SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas al presidente de la República, al secretario Particular del presidente, al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, así como al Coordinador de Comunicación Social y Vocería consistentes en:

a)    Difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en el proceso de revocación de mandato atribuida, por sus intervenciones en la conferencia de prensa matutina del dieciséis de marzo; así como su participación en la producción y difusión de las citadas intervenciones.

b)    Difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada.

c)     Vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad en el contexto del proceso de revocación de mandato.

d)    Uso indebido de programas sociales para incidir en la voluntad de la ciudadanía, en el contexto del proceso de revocación de mandato.

e)    Vulneración a las reglas de difusión y promoción del proceso de revocación de mandato atribuibles a presidente de la República, al director del CEPROPIE, al secretario Particular del presidente y Coordinador de Comunicación Social y Vocería, e

f)       Uso indebido de recursos públicos en el contexto del proceso de revocación de mandato.

g)    Incumplimiento de medida cautelar contenida en el acuerdo ACQyD-INE-18/2022, respecto de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo.

Por otro lado, se determina la inexistencia de difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de proceso de revocación de mandato, y con fines de promoción personalizada por parte de diversas concesionarias públicas y privadas que transmitieron las intervenciones denunciadas, y la inexistencia de uso indebido de recursos públicos respecto de las concesionarias públicas de los gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Colima y Michoacán de Ocampo, así como al Instituto Politécnico Nacional y al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

GLOSARIO

S E N T E N C I A

Que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el trece de abril de dos mil veintitrés.

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE, registrado con la clave SRE-PSC-27/2023, integrado con motivo del escrito de queja presentado por el Partido Revolucionario Institucional y

R E S U L T A N D O

Antecedentes

Revocación de mandato

1.              Convocatoria para el proceso de revocación de mandato. El cuatro de febrero de veintidós[1], el Consejo General del INE expidió la convocatoria al proceso de revocación de mandato y el siete siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación[2].

2.              Jornada de votación. El diez de abril se llevó a cabo la consulta sobre la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

3.              Declaración de validez. Finalmente, el pasado veintisiete de abril, por unanimidad de votos, la Sala Superior emitió el cómputo final y la declaratoria de conclusión del proceso de revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo para el periodo constitucional 2018-2024, en la que, entre otras cuestiones, determinó que no había lugar a emitir la declaratoria de validez al no cumplirse con los requisitos constitucionales y legales para ello.

Sustanciación del procedimiento especial sancionador

4.              Queja[3]. El dieciocho de marzo el representante propietario del PRI ante el Consejo Local del INE en Oaxaca presentó escrito de queja contra el presidente de la República así como diversas personas del servicio público por la emisión y difusión de expresiones realizadas en la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, en donde presuntamente se dio a conocer propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido, y se vulneró el principio de imparcialidad y neutralidad así como el presunto uso indebido programas sociales y recursos públicos al admitir que se estaban entregando fondos a las autoridades municipales, donde de manera conjunta, se estaban construyendo caminos de concreto.

5.              En este sentido, el PRI manifestó que esta conferencia de prensa había sido transmitida en el canal de youtube del presidente y en la red social de Facebook, y que había sido retomada por medios locales.

6.              Igualmente alegó que los hechos denunciados generaban un impacto positivo en MORENA y que lo posicionaban, tanto en el proceso de revocación, como en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se llevarían a cabo en el estado de Oaxaca, vulnerando la equidad en la contienda y las reglas de difusión del proceso de revocación de mandato.

7.              Finalmente solicitó que se dictaran medidas cautelares a fin de que se bajaran los videos de la conferencia de prensa en las páginas oficiales o se suprimiera la parte denunciada, y se exhortara al titular del Ejecutivo Federal para que durante su visita al estado de Oaxaca se abstuviera de difundir mensajes sobre programas sociales del gobierno federal.

8.              Registro y admisión[4]. El treinta y uno de marzo, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/PRI/JL/OAX/169/2022[5]; la admitió a trámite por cuanto hace a la presunta emisión de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido en el marco del proceso de revocación. No obstante, se reservó lo referente al emplazamiento a las partes involucradas al tener pendientes diligencias de investigación.

9.              Ahora bien, en relación con la incidencia de los hechos denunciados en la equidad de los procesos electorales ordinario y extraordinario que se llevarían a cabo en el estado de Oaxaca, la autoridad instructora consideró procedente declinar competencia para conocer de los hechos a favor del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Oaxaca.

10.          Igualmente, en el mismo acuerdo, la autoridad instructora determinó desechar la solicitud de dictar medidas cautelares al estimar que la Comisión de Quejas, a través del acuerdo ACQyD-INE-18/2022[6], ya había emitido un pronunciamiento a través del cual se le ordenó al presidente de la República, entre otras cosas, que se abstuviera, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y actividades de gobierno del propio titular del Poder Ejecutivo, así como de otras áreas y dependencias a su cargo, que pudieran considerarse propaganda gubernamental.

11.          No obstante, la autoridad instructora precisó que esto no era un obstáculo para que se investigara el posible incumplimiento de las medidas cautelares referidas, derivado de las manifestaciones vertidas por el presidente de la República.

Acuerdo de incumplimiento de medidas cautelares[7].

12.          El primero de abril, la autoridad instructora, determinó el incumplimiento de la medida cautelar decretada por la Comisión de Quejas, mediante el referido acuerdo ACQyD-INE-18/2022, y, de nueva cuenta, apercibió al presidente de la República respecto a que, de no dar cumplimiento en sus términos a los acuerdos ACQyD-INE-13/2022 y ACQyD-INE-18/2022, se le impondría una amonestación pública como medida de apremio.

13.          Además, en este mismo acuerdo se le requirió al presidente de la República, por conducto del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; y a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, para que modificara o editara el contenido de la publicación denunciada en la página de “Youtube” de Andrés Manuel López Obrador. Ello, con la finalidad de eliminar referencias o posicionamientos en torno a logros, acciones y programas de gobierno que pudieran configurar propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido.

Impugnación del acuerdo de incumplimiento de medidas cautelares.

14.          El ocho de abril, el presidente de la República impugnó el acuerdo de incumplimiento de medida cautelar, y el trece del mismo mes, la Sala Superior, mediante el SUP-REP-210/2022, determinó modificar el acuerdo emitido por la autoridad instructora.

15.          Lo anterior, ya que estimó que la autoridad instructora vulneró el principio de congruencia, ya que determinó reiterarle nuevamente al presidente de la República de que debería de abstenerse de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con el proceso de revocación de mandato, así como de apercibirlo nuevamente de imponerle una medida de apremio en caso de no dar cumplimiento, en términos del acuerdo ACQyD-INE-13/2022, pues, el incumplimiento a las medidas cautelares establecidas en este último acuerdo no eran materia del acuerdo ahora impugnado.

16.          No obstante, la Sala Superior determinó confirmar las determinaciones de reiterarle al presidente de la República que debe abstenerse de realizar manifestaciones que pudieran constituir propaganda gubernamental durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato, así como de apercibirlo de imponerle una amonestación pública como medida de apremio en caso de incumplir con el ACQyD-INE-18/2022.

Emplazamiento y celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

17.          El ocho de marzo de dos mil veintitrés se emplazó[8]  a las partes y el veintisiete de marzo[9] se celebró la audiencia de pruebas y alegatos[10]prevista en el artículo 472, de la Ley Electoral y, en su oportunidad, se remitió a esta Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.[11]

III. Trámite ante la Sala Especializada

18.          Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

19.          El doce de abril, el Magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-27/2023 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

20.          Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. COMPETENCIA.

21.          Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador relacionado con la posible difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y con fines de promoción personalizada, durante el proceso de revocación de mandato, y que pudiera constituir una vulneración al principio de imparcialidad y un uso indebido de programas sociales y recursos públicos atribuible al titular del Ejecutivo Federal, a su Secretario Particular, al director del CEPROPIE, el Titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería, así como a diversas concesionarias de radio y televisión.

22.          Lo anterior, con motivo de diversas manifestaciones emitidas en la conferencia de prensa matutina del dieciséis de marzo, lo cual, además, pudiera configurar vulneración a las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato.

23.          Esto, con fundamento en los artículos 35, fracción IX numeral séptimo y octavo[12], 99, párrafo cuarto, fracción IX[13],134, párrafo séptimo y octavo [14] de la Constitución; 164, 165, 173 y 176, último párrafo de la Ley Orgánica[15]; 3, 4, 5, 32, 33 y 61 de la Ley de Revocación[16], así como el 37[17], de los Lineamientos para la revocación de mandato, 470, párrafo 1, inciso a) [18], 473 párrafo segundo[19], 475[20], 476[21] y 477[22] de la Ley Electoral; en relación con la jurisprudencia 25/2015 de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”.

24.          Además, en relación con el presunto incumplimiento de la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, dictada en el acuerdo ACQyD-INE-18/2022, respecto de la presunta difusión de propaganda gubernamental derivado de las manifestaciones efectuadas por el titular del Ejecutivo Federal en la citada conferencia matutina, esta Sala Especializada también es competente conforme a lo sostenido por la Sala Superior en la tesis LX/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR LOCAL. SU INCUMPLIMIENTO DEBE CONOCERSE EN EL MISMO PROCEDIMIENTO O EN OTRO DE LA MISMA NATURALEZA. (LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN).

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

25.          La B Grande S.A de C.V., Multimedios Televisión, S.A. de C.V, Radio Triunfos S.A. de C.V., Radio Centinela S.A. de C.V., Transmisora Regional Radio Fórmula S.A. de C.V. y Televisión Digital S.A. de C.V. señalaron que la autoridad instructora fue omisa en fundar y motivar el procedimiento, pues se omitió citar en el emplazamiento el precepto legal en que supuestamente incurrió. Además, indicó que, en la notificación correspondiente, no se especificó si el domicilio era el adecuado o no; ni el nombre de la persona que se buscó.

26.          Esta Sala Especializada revisó las constancias del expediente, y del emplazamiento se desprende, que la autoridad instructora llamó a las concesionarias y estableció el fundamento legal aplicable; la infracción que se le atribuyó y especificó el motivo del llamado.

27.          Por lo tanto, se considera que sí estuvo en aptitud de ejercer una adecuada defensa, situación que incluso efectivamente llevaron a cabo al momento de comparecer a la audiencia.

28.          Aunado a que tampoco se advierte una irregularidad en las notificaciones del acuerdo de emplazamiento: citatorios, acuses, cédulas de notificación y razones correspondientes con lo cual, se considera que se respetó el debido proceso.

29.          Por otro lado, la apoderada de la estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal y la Directora General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, apoderada del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano hicieron valer que en el emplazamiento, se les llamó al procedimiento por la difusión de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, y que en líneas posteriores de señalaba las conferencias matutinas del veintiocho de febrero y tres de marzo. Además, que en el apartado de hechos denunciados solo se hacía referencia a la conferencia del dieciséis de marzo.

30.          Frente a esto, la apoderada de la estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal y el apoderado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano manifestaron que esta situación le generaba una incertidumbre que vulneraba sus garantías de certeza y seguridad jurídica, por ser emplazados por la difusión de propaganda gubernamental en fechas que eran de otro procedimiento sancionador.

31.          Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto la autoridad electoral hizo referencia, en el rubro 2. Inciso a) del emplazamiento, al final, a las conferencias de prensa matutinas del veintiocho de febrero y tres de marzo, lo cierto es que se estima que esto se debió a un lapsus calami, ya que de la lectura integral a todo el documento se advierte que la conferencia de prensa denunciada fue la del dieciséis de marzo.

32.          Además, esta situación a consideración de este órgano jurisdiccional no se le vulnera su derecho a la defensa, ya que se le corrió traslado con copia de todo el expediente donde se advierten las investigaciones efectuadas en relación a la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, y en consecuencia, pudo efectuar una adecuada defensa, situación que incluso se puede ver reflejada en los argumentos que la concesionaria hizo valer en su escrito comparecencia.

33.          Por otro lado, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y el titular de CEPROPIE alegaron la incompetencia del INE para tramitar el procedimiento especial sancionador, ya que, desde su perspectiva, el escrito de queja no contenía una prueba idónea para acreditar que proceso electoral, local o federal, se estimaba podría estar afectado. Además, argumentó que los hechos denunciados no se relacionaban o tenían incidencia con la materia electoral, por lo que consideraba que existía una incompetencia, y que el procedimiento especial sancionador no era la vía para impugnar al no existir un proceso electoral.

34.          Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que el planteamiento hecho valer por el Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República es improcedente porque de la lectura de la queja sí se advierte que el PRI si precisó que los hechos denunciados, desde su perspectiva, constituían difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, y el INE (a través de la UTCE) tiene facultades para conocer de este tipo de procedimientos sancionadores en los que se hagan valer vulneraciones a las reglas de este ejercicio de democracia participativa.

35.          Además, en los Lineamientos para revocación de mandato se definió que la violación a los parámetros de la difusión de información de esta figura jurídica sería conocida a través del procedimiento especial sancionador.

36.          Por lo anterior, el INE y esta Sala Especializada son competentes para instruir y resolver, respectivamente, los procedimientos especiales sancionadores instaurados con motivo de las infracciones que surjan en el desarrollo de ese mecanismo de participación ciudadana.

37.          Además, la valoración de los hechos, con la finalidad de determinar si actualiza o no la infracción constituye un pronunciamiento de fondo.

TERCERO. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES   Y CÚMULO PROBATORIO

38.          Como se mencionó en el apartado de antecedentes, el PRI presentó una queja toda vez que consideró que algunas de las expresiones efectuadas por el presidente de la República durante su conferencia de prensa del dieciséis de marzo, constituían difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido (proceso de revocación de mandato) y con fines de promoción personalizada, así como vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad y uso indebido de programas sociales y recursos públicos.

39.          Asimismo, actualizaba una vulneración a las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato.

40.          Lo anterior, al admitir durante la conferencia de prensa que se estaban entregando fondos a las autoridades municipales, donde de manera conjunta estaban construyendo caminos de concreto y que llevaría a cabo una visita de trabajo al estado de Oaxaca.

41.          Ahora bien, para acreditar su dicho, el PRI ofreció como medios de prueba cinco enlaces electrónicos -pruebas técnicas- las cuales corresponden a un video difundido en la cuenta de Youtube del presidente de la República, y que fue replicado en el canal del periódico “El Universal”, “Uno TV” y “Excélsior TV”, y las cuales, solicitó certificar a la autoridad instructora.

42.          Así, una vez recibida la queja, la UTCE determinó realizar las siguientes diligencias de investigación:

        Solicitud de actuación a la Oficialía Electoral del INE para el efecto de que certificara el contenido de los enlaces electrónicos aportados por el PRI en su escrito de queja, vinculados con la conferencia de prensa de dieciséis de marzo;

        Requerir información al presidente de la República, por conducto de su Consejería Jurídica con la finalidad, entre otras cosas, de conocer si se seguirían realizando las conferencias de prensa durante el periodo de la revocación de mandato, y si en ellas se difundirán logros de gobierno u operación de programas sociales;

        Requerir información al Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República a efecto de que modificara o editara el contenido de una liga electrónica, así como en cualquier otra plataforma oficial de la presidencia de la República o del Gobierno de México relacionada con la conferencia de prensa del dieciséis de marzo;

        Requerir a la DEPPP respecto de las emisoras que difundieron la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, y a que concesionarias corresponden, así como si derivado del monitoreo habitual que realiza detectó el incumplimiento de la pauta ordenada por el INE. Asimismo, solicitó se remitieran los testigos de transmisión.

        Requerimiento de información a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE respecto de cuales fueron los medios impresos alternos que realizaron o retomaron la información derivada de la mañanera del dieciséis de marzo.

        Requerimiento a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría Particular de la presidencia de la República

43.          Así, una vez que se desahogaron los anteriores requerimientos, se obtuvo de manera destacada la siguiente información:

44.          Mediante acta circunstanciada[23] del treinta y uno de marzo, -Documental pública[24]- la autoridad instructora certificó, la existencia y contenido, de cinco enlaces electrónicos aportados por el PRI en su escrito de queja, vinculados con la conferencia de prensa de dieciséis de marzo.

45.          La Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, mediante oficio CGCSyVGR/104/2022[25], -documental pública- refirió que llevó a cabo la eliminación del contenido de la conferencia matutina del dieciséis de marzo en los sitios de internet oficiales de la presidencia de la República, y plataformas de Gobierno de México.

46.          Acta circunstanciada[26] del siete de abril, -documental pública- mediante el cual la autoridad instructora verificó el contenido de los vínculos electrónicos proporcionados por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República a fin de constatar si se había eliminado el contenido de todas las referencias o posicionamientos en torno a logros, acciones, programas de gobierno de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo.

47.          La Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, mediante oficio 114/CJEF/CACCC/CDL/14361/2022[27] señaló que mediante el diverso oficio CGCSyVGR/DGPA/077/2022, -documental pública- el director general de Planeación y Administración adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos no localizó información relacionada a si se seguiría realizando la conferencia mañanera del presidente durante el proceso de difusión de la revocación de mandato. Ello, al tratarse de un hecho futuro de realización incierta.

48.          Asimismo, negó lisa y llanamente que se estuviera difundiendo propaganda gubernamental en periodo prohibido, pues la restricción para difundir propaganda gubernamental durante los procesos electorales y de revocación de mandato se limita, desde su perspectiva a campañas de publicidad oficial pagadas con recursos públicos específicos para difundirse en los medios de comunicación.

49.          Además, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, la Consejería Jurídica, en representación del presidente de la República, mediante oficio 114.CJEF.CACCC.2023.06917, reiteró su negativa de haber difundido propaganda gubernamental, ya que la conferencia de prensa está relacionada con sus funciones inherentes al cargo público que ejerce como titular del Ejecutivo Federal; lo cual no vulneraba el principio de imparcialidad en el proceso de revocación de mandato, ni implicaba un uso indebido de recursos públicos.

50.          Asimismo, explicó que el presidente de la República no había efectuado un llamamiento a votar a favor o en contra de la revocación de mandato, y que las expresiones difundidas eran genéricas y neutrales y que habían sido emitidas en respuesta a un cuestionamiento de un medio de comunicación.

51.          Mediante oficio INE/CNCS-DCyAI/141/2022[28], -documental pública- el director de Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación de Comunicación Social del INE manifestó que el monitoreo de información en medios de comunicación que realiza se inscribe y centra en la recuperación y sistematización de notas periodísticas y de opinión vinculadas al quehacer del INE, sus atribuciones y/o funciones en medios de comunicación específicos considerando las restricciones presupuestales así como límites humanos en razón del amplio número de cuentas en medios convencionales y redes sociales. No obstante, proporcionó una base de datos en formato Excel con las piezas informativas que se inscriben en el marco de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo.

52.          Acta circunstanciada[29] del veintiuno de abril, -documental pública-mediante la cual, la autoridad instructora certificó la existencia y contenido de los archivos en formato de video y audio detectados en los medios de comunicación impresos e internet proporcionados por la Coordinación de Comunicación Social del INE, e identificó las intervenciones realizadas por el presidente de la República.

53.          Mediante correo electrónico[30] del veintiuno de abril, documental pública-la encargada del despacho de la DEPPP informó que  el monitoreo y la verificación de mensajes, conferencias o eventos especiales del gobierno Federal no corresponde al ejercicio de sus atribuciones; sin embargo, de manera excepcional, realizó una revisión manual de las grabaciones de las emisoras que son monitoreadas dentro del Catálogo de Señales del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo a nivel nacional, a fin de identificar las emisoras que realizaron la difusión de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, y cuyo resultado lo adjunto a un archivo en Excel. Asimismo, puso a su disposición para su consulta y descarga los testigos de grabación.

54.          Por otro lado, mediante correo electrónico[31] del nueve de junio, -documental pública-la encargada del despacho de la DEPPP informó que, en relación con el requerimiento relacionado con el cumplimiento de la pauta, la DEPPP informó que había realizado un análisis de los promocionales pautados para las emisoras que transmitieron la conferencia matutina del presidente el dieciséis de marzo, y que como resultado de este no había identificado incumplimientos en la transmisión de la pauta.

55.          Además, en esta misma fecha, la encargada del despacho de la DEPPP proporcionó el nombre correcto de diversos cocesionarios[32] de acuerdo con el Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras presentado en la séptima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del INE.

56.          Finalmente, mediante correo electrónico del tres de mayo[33], la encargada del despacho de la DEPPP informó que, las emisoras XHSCE-TDT, XHCIP-TDT, XHSLP-TDT, XHSIN-TDT del Instituto Politécnico Nacional se encuentran vigentes en el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión reportados al Comité de Radio y Televisión de este Instituto en su cuarta sesión celebrada el veintiocho de abril.

57.          En este sentido explicó que los informes mensuales de actualización del Catálogo Nacional son elaborados con información vigente de la Infraestructura y del Registro Público de Concesiones del IFT.

58.          Asimismo, indicó que el dos de mayo, efectuó una nueva consulta a la infraestructura del IFT, y las emisoras en cuestión continuaban vigentes; no obstante, en esta misma fecha, el Registro Público de Concesiones del IFT presentó una actualización en la cual las emisoras ya no se encontraban vigentes; por lo anterior, indicó que en el informe de actualización se dará de baja a las emisoras en cuestión.

59.          El director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría Particular del presidente de la República comunicó, mediante oficio OPR/UAF/DGRMSG/0557/2022[34],-documental pública- que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Unidad de Apoyo, en relación con la realización de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, no se localizó información alguna relacionada con la erogación de gastos a cargo del presupuesto de la Oficina de la Presidencia de la República.

60.          Mediante oficio número IFT/212/CGVI/0411/2022[35], -documental pública- la Coordinadora General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que de una búsqueda efectuada en el Registro Público de Concesiones localizó los títulos de concesión de los distintivos XHSCE-TDT (canal 31 y canales virtuales 11.1, 11.2 y 11.3 en Saltillo, Coahuila), XHCIP-TDT ( canal 20 y canales virtuales 11.1, 11.2, 11.3 y 14.1 en Cuernavaca, Morelos), XHSLP—TDT ( canal 24, y canales virtuales 11.1, 11.2 y 11.3 en San Luis Potosí) y XHSIN-TDT ( canal 21 y canales virtuales 11.1, 11.2 y 11.3 en Culiacán, Sinaloa) en favor del Instituto Politécnico Nacional.

61.          Además, mediante oficio número IFT/212/CGVI/0448/2022[36], del veintinueve de abril, -documental pública- la Coordinadora General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones indicó que de una búsqueda efectuada en el Registro Público de Concesiones y en los expedientes de la Dirección General de Concesiones de Radiodifusión los títulos de concesión con distintivo XHSCE-TDT (canal 31 y canales virtuales 11.1, 11.2 y 11.3 en Saltillo, Coahuila), XHCIP-TDT ( canal 20 y canales virtuales 11.1, 11.2,  11.3 y 14.1  en Cuernavaca, Morelos), XHSLP—TDT ( canal 24, y canales virtuales 11.1, 11.2 y 11.3 en San Luis Potosí) y XHSIN-TDT ( canal 21 y canales virtuales 11.1, 11.2 y 11.3 en Culiacán, Sinaloa) tenían como estatus “Terminado por vencimiento”. No obstante, a pesar que las emisoras anteriores fueron sustituidas, y que existía correspondencia en cuanto a la población a servir y el titular, se trataba de títulos de concesión diferentes.

62.          Mediante oficio sin número[37], recibido el nueve de noviembre, el Director del CEPROPIE indicó que su participación durante la conferencia de prensa matutina versó únicamente respecto de las facultades que este órgano tiene conferidas, como son, coordinar, vigilar y ejecutar grabaciones en video de las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal, para poner a disposición vía satelital a favor de las personas físicas o morales con las capacidades técnicas y tecnológicas mínimas necesarias y compatibles para el aprovechamiento de los materiales audiovisuales generados con motivo de la conferencia.

63.          En este sentido, explicó que los productos televisivos generados con motivo de la cobertura televisiva de las actividades públicas del Ejecutivo Federal se ponen a disposición de quien esté interesado en su aprovechamiento a través de la señal pública y abierta, para que, con total libertad e independencia, hagan uso de dicha señal sin que el CEPROPIE tenga atribuciones para calificar y determinar la legalidad de las manifestaciones vertidas por los participantes en las actividades públicas del Ejecutivo Federal.

64.          Además, en relación con los costos de producción, informó que este órgano cuenta con un presupuesto asignado por lo que no existe un costo de producción determinable por actividad de cobertura televisiva y de actividades de transmisión realizadas en cumplimiento de sus atribuciones. Además, el número de personal que participa es variable debiendo cubrir las funciones de producción, dirección, transmisión, auxiliares y técnicos. No obstante, en la conferencia que nos ocupa participaron 22 personas del servicio público.

65.          Además, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, negó lisa y llanamente que hubiera vulnerado la normativa electoral.

66.          Por su parte, el director general de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria Particular del Presidente de la República indicó, mediante el oficio UAF/DGRMSG/1193/2022[38], -Documental pública- que no participó de forma alguna en la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, y que tampoco localizó información alguna relacionada con la erogación de los gastos a cargo del presupuesto.

67.          Además, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del titular de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, mediante oficio 114.CJEF.CACCC.2023.06918 negó lisa y llanamente la actualización de las infracciones denunciadas.

68.          Además, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, señaló, mediante el oficio CGCSyVGR/DGPA/183/2022[39], -Documental pública- que solamente participó en la coordinación de la logística para realizar la conferencia de prensa pero que no tenía intervención en el contenido de los mensajes y materiales de apoyo que se utilizan en la conferencia de prensa. No obstante, precisó que las conferencias de prensa del presidente tenían sustento en los artículos 1°, 5°, 6°, 7° y 89 de la Constitución por lo que corresponde a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Además, que no existían contratos o facturas relacionadas con la aplicación de recursos públicos para la realización de las conferencias y que habían participado 9 personas del servicio público.

69.          Asimismo, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, mediante el oficio CGCSyVGR/050/2023, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República negó lisa y llanamente la difusión de propaganda gubernamental durante el contexto del proceso de la revocación de mandato, uso indebido de recursos públicos y programas sociales, promoción personalizada y vulneración a las reglas de difusión y promoción del proceso de revocación de mandato, vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad así como incumplimiento a la medida cautelar ACQyD-INE-18/2022, derivado de la realización y difusión de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo.

70.          Además, argumentó que el mecanismo de comunicación social que implementó el presidente de la República es desde el tres de diciembre de dos mil dieciocho compatible con lo previsto en el artículo 35, fracción IX de la Ley de revocación de mandato. Ello, ya que del contexto y el contenido de los mensajes emitidos por el presidente de la República durante la conferencia de prensa se advierte que este constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, vinculado con la función gubernamental que lleva a cabo el titular del Ejecutivo Federal como parte de sus responsabilidades previstas en el artículo 89 de la Constitución.

71.          Por otro lado, derivado del monitoreo efectuado por la DEPPP  -Documental pública-  se acreditó que 16 concesionarias de radio y televisión a través de 90 emisoras habían difundido, de manera parcial y/o total, la conferencia matutina del dieciséis de marzo, conforme a lo siguiente:

72.          Ahora bien, toda vez que se acreditó la difusión, en radio y televisión, de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, la autoridad instructora determinó llamar a las 16 concesionarias al presente procedimiento, las cuales al comparecer manifestaron lo siguiente:

CUARTA. METODOLOGÍA

73.          Derivado de lo anterior, y toda vez que del cúmulo probatorio hasta aquí mencionado, se acreditó  que el dieciséis de marzo, el presidente de la República llevó a cabo una conferencia de prensa donde se efectuaron las manifestaciones denunciadas, para efectos del análisis de las infracciones que nos ocupan, en la presente sentencia, en primer lugar, se hará referencia de manera general a la conferencia de prensa del dieciséis de marzo,  para luego analizar las frases denunciadas y el contexto en el que se emitieron, y posteriormente se analizará lo relativo a la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y sus excepciones.

74.          En caso de que se acredite que las manifestaciones efectuadas durante esa mañanera constituyen propaganda gubernamental, la presente sentencia determinara si las expresiones denunciadas constituyen propaganda gubernamental fines de promoción personalizada.

75.          En caso de que se acrediten ambas infracciones,  toda vez que de las constancias que obran en el expediente se acreditó que diversos medios de comunicación difundieron la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, se deberá analizar si las concesionarias de radio y televisión que transmitieron la conferencia, de manera parcial o total, difundieron las  expresiones, y el contexto en que las dieron a conocer con la finalidad de determinar si se actualiza la infracción de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.

76.          Posteriormente, se estudiara si la difusión de estas expresiones actualiza un uso indebido de recursos públicos atribuible al  presidente de la República, al secretario Particular del presidente, al director del CEPROPIE así como al Coordinador de Comunicación Social y Vocería y las concesionarias públicas, y una vez hecho esto, si  existe una vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad y un uso indebido de programas sociales atribuible a las personas del servicio público.

77.          Acto seguido, se estudiará si las expresiones efectuadas en la conferencia de prensa actualizan una vulneración a las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato y si con estas conductas se actualiza un uso indebido de programas sociales.

78.          Finalmente, y toda vez que la autoridad instructora dentro del presente procedimiento emitió el acuerdo de incumplimiento de medidas cautelares, en la presente sentencia se analizará si el presidente de la República, CEPROPIE y la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, incumplieron el acuerdo de medidas cautelares, derivado de las expresiones efectuadas el dieciséis de marzo en las que presuntamente se difundió propaganda gubernamental.

QUINTA. CASO CONCRETO

A.   CONTENIDO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIECISÉIS DE MARZO Y ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES DENUNCIADAS ASI COMO EL CONTEXTO EN QUE SE EMITIERON.

79.          Ahora bien, de conformidad con el acta circunstanciada del treinta y uno de marzo, y de lo reconocido por las partes denunciadas, se tiene que el dieciséis de marzo se llevó a cabo una conferencia de prensa con una duración total de dos horas con veintiocho minutos y veintiséis segundos.

80.          La conferencia inició con la participación de  Ana Elizabeth García Vilchis con la sección denominada “Quién es quién en las mentiras de la semana” en donde se abordaron diversas notas periodísticas de algunos medios de comunicación relacionadas con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, y sus costos así como el dos columnas periodísticas relacionadas con presuntas investigaciones de la Fiscalía de la República en contra del secretario de Gobernación y los sobrecostos en cubrebocas erogados por la Secretaría de Educación Pública.

81.          En esta sección, la servidora pública dio a conocer el contenido de las notas periodísticas y columnas, y al abordar cada una de ellas, dio el posicionamiento del Gobierno Federal en relación con estas, y emitió algunas opiniones.

82.          Una vez concluido esta sección, el presidente de la República anunció que un grupo de personas mexicanas habían sido traídos de Ucrania por parte de la Fuerza Área de México, y acto seguido, abrió el espacio para una ronda de preguntas y respuestas por parte de diversos medios de comunicación.

83.          Dentro de esta sección de preguntas y respuestas, se abordaron, entre otras, las siguientes temáticas:

        Un presunto conflicto de intereses en el Fideicomiso en Información y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante;

        El caso de Oceanografía;

        La existencia de un presunto testamento político otorgado por el presidente de la República;

         El estado de la pandemia y las medidas que algunos estados de la República han tomado con relación al uso del cubrebocas;

        El asesinato de periodistas y la situación en la que se encuentra el periodismo; inversión para crear centros deportivos y masificar el ejercicio físico en nuestro país;

        La existencia de un presunto este cártel inmobiliario en el Estado de México;

        Recursos federales y estatales otorgados a comunidades autónomas en el estado de Oaxaca;

        Discriminación a la población migrante;

        Seguridad en diferentes estados de la República;

        Caso del fiscal Alejandro Gertz Manero;

        Inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

84.          Ahora bien, tomando en consideración que la denuncia no versó sobre la totalidad del contenido de la información emitida en la conferencia matutina sino únicamente se denunciaron unas expresiones específicas del presidente de la República relacionadas con la presunta entrega de recursos a comunidades autónomas en el estado de Oaxaca, resulta necesario contextualizar integralmente con los temas expuestos en dicha conferencia de prensa (la parte que se subraya constituye los hechos denunciados):

“(…)

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Fíjese que, en Oaxaca, presidente, es un estado donde pues hay el número mayor de usos y costumbres, de comunidades de usos y costumbres. Desde Salinas, California, de Estados Unidos, nos contactaron una asociación que encabeza el señor José Gonzáles, él es de San Martín Peras, Oaxaca, donde denuncia unos desvíos millonarios, presidente, de 20 millones de pesos por autoridades corruptas de esos municipios.

Yo le quería solicitar, presidente, si habría la posibilidad de que, además de tocar este tema en específico de este municipio San Martín Peras, de Oaxaca, qué posibilidades habría de que usted nos pudiera proporcionar información acerca de estos municipios autónomos, porque pues sí, la verdad es que reciben al parecer recursos federales, estatales y nunca se ha sabido nada acerca de estas operaciones.

Y sobre todo, presidente, que si hay esta denuncia seguramente debe de haber muchas más. A ver si habría posibilidades de esto.

También, presidente, el fin de semana estuve en Plant City, allá en Orlando, en Florida, estuvimos en la pizca de la fresa con hermanos migrantes, hicimos una transmisión de cinco horas aproximadamente desde Rayando el Sol, y sigue las denuncias en cuanto a la discriminación, presidente, pero ahora en este caso se los traigo pues parte de los norteamericanos.

Fíjese que ellos terminan sus jornadas, se van a Walmart a comprar, como hacen aquí los de la construcción, a comprar sus tortillas, su comida, y les esconden la comida, los productos para que se vayan de Walmart. Esto yo sé que es muy delicado, pero es una realidad, al grado que se han tenido que organizar propios empleadores para hacer sus propias tiendas.

Y también en los bancos, presidente, desafortunadamente de los millones de mexicanos que trabajan allá en Estados Unidos en la pizca les pagan todavía en cheque y tienen que ir a los bancos a hacer colas, y los sacan de los bancos en Estados Unidos, presidente, yo no sabía eso, así haya lluvia, nieve, ellos esperan afuera porque los bancos dicen que intimidan a sus clientes.

Entonces, presidente, esto también sería aunado a la llamada reforma migratoria y que se revisara y se impulsara también el resguardar estos derechos de los trabajadores mexicanos allá. Hay mucho, mucho tema.

Presidente, también usted hace unas semanas, bueno, ya meses, nos comentó que iba a venir el secretario de Hacienda a informarnos sobre el Banco del Bienestar, el plan de expansión allá en Estados Unidos. Esto llama mucho la atención a nuestros hermanos migrantes porque saben que van a tener menos comisiones.

¿Qué nos podría… al respecto, presidente?

Y, si me permite, también hace unas semanas estuvieron aquí varios manifestantes de Fovissste, beneficiarios de Fovissste. Desgraciadamente se duermen con una deuda y despiertan con más deuda, presidente. También se quedó de revisar.

Y ya, por último, si me permite, también estuvieron aquí en manifestación algunos trabajadores del Insabi que fueron despedidos; entre ellos, camilleros, de limpieza, que se les contrató cuando la pandemia. Y como usted ha dicho que se les iba a dar la plaza a doctores y enfermeros, pues ellos tienen esa duda. Quería ver si nos puede aclarar esto.

Y, por lo pronto, eso, presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues básicamente en lo último que propones, que planteas, decir que no van a ser despedidos los trabajadores y los que ya no están siendo contratados van a recontratarse porque estamos fortaleciendo todo el sistema de salud pública.

INTERVENCIÓN: Camilleros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque no se requiere sólo de médicos y de enfermeras, y de especialistas, también de camilleros y de otros trabajadores en un hospital, o sea, se requiere de choferes para ambulancias, se necesitan encargados de mantenimiento para lavanderías, se requiere de mucho personal administrativo, en fin, para que funcionen bien los hospitales.

Nada más que estamos en eso, es un proceso, estamos avanzando, ayer se explicó de cómo estamos trabajando en 13 estados, ya se incluye el Distrito Federal y vamos a tener como modelo Nayarit, que yo espero que en dos o tres meses ya esté completamente terminado todo el sistema de salud pública de Nayarit, y así vamos con otros. Entonces, sí hay opciones, sí hay alternativas.

Acerca de lo de Oaxaca, te quiero decir que es muy raro eso, porque las autoridades de los municipios de usos y costumbres son las más honestas. Por eso precisamente nosotros les entregamos a ellos sus fondos, porque estamos seguros de que los manejan con honestidad. Con ellos estamos haciendo todos los caminos de concreto y hacen muy buenas obras, y hasta les sobra el dinero.

Es una organización municipal tradicional democrática única. Ojalá y todas las autoridades fueran como las de los municipios de usos costumbres de Oaxaca, son 417 municipios que se gobiernan de esa manera, y la autoridad máxima es la asamblea, es un gobierno verdaderamente democrático.

La mayoría de los servidores públicos no cobran, dan servicio, prevalece el tequio y desde que son jóvenes tiene que dar servicio, empiezan como topiles, como policías y van ascendiendo, y es para ellos un gran orgullo servir hasta llegar al consejo de tatamandones, de ancianos, esa es su recompensa de ellos. Es algo excepcional, extraordinario, parte de la cultura de los pueblos de Oaxaca, que son los pueblos con más cultura en el mundo o de los de más cultura en el mundo.

A mí me gustaría que se conociera Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno, su democracia.

Pero voy a tomar nota y te voy a informar sobre San Martín Peras, sí, qué está sucediendo, te vamos a dar todo el informe.

Y le voy a pedir también, bueno, con Leti, que Adelfo, que es el coordinador de Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, hable contigo y te dé toda la información sobre los apoyos que se les están dando.

Ahora voy a estar allá, voy a estar el fin de semana en Oaxaca. Empiezo en Minatitlán el 18 de marzo, por la expropiación petrolera, para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y voy a terminar en Oaxaca y voy a ir a la Sierra Norte, a la Sierra Juárez.

Voy a ir a Guelatao el domingo. No voy a estar el lunes, que es 21, porque me invitaron a participar, a estar en la entrega del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, pero sí voy a estar en Guelatao y me voy a reunir con las autoridades de Guelatao.

Entonces, que te entregue Leti y que te ponga en comunicación con Adelfo, si te parece.

Lo del Fovissste, también te lo encargo mucho.

Y lo del Banco del Bienestar, decirles a los compañeros, compañeras, a los hermanos migrantes, que estamos trabajando para que se consolide el Banco del Bienestar. No podemos ahora hablar mucho de eso porque está la veda, pero se va avanzando, pasando lo del día 10 de abril vamos a informar sobre el Banco del Bienestar.

Muy bien.

(…)”

85.          Derivado de lo anterior, se advierte que el titular del Ejecutivo Federal, en relación con una pregunta efectuada por un medio de comunicación y vinculada con un presunto desvío de 20 millones de pesos por autoridades del municipio de San Martín Peras, de Oaxaca, expresó su opinión en relación a cómo, desde su punto de vista, eran las autoridades de los municipios de usos y costumbres, e indicó que por esa razón les entregan a ellos los fondos federales y que con ellos estaban haciendo caminos de concreto.

86.          Además, en relación con las autoridades de los municipios que se rigen por sus usos y costumbres, el presidente de la República expresó que, desde su óptica, se trataba de una organización municipal tradicional democrática única, que eran 417 municipios que se gobiernan de esa manera, donde la autoridad máxima es la asamblea, y que, para él, es un gobierno verdaderamente democrático.

87.          En este contexto, el presidente de la República manifestó que a él le gustaría que se conociera Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno y su democracia, y mencionó que tomaría nota del caso de San Martín Peras, de Oaxaca para dar un informe; por lo que indicó que le pediría al coordinador de Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, para que hablara con la periodista y le diera toda la información sobre los apoyos que se les están dando.

88.          Finalmente, el titular del Ejecutivo Federal anunció que estaría el fin de semana en Oaxaca, mencionando que empezaría su gira en Minatitlán para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y que también visitaría la Sierra Juárez y Guelatao con la finalidad de reunirse con las autoridades de este municipio.

89.          Ahora bien, el artículo 35, fracción IX, numeral 7, de la Constitución establece que, en los procesos de revocación de mandato de quien ostente la Presidencia de la República, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación correspondiente, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, obligación que se replica en el diverso 33, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Revocación.

90.          En este sentido, se observa que la Constitución dispone una limitación temporal absoluta para la difusión de toda la propaganda gubernamental en este tipo de procedimientos de participación ciudadana.

91.          La Sala Superior ha señalado que este límite tiene como objetivo evitar un impacto en la apreciación de las personas consultadas, pues lo trascendente es impedir que se pueda incidir de manera positiva o negativa en el resultado de la jornada de votación, tomando en cuenta que los entes públicos deben conducirse con total imparcialidad, a fin de que dicha propaganda no se convierta en un instrumento que pueda provocar un desequilibrio[44] .

92.          Lo anterior porque, al igual que en las elecciones de representantes populares, debe garantizarse el voto universal, libre, secreto y directo, así como las demás garantías establecidas constitucionalmente para su ejercicio, por lo que la Sala Superior ha identificado una misma finalidad en limitaciones temporales como la que se aborda: la protección del valor supremo de la libertad de la ciudadanía para emitir su voluntad, así como el imperio del principio democrático[45]

93.          Las únicas excepciones que la Constitución autoriza en ese período para la comunicación gubernamental[46]  son: las campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

94.          La Sala Superior ha definido la propaganda gubernamental como aquella difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales o estatales, de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o cualquier otro ente público cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos.[47] 

95.          En esa línea, la Sala también ha enfatizado que la finalidad o intención de dicha propaganda[48], entendida como una vertiente de comunicación gubernamental, consiste en que se busca publicitar o difundir acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de la población. Esto es, se diferencia de aquella otra comunicación gubernamental que pretende exclusivamente informar una situación concreta, sin aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso de la ciudadanía.

96.          En atención a estos elementos, la Sala Superior ha sistematizado sus pronunciamientos en torno a la figura de la propaganda gubernamental y la definió como toda acción o información relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impreso, audiovisual o electrónico) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía[49].

97.          De lo expuesto, se advierte que la calificación de la propaganda gubernamental atiende propiamente a su contenido y no a los factores externos por los que la misma se generó.

98.          También se debe recalcar que dicha propaganda se distingue de otros mecanismos de información gubernamental por su finalidad, consistente en buscar la adhesión, aceptación o mejor percepción de la ciudadanía[50] .

99.          Por tanto, para definir si nos encontramos ante propaganda gubernamental debemos atender tanto al contenido (logros o acciones de gobierno) del material en cuestión como a su finalidad (adhesión, aceptación o mejorar la percepción ciudadana), en aras de garantizar una tutela efectiva de los principios constitucionales referidos.

100.      Cabe señalar que, en relación con este concepto, el Congreso de la Unión emitió un decreto de interpretación legislativa que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo para abordar la definición de propaganda gubernamental contenido en el artículo 33 de la Ley de Revocación.

101.      Siguiendo la línea jurisprudencial de la SCJN, esta Sala Especializada ya ha señalado que dicho decreto cumple con las características de generalidad[51], abstracción[52]  e impersonalidad[53]  por lo que, en principio, debería atenderse en la solución de asuntos que involucren el artículo citado [54].

102.      No obstante, al resolver el expediente SUP-REP-96/2022 la Sala Superior señaló que esta interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental constituye una modificación a un aspecto fundamental del actual proceso de revocación de mandato, por lo cual debió haberse emitido noventa días antes del inicio de este procedimiento para ser susceptible de aplicarse dentro del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución.

103.      En atención a esto, expresamente concluyó que el decreto es inaplicable a los casos de revocación de mandato, lo que incluye a las controversias que surjan en el desarrollo del proceso, ya sea en sede cautelar o en el análisis de fondo, por lo cual esta Sala Especializada determina que dicho ejercicio interpretativo no constituye Derecho aplicable en la presente causa.

104.      Ahora bien, en el caso concreto, como se señaló, la convocatoria para el inicio formal del procedimiento de revocación se emitió el cuatro de febrero y la jornada de votación se llevó a cabo el diez de abril; por lo que, el período comprendido entre la primera fecha y, la segunda se encuentra dentro de aquel en el cual Constitución prohíbe la difusión de propaganda gubernamental de cualquier ámbito de gobierno.

105.      Así las cosas, dado que las expresiones denunciadas se llevaron a cabo el dieciséis de marzo, esta Sala Especializada estima que se tiene por satisfecho el elemento temporal de la infracción que nos ocupa.

106.      Además, en relación al elemento personal, se estima se tiene acreditado ya que la emisión del mensaje se realiza por Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República.

107.      En consecuencia, al tenerse por acreditado el elemento temporal y personal de la infracción, corresponde analizar si su contenido y si su la finalidad de satisfacen los requisitos para ser calificadas como propaganda gubernamental.

108.      Para analizar estos elementos, resulta necesario pronunciarnos por cada una de las partes denunciadas en la queja, ya que a consideración de esta Sala Especializada algunas de las expresiones efectuadas por el presidente de la República constituyen opiniones y puntos de vista.

        Temática del presunto desvío de recursos y autoridades tradicionales que se rigen por sus usos y costumbres

109.      En efecto, de la queja se advierte que se denunciaron expresiones como: “Acerca de lo de Oaxaca, te quiero decir que es muy raro eso, porque las autoridades de los municipios de usos y costumbres son las más honestas. Por eso precisamente nosotros les entregamos a ellos sus fondos, porque estamos seguros de que los manejan con honestidad. Con ellos estamos haciendo todos los caminos de concreto y hacen muy buenas obras, y hasta les sobra el dinero.”

110.       Sobre este punto, debe señalarse que las anteriores expresiones, las cuales se emitieron en respuesta a un cuestionamiento periodístico relacionado con un presunto desvió de recursos, son opiniones del presidente de la República en relación a con cómo, desde su perspectiva, son las autoridades municipales que se rigen por sus usos y costumbres - las autoridades de los municipios de usos y costumbres son las más honestas.-

111.      Además, si bien el presidente de la República expresa que se hacen entregas de fondos federales a estas autoridades municipales, y que con ellas están construyendo caminos de concreto, lo cierto es que a juicio de esta Sala Especializada, de análisis integral y contextual en que se efectuaron se advierte que estas menciones si bien constituyen comunicación gubernamental puesto que informan  de las entregas de fondos federales y la construcción de caminos de concreto, lo cierto es que son de carácter genérico, sin aludir a logros, acciones, o líneas de gobierno y tampoco de advierte que busquen la adhesión o el consenso de la ciudadanía.

112.      En efecto, la Sala Superior ha sostenido[55] que la comunicación gubernamental es un género muy amplio y no está exento de debates respecto de qué es y qué no es, pues incluye muchas, y diversas modalidades. Mientras que, la propaganda gubernamental es una especie o modalidad de comunicación más concreta.

113.      Aunque toda propaganda gubernamental es comunicación gubernamental, no toda comunicación gubernamental es propaganda gubernamental. Por tanto, comunicación y propaganda gubernamental son género y especie, respectivamente, y no sinónimos de lo mismo.

114.      Así, de la revisión a estas expresiones que nos ocupa se estima que estas referencias de “por eso precisamente nosotros les entregamos a ellos sus fondos….Con ellos estamos haciendo todos los caminos de concreto”, lejos de constituir la difusión de programas, acciones o líneas de gobierno que busquen exaltar o  promover logros de gobierno, en realidad constituyen referencias genéricas que efectúa el presidente para responder un cuestionamiento que le hizo relacionado con un presunto caso de desvió de recursos.

115.      Además, tampoco se advierte que estas expresiones busquen generar una aceptación y/o apoyo por parte de la ciudadanía respecto de las políticas implementadas por el Gobierno Federal. Ello, ya que del análisis integral y contextual de las expresiones se estima que se efectuaron con la finalidad de explicar el por qué, desde la perspectiva del presidente, se están llevando a cabo transferencias federales directamente a los municipios – “por que las autoridades que se rigen por los usos y costumbres era honestas” “estamos seguros de que los manejan con honestidad” - y expresar como, desde su perspectiva, son las obras de infraestructura que las comunidades realizan - muy buenas obras,-  y su administración - hasta les sobra el dinero-

116.      Además, acto seguido, el presidente expresó lo que para él era una organización municipal tradicional, su forma de organización interna, y su opinión del sistema democrático, al señalar:

        “Es una organización municipal tradicional democrática única. Ojalá y todas las autoridades fueran como las de los municipios de usos costumbres de Oaxaca, son 417 municipios que se gobiernan de esa manera, y la autoridad máxima es la asamblea, es un gobierno verdaderamente democrático.”

        “La mayoría de los servidores públicos no cobran, dan servicio, prevalece el tequio y desde que son jóvenes tiene que dar servicio, empiezan como topiles, como policías y van ascendiendo, y es para ellos un gran orgullo servir hasta llegar al consejo de tatamandones, de ancianos, esa es su recompensa de ellos. Es algo excepcional, extraordinario, parte de la cultura de los pueblos de Oaxaca, que son los pueblos con más cultura en el mundo o de los de más cultura en el mundo.”

        “A mí me gustaría que se conociera Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno, su democracia”

117.      Por lo anterior, a juicio de esta Sala Especializada, estas expresiones constituyen opiniones del presidente respecto de cómo, desde su perspectiva son los municipios que se rigen conforme a los usos y costumbres, así como la manera en la que funciona su organización interna, los distintos órganos internos de dirección y su sistema democrático.

118.      Asimismo, se advierten manifestaciones personales en el sentido de que a él le gustaría que se conociera Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno, su democracia, y que, desde su perspectiva, los pueblos de Oaxaca son los pueblos de más cultura en el mundo.

119.      Finalmente, en relación con el cuestionamiento efectuado por un medio de comunicación relacionado con el presunto desvío de dinero por parte de las autoridades de San Martín Peras, en el estado de Oaxaca, el presidente señaló que tomaría nota de lo que estaban denunciando y que posteriormente daría un informe relacionado con esta temática y que le pediría a otro servidor público que le diera toda la información de los apoyos que estaban dando -sin especificar cuales-.

120.      Por lo anterior, del análisis a las expresiones efectuadas y atendiendo al contexto en el que se efectuaron, se arriba a la conclusión de que estas expresiones no buscaron dar a conocer programas, acciones, logros, y/o líneas de gobierno específicas de la actual administración ni tampoco se emitieron con la finalidad de generar una opinión favorable hacia su gobierno o de causar adhesión o simpatía hacía su administración, sino que éstas expresiones se dieron como respuesta a un cuestionamiento relacionado con un presunto desvío de dinero

121.      En ese sentido, es importante precisar que esta Sala Especializada no valida las expresiones por el hecho de que un periodista haya realizado una pregunta al presidente de México, sino que las expresiones que realizó el presidente de la República se entienden derivadas de la línea discursiva que se llevó en la mañanera y a pesar de que se le haya preguntado por el desvió de dinero en un Municipio de Oaxaca, el presidente de México contextualizó su respuesta refiriéndose a la forma de organización que llevan las comunidades que se rigen por usos y costumbres, sin que esta Sala advierta la intención de causar o generar simpatía con la ciudadanía, puesto que incluso cuando se refirió a las comunidades, como se dijo, mencionó que son las más honestas, es decir, se refirió de forma positiva hacia las comunidades y no hacía su administración o hacia alguna administración en particular o hacia su persona..

122.      Además, si bien, mencionó que se construyeron caminos, lo hizo también refiriéndose a las comunidades y el hecho de entregue dinero de forma directa, como se aprecia de la línea discursiva, fue meramente informativo y para contextualizar la respuesta, sin que se haya atribuido esa acción como un logro personal o acción de su gobierno, puesto que las expresiones usadas por el denunciado fueron justo que a ellos se les entregan sus fondos y están construyendo caminos rurales, expresiones de las cuales no se advierte alguna palabra en la que el presidente denunciado quiera generar adhesión o simpatía para con la ciudadanía; por lo que estas expresiones no pueden considerarse propaganda gubernamental.

123.      En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala Especializada[56], de declarar la inexistencia de propaganda gubernamental cuando no se advierta un elemento relativo a que los entes del estado quieran generar simpatía o adhesión de la ciudadanía en la promoción de logros o acciones de gobierno.

        Temática de la Gira de trabajo por Oaxaca

124.      Por otro lado, de las manifestaciones denunciadas, también se advierte que el titular del Ejecutivo Federal expresó, “Ahora voy a estar allá, voy a estar el fin de semana en Oaxaca. Empiezo en Minatitlán el 18 de marzo, por la expropiación petrolera, para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y voy a terminar en Oaxaca y voy a ir a la Sierra Norte, a la Sierra Juárez. Voy a ir a Guelatao el domingo. No voy a estar el lunes, que es 21, porque me invitaron a participar, a estar en la entrega del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, pero sí voy a estar en Guelatao y me voy a reunir con las autoridades de Guelatao.”

125.      Derivado de lo anterior, se advierte que estas expresiones, si bien constituyen una línea de acción de gobierno especifica consistente en la realización de una gira de trabajo por Oaxaca detallando los lugares a los que asistiría, lo cierto es que, a juicio de esta Sala Especializada, del análisis integral y contextual en que se efectuaron se estima que no constituyen propaganda gubernamental ya que son expresiones de carácter informativo que buscan dar a conocer información de interés general para la ciudadanía respecto de la agenda del presidente de la República[57], y que no se advierte que busquen generar simpatía o adhesión a sus políticas.

126.      Además, si bien hace mención de que acudirá a la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles lo cierto es que del análisis integral de las expresiones no se estima que haya tenido la finalidad de generar una aceptación respecto de esta obra o su gestión, sino que en el contexto en que se efectúa se advierte que esta dando a conocer sus actividades con la finalidad de informar a la ciudadanía si que se exalten cualidades de la obra de infraestructura, es decir, únicamente hace referencia a que acudirá a la inauguración del aeropuerto sin que haya alguna expresión de índole positiva que busque dicha adhesión o simpatía.

127.      Por lo anterior, es inexistente la infracción de difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato derivado de las manifestaciones efectuadas en la conferencia matutina de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, atribuida al presidente de la República, al director del CEPROPIE, al secretario Particular del presidente y Coordinador de Comunicación Social y Vocería.

C.DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA

128.      El artículo 134, párrafo 8, de la constitución federal, señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.[58]

129.      Esa prohibición constitucional tiene como justificación subyacente tutelar el principio de equidad en la contienda, en torno al cual se ha construido el modelo de comunicación política en nuestro país. Ello, además, es una regla de actuación para las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en la configuración y difusión de la propaganda gubernamental que emitan, a fin de no influir en los procesos de renovación del poder público.

130.      En esa línea, los artículos 5, inciso f), y 9, fracción I, de la Ley General de Comunicación Social ─reglamentaria del párrafo constitucional en cita─, recoge la proscripción de la promoción personalizada y exalta como principios rectores de la comunicación social a la objetividad e imparcialidad, mismos a los que asigna la finalidad de tutelar la equidad en la contienda electoral.

131.      Por su parte, el artículo 449, inciso e), de Ley Electoral concretiza la referida protección al señalar que constituye una infracción de las personas en el servicio público la vulneración a la prohibición constitucional de llevar a cabo promoción personalizada durante los procesos electorales.

132.      Sobre este punto debe destacarse que un presupuesto indispensable para analizar la probable promoción personalizada de personas en el servicio público es que el mensaje difundido pueda calificarse como propaganda gubernamental.

133.      Ahora bien, la Sala Superior ha establecido que no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, pueda catalogarse en automático como promoción personalizada, sino que debe analizarse si sus elementos constitutivos vulneran los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales.

134.      Con base en ello, la propaganda gubernamental que sea difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social actualizará la infracción contenida en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, cuando se satisfagan estos elementos[59]:

135.      Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se considera que esta infracción no se actualiza, ya que como se señaló en líneas anteriores, las manifestaciones denunciadas en la conferencia de prensa del dieciséis de marzo no satisfacen las características para poder ser calificadas como propaganda gubernamental y, por tanto, no se cumple con el presupuesto indispensable para tener por acreditada la existencia de elementos de promoción personalizada.

136.      Además, del análisis a las expresiones denunciadas no se advierte que resalten cualidades personales del presidente o se hagan alusión a sus logros o resultados de gobierno con la finalidad de generar una aceptación de la ciudadanía.

137.      En consecuencia, es inexistente infracción de promoción personalizada.

138.      Finalmente, respecto de las concesionarias de radio y televisión que difundieron la conferencia de prensa de dieciséis de marzo, se advierte que tampoco se actualizan las infracciones que se les atribuyen, vinculadas con la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y con elementos de promoción personalizada.

139.      Esto, porque como se señaló, las manifestaciones denunciadas del presidente de la República en la conferencia mañanera de dieciséis de marzo no fueron calificadas de ilegales, razón por la cual el hecho de que las hubieren difundido no es contrario a la normativa constitucional y legal en materia de revocación de mandato.

D. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD

140.      El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, dispone que las personas servidoras públicas de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

141.      Impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.

142.      Por su parte, el artículo 449, párrafo primero, inciso d), de la Ley Electoral, establece como conducta sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento al principio constitucional de imparcialidad antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia.

143.      Ahora bien, la Sala Superior[60] ha señalado que, si bien el aludido precepto constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia de que se dé una actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el objeto de que ningún partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.

144.      Ahora bien, en el caso que nos ocupa, derivado de las expresiones efectuadas por el presidente de la República y que fueron analizadas en líneas anteriores, esta Sala Especializada pudo advertir que en ellas no se hace mención a ninguna fuerza política, ni tampoco se hacen llamamientos expresos para votar a favor o en contra de alguna fuerza política o candidato. Asimismo, se advierte hagan mención al proceso de revocación de mandato.

145.      Lo anterior, ya que, como se mencionó, las expresiones denunciadas que el Titular del Ejecutivo Federal en la conferencia de prensa del dieciséis de marzo constituyen opiniones respecto de cómo, desde su perspectiva, son los municipios que se rigen conforme a los sistemas normativos indígenas, así como la manera en la que funciona su organización interna, los distintos órganos internos de dirección y el régimen democrático.

146.      Asimismo, se advierten manifestaciones personales en el sentido de que a él le gustaría que se conociera Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno, su democracia, y que, desde su perspectiva, los pueblos de Oaxaca son los pueblos de más cultura en el mundo.

147.      Por lo anterior, a juicio de esta Sala Especializada, ninguna de las expresiones denunciadas busca incidir a favor o en contra de un partido político, candidatura o del proceso de revocación de mandato. Cabe mencionar que en ninguna de estas frases se hace mención a MORENA, sus candidaturas o al presidente de la República de cara al proceso de revocación de mandato. Asimismo, tampoco se hacen pronunciamientos a favor o en contra de él, partido político o candidatura, ni se busca posicionar a alguien en concreto de cara a algún proceso de democracia directa.

148.      Por todo lo antes expuesto se concluye que las expresiones denunciadas que emitió el Titular del Ejecutivo Federal no actualizan la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

E. USO INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES.

149.      Por otro lado, debe señalarse que de conformidad con el artículo 449, inciso f) de la Ley Electoral,[61] la utilización de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, porque son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo.

150.      Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral y contextual de las expresiones denunciadas pronunciadas en la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, no se advierte que se esté efectuando un uso indebido de un programa social en particular, ya que si bien el presidente de la República hace mención de una entrega de fondos a autoridades municipales y la construcción de caminos de concreto, se estima que estas manifestaciones se efectúan en el contexto de una pregunta efectuada por un medio de comunicación relacionada con un presunto desvío de recursos públicos, y que el presidente las emitió para explicar, porque, desde su perspectiva, las autoridades que se regían por los usos y costumbres eran honestas y hacían buen uso del dinero.

151.      Además, se estima que son genéricas ya que no señalan que el nombre de algún fondo o programa específico municipales y/o la construcción de algún camino de concreto, aunado a que la referencia que hace no se vinculó con algún proceso electoral ni con el proceso de revocación de mandato, por tanto, el hecho de que haya hecho alguna mención sobre la entrega de fondos públicos no es violatorio de la norma electoral.

152.      Por lo anterior, no se observa que se esté efectuando un uso indebido de programas sociales en particular, y/o que exista un uso con fines electorales.

F. VULNERACIÓN A LAS REGLAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO

153.      El artículo 35, fracción IX, de la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de revocación de mandato.

154.       En lo que al caso interesa, en el numeral 7º de la citada fracción se prevé la prohibición para que las personas servidoras públicas promuevan el proceso de revocación de mandato, pues dicha actividad le corresponde de manera exclusiva al INE.

155.      Es un derecho político fundamental de las personas que se debe ejercer en plena libertad y conciencia, sin la influencia de factores externos que limiten la posibilidad de analizar la gestión gubernamental, para que pueda tener un resultado que sea fruto de la opinión genuina de la ciudadanía.

156.      En ese sentido, la Ley de Revocación de Mandato en sus artículos 2 y 5, prevén que se trata de un derecho político de la ciudadanía a solicitar, participar, ser consultada y votar respecto a la revocación del mandato de la persona titular de la Presidencia de la República, que tiene como efecto la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona referida.

157.      En esa sintonía, se dotó al INE con la facultad y obligación de promover la participación ciudadana en los ejercicios de revocación de mandato y son la única instancia encargada de su difusión que debe ser, objetiva, imparcial y con fines informativos con base en los artículos 35, fracción IX, numeral 7, párrafo segundo de la constitución federal, 32 y 33, párrafos primero a tercero, de la Ley de Revocación.

158.      En ese orden, se prevé que la difusión por parte del INE debe iniciar al día siguiente en que se publique la convocatoria del proceso de revocación de mandato y concluirá tres días anteriores a la jornada de votación.

159.      Asimismo, refiere que la campaña de difusión se realizará a través de los tiempos que correspondan al INE en radio y televisión.

160.       Adicionalmente, en los artículos 35, fracción IX, numeral 7, párrafo segundo de la Constitución, 32 y 33, párrafos primero a tercero, de la Ley de Revocación se prohíbe el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación de mandato.

161.      Por su parte, el artículo 37 de los lineamientos dispone que está prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con la revocación de mandato.

162.      Puntualiza que, ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía sobre la revocación de mandato.

163.      Finalmente, se estima que las reglas para la difusión de propaganda durante el proceso de revocación de mandato deben interpretarse de manera armónica con los principios previstos en el artículo 134 constitucional, que establecen el deber de quienes integran el servicio público de actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de los recursos públicos en todo tiempo o momento, a fin de mantenerse siempre al margen de los temas que se someten a opinión de la ciudadanía.[62]

164.      De todo lo anterior, se considera que, el objeto de la norma constitucional y legal se dirige a garantizar a la ciudadanía las condiciones para que en los procesos de revocación de mandato pueda emitir una decisión personal y libre, a partir de información imparcial y objetiva que se difunda por el INE que es la autoridad encargada de la organización y difusión del mecanismo de participación.

165.      Sobre esta cuestión, debe mencionarse que las manifestaciones denunciadas de la conferencia de prensa del dieciséis de marzo no se advierte expresiones que constituyan un llamado a votar o a dejar de votar en la consulta de revocación de mandato.

166.      Por el contrario, tal y como se analizó en líneas anteriores, las expresiones denunciadas corresponden a una respuesta proporcionada por el Presidente de la República derivado de un cuestionamiento de un medio de comunicación y que se encuentra relacionado con un presunto desvío de recursos por parte de autoridades tradicionales que se rigen por sus usos y costumbres, así como de una gira de trabajo por el estado de Oaxaca; sin que en ninguna de estas expresiones se advierta, explicita o implícitamente,  alguna referencia al proceso de revocación de mandato.

167.      Asimismo, tampoco se advierte que se invite a participar en la jornada de votación o que se promueva el mecanismo de democracia directa.

168.      Por tanto, es inexistente la vulneración a las reglas de revocación de mandato.

G.   USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

169.      El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución dispone que las personas servidoras públicas de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

170.      Impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.

171.      Además, la Sala Superior ha determinado[63] que esta disposición constitucional impone deberes específicos a las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, relativos a abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos.

172.      En esta línea, ha señalado que quienes tienen funciones de ejecución o de mando enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la administración pública. Además, por la naturaleza de su encargo y su posición relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones.

173.      Las restricciones a las personas titulares del Poder Ejecutivo en sus tres ámbitos de gobierno, desde esta perspectiva, garantizan los principios de imparcialidad, neutralidad, objetividad, certeza e independencia que deben regir en el ejercicio de la función electoral, así como la libertad del sufragio. Ello, puesto que no puede cumplirse con la obligación constitucional señalada si no se establecen limitaciones a la participación activa de aquellas personas en los procesos electorales.

174.      De esta manera, el uso de recursos públicos, humanos, financieros o materiales debe apegarse a las exigencias que el principio de equidad impone en el marco de las competencias electorales.

175.      En esta línea, el artículo 5, inciso f), de la Ley General de Comunicación Social, dispone la prohibición de asignar recursos para comunicación social que pueda influir en las competencias electorales.

176.      Por su parte, el artículo 33 párrafo séptimo de la Ley de Revocación y 37 de los Lineamientos establecen que está prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

177.      Ahora bien, en el presente asunto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que no se actualiza la infracción de uso indebido de recursos públicos por parte del Presidente de la República y las personas funcionarias públicas encargadas de la organización, producción y difusión de las Mañaneras ya que las expresiones denunciadas del dieciséis de marzo no actualizaron difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido ni vulneración al principios de imparcialidad y neutralidad. Asimismo, tampoco se advirtió que hicieran referencia al proceso de revocación de mandato con la finalidad de promover o no la participación de la ciudadanía.

178.      Por tanto, a consideración de esta Sala Especializada no se actualiza la infracción de uso indebido de recursos públicos, ya que se estima que estos si se utilizaron para su finalidad por la cual fueron asignados.

179.      Asimismo, respecto de las concesionarias públicas de los gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Colima y Michoacán de Ocampo, así como al Instituto Politécnico Nacional y al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, como concesionarios públicos, se estima que la infracción es inexistente ya que las expresiones efectuadas, y que se difundieron a través de sus emisoras no fueron ilegales por lo que no se advierte un uso indebido de recurso

H. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR ACQYD-INE-18/2022

180.      Al respecto, debe señalase que las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

181.      Respecto a la tutela preventiva, la Sala Superior ha señalado que esta se dirige a que el peligro de lesión sobre un determinado valor, principio o derecho no sobrevenga, que no se lleve a cabo la actividad lesiva, o bien, que se impida la continuación o repetición de esa actividad[64], esto, bajo la consecuencia lógica de actos ya existentes que permitan inferir la posible realización de conductas similares de las cuales debe impedirse su realización.

182.      Ahora bien, toda vez que la autoridad electoral emplazó por un posible incumplimiento a la medida cautelar ACQyD-INE-18/2022, dictada el dieciocho de febrero, en el diverso procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/38/2022, resulta relevante traer a consideración las razones por las cuales se dictó ésta.

183.      En este sentido, la medida cautelar ACQyD-INE-18/2022 fue dictada con motivo de una denuncia por presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido como consecuencia de dos publicaciones efectuadas en la página de internet https://lopezobrador.org.mx/, en las cuales se difundió información relacionada con una reunión sostenida con autoridades del pueblo Seri, en Hermosillo, Sonora, el doce de febrero, así como al acto de supervisión del estadio ‘Tomás Oroz Gaytán’, realizada en Cajeme, Sonora, el trece inmediato siguiente.

184.      Ahora bien, en cada una de estas publicaciones se abordaron las siguientes temáticas:

185.      Como consecuencia de ello, la autoridad instructora dictó las siguientes medidas cautelares:

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas respecto de los materiales contenidos en las ligas de internet referidas por el quejoso en su escrito inicial, en los términos y por las razones establecidas en el Apartado A del considerando CUARTO, de la presente resolución.

SEGUNDO. Se ordena al titular del Poder Ejecutivo Federal, que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas contadas a partir de la legal notificación de la presente determinación, por sí o a través del servidor público que se encuentre en aptitud material y jurídica de realizarlo, proceda a eliminar las publicaciones contenidas en las ligas de internet https://lopezobrador.org.mx/2022/02/12/version-estenografica-reunion-conautoridades-del-pueblo-seri-desde-hermosillo-sonora y https://lopezobrador.org.mx/2022/02/13/version-estenografica-supervision-deestadio-tomas-oroz-gaytan-cajeme-sonora, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio o administración, debiendo informar de su cumplimiento, dentro de las seis horas siguientes a que eso ocurra, en términos del apartado EFECTOS, del Apartado A del considerando CUARTO de esta resolución.

TERCERO. Se declara procedente la adopción de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, para prevenir la comisión de conductas como la denunciada en este caso, en los términos y por las razones establecidas en el considerando CUARTO, Apartado B, de la presente resolución.

CUARTO. Se ordena al Presidente de la República, se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados logros y actividades de gobierno, que puedan considerarse propaganda gubernamental, salvo que se trate de campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil, en el periodo comprendido entre el cuatro de febrero y el diez de abril, ambos del año en curso, para lo cual deberá revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas para que su actuar, se encuentre ajustado a los principios constitucionales, sin interferir en el proceso de revocación de mandato.

QUINTO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,

para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación.

SEXTO. En términos del considerando QUINTO de la presente resolución es

impugnable mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

186.      De lo anterior, se desprende que, en efecto, en el expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/38/2022, al pronunciarse por la medida cautelar, se ordenó, entre otras cosas, bajo la figura de la tutela preventiva, que el presidente de la República se abstuviera, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos relacionados logros y actividades de gobierno, que puedan considerarse propaganda gubernamental, salvo que se trate de campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil, en el periodo comprendido entre el cuatro de febrero y el diez de abril.

187.      Sobre este tema, este órgano jurisdiccional estima que aun cuando en este acuerdo se establecieron los efectos de las medidas en términos generales (tutela preventiva), estos no pueden desligarse de la materia a partir de la cual fueron dictados,  ya que estos están indisolublemente vinculados con la conducta específica que dio lugar a la solicitud de medidas cautelares, esto es, lo referente a las manifestaciones efectuadas en reunión sostenida con autoridades del pueblo Seri, en Hermosillo, Sonora y de la visita de supervisión al estadio ‘Tomás Oroz Gaytán’, en Cajeme, Sonora.

188.      Esto, porque como se señaló, el dictado de tales medidas tiene como base la existencia de actos previos que permiten inferir la posible realización de conductas similares de las cuales debe impedirse su realización.

189.      Así,  analizar la conferencia de prensa del dieciséis de marzo, la cual se trató de un acto distinto a la que generó el dictado de la medida cautelar como un posible incumplimiento, y donde se trataron temas diferentes a la reunión sostenida con autoridades del pueblo Seri, en Hermosillo, Sonora y de la visita de supervisión al estadio ‘Tomás Oroz Gaytán’, en Cajeme, Sonora nos llevaría a dar efectos amplios y desproporcionados sobre cualquier manifestación que se realice con posterioridad a su dictado, vinculando así a la tutela preventiva una restricción injustificada a la libertad de expresión, lo cual iría, incluso contra la finalidad de las medidas, que es la de desplegar los mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que se repitan conductas que puedan resultar ilícitas, en consecuencia, se determina la inexistencia de la infracción.

190.      En consecuencia, por lo que hace a la materia de lo resuelto en este asunto, queda a consideración de las partes denunciadas, poner a disposición de la ciudadanía la conferencia de prensa del dieciséis de marzo que contiene las expresiones objeto del presente análisis.

Comunicación de la sentencia

191.      Se solicita a la Secretaría General que se comunique la emisión de la sentencia a la Sala Superior de este Tribunal, al encontrarse relacionada con asuntos vinculados con la revocación de mandato.

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas atribuida al presidente de la República, al Coordinador de Comunicación Social y Vocería, al secretario particular del Presidente, al Director del CEPROPIE, así como a diversas concesionarias de radio y televisión, en los términos establecidos en la presente sentencia.

SEGUNDO.  Comuníquese la presente sentencia a Sala Superior en los términos precisados.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos de las magistraturas que la integran, con el voto concurrente de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y del magistrado Luis Espíndola Morales ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO CONCURRENTE1

Expediente: SRE-PSC-27/2023

Magistrada: Gabriela Villafuerte Coello

1. Desde mi óptica, el análisis sobre la inexistencia del incumplimiento de medidas cautelares es diferente.

2. Ya que, al no acreditarse la infracción de difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, en vía de consecuencia, es que no se incumple la medida cautelar.

3. Por esta razón, es mi voto concurrente.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 4/2022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas de este Tribunal.

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO LUIS ESPÍNDOLA MORALES[65] EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-27/2023.

Emito el presente voto porque considero necesario fijar mi postura en relación con el concepto de propaganda gubernamental contenida en la reforma a la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

En la sentencia se analizó la infracción consistente en promoción personalizada, en la que se hizo referencia a la Ley General de Comunicación Social puesto que en ésta también se proscribe ese tipo de promoción, tal como en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es importante señalar que, para llevar a cabo el análisis de la presunta promoción personalizada, en un primer momento, se debe determinar si estamos ante propaganda gubernamental y la referida Ley de Comunicación Social contiene una definición al respecto, la cual fue modificada en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, de esta manera:

VIII Bis. Propaganda gubernamental: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, o mediante el uso de tiempos oficiales, por un Ente Público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines; información de interés público tendiente al bienestar de la población o a estimular acciones de la ciudadanía para ejercer derechos, obligaciones o acceder a beneficios, bienes o servicios públicos, a través de cualquier medio de comunicación. Sus características deben ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita;

Desde mi óptica, debió realizarse un pronunciamiento en la sentencia en el sentido de que no puede tomarse en consideración ese concepto al resolver el presente procedimiento relacionado con la revocación de mandato y no obviarse.

Lo anterior, porque la Sala Superior al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-96/2022, determinó la inaplicabilidad del decreto de interpretación auténtica de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que también se pretendió dotar de contenido el concepto de propaganda gubernamental en términos similares.

Entre otras cuestiones, la Superioridad argumentó que el texto del decreto de interpretación auténtica contravenía el artículo 35, fracción IX, apartado 7° de la Constitución conforme a lo siguiente:

Como puede advertirse del texto constitucional, existe un mandato de suspensión de toda clase de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, lo cual incluye a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de gobierno.

Mandato del cual se exceptúan ciertas clases de propaganda gubernamental en atención a su contenido, a saber: la relativa a los servicios educativos, de salud y/o protección civil.

(…)

Lo anterior es importante porque el Decreto de interpretación auténtica, en su artículo primero, párrafo tercero, establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental que no está comprendida ni por el texto constitucional ni por el texto que pretende interpretar, el cual, como ya se observó, es exactamente el mismo:

No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.

Dicha superioridad señaló que el término “propaganda gubernamental” no presenta, desde el punto de vista estrictamente semántico, alguna duda que sea necesaria disipar en torno a quién puede emitirla pues, precisamente, el mismo contexto en el cual se inserta aclara, indubitablemente, que opera en relación con cualquier orden de gobierno, y para cualquier poder público, órgano autónomo, dependencia, entidad de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.[66]

En este sentido, resultaba incuestionable que al establecer que dentro del campo semántico del concepto “propaganda gubernamental” no están incluidas las expresiones emitidas por las personas servidoras públicas, hace referencia a una excepción que no se encuentra prevista en el marco constitucional.

Lo anterior resulta relevante ya que, tal y como fue referido en los preceptos reformados, se señala de manera explícita que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

Cuestión que resulta idéntica a la determinada por la Sala Superior como contraria a la Constitución en el decreto de interpretación auténtica. Con lo cual, como señaló la superioridad, con el Decreto de interpretación auténtica, el legislador desbordó el mandato recogido por la propia Constitución en su artículo 35, fracción IX, apartado 7º.

De esta manera, si la porción interpretativa en comento fue invalidada para su aplicación por la máxima autoridad en materia electoral, el hecho de que sea retomada en la reforma a la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, no le da validez para ser aplicada.

Lo anterior fue retomado por esta Sala Especializada al resolver el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-7/2023[67], por lo que, en mi concepto, tales consideraciones a las que hago referencia permiten reforzar los alcances del concepto de propaganda gubernamental, en este caso, en relación con el proceso de revocación de mandato.

Aunado a lo anterior, la referida reforma legal (veintisiete de diciembre de dos mil veintidós) se emitió con posterioridad a la celebración de la jornada de revocación de mandato (diez de abril de dos mil veintidós), por lo que se encuentra fuera de la temporalidad establecida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución el cual establece que las reformas electorales deben promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes del inicio del proceso electoral en que deban aplicarse.

Por lo antes referido, formulo el presente voto concurrente.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 4/2022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del Tribunal.