido, esta Sala Especializada estima que debe analizar el presente asunto de manera integral, es decir, tomando en cuenta todos los hechos narrados por la promovente, con la finalidad de identificar aquellos elementos de los que se pueda advertir una posible vulneración a los derechos humanos de las mujeres, consistentes en vivir una vida libre de violencia y sin discriminación.

45.       En efecto, esta Sala Especializada como órgano jurisdiccional tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género y discriminación impiden la igualdad.

46.       Reconociendo la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, por lo que con este reconocimiento, quienes realicen la función de juzgar, podrán identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente[15].

QUINTA. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO.

47.       Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados materia del presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente, relacionados con las infracciones, materia de la presente resolución.

1. Medios de prueba

a. Pruebas recabadas por la autoridad instructora:

48.            Técnica. Consistente en un dispositivo USB aportado por Nydia Natalia Castillo Vera, que contiene diversos archivos, cuya descripción se realizará con posterioridad[16].

49.            Documental pública. Consistente en copia certificada del oficio IN/DG/260/2018, de once de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual, el Director de INTERAPAS nombró a Nydia Natalia Castillo Vera como Delegada de dicho organismo en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí[17].

50.            Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene dos archivos de video, cuya descripción se realizará con posterioridad[18].

51.            Documental pública. Consistente en el oficio TESLP/PRESIDENCIA/1164/2020 por medio del cual el Tribunal Local remite copia certificada de las constancias y anexos que integran el expediente TESLP/PSE/01/2020, así como del cuaderno auxiliar conformado con las constancias que integran el expediente CEEPC/SEE/009/ESP/01/2020[19].

52.            Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de catorce de agosto, instrumentada por la autoridad instructora, con la finalidad de certificar el contenido del disco compacto aportado por José Ricardo Gallardo Cardona[20].

b. Pruebas recabadas derivado del dictado del acuerdo plenario en el expediente SRE-JE-11/2020:

53.            Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de quince de septiembre, instrumentada por la autoridad instructora, con la finalidad de certificar el contenido del dispositivo USB aportado por la quejosa[21].

54.            Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de quince de septiembre, instrumentada por la autoridad instructora, con la finalidad de certificar el contenido de los siguientes perfiles de la red social Facebook[22].

o       Al Día Noticias (@aldiaslp)

o       Informativo Exprés (Informativo Exprés)

o       Noticia Potosina (Noticia Potosina)

o       Revista Capital (@revistacapitalmx)

o       Noticieros Canal Siete (@noticieroscanal7)

o       Alerta SLP (@AlertaSL)

o       Natalia Castillo (NataliaCastilloSLP)

55.            Documental privada. Consistente en el escrito de diecinueve de septiembre, por el cual, el representante legal de Comunicación 2000, S.A. de C.V., refiere que las entrevistas materia del presente PES fueron difundidas en televisión los días cuatro y siete de junio, en el noticiero denominado 7AM, a través de la señal de la emisora XHSLV-TDT y colocadas en el portal www.canal7slp.tv, así como el perfil de la red social Facebook @noticieroscanalsiete, por lo que aportó un disco compacto con los testigos de grabación del portal de internet[23].

56.            Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de veintitrés de septiembre, instrumentada por la autoridad instructora, con la finalidad de certificar el contenido del disco compacto aportado por el representante legal de Comunicación 2000, S.A. de C.V. [24]

57.            Documental pública. Consistente en el oficio CS-01964/20 de fecha dieciocho de septiembre, por medio del cual, el Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, hace de conocimiento que a la fecha del oficio, no se tenía registro alguno en el que figurara la ahora quejosa como víctima[25].

58.            Documental pública. Consistente en el oficio IVOF-0784/2020 de veintiuno de septiembre, por medio del cual, el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí hace de conocimiento que a la fecha del oficio se encontraba en sustanciación una denuncia contra el Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, por posibles vulneraciones a los Derechos Humanos de Nydia Natalia Castillo Vera[26].

59.            Documental pública. Consistente en el oficio DGAJ/02676/2020 de fecha dieciocho de septiembre, por medio del cual, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, manifiesta que dado el marco legal en materia penal, no le es posible otorgar información respecto a carpetas de investigación iniciadas por hechos posiblemente constitutivos de delito, relacionadas con denuncias presentadas por Nydia Natalia Castillo Vera, al ser información clasificada como reservada[27].

60.            Documental pública. Consistente en el oficio VJ/3802/2020 de fecha veintiuno de septiembre, por medio del cual, la Vicefiscal Jurídica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, hace de conocimiento que, a la fecha del oficio, no se encontraron registros de denuncias presentadas por Nydia Natalia Castillo Vera contra José Ricardo Gallardo Cardona por hechos relacionados con violencia en general o VPMG en contra de ella[28].

61.            Documental pública. Consistente en el oficio V/1576/2020 de fecha veintiuno de septiembre, por medio del cual, el Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, hace de conocimiento que, a la fecha del oficio, se encontraron registros de dos carpetas de investigación de hechos posiblemente constitutivos de delitos, cometidos contra Nydia Natalia Castillo Vera[29].

62.            Documental pública. Consistente en el oficio FGE/D01/412384/10/2020, por medio del cual, la Agente Fiscal Coordinadora de la Unidad de Trámite con Detenido de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, hace de conocimiento que en dicha dependencia se encontró el registro de la carpeta de investigación CDI/PGE/CZ/SLP/33436/2020, la cual fue iniciada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho en contra de una ciudadana, por el posible delito de “CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O AGENTES EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y LESIONES”, cometido contra Nydia Natalia Castillo Vera, de la cual el veinte de mayo de dos mil veinte se resolvió el no ejercicio de la acción penal[30].

63.            Documental pública. Consistente en el oficio JTC/00100/2020, por medio del cual, la Agente Fiscal, Encargada de la Unidad de Investigación y Litigación de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, adjunta copias autenticadas de la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZC/SLP/28179/18, iniciada con la querella de Nydia Natalia Castillo Vera el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en contra de sendos ciudadanos, la cual se encuentra en la etapa de investigación[31].

2. Objeción de pruebas

64.            En la audiencia de ley, José Ricardo Gallardo Cardona objetó las pruebas técnicas aportadas por la quejosa en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, toda vez que, desde su perspectiva, no son contundentes.

65.            Al respecto, esta Sala Especializada estima que dicha objeción deviene improcedente, pues únicamente la realiza en torno a su alcance y valor probatorio, lo cual, en todo caso será analizado por este órgano jurisdiccional, en conjunción con el resto del material probatorio que obra en autos, atendiendo a la naturaleza de cada una de las probanzas.

3. Valoración probatoria

66.            Las pruebas documentales públicas referidas ostentan pleno valor probatorio, al ser emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3, inciso a), 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

67.       En relación a las técnicas y a la privada, tomando en consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

68.       No pasa desapercibida para esta Sala Especializada, la existencia de dos actas circunstanciadas de dieciséis y diecisiete de junio, respectivamente, instrumentadas por la CEEPAC, sin embargo, se advierte que, en la resolución dictada por la Sala Monterrey, en el expediente SM-JE-34/2020, dicho órgano jurisdiccional determinó dejar sin efectos las actuaciones realizadas por el mencionado órgano administrativo electoral local, dentro del expediente PSE-1/2020; derivado de lo anterior, es que esta Sala Especializada no puede dar valor alguno a las actas circunstanciadas referidas anteriormente.

4. Hechos acreditados

69.       A partir de la concatenación de las pruebas descritas previamente, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) Calidad de los sujetos involucrados

70.       De acuerdo con la copia certificada del oficio IN/DG/260/2018, se tiene acreditado que, al momento de los hechos denunciados, Nydia Natalia Castillo Vera contaba con la calidad de Delegada del INTERAPAS para los Municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

71.       Por otra parte, es un hecho público y notorio que, al momento de los hechos denunciados, José Ricardo Gallardo Cardona ostentaba la calidad de Diputado Federal por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 2, en San Luis Potosí, perteneciente a la bancada del Partido Verde Ecologista de México[32].

b)    Realización de entrevistas

72.       De las actas circunstanciadas instrumentadas por la autoridad instructora, así como de las manifestaciones realizadas por la representante legal de Comunicaciones 2000, S.A. de C.V. concesionaria de la emisora XHSLV-TDT Canal 7, se tiene por acreditado y no controvertido que el día cuatro de junio Nydia Natalia Castillo Vera otorgó una entrevista a dicho medio de comunicación, cuyo contenido será analizado en el apartado de caso concreto de la presente resolución.

73.       Asimismo, se tiene por acreditado y no controvertido que el siete de junio, José Ricardo Gallardo Cardona otorgó una entrevista al mismo medio de comunicación, cuyo contenido será analizado en el apartado de caso concreto de la presente sentencia.

c)     Transmisión en medios de comunicación y redes sociales

74.       Conforme a las actas circunstanciadas instrumentadas por la autoridad instructora y del escrito presentado por la representante legal de Comunicaciones 2000, S.A. de C.V. concesionaria de la emisora XHSLV-TDT Canal 7, se advierte que las entrevistas mencionadas fueron transmitidas por el referido canal de televisión en el noticiero denominado 7AM, los días cuatro y siete de junio, respectivamente.

75.       Asimismo, dichas entrevistas se alojaron en la página de internet www.canal7slp.tv y en la red social de Facebook @noticieroscanalsiete.

d)    Presentación de denuncias penales

76.       De los oficios aportados por el personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, se advierte que dicho órgano investigador tiene registro de dos carpetas de investigación por la posible comisión de delitos cometidos en agravio de Nydia Natalia Castillo Vera.

77.       Sin embargo, de la documentación aportada no se advierte que en ninguna de ellas se tenga como imputado a José Ricardo Gallardo Cardona.

e)     Presentación de denuncia por posible violación de derechos humanos

78.       De la documentación presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, se advierte la existencia de una denuncia en contra del Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, por posibles vulneraciones a los Derechos Humanos de Nydia Natalia Castillo Vera.

5. Análisis de la infracción

I. Marco normativo.

- Violencia política contra las mujeres por razón de género.

a)    Marco Constitucional

79.            El artículo 1°, primer párrafo de la Constitución Federal establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

80.            Además, en el quinto párrafo de dicho artículo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas;

81.            Para hacer efectivas estas disposiciones, se exige a todas las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

82.            El artículo 4, párrafo primero, de la Constitución Federal prevé la igualdad legal entre hombres y mujeres; por su parte, los diversos artículos 34 y 35, disponen que los ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho de votar y ser votado en cargos de elección popular, así como formar parte en asuntos políticos del país.

83.            Es decir, las mujeres tienen derecho de acceder a las funciones públicas y a participar en los asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que los hombres.

b)    Línea jurisprudencial de la SCJN respecto a la obligación de juzgar con perspectiva de género

84.            La Primera Sala de la SCJN, ha reconocido la importancia de la perspectiva de género en el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la interpretación de la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, y precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá visualizarse un caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un acceso a la justicia efectivo e igualitario[33].

85.            Además, la Segunda Sala ha señalado que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"[34].

86.            En este sentido, el Pleno de la SCJN ha considerado que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad[35].

87.            Asimismo, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN DE rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”[36], se establecieron los pasos que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva de género, los cuales son: 1. Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. 3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas. 4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. 5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente los niños y niñas. 6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje incluyente.

88.            Finalmente, la Primera Sala ha establecido[37] que la perspectiva de género es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. Por lo cual, la obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir

89.            En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres.

c)     Marco convencional

90.            En sincronía, con lo anterior la CEDAW; en su preámbulo señala que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. Asimismo, en su artículo primero precisa que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

91.            Por otra parte, el artículo 7 de la mencionada Convención refiere que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, y en el derecho: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

92.            Además, en la Recomendación 23 Vida política y Pública de la CEDAW, se hace referencia al artículo 7, de la citada convención, señalando que la obligación especificada en este artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del mismo, ya que la vida política y pública de un país es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, además el término abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local.

93.            Ahora bien, la Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana.

94.            Al respecto, en su artículo 1 nos indica qué debe entenderse como violencia cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

95.            Además, señala que la violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

96.            De igual forma, la citada Convención en su artículo 4 refiere que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, y en su inciso j), señala el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones.

97.            Asimismo, la Ley Modelo, que es utilizada como criterio orientador por los valores que contiene, refiere que los derechos políticos incluyen, al menos, los siguientes: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en forma paritaria en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo a partidos políticos y sindicatos.

98.            En este sentido, la Ley Modelo adopta el concepto amplio de vida pública y política, lo cual comporta que la protección se extienda a todas las mujeres que participan en el espacio público, incluyendo a las candidatas electorales, a las mujeres designadas para ejercer un cargo público, o a las mujeres defensoras de los derechos humanos.

99.            Por otra parte, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, parte de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), establece que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; además, que la violencia y el acoso político contra las mujeres revisten particular gravedad cuando son perpetrados por autoridades públicas.

d)    Corte Interamericana

100.         En el caso González y otras vs. México, Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió los estereotipos de género como una pre-concepción sobre los atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente[38].

101.         En la misma sentencia, el tribunal interamericano asocia la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, y argumenta que la creación y uso de estereotipos es causa y consecuencia de la violencia de género en contra de la mujer. Al respecto, concluye que el efecto nocivo de estos estereotipos se agrava cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades.

e)     Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN

102.         La SCJN emitió el citado protocolo con el propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en los casos de “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.

103.         Este Protocolo constituye un instrumento que permite, a quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración:

        Los impactos diferenciados de las normas;

        La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres;

        Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género;

        La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, y

        La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.

104.         De acuerdo con el Protocolo, para facilitar la aplicación de la perspectiva de género en el juzgar se debe analizar -entre otras cuestiones- lo siguiente[39]:

f)      Protocolo emitido por el Tribunal Electoral

105.         En concordancia con lo anterior, el Tribunal Electoral[40] emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en el que determinó que la VPMG comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida[41].

g)     Línea jurisprudencia de la Sala Superior

106.         Por otra parte, la Sala Superior en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, determinó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

107.         Además, señaló que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos, por lo cual las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

108.         Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, estableció que, para acreditar la existencia de VPMG dentro de un debate político, se debía de analizar si las expresiones reúnen los siguientes elementos:

109.         Por otra parte, recientemente la Sala Superior al resolver el SUP-REC-91/2020 y acumulado, determinó que en casos de VPMG la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados.

110.         En ese sentido, la manifestación por actos de VPMG de la víctima, si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor pleno.

112.         Por tanto, reiteró que si la previsión que excepciona la regla del «onus probandi» establecida como habitual, es la inversión de la carga de la prueba que la justicia debe considerar cuando una persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que, la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la infracción.

113.         En consecuencia, enfatizó que es de vital relevancia advertir que como en los casos de VPMG se encuentra involucrado un acto de discriminación, por tanto, opera la figura de la reversión de la carga de la prueba. 

h)    Reformas legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género

114.         El trece de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de VPMG[42], que configuró un nuevo diseño institucional para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y la sanción de tal irregularidad.

115.         Las disposiciones apuntadas que fueron objeto de reforma tienen el siguiente contenido:

        Sustantiva: al prever las conductas que se consideraran como de violencia política en razón de género y, un conjunto de derechos político-electorales a favor de las mujeres. Además, se tipifica el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

        Adjetivas: se establece un régimen de distribución de competencias, los procedimientos y mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las mujeres; así como un régimen sancionatorio.

116.         En este sentido, la reforma tiene una relevancia dada las dimensiones de la violencia política perpetrada contra las mujeres que impide el adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política y electoral.

117.         Al respecto, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados[43] se destaca la importancia de la reforma en los siguientes términos:

“… al incorporar por primera vez, en el marco normativo el concepto de violencia política en razón de género, con lo que se reconoce y visibiliza la problemática que viven las mujeres, particularmente y en el caso que nos ocupa, en el ámbito de la participación política, y que con las reformas en análisis da inicio un proceso para el diseño e implementación de políticas que incidan directamente sobre la desigualdad de género y que pongan freno a la violencia política que se ejerce contra las mujeres…”. 

118.         Como se señaló, el referido decreto de reforma modificó ocho ordenamientos jurídicos, a continuación, se destacan algunos cambios aplicables al presente caso.

119.         En el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el 3, primer párrafo, inciso k), de la Ley Electoral se estableció una definición para lo que se considera VPMG.

120.         En esencia, se definió como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

121.         Además, se señaló que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

122.         Y estas conductas puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia[44] y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

123.         Por otra parte, las modificaciones a la Ley Electoral también atienden, entre otras cuestiones, a destacar que las quejas o denuncias por VPMG, se sustanciarán a través del PES, con independencia de que las mismas fueran dentro o no de un proceso electoral, por los órganos competentes del INE[45], para lo cual se establecen las hipótesis de infracción[46], así como la posibilidad de emitir medidas cautelares[47].

124.         Además, se adiciona que, en la resolución de los procedimientos sancionadores por VPMG, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes[48]:

        Indemnización de la víctima;

        Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;

        Disculpa pública, y

        Medidas de no repetición.

125.         También, conviene señalar que, si las conductas antes señaladas son cometidas por personas del servicio público, pueden dar lugar a responsabilidad administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

126.         En atención con este nuevo marco jurídico, la VPMG se sancionará, de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas; los cuales son autónomos.

127.         En consecuencia, conforme a lo anterior, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

- Libertad de expresión en el debate político

        El respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

        La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública

II. Caso concreto

141.         Es preciso recordar que la materia a analizar en el presente PES es si las manifestaciones realizadas por el Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona durante una entrevista que otorgó al canal de comunicación NOTICIERO CANAL 7, en el estado de San Luis Potosí, el pasado siete de junio, vistas en el contexto en que se denuncian, constituyen VPMG contra Nydia Natalia Castillo Vera, por lo que, en primer término, es importante traer a colación el contenido de la mencionada entrevista:

142.         De lo anterior, se advierte que se trata de una nota periodística en la cual, en primer término, se da cuenta de declaraciones realizadas por la ahora quejosa de manera previa, por lo que en seguida se muestra al denunciado vertiendo manifestaciones relacionadas con una temática de “agua dura” o contaminada, de las cuales se desprenden las declaraciones materia de la denuncia, mismas que son las siguientes:

“Que no sea tonta, con mucho respeto; no puede hablar de aguas duras cuando la extracción del agua en Soledad de Graciano Sánchez, toda es de los Pozos de Soledad de Graciano Sánchez; es una tontería hablar de aguas duras en Soledad cuando todos los pozos que se surten de la red hidráulica para Soledad y para San Luis son de las mismas cuencas en Soledad de Graciano Sánchez…” (énfasis añadido)

143.         Ahora bien, en los argumentos de defensa expresados por el denunciado en la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó que el propio medio de comunicación lo buscó, con la finalidad de dar respuesta a las declaraciones realizadas por Nydia Natalia Castillo Vera, en una entrevista que le fue realizada el cuatro de junio anterior, por lo que resulta relevante realizar un análisis a los posicionamientos vertidos en la mencionada entrevista, cuyo contenido es el siguiente:

144.         De la entrevista se advierte que la ahora quejosa menciona, en un primer lugar, que algunos legisladores, un diputado federal y diversas diputadas locales, se encuentran regalando agua en pipas, - la cual señala se encuentra contaminada-, dándole una utilización política.

145.         A continuación, invita a la ciudadanía a evitar el uso del agua de las pipas y acudan al organismo para regularizar su situación y obtener el servicio, y finalmente, solicita al Congreso Local que apoyen con recursos para el organismo, y trabajen en conjunto.

II.I Juzgar con Perspectiva de Género

146.         En primer término, y dado que en el presente asunto se analizará la posible comisión de actos que constituyen VPMG

147.         contra Nydia Natalia Castillo Vera, en su calidad de Delegada de INTERAPAS para los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, perpetrada por el Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, esta Sala Especializada debe realizar un análisis del caso con una óptica especial, es decir, la resolución debe realizarse con perspectiva de género dada la situación de vulnerabilidad en la que pudiera encontrarse la ahora denunciante.

148.         Así, se entiende que la perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.

149.         De tal manera que, en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, se señala que tal perspectiva se debe adoptar cuando en un proceso puedan existir situaciones asimétricas de poder o bien, contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las preferencias/orientaciones sexuales de las personas.

150.         Ello implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres[53] -aunque no necesariamente está presente en todos los casos- como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo[54].

151.         Así, la perspectiva de género obliga a las personas juzgadoras a incorporar en los procesos jurisdiccionales un análisis de los posibles sesgos de desequilibrio que, de manera implícita o explícita, puedan estar contenidos en la ley o en el acto impugnado[55].

152.         Esto permite identificar la existencia de distinciones indebidas, exclusiones o restricciones basadas en el género que impidan el goce pleno de sus derechos.

153.         En ese sentido, de conformidad el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la SCJN, que resulta orientador para analizar los hechos denunciados bajo dicha óptica, con la finalidad de brindar una protección reforzada a los derechos humanos de las posibles víctimas; con base en las preguntas guía que se refieren en el apartado de marco normativo de la presente ejecutoria, y tomando en consideración los documentos y medio de prueba que obran en el expediente que se resuelve, esta Sala Especializada tiene en cuenta lo siguiente:

154.         (1)[56] El contexto de la conducta denunciada es:

     El once de octubre de dos mil dieciocho, Nydia Natalia Castillo Vera, fue nombrada Delegada del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, para los Municipios de Soledad de Graciano y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

     La denunciante argumenta que desde el momento en el cual asumió el cargo público que ostenta, ha recibido una serie de insultos, toma de instalaciones, agresiones físicas, materiales y verbales por parte de un grupo político llamado “GALLARDÍA”, encabezados por el Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, por lo cual ha presentado sendas denuncias penales.

     De las constancias que obran en el expediente, se advierte que la ahora quejosa presentó una querella en contra de sendos ciudadanos, que a su decir forman parte del grupo político denominado “gallardistas”, por hechos sucedidos el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en los cuales un grupo de personas realizó ataques físicos y verbales a las instalaciones del INTERAPAS en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, y de las personas que se encontraban laborando en el interior del edificio.

     El cuatro de junio se difundió en el Canal 7 de San Luis Potosí, a través de la emisora XHSLV-TDT, una entrevista que le fue realizada a Nydia Natalia Castillo Vera, en la cual se trataron diversos temas en relación al sistema de aguas INTERAPAS, y en las que la ahora denunciante refirió, entre otras cosas, lo siguiente:

o       “Yo de verdad que los exhorto a que ya cambien el chip, que se dejen de andar regalando agua que es contaminada, que se dejen de andar utilizando la pandemia y utilizando la necesidad del agua para ayudar al usuario, para ayudar al ciudadano, es tremendo la utilización política que están haciendo y no se están dando cuenta que estamos en un Covid, en una pandemia tremenda en donde la gente se está muriendo y necesita el agua.”

o       “Que tengan mucho cuidado los usuarios y el ciudadano de las pipas que andan en calle, es agua de noria, es agua gruesa, vengan al organismo, regulen sus cuentas, pídanos a nosotros el servicio porque a la larga lo único que están haciendo es más enferma a la gente.”

     El siete de junio, el medio de información busco a José Ricardo Gallardo Cardona, con la finalidad de realizarle una entrevista, en la que se diera respuesta a las declaraciones realizadas en la diversa de cuatro de junio, la cual fue difundida el mismo siete, y en la cual el ahora denunciado realizó, entre otras las siguientes declaraciones:

o       “Que no sea tonta, con mucho respeto; no puede hablar de aguas duras cuando la extracción del agua en Soledad de Graciano Sánchez toda es de los Pozos de Soledad de Graciano Sánchez; es una tontería hablar de aguas duras en Soledad cuando todos los pozos que se surten de la red hidráulica para Soledad y para San Luis son de las mismas cuencas en Soledad de Graciano Sánchez.”

     Derivado de lo anterior, se advierte que las declaraciones que emitió el Diputado Federal contra la citada servidora pública, fueron retomadas en diversos portales electrónicos de medios comunicación, en los siguientes términos:

     Asimismo, de las pruebas que también aportó la denunciante, se aprecian diversas capturas de pantalla de lo que al parecer son reacciones a una publicación en la red social Facebook, y entre otros textos, se aprecian los siguientes:

         “Delegada tan pendeja”

         “Vieja ridícula”

         “EL AGUA ES DE TODOS PENITENTE, APARTE DE POLLO, BURRO. Y ESTA COSA BUSCA SER GOBERNADOR”

         “MEJOR REGRÉSALE EL DINERO QUE TE ROBASTE A LIC. MARCELA GALARZA Y A MUCHOS COLONOS RATERA TE OFENDES POR QUE TE DICEN TONTA”

         “Tonta es poco para lo que te mereces, al negarle el vital líquido a los soledenses”

         “¡NATALIA VERA LEIDY AGUAS DURAS!!! ¡NO SOY DRÁMATICAAAAA!”

         “BRAVO”

         “EH AQUÍ EL PROXIMO GOBERNADOR”

         “Hayyyy que pena”

        “No es tonta se hace de mensa no tiene nada porque como roban les vale la crisis. Del país claro son gatas. Del Nava un”

         “Pinché vieja, no ayuda y bien que esta hablando, ay que ver si no esta con el hosicon de Nava”

155.         (2, 4 y 5)[57] En el caso está involucrada una mujer, lo que -por sí- la coloca en un grupo históricamente en desventaja y desigualdad estructural, pues es una categoría sospechosa -establecida en el artículo 1° párrafo 5 de la Constitución- correspondiente al sexo.

156.         Esa situación ha sido reconocida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral al señalar que las mujeres pertenecen a un grupo que histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación[58], un grupo de población en desventaja[59] y en situación de desigualdad[60]; asimismo, la Primera Sala de la SCJN identificó a las mujeres como un grupo sujeto de vulnerabilidad[61].

157.         Esa situación se enfatiza al desempeñar un cargo público, pues las mujeres históricamente se han visto limitadas en el acceso a los cargos de este tipo, se han obstaculizado sus derechos correspondientes[62], e -incluso- se han invisibilizado y normalizado los casos de VPMG [63].

158.         (3)[64] La solicitud y valoración de pruebas no fue afectada por el carácter de las personas vinculadas, pues la denunciante ofreció las pruebas que consideró pertinentes, las cuales la autoridad instructora desahogó, aunado a que la misma agotó todas las líneas de investigación relacionadas con los hechos denunciados, y que el Diputado Federal señalado aportó aquellos medios de prueba que consideró pertinentes en la audiencia celebrada en el presente PES.

159.         De lo anterior se advierte que, como ya se mencionó previamente, a la ahora quejosa se le realizó una entrevista en su calidad de Delegada de INTERAPAS para los Municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en la que trató diversos temas relacionados con el sistema de aguas mencionado, como lo fueron la dádiva de pipas de agua que a su juicio se encontraban contaminadas, así como la regularización del servicio para los usuarios.

160.         Por su parte, el Diputado Federal denunciado otorgó una diversa en la que dio contestación a diversas alegaciones realizadas por la ahora quejosa en la diversa entrevista de cuatro de junio, en la que mencionó que “es una tontería hablar de aguas duras en Soledad cuando todos los pozos que se surten de la red hidráulica para Soledad y para San Luis son de las mismas cuencas en Soledad de Graciano Sánchez”.

161.         Aunado a lo anterior, mediante acuerdo de diez de septiembre de la presente anualidad, dictado en el expediente SRE-JE-11/2020, esta Sala Especializada determinó devolver el expediente a la autoridad instructora con la finalidad de realizar diversas diligencias de investigación encaminadas a obtener mayores elementos de prueba que permitieran a este órgano jurisdiccional esclarecer los hechos denunciados y acercarse a la verdad jurídica.

162.         De ahí se advierte que, mediante acuerdo dictado el quince de septiembre, la autoridad instructora ordenó la realización de las diligencias contenidas en el acuerdo plenario resuelto por esta Sala Especializada en el Juicio Electoral referido en el párrafo que antecede, de las cuales se obtuvieron las siguientes documentaciones en las fechas que a continuación se detallan:

          El mismo quince de septiembre la autoridad instructora realizó las actas circunstanciadas con la finalidad de hacer constar el contenido del dispositivo USB aportado por la ahora quejosa en el procedimiento de mérito, así como las redes sociales de los medios de comunicación que retomaron información respecto a los hechos ahora denunciados.

          El diecinueve de septiembre, se recibió por correo electrónico la respuesta realizada por la representante legal de Comunicación 2000, S.A. de C.V.

          El veintiuno del mismo mes y año se recibió por correo electrónico la respuesta proporcionada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí.

          En misma fecha se recibió la respuesta del Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

          El veintidós de septiembre se recibió por correo electrónico las respuestas rendidas por la Vicefiscal Jurídica y el Vicefiscal del Estado, respectivamente, ambos de la Fiscalía General de San Luis Potosí.

          El veintitrés de septiembre, la autoridad instructora recibió la respuesta rendida por la Fiscalía General de la República.

163.         Derivado de lo anterior, el veintitrés de septiembre, la autoridad instructora ordenó, entre otras cuestiones, realizar nuevo requerimiento a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí con la finalidad de que aportara mayores datos que pudieran estar relacionados con los hechos ahora denunciados, el cual no fue desahogado, por lo que el tres de octubre se requirió de nueva cuenta apercibiendo que en caso de no responder se le impondría una medida de apremio, por lo que el once de octubre se recibió un desahogo de manera parcial.

164.         En ese orden de ideas, el trece de octubre se requirió de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, para que rindiera el resto de la información solicitada en acuerdos de veintitrés de septiembre y tres de octubre, por lo que el veinte de octubre se recibió por correo electrónico el desahogo rendido por la Agente Fiscal, Encargada de la Unidad de Investigación y Trámite Común de la Fiscalía referida anteriormente.  

165.         En ese sentido, vale la pena puntualizar que, de las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia del juicio electoral en comento, no se advierte que la solicitud y valoración de pruebas pudiera producir alguna afectación a la actora, sino que, por el contrario, con el objetivo de proteger sus derechos humanos, fue que de manera oficiosa se desplegaron diversas diligencias de investigación relacionadas con los hechos denunciados.

166.         En efecto, la finalidad de estos nuevos procedimientos especiales sancionares en materia de VPGM, se encaminen a esclarecer el contexto integral en que se puede dar la VPMG, y actuar en consecuencia, siempre, se insiste, entiendo la realidad de los hechos, vinculado con las desigualdades, las vulnerabilidades de las mujeres, y bajo esa visión juzgar con todos los elementos necesarios.

167.         Bajo tal lógica jurídica y de juzgar con perspectiva de género, es que la instrucción de este procedimiento busco hacerse de todos los elementos que pudieran valorarse para establecer la verdad jurídica del mismo, teniendo como visión principal el que este procedimiento se ajustara a las realidades que viven las mujeres respecto a la violencia política.

168.         (6)[65] Esta Sala Regional no advierte una situación que exponga a la denunciante a una doble discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad puesto que no se aprecia su pertenencia a algún otro grupo que la pudiera colocar en una situación de vulnerabilidad, como pudiera ser una persona indígena o con discapacidad.

169.         (7 y 8)[66] Para esta Sala Especializada, el comportamiento del Diputado Federal denunciado no obedeció a estereotipos ni la reacción esperada sería diferente si cambiara su sexo o género[67].

170.         En atención al carácter con el que se realizaron las entrevistas materia del PES, esta Sala Especializada no advierte que -con esa calidad- exista una relación asimétrica de poder entre la quejosa y el denunciado, ni como individuos ni como parte de un grupo, en que ella pudiera quedar subordinada a éste.

171.         Lo anterior, toda vez que, del contexto en el que se desarrollan los hechos denunciados, así como de las calidades de servicio público a las que pertenecen las partes del presente procedimiento, no se advierte que la ahora quejosa se encuentre subordinada al Diputado Federal denunciado, sino que, se advierte que pertenecen a órganos e instancias diferentes, en las cuales, además del debate político en el que se encuentran involucrados, no se aprecia relación, de supra a subordinación en la cual se vean envueltas ambas personas.

II.II Estudio de la infracción

173.    Asimismo, el presente asunto se analiza a la luz de las reformas legales en materia de VPMG, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de abril, ya que los hechos denunciados acontecieron con posteridad a la entrada en vigor de dichas reformas[68].

174.    Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que los comentarios realizados por José Ricardo Gallardo Cardona no constituyen VPMG contra Nydia Natalia Castillo Vera, toda vez que no se cumple con la totalidad de los elementos antes mencionados como se muestra a continuación, y tampoco la citada conducta encuadra en lo establecido en los artículos 3, fracción k)[69] y 442 bis[70] de la Ley Electoral, así como 20 Ter, fracción IX[71] de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

175.    1. El primer elemento se considera que se cumple, ya que las expresiones realizadas de manera primigenia por la denunciante, como parte de una entrevista que otorgó al canal de comunicación CANAL 7 NOTICIAS, se realizaron en su carácter de Delegada de INTERAPAS para los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, por lo que las declaraciones realizadas por el denunciado fueron dirigidas a la quejosa en ejercicio del citado cargo público, y como se ha señalado en el apartado de competencia el mismo es tutelado por la vía administrativa electoral.