PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-24/2020

DENUNCIANTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN

SECRETARIO: RAYMUNDO APARICIO SOTO

COLABORÓ: FABIOLA JUDITH ESPINA REYES Y VICTOR MANUEL PÉREZ CHÁVEZ

SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción consistente en la vulneración a lo dispuesto en los artículos 24, 130 y 134 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la difusión de un promocional en radio, televisión y redes sociales, para dar a conocer el Segundo Informe de Labores del Presidente de la República en el que se adujo la utilización de expresiones con carácter religioso, con la finalidad de vulnerar la equidad en la contienda de los procesos electorales locales en Hidalgo y Coahuila, así como del proceso electoral federal, lo anterior, toda vez que del análisis integral del contenido del promocional se advierte que se trata de propaganda gubernamental válida y las expresiones que se emplearon no generan un quebranto a los principios de laicidad y separación Estado-Iglesia, aunado a que no se advierte la referencia a una fuerza política-electoral en particular.

Además, se determina la existencia de la infracción consistente en el incumplimiento de la medida cautelar, atribuida a diversas concesionarias de radio y televisión que se encontraron en el supuesto de no haber suspendido la transmisión del promocional denunciado, de conformidad con lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, motivo por el cual se les impone una sanción.

GLOSARIO

S E N T E N C I A

Que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil veinte.

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE, registrado con la clave SRE-PSC-24/2020, integrado con motivo de los escritos de queja presentados, respectivamente, por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional contra Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente de la república, así como demás denunciados, y

R E S U L T A N D O

I.     Antecedentes

1.               De las constancias que integran el expediente, y de lo expuesto por las partes, es posible desprender lo siguiente:

           Procesos electorales en Coahuila[1] e Hidalgo[2] 2019-2020.

2.               Las etapas de los procesos electorales en dichas entidades federativas ordinariamente debieron desarrollarse de la siguiente manera:

3.                   No obstante lo anterior, el treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)[3].

4.               Por otra parte, el treinta de julio, el Consejo General del INE acordó reanudar los referidos procesos electorales locales,[4] para ello se determinó que el periodo de campañas de dichos procesos electorales locales se realizaría del cinco de septiembre al catorce de octubre; y por lo que respecta a la jornada electoral, esta se llevaría a cabo el 18 de octubre.

5.               Finalmente, respecto de los procesos electorales y federales 2020-2021, debe señalarse que el pasado siete de septiembre dio inicio el proceso electoral en donde se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos en los treinta y dos estados del país (diputaciones, ayuntamientos o alcaldías, gubernaturas, según corresponda), cabe mencionar que la jornada electoral se llevará a cabo el seis de junio de dos mil veintiuno[5].

II.   Sustanciación del procedimiento especial sancionador

6.            El veintiocho de agosto, los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, a través de sus representantes propietarios ante el Consejo General del INE, respectivamente, presentaron escritos de queja contra Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la difusión en radio, televisión y redes sociales del gobierno, de un spot que promociona la rendición del segundo informe de labores del citado mandatario federal.

7.            Lo anterior al considerar, desde su perspectiva, que indebidamente se utilizan símbolos y expresiones de carácter religioso, ello al hacer alusión al Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica, refiriendo además que ayudar a los pobres es el centro del Evangelio, lo cual trasgrede los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal, afectando con ello la contienda electoral de los procesos electorales locales en Hidalgo y Coahuila, así como del proceso electoral federal. En suma, el PAN señala que el promocional aludido se aleja de dar a conocer la presentación o emisión de un informe de gestión obteniendo así utilidad y provecho político.

8.            Además, sostiene que el promocional se difunde con el objeto de menoscabar a las fuerzas políticas opositoras al gobierno federal al utilizar en su discurso la expresión “los conservadores” con la intención de hacer referencia al último de los partidos políticos citados, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal.

9.            En esa misma fecha, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/63/2020; reservó la admisión y el emplazamiento a las partes involucradas, además, determinó acumular la queja al procedimiento UT/SCG/PE/PRD/CG/62/2020, al versar esencialmente sobre los mismos hechos denunciados y existir conexidad en la causa.

10.            El treinta de agosto siguiente, la autoridad instructora admitió a trámite las quejas recibidas y remitió a la CQyD-INE la propuesta sobre la adopción de las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes.

11.            Ahora, el treinta y uno de agosto, mediante el acuerdo ACQyD-INE-15/2020 la referida comisión declaró la procedencia de las medidas cautelares a efecto de suspender la difusión del spot, al considerar que bajo la apariencia del buen derecho y, a partir de un análisis al mensaje del promocional denunciado, advirtió que en el mismo se utilizan frases para externar posturas ajenas y distintas a la materia que debió ser informada con motivo de un informe de labores, además de la utilización de símbolos y expresiones religiosas que no están permitidas para los mensajes de esa naturaleza, ni para cualquier acto de rendición de cuentas sobre asuntos públicos.

12.            Por tanto, determinó que las alusiones a un líder religioso pudieron resultar contrarias al principio de laicidad que debe regir todo acto público, en la medida que se aparta de las obligaciones estatales de, por una parte, garantizar la pluralidad religiosa y el ejercicio libre y pacífico de esta libertad y, por otra, de la obligación de mantenerse ajeno y alejado de creencias personales, dogmas y, en general de cualquier cuestión religiosa.

13.            Inconforme con la resolución anterior, el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación interpuso un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, mismo que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral en el expediente con clave SUP-REP-101/2020, por medio del cual determinó confirmar la medida cautelar impuesta, al considerar que bajo un análisis preliminar, que el spot denunciado contiene expresiones que aluden a un personaje y a un documento representativo de una religión, como son el Papa Francisco y el Evangelio, de ahí que su inclusión en un mensaje cuyo propósito es informar a la ciudadanía respecto de las acciones gubernamentales llevadas a cabo de manera reciente y dado el contexto particular de su difusión, al estar en curso los procesos electorales locales en Hidalgo y Coahuila, así como por su cercanía al periodo de campañas, se podría incidir en los principios de laicidad y de libertad religiosa.

14.            Finalmente, refirió que sería esta Sala Especializada la que, en plenitud de jurisdicción, analizaría en el fondo el contenido del mensaje, a efecto de determinar su legalidad.

15.            Por otra parte, mediante acuerdos de dos, catorce y dieciocho de septiembre, la autoridad instructora realizó diversas diligencias de investigación relacionadas con el probable incumplimiento a las medidas cautelares, mismas que se desahogaron en su oportunidad.

16.            Así las cosas, el veinticinco de septiembre la autoridad instructora determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el seis de octubre y, una vez concluida, se remitió el expediente a esta sala especializada.

III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada

17.            En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta sala especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, el cual se remitió de inmediato a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

18.            El treinta de octubre siguiente, el magistrado presidente acordó integrar el expediente con clave de identificación SRE-JE-13/2020 y lo turnó a la ponencia a su cargo.

19.            A través del acuerdo plenario de referencia, se requirió a la autoridad instructora para que remitiera diversas constancias de notificación necesarias para la emisión de la presente resolución, lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 476 de la Ley General.

IV. Nuevo trámite en la Sala Especializada

20.            Recepción. En su momento, la autoridad instructora remitió a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional diversas constancias requeridas con motivo del acuerdo plenario, las cuales fueron turnadas nuevamente a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

21.            Turno a ponencia. El nueve de diciembre el Magistrado Presidente, acordó integrar el expediente SRE-PSC-24/2020 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

22.            Radicación. En su oportunidad, el Magistrado ponente radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. COMPETENCIA

23.            Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, al tratarse de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la difusión de propaganda gubernamental en radio, televisión y redes sociales oficiales del gobierno federal, lo cual puede contravenir los artículos 24, 40, 130 y 134 párrafo octavo de la Constitución Federal, lo anterior, al denunciarse que su contenido se aleja de dar a conocer la presentación de un informe de gestión y en cuyo mensaje se incluyen expresiones de carácter religioso que pudieran causar una afectación al principio de laicidad, en detrimento de la equidad en la contienda de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, así como del proceso electoral federal[6].

24.            De igual forma, esta Sala Especializada es competente para conocer sobre el presunto incumplimiento de lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares dictado por la CQyD-INE, atribuible a diversos concesionarios de radio y televisión que difundieron el promocional denunciado en fecha posterior a la que debía de suspenderse su transmisión, lo anterior, al ser del conocimiento exclusivo del ámbito nacional[7].

25.            Al respecto, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 41 Base III, apartado A, párrafo tercero[8], y apartado D[9], 99, párrafo cuarto, fracción IX[10], y 116 Base IV, inciso c) numeral 7 de la Constitución Federal[11]; 186, fracción III, inciso h)[12], 192[13] y 195, último párrafo[14], de la Ley Orgánica; 470, párrafo 1, inciso a)[15], 476[16] y 477[17] de la Ley General, así como el artículo 41[18] del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

26.            La Sala Superior mediante los Acuerdos Generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020[19], estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencias de las Salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19.

27.            En este sentido, la misma Sala Superior a través del Acuerdo General 8/2020[20], determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación, por tanto, quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados. Sin embargo, las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias.

TERCERA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

28.            Las causales de improcedencia deben ser analizadas de manera previa al análisis de fondo en el Procedimiento Especial Sancionador, toda vez que de configurarse alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada.

-Improcedencia de la vía

29.            La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía[21] plantea la incompetencia de la vía del presente procedimiento especial sancionador, al señalar que el tipo de infracciones que se denuncia, son competencia de las autoridades administrativas al estar relacionadas con la difusión de los informes de labores de un servidor público.

30.            No le asiste la razón al sujeto denunciado, toda vez que la conducta que se denuncia, consistente en la presunta difusión indebida de propaganda gubernamental relacionada con un informe de gestión transmitida en radio, televisión y redes sociales con expresiones de carácter religioso, puede llegar a tener incidencia en los procesos electorales de los estados de Coahuila e Hidalgo, mismos que ya habían iniciado al momento de la difusión del promocional denunciado, además del probable impacto al proceso federal en curso.

31.            Lo anterior toda vez que, de la interpretación de los párrafos octavos y noveno de la Constitución, la conculcación de la norma relacionada con los informes de labores y su difusión puede tener impacto en ámbitos competenciales distintos al electoral, tales como el administrativo, civil o penal.

32.            Por lo cual, si bien como lo refiere el denunciado, la referida Ley General de Comunicación Social[22] establece como infracción a su normativa, que la contravención a lo dispuesto para los informes de labores[23] debe perseguirse por la vía de responsabilidades administrativa o penal, también se advierte que esta legislación, no prevé una regulación expresa para posibles infracciones que impacten en materia electoral y la competencia para su conocimiento, esto más allá, de prohibir, en su articulado, que los fines de difusión tengan fines electorales o que estos se realicen dentro del periodo de campaña electoral.

33.            Por lo que, en el caso, la competencia de la vía de la conducta denunciada que se analiza, debe interpretarse sistemática y, armónicamente, en relación con los artículos 41 Base III y 134, párrafo octavo de la Constitución Federal[24] y por consiguiente atender lo dispuesto en los artículos 470, inciso a), 473, 449, inciso e) de la ley general electoral[25], mismos que facultan al INE y a esta Sala Especializada para instruir y resolver respectivamente, el procedimiento especial sancionador cuando se denuncie la comisión de faltas  cuyo medio comisivo sea la radio y la televisión, que esta afecte a los procesos electorales en curso y que con ello se pueda trasgredir lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional.

34.            En ese sentido, si bien se advierte una concurrencia de las legislaciones que tipifican las infracciones y un régimen sancionatorio, en relación con la difusión de informe de labores, se puede concluir que contrario a la interpretación normativa que aduce la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, este órgano jurisdiccional resulta competente para conocer de la infracción denunciada en la vía que se estudia, al ser preponderadamente electoral, ya que de actualizarse una contravención a lo dispuesto en la norma, esta pudo impactar directamente en los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, al haberse cometido durante su transcurso y por su cercanía de la jornada comicial, así como por su probable impacto al proceso electoral federal, lo anterior, con la finalidad de garantizar la equidad en la contienda propio del modelo de comunicación política tutelados por el artículo 134, párrafo octavo en el ámbito electoral[26].

35.            Motivo por el cual la causal de improcedencia de la vía que se invoca por parte de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía no resulta atendible.

36.            CUARTA. DIVERSAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS DURANTE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN RELACIÓN CON EL EMPLAZAMIENTO

37.            En el presente procedimiento diversas concesionarias que comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos manifestaron que la autoridad instructora no fundó ni motivó el acuerdo de emplazamiento, asimismo, señalan que se omitió precisar de manera pormenorizada circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción denunciada. Al respecto, los comparecientes que adujeron dicha circunstancia fueron las siguientes:

Cadena Tres I, S.A. de C.V.; Compañía Periodística Sudcaliforniana, S.A. de C.V.; La Voz de Linares, S.A.; Multimedios Radio S.A. de C.V.; Radio Informativa S.A. de C.V.; Elisa Salinas Enríquez, César Aníbal Moreno Salinas, Franco Ulises Moreno Salinas y Betzabe Moreno Salinas; Radio Chihuahua, S.A.; Israel Beltrán Montes, Claudio Mario Bres Medina; Cadena Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V.; Administradora Arcángel, S.A. de C.V.; Sociedad de Medios, S.A. de C.V.; GA Radiocomunicaciones, S.A. de C.V.; Radio Sistema de Occidente, S.A. de C.V,; Radio Informa, S.A. de C.V.; Estéreo Mundo, S.A. de C.V.; Mi Gran Esperanza, A.C.; Radio de Cuautla, S.A. de C.V.; Radio Televisora del Valle, S.A.; Radio Antequera, S.A. de C.V.; Multimedios en Radiodifusión Morales, S.A. de C.V.; Fórmula Radiofónica, S.A. de C.V.; Radiodifusora XEHS, S.A. de C.V.; GPM Grupo Promomedios Mazatlán, S.A. de C.V.; Comercial Libertas, S.A. de C.V.; Fórmula Radiofónica, S.A. de C.V.; Promotora Radiovisión, S.A. de C.V.; Radio Difusora XHFL, S.A. de C.V.; Sonora Emedios, S.A. de C.V.; Medios y Editorial de Sonora, S.A. de C.V.; Sucesión Moisés Félix Dagdug Lutzow; Televisora de Occidente, S.A. de C.V.; Radiodifusoras El Gallo, S.A. de C.V.; y Frecuencia Modulada de Tuxpam, S.A.  de C.V.

38.            En ese sentido, las concesionarias son coincidentes en argumentar que la autoridad instructora, en su acuerdo de emplazamiento, no estableció con claridad la conducta que se les imputa, al señalar que resultan inaplicables los artículos por los que se le emplazó, puesto que el 447 de la Ley General, refiere como sujetos responsables de la infracción, únicamente a dirigentes y afiliados de Partidos Políticos, así como cualquier otra persona física y moral; y que el 452 respecto a los concesionarios, se señala la fracción e), la cual resulta genérica, sin que se especifique la infracción en la que supuestamente incurrió; además de que también genéricamente, se atribuye el posible incumplimiento de medidas cautelares respecto la suspensión de unos promocionales, sin embargo, omitió señalar de manera pormenorizada circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción denunciada, motivo por el cual aducen se violenta su garantía de audiencia.

39.            No obstante, este órgano jurisdiccional considera que, en el acuerdo de emplazamiento al procedimiento especial sancionador, de veinticinco de septiembre[27], en su punto “Tercero. Incumplimiento de medida cautelar”, se realizó una narración de los hechos denunciados que dieron origen el procedimiento con motivo del incumplimiento de la medida cautelar, es decir se señaló la infracción que se les imputaba a cada uno de las concesionarias y los artículos constitucionales y legales en las que se fundamentó la falta, entre ellos los artículos 447, párrafo 1, inciso e) y 452 párrafo 1, inciso e), que establecen las faltas atribuibles tanto a la personas morales y a los concesionarios de radio y televisión, por lo que, no se considera que existe una vulneración a la garantía de audiencia en el presente asunto.

40.            Además, se debe precisar que, en el acuerdo de emplazamiento, se puso a disposición para consulta y confronta de las concesionarias, los testigos de grabación generados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos[28] del INE, respecto los informes de detección o reportes de monitoreo que obran en autos del expediente, a efecto de garantizar su derecho al debido proceso[29], concluyéndose que, con ello, se definieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

QUINTA. CONTROVERSIA

41.          De conformidad con lo referido previamente, esta Sala Especializada, advierte que los aspectos a dilucidar son los siguientes:

a) La contravención a lo dispuesto en los artículos 24[30], 40[31], 130[32] y 134 párrafo octavo de la Constitución Federal; en relación con el 242, párrafo 5[33]; 449, párrafo 1, inciso g) de la Ley General, atribuible a Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República; Rodolfo González Valderrama, Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal, y a Martha Jessica Ramírez González, Directora General de Comunicación Digital de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.

42.          Lo anterior, con motivo de la difusión de un promocional en radio, televisión y redes sociales, relacionado con el Segundo Informe de Labores del Presidente de la República, al aducirse que su contenido se aleja de dar a conocer la presentación de un informe de gestión y en cuyo mensaje se incluyen expresiones de carácter religioso que pudieran causar una afectación al principio de laicidad, en detrimento de la equidad en la contienda electoral en los procesos locales que se desarrollan en Coahuila e Hidalgo, así como en el proceso electoral federal.

b) La presunta transgresión a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal; 447, párrafo 1, inciso e); 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley General, así como el artículo 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE , atribuible a diversas concesionarias de radio y televisión, derivado del supuesto incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares ACQyD-INE-15/2020, emitido el treinta y uno de agosto, por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mismas que a continuación se enlistan:

SEXTA. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

43.            Antes de analizar la legalidad o no de los hechos materia del presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba relacionados con la infracción que se analiza, que constan en el expediente.

I. MEDIOS DE PRUEBA

Pruebas que constan en el expediente

44.            Documental Pública. Acta circunstanciada de veintiocho de agosto[34], realizada por la autoridad instructora, con el objeto de verificar la existencia y contenido de diversas ligas de internet aportadas por los promoventes en sus escritos de queja, en los cuales se advierte la difusión del video denunciado en la red social de Facebook perteneciente a Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se certificó la existencia del video en el portal de pautas de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.

45.            Documental Pública. Consistente en los oficios 5.1181/2020[35] y 5.1184/2020[36] de veintiocho y treinta y uno de agosto respectivamente, presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través de los cuales da contestación a los requerimientos formulados por la autoridad instructora y remite a su vez el oficio CGCSYVGR/DGPA/185/2020, emitido por la Dirección General de Planeación y Administración de Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, en el que se precisa lo siguiente:

         El promocional denunciado forma parte de la campaña de comunicación social relativa al Segundo informe de Gobierno, el cual fue colocado en las plataformas oficiales de YouTube[37], Facebook[38] y Twitter[39].

         Manifiesta que compete a la Secretaría de Gobernación la administración de los tiempos oficiales respectivos para su difusión en radio y televisión.

         Adjunta un CD con el promocional de referencia.

         Informa que la Dirección General de Comunicación Digital del Presidente, adscrita a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, que se encuentra a cargo de Martha Jessica Ramírez González, es quien tiene facultades para administrar las cuentas del usuario Andrés Manuel López Obrador y que la administración de dichas cuentas no genera recurso alguno.

46.            Documental Pública. Consistente en el oficio 5.1194/2020[40] de treinta y uno de agosto, a través del cual la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación  del Titular de la Oficialía de la Secretaria Particular del Presidente de la República, expone que de la búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría Particular del Presidente de la República, no se localizó información o documentación relacionada con la difusión del promocional denunciado, lo anterior, al manifestar que en términos del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, carece de atribuciones para conocer de los hechos materia de la queja de referencia.

47.            Documental Pública. Consistente en el oficio DGRTC/1108/2020[41] de primero de septiembre, emitido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, a través del cual se informa lo siguiente:

         Que dicha Unidad Administrativa únicamente ordenó la transmisión del promocional objeto del requerimiento, a través de tiempos oficiales, no así a través de Cadena Nacional.

         Dicho promocional fue denominado para efectos de las referidas órdenes de transición de tiempos oficiales como “Segundo Informe de Gobierno Versión/Spot 4”.

         La orden de transmisión del referido promocional, se emitió únicamente hasta el treinta y uno de agosto, según consta en las órdenes de cancelación de transmisión de esa misma fecha, de conformidad al oficio AUR/047/2020 de 31 de agosto (dirigido a las concesionarias de radio) y oficio sin número de esa misma fecha (dirigido a las concesionarias de televisión). Se adjuntan en copia certificada en legajo como anexo a su escrito.

         Se reitera que el promocional únicamente fue ordenado para su transmisión del veinticinco y hasta el treinta y uno de agosto, fecha última en la que se ordenó cancelar la transmisión respectiva a dicho promocional, de conformidad con los oficios y las constancias que aporta como anexo; por lo cual, manifiesta que ya no debió ser difundido.

         Que dicha Dirección General, ordenó para el referido periodo, la transmisión del promocional a todas las estaciones de radio y televisión del país, con excepción de las concesionarias de televisión ubicadas en Hidalgo y Coahuila, dado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base III, apartado A, de la Constitución Federal, ante la reanudación de los procesos electorales de dichas entidades federativas, se cede la totalidad de minutos susceptibles de administración en canales de televisión al INE.

         Señala que las pautas correspondientes a tiempos oficiales del periodo del veinticinco al treinta y uno de agosto, están contenidas en las órdenes de transmisión identificadas con los números de oficios DTORT/0582/2020 y DTORT/583/2020 (pauta para radio) y DGRTC/1055/2020 (pauta para televisión). Se ofrece copia certificada de los oficios citados.

         Informa sobre la distribución y el número de impactos de tiempos oficiales relativo al referido material, en las estaciones de radio y canales de televisión del país.

         Adjunta un disco compacto, que dice contener el listado detallado de los concesionarios de radio y televisión en el país a los cuales se les ordenó la difusión en los Tiempos Oficiales.

48.            Documental Pública. Consistente en los reportes de vigencia y detecciones del material pautado emitido por la Dirección de Prerrogativas del INE, a través del Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión[42], con fechas de emisión del treinta de agosto, dos y doce de septiembre[43] por medio de los cuales informa y remite los monitoreos de la difusión del promocional en radio y televisión durante el periodo del veinticuatro de agosto al siete de septiembre; en dichos monitoreos se advierten fechas de transmisión, concesionarias que transmitieron y el impacto en las diversas entidades de la república mexicana. Se adjuntan a sus comunicaciones, discos compactos que contienen la referida información.

-Pruebas recabadas en relación con el cumplimiento de la medida cautelar

49.            Documental Pública. Consistente en el oficio 5.1201/2020[44] de primero de septiembre emitido por la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través del cual remite, a su vez, el oficio CGCSYVGR/DGPA/186/2020 emitido por el Director General de Planeación y Administración de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería General de la República, en el que realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de las medidas cautelares, tales como las siguientes:

         Que se emitió el oficio CGCSYVGR/DGPA/091/2020, dirigido a los titulares de la Dirección General de Comunicación Digital del Presidente y Dirección General de Comunicación y Estrategia, para el efecto de llevar a cabo la “baja del contenido del video” objeto del procedimiento.

Adjunta para ello, impresión de pantalla de los correos electrónicos enviados a los titulares de dichas direcciones generales.

         Asimismo, se acompaña documentación en la que se observa que la Directora General de Comunicación Digital del Presidente, informa que el treinta y uno de agosto fue retirado el video de todas las plataformas digitales del Presidente, señalando para tal efecto que la instrucción fue cumplida.

50.            Documental Pública. Acta circunstanciada de dos de septiembre[45], elaborada por la autoridad instructora, a través del cual certifica que en las páginas de redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter que administra el gobierno federal, ya no fue posible encontrar el material denunciado.

51.            Documental Pública. Oficios DGRTC/1194/2020 y DGRTC/1210/2020[46] de quince y de diecinueve de septiembre, emitidos por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, a través de los cuales informa lo siguiente:

         Que se solicitó a las concesionarias la suspensión de la transmisión desde el treinta y uno de agosto, mediante oficio AUR/047/2020 y otro sin folio de esa misma fecha; adicionalmente, precisa que se emitieron los Avisos de Cancelación con números de oficios DGRTC/1111/2020 (concesionarios de Radio) y DGRTC/1112/2020 (concesionarios de televisión), ambos de primero de septiembre, a fin de reiterar la cancelación de la difusión del promocional denunciado, hecha desde un día antes. Acompaña impresión de los oficios referidos.

Del análisis a los oficios en comento, se aprecia lo siguiente:

-Oficio DGRTC/1111/2020, de primero de septiembre, en el que se “Reitera aviso de Sustitución de Campaña. A todas las radiodifusoras de la República Mexicana (incluye Coahuila e Hidalgo).” En el oficio solicita dar cumplimiento al “Aviso de fecha 31 de agosto (AUR/047/2020)”, por medio del cual se solicitó “Cancelar desde el lunes 31 de agosto y hasta el final de sus pautas de Tiempo Estado”, la campaña relacionada con el spot identificado con el nombre “Segundo Informe de Gobierno. Versión Spot 4” 

-Oficio DGRTC/1112/2020, de primero de septiembre, en el que se “Reitera aviso de Sustitución de Campaña. A todas las televisoras de la República Mexicana (excepto televisoras de Coahuila de Zaragoza e Hidalgo).  En el oficio solicita dar cumplimiento al “Aviso de fecha 31 de agosto sin número, por medio del cual se solicitó “ se cancelara a partir del 31 de agosto en las pautas de Tiempo de Estado de los periodos 01-06 de septiembre y 01- 04 de septiembre, la campaña identificada con el nombre “Segundo Informe de Gobierno. Versión Spot 4” 

         Exhibe impresión de las pautas de transmisión de Tiempos Oficiales correspondientes del uno al seis de septiembre, así como del siete al catorce de septiembre, en los cuales señala que se dejó de pautar el promocional denunciado.

         Por otra parte, se adjuntan las comunicaciones internas entre unidades de dicha dependencia gubernamental[47], de las que se desprende que:

-La Dirección de Tiempos Oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, tuvo conocimiento de la medida cautelar, el 31 de agosto, al enterarse vía internet del Comunicado de Prensa 222 emitido por el INE, en el que se dio cuenta de lo resuelto en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, referente a la adopción de las medidas cautelares del citado procedimiento, motivo por el cual dicha unidad informó lo conducente a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía a efecto de que ordenara a las concesionarias el cese de la difusión del promocional.

-A efecto de dar cumplimiento, se emitieron los oficios AUR/047/2020 de 31 de agosto y oficio sin número de esa misma fecha, dirigidos a todas las radiodifusoras y televisoras del país en los que se ordena el retiro y sustitución del promocional, los cuales fueron hechos del conocimiento de las concesionarias, a través de la emisión de correos electrónicos en los que se advierte fecha y hora del envío, mismos que se adjuntan en disco compacto.

Bajo dicho supuesto, refiere que desde el treinta y uno de agosto, la dirección en comento dio cumplimento a la sustitución del promocional.

-En adición a ello, precisa que el primero de septiembre, recibió notificación del oficio INE-UT/02362 del INE en el que se le hace del conocimiento del acuerdo de la medida cautelar, por lo que, a través de la plataforma electrónica oficial denominada “Sistema de Distribución Digital de la Información y Materiales de Radio y Televisión (DDIM)” se emitieron los oficios DGRTC/1111/2020 y DGRTC/1112/2020, en el que se solicitó, a manera de reiteración, dar cumplimiento a los avisos de cancelación y sustitución del spot señalado. Para ello publicó en el sitio institucional www.rtc.gob.mx/pautas/ las ordenes de cancelación, en el cual todos los concesionarios tienen libre acceso.

Refiere que la plataforma DDIM constituye un medio de notificación oficial respecto de las obligaciones a cargo de los concesionarios de radio y televisión, como lo es, entre otras la relativa a la difusión de los denominados Tiempos Oficiales[48].

Por lo cual, precisa que el primero de septiembre fueron publicados los oficios señalados en el referido sistema, para ello, adjuntó impresión de pantalla en la que se advierten los avisos de cancelación publicados en dicho portal.

52.            Asimismo, precisó que en términos del resolutivo segundo del acuerdo ACQyD-INE-15/2020, únicamente ordenó a las concesionarias involucradas a través de dichos oficios, que dejaran de difundir el respectivo promocional, más no les notificó el referido acuerdo cautelar, al no haber sido ordenado por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

53.            Documental Pública. Consistente en la comunicación de veintiuno de septiembre y nueve de noviembre vía Sistema de Gestión del INE[49], efectuado por la Dirección de Prerrogativas, a través del cual informa que en cumplimiento al acuerdo ACQyD-INE-15/2020, dicha unidad administrativa giró instrucciones a efecto de realizar las notificaciones a todas las concesionarias de radio y televisión, respecto de la obligación contenida en dicha medida cautelar. Adjunta una relación de los domicilios, nombre del concesionario y representante legal de las emisoras que aduce la autoridad instructora se encontraron en un supuesto de incumplimiento en el que obran acuses de notificación efectuados, mismas que se anexan en discos compactos.

54.            De igual forma, anexa la huella acústica generada de los promocionales denunciados en su versión de radio y televisión.

-Pruebas aportadas por las concesionarias relacionadas con el incumplimiento a la medida cautelar

55.            Por su parte diversas concesionarias de radio y televisión aportaron distintos medios de prueba, mismas que se detallan y se valoran en el ANEXO 1 de esta sentencia, las cuales se exhiben para pretender acreditar sus manifestaciones. Dichos medios de prueba serán analizados en el fondo de esta sentencia para determinar la responsabilidad que corresponda.

Valoración legal de las pruebas.

56.            Las documentales públicas ostentan pleno valor probatorio, al ser emitidas por diversas autoridades competentes en ejercicio de sus funciones[50], en términos de lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3, inciso a)[51], así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General[52].

57.            Las pruebas identificadas como documentales privadas deben analizarse con los demás elementos de prueba conforme a lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b)[53], así como 462, párrafo 3 de la Ley General[54], por lo que en el caso tienen el carácter de indiciarias.

58.            Por último, se debe precisar que algunos de los escritos presentados con motivo de los requerimientos de la autoridad instructora, si bien proceden de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, en principio constituirían documentales públicas con pleno valor probatorio, no obstante, dada su naturaleza y por presentarse para dilucidar los hechos controvertidos o en defensa de la parte  denunciada, deben analizarse con los demás elementos de prueba para acreditar los hechos que con ellas se pretende alcanzar, conforme a lo establecido en los artículos 461 y 462 de la Ley General.

II. HECHOS ACREDITADOS

59.            En ese tenor, una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el valor que ostentan individualmente conforme a la Ley General, lo procedente es identificar los hechos relacionados con la controversia que han quedado acreditados, conforme a la concatenación de las probanzas entre sí.

-Calidad de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República

60.            Es un hecho de conocimiento público y no sujeto a prueba que el primero de diciembre de dos mil dieciocho, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión y rindió protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión para el periodo 2018-2024.

-Realización del Segundo Informe de Labores por parte del Ejecutivo Federal

61.            Es un hecho público y no controvertido[55], que el primero de septiembre fue rendido el Segundo Informe de Gobierno por parte del Ejecutivo Federal.

-Existencia y difusión del promocional denunciado 

62.            Del acta circunstanciada elaborada por la autoridad instructora, del reporte de vigencia y de detección de materiales emitidos por la Dirección de Prerrogativas, así como del reconocimiento por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, se tiene por acreditada la existencia del promocional identificado como  “SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SPOT 4”[56], mismo que formó parte de la campaña de comunicación social relativa al segundo informe de gobierno.

63.            Con base en la información contenida en los reportes de monitoreo emitidos por la Dirección de Prerrogativas, se tiene por acreditado que el spot señalado fue difundido en tiempos oficiales a través de radio y televisión, con un total de 28,330 impactos, de conformidad con lo siguiente:

         Durante el periodo del veinticuatro de agosto[57] y hasta el siete de septiembre[58], el promocional denunciado, fue difundido en su versión de radio a través de diversas concesionarias localizadas en los 32 estados de la república, con un total de 20,674 impactos.

         Durante el periodo del veinticinco de agosto y hasta el seis de septiembre, el promocional denunciado, fue difundido en su versión de televisión a través de diversas concesionarias localizadas a nivel nacional, excluyendo a las televisoras en el Estado Tlaxcala, con un total de 7,656 impactos.

64.            Para ello, se aportó el reporte de detecciones que a continuación se expone:

65.            Al respecto, cabe precisar que del análisis al monitoreo realizado, si bien se advierte que hubo difusión del spot los días cinco, seis y siete de septiembre, tanto en su versión de radio y televisión, esta transmisión se hizo en diversos estados de la república, exceptuando los de Hidalgo y Coahuila en los que transcurría el periodo de campaña de los procesos electorales locales.

66.            Asimismo, se tiene por reconocido que el promocional también fue colocado en las plataformas de redes sociales oficiales del gobierno federal, tales como YouTube[59], Facebook[60] y Twitter[61].

-Contenido del material denunciado

67.            De las certificaciones hechas por la autoridad instructora, así como de los materiales aportados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, se tiene por acreditado el contenido del promocional denunciado; no obstante, con la finalidad de evitar reproducciones innecesarias, el mismo se describirá y analizará en el estudio del caso concreto de la presente sentencia, a fin de que este órgano jurisdiccional determine si se actualiza la infracción denunciada.

-Respecto el cumplimiento de la medida cautelar

68.            De las manifestaciones y documentales aportadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, se tiene por acreditado que el treinta y uno de agosto, la Dirección de Tiempos Oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a dicha unidad administrativa, tuvo conocimiento del contenido de la medida cautelar emitida en el presente procedimiento, al percatarse de una publicación en internet consistente en un comunicado de prensa emitido por el INE referente al tema.

69.            Con motivo de lo anterior, la referida Dirección General, emitió órdenes tendentes a dar cumplimiento, al solicitar a los concesionarios de radio y televisión del país la cancelación de transmisión promocional, de conformidad con los oficios AUR/047/2020 de 31 de agosto (dirigido a las concesionarias de radio) y oficio sin número de esa misma fecha (dirigido a las concesionarias de televisión), los cuales se remitieron a las mencionadas concesionarias por correo electrónico.

70.            Por otra parte, también se tiene por acreditado con las constancias de notificación, que mediante oficio INE-UT/02392/2020[62], se hizo del conocimiento a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación el contenido del acuerdo ACQyD-INE-15/2020, la cual fue practicada por dicha unidad a las 09:40 horas del día primero de septiembre.

71.            En consecuencia de lo anterior, de acuerdo a la información rendida, se tiene por acreditado que el primero de septiembre la referida Dirección General emitió los oficios DGRTC/1111/2020 y DGRTC/1112/2020, dirigidos a los concesionarios de radio y televisión del país a efecto de reiterarles la cancelación de la difusión del promocional objeto de la medida cautelar efectuada un día antes mediante correo electrónico, para hacer del conocimiento de ello, dichos oficios fueron publicados en el portal oficial del Sistema de Distribución Digital de la Información y Materiales de Radio y Televisión (DDIM).

72.            Además de que en el sitio electrónico www.rtc.gob.mx/pautas/, se publicaron las órdenes de transmisión de tiempos oficiales y los materiales correspondientes de sustitución para su descarga respectiva.

73.            Ahora bien, las manifestaciones rendidas en relación al posible incumplimiento por parte de las concesionarias, serán analizados en el fondo del asunto a efecto de verificar la actualización de una posible infracción y con el objeto de evitar una reproducción de argumentos innecesaria.

III. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

74.            Para el estudio de las infracciones, se expondrá el marco jurídico que las regula y posteriormente serán analizadas conforme al siguiente orden metodológico:

a. En primer término, se analizará si el promocional denunciado constituye propagada gubernamental relacionada con un informe de gestión, es decir, si su contenido versa sobre acciones y actividades realizadas por el presidente de la República y del gobierno que representa en el ejercicio de su encargo, a efecto de que esta pueda ser difundida válidamente como parte de su Segundo Informe de Labores.

b. Enseguida, se analizará si las expresiones denunciadas contenidas en dicho promocional, contravienen los principios de laicidad y separación Iglesia-Estado previstos en la Constitución Federal, y con ello, causar una afectación a los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, así como al proceso electoral federal.

c. Finalmente, se atenderá lo relacionado con el incumplimiento de la medida cautelar emitida por el INE.

2. MARCO JURÍDICO

-Principios y alcances constitucionales relacionados con los informes de labores de los servidores públicos.

75.            El artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo octavo establece los alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de comunicación social[63], que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

76.            La intención que persiguió el legislador con tal disposición fue establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también para promover ambiciones personales de índole política[64].

77.            Así, de un análisis del contenido del citado artículo 134, párrafo octavo constitucional se advierte que, en principio, las restricciones en materia de  propaganda gubernamental están dirigidas a los sujetos señalados expresamente, es decir, a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; lo anterior bajo la lógica de que válidamente son esos sujetos quienes difunden propaganda gubernamental atendiendo a su naturaleza de sujetos de derecho público.

78.            En relación con lo anterior, el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General, establece una excepción a la regla constitucional prevista en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, el cual refiere condiciones adicionales a fin de regular el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, a efecto de que no sean considerados como propaganda prohibida[65].

79.            Al respecto, en las Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, resueltas el nueve de septiembre de dos mil catorce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza que el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no consigna alguna excepción permisiva para desequilibrar la competencia partidista o para que, so pretexto de algún informe gubernamental de labores, se asociará a los promocionales respectivos la personalidad de quien lo rindiera.

80.            En ese sentido, la difusión de propaganda gubernamental que prevé el artículo 134 Constitucional, debe articularse con las mismas limitaciones que en forma absoluta establece la Constitución[66], incluyendo con ello, la que se propale con motivo de un informe de gestión.

81.            Es así, que ni siquiera con motivo del informe anual de labores o de gestión de los servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para darlos a conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ni la de incluir en esa propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

82.            Bajo ese supuesto, la Sala Superior, ha señalado que los mensajes que utilicen los servidores públicos a efectos rendir informes de labores, no constituirán propaganda político electoral y en consecuencia su difusión será apegada a Derecho, si su contenido, entre otras cuestiones, se encamina a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad y que no tengan la finalidad de difundir contenido electoral[67].

83.            Asimismo, ha puntualizado que los mensajes alusivos con la promoción del acto atinente a un informe anual sobre la gestión gubernamental pueden propalarse en los medios de comunicación social, siempre que estén delineados para difundir las acciones, actividades, datos y cumplimiento de las metas u objetivos trazados en los planes correspondientes a las funciones desplegadas por los servidores públicos en cumplimiento a sus atribuciones[68].

84.            Por tanto, en lo que respecta al contenido relacionado con un informe de gestión, debe partirse de la premisa atinente a que su esencia es un acto de comunicación con la ciudadanía, entonces los mensajes que se difundan deben tener el propósito de comunicar a la sociedad la auténtica, genuina y veraz actividad de la función pública de la que se rinde cuentas, esto es, las acciones, actividades realmente desplegadas en el propio año y con los datos o elementos vinculados al cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno, como consecuencia de las atribuciones conferidas en los ordenamientos aplicables.

85.            En esa lógica, la Sala Superior, ha señalado que el informe debe limitarse a realizar un recuento del ejercicio genuino, auténtico y veraz de las actividades que se comunicaron a la ciudadanía, esto es, constituirse en corolario del acto gubernamental informativo y no un foro renovado para efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas y actores políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos comiciales.

86.            En suma, la información debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público, esto es, una verdadera rendición de cuentas, porque aun cuando puedan incluirse datos sobre programas, planes y proyectos atinentes al quehacer del servidor público conforme a las atribuciones que tiene conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.

87.            Bajo esa arista, se advierte que la promoción del informe adquiere un contexto que parte del reconocimiento como acto de información de la gestión pública y rendición de cuentas para transmitir a la sociedad el balance y resultados de las actuaciones de los servidores públicos, sin que implique un espacio, se reitera, para la promoción de ideologías o convicciones ajenas a la labor pública anual por quien lo despliega.

88.            Ahora bien, la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-643/2017, señaló que cuando la autoridad administrativa o jurisdiccional examine la propaganda relacionada con informes de labores, por ningún motivo puede analizar de forma aislada o individual el contenido visual o auditivo. Proceder de esa forma, puede generar una distorsión del auténtico mensaje que el servidor público pretende difundir.

89.            Para ello, determinó en dicho precedente que una propaganda de informe de labores será auténtica cuando comunique, de manera genérica o específica, la actividad realizada por el servidor público. Ello, porque la finalidad de la misma es transmitir de manera general cuáles han sido las tareas desempeñadas por el funcionario, no así un desglose pormenorizado de todas sus labores.

90.            Así, la autenticidad significa que el contenido de los mensajes informa las labores del funcionario, lo cual se cumple cuando se dé a conocer o se transmita a la ciudadanía cualquier actividad del servidor público. Por ello, si el contenido contextual de los mensajes de informes de labores alude a las tareas realizadas por el mismo, entonces se cumple la finalidad de comunicar qué fue lo realizado por el mismo.

91.            Ahora bien, para verificar si los mensajes cumplen la finalidad de comunicar lo hecho por el funcionario, es indispensable analizar el contenido de la propaganda en todo su contexto.

92.            Esto es así, porque ninguna norma impone un formato específico de cómo deben ser los mensajes alusivos a los informes de labores, motivo por el cual los servidores públicos están en la aptitud de comunicar sus actividades en la forma que consideren pertinente, siempre que se contenga, aunque sea de manera genérica, lo realizado en determinado periodo.

93.            Por tanto, basta que el elemento personal y el contenido del mensaje, analizados en su contexto, transmitan –ya sea de manera gráfica, auditiva o textual-, cuál fue la tarea realizada por el funcionario.

-En relación con el Informe de Labores del Ejecutivo Federal

94.            En México la soberanía popular reside esencial y originalmente en el pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39[69], de la Constitución Federal.

95.            Para ello, ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados y la Ciudad de México, acorde con los artículos 39, 40 y 41, párrafo primero, de la Constitución Federal.

96.            Los artículos 80[70] y 87[71]  de la Ley Suprema establecen que el Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, quien al tomar posesión de su encargo protestará guardar y hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.

97.            Bajo estas condiciones, es incuestionable que, el Presidente de la República, al ser votado por la ciudadanía y declarado electo para ocupar el cargo, tiene la obligación de respetar el mandato popular y desempeñar el cargo para el cual fue electo, en términos de la Constitución Federal, a la luz de los principios constitucionales de observancia necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

98.            Ahora bien, de conformidad con lo que señalan los artículos 65[72] y 69 de la Constitución Federal, se establece que el Congreso se reunirá a partir del primero de septiembre de cada año para celebrar el Primer Periodo de sesiones del Congreso de la Unión, en el cual el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

99.            Así, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos[73], establece el procedimiento protocolario que debe seguirse para la presentación del informe de labores, en el cual se señala, entre otras consideraciones, la obligación del Presidente de la presentación de un informe que debe versar sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

100.            Por tanto, la propaganda que se difunda con motivo de la difusión de dar a conocer el informe de labores del Ejecutivo Federal, además de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, debe de interpretarse en armonía con los demás principios y restricciones que prevé la norma fundamental a efecto de que ésta no se contravenga.

-Principios de laicidad y de separación iglesia-Estado

i) Libertad religiosa y de culto

101.            El artículo 24 de la Constitución Federal establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

102.            Es decir, debe entenderse que la libertad religiosa incluye el derecho de tener, adoptar, conservar y cambiar de religión o creencia, de manifestarla, individual y colectivamente, en público o privado, así como practicarla y profesarla; así como en su caso, a no profesar religión o creencia alguna, sin que nadie pueda ser objeto de medidas restrictivas o coercitivas que puedan menoscabar dicho derecho, salvo las limitaciones prescritas por la Ley y que sean necesarias para proteger, entre otros valores, el pluralismo y diversidad religiosa, así como los derechos y libertades fundamentales de las personas.

103.            Es importante destacar que, respecto del artículo referido, la doctrina ha diferenciado entre libertad religiosa y libertad de culto, siendo la primera la posibilidad que tiene el individuo de profesar libre y en conciencia la religión que el mismo determine, en tanto que por libertad de culto se ha identificado el ejercicio de la libertad religiosa en concreto, por vía de la adhesión a cierta iglesia y la práctica de los ritos correspondientes.

 ii) Estado laico

104.            En el caso de México, fue a partir de reforma al artículo 130 de la Constitución Política, cuando se reconoció de manera formal el principio de laicidad del Estado Mexicano[74], reafirmando la posición del Estado laico, como principio que garantiza la dimensión privada o la autonomía individual de la libertad de conciencia y de expresión de la religión y culto, con el correlativo deber del Estado de velar para que las colectividades que comparten determinadas creencias o credos, limiten su actuar a quienes voluntariamente las hayan aceptado y, a su vez, de asumir un comportamiento neutral en el ejercicio de la función pública, evitando que las y los servidores públicos incorporen sus propias convicciones o creencias en los asuntos públicos en que deben participar.

105.            A raíz de lo anterior, se ha establecido un proceso de evolución respecto de la libertad de religión, como una imposición al Estado de velar para que las comunidades que comparten determinadas creencias o credos limiten su actuar a quienes voluntariamente deciden adoptar esas convicciones, y no pretender que éstas se generalicen, pues solo así se salvaguarda integralmente el derecho de cada individuo a adoptar la de su agrado, así como el deber de no incorporar las propias convicciones o creencias que en lo individual pueden tener las personas que ejercen la función pública, en los asuntos públicos en que participan las y los servidores del Estado, lo cual se traduce en la exigencia de resolver los asuntos de la competencia del Estado acorde con el orden jurídico construido en el sistema democrático y en los términos de razonabilidad motivada.

106.            Es decir, el principio de laicidad conlleva la idea de independencia entre cualquier organización o confesión religiosa y las autoridades públicas, las cuales, no pueden adherirse a ninguna religión para evitar la interferencia de la religión en los asuntos de Estado y del control del gobierno o poder de ejercicio político.

107.            Lo anterior, se vincula con la llamada “aconfesionalidad” del Estado, entendiéndola como una clara expresión de la libertad religiosa, ya que la efectiva protección de ese derecho requiere una actitud de neutralidad o laicidad del Estado frente a las convicciones religiosas. Ese fin se logra cuando el Estado no privilegia una doctrina religiosa sobre otra, cuando se abstiene de desinhibir cierta práctica religiosa entre los ciudadanos[75] y cuando ejecuta los actos de la función pública al margen de convicciones individuales o confesionales. Por tanto, dicho principio constituye un mandato de optimización, cuyos efectos vinculantes se dispersan en el resto del ordenamiento jurídico.

108.            Implica la prohibición del Estado de imponer, desde el gobierno, determinadas prácticas, ideas, creencias, o concesiones de carácter religioso; es decir, involucra el uso o empleo del aparato estatal para el adoctrinamiento de la población o la prevalencia o imposición de una región sobre las demás.

109.            Lo antes referido, puede certificarse con lo establecido en el artículo 40 de la Norma Suprema, que a la letra señala: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

110.            Esto es importante, ya que la incorporación del término “laico” al referido precepto constitucional, obedeció a diversas ideas expuestas en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos[76], emitido en atención a la reforma al artículo 40 constitucional[77],  entre las que destacan: “La laicidad supone de esa manera la armonización de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares, y; 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas”.

111.            Además, que la laicidad, como clave de la vida democrática, impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, haciendo visible la importancia del reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

112.            Establecido lo anterior, se entiende que la laicidad se presenta como principio y derecho fundamental que acentúa el tipo específico de estado político y la forma en que convergen los derechos desde un espacio de pluralismo, apertura, razonabilidad y tolerancia.

iii) Separación entre Estado-Iglesia

113.            Ahora, respecto del principio de separación del Estado y las iglesias, como principio básico que define la estructura política del Estado mexicano, se puede señalar que, del contenido del artículo 130 de la Constitución Federal, se pueden desprender una serie de principios que rigen las relaciones entre la iglesia y el Estado, entre las que se encuentran las siguientes:

a) Se establece el principio histórico de separación entre las iglesias y el Estado. En consecuencia, se impone la obligación a las iglesias de sujetarse a la ley civil, siendo competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de iglesias y culto público;

b) Se establecen, como marco normativo para la legislación secundaria -misma que será de orden público-, las siguientes directrices:

-1) Tanto iglesias como agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica;

-2) Como consecuencia del principio de separación entre las iglesias y el Estado se determina que:

i) Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;

ii) Mexicanos y extranjeros, cumpliendo los requisitos de ley, podrán ser ministros de culto;

iii) Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles;

iv) Existen diversas prohibiciones y limitantes en materia política y electoral, entre las que destacan:

-Por lo que hace a los ministros de culto: Dichos sujetos no podrán desempeñar cargos públicos ni son sujetos activos del voto pasivo, aunque sí del voto activo; asimismo, los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni participar en reunión política, ni hacer referencia, oponerse o agraviar a las instituciones del país o sus leyes en actos de culto, propaganda religiosa o publicaciones religiosas.

Se establece asimismo la ilegitimidad testamentaria consistente en que los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

-Por lo que hace a las agrupaciones políticas: No podrán llevar por título alguna palabra o indicación que los relacione con alguna confesión religiosa.

-En los templos no podrán celebrarse reuniones de carácter político.

114.            Es decir, se entiende que la razón y fin de la norma es que las relaciones entre la iglesia y el Estado sea reguladas, preservando su separación absoluta.

115.            En ese contexto normativo, a manera de referencia, la Ley de Partidos en su artículo 25, párrafo 1, inciso p) [78], establece como una de las obligaciones de los institutos políticos, la de abstenerse de utilizar símbolos religiosos y realizar expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; y, 14, 21, 29, fracciones I y X, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su conjunto, prescriben los ministros de culto no podrán realizar proselitismo político; de la misma forma, tienen vedado celebrar reuniones de carácter político en los templos; finalmente, establece como infracciones atribuibles a las asociaciones la transgresión de las disposiciones citadas.

116.            De lo anterior se desprende que, el principio de separación Estado-iglesia, encuentra su razón de ser en el carácter laico y aconfesional del Estado Mexicano, considerando que, si el estado no pretende imponer ninguna forma de creencia religiosa resulta entonces, necesario, que en la actividad política no se pretenda obtener un beneficio indebido mediante la utilización de la fe de una comunidad para generar empatía entre el electorado y un determinado actor político.

iv) Suprema Corte de Justicia de la Nación y Sala Superior del Tribunal Electoral

117.            Ahora bien, la concepción normativa de la laicidad se ha desarrollado desde diferentes vías, para ello, se refiere lo ilustrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1595/2006, mediante el que realizó un ejercicio interpretativo, en cuanto a la libertad religiosa contenida en el mismo, reconociéndole una doble dimensión: interna (todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade) y externa (el derecho de practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley).

118.            Respecto de la dimensión interna precisó que la misma se “relaciona íntimamente con la libertad ideológica, y aunque es difícil de definir de un modo que sea general y a la vez útil, atiende a la capacidad de los individuos para desarrollar y actuar de conformidad con una particular visión del mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo divino”.

119.            En tanto que, por lo que hace a la dimensión externa abundó que su “proyección es múltiple, y se entrelaza de modo estrecho, en muchas ocasiones, con el ejercicio de otros derechos individuales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, o la libertad de enseñanza”.

120.            Además de lo resuelto en el amparo directo en revisión 502/2007, en el que manifestó que, para ser neutral en materia religiosa, un Estado liberal y democrático debe abstenerse de respaldar o promover desde sus instituciones, directa o indirectamente, credos religiosos particulares. Pero dado que el principio de laicidad del Estado convive en nuestra Constitución Federal con el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos, éstos deben ver respetado por las autoridades su derecho a ejercerla y deben poder vivir en un contexto legal donde las condiciones para su ejercicio no sean radicalmente desiguales.

121.            En suma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en el amparo en revisión 1049/2017, ratificó que la libertad religiosa es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente como asociado con otras personas,  sin que pueda establecerse discriminación o trato jurídico diverso a los y las ciudadanas en razón de sus creencias; así como la igualdad del disfrute de la libertad de religión por todos los ciudadanos.

122.            Considerando además que este derecho ha sido concebido jurisprudencial y doctrinalmente, como aquel que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma creer, dejar de creer o no creer en una determinada religión, reconociendo a cada hombre su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas. Así, se ha indicado que esta libertad constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad democrática pues descansa en la idea básica del pluralismo.

123.            Por su parte la Sala Superior de este tribunal al resolver el SUP-REC-822/2018, señaló que el principio de laicidad no reside en blindar los asuntos de Estado de creencias o influencias religiosas. En principio, un Estado laico es aquel que mantiene una actitud neutral, o bien, imparcial, frente a las distintas religiones, de forma tal que, por un lado, no favorezca una religión frente a otras y, por tanto, no ejerza una presión en la ciudadanía para adoptar esa religión.

124.            Por otro lado, esta actitud neutral o imparcial implica el respeto absoluto para que la ciudadanía elija, de acuerdo con su concepción del bien, qué religión -o no- quiere ejercer, así como la libertad de ejercerla[79].

125.            Bajo ese entendido, señaló que un Estado laico no es aquel que mantiene una actitud neutral frente a las distintas religiones, sino que mantiene la misma actitud -relativamente- activa frente a las distintas religiones que existen dentro de la sociedad.

v) Perspectiva internacional

126.            Respecto de los estándares internacionales de observancia obligatoria para el estado mexicano, encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12), como el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles (artículo 18), que reconocen y protegen el derecho de toda persona, sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.

127.            En virtud de lo anterior, se destaca lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, en la que estableció que el derecho fundamental de libertad religiosa es uno “de los cimientos de la sociedad democrática” y permite a las personas que “conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias” con absoluta libertad.

128.            Por otra parte, resulta ilustrativo la resolución de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Begheluri and others v. Georgia[80], al reconocer que el rol de los Estados es el de organizadores imparciales y neutrales de las distintas creencias y religiones; y que el rol del Estado es conducir al orden público, la armonía religiosa y la tolerancia de una sociedad democrática.  Así, los Estados deben eliminar tensiones entre grupos religiosos a través de la tolerancia y no de la eliminación de la pluralidad.

129.            En el caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros vs. Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió sobre la disolución de un partido político derivado de la acusación de haberse convertido en un centro de actividades contrario a la Constitución y al laicismo, ello, por promover la doctrina del islam extremista y por pugnar por la instauración de un régimen jurídico religioso conocido como Sharia (ley islámica) y la yihad (la guerra santa) como método político. El Tribunal confirmó su disolución al aducir que, este modelo suprimiría el papel del Estado como garante de derechos y libertades individuales y como organizador imparcial del ejercicio de las diversas convicciones y religiones en una sociedad democrática, al obligar a los individuos a obedecer reglas impuestas por una religión. Por tanto, violaría el principio de la no discriminación de los individuos en el goce de sus libertades públicas, que constituye uno de los principios fundamentales de la democracia[81].

130.            Ahora bien, en el caso “Lautsi contra Italia” Recurso nº 30814/06, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, determinó que la colocación de crucifijos en las aulas de instituciones públicas no ejerce coacción alguna y su influjo no es bastante para constituir una forma de adoctrinamiento con que se atente contra la libertad religiosa negativa de los alumnos, de conformidad a lo que garantiza la Convención Europea de Derechos del Hombre.[82]

131.            El Tribunal Constitucional del Perú al resolver el Recurso de Agravio Constitucional identificado como Exp. N.° 06111-2009-PA/TC, atendió la petición de un ciudadano para que se ordenara el retiro de símbolos de la religión católica como la Biblia o el crucifijo, de todas las salas judiciales y despachos de magistrados a nivel nacional, para ello, desestimó el petitorio demandado, al considerar que no resulta inconstitucional o lesiva de algún tipo de libertad la presencia de símbolos religiosos católicos en lugares públicos[83].

132.            En relación al mismo tema la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió un asunto en el que se denunció la difusión de un mensaje publicado en la red social de su primer mandatario, en el cual se hacía referencia a la conmemoración de una celebración católica y manifestaba encomendar sus oraciones diarias a favor del país que representa; sobre ello, determinó que las creencias personales de su presidente no tuvieron la entidad suficiente para comprometer la postura laica del Estado que representa, en tanto no se materializó en ninguna conducta o política oficial tendiente a favorecer o beneficiar en modo alguno a los practicantes de la religión católica o a las instituciones que hacen parte de dicho credo[84].

133.            Finalmente, en cuestiones doctrinales, José Luis Soberanes[85], ha referido que las prohibiciones en materia política tienen por objeto impedir que se manipulen las creencias religiosas del pueblo. Así pues, el objetivo de tales limitaciones es conservar el carácter objetivo y racional respecto a temas de interés público, puesto que sólo de esa manera se puede lograr que un sistema democrático se mantenga alejado de dogmas y creencias que lo podrían convertir en un régimen autoritario, sin perder de vista que las restricciones previstas en la Ley puedan constituir actos de censura previa que sea violatoria de la libertad de expresar las propias ideas.

134.            Por tanto, la libertad religiosa, concebida como el derecho de cada uno a expresar públicamente, por cualquier medio, sus creencias religiosas, se presenta como una manifestación de la libertad de opinión sobre cualquier materia y, el hecho de que exista una neutralidad del Estado en materia religiosa no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una especie de persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación de tipo religiosa.

135.            De lo expuesto, se advierte que estas normas constitucionales implican el ejercicio de derechos y la imposición de obligaciones dirigidas a sus distintos destinatarios, por lo que cualquier infracción en su ejercicio conlleva a la comisión de un ilícito constitucional que pueda dar lugar a una sanción en la materia que se estudia.

2.3 Incumplimiento de medidas cautelares

136.            Ahora bien, tratándose de las medidas cautelares, los artículos 41, base III, Apartado D, de la Constitución Federal; 468, numeral 4, de la Ley Electoral así como 4, numeral 2, y 7 fracción XVII, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE señalan que dicho Instituto es la autoridad encargada, mediante procedimientos expeditos, de investigar las infracciones e integrar el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

137.            En el procedimiento podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

138.            En ese sentido, si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Unidad de lo Contencioso valora que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la ley.

139.            De ahí que, los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

140.            En estrecha relación con lo anterior, el numeral 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley General establece que constituyen infracciones de los concesionarios de radio y televisión el incumplimiento de las obligaciones señaladas en dicha Ley.

141.            Por consecuencia, de la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones jurídicas precisadas, es posible sostener, que el cumplimiento de medidas cautelares, conforme a su naturaleza y objetivos reconocidos por el legislador, exige que los sujetos que se encuentran obligados a su cumplimiento, deben realizar todas las acciones enfocadas a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la posible infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en las leyes de la materia.

142.            Ahora bien, el artículo 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, establece que tratándose de materiales que se difundan en radio o televisión, en todo caso, se ordenará la suspensión de la transmisión en un plazo no mayor a veinticuatro horas, a partir de la notificación formal del acuerdo correspondiente y que el acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida cautelar se deberá notificar a las partes, en términos de lo establecido en la Ley General y el citado Reglamento.

143.            Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 460, 468, párrafo 4; 471, párrafo 8 de la Ley Electoral, en relación con los numerales 28 y 29 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, conforme al procedimiento y dentro de los plazos precisados, entre otras cuestiones, para la notificación de los acuerdos en los que se impongan obligaciones a los gobernados, la autoridad instructora se encuentra obligada a actuar, en el sentido de que, una vez emitido el acuerdo de medidas cautelares, por la vía más expedita se notificarán a los sujetos obligados a su cumplimiento, siguiendo los términos establecidos en el aludido artículo 29, del citado Reglamento.

144.            Lo anterior, a fin de garantizar que el sujeto obligado al cumplimiento tenga un conocimiento cierto, pleno y oportuno, tanto del acuerdo de medidas cautelares por el cual se obliga a efectuar actos tendentes a la cesación de los hechos que generan una violación a los principios rectores del proceso electoral, como de las razones en que se sustenta el mismo, para que, en su caso pueda preparar los argumentos de defensa y recabar los elementos de prueba que estime pertinentes, o realizar los actos tendentes a que cesen los efectos a los que se encuentran obligados.

145.            Bajo este contexto, la notificación del acuerdo impone una carga que tiene como fin garantizar al involucrado, en su caso, una debida defensa y el conocimiento pleno de lo ordenado por la autoridad, por ello, debe tener conocimiento cierto, pleno y oportuno del mismo, para que prepare los argumentos y recabar los elementos de prueba que estime pertinentes.

146.            Por otra parte, en relación con el cumplimiento de medidas cautelares emitidas por el INE, los concesionarios de radio y televisión deben contar con el plazo razonable para cesar la transmisión de los spots denunciados.

3. CASO EN CONCRETO

3.1 Controversia planteada.

147.            En el caso, debemos recordar que tanto el PRD y el PAN, denuncian la afectación a las contiendas electorales en los estados de Hidalgo y Coahuila, así como del proceso electoral federal, con motivo de la difusión en radio, televisión y en redes sociales, de un promocional relacionado con el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la república, lo anterior, al señalar que en el contenido de dicho spot se hace alusión a símbolos o expresiones religiosas como lo es el nombre del “Papa Francisco” y al “Evangelio”, con lo cual desde su perspectiva, se contraviene el principio de laicidad y de separación Estado-Iglesia contenidos en los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal.

148.            En ese mismo sentido, el PAN argumenta que el contenido del mensaje difundido por el presidente de la república, constituye propaganda política, al aducir que el mensaje no tiene relación con las actividades propias que el mandatario debe comunicar en un verdadero informe de gestión y por el contrario, solo sirve para difundir un posicionamiento ideológico propio del Ejecutivo Federal basado en dogmas religiosos; además de que al hacer referencia a los “conservadores” se hace alusión a dicho instituto político con el fin de menoscabar las fuerzas de la oposición política en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal.

149.            Por otra parte, se aduce el incumplimiento de la medida cautelar atribuible a diversas concesionarias de radio y televisión, toda vez que omitieron suspender la difusión del promocional denunciado.

3.2 Determinación de la controversia

150.            Esta Sala Especializada considera que el promocional difundido con motivo del Segundo Informe de Labores del presidente de la república no contraviene principios constitucionales contenidos en los artículos 24, 40, 130 y 134 párrafo octavo de la norma fundamental, ya que del análisis integral del contenido de su mensaje se advierte que constituye propaganda gubernamental valida a efecto de dar a conocer el informe de gestión del mandatario federal, toda vez que se informa de manera genérica sobre el actuar relacionado con el combate a la pobreza y la implementación de programas sociales, mismos que forman parte del eje rector del plan de trabajo del Gobierno Federal del año a informar.

151.            Así bajo esa línea informativa, si bien en la propaganda gubernamental en comento, el mandatario utiliza palabras con una connotación religiosa, en el caso particular y en el contexto que se utilizan, no implica un quebranto a los principios de laicidad y separación Estado e Iglesia, ya que dichas expresiones se emplean para exponer que existen posicionamientos o concepciones distintas relacionados con la “ayuda social” y el “comunismo”; lo cual, no implica por sí mismo, entre otras consideraciones, que con ello se estén ejecutando acciones gubernamentales con base en creencias religiosas, o que por su sentido, se aduzca que cierto grupo o sector religioso haya intervenido en los asuntos de gobierno para realizar una política social, o incluso, que se promueva desde las instituciones gubernamentales la imposición de credo religioso.

152.            Además, en el promocional no se advierte que el Ejecutivo Federal haga referencia a una fuerza política electoral en particular, es decir, no se alude a alguna precandidatura, candidatura, aspirante o partido político, entre otros actores políticos, a los que pudiese generar un beneficio a fin de incidir en la ciudadanía o manipular sus preferencias electorales de frente a los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo, así como del proceso electoral federal.

153.            Por tanto, esta Sala Especializada, estima que resultan inexistentes las infracciones que se atribuyen al presidente de la república y a las demás personas del servicio público señaladas en el procedimiento que se resuelve.

154.            Por último, se declara la existencia de la infracción atribuible a diversas concesionarias de radio y televisión, que se encontraron en el supuesto de haber transmitido diversos impactos del promocional denunciado posteriores al plazo otorgado para su suspensión en términos del acuerdo ACQyD-INE-15/2020.

3.3 Justificación de la determinación

155.            Para efectos de este apartado, conviene retomar el contenido del material denunciado, mismo que se expone a continuación:

156.            Al respecto, debemos precisar que se tuvo por acreditado que dicho promocional se transmitió en tiempos oficiales, a través de diversas concesionarias de radio localizadas en los 32 estados de la república, con un total de 20,674 impactos, en el periodo del veinticuatro de agosto y hasta el siete de septiembre.

157.            Por cuanto hace a su versión de televisión, se difundió en tiempos oficiales, a través de concesionarias a nivel nacional, excluyendo a las televisoras en el estado Tlaxcala, con un total de 7,656 impactos, durante el periodo del veinticinco de agosto y hasta el seis de septiembre.

158.            Además de precisar, que su difusión no tuvo impacto en los estados de Hidalgo y Coahuila durante el periodo de campañas de los procesos electorales locales, tanto en sus versiones de radio y televisión.

159.            De igual forma, se acreditó que un material con las mismas características fue difundido en las redes sociales oficiales del gobierno federal, en concreto Facebook, Twitter y YouTube.

160.            Del análisis al promocional denunciado, podemos advertir, que el mismo da inicio con la aparición del presidente de la república en una locación al aire libre; de esta manera dicho mandatario emite un discurso en un lenguaje plural y con el contenido siguiente:

         El mandatario afirma: “Tenemos nuestra conciencia tranquila, y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos.”

         En relación con lo anterior, señala: “Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo.”

         Ante ello, manifiesta: “El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, “es el centro del Evangelio”, es para decirles: “tengan para que aprendan”. 

         El promocional concluye, con la imagen del escudo nacional y el logo que identifica al gobierno federal en turno, así como la frase “2° informe Gobierno de México. 2019-2020”.

         Una voz en off de mujer replica: “Segundo Informe Gobierno de México”

161.            En razón de lo anterior, se analiza el promocional en cuestión en los siguientes puntos:

a. El promocional constituye propaganda gubernamental relacionada con un informe de labores.

162.            Ahora bien, como se expuso en la metodología de estudio, en primer término se dará contestación al argumento vertido por el PAN, en su escrito de queja, el cual está encaminado a denunciar, que el contenido del mensaje se aleja de la finalidad de dar a conocer la presentación o emisión de un informe de gestión, toda vez que carece de elementos institucionales o de información relacionada con la rendición de cuentas o de cualquier otro elemento que pueda asemejarse al cumplimiento de la obligación del informe de gestión anual del Ejecutivo Federal.

163.            Al respecto, en el marco jurídico expuesto, se ha vislumbrado la ausencia normativa sobre cómo debe ser la difusión de propaganda relacionada con los informes de labores, ante ello, vía jurisprudencial se han precisado criterios razonables a efecto que el contenido de esos mensajes se ajuste a la finalidad misma de rendición de cuentas previsto en la ley.

164.            En ese sentido, se ha señalado que el contenido del mensaje para dar a conocer un informe de labores debe ser auténtico, genuino y veraz respecto de la actividad de la función encomendada, por lo que, la propaganda que se utilice para dar a conocer el mismo debe versar sobre acciones y actividades realizadas en el ejercicio del cargo, según las atribuciones normativas y por medios ciertos, verificables y abiertos[86].

165.            Con ello, se pretende que los mensajes de informes de labores sean auténticos ejercicios de comunicación hacia la ciudadanía respecto la materialización del actuar público y que su contenido no trastoque lo establecido en el artículo 134, así como las disposiciones electorales y criterios que lo regulan[87].

166.            En ese sentido, se procede a analizar el contenido del mensaje, de conformidad con los elementos expuestos, para determinar su naturaleza como propaganda gubernamental relacionada con un informe de gestión:

i. El contenido del mensaje es auténtico

167.            La Sala Superior, determinó que el contenido de cualquier propaganda de informe de labores será considerado auténtico cuando comunique, de manera genérica o específica, la actividad realizada por el servidor público. Ello, porque su finalidad es transmitir de manera general cuáles han sido las tareas desempeñadas por el funcionario, no así un desglose pormenorizado de todas sus labores[88].

168.            Así, la autenticidad implica que el contenido del mensaje informe sobre las labores del funcionario, lo cual se cumple cuando se dé a conocer o se transmita a la ciudadanía cualquier actividad del servidor público.

169.            Por ello, si del contenido contextual del mensaje se alude a las tareas realizadas por el funcionario público, entonces se cumple con la finalidad de comunicar qué fue lo realizado por el mismo, lo anterior, sin necesidad de especificar de forma detallada y pormenorizada en qué consistieron o cómo se hicieron. Bajo ese supuesto, es indispensable analizar el contenido de la propaganda en todo su contexto.

170.            Esto es así, porque ninguna norma impone un formato específico de cómo deben ser los mensajes alusivos a los informes de labores, motivo por el cual los servidores públicos están en la aptitud de comunicar sus actividades en la forma que consideren pertinente, siempre que se contenga, aunque sea de manera genérica, lo realizado en determinado periodo[89].

171.            En el caso concreto, podemos señalar que la propaganda denunciada, contiene elementos que, analizados de manera integral, permiten concluir que se alude a actividades realizadas por el gobierno que encabeza el presidente de la república, ya que el mismo tiene por objeto difundir de manera genérica, la actuación del gobierno en temas relacionados con el combate a la pobreza y la ayuda social.

172.            En efecto, en el mensaje difundido por el Ejecutivo, manifiesta: “Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos”. Así del análisis a este fragmento, se advierte un mensaje con un lenguaje en plural que, en conjunto con los demás elementos que lo acompañan, permiten advertir que el mandatario federal, expone que el gobierno que representa se ha enfocado en realizar acciones para apoyar a la gente de escasos recursos económicos, a través de diversas ayudas o apoyos, lo que puede traducirse como una política social relacionada con el combate a la pobreza.

173.            Bajo esa misma línea discursiva relacionada con las actividades sobre el combate a la pobreza y la asistencia social, el presidente de la república, refiriere que “Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio, es para decirles: tengan para que aprendan”.

174.            Al respecto, se estima que dicha expresión analizada en la línea discursiva del mensaje, debe entenderse en el sentido de que el mandatario, atiende y da respuesta a un tema relacionado con las supuestas preocupaciones de un indeterminado sector de la población identificado como “los conservadores” atinentes a que, con dichas acciones efectuadas por el gobierno federal avocadas a contrarrestar la pobreza y ayudar a “la gente humilde, a los más necesitados y desposeídos”, pudiese estarse llevando al país a un régimen comunista.

175.            Esto con independencia de lo que refiere el PAN en su escrito de queja al señalar que al referirse a “los conservadores”, se hace alusión a su partido político, ya que no existe indicio alguno en el mensaje del presidente que sostenga dicho supuesto, por lo cual, su afirmación resulta una mera apreciación subjetiva carente de fundamento.

176.            Por el contrario, el mandatario federal realiza dicha aseveración, a manera de abordar una preocupación latente de la ciudadanía relacionada con el actuar del gobierno federal en el marco de sus actividades tocantes a la entrega de los apoyos sociales destinados a la gente de escasos recursos o de “ayuda a los pobres”, lo cual también resulta valido, porque atañe a responder los cuestionamientos de los resultados relacionados con dicha estrategia o labor efectuada por el servidor público durante su mandato.

177.            Por tanto, el contenido del mensaje resulta auténtico ya que expone genéricamente actividades relacionadas con un actuar del servicio público del gobierno federal, relacionadas con el combate a la pobreza y la ayuda social, asimismo es utilizado para atender el cuestionamiento de los resultados o las inquietudes de un sector de la población respecto a esas mismas acciones gubernamentales, esto durante el periodo anual que se informa, por lo que se ajusta a los parámetros dispuestos para la difusión de la gestión de labores

ii. El contenido del mensaje es veraz

178.            En relación con el punto anterior, esta Sala Especializada advierte que de conformidad al documento denominado Segundo Informe de Gobierno 2019-2020 entregado al Congreso de la Unión por la Secretaría de Gobernación[90], las actividades descritas en el promocional tienen sustento en actividades propias de la la Administración Pública Federal, por lo que las aseveraciones del mandatario sobre las actuaciones efectuadas, aun siendo genéricas, pueden resultar verificables al estar relacionadas con los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo presentado en su gestión, como ejemplo se destacan las siguientes:

179.            En el documento se señalan, entre otras, diversas acciones encaminadas a “elevar el nivel de vida de la población particularmente de la más desprotegida y vulnerable”, así como aquellas relacionadas con la implementación de “programas sociales” dirigidos a la población en situación de “pobreza” o en “condiciones de vulnerabilidad”, los cuales se informan como parte de la rendición de cuentas del Segundo Informe de Labores del Ejecutivo Federal.

180.            En ese sentido, se puede concluir que el mensaje propalado aun y cuando difunde acciones o actividades de manera genérica, en el caso particular, existe un soporte factico emitido durante el periodo anual que se informa con el que se puede respaldar su veracidad, lo cual, resulta un elemento que abona a convalidar su naturaleza como propaganda gubernamental relacionada con un informe de gestión.

iii) El contenido del mensaje es genuino

181.            Este órgano jurisdiccional advierte que en el promocional denunciado, también se incluyen la frase y audio que identifican el periodo de gestión que se rinde, al señalar “2° informe Gobierno de México. 2019-2020”; así como la imagen y voz de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le identifica como presidente de la república, por lo que es válido concluir, que el mismo informa sobre actividades propias del Ejecutivo Federal y del gobierno que representa durante dicho periodo, de ahí que se considere que su contenido es genuino, al tener el objeto de dar a conocer el avance en la gestión de dicho servidor público.

182.            Por tanto, contrario a lo que argumentan los partidos denunciantes, el contenido difundido en el promocional no actualiza propaganda política electoral, sino por el contrario, constituye propaganda gubernamental relacionada con un informe de labores al ser auténtico, veraz y genuino; ya que tiene la finalidad de transmitir de manera general cuáles han sido las tareas desempeñadas por el gobierno que encabeza el mandatario federal, esto aun y cuando no se especifique de forma detallada o pormenorizada en que consistieron o como se hicieron; motivo por el cual, desde la perspectiva de sus elementos, la propaganda analizada constituye un verdadero ejercicio de comunicación sobre la gestión anual del presidente de la república de su Segundo Informe de Labores.

b. Las manifestaciones con connotaciones religiosas, en el caso concreto, no vulneran el principio de laicidad y no causaron afectación a las contiendas electorales.

183.            Una vez que se ha determinado que el material denunciado constituye propaganda gubernamental para dar a conocer el Segundo Informe de Labores del Ejecutivo Federal, se procede analizar, si la inserción de diversas expresiones con una connotación religiosa constituye una infracción a los principios de laicidad y separación Iglesia-Estado previstos en la Constitución Federal y con ello se afecte las contiendas electorales locales y federal que se aduce.

184.            Al respecto, el PRD y el PAN, denuncian que en el promocional denunciado se hace alusión a símbolos o expresiones religiosas como lo son el nombre del “Papa Francisco” y el “Evangelio”, lo cual desde su perspectiva resulta ilegal, ya que los actores políticos y servidores públicos deben abstenerse de utilizar en su propaganda símbolos, expresiones, alusiones y fundamentaciones de carácter religioso, o bien, que se utilicen los actos públicos de expresión de libertad religiosa con fines políticos.

185.            De esa manera, los partidos políticos denunciantes son coincidentes en señalar que el Estado debe abstenerse de propagar las doctrinas y preceptos de culto en sus actividades de gobierno como es el Segundo Informe de Labores, ya que las actuaciones de los servidores públicos y de las instituciones gubernamentales, deben estar regidas por la neutralidad que prevé el principio de laicidad.

186.            Así, argumentan que resulta ilegal que en el promocional se realice una analogía de las actividades efectuadas por el actual gobierno con las ideas del culto religioso que profesa el Papa Francisco en el Evangelio con la única finalidad de conseguir adeptos hacia el gobierno federal, así como utilizar dichos elementos para realizar un posicionamiento político basado en elementos religiosos.

187.            Bajo las consideraciones expuestas, es que los partidos políticos, aducen que se vulnera la prohibición del Estado Laico y la prohibición de realizar señalamientos de carácter religioso en la propaganda gubernamental y con ella menoscabar las distintas fuerzas políticas; con lo cual se corrió el riesgo de afectar las contiendas electorales en los Estados de Hidalgo y Coahuila, así como del proceso electoral federal.

188.            Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que las manifestaciones contenidas en la propaganda gubernamental denunciada resultan válidas y no contravienen principios constitucionales, de conformidad a lo siguiente:

189.            En atención al marco normativo expuesto, advertimos que la base del Estado laico mexicano se encuentra, esencialmente, en el artículo 40 que señala la voluntad del pueblo de constituirse en una república laica.

190.            En esa lógica, el Estado debe ser el garante de los derechos de libre elección de religión o de convicciones y es a través de asumir un carácter laico la mejor forma de cristalizarlos. Con ello, se evita que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, de ahí que en los debates que se susciten en los órganos del Estado deba prevalecer como guía de las discusiones, el principio de laicidad.

191.            Para ello, debemos entender también que el principio de laicidad es un concepto dinámico, en el que confluyen libertades y derechos. No significa actualmente y de ninguna manera, la confrontación o negación de una religión, sino tolerancia y libertad amplia de creer y de pensar; significa que todas las Iglesias, sea cual fuere el número de fieles, tienen las mismas consideraciones y todas son iguales frente a la ley y al Estado.

192.            Señalar además que el Estado laico se caracteriza por la neutralidad e imparcialidad del poder político con relación a la profesión de cultos religiosos y a las ideas, convicciones y principios de orden ético que cada persona profese en su ámbito interno.

193.            El principio de laicidad implica la prohibición del Estado de establecer alguna religión oficial, pues el gobierno debe ser neutral y no debe favorecer a ninguna. Por tanto, la laicidad es tolerancia y pluralidad, de ninguna manera puede asumirse una actitud de cerrazón o antirreligión.[91]

194.            Esto implica el respeto entre los individuos, independientemente de sus creencias o maneras de pensar, lo que se traduce como una coexistencia de todos los credos.

195.            Lo anterior, es acorde a lo dicho por la Primera Sala de la SCJN, la cual señala que el segundo párrafo del artículo 24 constitucional consagra el llamado “principio de separación entre las iglesias y el Estado”, debido a que insta al Estado a no “establecer” pero tampoco “prohibir” religión alguna, esto es, a no respaldar como propia del Estado a una religión en particular, manteniéndose al tiempo imparcial y respetuoso con una de las manifestaciones más importantes del pluralismo en las sociedades actuales: el pluralismo religioso propio de la ciudadanía en una democracia contemporánea.

196.            Asimismo, se entrelaza con lo sostenido por la Sala Superior, en el sentido de que el principio de laicidad debe observarse en el actuar de los funcionarios públicos y se caracteriza por el desempeño neutral de las autoridades o del Estado en su conjunto, frente a determinado dogma o religión. De esa manera, el Estado laico es aquel que mantiene una actitud neutral, o bien, imparcial, frente a las distintas religiones, de forma tal que, por un lado, no favorezca una religión frente a otras y, por tanto, no ejerza una presión en la ciudadanía para adoptar esa religión[92].

197.            En el caso concreto, lo que se denuncia es la inclusión de expresiones con connotaciones religiosas en propaganda gubernamental, lo cual pudiese contravenir los principios de laicidad y separación Iglesia Estado y con ello causar una afectación en las contiendas electorales en curso.

198.            Al respecto, como se señaló previamente, el promocional en estudio, constituye propaganda gubernamental difundida a efecto de dar a conocer las actividades del presidente de la república en el marco de su Segundo Informe de Labores, cuyo contenido esencialmente sirve para informar de manera general las acciones de gobierno relacionadas con la ayuda social como parte de una política social relacionada con el combate a la pobreza.

199.            En ese mismo mensaje y en relación a la temática expuesta, el Ejecutivo Federal atiende las preocupaciones de un sector indeterminado de la población a quienes se le nombra como “los conservadores”, y que a decir del mandatario, sostienen que con dicha actividad gubernamental se está “llevando al país al comunismo”.

200.            Ante dicho planteamiento o preocupación, el presidente de la república da contestación con un argumento basado en la misma temática, señalando que “el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio” “es para decirles: tengan para que aprendan”.

201.            En ese sentido, se advierte que el mandatario realiza una exposición sobre dos posicionamientos relacionados con la ayuda social y el “comunismo”, que, si bien pudiese contener elementos con connotaciones religiosas al referirse al líder de la religión católica y a su vez al jefe del Estado del Vaticano, es decir, al Papa Francisco y al Evangelio, esto no implica en consecuencia directa una vulneración al principio de Laicidad y separación Estado-Iglesia.

202.            Lo anterior, toda vez que el mensaje principal del mandatario es dar a conocer las actividades del gobierno que encabeza, así como para exponer que existe un sector poblacional que probablemente está inconforme o pone en duda, los resultados de las acciones encaminadas a apoyar a “la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos”, exponiendo para ello, que existen visiones distintas sobre la concepción del combate a la pobreza y el comunismo.

203.            Es decir, el mensaje que se difunde no está exclusivamente encaminado a exponer argumentos o un posicionamiento ideológico religioso, sino que ésta referencia se ocupa secundariamente para hacer una comparación sobre dos argumentaciones relacionadas con un actuar gubernamental en específico, sin que implique con ello una imposición ideológica de pensamiento basado en un dogma religioso, ya que esto resulta una cuestión secundaria en relación con la temática principal que se aborda.

204.            Además del análisis al discurso, no implica por sí mismo, que con ello se estén ejecutando acciones gubernamentales con base a creencias religiosas, o que por su sentido, se aduzca que cierto grupo o sector religioso haya intervenido en los asuntos de gobierno para realizar una política social, o incluso, que se promueva desde las instituciones gubernamentales la imposición de credo religioso o sobre otro.

205.            Es decir, la expresión utilizada por el presidente de la república que contiene elementos religiosos, se hace como una mera referencia sobre una concepción o visión en voz de un líder político, espiritual y filosófico, sobre lo que implica ayudar a la gente de escasos recursos económicos o en situación de pobreza, esto con la intención de comparar concepciones distintas sobre ese mismo tema; sin que con ello, por esa simple expresión o referencia se atente contra el Estado liberal y democrático previsto en la Constitución Federal.

206.            Lo anterior, porque el discurso del mandatario expuesto en el promocional, se encuentra dentro de los límites de la imparcialidad y neutralidad que prevé el principio constitucional de laicidad; ya que la referencia del “Papa Francisco” y su concepción particular sobre la “ayuda a los pobres”, se hace como un ejercicio de contraste o comparativo para exhibir posturas ideológicas sobre lo que involucra la constitución de un supuesto “gobierno comunista”; lo cual no implica por una parte, que la función organizativa o política del Estado y sus acciones gubernamentales estén basadas en un credo religioso o se haga con la intención de respaldar a una religión o credo en lo particular; ya que no se advierten mayores elementos textuales o visuales en el mensaje que permitan suponer lo contrario.

207.            Asimismo, la referencia comparativa de opiniones contenida en la propaganda gubernamental tampoco entraña una postura de negación o confrontación con otros credos religiosos que convergen en el país; o que, por su aparición de este tipo de expresiones en el contexto del discurso, solo se esté beneficiando a determinado sector de la población por el hecho de profesar cierto tipo de religión o incluso, que involucre el auspicio gubernamental para su imposición.

208.            De igual forma y como se expuso a lo largo del punto en estudio, las expresiones religiosas externadas por el presidente se analizan y entienden en ese sentido, como una expresión, distinto a que el mandatario hubiese realizado alguna declaración o acto de carácter religioso que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de sancionar.

209.            Por lo tanto, en el mensaje del mandatario incluso se pudo haber hecho referencia a cualquier otro tipo de ideología, pensamiento o fundamentación filosófica para abordar el tema expuesto, aún si esta se hubiese asociado a un líder de culto o doctrina religiosa distinta; ya que la manera en que es expuesta en el discurso no implica un quebranto a los principios de pluralismo, apertura, razonabilidad y tolerancia que reconoce el Estado laico mexicano.

210.            Considerar lo contrario, podría llegar al absurdo de discurrir que la única religión que se profesa en el país es la católica, y que por tanto tal circunstancia es la que llevaría a sancionar la mención de una figura en específico de dicha religión, con lo cual resulta evidente que el análisis de que religión es la mayoritaria en un determinado territorio, no es el elemento definitivo, ni suficiente para considerar que se violenta el referido principio de laicidad.

211.            Por otra parte, debe hacerse notar que en el promocional no se advierte que el Ejecutivo Federal refiera a una fuerza política electoral en particular, es decir, no se alude a alguna precandidatura, candidatura, aspirante o partido político, entre otros actores políticos, a la cual pudiese generar un beneficio[93] a fin de incidir en la ciudadanía o manipular sus preferencias electorales[94]. 

212.            Toda vez que como ya se expuso previamente, si bien se hace alusión a “los conservadores”, esta no es una expresión suficiente que permita dilucidar la referencia a algún partido político en particular, esto ya que los supuestos contextuales del discurso no permiten asumir la direccionalidad planteada por el PAN. Además de que no hay elementos que permitan asociar directa o indirectamente el contenido del mensaje con alguna posición ideológica adoptada por el citado partido político en relación con el tema que se aborda[95].

213.            Asimismo, la inferencia del PRD relacionada con la incidencia del mensaje en las personas de determinado culto religioso para generar adeptos hacia alguna preferencia política o electoral, resulta una afirmación genérica y subjetiva, que carece de sustento argumentativo y probatorio que permitan demostrar de que el mensaje del presidente buscó coartar la independencia de criterio y racionalidad de un algún proceso electivo con base en alusiones religiosas; más aún, cuando existen otros elementos que convergen en los ciudadanos al momento de emitir el sufragio, tales  como el nivel de educación, situación económica, edad, género, convicciones internas y externas, entre otros.

214.            Lo anterior, además de que se tiene por acreditado de que la campaña no fue destinada exclusivamente para los Estados con proceso electoral local como Hidalgo y Coahuila, ello, al haber sido difundido a nivel nacional; aunado a que no se advierte algún elemento visual o textual en el mensaje que permita realizar dicha asociación con los procesos electorales locales o federal que se aducen lesionados.

215.            A similares consideraciones arribó la Sala Superior y la Sala Especializada, al resolver el SUP-JRC-182/2016 y SRE-PSD-29/2018[96], en los que determinó, que el hecho de hacer referencia a la visión de un ministro de culto como lo es el “Papa Francisco” sobre temas de pobreza y poder; así como hacer expresiones o citas de un  pasaje Bíblico no actualiza por sí el uso de símbolos religiosos en propaganda electoral, pues para que se considere que tales expresiones infringen la normativa electoral es necesario que se liguen a una opción política a tal grado que afecten la voluntad de la ciudadanía para votar o dejar de votar por esa fuerza política.

216.            Por último, cabe precisar que en el caso, lo que se analiza es la emisión de un mensaje contenido en propaganda gubernamental, por lo que en supuesto de que los denunciantes aduzcan la ejecución de planes gubernamentales u alguna otra acción de gobierno realizadas en concreto por algún funcionario público o por el Estado con la que se señale una violación a los principios constitucionales señalados y que su actuar no esté relacionado con el Derecho Electoral, deben ser analizadas en lo individual por las autoridades competentes con el objeto de investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables por su violación.

217.            En atención a lo expuesto, se declara la inexistencia de las infracciones objeto de estudio.

c. Estudio sobre el incumplimiento a medidas cautelares

218.            En el caso particular, la autoridad instructora inició de oficio el posible incumpliendo a las medidas cautelares dictadas en el acuerdo ACQyD-INE-15/2020 de treinta y uno de agosto, el cual se atribuye a 181 emisoras de diversas concesionarias de radio y televisión toda vez que se aduce, fueron omisas en suspender oportunamente la difusión del promocional objeto del presente procedimiento especial sancionador, lo anterior, de conformidad a los puntos de acuerdo siguientes:

“PRIMERO. Se declara PROCEDENTE la adopción de medidas cautelares respecto del promocional denunciado pautado en la pauta ordinaria y de precampaña federal, de conformidad con los argumentos esgrimidos en el apartado I del Considerando CUARTO.

SEGUNDO. Se ordena al Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía que, en un plazo no mayor a seis horas a partir de la legal notificación del presente proveído, ordene a las concesionarias involucradas que dejen de difundir el promocional denominado “TVC1952020 SEGOB”, mismo que fue identificado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto con los folios SV00354-20 (televisión) y SA00675-20 (radio).

TERCERO. Se ordena a las concesionarias de radio y televisión que estén en el supuesto del presente acuerdo, para que de inmediato en un plazo que no podrá exceder de doce horas a partir de la notificación del presente acuerdo, se abstengan de difundir el promocional denominado “TVC1952020 SEGOB”, mismo que fue identificado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto con los folios SV00354-20 (televisión) y SA00675-20 (radio).

CUARTO. Se ordena al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a que realice las acciones necesarias, a efecto de que informe a los concesionarios de radio y televisión, que se encuentren en el supuesto, que no deberán difundir el promocional denominado “TVC1952020 SEGOB”, mismo que fue identificado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto como TVC1952020_SEGOB_2DO INFGOB_SPOT 4.

QUINTO. Se ordena a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México que, de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, siguientes a la notificación de la presente resolución, elimine o baje de su cuenta de Facebook Andrés Manuel López Obrador visible en la URL https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/404783767157733, así como de cualquier otro sitio o cuenta bajo su dominio o administración, de manera personal o como Titular del Gobierno de México, el video objeto de este procedimiento.

SEXTO. Se ordena al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación.

SÉPTIMO. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva solicitadas por el Partido Acción Nacional, en términos y por las razones establecida en el punto II Considerando CUARTO de la presente resolución.

OCTAVO. En términos del considerando QUINTO, la presente resolución es impugnable mediante el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

219.            De conformidad al punto TERCERO del Acuerdo, se ordenó a las concesionarias de radio y televisión, para que de inmediato en un plazo que no podría exceder de doce horas a partir de la notificación del acuerdo, se abstuvieran de difundir el promocional relacionado con el segundo informe de labores del presidente de la república.

220.            Ahora bien, en el caso se tiene por acreditado que en cumplimiento al punto de acuerdo SEGUNDO, la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía emitió los oficios AUR/047/2020 de 31 de agosto y oficio sin número de esa misma fecha; asimismo publicó a través de la plataforma electrónica oficial denominada “Sistema de Distribución Digital de la Información y Materiales de Radio y Televisión (DDIM)” los oficios DGRTC/1111/2020 y DGRTC/1112/2020, en el que se solicitó a los concesionarios, a manera de reiteración, dar cumplimiento a los avisos de cancelación y sustitución del spot señalado.

221.            Asimismo, dicha dependencia precisó que en términos del resolutivo SEGUNDO del acuerdo ACQyD-INE-15/2020, únicamente ordenó a las concesionarias involucradas a través de dichos oficios, que dejaran de difundir el respectivo promocional, más no les notificó el referido acuerdo de la medida cautelar, al no habérsele ordenado por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

222.            Por lo tanto, con independencia del aviso efectuado a las concesionarias a través del sistema DDIM realizado por la Dirección de Radio y Televisión, se aprecia que, en términos del resolutivo TERCERO del acuerdo ACQyD-INE-15/2020, dichas concesionarias de radio y televisión estaban obligadas a abstenerse de difundir el promocional denunciado, una vez transcurrido el plazo de doce horas a partir de la notificación del mencionado acuerdo, la cual se hizo de conformidad a lo ordenado en el resolutivo CUARTO y SEXTO del mismo, en los que se ordenó hacer del conocimiento a las concesionarias su contenido.

223.            Al respecto, no obstante de que en el emplazamiento, se hubiese tomado en consideración la hora de publicación en el sistema DDIM para el efecto de contabilizar el plazo de doce horas en que empezaba a correr la obligación de suspender la transmisión del promocional, esta Sala Especializada estima que la hora a partir de la cual debe contabilizarse es desde del momento en que las concesionarias tuvieron conocimiento del acuerdo ACQyD-INE-15/2020.

224.            Se arriba lo anterior, a efecto de dar seguridad jurídica a las partes emplazadas en el presente procedimiento, por lo que se verificará la hora y la fecha en la que se advierta que las concesionarias tuvieron conocimiento del acuerdo de la medida cautelar y los impactos difundidos tomando como base aquellos promocionales que se atribuyeron al momento de ser emplazados. Para ello, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta las constancias de notificación que obran en el expediente, el informe aportado por la Dirección de Prerrogativas emitido para tal efecto y el monitoreo que obra en autos, todo ello, en conjunto con las propias manifestaciones de las concesionarias referidas y sus probanzas aportadas.

-Metodología

225.            Esta Sala Especializada, primeramente, analizará los casos en que las concesionarias manifestaron desconocer el contenido de la medida cautelar y aquellos en que la Dirección de Prerrogativas manifestó no haber realizado la notificación de la medida cautelar, con el objeto de descartar los supuestos en los que no sea posible atribuir responsabilidad.

226.            Posteriormente, se expondrán los impactos que se atribuyen a cada concesionaria de radio y televisión, a partir del número de promocionales atribuidos por la autoridad instructora en el emplazamiento y contrastándolos con la fecha en que tuvieron conocimiento de la medida cautelar de acuerdo a las constancias que obran en el expediente. Consiguientemente se dará contestación a sus argumentos y se determinará su probable responsabilidad.

a) Desconocimiento de la medida cautelar por parte de diversos concesionarios

227.            En ese sentido, primeramente debemos advertir que doce de las concesionarias XEMAB-AM S. A. DE C. V.; Estereo del Carmen S. A. de C. V.; Radiofónica del Norte S. A.; Radiorama de Juárez S. A.; Radiodifusoras Unidas de Chihuahua, S.A.; Fronteradio, S.A; Red Nacional Radioemisora, S.A.; XHUA-FM, S.A. de C.V.; Radio Uruapan, S.A. de C.V.; Radio Mil de Mazatlán, S.A. de C.V.; Radio Nova, S.A. de C.V. y GILHAAM, S.A. de C.V.; manifestaron desconocer el contenido de la medida cautelar ACQyD-INE-15/2020, toda vez que refieren que la autoridad administrativa electoral, omitió hacerles del conocimiento la misma, de ahí que no pudieron dar cumplimiento en los términos requeridos, sin embargo, no les asiste la razón, toda vez que de las constancias que obran en autos, existen elementos con los cuales se advierte que tuvieron conocimiento del acuerdo referido en los siguientes términos:

         XEMAB-AM S. A. DE C. V. y Estereo del Carmen S. A. de C. V.-Existen los citatorios de notificación y actas de notificación realizadas por la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Campeche, a través del cual se hace constar la notificación del acuerdo de la medida cautelar el día dos de septiembre a las nueve horas con diez minutos y otra a las nueve horas, respectivamente, las cuales se practicaron en el domicilio de la persona moral que tiene registrado ante la Dirección de Prerrogativas para tal efecto.

         Radiofónica del Norte S. A., Radiorama de Juárez S. A y Fronteradio, S.A.; Existen los citatorios de notificación y actas de notificación realizadas por la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Estado de Chihuahua, a través del cual se hace constar la notificación del acuerdo de la medida cautelar a cada una, el día dos de septiembre a las catorce horas, las cuales se practicaron en el domicilio de la persona moral que tiene registrado ante la Dirección de Prerrogativas para tal efecto.

         Radiodifusoras Unidas de Chihuahua, S.A.; Red Nacional Radioemisora, S.A.; y XHUA-FM, S.A. de C.V.; existe la constancia de envió del correo electrónico por parte de la Junta Local en el Estado de Chihuahua a través del cual se le remite el acuerdo de medida cautelar, misma que se hizo en la dirección electrónica que se tiene registrada para tal efecto ante el INE y en el que obra acuse recepción por parte del mismo el día primero de septiembre a las dieciocho horas con diecisiete minutos y dieciocho horas con dieciséis minutos, respectivamente.

         Radio Uruapan, S.A. de C.V., obra el acuse de recibo del acuerdo de la medida cautelar con fecha primero de septiembre a las once horas con cincuenta y tres minutos, mismo que se diligenció en el domicilio que tiene registrado para tal efecto y en el que se advierte un sello de recepción con la leyenda “Radio Uruapan. Macarena No.32 Col Inguambo”, así como rubrica de recibido del asistente de recepción.

         Radio Mil de Mazatlán, S.A. de C.V. existe la constancia de envío por correo electrónico por parte de la Junta Local en el Estado de Sinaloa a través del cual se le remite el acuerdo de medida cautelar, misma que se hizo en la dirección electrónica que se tiene registrada para tal efecto ante el INE y en el que obra acuse recepción por parte del mismo el día dos de septiembre a las once horas con cincuenta y un minutos.

         Radio Nova, S.A. de C.V. existe la constancia de envío realizado correo electrónico por parte de la Junta Local del INE en el Estado de Morelos a través del cual se le remite el acuerdo de medida cautelar, misma que se hizo en la dirección electrónica que se tiene registrada para tal efecto y en el que obra acuse recepción de la medida cautelar por parte del mismo a las trece horas con treinta minutos del día dos de septiembre con sello impreso de acuse de recepción que se lee “Grupo Audiorama Comunicaciones”.

         GILHAAM, S.A. de C.V. Existen el citatorio de notificación y acta de notificación realizada por la Junta Local en el Estado de Sonora, a través del cual se hace constar la notificación del acuerdo de la medida cautelar el día dos de septiembre a las diez horas con cuarenta minutos, respectivamente, la cual se practicó en el domicilio de la persona moral que tiene registrado ante la Dirección de Prerrogativas para tal efecto.

228.            Por su parte, Omega Experimental A.C. y Radio Ibero, A.C., de igual forma manifestaron desconocer el contenido de la medida cautelar ACQyD-INE-15/2020, toda vez que refieren que la autoridad administrativa electoral no les notificó la misma. Es así que, en efecto, del análisis a las constancias que obran en el expediente, no se advierte documentación que permita arribar válidamente a esta Sala Especializada, que las referidas concesionarias tuvieron conocimiento de la medida cautelar, por lo que no se les puede atribuir infracción alguna.

229.            El mismo caso, aplica para once de las concesionarias tales como Compañía Periodística Sudcaliforniana, S.A. de C.V.; Universidad Autónoma Metropolitana; XECPN-AM, S.A. de C.V.; XESAC-AM, S.A. de C.V.; XESHT-AM, S.A. de C.V.; Radio Toluca, S.A. de C.V., Master Radiodifusión, S.A. de C.V., Radio Emisora XHSP-FM, S.A. de C.V.; Imagen Monterrey, S.A. de C.V.; Ramona Esparza González y XEMCA del Golfo S. A. de C. V.  toda vez que la Dirección de Prerrogativas, informó no haber realizado notificación por diversas cuestiones e impedimentos, o en su caso este órgano jurisdiccional, no advierte constancia de notificación de la medida cautelar motivo por el cual no se le puede atribuir infracción alguna.

230.            Por otra parte, Televisión Azteca, S.A. de C.V. [97], manifestó desconocer el contenido de la medida cautelar al no haber sido debidamente notificada de la misma, no obstante, refiere que la difusión de los promociones que se le atribuyen, fueron consecuencia de su inclusión en diversas notas periodísticas difundidas en los programas televisivos de corte noticioso que forman parte de su barra de programación, para lo cual adjunta 26 testigos de grabación de los días dos, tres y seis de septiembre, que coinciden con las fechas y horarios en los que se aduce el incumplimiento a la medida cautelar, a los cuales adiciona un minuto adicional, antes y después de la detección del spot, así como la certificación elaborada por la autoridad instructora a petición del representante legal de la televisora al acudir a revisar el material puesto a su disposición por la Dirección de Prerrogativas, lo anterior, para atestiguar que los impactos que se le atribuyen fueron parte de una nota periodística difundida en programas de corte noticioso.

231.            Al respecto, esta Sala Especializada estima que no se le puede atribuir responsabilidad con motivo de un incumplimiento de la medida cautelar a Televisión Azteca, S.A. de C. V., toda vez que de la revisión del material aportado, se tiene la presunción de que la transmisión del promocional fue difundido como parte de un hecho noticioso al ser integrado como soporte visual y auditivo de las notas periodísticas presentadas en programas de corte informativo. Lo anterior, ya que del análisis a los testigos de grabación se advierten elementos que permiten llegar a discernir dicha consideración, al advertirse contenido como el que a continuación se expone:

232.            Bajo dicho supuesto, no puede considerarse que la transmisión del promocional hubiese sido con motivo de un incumplimiento a la medida cautelar, ya que como esta Sala Especializada advierte, se tiene presunción de que los mismos fueron parte integral de notas periodísticas, en el marco del libre ejercicio informativo amparado en la libertad de expresión, por lo que debe optarse por la interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística[98].

233.            En el mismo sentido, es que tampoco puede atribuirse responsabilidad a Televisión Azteca, S.A. de C. V.

234.            Con base a lo anterior, las concesionarias de las 31 emisoras de radio y televisión que se señalan en este apartado, a las que no se les puede atribuir responsabilidad, se sintetizan en el siguiente cuadro:

b) impactos que se atribuyen a las concesionarias de radio y televisión

A continuación, se exponen los impactos que se detectaron a cada concesionaria de radio y televisión restantes, a partir del número de promocionales atribuidos por la autoridad instructora y contrastándolos con la fecha en que tuvieron conocimiento de la medida cautelar, a efecto de contabilizar el plazo de doce horas en que inició la obligación de suspender el promocional, lo anterior, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente: