PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SRE-PSC-40/2016 Y SRE-PSC-42/2016 ACUMULADOS

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

MAGISTRADOS PONENTES: CLICERIO COELLO GARCÉS Y FELIPE DE LA MATA PIZAÑA.

SECRETARIOS: LUIS RODRIGO GALVÁN RÍOS, JOSÉ ANTONIO PÉREZ PARRA, HECTOR TEJEDA GONZÁLEZ Y ABRAHAM CAMBRANIS PÉREZ.

Ciudad de México, a cinco de mayo de dos mil dieciséis.

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes; Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes y José de Jesús Ríos Alba candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, así como en contra de dichos partidos políticos; y del organismo público descentralizado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, concesionario de la emisora de radio XHRTA-FM 92.7 y del canal de televisión XHCGA-TDT CANAL 26, por la presunta adquisición de tiempos en radio y televisión y la violación al principio de imparcialidad en la utilización de recursos públicos.

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncias. El treinta de marzo de dos mil dieciséis[1], Jorge López Martín, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional[2], ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[3], denunció la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, así como la violación al principio de imparcialidad en la utilización de recursos públicos, atribuible a Lorena Martínez Rodríguez, en su carácter de candidata de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” y de los partidos políticos que la integran, Revolucionario Institucional[4], Verde Ecologista de México[5], Nueva Alianza[6] y del Trabajo[7]; así como, a Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, lo anterior, con motivo de la cobertura informativa que supuestamente otorgaron de manera indebida e inequitativa las emisoras XHRTA-FM 92.7 y XHCGA-TDT CANAL 26, a la candidata referida en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes.

El dos de abril de dos mil dieciséis, René Miguel Ángel Alpizar Castillo, en su carácter de Representante Suplente del PAN, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes, y ante el Consejo Local del INE, denunció la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, la violación al principio de imparcialidad, así como actos anticipados de campaña, atribuible Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes y José de Jesús Ríos Alba candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, así como del Director del organismo público descentralizado “Radio y Televisión de Aguascalientes”; lo anterior, con motivo de la cobertura informativa en televisión que supuestamente otorgaron de manera indebida e inequitativa la emisora XHCGA, CANAL 26, a los candidatos referidos en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes.

2. Radicación e investigación. El treinta y uno de marzo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral[8] del INE, radicó la denuncia y sus anexos con la clave UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016 y ordenó realizar diligencias de investigación relacionadas con los hechos denunciados.

Así mismo el veintiuno de abril la Autoridad Instructora radicó la denuncia y sus anexos con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016 y ordenó realizar diligencias de investigación relacionadas con los hechos denunciados.

3. Medidas Cautelares. El diecisiete de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo identificado con la clave ACQyD-INE-41/2016, mediante el cual declaro improcedente la solicitud de medida cautelar en atención a que los hechos sometidos a su consideración habían sido consumados, es decir, a la fecha de la aprobación del acuerdo la difusión de los notas informativas había cesado. 

Por otra parte, declaró procedentes las medidas cautelares derivada de una tutela preventiva hacia Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba a fin de que se abstengan de contratar, adquirir o convenir la difusión o publicaciones de sus actividades electorales, así como y al Director General de Radio y Televisión del Gobierno de Aguascalientes concesionario de la emisora identificada con las siglas XHCGA-TDT Canal 26, a fin de observar los principios de equidad y proporcionalidad en la en la cobertura a las candidatos a cargos de elección popular en el contexto del proceso electoral local de Aguascalientes.

4. Emplazamientos y audiencias. El veinte de abril, la autoridad instructora dentro del expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016 ordenó el emplazamiento a las partes a fin de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el veinticinco siguiente.

En el caso del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, el veintiocho de abril, la Autoridad Instructora acordó emplazar a las Partes Involucradas a la audiencia.

El dos de mayo, se realizó la audiencia en la cual se ofrecieron y desahogaron pruebas, presentándose los alegatos correspondientes.

5. Recepción de los expedientes en la Sala Regional Especializada[9]. El veinte de abril y dos de mayo, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada los oficios mediante el cual la autoridad instructora remitió los expedientes alusivos al presente procedimiento especial sancionador; mismo que en su oportunidad, fueron remitidos a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta Sala, a efecto de que verificara su debida integración, en términos del Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral[10].

6. Turno. Una vez verificada su debida integración, el Magistrado Presidente acordó formar el expediente SRE-PSC-40/2016 y SRE-PSC-42/2016 turnarlos a la ponencia a su cargo y del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña respectivamente.

7. Radicación. En su oportunidad, los Magistrado ponentes radicaron los expedientes al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. COMPETENCIA

Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión por parte de Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes; y José de Jesús Ríos Alba candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, infracción que es del conocimiento exclusivo del ámbito federal de conformidad con la jurisprudencia de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.”[11]

Asimismo, se advierte que el quejoso hace valer que la presunta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, fue consentida y sufragada con recursos públicos, por lo que aduce una probable vulneración al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[12], infracción que al ser derivada de la posible contratación y/o adquisición de tiempos, hace inescindible el análisis de las infracciones denunciadas, por lo que, a fin de no dividir la continencia de la causa, este órgano jurisdiccional también asume competencia para conocer de la misma, de conformidad con la tesis de rubro: “CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN,”[13] en relación al criterio general contenido en su parte conducente.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, Base III, Apartado D, y 99 párrafo cuarto fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192 y 195, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 470, párrafo 1, inciso a), 476 y 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[14]

Por otra parte, en cuanto hace a la comisión de actos anticipados de campaña, esta Sala Especializada precisa que conforme al Acuerdo de radicación emitido por la autoridad instructora de veintiuno de abril del presente año, en los expedientes en que se actúan, se remitió copia certificada del expediente al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, entidad a quien en el ámbito de sus atribuciones corresponde su conocimiento, por ser de exclusiva incidencia en el ámbito local.

Sobre el particular, se toma en consideración lo establecido en torno al sistema de distribución de competencias descrito en las jurisprudencias 25/2010 de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMEINTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS” y 25/2015 “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”; así como lo resuelto en el expediente SUP-AG-7/2015, en el cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que cuando se controvierta la realización de actos anticipados de campaña por el contenido de un promocional de radio o televisión que tenga incidencia exclusiva en una elección local, el órgano competente para conocer y resolver es la instancia local.

En consecuencia, esta Sala Especializada se pronuncia solamente respecto de la presunta contratación y/o adquisición de tiempos en televisión para la difusión de propaganda electoral y violación al principio de imparcialidad.

SEGUNDA. ACUMULACIÓN

Este órgano jurisdiccional advierte que las quejas que dieron motivo a la integración de los procedimientos en estudio están estrechamente vinculadas y por ello existe conexidad en la causa, pues con el escrito de queja con la que se integró el expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, se controvierte la supuesta indebida adquisición de tiempos en televisión con fines electorales, así como la violación al principio de imparcialidad a que están obligados los servidores públicos en el contexto de una contienda electoral atribuibles a las partes señaladas, en atención a la transmisión de notas informativas en las que se alude a Lorena Martínez Rodríguez.

Del mismo modo, en la queja radicada con el expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, se controvierte la supuesta indebida adquisición de tiempos en televisión con fines electorales, así como la violación al principio de imparcialidad por las partes señaladas, en virtud de la difusión de notas informativas alusivas a José de Jesús Ríos Alba y que, de su contenido, se advierten guardan identidad con las señaladas en el expediente arriba citado.

Por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa, los hechos señalados, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la referida Ley Orgánica, 463 de la Ley Electoral, y 86 del Reglamento Interno del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación lo conducente es acumular el expediente SRE-PSC-42/2016, formado con relación al procedimiento UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, al diverso SRE-PSC-40/2016, integrado con relación al procedimiento UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016 por ser ésta el más antiguo y resolverlas a través del expediente en estudio.

TERCERA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y ALEGACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO

En las audiencias de pruebas y alegatos, el PVEM, el PT y Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, manifestaron que las imputaciones expresadas en la queja resultan falsas y frívolas, aunado a que los hechos señalados en la misma no precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que por ende, se les deja en un estado de indefensión, motivo por el cual la denuncia debió ser desechada.

Cabe precisar que el artículo 471, párrafo quinto, inciso d), de la Ley General, establece que se desechará de plano la denuncia cuando sea evidentemente frívola, entendiendo por ello que la queja se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja.

Al respecto, se advierte que los promoventes señalaron los hechos que estimaron son posibles de constituir una infracción en la materia, los posibles sujetos responsables y acompañaron las pruebas que consideraron pertinentes para acreditar sus pretensiones, cuyo alcance y valor probatorio deberá analizarse en el estudio de fondo del asunto, junto a la calificación jurídica de los hechos denunciados, por lo que no estamos en presencia de un caso de frivolidad a que se refiere el precepto citado, de ahí que, con independencia de que los planteamientos de los quejosos puedan ser o no fundados, no corresponde emitir un pronunciamiento previo al respecto.

Asimismo, de autos se advierte que no se dejó en estado de indefensión a los sujetos señalados, en tanto que la autoridad instructora al emplazarlos, les corrió traslado con el escrito de queja y con los medios de prueba que fueron recabados en la instrucción, incluido el oficio INE/DEPPP/DE/DAI/1438/2016, emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE[15], en el cual remitió el reporte de monitoreo y el testigo de grabación, en el que se indican las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten a los denunciados tener conocimiento del material que motivó la denuncia, así como los datos de las emisoras, las fechas y horarios del inicio de la transmisión, la duración y su contenido, circunstancia que de igual forma fue señalada expresamente en el acuerdo de emplazamiento, con lo cual se garantizó una debida defensa a los denunciados.

De igual modo, se advierte del acta de audiencia de pruebas y alegatos, que tanto los quejosos, como las partes denunciadas comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual dieron contestación al emplazamiento y aportaron las pruebas que consideraron pertinentes, con lo que, de igual forma, se cumplió el propósito de garantizar la adecuada audiencia y defensa de las partes.

En ese sentido, esta Sala Especializada concluye que las causales de improcedencia y alegaciones respecto de la tramitación del presente procedimiento resultan infundadas, y por tanto, procede fijar la controversia a resolver en el presente expediente.

CUARTA. CONTROVERSIA

En el presente asunto los aspectos a dilucidar ante la jurisdicción electoral federal son los siguientes:

A.    La presunta violación a lo previsto en los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; 159, párrafos 4 y 5; 443, párrafo 1, incisos i) y n); y 445, párrafo 1, inciso f), de la Ley General, atribuible a Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes y José de Jesús Ríos Alba, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”,  así como a los partidos políticos que la integran, PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, derivado de la presunta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía en el proceso electoral que se celebra en dicha entidad federativa.

B.    La presunta violación a lo previsto en los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 452, párrafo 1, incisos a), b) y e), de la Ley General, atribuible al titular del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, “Radio y Televisión de Aguascalientes”, concesionario de la emisora de radio XHRTA-FM 92.7 y el canal de televisión XHCGA-TDT Canal 26, con motivo de la presunta contratación, venta y difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al INE, en favor de Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes y José de Jesús Ríos Alba, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”.

Además de la inequidad en la cobertura informativa que realiza dicho medio de comunicación sobre los contendientes en el proceso electoral local de Aguascalientes y que a juicio de los promoventes la cobertura sobre su partido era denostativa.

C.    La presunta violación a lo previsto en los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, 449, párrafo 1, incisos c) y f), de la Ley General, atribuible a Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, con motivo de la violación al principio de imparcialidad en la utilización de recursos públicos, derivado de la supuesta cobertura informativa en favor de Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes y José de Jesús Ríos Alba, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”,   que se difundió en las emisoras identificadas con las siglas XHRTA-FM 92.7 y XHCGA-TDT Canal 26, cuyo concesionario es el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del organismo público descentralizado “Radio y Televisión de Aguascalientes” así como la difusión de la obra realizada por el actual gobierno estatal, dado a que el representante de dicho gobierno pertenece al PRI.

QUINTA. ESTUDIO DE FONDO.

ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y VALORACIÓN PROBATORIA

Previo a analizar la legalidad o no del hecho denunciado, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizó, a partir de la concatenación de las pruebas que se relacionan con los hechos controvertidos, las cuales se encuentran compiladas y descritas en el Anexo UNO Y DOS adjuntos a la presente sentencia.

Por cuestión de método, y a efecto de dar claridad y explicites en las particularidades de cada queja, en primer término se referirá a los hechos acreditados en el expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, y posteriormente, al expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016.

I.                    Existencia, difusión y contenido de las notas denunciadas (SRE-PSC-40/2016)

El quejoso aportó  a su denuncia, copia del oficio CPL-PAN/02/2016 de veintinueve de marzo, a través del cual solicitó a la DEPPP el monitoreo de las notas informativas supuestamente difundidas de forma simultánea en el canal denominado  “Aguascalientes TV, Canal 6” XHCGA-TV y en la radiofrecuencia de la estación “Alternativa 92.7 FM”  XHRTA-FM, entre los días uno y veintidós de marzo, para lo cual el quejoso detalló las siguientes fechas y horarios:[16]

Con base en la información requerida por el propio quejoso en el oficio CPL-PAN/02/2016 de veintinueve de marzo, la DEPPP remitió el monitoreo solicitado mediante oficio INE/DEPPP/DE/DAI/1438/2016 de uno de abril, junto con los discos que incluyen los testigos de grabación de las notas informativas denunciadas, el cual es considerado como documental pública con valor probatorio pleno, al ser emitido por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones legales, con base en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General.

Cabe precisar que las notas supuestamente difundas en la radiodifusora XHRTA-FM 92.7, no fueron localizadas por la DEPPP en las fechas y horarios que fueron señalados por el propio quejoso en su solicitud presentada el veintinueve de marzo, ya que al revisar los testigos de grabación se advierte un contenido radiofónico que no tiene relación alguna con la materia controvertida en el presente procedimiento.

Dicha circunstancia atiende al hecho de que en el escrito inicial, el quejoso manifestó que la emisora de televisión XHCGA-TDT CANAL 26, tiene una transmisión simultánea en la emisora de radio XHRTA-FM 92.7, sin precisar mayor detalle al respecto o alguna circunstancia de modo, tiempo y lugar distinta, razón por la cual, el monitoreo efectuado por la DEPPP en la emisora de radio denunciada, se realizó en las mismas fechas y franjas horarias que el quejoso señaló para el solicitado en televisión, arrojando los resultados negativos que se refirieron en el párrafo que antecede.

En ese sentido, las supuestas notas informativas difundidas en radio no serán motivo de análisis por parte de esta Sala Especializada, dado que su difusión no quedó acreditada, no obstante, fueron monitoreadas conforme a lo solicitado por el propio quejoso, y sin que se aportaran al expediente otros elementos que acrediten sus afirmaciones respecto a la emisora de radio.

Por otra parte, de la revisión efectuada a los testigos de grabación remitidos por la DEPPP para la emisora de televisión XHCGA-TDT CANAL 26, se advierten dieciséis notas informativas denunciadas, las cuales se relacionan con el proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes, en los días uno, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, diecisiete, dieciocho, veintiuno y veintidós de marzo, difundidas en el programa “NOTICIAS TV”, en su versión matutina y vespertina respectivamente.

Las dieciséis notas informativas denunciadas y acreditadas en el expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, tienen el contenido siguiente:

Aunado a lo anterior, en el mismo monitoreo presentado por la DEPPP, se advirtieron otras notas informativas, en las que no se hace referencia a Lorena Martínez Rodríguez, sino a otros temas electorales como es el caso, de dos notas sobre el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, tres notas relacionadas con las autoridades electorales, una nota sobre un candidato independiente, una nota sobre candidatos del PAN y tres notas sobre asuntos jurisdiccionales electorales locales, en los términos siguientes:

Cabe precisar que, estas notas adicionales no son derivadas de monitoreos totales durante los programas noticiosos, sino que se encontraron en los horarios, con minutos específicos aportados por el denunciante, de ahí que, la materia de la presente controversia, se centrará en las notas denuncias a favor de la candidata Lorena Martínez Rodríguez.

En virtud de lo anterior, es posible tener por acreditada la existencia y difusión de las notas informativas denunciadas y difundidas en la señal que trasmite la emisora de televisión XHCGA-TDT CANAL 26, en el programa “NOTICIAS TV”, en su versión matutina y vespertina, respectivamente.

El contenido íntegro de cada una de las notas periodísticas del expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, se precisa en el ANEXO UNO de la presente sentencia.

II.                  Existencia, difusión y contenido de las notas denunciadas (SRE-PSC-42/2016)

El quejoso precisa en su denuncia que en fechas uno, dos, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, veintiuno y veintidós de marzo, a través del canal 26 XHCGA cuyo concesionario es el Gobierno de Aguascalientes, en diversos horarios a través del programa Noticias Tv en sus ediciones matutino, vespertino y nocturno, transmitieron cobertura noticiosa inequitativa y en favor de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba candidatos a la gubernatura y municipio de Aguascalientes respectivamente por la coalición “Aguascalientes grande y para todos” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, para lo cual el quejoso detalló las siguientes fechas y horarios:

La transmisión de los referidos espacios noticiosos, fueron corroborados y acreditadas por esta Sala Especializada, en términos de la información remitida por la DEPPP a través del oficio identificado con la clave INE/DEPPP/DE/DAI/1685/2016, así como el testigo de grabación de los días referido por la parte involucrada.

El contenido íntegro de cada una de las notas periodísticas del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, se precisa en el ANEXO DOS de la presente sentencia.

En atención a que los informes del DEPPP constituyen documentales públicas de pleno valor probatorio, al ser emitidos por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, por lo que se tiene por acreditada la existencia y difusión de los materiales televisivos denunciados, en términos de los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al respecto los testigos de grabación que se fueron anexos mediante disco compacto al oficio de referencia, genera certeza sobre su existencia y contenido de conformidad con la jurisprudencia 24/2010, de rubro "MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO".

Ahora bien, tomando en consideración el canal, emisora, programa, fecha, horarios y contenido (en términos del ANEXO DOS de la presente sentencia) esta Sala Especializada advierte que guardan similitud con los espacios informativos que forman parte de la queja presentada en el expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016.

Lo anterior, se advierte del siguiente cuadro comparativo:

Del análisis del contenido de las notas informativas correspondientes al expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, se advierte que se tratan temas de interés general o hechos relevantes con cobertura noticiosa.

III.                Calidad de Lorena Martínez Rodríguez y de José de Jesús Ríos Alba.

Esta autoridad jurisdiccional tiene por acreditada la calidad con la que se ostentan Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, como candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes respectivamente, por la coalición denominada “Aguascalientes Grande y Para Todos”, integrada por los partidos políticos PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza.

Lo anterior, dado que en autos del expediente obra el oficio de catorce de abril, signado por el representante propietario de dicha coalición ante el Consejo General del Instituto Electoral local, en el que reconoció dicha calidad de Lorena Martínez Rodríguez, así como con la resolución identificada con la clave CG-R-40/2016 emitida por el Consejo General de Aguascalientes mediante el cual aprueba el registro de diversos ciudadanos postulados a cargos de elección popular en el proceso electoral local de Aguascalientes, entre los que aparecen los sujetos referidos. Lo anterior  de conformidad con el artículo 461, párrafo 1 de la Ley General, aunado a que se trata de un hecho no controvertido por las partes.

MARCO NORMATIVO

A.    CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN

El nuevo modelo de comunicación social previsto desde la reforma constitucional de dos mil siete, conforme al artículo 41, base III apartado A de la Constitución Federal, tiene como ejes rectores, por un lado, el derecho constitucional de los partidos políticos al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y, por otro, el carácter del INE como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.

Del citado artículo 41 Base III Apartados A y B y 116 fracción IV inciso i) de la Constitución Federal, se advierte que en las elecciones locales, los partidos políticos y candidatos gozarán del acceso a radio y televisión conforme a los criterios establecidos en la propia norma constitucional y en la legislación aplicable.

Asimismo, que los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Por su parte el artículo 6 de la Constitución Federal, en su parte condecente prevé que “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión”.

De ahí que, el artículo 159 de la Ley General establezca que los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social; y que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por la propia ley.

De igual forma, establece que los partidos políticos, precandidatos y candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán hacerlo dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales; y que la infracción a dicha norma será sancionada en los términos de la propia ley.

Asimismo, prevé que ninguna persona física o moral, a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Po otro lado, el artículo 160 de la Ley General establece que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del INE y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Constitución Federal y la Ley otorgan a los partidos políticos y candidatos independientes en esta materia. Además, que el INE garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión.

A su vez, el párrafo 5 del artículo 226 de la Ley General contempla la prohibición expresa a los precandidatos a candidaturas de elección popular, en todo tiempo, para contratar o adquirir propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión.

Por otra parte, debemos tomar en cuenta la trascendencia de la libertad de expresión en el sistema democrático, ya que es un pilar fundamental para la libre manifestación de ideas en el ámbito político electoral.

Con particular relevancia en la actividad periodísticas y de los medios de comunicación social, máxime cuando se trata de programas noticiosos o de opinión en los que existe un amplio margen de libertad de contenidos, dada la trascendencia de la noticia o el interés general de hechos noticiosos que requieren cobertura informativa, como lo ha sostenido esta Sala Especializada al resolver los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-70/2015, SRE-PSC-100/2015, SRE-PSC-114/2015, SRE-PSC-156/2015 y SRE-PSC-260/2015.

Por su parte, la jurisprudencia 29/2010 de rubro: “RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO”, se refiere, esencialmente, a que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho a ser informado, siempre que no se trate de una simulación.

El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe un auténtico ejercicio del derecho a informar, o bien, se trata de una simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.

B.    UTILIZACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS PÚBLICOS

El artículo 134 constitucional establece principios rectores del servicio público que, en lo que resulta relevante para este asunto, destacan los principios de imparcialidad y equidad que deben prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en el desarrollo del proceso electoral.

Así, del párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, se advierte que el legislador estableció la tutela de los principios de equidad e imparcialidad como ejes rectores en la materia electoral; para ello, en el ejercicio de las funciones que realicen, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad.

En efecto, los cambios que trajo consigo la reforma constitucional electoral de 2007-2008, no sólo estuvieron relacionados con el esquema de comunicación política en nuestro país, sino con la creación de un esquema normativo para evitar el uso parcial de los recursos de los servidores públicos y generar un desequilibrio entre las fuerzas políticas.

La trascendencia normativa que tuvo su implementación en el orden constitucional, fue de tal dimensión que equiparó la infracción al principio de imparcialidad de los servidores públicos con otros principios rectores del proceso electoral, como son la equidad, certeza, objetividad, entre otros.

Con motivo de la adición de dichos párrafos al precepto constitucional citado, se incorporó la tutela de dos bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos y la equidad en los procesos electorales, o en general, en la competencia entre los partidos políticos.

Así las cosas, las reglas descritas derivadas de la citada reforma constitucional, permiten apreciar que su finalidad fue:

         Establecer mayores controles en el manejo de recursos públicos, sin influir en las contiendas;

         Prohibir que los servidores públicos emplearan la propaganda oficial con fines electorales con el objeto de promocionarse, y

         Fijar ámbitos de aplicación para conocer de la violación a dicho precepto y sanciones para los infractores.

De conformidad con lo anterior, es dable señalar que el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal prescribe límites para que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como de la Ciudad de México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral.

En este orden, el artículo 449, párrafo 1, inciso c) de la Ley General, establece las infracciones que pueden ser cometidas por los servidores públicos, particularmente, por el incumplimiento al principio de imparcialidad cuando se afecte la equidad en la competencia electoral.

I.                    CASO CONCRETO

CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN

De las quejas se advierte que los denunciantes sustancialmente aducen que Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes, respectivamente, postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y para todos”, así como los partidos políticos PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, que integran dicha coalición, contrataron y/o adquirieron tiempos en televisión con la finalidad de posicionar los nombres, partidos políticos y propuestas de gobierno de los referidos candidatos, lo cual constituye un beneficio que vulnera la equidad en la contienda para renovar al titular del Ejecutivo Estatal en Aguascalientes, así como al Presidente Municipal en contravención a los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal y 159, párrafos 4 y 5 de la Ley General.

Asimismo, señala que en el marco del proceso electoral que se celebra en dicha entidad federativa, la televisora XHCGA-TDT CANAL 26 ha otorgado indebidamente una mayor cobertura informativa a las actividades de los candidatos señalados, lo que ocasiona una cobertura inequitativa de espacios noticiosos respecto del resto de aspirantes que participan en la elección. 

Por último, señala que dicha cobertura noticiosa indebida (contratación y/o adquisición) e inequitativa cobra relevancia en tanto que el concesionario de la televisora denunciada, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes” cuya dirección y administración corresponde, entre otros, al Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, quien además cuenta con la facultad de designar al Director General de dicho organismo, de conformidad con la Ley que crea el organismo público descentralizado[17], así como los Estatutos[18] respectivos.

Por tanto, a consideración de los quejosos, dichas circunstancias configuran una violación al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Federal, ya que la difusión de cobertura noticiosa indebida e inequitativa en favor de los candidatos oficiales[19] Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, se está realizando con recursos públicos y con la anuencia del Gobernador, en tanto que la misma se difunde por conducto de un canal de televisión estatal.

Del análisis probatorio que obra en autos, esta Sala Especializada determina que no se acredita la indebida contratación y/o adquisición de tiempos en televisión, atribuible a Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes, postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”; a los partidos políticos PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, que integran dicha coalición, ni al organismo público descentralizado denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes” concesionario de la emisora XHCGA-TDT Canal 26, pues de las notas informativas denunciadas, que se tuvieron por acreditadas, se advierte que la cobertura informativa que recibieron los candidatos denunciados y la coalición que los postuló, en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes, derivaron de hechos noticiosos de interés general difundidos en programas que transmiten noticias, en un auténtico ejercicio periodístico efectuado por la televisora, así como de la libertad editorial e informativa que posee dicho medio de comunicación para definir sus contenidos.

Lo anterior, en razón de que la cobertura noticiosa efectuada por la televisora estatal respecto de actividades de interés público de Lorena Martínez Rodríguez, José de Jesús Ríos Alba y la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, atiende a hechos noticiosos que tienen por objeto informar a la ciudadanía respecto a la actividad de los aspirantes, precandidatos o partidos políticos, en el marco del proceso electoral que se desarrolla actualmente en Aguascalientes para renovar los cargos de elección popular, pues una de las funciones de los medios de comunicación, es precisamente poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, a fin de contribuir a la formación de una opinión pública libre y de una sociedad más informada.

En principio, de los elementos de prueba que obran en el expediente no es posible advertir, si quiera indiciariamente una posible contratación de tiempos en la televisora XHCGA-TDT Canal 26, por parte de los candidatos o de los partidos políticos que integran la coalición que los postularon, quienes incluso al comparecer al procedimiento, manifestaron que no habían realizado ningún contrato o convenio solicitando la difusión de las noticias relacionadas con Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, sino que las mismas fueron transmitidas como parte de la labor informativa del medio de comunicación señalado.

En el mismo sentido, este órgano jurisdiccional advierte que las notas acreditadas en el monitoreo remitido por la DEPPP, tratan sobre la narración de hechos de interés general respecto a actividades de personas de relevancia pública, como es el caso de los candidatos señalados, máxime que está en curso el proceso electoral local.

Dicha distribución de notas informativas relacionadas con los candidatos y la coalición que la postuló, se desarrollaron de la siguiente manera:

En virtud de lo anterior, se puede apreciar que la cobertura informativa que recibieron los candidatos y la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” en los noticieros “NOTICIAS TV POR LA MAÑANA” y “NOTICIAS TV VESPERTINO”, atendió a diversas temáticas de interés general para la ciudadanía de dicha entidad federativa, en tanto que las notas periodísticas versaron sobre temas relacionados con: la postura de la candidata frente al tema de seguridad pública del Estado, su posición frente al impulso a la ciencia y la tecnología en el Estado, su intervención en la Convención Estatal de Delegados del PRI en el municipio de Calvillo, su asistencia en las comunidades de Villa Juárez y El Polvo, su opinión respecto a la migración de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, la resolución que confirmó la legalidad de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, su posición frente al tema relativo a la equidad de género y el papel de las mujeres en la sociedad de Aguascalientes, la urgencia de generar empleos en el Estado, el estatus actual de su precandidatura de cara al proceso interno del PRI en Aguascalientes, así como su registro formal ante el Instituto Estatal Electoral del Estado.

Y por lo que hace al José de Jesús Ríos Alba, en su calidad de médico pediatra, se advierte  habla de distintos tópicos de salud, y tratamientos preventivos de distintas enfermedades, sin que se advierta algún tipo de proselitismo en sus declaraciones que tengan la finalidad de posicionar su nombre, imagen y propuestas de campaña.

Esto es, en las noticias se abordaron temáticas sobre cuestiones que trascienden al interés general de la ciudadanía, cuya única finalidad es informar sobre el desarrollo del proceso electoral que se celebra en Aguascalientes, y temas de otra índole, así como las actividades que llevan a cabo los sujetos involucrados en éste.

En ese contexto es que se presenta cobertura informativa relacionada con una ciudadana de relevancia pública, quien desempeñó el cargo de Presidenta Municipal del Municipio de Aguascalientes y ahora contiende a la Gubernatura del Estado, en la que se informa sobre las actividades que ha venido desarrollando con motivo de su participación dentro de las distintas etapas del proceso comicial que tiene lugar en dicha entidad federativa.

Y por lo que hace al candidato, se advierte una entrevista ajena al proceso electoral local, pues dada su calidad de médico pediatra y prestigio con el que cuenta en la entidad federativa, fue el formato en el que se desarrolló, sin que se hubiese propiciado temas de campaña con dicho tema.

Aunado a lo anterior, se advierte que las notas informativas fueron difundidas en un formato libre, propio de la labor informativa y periodística del noticiero, como agente noticioso y medio de comunicación encargado de poner en conocimiento de la ciudadanía los hechos y acontecimientos más relevantes del Estado de Aguascalientes en el marco de un proceso electoral, pues las mismas consistieron en la narración de algún hecho por parte del reportero, haciendo referencia a lo acontecido y lo expuesto en algún determinado lugar durante la etapa de precampaña (1 febrero a 11 de marzo), intercampaña (12 al 17 de marzo), así como noticias relativas a la etapa de registro de las candidaturas (18 al 24 de marzo) y diversas entrevistas realizadas a José de Jesús Ríos Alba en su calidad de pediatra (15 y 22 de marzo).

Asimismo, no se advierte una difusión sistemática o reiterada de noticias cuya finalidad sea posicionar a los candidatos en cuestión y a la coalición que la postula, propuestas de gobierno como lo refieren los quejosos, pues no existe ningún elemento que permita concluir que la intención de las noticias fuera difundir de manera integrada o subrepticia, publicidad de contenido electoral, ni posicionarlos o exaltarlos, por el contrario, se cuenta con elementos para concluir que su finalidad es difundir temas que, a juicio del medio de comunicación, resultan relevantes para la ciudadanía sobre las actividades de una aspirante a un cargo público, es decir, a través de la exposición y valoración de la información que presentan, los medios de comunicación fijan las condiciones necesarias para que el debate público sobre temas de interés general, sea fuerte, informado y vigoroso.[20]

Además, de las veintiún transmisiones de noticias, ocho están relacionadas con la (1) asistencia de la candidata a la Convención de Delegados del PRI en Calvillo, Aguascalientes; su asistencia a las comunidades de (2) Villa de Alvarez y (3) El Polvo; y, (4) el registro oficial de la candidatura de Lorena Martínez Rodríguez ante el Instituto Electoral local[21], así como de la candidatura de José de Jesús Ríos Alba, mismas que fueron repetidas tanto en el noticiero matutino como en el vespertino y nocturno del mismo día, dado que dicha circunstancia atiende propiamente a la libertad editorial e informativa con la que cuenta la televisora para definir sus contenidos de conformidad con su programación y preferencias, y por ende, es común que la noticia de la mañana, dado el interés que pueda tener su contenido, se difunda el mismo día en el noticiero vespertino.

Es decir, la repetición de contenidos en dos ocasiones, por sí mismo, no actualiza de manera inmediata la infracción relativa a la contratación y/o adquisición indebida de tiempos en televisión, prohibida por la normativa electoral, como lo pretende el quejoso, dado que, como se mencionó, la televisora, al ser un agente noticioso, goza de plena libertad en la definición y tratamiento de sus contenidos, lo que implica decidir que noticias pueden duplicarse, dada su trascendencia para el conglomerado social.

De manera que, realmente se trata de notas informativas, sobre hechos noticiosos ocurridos del primero al veintidós de marzo, de las cuales cuatro notas se replicaron una vez más en otro noticiero, dada la trascendencia que estimó la televisora al definir sus contenidos.

En ese sentido, dicha libertad editorial se robustece con lo manifestado por el Director General de Radio y Televisión de Aguascalientes al comparecer al procedimiento, en el sentido de que el género del programa de noticias denunciado es “periodístico informativo”, cuyo contenido se centra en los hechos y acontecimientos relevantes que se suscitan en el Estado y que por su trascendencia puede ser de interés para la ciudadanía.

Al respecto, sobre lo que implica la libertad editorial e informativa, para definir el contenido de los programas noticiosos, este órgano jurisdiccional ha desarrollado a través de la labor jurisdiccional, una línea interpretativa sobre el contenido y alcance de dichas libertades en el siguiente sentido:

“…Si bien la producción y difusión de “Chacoteando la noticia” corre a cargo de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., un organismo público descentralizado de la administración pública de Sonora que se nutre de recursos públicos, y que por lo tanto se encuentra sujeto al principio de imparcialidad en el uso de éstos, de conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, no menos cierto es que los programas noticiosos gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de su contenido, inclusive aquél de tipo satírico.” […] la elección de su contenido y tratamiento informativo se encuentra amparada por la libertad comunicativa, en razón de su carácter de agente noticioso y del papel que juega como difusor de la información de interés público.” [22]

[…] la difusión y contenido de “Chacoteando la noticia” no contraviene el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, pues como agente noticioso, goza de plena libertad editorial en la definición y tratamiento de sus contenidos.” […] pues un régimen de auténtica libertad comunicativa, propio de una sociedad democrática, implica que más allá de su contenido satírico o de cualquier otra índole, los agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los límites que el propio artículo 6 constitucional prevé al efecto.” [23]

“…un medio de comunicación social, en sus programas noticiosos tiene un margen amplio de libertad de contenidos, pues depende de los hechos que generan interés noticioso para la ciudadanía y las entrevistas cumplen una función informativa, máxime durante una campaña electoral, debiendo privilegiar la neutralidad y objetividad informativa.”[24]

Como se advierte, este órgano jurisdiccional ha favorecido la libertad de los medios de comunicación social, para la definición y tratamiento de sus contenidos, a partir de los hechos y acontecimientos, que, desde su punto de vista, tienen un interés público y una trascendencia periodística relevante, máxime cuando se trata de noticias que se desenvuelven dentro del contexto de un proceso electoral, dada su implicación directa e inmediata en el mismo.[25]

De igual forma, la Sala Superior ha sostenido que cotidianamente los medios de comunicación de cualquier naturaleza, generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren elementos de naturaleza electoral, con la finalidad de dar a conocer situaciones atinentes a los aspirantes, candidatos o partidos políticos en el marco de un proceso electoral, y ese proceder, se debe considerar lícito al amparo de la libertad de expresión e información, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, lo que beneficia una verdadera democracia constitucional. [26]

Por tanto, la labor periodística y actividades de la televisora denunciada, gozan de una protección especial, al considerarse un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático, en atención a la relevancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática.[27]

Esta precisión sobre el valor de la libertad de expresión en el contexto democrático adquiere mayor relevancia cuando el contenido es, precisamente, de carácter político, pues existe un especial interés en garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática.[28]

En el mismo sentido, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL”, en la que se destaca que la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, propias de la labor periodística de los medios de comunicación, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, son condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, lo cual contribuye a la formación de una opinión pública y de una sociedad más informada.

De igual forma, lo sostuvo la Primera Sala en la tesis 1a. XXII/2011 de rubro: “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA”, al sostener que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar un debate público.

Por tanto, dadas las particularidades del caso concreto, se estima que la cobertura que el medio de comunicación otorgó a la candidata, fue en atención a una autentica labor informativa sobre hechos noticiosos de interés general, lo cual, no puede considerarse como una indebida adquisición y/o contratación de tiempos en radio y televisión, acorde a la jurisprudencia de la Sala Superior de este Tribunal 29/2010, de rubro: “RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO”, en la que se señala que la prohibición no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación, circunstancia que como ya se precisó, no se actualiza en la especie, pues no existe sistematicidad o algún elemento que derive en una publicidad encubierta.

Cabe precisar, que además de las notas denunciadas y cuyo monitoreo específico con fecha y horario solicitó el denunciante, en el monitoreo de la DEPPP en esa misma franja horaria, se advirtieron otras notas informativas, sin embargo, se tratan de noticias sobre diversos temas, sin que estén referidas a los candidatos Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, sino que se presentan en el monitoreo porque el partido denunciante solicitó el monitoreo en un rango de minutos específicos por el propio quejoso.

Dichas notas informativas adicionales, se relacionan con diversos temas, como el INE y la fecha límite para recoger la credencial de elector, los plazos para el registro de candidatos, el registro del candidato independiente Jaime del Conde y con el proceso interno del PAN de cara a la elección de Gobernador y con las resoluciones jurisdiccionales emitidas por Tribunales de justicia electoral.

Por otra parte, respecto a lo señalado por el quejoso en relación a que existe un trato desigual que evidencia una cobertura informativa inequitativa a favor de la candidatura de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba y en detrimento del resto de aspirantes, precandidatos y candidatos que participan en el proceso electoral en Estado de Aguascalientes, debe decirse que:

1)     Dicha afirmación es genérica, pues solo denuncia notas informativas aisladas de la candidata Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba no desvirtúa el carácter informativo de los materiales analizados, y por ende, es insuficiente para acreditar la contratación y/o adquisición denunciada.

2)     La falta de paridad en la cobertura informativa no configura por sí misma, un ilícito a la normativa electoral, aunado a que, no aporta mayores elementos para demostrar la probable inequidad de cobertura, sino que se limitó a pedir el monitoreo respecto de fechas y horarios específicos.

No obstante lo anterior, debemos recordar que los programas noticiosos gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de su contenido, sin embargo, también debe decirse que los medios de comunicación tienen un deber de velar por una cobertura noticiosa ecuánime respecto de lo realizado por todos los participantes de una contienda electoral y se les deben abrir espacios para que todos emitan sus opiniones, a fin de dar información a la ciudadanía a través de un auténtico ejercicio periodístico y en las mejores condiciones de equidad y pluralidad posible, atendiendo a la naturaleza de la noticia.

Aunado a ello, se debe precisar que no existe norma legal alguna que establezca parámetros a las concesionarias de radio y televisión para dar cobertura o tiempo determinado a los partidos políticos, toda vez que esta actividad queda comprendida en el derecho que tienen a la labor periodística y la libre manifestación de ideas.[29]

Es decir, a pesar de que la normativa electoral no prevé una obligación específica para los medios de comunicación en relación a la difusión paritaria de sus contenidos informativos y noticiosos, dada la naturaleza de los hechos noticiosos, lo cierto es que, sí están conminados a mantener la neutralidad y abrir los espacios a todas las opciones políticas, a fin de otorgar a los electores todas las posturas ideológicas durante un proceso comicial, en horarios y formatos similares, ya que las labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para la consolidación de una opinión publica plural y una sociedad informada.

Lo anterior, no obstante que en el presente procedimiento no se aportaron elementos de prueba respecto a programas completos, pues solo se denunciaron notas aisladas, por tanto, no se puede evidenciar si efectivamente hubo o no una cobertura inequitativa entre todos los actores políticos que participan en el proceso electoral de Aguascalientes, pues el quejoso, al solicitar directamente el monitoreo ante la DEPPP, se limitó a señalar las fechas y franjas horarias con minutos específicos que a su juicio eran suficientes para evidenciar los ilícitos denunciados.

En consecuencia, se determina la inexistencia de las infracciones consistentes en la contratación y/o adquisición de tiempo en televisión atribuidas a Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, en su carácter de candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, de los partidos políticos que la integran y del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, concesionaria del canal de televisión XHCGA-TDT CANAL 26; así como de la emisora de radio XHRTA-FM 92.7, ya que sobre esta última no se acreditó transmisión alguna.

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

Ahora bien, se advierte que el quejoso también aduce que el Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Federal, al consentir la difusión de propaganda indebida e inequitativa en favor de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, en su carácter de candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, mediante la utilización indebida de los recursos públicos asignados al organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes” concesionario de la televisora denunciada, cuyo órgano directivo lo preside el mandatario estatal.

Al respecto, debe decirse que el agravio relacionado con la vulneración a la prohibición de utilizar recursos públicos para influir en la contienda electoral, se hace depender principalmente sobre la base de que se actualiza la infracción relativa a la compra y/o adquisición de tiempos en televisión, es decir, que las notas informativas denunciadas efectivamente constituyeron propaganda encubierta por parte de una televisora estatal, en favor de la candidata , sin embargo, como se precisó a lo largo de la presente resolución, dicha infracción se desestimó al haberse considerado que la labor informativa de la televisora atendió a un genuino ejercicio de la libertad de expresión, así como de su libertad editorial y de contenidos, por tanto, resulta infundado el planteamiento que refiere el quejoso.

En otras palabras, al no haberse acreditado la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, por ende, no hay posibilidad de que dicha cobertura informativa se haya efectuado mediante la utilización parcial de recursos públicos, en específico, a través de una concesionaria televisiva estatal.

No obstante lo anterior, conviene recordar que los programas noticiosos, incluidos los que se transmitan en una televisora estatal, gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de sus contenidos, pues ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que en un régimen de auténtica libertad comunicativa, propio de una sociedad democrática, los agentes noticiosos gozan de plena libertad en la elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que impongan o restrinjan contenidos específicos más allá de los límites que el propio artículo 6° de la Constitución Federal prevé al efecto.

Este contexto es el que permite sostener que, con independencia de que la televisora se nutra de recursos públicos, la elección de su contenido y tratamiento informativo se encuentra amparada por la libertad comunicativa, en razón de su carácter de agente noticioso y del papel que juega como difusor de la información de interés público, con independencia de que el Gobernador presida el órgano directivo de la concesionaria o incluso tenga facultades de nombrar a su Director General.

Por lo anterior, esta Sala Especializada advierte que no existe violación a lo previsto por el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, atribuible al servidor público denunciado.

Por último, no obstante lo anterior, se exhorta a la concesionaria a efecto de que, al ser un medio de comunicación concesionado al Estado, procure una actitud neutral de frente a los procesos electorales, de manera que se abstengan de influir en la contienda electoral, ya sea incidiendo positivamente o afectando negativamente a cualquiera de los participantes, al margen de un verdadero ejercicio del derecho a la libertad de expresión y libre ejercicio del periodismo.

Es decir, no obstante que no se acreditó la presunta adquisición y/o contratación de espacios en televisión para difundir propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, lo cierto es que la emisora identificada con las siglas XHCGA-TDT Canal 26, cuyo concesionario es el Gobierno del Estado de Aguascalientes, al ser un ente público, se encuentra constreñido al cumplimiento del principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución Federal, por lo que, debe de tener un especial deber de cuidado del cumplimiento y directrices que marca el modelo de comunicación política en materia electoral, a fin no trastocar los principios que rigen la materia.

Por tanto, se le exhorta a que cumpla con los fines previstos en el artículo 3 de la Ley que crea el organismo público descentralizado “Radio y Televisión de Aguascalientes” los cuales son: “promover la difusión en estaciones de radio y televisión de las manifestaciones educativas, políticas, económicas, sociales y culturales de los habitantes del Estado de Aguascalientes, mediante una programación radiofónica y televisiva que estimule la participación de la población y de los gobiernos Estatal y Municipales. Para este fin deberá reflejar objetivamente los acontecimientos que informen. Cumplirá con una auténtica comunicación social que eduque, informe, entretenga, promueva y respete la cultura y los valores del pueblo aguascalentense. Servirá además como vehículo de expresión de las inquietudes y opiniones de los radioescuchas y del público televidente.

Conforme a dichos fines, deberá garantizar la imparcialidad de la cobertura informativa y periodística, de modo que no se afecte la neutralidad que los órganos del estado y servidores públicos deben guardar, en atención a lo previsto en el artículo 134 constitucional, en el contexto de los procesos electorales.

Similar criterio sostuvo esta Sala Especializada al resolver el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-70/2015, el cual fue confirmado por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-260/2015.

NOTAS DE CONTENIDO DENOSTATIVO

En cuanto al señalamiento del Promovente, que no obstante que no se han difundido información del PAN y de sus procesos internos, sí se han difundido notas denostando las acciones legales que ha emprendido dicho instituto, contrastando con el tiempo que le dedican a la mencionada coalición "Aguascalientes, Grande Para Todos" y sus candidatos, se precisa lo siguiente:

En la Constitución Federal y en la ley electoral se estableció que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales, en el marco de libre manifestación de ideas, tendrá limitaciones cuando;

         Se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros;

         Provoque algún delito, o

         Perturbe el orden público.

Asimismo, se estableció como límite a la propaganda política y electoral el uso de expresiones que calumnien a las personas, ya sea en el contexto de una opinión, información o debate en concordancia con la obligación de respeto a los derechos de terceros.

Efectivamente, el artículo 6º de la Constitución Federal, dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en los supuestos antes referidos.

El artículo 7º de la misma Constitución Federal, establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

A su vez, el artículo 247, párrafo 1, de la LEGIPE, dispone que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal.

La propaganda con contenido denigratorio ya no configura una infracción en materia de propaganda político-electoral, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, que la denigración a instituciones y partidos políticos no se encuentra vedada dentro del esquema constitucional, por lo que no debían aplicarse los supuestos jurídicos contenidos en los artículos 443, párrafo 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 25, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de Partidos Políticos.

Ahora bien, en cuanto al tema de calumnia, el artículo 471, párrafo 2, de la LEGIPE, establece que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

Igualmente, el artículo 25, numeral 1, inciso o) de la Ley General de Partidos Políticos establece como obligación de éstos abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que calumnie a las personas.

Se ha interpretado que la finalidad de normas semejantes en que los partidos políticos al difundir propaganda, actúen con respeto a la reputación y vida privada de las personas, reconocidos como derechos fundamentales, en el contexto de una opinión, información o debate, lo que armoniza con la obligación de respeto a los derechos de terceros.

La Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-105/2014 y acumulado, consideró que el límite genérico de la libertad de expresión, consistente en que no se afecten los derechos de terceros, en el ámbito político electoral, se especifica con la prohibición constitucional de calumniar a las personas en el ámbito político electoral.

La norma fundamental, entonces, determina que en el ámbito político y electoral, el derecho fundamental de manifestación de las ideas, que debe ejercerse dentro de amplios márgenes de valoración, no calumnie a las personas.

Bajo este contexto, el elemento fundamental para la actualización de la infracción de  calumnia, es la afectación del derecho al honor de una persona o personas concretas que participan en actividades políticas o electorales, con independencia del tipo de sujeto activo o el medio empleado para la comisión.

Por tanto, lo que prohíbe el tipo administrativo de  calumnia  en el ámbito político electoral es, preponderantemente, que un sujeto impute mediante una acusación directa o referencia indirecta a otra persona o personas concretas, la participación en hechos constitutivos de un delito, en alguna actividad ilícita o jurídicamente reprobables, o hechos que resulten falsos, que afecte su honor.

Ahora bien, en el caso concreto, se está ante la presencia de una cobertura informativa, y no ante propaganda electoral, como se ha señalado en párrafos anteriores.

Efectivamente, no estamos ante la presencia de promocionales de televisión o radio elaborados por algún participante en la contienda electoral, que puedan considerarse como tales.

Ahora bien, tratándose de las notas señaladas en las que se hace referencia al PAN, no se observa un tratamiento denigratorio o de calumnia al citado partido político, por parte de la televisora, toda vez que en el noticiero se limitan a reproducir las declaraciones que terceros hacen sobre eventos relacionados con los procesos internos de dicho instituto, como se aprecia a continuación:

Como se aprecia, se advierte que se tratan de entrevistas realizadas a terceras personas, tales como dirigentes partidistas del PRI y un ex miembro del PAN, los cuales hacen los señalamientos de crítica hacia este último partido, sin que se trate de declaraciones o posicionamientos de la televisora a través de sus conductores.

Por tanto, no habría un sesgo parcial o denostativo como se señala por parte de la televisora.

Asimismo, se observa que no hay pruebas aportadas para poder determinar que se imputan hechos falsos en perjuicio de los denunciantes, y en su caso pudieren actualizar una infracción.

Tampoco se advierte que los sujetos que son citados en los reportajes, hayan proferido algún tipo de expresión calumniosa o denigratoria, toda vez que son opiniones derivadas de sucesos que forman parte de la opinión pública, dentro del contexto de la campaña electoral, incluyendo la judicialización de los procesos internos de un partido político, la postulación de candidatos y las impugnaciones relativas al registro de coaliciones.

Pues de dichas expresiones no se advierte que se le impute a los denunciantes de manera directa la imputación de hechos o delitos falsos.

Por ende, no se advierte algún tipo de infracción en la materia.

DIFUSIÓN DE OBRA ESTATAL

En cuanto a la difusión de la obra realizada por el actual gobierno estatal, dado a que el representante de dicho gobierno pertenece al PRI, con lo que a juicio del promovente de esa manera se pretende enviar el mensaje a la población del Estado de la obra que se ha desarrollado gracias al gobierno priísta, para así influir en los electores, no se incurre en infracción alguna, en atención a lo siguiente:

El artículo 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Federal, señala que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por otra parte, el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, del mismo ordenamiento, señala que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El artículo 209, párrafos 1, 3 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los hechos denunciados consistentes en la difusión de noticias a través del canal de televisión estatal de Aguascalientes XHCGA-TDT Canal 26, no constituyen promocionales de gobierno, o propaganda oficial gubernamental, ya que como se ha analizado en párrafos anteriores, constituyen notas informativas y entrevistas transmitidas en el programa informativo matutino y vespertino.

La Sala Superior de este Tribunal ha considerado, que los medios de comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de expresión, y que son los servidores públicos quienes tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales federal o local, por lo que deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión, pues son ellos los destinatarios de las prohibiciones previstas en el artículo 134 de la Constitución Federal.[30] 

Así debe considerarse que al tratarse de un reportaje, éste se encuentra amparado en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho al libre ejercicio de la labor periodística.[31]

En el caso particular, se observa que los temas donde se hace mención al Gobernador son las siguientes:

NOTICIAS TV POR LA MAÑANA

Conduce: Sharon Dávila y Jorge Magaña

7:03 Luis Patrón. En el marco del día internacional de la mujer el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, de visita por la entidad sostuvo un encuentro con este sector de la población, reconociendo la aportación de todos los niveles e incluido el empresarial; por lo que ha dispuesto un programa de financiamiento PYME Mujeres, el cual brinda créditos de 50 mil pesos, hasta 5 millones de pesos. Cabe mencionar que la participación de las mujeres en nuestro país refleja una tendencia ascendente. En este contexto el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, destacó que este modelo no tiene precedentes y gracias a este se empodera la capacidad y actitudes de las mujeres. Quien en este evento fuera ratificada por un nuevo periodo de 3 años al frente del INMujeres, Lorena Cruz Sánchez, enfatizó que las acciones llevadas a cabo por la administración federal se aprecian ambos beneficios, ya al ser parte de esta dinámica es invariable que se repliquen los beneficios hacia más mujeres. Finalmente, el Presidente de México aseguró que este año se tiene previsto un incremento a favor de la mujer mexicana en un 54%, el cual beneficia a las mujeres.

7:11 La mujer fue reconocida en Aguascalientes con la presencia del Presidente Peña Nieto, el gobernador del estado Carlos Lozano de la Torreo, la presidente del DIF estatal Blanca Rivera Río de Lozano, y las titulares de la PGR, SER, SEDATU, INM, se conmemoró por 41° vez al sector femenino. Ante porras y abrazos y selfies de mujeres de todo el país, se congregaron en el MECA para escuchar lo que tenía que decir el Presidente en donde puso en alto en nombre de las mujeres.

  NOTICIAS TV VESPERTINO

Conduce: Saira Martínez

14:32 Saira Martínez. Habitantes de comunidades de menos de 100 mil personas, recibieron ante la visita del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, lámparas ahorradoras para sustituir los focos tradicionales y con ello contribuir al cuidado del medio ambiente, y a la economía familiar. El secretario explicó que estos focos consumen 75% menos energía que los otros y duran 10 veces más que el tiempo útil estimado para el antiguo tipo de focos , destacó que Aguascalientes fue el primer estado en sumarse a este programa teniendo hasta el momento más de 91% de la meta cumplida.

14:33 Miriam Edali. Al poner en marcha el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, señaló que Aguascalientes es líder en políticas para el cuidado y prevención del medio ambiente y destacó la importante labor realizada para la implementación de programas novedosos en esta materia. Señaló que gracias al talento hidrocálido, se conjuntan 2 programas como es la generación de energía limpia con el uso del transporte público ecológico, lo que pone a la entidad a la vanguardia en este tipo de políticas ambientales. Puso en marcha la operación del sistema fotovoltaico que genera la energía eléctrica para satisfacer la demanda de los taxis ecológicos, el cual tiene una inversión de 20mdp. Además de destinar 8 mdp en la compra de 15 unidades eléctricas que se suman a los 50 taxis verdes que ya operan en la entidad. Comentarte que en este evento el director general de la CFE, Enrique Ochoa, anunció la construcción de 2 ductos de gas natural para Aguascalientes. El funcionario federal informó que el primero de ellos la Laguna Durango Aguascalientes tendrá un costo de mil mdd y tendrá una extensión de 600km, el segundo es de Villa Reyes Aguascalientes Guadalajara, tendrá una inversión de 960 mdp con una extensión de 400km, ambos gaseoductos estarán concluidos en el primer semestre DE 2018, y garantizan el abasto de combustible más barato y una menor emisión de contaminantes al medio ambiente. Siguen llegando buenas noticias para Aguascalientes, y también el reconocimiento de esta política verde, implementada por el gobernador del estado Carlos Lozano de la Torre.

NOTICIAS TV POR LA MAÑANA

Conduce: Saira Martínez y Jorge Magaña

7:04 David de Luna. Con la presencia de la SEDATU, Rosario Robles, quedó instalado en Aguascalientes el grupo de trabajo de ciudades seguras para las mujeres “Derecho a la Ciudad”. En el marco del evento la titular de la SEDATU, detalló que 60% de la población en el país habita en 59 zonas metropolitanas, donde se ha trabajado en el progreso, oportunidades y creación de empleos que en sexenios habían sido descuidadas que requieren de un rescate, sobre todo para las mujeres que a diario tienen que transitar por zonas que pudieran ser focos de inseguridad y violencia de genérico. Por su parte el gobernador Carlos Lozano de la Torre, reconoció la importancia de atender las áreas de la sociedad, por lo que el mismo gobierno anteriormente se preocupó.

Como se observa, se tratan de reportajes donde se hace constar la presencia del Gobernador del Estado en eventos de obra pública y programas sociales del orden federal, y declaraciones que vertió, sin que se advierta alguna manifestación que haga referencia al proceso electoral en curso.

Es decir, no se observa que se asocien los logros de gobierno con el fin de posicionar a los servidores públicos señalados o algún candidato o partido al conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales; tampoco se observan expresiones vinculadas con el sufragio o mensajes tendientes a la obtención del voto (ya fuese del gobierno, de un tercero o de un partido político), o se mencione o aluda a candidatos, partidos o coaliciones; o se observe cualquier referencia a algún proceso electoral.

Asimismo, dentro de los reportajes, no se señala a partidos u organizaciones políticas, dirigentes partidistas o candidatos como la mejor o la peor opción, o bien busca hacer apología o denostación de las personas o sus propuestas políticas o electorales.

Ahora bien, el hecho que el medio informativo haya dado cobertura a las obras o acciones de gobierno, no implica por sí mismo que se trate de propaganda gubernamental.

Como se ha precisado, la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, propias de la labor periodística de los medios de comunicación, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, son condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, lo cual contribuye a la formación de una opinión pública y de una sociedad más informada.

Si en los trabajos de periodismo de cualquier naturaleza, se consignan datos, noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido denota una auténtica labor informativa, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para la ciudadanía.

En el caso concreto, la emisión de reportajes sobre acciones de gobierno, tales como obra pública y programas sociales, no se trata de propaganda oficial, gubernamental o pagada,  sino que se trata de un genuino ejercicio periodístico, el cual se encuentra exento de las restricciones que la Constitución Federal y la Ley Electoral establecen para difundir acciones gubernamentales.

En razón de lo anterior se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-40/2016 y SRE-PSC-42/2016. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Son inexistentes las infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, por parte de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes, respectivamente, por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, así como de dichos partidos políticos; de Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes y del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, en términos de la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CLICERIO COELLO GARCÉS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FRANCISCO ALEJANDRO CROKER PÉREZ

ANEXO UNO

El presente ANEXO contiene la descripción y clasificación de las pruebas que están relacionadas con los hechos controvertidos en el presente asunto.

1. Pruebas aportadas por el quejoso

2. Pruebas recabadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE