Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

SENTENCIA de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determina: i) la inexistencia de promoción personalizada, vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, por parte del  Presidente de la República respecto de su mensaje emitido en la conferencia de prensa matutina de veintitrés de diciembre de dos mil veinte; y ii) se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que investigue el posible incumplimiento del pautado en el lapso en que dicha conferencia se transmitió .

INDICE

ABREVIATURAS

 A N T E C E D E N T E S

1.                   I. Proceso Electoral Federal 2020-2021. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG218/2020[1], relativo al plan integral y calendario del proceso electoral federal 2020-2021, en el que destacan las siguientes fechas:

2.                   II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

3.                   a. Presentación de la queja, registro, reserva de admisión, tutela preventiva y medidas cautelares, e investigaciones. El veintiocho de diciembre siguiente, el PRD[2], presentó un escrito de queja en contra del Presidente de la República por violaciones a la Constitución, a la Ley Electoral, así como a los Lineamientos de imparcialidad. La queja fue registrada por la autoridad instructora el veintinueve del mismo mes, bajo la clave alfanumérica identificada como UT/SCG/PE/PRD/CG/106/PEF/13/2020.

4.                   La autoridad instructora reservó la admisión, el dictado de la tutela preventiva y las medidas cautelares; y se ordenaron las diligencias preliminares.

5.                   b. Admisión de la queja, propuesta de medida cautelar. El veintinueve de diciembre posterior, la autoridad instructora admitió la queja señalada y remitió la propuesta de tutela preventiva y medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para que determinara lo conducente.

6.                   c. Medidas cautelares. El treinta de diciembre de dos mil veinte, la citada Comisión emitió el acuerdo ACQyD-INE-33/2020, en el que declaró procedente una medida cautelar de tipo inhibitoria y ordenar al Presidente de la República para abstenerse de realizar actos que impliquen una posible trasgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, con el fin de resguardar el principio de equidad en el proceso electoral en curso.

7.                   Respecto a que los hechos denunciados actualizaban un uso indebido de recursos públicos la Comisión, consideró improcedentes tales medidas, por ser un tema de fondo que no puede ser motivo de pronunciamiento en sede cautelar[3].

8.                   d. Diligencias complementarias. La autoridad instructora realizó diversos requerimientos y recabó la información que consideró atinente con objeto de integrar debidamente el expediente de la queja.

9.                   e. Promoción de Morena. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, la representación de Morena ante el Consejo General del INE presentó escrito mediante el cual solicita que se remita al presente expediente el relacionado con la recusación que interpuso respecto de dos integrante del Consejo General del INE para que no conocieran del caso.

10.               f. Emplazamiento. Concluida la investigación, el nueve de febrero la autoridad instructora emplazó a las partes involucradas en los siguientes términos:

11.               I. Como parte denunciante, al PRD, por conducto de su representante ante el Consejo General del INE

12.               II. Como parte denunciada al  Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, por la probable transgresión a lo establecido en los artículos 1, 9, 41 y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución, y 449, párrafo 1, incisos d), e) y g), de la Ley Electoral, por el presunto uso indebido de recursos públicos, violación al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, promoción personalizada y el llamado indebido al voto, derivado de diversas manifestaciones realizadas en la conferencia de prensa matutina celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

13.               III. A Morena, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del INE, por la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la Ley Electoral, y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la Ley General de Partidos Políticos, por el supuesto beneficio indebido que, en su caso, podría haber obtenido, con motivo de la comisión de las conductas denunciadas.

14.               g. Audiencia. El quince de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 472 de la Ley Electoral y, en su oportunidad, la autoridad instructora remitió a la Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.

III. Trámite en la Sala Especializada

15.               a. Remisión del expediente. En la misma fecha, se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta Sala Regional, a efecto de verificar su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

16.               b. Turno a ponencia y radicación. El tres de marzo, el Magistrado Presidente asignó al expediente la clave SRE-PSC-21/2021, y lo turnó al Magistrado Luis Espíndola Morales quien lo radicó en su ponencia y, una vez verificados tanto los requisitos de ley como su debida integración, elaboró el proyecto de resolución conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

17.                    PRIMERA. Competencia. La Sala Especializada es competente para resolver este asunto por tratarse de un procedimiento especial sancionador relacionado con el mensaje del Presidente de la República, en su conferencia de prensa matutina de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el que se denuncia una presunta promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental con contenido electoral, la vulneración al principio de imparcialidad y el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.[4]

18.                    SEGUNDA. Resolución en sesión no presencial. Con motivo del acuerdo del treinta de marzo de dos mil veinte por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19), la Sala Superior emitió los acuerdos generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020 por los que autorizó la resolución no presencial, entre otros, de asuntos urgentes y aquellos relacionados con los procesos electorales que iniciaron en dos mil veinte.

19.                    El uno de octubre siguiente emitió el acuerdo 8/2020, por el que dejó insubsistentes dichos criterios y autorizó la resolución no presencial de todos los asuntos, de ahí la justificación para resolver el presente procedimiento de esa forma.

20.                    TERCERA. Causas de improcedencia. Esta Sala Especializada no advierte, de oficio, la actualización de alguna causa de improcedencia y las partes denunciadas no adujeron alguna a lo largo de la etapa de investigación ni en la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que no existe impedimento para analizar el fondo del asunto.

CUARTA. Cuestión previa.

21.                    Mediante escrito presentado ante la autoridad instructora el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el representante propietario de Morena ante el Consejo General del INE, solicitó al Director de la UTCE que remitiera a la Sala Especializada el expediente formado con motivo de la recusación que formuló previamente a la sesión extraordinaria de quince de enero, refiriendo que dichos elementos servirían para que la autoridad jurisdiccional valorara en el fondo la conducta del Consejo General al emitir el acuerdo INE/CG/26/2021 relativo al dictado de medidas cautelares derivado de la denuncia del presente procedimiento.

22.                    Asimismo, manifiesta que “también se les dijo que el tema no se detenía ahí, sino que en las declaraciones formuladas tomaron una inaudita actitud de Parcialidad hacia el denunciante, soslayando que ellos (los Consejeros) únicamente son el árbitro y no parte del procedimiento, generando con ello un efecto corruptor del Procedimiento Especial sancionador que lo ha viciado de origen, pues es evidente que no existe imparcialidad en la sustanciación, donde la autoridad responsable es también parte activa e interesada en que se sancione, más que en descubrir la verdad histórica”.

23.                    Al respecto, esta Sala Especializada considera que no asiste razón al promovente en relación con estimar que el presente procedimiento incurre en un vicio de origen.

24.                    En principio, porque esta autoridad jurisdiccional no tiene competencia para pronunciarse respecto a las actuaciones del Consejo General del INE al resolver sobre las medidas cautelares derivadas de las denuncias presentadas.

25.                    En todo caso, dichas determinaciones pueden impugnarse mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral .

26.                    Máxime que, respecto del caso concreto su actuación derivó de lo ordenado por la Sala Superior, justamente en la resolución al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2021 y la determinación emitida por el Consejo General fue impugnada por Morena mediante el incidente de incumplimiento que promovido el veinte de enero de dos mil veintiuno y éste ha sido resuelto el dieciocho de febrero siguiente en el sentido de revocar el acuerdo INE/CG/26/2021.

27.                    Circunstancias que nos permiten establecer que la petición de Morena en la promoción que se analiza, ha sido atendida por la autoridad que es competente para revisar las determinaciones del Consejo General del INE al dictar medidas cautelares derivadas de los procedimientos especiales sancionadores.

28.                    Por otro lado, refiere el partido político que, desde su perspectiva, existe un efecto corruptor del presente procedimiento que lo vicia de origen porque no existe imparcialidad en su sustanciación, por la actitud parcial de los Consejeros cuya recusación solicitó.

29.                    Al respecto, esta Sala Especializada considera que es inexacta la apreciación de Morena, pues en la sustanciación del procedimiento especial sancionador no ha tenido intervención el Consejo General del INE ni los Consejeros cuya recusación solicitó.

30.                    En ese sentido, cabe precisar que el diseño legislativo del procedimiento especial sancionador prevé una distribución competencial que asegura el cumplimiento del principio constitucional de acceso a la justicia efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución, incluyendo el derecho de las personas a que las decisiones que toman los órganos administrativos y jurisdiccionales de la materia, cuenten una instancia revisora que tendrá la facultad de confirmar, modificar o revocar la determinación correspondiente

31.                    Así, si bien en términos del artículo 459, párrafo 1, de la Ley Electoral son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador, el Consejo General, la Comisión de Denuncias y Quejas, y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, tratándose de los procedimiento especiales sancionadores  en los que se denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución, será la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral quien instruirá el procedimiento, de conformidad con el artículo 470 de la Ley Electoral, como fue en el presente caso.

32.                    En esa virtud, el presente procedimiento ha sido sustanciado, en su totalidad por la UTCE.

33.                    Ahora bien, respecto de las medidas cautelares dictadas en el presente procedimiento, fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE quien, el treinta de diciembre de dos mil veinte, mediante acuerdo ACQyD-INE-33/2020, declaró procedente el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria, a fin de garantizar los principios constitucionales, principalmente los de imparcialidad, neutralidad y el de la equidad de la contienda y, ante la evidencia preliminar de una posible continuidad de actos que se vinculan con la materia electoral realizados por el Presidente de la República, se le ordenó abstenerse de continuar realizando actos que impliquen una posible trasgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, con el fin de resguardar el principio de equidad en el proceso electoral en curso.

34.                    Dicha determinación fue impugnada y la Sala Superior asumió competencia para resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador correspondiente, tomando en consideración que el denunciado era el Presidente de la República.

35.                    El citado órgano superior estableció que, en el caso concreto, debía ser el Consejo General quien se pronunciara sobre el dictado de las medidas cautelares derivado de su competencia originaria y residual por la trascendencia e importancia del asunto, así como las particularidades del mecanismo de comunicación analizado y de la medida inhibitoria no está expresamente previsto como competencia de la Comisión de Quejas y, menos aún, de los órganos desconcentrados del INE.

36.                    Tal circunstancia permite establecer que, incluso, de manera ordinaria, el dictado de las medidas cautelares corresponde a la citada Comisión de Quejas y que, en asuntos particulares, será el Consejo General quien deba pronunciarse al respecto.

37.                    Así las cosas, conforme al diseño legislativo del procedimiento especial sancionador, y tomando en cuenta que la denuncia presentada por el PRD refería la probable transgresión al artículo octavo del artículo 134 de la Constitución, la competencia para su sustanciación correspondió a la UTCE  y, de la revisión del expediente, se advierte que en ninguna de las actuaciones que lo conforman hubo intervención del Consejo General del INE ni de alguno de sus consejeros.

38.                    Aunado a lo anterior, corresponde a esta Sala Especializada la resolución del procedimiento, es decir, a una autoridad distinta, de carácter jurisdiccional, decidir si se acredita la infracción denunciada o no e, incluso, en términos del artículo 476, párrafo 2, de la Ley Electoral, cuando este órgano jurisdiccional advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas para el procedimiento especial sancionador, deberá ordenar al INE la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban efectuarse y el plazo para llevarlas a cabo.

39.                    En esa virtud, es claro que la normativa prevé los mecanismos de revisión de las actuaciones de la autoridad instructora, con lo que se garantiza su apego al principio de legalidad.

40.                    Además, también las decisiones de esta Sala Especializada son revisables por la Sala Superior, de manera que, conforme al diseño legal, existen los medios de revisión de cada una de las etapas del procedimiento especial sancionador.

41.                    Así, la sustanciación del procedimiento, que ordinariamente corresponde a la UTCE en la temática del presente asunto, puede revisarse por la Sala Especializada, quien puede ordenar que se complemente.

42.                    Luego, la determinación sobre la actualización de la infracción es de la competencia del citado órgano jurisdiccional y dicha decisión puede impugnarse para que conozca del caso la Sala Superior.

43.                    En igual sentido, la decisión sobre la concesión o no de medidas cautelares que, ordinariamente corresponden a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y aun las tomadas por el Consejo General del mismo órgano, son impugnables ante la Sala Superior, como fue en este caso.

44.                    En ese escenario, a diferencia de lo que sostiene Morena en el escrito que se analiza, no hay motivo para considerar que se actualiza algún vicio de origen en el presente procedimiento especial sancionador, en el cual no ha tenido intervención alguna el Consejo General del INE ni alguno de los consejeros cuya recusación solicitó, además de que existe el diseño normativo conforme al cual, las actuaciones derivadas de dicho procedimiento cuentan con los medios de impugnación que garantizan su apego al principio de legalidad.

QUINTA. Estudio del caso.

I.                    Materia de la denuncia

45.          1. Denuncia. El PRD presentó queja en la que denunció lo que en su concepto actualiza una indebida intromisión del Presidente de la República en el proceso electoral que actualmente se desarrolla, por considerar que parte del mensaje que expuso en su conferencia matutina del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, constituye la utilización indebida del tiempo de propaganda gubernamental para dar mensajes político-electorales, en transgresión a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

46.          Hace referencia a que en el minuto 13:27 un reportero le pregunta “¿cómo va a buscar que haya elecciones libres? ¿qué opinión le merece la alianza?” y al dar respuesta a esos planteamientos, entre otras cosas menciona “se están uniendo en contra de nosotros porque estamos defendiendo la causa que enarbolamos durante muchos años y que ahora estamos llevando a la práctica como a la realidad, pero desde luego eso es muy legítimo, parte sustancial de la democracia es que haya oposición”

47.          El PRD aduce que en esas expresiones el  Presidente habla por “nosotros”, es decir por los integrantes de su partido, mostrándose como un candidato más en plena campaña electoral.

48.          Asimismo, afirma que el Presidente ealiza declaraciones relacionadas con las estrategias electorales ya iniciado el proceso electoral, lo cual tiene prohibido por la Constitución porque los servidores públicos deben abstenerse de hacer uso de propaganda electoral con recursos públicos pues conforme al artículo 134 los recursos que están bajo el mandato de cualquier persona servidora pública no pueden ser empleados para hacer propaganda.

49.          Además, conforme al párrafo séptimo del mismo numeral, se prohíbe a los servidores públicos desviar recursos que están bajo su responsabilidad para su promoción, explícita o implícita para posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales o para favorecer a determinado partido político, precandidatura o candidatura.

50.          Considera que la conducta del  Presidente de la República transgrede lo dispuesto en los párrafos primero, quinto, séptimo, y octavo del citado artículo 134 porque conforme a éstos, está obligado a aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

51.          En su concepto, las conferencias matutinas constituyen propaganda gubernamental y, por tanto, su contenido solo puede tener fines informativos, educativos y de orientación social, sin embargo, el  Presidente utiliza los tiempos del Estado para fines personales y con ello transgrede los principios de imparcialidad y equidad, que son los bienes tutelados en las citadas disposiciones.

52.          Refiere que el titular del Ejecutivo Federal tiene una posición privilegiada como comunicador y no le está permitido que hostigue a las instituciones o personas que son voces disidentes de su gobierno, pero lo hace, pues su discurso no es propaganda gubernamental sino expresiones de descalificación y ataque político, usando para ello las herramientas del Estado, con lo que transgrede los límites que establece la Constitución al poder discursivo del gobierno.

53.          Igualmente, considera que se transgrede la prohibición para los poderes públicos de aportar donativos a los partidos políticos o candidaturas porque el Presidente emite propaganda con fines políticos para beneficiar a Morena de manera directa, siendo que solo puede difundir propaganda con fines informativos, educativos o de orientación social.

54.          Además, en consideración del promovente, el discurso del Presidente encuadra en lo prohibido por las fracciones I y II del resolutivo séptimo de los Lineamientos de imparcialidad, conforme a los cuales se considera que atentan contra el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y afectan la equidad en la contienda electoral el condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos o el otorgamiento de servicios, la realización de obras públicas u otras similares, a la promesa o demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de algún partido, a la abstención de votar o a la no emisión del voto, en cualquier etapa del proceso electoral.

55.          De esta forma, el PRD sostiene que el Ejecutivo Federal transgrede la equidad que debe imperar en la contienda electoral, principio que se tutela con la prohibición de los actos anticipados de campaña y, con esto evitar que alguna opción política se aventaje indebidamente en relación con sus opositores iniciando antes su campaña, lo que pudiera provocar una mayor oportunidad de difusión.

56.          Por último, el promovente refiere que se actualizan los elementos personal, temporal y objetivo previstos en la jurisprudencia de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”[5].

I. 2. Defensa de las partes involucradas

I. 2. 1. Presidente de la República

57.                    - Niega lisa y llanamente que se hayan utilizado indebidamente recursos públicos en contravención a la normatividad de la materia, toda vez que durante su intervención en la conferencia de prensa realizada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en ningún momento realizó expresiones de carácter electoral con el objeto de influir en las preferencias de los ciudadanos y, menos aún, se hizo un llamamiento al voto.

58.                    - No utilizó los recursos públicos que están a su disposición en contravención a la normatividad electoral y, menos aún, que se haya vulnerado el principio de imparcialidad con motivo de la realización de la conferencia de prensa de 23 de diciembre de 2020.

59.                    - En ningún momento emitió pronunciamiento para hacer un llamado al voto para considerar que, de manera abierta y sin ambigüedades, se posiciona como una opción positiva o negativa frente a la ciudadanía de cara a las elecciones en desarrollo.

60.                    - Sólo se limitó a hacer del conocimiento de los medios de comunicación, el estado en que se encuentra la administración pública e informar sobre los asuntos de interés general del país.

61.                    - Únicamente hizo una referencia genérica al legítimo actuar de determinados partidos políticos y ciudadanos para aliarse en los comicios, sin que se hubiera identificado a qué candidaturas o puestos de elección se refería y tampoco llamó a votar a favor o en contra de una propuesta de campaña o plataforma electoral determinada.

62.                    - Considera que, en el caso no se demuestra que el Presidente de la República haya indebidamente dispuesto de recursos públicos para afectar la equidad en los procesos electorales, ni se acredita que el contenido de sus mensajes haya inducido a votar a favor o en contra de algún partido político o candidatura determinado, en violación al principio de equidad electoral.

63.                    - La promovente es omisa en aportar las pruebas idóneas y suficientes para acreditar su dicho, ya que no basta la simple afirmación de que alguna conducta afecta el principio de imparcialidad en materia electoral.

64.                    - Contrario a lo señalado por el PRD, las manifestaciones en la conferencia de prensa del 23 de diciembre de 2020 no constituyen la utilización indebida de recursos públicos y su contenido no está dirigido a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

65.                    - Como se puede observar del contenido íntegro de la citada conferencia de prensa no hizo un posicionamiento ya que únicamente respondió preguntas de los reporteros.

66.                    - Que en dicha conferencia solo se contestó las preguntas de un reportero debidamente acreditado y que presta sus servicios en un medio público del Estado mexicano, lo cual no invalida la presunción de validez de un legítimo ejercicio democrático, ya que en ningún momento se identificó a partido político, coaliciones o candidatura alguno por lo que resulta totalmente falso que se hayan vulnerado los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

67.                    - El ejercicio periodístico no está condicionado a la naturaleza del medio de comunicación o al origen del reportero que ejerce tal derecho; por lo que, no es óbice que el reportero que realizó la pregunta cuente con un contrato de prestación de servicios con la institución denominada Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

68.                    - Debe prevalecer el principio de presunción de inocencia a su favor ya que, en el caso que nos ocupa, los hechos que se le imputan no se encuentran demostrados con pruebas idóneas y suficientes que lo vinculen con la supuesta aplicación parcial de recursos públicos en contravención del artículo 134 de la Constitución Federal; a !a par de que tampoco existen elementos probatorios que demuestren conculcación alguna al principio de imparcialidad en la contienda electoral, ya que no existe en curso ninguna campaña electoral.

I. 2. 2.  Morena

69.                         - Las conferencias matutinas posibilitan un ejercicio democrático, abierto y plural de comunicación gubernamental. Son un acto público en donde el Presidente transmite acciones del gobierno y responde a preguntas de los medios de comunicación.

70.                         - La importancia de la propaganda gubernamental es notoria en un Estado democrático, en tanto visibiliza, entre otros, los servicios, obligaciones, derechos, difunde acerca de campañas de distinta índole, y alerta sobre riesgos relacionados con protección civil.

71.                         - No se configura la propaganda gubernamental en periodo prohibido, en tanto la etapa de campañas, como la jornada electoral, aún son eventos futuros de fecha establecida.

72.                         - Tampoco se advierte de forma objetiva, inequívoca e implícita que la finalidad de los dichos sea la de influir a favor o en contra de determinado instituto político, servidor público, precandidatura o candidatura, ni que esté orientada a generar una aceptación de la ciudadanía a favor de Morena.

73.                         - El ejercicio periodístico amparado por la libertad de expresión resulta imperante, en tanto en el SUP-REP-3/2021, la autoridad judicial considera que el ejercicio de preguntas y respuestas que se lleva a cabo en las conferencias matutinas "constituye un legítimo ejercicio periodístico amparado por la libertad de expresión que goza de una presunción de licitud que debe ser derrotada en cada caso".

74.                         - Las expresiones denunciadas no son propaganda, se tratan de ejercicios informativos que no tienen que ver con el debate político.

75.                         - La autoridad de manera improvisada y sin fundamento certero, impuso parámetros "novedosos", para regular las expresiones futuras del Presidente de la República, con el fin de que no las realice.

76.                         - La conferencia de prensa, aborda temáticas diarias y relevantes de interés general, y que las expresiones realizadas por el Presidente de la República en el evento denunciado, constituyen su postura acerca de un tema de interés común, lo anterior, en el pleno ejercicio de la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano mexicano.

77.                         - No se advierte un llamado explícito o implícito e inequívoco para votar en favor o en contra de una candidatura o partido político, ni elementos que lleven a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades que se está pretendiendo generar un posicionamiento político-electoral que pudiera incidir en la equidad en el proceso electoral.

78.                         - El discurso emitido en la referida conferencia de prensa matutina se apega al contenido permitido de expresiones de carácter genérico durante el proceso electoral, porque el Presidente sólo difunde información de contexto histórico, la cual ha estado durante mucho tiempo dentro de la agenda nacional y por consiguiente, es de interés público, tal es el caso de la alianza electoral de diversos institutos políticos, lo cual demuestra lo desacertado de los argumentos contendidos en la queja.

79.                         - MORENA no ha sido beneficiado con las conductas denunciadas, toda vez que las declaraciones son de contenido genérico, aunado a que nunca se mencionó de manera explícita, directa e inequívoca a dicho partido político.

80.                         - Las manifestaciones realizadas en la conferencia de prensa matutina celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, no provocan inequidad en la contienda toda vez que, aunque el Presidente toca temas de interés genérico, nunca hace referencia ni menciona a Morena y no hace un llamado al voto a favor de dicho instituto político.

81.                         - En el caso el Presidente de la República no actúa como militante de Morena porque goza de licencia en cuanto a su militancia. 

82.                         3. Infracciones denunciadas. En la queja se imputa al  Presidente de la República la violación a los párrafos primero, quinto, séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución porque, en concepto del promovente, la conferencia matutina del veintitrés de diciembre de dos mil veinte el Presidente utilizó expresiones que configuran promoción personalizada, empleo de recursos públicos con fines electorales, contenido prohibido en la propaganda gubernamental y, en consecuencia, transgresión a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

I.                    Hechos

83.                    Para determinar la actualización o no de la infracción se debe establecer la existencia de los hechos denunciados, conforme al material probatorio, lo cual se analiza a continuación.

84.                    1. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

85.                    1.1. Certificación que se realice la autoridad electoral nacional del contenido del vínculo electrónico https://www.facebook.com./lopezobrador.org.mx/videos/169452378200885 en el que está alojada la conferencia denominada “mañaneras del  Presidente” del veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

86.                    1. 2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del escrito de denuncia, en todo lo que le beneficie.

87.                    1. 3. Presuncional legal y humana, consistente en todo lo que pueda deducirse en lo que le beneficie.

88.                    II. 2. Pruebas de las que se allegó la autoridad instructora.

89.                    II. 2. 1. Acta circunstanciada de veintinueve de diciembre de dos mil veinte en la que se verificó la red social Facebook, respecto a la conferencia matutina en cuestión y se certificó el contenido de la liga electrónica identificada de la siguiente forma: https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/169452378200885[6].

90.                    Asimismo, se certificó la existencia de las cuatro publicaciones insertas en el escrito inicial de la denuncia de los perfiles @beltrandelrio; 88.9 Noticias y Joaquín López Dóriga[7].

91.                    II. 2. 2. Oficio de treinta y uno de diciembre, firmado por el Director del CEPROPIE, mediante el cual dio respuesta al requerimiento de la autoridad instructora, e informó[8]:

         Que dicho órgano administrativo no difundió en los medios de comunicación el evento, sino que únicamente tiene por objeto la coordinación de las grabaciones en video de las actividades públicas del titular del ejecutivo federal y solo pone a disposición por vía satelital los materiales audiovisuales, de forma íntegra y sin edición alguna, para que con total libertad e independencia determinación de contenidos los medios de comunicación, si así lo consideran hagan uso de dicha señal para efectos noticiosos, en ejercicio de la libertad de prensa y acceso a la información pública.

         No hay un costo de producción determinable por actividad de cobertura televisiva, sino que se cuenta con un presupuesto asignado y que el número de personas que participan es variable de acuerdo a la disposición de personal para cubrir las funciones de producción, dirección, transmisión, auxiliares y técnicos y, que en el evento en concreto participaron veintidós personas.

         Tampoco hay facturas o contratos relacionados con gastos erogados con motivo del evento referido porque la cobertura audiovisual de las actividades públicas del Presidente de la República es parte de sus atribuciones legales y reglamentarias.

92.                    2. 3. Oficio CGCSYVGR/DGPA/240/2020[9], presentado el cuatro de enero de dos mil veintiuno, firmado por el Director General de Planeación y Administración, adscrito a la Coordinación de Comunicación Social, quien en respuesta al requerimiento respectivo informó:

93.                    A dicha unidad le corresponde coordinar la realización de la conferencia de prensa, pero no tiene intervención en el contenido de la información o mensajes que se emiten, sino que únicamente proporciona el personal de logística, fotógrafos e intérpretes de lenguas de señas mexicanas.

94.                    No existe constancia sobre los gastos de producción, porque no se erogan recursos presupuestales para la cobertura de los eventos institucionales y que únicamente participaron seis funcionarios públicos adscritos a esa unidad.

95.                    Tampoco existen contratos o facturas que amparen la erogación de gastos pues estos no se producen.

96.                    2. 4. Correo electrónico institucional de seis de enero de dos mil veintiuno, enviado por el titular de la Dirección de Prerrogativas[10], por el que respondió el requerimiento que le fuera formulado el treinta de diciembre de dos mil veinte e informó que entre sus atribuciones están las de verificar y monitorear los promocionales de radio y televisión pautados por los partidos políticos, autoridades electorales y candidaturas independientes, no así, el monitoreo de contenidos distintos a los ordenados por el Instituto, por lo que el monitoreo y verificación de mensajes o conferencias del Gobierno Federal no le corresponde.

97.                    Sin embargo, realizó un monitoreo manual en las grabaciones de las emisoras que son monitoreadas dentro del Catálogo de Señales del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo a nivel nacional, a fin de identificar la transmisión de la conferencia de prensa del Presidente de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, obteniéndose los datos que se adjuntaban al correo y se proporcionaban los testigos de grabación correspondientes.

98.                    2. 5. Oficio CGCSYVGR/DGPA/011/2021[11], de ocho de enero, firmado por el Director General de Planeación y Administración, adscrito a la Coordinación de Comunicación Social, por el que contestó el requerimiento del día anterior e informó:

         Que no existe vínculo, contrato, encargo o entrega de alguna prestación a las o los periodistas o medios de comunicación que asisten o participan en las conferencias de prensa que se llevan a cabo en Palacio Nacional.

         En cada una de las conferencias de prensa matutinas asisten diferentes representantes de los medios de comunicación y la información relativa a los nombres de los periodistas que participan realizando preguntas al  Presidente de la República es pública y puede ser localizada en la plataforma de Gobierno, específicamente en el apartado de versiones estenográficas, utilizando el siguiente vínculo electrónico: https://www.gob.mx/presidencia/archivo/articulos?idiom=es&filter_id=5169&filter_origin=archive aclarando que los periodistas se identifican antes de formular su cuestionamiento.

         No se paga o entrega prestación alguna a los periodistas que participan y preguntan al Presidente de la República en las conferencias de prensa.

         El Gobierno de la República no utiliza los tiempos asignados al Estado para la transmisión de las conferencias de prensa.

99.                    2. 6. Correo electrónico[12] de doce de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE[13], en respuesta al requerimiento correspondiente, mediante el cual informa que se detectaron 76 piezas informativas vinculadas a la conferencia de prensa y anexa el informe respectivo en el que se incluye el vínculo electrónico como testigo de la nota respectiva.

100.                II. 2. 7.  Correo electrónico institucional de trece de enero del año actual, enviado por el Director Ejecutivo, quien, en respuesta al requerimiento previo informa que se realizó el análisis a la transmisión de la pauta correspondiente a las 111 emisoras de radio y televisión que transmitieron la conferencia de prensa matutina el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, de las 07:00 a las 08:59 (horario en que se transmitió la conferencia), generándose el informe de monitoreo respectivo y que derivado de dicho análisis, se identificaron 4 emisoras que no transmitieron 7 promocionales pautados por el INE .

101.                II. 2. 8. Acta circunstanciada de quince de enero, firmada por el Titular, la directora de Procedimientos Especiales Sancionadores y el subdirector de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la UTCE, en la que se hizo constar la búsqueda en internet para identificar el nombre y datos del reportero que intervino en la conferencia matutina de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, particularmente quien formuló cuestionamientos que condujeron a las manifestaciones del  Presidente de la República, que son materia de la denuncia.

102.                De su contenido, se advierte que se verificó la liga de internet https://www.gob.mx/presidencia/archivo/articulos?idiom=es&filter_id=5169&filter_origin=archive y se accedió al apartado de la conferencia de prensa del Presidente de la República de 23 de diciembre de 2020, donde se verificó quién fue el periodista que le formuló las preguntas relacionadas con la denuncia, obteniéndose que fue Miguel Arzate, quien, según su dicho, pertenece al Sistema Público de Radiodifusión.

103.                Luego, se ingresó al buscador Google las palabras Miguel Arzate Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano obteniendose en la página oficial de dicho sistema que su nombre completo es Miguel Ángel Arzate Ramírez. En el buscador de la citada página se introdujo su nombre y se accedió al apartado de Contrato por honorarios del ejercicio 2020, obteniéndose datos relacionados con el correspondiente a la mencionada persona y con las remuneraciones respectivas, así como la descripción de los servicios contratados, quien también aparece en el apartado de “Sueldos 2020” y en el de “Directorio 2020”, en el que se especifica un número de teléfono oficial, su extensión, un correo electrónico oficial, con datos actualizados al “30/09/2020”[14].

104.                II. 2. 9. Oficio CGCSYVGR/DGPA/017/2021, de veinte de enero de dos mil veintiuno, con el que el Director General de Planeación y Administración de la Coordinación de Comunicación Social remitió bitácora o registro de asistentes, entre ellos, los periodistas que participaron en la conferencia matutina de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, así como la copia certificada de la acreditación de Miguel Ángel Arzate Ramírez, quien aparece en la mencionada bitácora.