69.              Como puede advertirse, el promocional es idéntico en sus versiones de radio y televisión.

70.              Ahora bien, en el contenido se aprecia la caracterización de dos diálogos: el primero entre dos hombres que se encuentran conversando mientras reparan un vehículo. En esta conversación se aprecia la primera de las frases denunciadas, junto con una frase de apoyo al candidato del PRI: Voz masculina 1: ¿Has escuchado las propuestas de los otros candidatos? Voz masculina 2: Sí, pero uno está enfermo y no puede gobernar y el otro ya se robó mucho dinero. Yo voy con Jiménez Merino. Sí el trae fuerza y buenas propuestas.

71.              Posteriormente, en la segunda parte del promocional, se aprecia un segundo diálogo entre dos mujeres, en la cocina de una casa, en donde se advierte la segunda frase denunciada, acompañada de frases de apoyo a Jiménez Merino: Voz femenina 1: Por cierto, amiga, ¿Ya sabes por quién vas a votar?. Hay uno que dicen que está enfermo, ¿no? Voz femenina 2: Sí, y quien nos conviene, es honesto y tiene salud es Jiménez Merino.

Por último, en el promocional se aprecia la imagen del candidato del PRI, a la vez que emite el siguiente mensaje: Voz Alberto Jiménez Merino: Todas las familias merecen vivir con tranquilidad y seguridad. Soy Alberto Jiménez Merino y te invito a que votes por este nuevo comienzo para Puebla. Voz femenina 3: Este dos de junio vota por Alberto Jiménez Merino para gobernador. PRI.

72.              Con base en lo anterior, esta Sala Especializada considera que el promocional contiene propaganda electoral del PRI, difundida en el periodo de campaña del proceso electoral extraordinario de Puebla. Por lo que a continuación, lo procedente es analizar si el contenido de las frases denunciadas implica el uso de elementos discriminatorios.

Primera frase.

73.              En lo que respecta al primer diálogo que fue denunciado, esta autoridad electoral considera que contiene frases con elementos discriminatorios en contra de Miguel Barbosa en particular y, de manera general, en contra de las personas que padecen alguna enfermedad y que se postulan a un cargo de elección popular.

74.              En relación con lo anterior, este promocional debe analizarse en el contexto electoral y social en que se emitió; esto es, en el marco de la elección extraordinaria de Puebla, en donde contendieron tres candidatos a la Gubernatura de ese estado. Siendo que sólo en el caso de Miguel Barbosa es un hecho público y notorio que está enfermo de diabetes y que, incluso, le fue amputada una pierna. Por lo que solamente ha sido del dominio popular el estado de salud de dicho candidato; y no así, de los otros dos postulantes, sin que haya evidencia objetiva ni empírica que nos permita llegar a una conclusión distinta.

75.              Así, al analizar de manera integral el mensaje y el contexto en el que se difundió, es indudable que aún y cuando en el promocional no se nombra expresamente a Miguel Barbosa, atendiendo a la sana crítica y a las reglas de la lógica[22], es posible deducir que la intención del promocional se dirige a restarles adeptos a él, al ser el único candidato opositor que públicamente se sabe tiene una enfermedad. Consideración que puede ser ejemplificada con la aplicación de un silogismo básico a la frase discriminatoria:

silogismo

PM: Los candidatos enfermos no pueden gobernar.

Pm: Miguel Barbosa es un candidato enfermo.

C: Miguel Barbosa no puede gobernar.

76.              En ese sentido, se puede advertir que el mensaje del promocional pretende generar el rechazo de un candidato con base en su estado de salud; lo cual, busca su trato desfavorable por su condición física, sin que haya alguna justificación para ello.

77.              En efecto, el promocional invariablemente hace depender la imposibilidad de gobernar en función de que la persona que se postula tenga alguna enfermedad; y no así, respecto a su habilidad o capacidad en el desempeño de sus funciones o de la capacidad que hubiera demostrado en su trayectoria profesional; o bien, de algún aspecto de su vida privada que tenga relevancia pública; lo cual, como se ha dicho, forma parte de lo que se denomina discurso protegido.

78.              En ese sentido, en consideración de esta Sala Especializada, el uso de la frase: “Has escuchado las propuestas de los otros candidatos? Sí, pero uno está enfermo y no puede gobernar”, implica el uso expreso de estereotipos que dan una imagen negativa de las personas con alguna enfermedad, en relación con el desempeño que pudieran tener en caso de acceder a un cargo de elección popular; lo cual, en este caso, también implica el menoscabo del derecho a ser votado en condiciones de igualdad, de Miguel Barbosa, puesto que tal y como se ha dicho, al momento en que se difundió el mensaje, él era el único candidato que públicamente se sabía que tenía una enfermedad.

79.              Al respecto, es importante señalar que los estereotipos contienen explícita o implícitamente juicios de valor negativos sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante lo cual se convierten en instrumentos para descalificar y, en última instancia, para justificar acciones y sucesos en su contra[23]; en ese contexto, debe tenerse en cuenta que en México, dentro de las principales causas por actos de discriminación se encuentra la condición de salud y la discapacidad[24].

80.              De ahí que el mensaje explícitamente usa, de manera injustificada, una categoría sospechosa como lo es la condición de salud, con la finalidad de generar un trato diferenciado entre las personas que se postulan a un cargo de elección popular padeciendo alguna enfermedad y aquellas que lo hacen sin esa característica; lo cual, a la postre, busca despertar los prejuicios sociales que generan condiciones de exclusión con base en la condición física de las personas; más aún, en el contexto del debate político en donde los contendientes deliberadamente pueden llegar a usar este tipo de expresiones discriminatorias para restarle electores a sus oponentes, tal y como aconteció en este caso[25].

81.              En ese sentido, a juicio de esta Sala Especializada, el mensaje pretende crear un vínculo directo entre la imposibilidad de gobernar y la salud de quienes se postulen a un cargo de elección popular; lo cual, en principio va dirigido a toda aquella población con una enfermedad, sin que el mensaje distinga el grado o tipo de padecimiento; y en lo particular, el promocional pretende menoscabar el derecho a ser votado en condiciones de igualdad y sin discriminación de Miguel Barbosa.

82.              Por lo que contrario a lo dicho por el denunciado, este spot no sólo contiene propaganda genérica que no particulariza la referencia a un candidato especifico, ya que tal y como se ha demostrado, atendiendo al contexto de la competencia electoral y al hecho conocido públicamente en relación con la enfermedad que padece uno de los candidatos, es posible inferir que el promocional cuando refiere a que “un candidato está enfermo” se refiere a Miguel Barbosa. Sin que sea posible una interpretación distinta, pues no es un hecho conocido públicamente que alguno de los otros candidatos padezca alguna enfermedad; y por ende, el receptor del mensaje no podría inferir lógicamente que el promocional se dirigía a cualquier candidato, menos a Miguel Barbosa.

83.              Así, al analizar el mensaje bajo las reglas de la lógica, es posible advertir que conlleva una inferencia discriminatoria que implica el posicionamiento de un mensaje de exclusión de las personas con una condición de salud desfavorable, en relación con las funciones públicas que podría desempeñar en caso de obtener la victoria en una contienda electoral. Sin que de su análisis se pudiera obtener otra interpretación razonablemente válida de dichas premisas, de lo contrario se incurriría en interpretaciones que pueden ser falaces o inexactas y que impliquen establecer mecanismos de comprobación sobre categorías sospechosas que pueden ser desproporcionales; y por ende, pueden dar como resultado que se ejerzan tratos discriminatorios.

84.              Siguiendo esa línea argumentativa, la generalización de estar enfermo como condicionante para no poder gobernar, presupone que cualquier tipo de enfermedad inhabilita a una persona para desempeñar actos de gobierno; lo cual, por sí mismo, implica el menosprecio, exclusión y menoscabo en el ejercicio de los derechos político electorales de todas aquellas personas que con una condición de salud adversa, pues los coloca bajo el estereotipo de que, por el solo hecho de estar enfermos están incapacitados para acceder y ejercer actos de gobierno.

85.              Sin que sea impedimento para arribar a dicha determinación, el hecho de que el estado de salud de una persona que se postula a un cargo de elección sea de real interés para la ciudadanía a fin de que pueda contar con todos los elementos necesarios para poder razonar su voto, ya que ha sido criterio de la Sala Superior[26] que cualquier situación o acción que implique de manera directa o indirecta algún trato diferenciado resulta inadmisible; por lo que, tratándose del proceso electoral, todos los actores políticos deben abstenerse de generar propaganda o material que pudiera hacer referencia a algún tipo de discriminación, tal y como ocurrió en este caso.

86.              Situación que esta Sala Especializada considera que es una limitante justificada y razonable al ejercicio a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que lo que se pretende es la salvaguarda del derecho sustantivo a la igualdad y no discriminación, en atento cumplimiento al mandato constitucional emanado de los artículos 1° y 6° de la Constitución Federal; más aún, como en este caso, ha quedado demostrado que el discurso contenía elementos que, en el marco de una contienda electoral, generaban injustificadamente un trato diferenciado entre personas que padecen una enfermedad y aquellas que no, en perjuicio del ejercicio de sus derechos político-electorales.

87.              En efecto, esta Sala Especializada considera que es válido que en su propaganda política o electoral, los actores políticos hagan referencia a la salud de sus contrincantes; sin embargo, no será válida la propaganda, si como en este caso, el mensaje se dirige a condicionar el acceso a un cargo de elección popular a uno de los atributos de la personalidad como lo puede ser la raza, el sexo, la condición de salud, una discapacidad o cualquiera de las categorías sospechosas enmarcadas en el artículo 1° de la Constitución Federal.

88.              De ahí que en consideración de este órgano jurisdiccional, esta parte del mensaje contenido en el spot denunciado, contenga elementos discriminatorios en razón de la condición de salud de una persona; y por tanto, sea susceptible de contravenir las reglas de contenido de la propaganda que puede ser difundida en la radio y televisión; consecuentemente, se acredita la infracción consistente en el uso indebido de la pauta por parte del PRI.

Segunda frase.

89.              Ahora bien, el quejoso aduce que la frase: Por cierto, amiga, ¿Ya sabes por quién vas a votar?. Hay uno que dicen que está enfermo, ¿no? Sí, y quien nos conviene, es honesto y tiene salud es Jiménez Merino, también contiene elementos discriminatorios.

90.              Al respecto, esta Sala Especializada considera que no asiste razón al quejoso, ya que en dicha frase no se advierte un condicionamiento expreso a un cargo de elección popular con base en su estado de salud; por el contrario, únicamente se aprecia una referencia a que uno de los candidatos se encuentra enfermo; mientras que el opositor tiene la cualidad de ser honesto y un estado favorable de salud.

91.              En ese sentido, en esta parte del promocional no contiene frases ofensivas o peyorativas y, mucho menos, frases que se basen en la condición de salud de una persona o grupo social con la finalidad de excluirlos o menoscabar el ejercicio de sus derechos.

92.              En efecto, a diferencia de la primera frase que fue analizada, en este caso no se condiciona la imposibilidad de gobernar, al simple hecho de estar enfermo; más aún, cuando no genera un vínculo de dependencia relacionada con el ejercicio de un cargo público sino que sólo se trata de exponer a la ciudadanía el estado de salud de una persona; lo cual, como se ha dicho, se encuentra dentro del discurso protegido que se da en el contexto político, a fin de proporcionar información a la ciudadanía para que ejerza un voto informado.

93.              Sin que en este caso, el uso de esta frase genere estereotipos en perjuicio de las personas con alguna enfermedad, en relación a una posible imposibilidad de ejercer funciones públicas por no contar con un óptimo estado de salud. Por lo que no es posible considerar que esta parte del promocional, represente un trato discriminatorio contra alguna persona o grupo de personas, en tanto no se advierte la finalidad de menoscabar, impedir u obstaculizar el ejercicio de su derecho a ser votado en condiciones de igualdad y no discriminación.

94.              Por lo que sino se advierte que el mensaje implique colocar injustificadamente en un plano de desigualdad por cuestiones de salud, resultaría desproporcionado pretender restringir su libre circulación; más cuando éste se dio en el contexto de una contienda electoral, en donde se debe maximizar la libre circulación de ideas, a fin de generar una opinión pública informada.

95.              En esa tesitura, esta Sala Especializada considera que esta parte del promocional no resulta discriminatorio; y por tanto, no es contraventor de la normativa electoral.

96.              Ahora bien, una vez determinada la responsabilidad del PRI por el uso indebido de la pauta con motivo de la difusión de propaganda electoral con un mensaje discriminatorio, se procederá a individualizar la sanción correspondiente.

CUARTA. VISTA A LA CONAPRED.

97.              El quejoso solicitó que se diera vista al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

98.              Al respecto, esta Sala Especializada considera procedente acoger la petición del denunciante, habida cuenta que se ha determinado que el contenido del promocional denunciado contiene elementos que implican un acto de discriminación, con base en una categoría sospechosa de las establecidas en el artículo 1° de la Constitución Federal, en concreto, la relacionada con la discriminación por condición de salud.

99.              De ahí que se ordene dar vista a la CONAPRED con copia de las constancias que obran en el expediente y de esta resolución para que, en el ámbito de sus atribuciones considere lo que resulte conforme a Derecho.

QUINTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

100.          Por las consideraciones antes expuestas, lo procedente es determinar la sanción que legalmente corresponda al PRI por la difusión del promocional denominado YO VOY CON JIMÉNEZ MERINO”, identificado con el folio RA00675-19 para radio y con el folio RV00526-19, en el contexto de la etapa de campaña del proceso electoral local extraordinario para elegir al Gobernador de Puebla.

101.          En ese sentido, en principio, este órgano jurisdiccional debe tomar en consideración, entre otros aspectos, los siguientes:

        La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.

        Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

        El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

        Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

102.          Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias[27], que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación.

103.          Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.

104.          Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

105.          El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, prevé para los partidos políticos, la imposición de una sanción que va desde una amonestación pública, hasta la cancelación de su registro como partido, dependiendo de la gravedad de la infracción.

106.          Para determinar la sanción, se atenderán a los parámetros establecidos en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General.

107.          Bienes jurídicos tutelados. Las normas que se violentaron en el presente asunto, tienen por finalidad evitar que en la propaganda difundida en radio y televisión, se emitan mensajes que resulten discriminatorios y, en consecuencia, contravengan los principio de igualdad y no discriminación.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

108.          Modo. La conducta consistió en la difusión en radio y televisión del promocional denominado YO VOY CON JIMÉNEZ MERINO”, identificado con el folio RA00675-19 para radio, y con el folio RV00526-19.

109.          Tiempo. El promocional fue pautado para el periodo de campaña del proceso electoral extraordinario para la elección del Gobernador de Puebla, y se transmitió en el periodo comprendido entre el veintiséis al veintinueve de mayo, con un total de 889 impactos en radio y 575 en televisión.

110.          Lugar. El promocional se transmitió en emisoras con cobertura en el estado de Puebla, para el proceso electoral local extraordinario de dicha entidad.

111.          Singularidad o pluralidad de la falta. Se trató de una sola conducta infractora que actualizó una sola infracción.

112.          Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta se dio a través de la transmisión en radio y televisión del promocional denunciado, durante el periodo de campaña del proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla, y se ejecutó por medio de las señales de radio y televisión que lo transmitieron.

113.          Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable, pues en el caso se trató de difusión de propaganda electoral que se exhibió en uso de la prerrogativa de acceso a radio y televisión a que tiene derecho el PRI.

114.          Intencionalidad. Se encuentra plenamente acreditado que el promocional denunciado fue pautado por el PRI como parte de sus prerrogativas constitucionales de acceso a los medios de comunicación social y que mediante su difusión, transgredió la normativa aplicable respecto de la propaganda electoral de campaña al difundir un promocional con contenido discriminatorio, sin que esta Sala Especializada advierta que el partido político denunciado estuviera consciente de la ilicitud de su actuar, puesto que partió de la premisa incorrecta de que el mensaje constituía un discurso protegido por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

115.          Reincidencia[28]. De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la Ley General, se considera reincidente quien ha sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia Ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora, lo que en el presente caso no ocurre[29].

116.          Atendiendo a las circunstancias antes señaladas, y tomando en cuenta que la difusión del promocional implicó una infracción a las citadas disposiciones constitucionales, convencionales y legales encaminadas a prevenir y evitar la discriminación, incluso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los partidos políticos, en el caso particular, la conducta señalada debe calificarse como grave ordinaria[30], atendiendo a las particularidades expuestas, toda vez que:

        La conducta infractora tuvo impacto en el estado de Puebla.

        Se detectaron 889 impactos en radio y 575 en televisión, distribuidos en cuatro días que duró la transmisión del promocional.

        Se vulneraron los artículos 1° y 6° y 41, Base III de la Constitución; en relación con los principios de igualdad y no discriminación; así como el de legalidad.

        No hay elementos que permitan determinar que la conducta fue intencional, ni que haya reincidencia.

        No hubo beneficio o lucro económico para el partido responsable

Sanción a imponer.

117.          Por tanto, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente los bienes jurídicos tutelados, las circunstancias particulares del caso, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro[31], se estima que lo procedente es imponer una sanción de conformidad el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II de la Ley General.

118.          Por ello, con base en la gravedad de la falta y en las particularidades del presente asunto, se estima que lo procedente es imponer al PRI, la sanción consistente en una multa por la cantidad total de 1500 UMAS[32] (Unidad de Medida y Actualización), resultando la cantidad de $126,735 (ciento veinte seis mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

119.          En modo alguno se considera excesiva y desproporcionada dicha sanción, ya que el PRI está en posibilidad de pagarla, ya que recibirá como parte de sus prerrogativas del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes a nivel local, para el mes de junio, la cantidad de $3,162,819.00 (TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)[33] y por tanto, la cantidad impuesta como sanción, equivale al 4% de la mencionada ministración mensual.

120.          Pago de la multa. A efecto de dar cumplimiento a la sanción que ha sido impuesta, se vincula al Instituto Electoral del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafos 7 y 8 de la Ley Electoral para que descuente al PRI la cantidad de la multa que ha sido impuesta, de la ministración mensual que recibe por concepto de gastos ordinarios permanentes al mes siguiente en que quede firme esta sentencia.

121.          Por tanto, se solicita al referido Instituto Electoral del Estado de Puebla que, dentro del término de cinco días posteriores a que realice el descuento antes mencionado, lo haga del conocimiento de esta Sala Especializada.

122.          Publicación de la sentencia. Para una mayor publicidad de la multa que se impone y sus efectos, la presente sentencia se deberá publicar, en su oportunidad, en la página de Internet de este órgano jurisdiccional, en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.

SEXTA. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL.

123.          Ahora bien, toda vez que se ha determinado que existió el uso injustificado de una categoría sospechosa en la propaganda electoral del PRI que, de manera general, afectó a las personas que padecen alguna enfermedad y, en particular a Miguel Barbosa, en el pleno ejercicio de su derecho político-electoral de ser votado, esta Sala Especializada considera que en atención a lo previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal, es necesario tomar aquellas medidas o acciones encaminadas a una reparación integral del daño causado.

124.          Lo anterior se considera así, atendiendo a que una de las finalidades del procedimiento especial sancionador es el funcionar como un mecanismo inhibidor de posibles conductas infractoras y, en consecuencia, es necesario y posible que esta Sala Especializada emita medidas encaminadas a evitar que se vuelvan a realizar conductas similares a la que se consideró infractora en este asunto, ya sea que dichas conductas sean cometidas por el mismo sujeto infractor de este procedimiento; o bien, por alguna otra.

125.          En efecto, no debe considerarse que el derecho administrativo sancionador electoral como una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, únicamente se encamina a la imposición de una sanción por la comisión de una conducta infractora, puesto que su finalidad también consiste en ser un mecanismo inhibitorio de posibles conductas que contravengan las normas constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias; más aún, cuando ello se da para la salvaguarda de los derechos humanos de personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

126.          Situación que es acorde a lo sustentado por la Sala Superior[34], en el sentido de que aunque las medidas de reparación no están previstas en las Leyes Electorales, las autoridades encargadas de resolver los procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral, pueden dictar medidas de reparación si una infracción se traduce en la vulneración de derechos políticos electorales.

127.          Siguiendo esa línea argumentativa, sirve como criterio orientador para la aplicación de medidas de reparación integral, el hecho de que la Sala Superior[35] hubiera establecido que las Salas Regionales del Tribunal Electoral ante el supuesto de que una restitución fuera materialmente imposible; o bien, porque se estime necesario la concurrencia de otras que resulten necesarias para logar el fin de la reparación, sopese las circunstancias en que ocurrió la vulneración[36], a fin de definir la medida más eficaz con el objeto de atender de manera integral el daño producido, tal y como podrían ser: a) Rehabilitación; b) Compensación; c) Medidas de satisfacción; o, 4) Garantías de no repetición.

128.          En ese sentido, la Sala Superior ha señalado que para definir las distintas medidas de reparación integral existentes en el ordenamiento mexicano se utiliza solo como referente conceptual la Ley General de Víctimas, de la que se deprenden las siguientes medidas:

• Restitución: busca devolver a la víctima a la situación anterior de la violación. Incluye la dimensión material y la dimensión de derechos.

• Rehabilitación: busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.

• Compensación: se otorga a las víctimas por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación a los derechos humanos, atendiendo a las circunstancias del caso.

• Medidas de satisfacción: esta medida tiene por finalidad reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reintegrar su vida o memoria.

• Medidas de no repetición: buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

129.          En ese contexto, esta Sala Especializada considera necesario emitir medidas de reparación atendiendo a la naturaleza de las personas a que se dirige y de aquellas que resultaron afectadas; el medio por el cual se materializó la infracción; la gravedad de la conducta infractora y la afectación al derecho vulnerado.

130.          No obstante, a fin de no lesionar algún otro derecho fundamental con las medidas y acciones que se pudieran implementar, es que éstas deberán ser necesarias, idóneas y proporcionales, en relación con el bien que se pretende salvaguardar y el derecho que se ha de moderar.

Medida de restitución y no repetición.

131.          Toda vez que el acto de discriminación se cometió por un partido político al momento de difundir propaganda de campaña, por medio de la radio y televisión, en el contexto del proceso electoral extraordinario en Puebla, es que esta Sala Especializada considera que, como medida restitutoria y de no repetición, el PRI deberá realizar lo siguiente:

        No volver a solicitar la difusión en radio y televisión de este material, ni deberá retomar la parte que se ha considerado discriminatoria para integrarlo en otros promocionales que difunda como propaganda política o electoral.

        En caso de que el material se encuentre alojado en alguna de sus páginas de internet o de redes sociales; o bien, en alguna cuenta de su candidato a la Gubernatura de Puebla, deberá cesar la difusión total del material o, en su caso, editarlo a fin de eliminar la parte que se ha considerado discriminatoria.

        Deberá notificar esta ejecutoria a sus representaciones estatales ante los Organismos Públicos Electorales, ya sea por correo electrónico o por oficio, a fin de que eviten la difusión de propaganda que injustificadamente utilice una categoría sospecha para discriminar a una persona o un grupo de personas. Por lo que los parámetros establecidos en esta sentencia, les pueden servir como un criterio orientador en el diseño de sus estrategias de elaboración y difusión de propaganda política o electoral.

        Deberá publicar en su página de Internet y en sus cuentas de redes sociales, el contenido íntegro de esta ejecutoria, por un plazo no menor a 30 días naturales.

        Deberá notificar a esta Sala Especializada, en un plazo no mayor a 72 horas, contadas a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, los términos en que hubiera dado cumplimiento.

132.          Con el apercibimiento que, en caso de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una medida de apremio en términos del artículo 32 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

133.          Además, se considera necesario vincular al INE, a través de su comisión de Quejas y Denuncias, a fin de que se ordene el cese la difusión del promocional, en caso de que siga vigente en su portal de Pautas INE. Siendo que dicha autoridad, a la brevedad, deberá informar a esta Sala Especializada el cumplimiento de la ejecutoria.

134.          Establecido lo anterior, procede analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por esta Sala Especializada, a fin de no realizar alguna restricción injustificada y desproporcionada al derecho fundamental de la libertad de expresión del partido infractor quien será, en todo caso, el sujeto que deberá cumplir con las directrices antes señaladas.

Idoneidad de las medidas.

135.          Esta Sala Especializada considera que las medidas adoptadas son idóneas puesto que buscan, en principio, revertir el daño que se pudiera haber causado a Miguel Barbosa en su derecho a ser votado libre de discriminación y a cualquier otra persona en una posición similar a la del candidato. Situación que atendiendo al modo en que se concretó la vulneración a su derecho político-electoral, resulta materialmente imposible reparar el daño al punto de regresar las cosas al estado en que se encontraban previo a la infracción; no obstante, ello no impide que se tomen otras medidas para realizar una reparación integral al daño causado.

136.          Además, la idoneidad de las medidas radica en que pretenden evitar que este tipo de conducta se vuelva a repetir; y por tanto, tienen como finalidad impedir que, en lo particular, se afecte nuevamente a Miguel Barbosa y, en lo general, a cualquier persona que padezca un enfermedad o pertenezcan a un grupo vulnerable, al ser víctimas de un discurso excluyente que menoscabe sus derechos político-electorales.

137.          De ahí que estas medidas cumplan con el fin legítimo de salvaguardar el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al buscar evitar, prevenir y erradicar cualquier acto de discriminación que, injustificadamente, se base en el uso de una categoría sospechosa para menoscabar, impedir o anular el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos, los político-electorales de personas que se encuentran en un grupo en situación de vulnerabilidad.

138.          Lo anterior se refuerza con la protección especial que toda autoridad debe tomar cuando conozca asuntos en donde se vean afectados los derechos humanos de personas integrantes de algún grupo vulnerable, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Federal.

139.          Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la idoneidad de las medidas se encuentra directamente vinculado con la necesidad de su adopción, tal y como se demostrará a continuación.

Necesidad de las medidas.

140.          En este caso, se cumple con el principio de necesidad, ya que las medidas adoptadas, por sí mismas, no pretenden anular o restringir injustificadamente el ejercicio a la libertad de expresión en el debate público que se da en las contiendas electorales; por el contrario, la fijación de límites al ejercicio de ese derecho se da con la finalidad de evitar que, de manera injustificada, en la propaganda político-electoral se utilicen alusiones a categorías sospechosas para generar un trato diferenciado entre las personas.

141.          En ese contexto, atendiendo a la manera en que se concretó la vulneración al principio de igualdad y no discriminación, es que esta Sala Especializada considera que no sería materialmente posible devolver el estado de las cosas a la manera en que se encontraban previo a la infracción, puesto que al día de emisión de esta sentencia ha fenecido la vigencia del spot denunciado. Por lo que resulta necesaria la aplicación de alternativas que intervengan lo menos posible el ejercicio de la libertad de expresión, pero que además resulten eficaces y de pronta ejecución para resarcir el daño causado y evitar que se produzca nuevamente.

142.          De ahí que esta Sala Especializada atenta a casos similares resueltos por la Sala Superior[37], considera que los razonamientos de una sentencia, por sí mismas, constituyen una medida de reparación de importancia, ya que, atendiendo a las particularidades del caso, puede resultar suficiente el efecto restitutorio del acto de reconocimiento de la afectación de la persona, sin que ello excluya la posibilidad de adoptar medidas adicionales.

143.          Además, estas medidas son necesarias en tanto que permiten sensibilizar al partido infractor, tanto a nivel nacional como local, en torno a la manera en que el uso de una categoría sospechosa en la propaganda político-electoral, puede sobre pasar los límites a la libertad de expresión y, en consecuencia, generar actos de discriminatorios en perjuicio de las personas que se encuentren en un grupo en situación de vulnerabilidad; lo cual, cumple con el fin legítimo de evitar, prevenir y erradicar cualquier acto que atente contra el principio de igualdad y no discriminación, mismo que debe observarse aún dentro del debate político.

144.          Aunado a lo anterior, es importante resaltar que por la naturaleza de las medidas adoptadas, no se les está generando al partido infractor un gasto económico que resulte desproporcional e injustificado; por el contrario, se considera que cuenta con las posibilidades técnicas y materiales suficientes para llevar a cabo las acciones ordenadas, habida cuenta que ellas deben concretarse con la propia infraestructura del partido.

Proporcionalidad en sentido estricto.

145.          Este principio se cumple en tanto que la restricción al derecho a la libertad de expresión del partido infractor y las medidas de reparación que debe tomar, son impuestas para resarcir el daño causado por la vulneración al principio de igualdad y no discriminación. Por lo que el grado de afectación al primero de los derechos no es mayor a la afectación que con su ejercicio sufrió el segundo de ellos.

146.          En relación con lo anterior, ya ha sido establecido en esta ejecutorio que la libertad de expresión constituye uno de los pilares del Estado democrático; sin embargo, éste encuentra una limitante válida en tanto que su ejercicio no debe afectar derechos de terceros con la emisión de discursos discriminatorios que impliquen la exclusión de personas en situación de vulnerabilidad; o bien, que promuevan la falta de igualdad entre las personas.

147.          En ese sentido, las medidas adoptadas no pretenden anular el derecho a la libertad de expresión del partido político, sino que su finalidad es establecer una adecuada interacción con el principio de igualdad y no discriminación, en tanto genera certeza respecto de los límites que la libre manifestación de las ideas tiene en relación con el derecho a no ser discriminado por el uso injustificado de alguna de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1° de la Constitución Federal.

148.          De ahí que en caso de no adoptar estas medidas, se dejaría de atender la obligación constitucional de promover los derechos humanos de las personas; más aún, cuando ello merece una tutela reforzada por pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Por lo que la proporcionalidad de las medidas es acorde a la necesidad de prevenir y erradicar cualquier acto discriminatorio.

Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Es existente la infracción consistente en uso indebido de la pauta atribuida al Partido Revolucionario Institucional; y por tanto, se le impone una multa de 1500 UMAS, resultando la cantidad de $126,735 (ciento veinte seis mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), conforme a lo razonado en esta sentencia.

SEGUNDO. Dese vista con la presente resolución al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para los efectos legales que sean conducentes.

TERCERO. Se ordena la reparación integral del daño; así como las garantías de no repetición, en los términos precisados en esta ejecutoria.

CUARTO. Se vincula al Instituto Nacional Electoral, en los términos señalados en la ejecutoria.

QUINTO. Publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta Sala Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado en funciones que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto concurrente de la Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley Gabriela Villafuerte Coello, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

[1] Las fechas que se citan a continuación corresponden a dos mil diecinueve, salvo que se precise una anualidad distinta.

[2] En términos de la información disponible en el siguiente link: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2019/eleccion-extraordinaria-puebla-2019/

[3] Todos los criterios jurisprudenciales electorales citados en la presente sentencia pueden consultarse en el portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.te.gob.mx.

[4] De conformidad con lo estipulado en el artículo 461, párrafo primero de la Ley Electoral.

[5] De conformidad con la tesis: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.” 2004949. I.3o.C.35 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Pág. 1373.

[6] De acuerdo a lo señalado en el artículo 461, párrafo 1 de la Ley Electoral.

[7] Cabe mencionar que dichas notas se incluirán en el Anexo 1, mismo que formara parte integral de esta sentencia, cuyas ligas de Internet se muestra a continuación:

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/barbosa-tengo-salud-para-gobernar-diab%C3%A9ticos-llevan-vida-normal/

https://intoleranciadiario.com/articles/2019/02/03/946053-atacan-diputados-y-alcaldes-morenistas-a-miguel-barbosa-esta-enfermo-senalan.html

https://www.politicayestilo.com/miguel-barbosa-delicado-de-salud/

https://newsweekespanol.com/2019/02/criticar-salud-de-miguel-barbosa-es-una-bajeza/

http://revistadorsia.com/la-quinta-columna-la-salud-de-miguel-barbosa/

https://www.angulo7.com.mx/2017/10/26/barbosa-esta-enfermo-podra-gobernar-puebla/

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1134379&md5=3bd1081fd6d3bb8d716b7f98d7343aed&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

https://www.youtube.com/watch?v=YQhu8Y-vPhs

https://www.e-consulta.com/nota/2013-12-13/nacion/amputan-una-pierna-al-senador-perredista-luis-miguel-barbosa-huerta.

[8] De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

[9] Criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTO GENERAL Y JURÍDICO”.

[10] Impresión del reporte de vigencia de Materiales de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, obtenido del Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión de la Dirección de Prerrogativas y acta circunstanciada de veintitrés de mayo: Los cuales se estima con valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral. También el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puntualiza que lo serán los documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia.

[11] Correo de treinta y uno de mayo, con firma digital válida del Director de Prerrogativas, el cual se estima con valor probatorio pleno, toda vez que fue emitido por autoridad en ejercicio de sus atribuciones de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral. También el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puntualiza que lo serán los documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia.

[12] Que en términos de lo previsto por el artículo 1, párrafo 1, inciso III, sub-inciso m) del Reglamento de Radio y Televisión, la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos, coaliciones y candidatos independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada uno.

[13] Véase el artículo 37, párrafo 1, del Reglamento de Radio y Televisión.

[14] Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

[15] Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[16] Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[17] Artículo 2. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[18] https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

[19] Artículos 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

[20] Por ejemplo, en las sentencias SUP-RAP-323/2012 y SUP-REP-140/2016.

[21] LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO. Época: Novena Época. Registro: 165759. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXVII/2009. Página: 287; así como: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN EN SU VIDA PRIVADA”, 1a. CCXXIII/2013; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1, Pág. 562.

[22] Aplicable en este caso, lo sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis: “REGLAS DE LA LÓGICA Y LA EXPERIENCIA. LA FALTA DE DEFINICIÓN LEGAL PARA EFECTO DE LA VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA DECISIÓN JUDICIAL, NO INFRINGE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES”.

[23] Criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2806/2012. Cuyas consideraciones dieron pie a la tesis asilada de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U OPROBIOSAS SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA VEJACIÓN INJUSTIFICADA”. 1a. CXLIV/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Pág. 557

[24] Datos referidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1056&id_opcion=103&op=213.

[25] Sirve como criterio orientador, lo sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en la tesis asilada de rubro: “DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN”. 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Pág. 603.

[26] Criterio sustentado en el SUP-REP-198/2018.

[27] En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015.

[28] Sobre el particular, se toma como referencia la jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.”

[29] Sin que pase por desapercibido para esta Sala Especializada que, a la fecha de la presente resolución, se encuentran en sustanciación diversos procedimientos especiales sancionadores en los que se denuncia el posible uso indebido de la pauta atribuible al partido MORENA, por la supuesta difusión de propaganda electoral de contenido federal en pauta local.

[30] Criterio establecido por la Sala Superior en el SUP-REP-24/2018, en el que determinó que, por regla general, tratándose de conductas que actualicen una violación directa a una prohibición prevista en la Constitución, la falta se debe calificar como grave, en atención al carácter constitucional de dicha prohibición.

[31] Véase Tesis XXVIII/2003 de rubro: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”.

[32] De conformidad con los datos del INEGI, la UMA en 2019 tiene un valor de $84.49. consultable en https://www.inegi.org.mx/temas/uma/.

[33] Situación que se invoca como un hecho notorio, toda vez que dicho dato se encuentra en las constancias del expediente SRE-PSC-44/2019, resuelto por esta Sala Especializada el treinta y uno de mayo de este año.

[34] Criterio sustentado en la tesis VI/2019, de rubro: “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”.

[35] Criterio sustentado en la tesis VII/2019, de rubro: “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN GARANTIZARLAS EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”.

[36] Se deberá atender a: las circunstancias del caso, a la conducta analizada, a los sujetos implicados, a la gravedad de la conducta y a la afectación al derecho involucrado.

[37] En el incidente sobre cumplimiento de sentencia del expediente SUP-JDC-1028/2017, la Sala Superior retomó criterios que la Corte Interamericana ha emitido en torno a esta temática, tales como:  Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72. Y Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, párr. 120.

[38] Párrafos: 27, 74, 75,78 y 82.

[39] PRIMERA SALA; Décima época, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, pág. 261.