Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

SENTENCIA de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se dicta por la difusión de mensajes del Segundo Informe de Labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por diversas concesionarias de radio y televisión que tienen cobertura en el Estado de México y en Hidalgo, ésta última entidad federativa donde se desarrollaba la campaña electoral, y determina:

A.    La inexistencia de la infracción consistente en propaganda personalizada con uso de recursos públicos atribuidas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; de la Secretaría de Administración de Finanzas, a su Titular; de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, a su Titular, a su Director Ejecutivo de Estrategia Comunicativa y a su Titular de la Dirección de Planeación de Campañas; todas estas del Gobierno de la Ciudad de México.

B.    La existencia de las infracciones consistentes en la vulneración a las reglas del informe de labores sobre territorialidad y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido al entonces Titular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas.

C.   La existencia de las infracciones atribuidas a diversas concesionarias de radio y televisión, derivado del incumplimiento a las reglas del informe de labores[1] y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

D.   La existencia por el incumplimiento de medidas cautelares atribuidas a la concesionaria Televimex, S.A. de C.V.

Así como un exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a los Grupos comerciales para que en lo sucesivo instruyan a las autoridades a su cargo y a las concesionarias y emisoras, conforme corresponda, a respetar las reglas del informe de labores de las y los servidores públicos y ajustarse a los límites constitucionales y legales en materia electoral.

Finalmente se ordena dar una vista por la posible vulneración al interés superior de la niñez por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al entonces Titular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas.

ANTECEDENTES

I.                    Procesos electorales

1.            1. Proceso electoral de Hidalgo[4] 2019-2020. La etapa de la jornada electoral en dicha entidad federativa ordinariamente tenía que llevarse a cabo el siete de junio de dos mil veinte[5].

2.            El uno de abril, el Consejo General del INE mediante resolución INE/CG83/2020[6], acordó suspender temporalmente el proceso electoral con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)[7].

3.            Mediante la aprobación del acuerdo INE/CG170/2020[8], el treinta y uno de julio[9], el Consejo General del INE, determinó la reanudación de las actividades inherentes al desarrollo del proceso electivo, cuyo calendario electoral quedó de la siguiente manera:

4.            2. Proceso Electoral en la Ciudad de México 2020-2021. El siete de agosto, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG188/2020, por el que aprobó el Plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021, por lo que, del proceso electoral de la Ciudad de México, se advierten las fechas siguientes:

II.                 Sustanciación del procedimiento especial sancionador

5.            1. Queja. El doce de septiembre, el quejoso denunció que, desde el diez de septiembre, se difundían mensajes sobre el Segundo Informe en estaciones y canales de radio y televisión con cobertura en Hidalgo[10], entidad que estaba en campaña, alegando que con ello se vulnera la prohibición de difundir propaganda gubernamental en etapa de campaña; así como promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos.

6.            2. Registro e investigación. En esa misma fecha, la UTCE registró el expediente con la clave UT/SCG/PE/FDC/CG/69/2020 y ordenó diligencias para investigar los hechos materia de la denuncia.

7.            3. Ampliación de denuncia. El catorce de septiembre, el quejoso amplió su escrito, al considerar que al aprobarse que el informe de labores tuviera lugar el diecisiete siguiente, se contravino la prohibición legal[11] de presentar informes de labores dentro del proceso electoral o dentro de los sesenta días previos a éste, porque a esa fecha ya estaba en curso el proceso electoral en la Ciudad de México.

8.            4. Admisión y remisión. El catorce de septiembre, la autoridad instructora admitió a trámite el expediente y remitió la propuesta de dictado de medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias para que determinara lo conducente.

9.            5. Medida cautelar. El quince posterior, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedente[12] la medida cautelar porque identificó a cuatro concesionarias[13] con cobertura en el estado de Hidalgo que estaban obligadas a suspender propaganda gubernamental; no obstante, transmitieron mensajes del informe de labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México[14], por lo que ordenó:

        A Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. y al Gobierno de la referida entidad que, en un plazo de 6 horas, suspendieran la difusión de los promocionales en cuestión.

        A la Dirección de Prerrogativas, que informara a dichas concesionarias de las medidas tomadas para cumplir con lo anterior.

        A la Jefa de Gobierno, al Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y al Titular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Gobierno de la Ciudad de México, que se abstuvieran de contratar la difusión de promocionales con concesionarias que tuvieran cobertura en el estado de Hidalgo y, para ello, debían observar el anexo 1 del acuerdo INE/ACRT/23/2019.

10.         6. Medios de impugnación:

a. SUP-REP-105/2020. El dieciséis de septiembre, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó recurso de revisión que, la Sala Superior desechó de plano por falta de firma autógrafa.

b. SUP-REP-106/2020 y acumulado. El diecisiete de septiembre, las concesionarias Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. interpusieron recursos de revisión que, al ser resueltos por la Sala Superior, se confirmó la procedencia de la medida cautelar.

III.               Acuerdos plenarios del Juicio Electoral SRE-JE-15/2020 y excusa

11.         1. Juicio Electoral. La UTCE emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el veintidós de octubre. El doce de noviembre, esta Sala Especializada dictó el SRE-JE-15/2020 y se solicitó a la UTCE mayores diligencias para esclarecer los hechos.

12.         2. Segundo acuerdo. Al concluir las diligencias, la autoridad instructora emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó acabo el diecisiete de diciembre. El ocho de enero de dos mil veintiuno, esta Sala Especializada solicitó a la UTCE mayores diligencias para mejor proveer.

13.         3. Tercera audiencia. Una vez concluida las diligencias ordenadas, la UTCE emplazó a las partes y se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

14.         4. Excusa. El diez de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno de esta Sala Especializada calificó como procedente la excusa formulada por la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello para conocer del presente asunto.

15.         5. Tercer acuerdo e incompetencia de ampliación de la queja. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, al pronunciarse la autoridad jurisdiccional sobre el SRE-JE-15/2020 requirió nuevamente diligencias a efecto de mejor proveer.

16.         Además, determinó la incompetencia para conocer la ampliación de la queja presentada por el quejoso, pues no se encontró dentro de los supuestos exclusivos que este órgano jurisdiccional puede atender.

17.         6. Emplazamiento y Audiencia. Al concluir las diligencias, la autoridad instructora emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a cabo el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

IV.              Trámite en la Sala Especializada

18.         1. Recepción del expediente. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional y se remitió a la Unidad Especializada, a efecto de verificar su debida integración.

19.         2. Turno a ponencia y radicación del expediente. El dieciséis de junio del año señalado, el Magistrado Presidente, acordó integrar el expediente SRE-PSC-98/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Luis Espíndola Morales para que, previa radicación, procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, el cual se emite bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

20.         Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto al tratarse de un procedimiento especial sancionador en el que, con motivo de la difusión de promocionales relacionados con el Segundo Informe, en señales de radio y televisión con cobertura en Hidalgo, se denuncian conductas posiblemente constitutivas de: a) vulneración a las normas del informe de labores sobre territorialidad; b) difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido; c) promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos; d) incumplimiento a medidas cautelares; cuya difusión pudo tener lugar en más de una entidad federativa.

21.         Además de la infracción señalada, de manera oficiosa[15], la autoridad instructora determinó emplazar a las partes por la presunta vulneración al interés superior de la niñez, debido al presunto empleo de imágenes de niñas y niños en un promocional de televisión que supuestamente se contrató o adquirió, relacionado con una infracción en materia electoral.

22.         Al comparecer al procedimiento, tanto la representación del Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, como el Director Ejecutivo de Estrategia Comunicativa de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas, señalaron que esta Sala Especializada carecía de competencia para pronunciarse sobre la posible vulneración al interés superior de la niñez, dado que el spot denunciado no es propaganda política o electoral.

23.         Sin embargo, esta Sala Especializada considera que tal cuestión no puede ser definida de manera preliminar, ya que con tal proceder se podría incurrir en una petición de principio[16], toda vez que el argumento de incompetencia que invocan los denunciados depende, precisamente, del análisis pormenorizado de las constancias vinculadas a la demostración de los hechos presuntamente contrarios de la normativa electoral en los que se basa la denuncia.

24.    Con base en lo anterior, deberá analizarse si la publicidad denunciada reúne o no los elementos inherentes a la propaganda política o electoral y, de ser el caso, determinar si cumplió con los requisitos para la salvaguarda del interés superior de la niñez en materia electoral, dado que no se trata de un promocional pautado por un partido político, sino de un promocional del Gobierno de la Ciudad de México, difundido en la televisión comercial por parte de una concesionaria.

SEGUNDA. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE EN SESIÓN NO PRESENCIAL

25.    Con motivo del acuerdo del treinta de marzo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19), la Sala Superior estableció la resolución no presencial de todos los asuntos por medio del sistema de videoconferencias[17]. En consecuencia, se justifica la resolución del presente expediente en sesión no presencial.

TERCERA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

26.    Las causales de improcedencia deben analizarse previamente y de oficio, porque si se configura alguna de ellas, no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada en el procedimiento especial sancionador por existir un obstáculo para su válida constitución[18].

a. Falta de interés jurídico

27.    Como primer señalamiento, la representación del Gobierno de la Ciudad de México[19] refirió que el quejoso no tiene interés jurídico porque su domicilio corresponde al de la Ciudad de México, y se trata del proceso local electoral de Hidalgo, por lo que a su parecer no tiene el interés suficiente para hacer valer sus pretensiones[20].

28.    Al respecto, esta autoridad jurisdiccional señala que tal causal de improcedencia no resulta aplicable, toda vez que el artículo 465 de la Ley Electoral, establece que cualquier persona puede presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral, con independencia de que a éstas les cause o no afectación la conducta por lo que quien promueve no necesita acreditar su interés jurídico, basta con que tenga legitimación jurídica para presentar, en el caso particular, procedimientos especiales sancionadores, atendiendo a ello, el quejoso tiene legitimación.

b. Indebida notificación y vulneración a su garantía de audiencia

29.    Televimex, S.A. de C.V. y Radio Televisión, S.A. de C.V. señalaron que la autoridad instructora vulneró su garantía de audiencia, ya que en el emplazamiento no se señaló con claridad cuál es la conducta que se les imputa; no se indica de manera pormenorizada cuál es el contenido de los promocionales que se estiman ilegales; ni se precisó algún elemento que permitiera su identificación, como fechas u horarios en los que presuntamente fueron transmitidos a través de sus emisoras; aunado a ello, refieren que la UTCE no aportó el reporte de monitoreo, ni los datos que permitieran identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron difundidos los promocionales denunciados.

30.    De lo anterior, en los autos del expediente, se encuentra que las notificaciones señaladas por la falta de formalidades conforme a la ley electoral, contrario a lo que señalan las concesionarias, sí cumplen con lo previsto en el artículo 460 de la Ley Electoral, que señala que la notificación debe realizarse mediante las personas representantes legales o autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como, en el caso de no contar con la presencia de alguna de éstas, el notificador o notificadora procederá a dejar  un citatorio, a efecto de que en las próximas veinticuatro horas, se pueda encontrar presente alguna de las referidas personas; y en los casos en los que no se encuentre a nadie, la notificación se realizará con quien atienda, lo cual aconteció en el caso particular.

31.    Aunado a que las citadas concesionarias y grupos comerciales comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, con lo que se demuestra que tuvieron la oportunidad de hacer valer las excepciones y defensas que consideraron pertinentes, además de ofrecer las pruebas respectivas en torno a los hechos e infracciones que se les imputan, de ahí que se considere que no se afectó su derecho a una debida defensa ni a su garantía de audiencia.

32.    Por lo referido anteriormente, se estima que las partes involucradas tuvieron conocimiento de las conductas infractoras, así como del contenido íntegro de las pruebas recabadas por la autoridad instructora, lo cual permite concluir que no se vulneró su garantía de audiencia y, por el contrario, tuvieron oportunidad de defenderse.

33.    Finalmente, respecto a las demás partes involucradas, no manifestaron la actualización de alguna causal de improcedencia. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de alguna otra que impida el análisis de la cuestión planteada.

CUARTA. FIJACIÓN DE LA LITIS

34.    La materia de análisis del presente [21], consiste en establecer si con motivo de los hechos denunciados y conforme al acuerdo INE/ACRT/23/2019, se cometieron o no las infracciones atribuibles a las partes involucradas consistentes en:[22]

        Vulneración a las reglas de informes de labores. Si con la difusión de los promocionales del Segundo Informe realizado el diecisiete de septiembre incumplió o no con las reglas previstas en el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social[23].

        Difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. Si con la difusión de los promocionales del Segundo Informe se incumplió o no con lo establecido en los artículos 41 base III apartados A y C, y 134 de la Constitución, por razón de territorialidad, al haberse difundido durante la campaña electoral del estado de Hidalgo, atribuidas a las autoridades y concesionarias emplazadas.

        Promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos. Si la difusión de los promocionales alusivos al Segundo Informe, implicó o no, un posicionamiento y, por tanto, promoción personalizada, así como uso indebido de recursos públicos atribuidas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

        Vulneración al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Si con la difusión del promocional TV00015-20, se vulnera o no, la imagen, seguridad y libre desarrollo de una niña, atribuidas a las autoridades involucradas.

35.    Asimismo, se analizará el debido cumplimiento de la medida cautelar que se dictó el quince de septiembre, por parte de Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. y Gobierno de la Ciudad de México.

QUINTA. MEDIOS DE PRUEBA

36.    Previamente a analizar la legalidad o no de los hechos denunciados materia del presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron; para lo cual resulta indispensable verificar los medios de prueba que constan en el expediente y que están relacionados con las infracciones que son objeto de pronunciamiento en la presente resolución, mismos que se relacionan a continuación:

A. PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES

37.    En este apartado se analizarán los enunciados del quejoso en su escrito y alegatos, así como los sustentados por las partes involucradas al comparecer en el procedimiento.

a. Enunciados formulados por el quejoso.

        A partir del diez de septiembre, en diversas concesionarias de radio y televisión[24], se transmitieron al menos tres promocionales correspondientes a la difusión del Segundo Informe.

        La transmisión de propaganda gubernamental se difundió en fechas prohibidas por diversos acuerdos emitidos por el INE.

        Los promocionales se transmitieron en el estado de Hidalgo, que ya se encontraba en el proceso electoral local 2019-2020.

        Los promocionales denunciados constituyen la promoción gubernamental de una servidora pública, durante el tiempo en el que la Constitución y la Ley Electoral prohíbe la difusión de cualquier tipo de propaganda de gobierno.

        La voz en off de los de tres promocionales concluyen con la frase "Claudia Sheinbaum. Segundo Informe. Atendemos la emergencia. Seguimos trabajando”, imágenes a cuadro con los insertos de "Claudia Sheinbaum", “Segundo Informe", "Atendemos la emergencia, seguimos trabajando" y los logotipos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

        La promoción de la propaganda gubernamental es promoción personalizada.

        Los promocionales contratados por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México forman parte de un mecanismo de propaganda prohibida que pretende beneficiar a candidaturas en el estado de Hidalgo del partido nacional Morena, al que pertenece la citada Jefa de Gobierno.

        Se hizo un uso indebido de recursos públicos para influir en la contienda electoral en el estado de Hidalgo.

b. Defensa de las partes involucradas

b.1. Las personas del servicio público del Gobierno de la Ciudad de México[25], fueron coincidentes en señalar:

        La difusión del Informe de Labores es un ejercicio de rendición de cuentas.

        Los promocionales se dirigieron única y exclusivamente a las y los habitantes de la Ciudad de México.

        No cuentan con facultades para bloquear o cancelar la transmisión de los promocionales en Hidalgo y Estado de México.

        Las concesionarias son las que tienen la obligación de bloquear cualquier promocional de carácter gubernamental en estados con proceso electoral.

        Los contratos con las concesionarias se limitan a la difusión de información solo dentro del territorio de la Ciudad de México.

        Se realizaron acciones para conocer la capacidad de las concesionarias para bloquear su señal y no intervenir en los procesos de Coahuila e Hidalgo.

        Dieron cumplimiento a las medidas cautelares[26].

        No existe promoción personalizada, ni uso indebido de recursos públicos.

        Los “Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político electoral” establecen las directrices para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, entre otros.

        El promocional TV00015-20, no contiene propaganda, ni mensajes de carácter político o electoral, por lo que no se encuentra sujeto a la observancia de los requisitos contenidos en dichos Lineamientos, además que no son aplicables al Gobierno de la Ciudad de México.

38.    Cabe precisar que los argumentos de defensa presentados por las concesionarias y grupos comerciales, mediante los cuales dieron respuesta al requerimiento formulado por la autoridad instructora al momento de realizar el emplazamiento a la audiencia de ley y acompañaron las pruebas que estimaron pertinentes para acreditar su dicho, serán motivo de pronunciamiento al analizar el fondo del presente asunto, por lo que en este apartado no se desglosa el contenido de cada respuesta, con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias.

B. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE

39.    Se hace el señalamiento de que los medios de prueba se detallan en el ANEXO DOS de la presente resolución; sin embargo, de la información recabada por la autoridad instructora, así como de la aportadas por las partes, se desprende medularmente, lo siguiente:

a. Pruebas ofrecidas por el quejoso 

40.    El quejoso acompañó su escrito de denuncia con un dispositivo magnético de almacenamiento USB. Al respecto, el personal de la UTCE instrumentó un acta circunstanciada de doce de septiembre, a efecto de conocer su contenido.

41.    Mediante acuerdo de esa misma fecha, en conjunto con el análisis integral del escrito de queja, la autoridad instructora identificó seis promocionales relacionados con la campaña publicitaria del Segundo Informe consistentes en tres versiones[27].

42.    Para efecto de obviar repeticiones innecesarias, su contenido[28] se analizará en el estudio de fondo de la presente resolución.

b. Pruebas recabadas por la autoridad instructora

43.    De las pruebas recabadas durante la sustanciación del procedimiento especial sancionador, se obtuvo principalmente lo siguiente:

        Acta circunstanciada instrumentada en la que se certificó el contenido de los promocionales alojados en el dispositivo magnético USB proporcionado por el quejoso.[29]

        Respuesta de la Dirección de Prerrogativas, mediante la cual informa que[30]:

o       La suspensión de propaganda gubernamental es aplicable a toda estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad en la que se esté desarrollando un proceso electoral[31].

o       Mediante el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo se identificaron tres promocionales relacionados con el Segundo Informe[32].

        Acta circunstanciada[33] que se instrumentó el trece de septiembre mediante el cual se certificaron los enlaces electrónicos y los promocionales de las ligas electrónicas de radio[34] y televisión[35] relacionados con la campaña publicitaria del Segundo Informe consistentes en las versiones “Logros”, “Movilidad” y “Nuestro Proyecto”, conforme a lo señalado por el Director General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México[36].

        La Dirección General de Asuntos Laborales y Contratos, de la Secretaría de Administración y Finanzas, es la encargada de elaborar los contratos de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana[37].

        La Coordinación General de Comunicación Ciudadana es el área encargada de idear, producir, elaborar, editar y difundir los promocionales alusivos al Segundo Informe[38].

        La Consejería Jurídica y de Asuntos Legales de la Ciudad de México refirió que la contratación de transmisión de los promocionales se realizó mediante contratos abiertos[39] de prestación de servicios de difusión a través de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva[40] (Radio[41] y Televisión[42]), así como las órdenes de transmisión relacionadas con diversos grupos, concesionarias y emisoras, que fueron emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

        Los promocionales de radio[43], televisión[44] y redes sociales[45] se ordenaron transmitir del diez al veintidós de septiembre únicamente a las concesionarias con las que se tenía contrato.

        El nueve de septiembre el Director Ejecutivo de Estrategia Comunicativa del Gobierno de la Ciudad de México requirió a diversas concesionarias de radio y televisión, para que remitieran exposición de motivos respecto a si tenían la capacidad de bloquear su señal para no interferir con los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo y estar en condiciones de pautar la campaña de informe de gobierno.[46]

        El Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas señaló:

o       Que sólo tiene atribuciones para atender las necesidades de adquisiciones, arrendamientos y/o prestación de servicios que manifiestan las Unidades Administrativas integrantes de la Secretaría de Administración y Finanzas.

o       Además, refirió que la elaboración de los contratos se realizó bajo la solicitud de las necesidades manifestadas por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana[47].

o       También señaló que, en términos de lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la Primera Sesión Ordinaria[48] y en la Segunda Sesión Extraordinaria[49], ambas del dos mil veinte, fueron autorizados por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas las autorizaciones que dieron origen a once instrumentos jurídicos, de los cuales se inserta una relación para su análisis en el fondo del asunto.

o       La misma autoridad señaló que, respecto al Convenio de Colaboración CC-006/2020, celebrado con el Instituto Mexicano de la Radio, al consistir en un medio público federal de Comunicación Radiofónica, el procedimiento para su contratación se llevó a cabo en apego a lo establecido en el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal[50] y no mediante procedimientos de Adjudicación Directa, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o Licitación Pública.

44.    Los enunciados que anteceden se desprenden de las respuestas emitidas por diversas autoridades federales y locales[51] a los requerimientos formulados por la UTCE, así como por las proporcionadas por dicha autoridad; por lo que su valor probatorio es pleno, al ser emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones y al no existir prueba en contrario que contradiga su veracidad[52].

45.    En ese entendido, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus atribuciones, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

46.    La prueba ofrecida por el quejoso constituye una documental pública, con valor probatorio pleno, ya que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, cuya finalidad es demostrar las circunstancias particulares sobre la difusión de los promocionales denunciados.

47.    Asimismo, los discos compactos y enlaces electrónicos[53] que proporcionó la Dirección de Prerrogativas cuentan con valor probatorio pleno, al ser aportados por la autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones.

48.    Cabe destacar que el sistema integral de gestión de requerimientos constituye un programa electrónico que, en el presente caso, fue utilizado por la Dirección de Prerrogativas para responder a los requerimientos efectuados por la autoridad instructora[54].

49.    Además, los testigos de grabación y monitoreo que dicha Dirección adjuntó cuentan con valor probatorio pleno, conforme con la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral[55].

50.    Por otra parte, en relación a las documentales privadas, tomando en consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos 461, párrafo 3, inciso b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

C. HECHOS DEMOSTRADOS

51.    Del análisis individual y de la relación que guardan entre sí los medios de prueba aportados en el presente procedimiento especial sancionador, se tienen por demostrados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente asunto:

a. Informe de Labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la solicitud de transmisión de los mensajes para darlo a conocer

52.    En términos de lo previsto en el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de remitir por escrito un informe de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México, lo que aconteció el diecisiete de septiembre con la presentación del Segundo Informe.

53.    Por lo que, de conformidad con la normativa aplicable, los mensajes para difundirlo se debían transmitir durante los siete días anteriores y cinco posteriores a la rendición del informe, esto es entre el diez y el veintidós de septiembre.

b. Transmisión de diversos promocionales relativos al Segundo Informe

54.    Los materiales identificados por la autoridad instructora relacionados con el Segundo Informe, cuyo contenido se reproducirá en el fondo del asunto y son los identificados de la siguiente manera:

55.    El Sistema Integral de Verificación y Monitoreo[56] generó los testigos de grabación, de los cuales advirtió la difusión de los promocionales no pautados identificados con los folios TA00023-20, TA00024-20, TA00025-20, TV00015-20, TV00016-20 y TV00017-20, en las emisoras detalladas en el cuadro siguiente[57]:

56.    De acuerdo con el monitoreo[59] de la Dirección de Prerrogativas realizado entre el diez y el veintitrés de septiembre, se difundieron doscientas veintidós[60] veces los promocionales denunciados, por parte de veintiún emisoras que pertenecen a trece concesionarias[61], conforme el emplazamiento realizado por la autoridad, mismas que tienen cobertura en Ciudad de México, Hidalgo y Área Metropolitana, de la siguiente manera[62]:

57.    De igual manera se tiene acreditado que los promocionales se difundieron conforme al periodo señalado, como se observa a continuación:

Reporte de detecciones por fecha y material

58.    El Director General de Servicios Legales en representación de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México señaló que los promocionales de radio[63], televisión[64] y redes sociales[65] se ordenaron transmitir del diez al veintidós de septiembre[66] con los grupos comerciales que se celebraron contratos abiertos.

c. Acuerdos emitidos por el INE

59.    La suspensión de propaganda gubernamental es aplicable a toda estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad en la que se esté desarrollando la etapa de campañas y hasta el día posterior a la jornada de un proceso electoral, de conformidad con el numeral 11 de Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

60.    Por lo que para efectos de que su cumplimiento se lleve a cabo de manera oportuna el INE emite diversos acuerdos en los que enlista las emisoras que pueden cubrir un proceso electoral o que no pueden transmitir porque su cobertura abarca una zona geográfica distinta.

61.    1. Acuerdo INE/ACRT/23/2019. El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el Comité de Radio y Televisión del INE aprobó la lista de estaciones de radio y canales de televisión que, al estar en el catálogo de emisoras que participaría en la cobertura de los procesos electorales locales 2019-2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo, que debían suspender la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas y hasta el día de la jornada electoral.

62.    En ese listado se incluyó a las emisoras y canales, en cuya señal de origen fuera distinta a los estados de Coahuila e Hidalgo, pero que de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvieran cobertura, se vieran y escucharan allí y que además exista población en la zona de cobertura.[67]

63.    2. Acuerdo INE/CG478/2019. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el que se ordenó la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que podían participar en la cobertura de los procesos electorales locales ordinarios que se llevó acabo en 2019-2020 y el periodo ordinario durante dos mil veinte.

64.    En dicho acuerdo, se ordenó la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campaña y hasta la conclusión de las jornadas comiciales que se celebraran en dos mil veinte; por su parte, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del INE, a efecto de notificar el mismo a las emisoras de radio y canales de televisión previstos en el catálogo.

65.    3. Acuerdo INE/CG292/2020.  El ocho de septiembre, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, consultó a la  Dirección de Prerrogativas, si era posible que noventa y nueve emisoras domiciliadas en la Ciudad de México, pero enlistadas en las obligadas a suspender propaganda gubernamental por cubrir territorio con población en el estado de Hidalgo,[68] difundieran el Segundo Informe y los mensajes para darlos a conocer, en el entendido de que el informe de labores se empalmaría con la campaña en dicha entidad federativa que iniciaría el cinco de septiembre y concluiría el catorce de octubre.

66.    El Consejo General del INE, determinó que no procedía la difusión de información relacionada con el Segundo Informe en los noventa y nueve medios de comunicación social domiciliados en la Ciudad de México y, que tenían cobertura en el estado de Hidalgo entre el diez y el veintidós de septiembre.

67.    Lo anterior porque la obligación de suspender propaganda, de esas emisoras se estableció desde el Acuerdo INE/ACRT/23/2019, mismo que no fue impugnado en su momento y, por lo tanto, consintió desde entonces con el contenido de la citada obligación[69].

68.    Con base en lo expuesto se tiene que las concesionarias y emisoras denunciadas se encuentran contempladas en los acuerdos emitidos por el INE, de la siguiente manera:

69.    De lo cual se observa que, de conformidad con el acuerdo INE/ACRT/23/2019 todas las emisoras denunciadas se encontraban obligadas a suspender su transmisión tanto en la Ciudad de México, como en el estado de Hidalgo, con excepción de la emisora XHCTTO-TDT Canal 14 — dado que ésta no fue contemplada como una emisora cuya difusión se extendiera a dicho estado por parte del mencionado acuerdo— y por su parte la emisora XHTWH-TDT Canal 34, que si bien no tenía la obligación de suspender en la Ciudad de México, sí la tenía en el estado de Hidalgo.

70.    Aunado a ello, las personas servidoras públicas deben observar como directriz, entre otras, actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, de conformidad con el artículo 7, párrafo primero, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

71.    Por lo que las autoridades que tienen a su cargo la administración, difusión, elaboración y seguimiento de las campañas de comunicación relacionadas con los promocionales alusivos al Segundo Informe, también tienen la obligación de garantizar que no se vulneren las normas constitucionales y electorales que se encuentran relacionadas con su actuar.

d. Uso de recursos públicos.

72.    De la respuesta emitida por el Director General de Servicios Legales, se tiene por acreditado que, para la ejecución del evento denunciado, sí se realizaron gastos por parte de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana para la realización de los promocionales.

73.    El costo del periodo completo de la campaña en Televisión fue de $3,762, 088.60; (tres millones, setecientos sesenta y dos mil, ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.) para Radio fue de $973,675.19 (novecientos setenta y tres mil, seiscientos setenta y cinco pesos 19/100 M.N.); mientras que para redes sociales tuvo un costo de $1,240,000.00 (un millón, doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)[72].

e. Respecto al cumplimiento de la medida cautelar

74.    Según consta en autos, el quince de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó medidas cautelares para que las concesionarias Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. y Gobierno de la Ciudad de México suspendieran la difusión de los promocionales relativos al Segundo Informe.

75.    Para ello se les otorgó un plazo no mayor a tres horas, contadas a partir de la legal notificación de la determinación alcanzada, para que sustituyera el material objeto de la medida cautelar.

76.    Mediante informe remitido por correo electrónico el dos de octubre, la Dirección de Prerrogativas acompañó las constancias de notificación del acuerdo de la medida cautelar, mismas que se realizaron el dieciséis de septiembre, con las cuales hizo del conocimiento de las concesionarias involucradas en este procedimiento su contenido[73].

77.    En ese mismo informe la Dirección de Prerrogativas, remitió el reporte de detección de impactos de los promocionales denunciados, por emisora y material con posterioridad al inicio de la obligación surgida a lo ordenado en las medidas cautelares, con el cual se tiene por acreditado que dentro del periodo comprendido el diecisiete de septiembre, se detectó que cinco emisoras generaron seis impactos, tal y como se muestra a continuación[74]:

78.    Como se observa del Reporte de la Dirección de Prerrogativas, se detectó que el diecisiete de septiembre, cinco emisoras registraron seis impactos, es decir una vez fenecido el plazo de las tres horas otorgado por la medida cautelar a partir de su debida notificación, para el retiro de los promocionales.

79.    También en el mismo reporte, se observa que las emisoras corresponden únicamente a Televimex, S.A. de C.V.

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO

80.    Una vez precisados los temas que serán objeto de análisis en este fallo, así como el material probatorio con que se cuenta en autos y lo que de él deriva, a continuación, se procede a emprender el estudio de fondo de la denuncia que dio origen a este asunto. Al efecto, en principio, resulta conveniente precisar la metodología conforme a la cual se emprenderá el análisis específico:

A.   METODOLOGÍA DE ESTUDIO

81.    Al respecto, en un primer momento, se expondrá el marco jurídico que regula las conductas denunciadas, posteriormente, serán analizadas conforme al siguiente orden metodológico[75]:

a. En primer término se expondrá el marco normativo atinente a las posibles infracciones denunciadas en el presente asunto.

b. En segundo lugar, se analizará el contenido de los promocionales denunciados, a efecto de dilucidar si corresponden a un informe de labores, así como la posible vulneración a las reglas relativas a su difusión por parte de las o los servidores públicos, posteriormente si conforme a ello la difusión de los promocionales de los informes de labores se encontraron dentro de los parámetros establecidos en la ley, y con base en lo anterior si existe alguna infracción relativa la a promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos.

c. Posteriormente, se atenderá lo relacionado con la supuesta vulneración al interés superior de la niñez y por otra parte el posible incumplimiento de la medida cautelar emitida por el INE.

B.   CUESTIÓN PREVIA

82.    Dentro de los escritos presentados, se encuentra que, Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A. de C.V.; GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V.; Cadena Tres I, S.A. de C.V.; Radio Uno FM, S.A. de C.V.; Telefórmula, S.A. de C.V.; Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.; Multimedios, S.A. de C.V.; Televisión Digital, S.A. de C.V., en sus escritos de alegatos refirieron coincidentemente que la autoridad instructora omitió invocar el precepto legal del cual se desprende la supuesta infracción y que las notificaciones realizadas carecen de las formalidades establecidas en la Ley Electoral, por lo que consideran que el emplazamiento fue inadecuado.

83.    Por su parte, TV Azteca, S.A.B. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. y Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., manifestaron que la autoridad instructora fundó su competencia en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral —precepto que estiman actualmente derogado— por tanto el acuerdo de emplazamiento carece de fundamentación y motivación; no hay precisión sobre circunstancias de modo, tiempo y lugar; y existe una ausencia de prueba, por lo que consideran que el procedimiento especial sancionador debe sobreseerse.

84.    De igual manera, del señalamiento de un supuesto indebido emplazamiento, esta autoridad advierte que tampoco es procedente por las siguientes razones.

85.    En el punto TERCERO del acuerdo de emplazamiento:

        Se narraron los hechos que se consideraban infractores de la normatividad electoral.

        Se indicó el folio, nombre y contenido de los promocionales denunciados.

        Se señaló la probable conducta infractora.

        Se señalaron los impactos detectados por la Dirección de Prerrogativas del diez al veintitrés de septiembre y de qué promocionales.

86.    Aunado a lo anterior, se les hizo de conocimiento que debido a la extensión del detalle de la difusión de cada una de las emisoras de radio y televisión, la fecha de transmisión, hora de inicio y duración, se encontraba contenida en la carpeta denominada “FOJA_16”, subcarpeta “SER-JE-15-2020-Accessorio_1”, subcarpeta “FOLIO 201”.

87.    Por otra parte, en el considerando SEXTO se citaron los motivos y fundamentos legales consistentes en:

La presunta transgresión a los artículos 41, Base III, Apartado A y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209, párrafo 1; 242, numeral 5, 442, párrafo 1, inciso i); 452, párrafo 1, incisos e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, numeral 8, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral y el acuerdo INE/ACRT/23/2019, aprobado por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral el pasado 29 de octubre de 2019”

88.    Por lo que si bien sí se citaron los preceptos legales correspondientes a las presuntas conductas infractoras[76], también es cierto que en el emplazamiento se citó el artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral.

89.    Cabe precisar, que en el transitorio vigésimo tercero de la Ley Electoral[77] se encuentra establecido lo siguiente:

         “Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 242 de esta Ley, en relación con los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, deberá ser regulado en la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Continuará en vigor lo previsto en el referido párrafo 5 del artículo 242, hasta en tanto no se expida y entre en vigor la regulación anterior en dicha ley”.

90.    Así, el uno de enero de dos mil diecinueve entró en vigor la Ley General de Comunicación Social, abrogando el artículo 242, párrafo 5 de Ley Electoral, conforme lo refería su propio transitorio.

91.    De conformidad con lo anterior, si bien en el acuerdo de emplazamiento se alude al precepto legal derogado de la Ley Electoral —relativo a las reglas correspondientes a la difusión de los informes de labores— en el emplazamiento sí se refiere que los hechos denunciados consisten en la difusión en estaciones de radio y canales de televisión con cobertura en el estado de Hidalgo, de promocionales alusivos al Segundo Informe, por lo que quedó establecido cuál es la infracción que se les imputa a las partes involucradas.

92.    Lo anterior, porque como ya se analizó, el ordenamiento utilizado por la autoridad instructora para fundamentar el acuerdo de emplazamiento, quedó sin vigencia. Sin embargo, la mención del artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral, puede entenderse como referido el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, en virtud de que contienen disposiciones en similares términos[78], como se aprecia del siguiente cuadro comparativo:

93.    Además, las conductas imputadas también se señalan en el artículo 7, numeral 8, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral y el Acuerdo INE/ACRT/23/2019, mismos que fueron citados en el emplazamiento y que señalan que las concesionarias tienen la obligación de suspender la propaganda gubernamental en toda estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad en la que se esté desarrollando un proceso electoral.

94.    Finalmente la Sala Superior[79] ha señalado que conforme al artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, en relación con el artículo vigésimo tercero transitorio[80] del decreto por el cual se expidió la Ley Electoral, el quince de mayo de dos mil catorce, actualmente la posibilidad de sancionar la propaganda gubernamental en el ámbito electoral tiene como condición necesaria que dicha propaganda tenga fines electorales (en cualquier de las temporalidades previstas por el ordenamiento), o bien se realice dentro del periodo de campaña electoral (con independencia del contenido del mensaje).

95.    Es decir, hasta antes de la entrada en vigor de la citada Ley General de Comunicación Social las autoridades electorales tenían la posibilidad de sancionar distintas irregularidades asociadas a la propaganda gubernamental.

96.    Sin embargo, con motivo de la emisión de esa legislación, de forma expresa, se acotó esa posibilidad a los supuestos antes mencionados.

97.    Es decir, como ya se indicó, la Sala Superior ha reconocido la competencia de las autoridades electorales para conocer y revisar cualquier mensaje de propaganda gubernamental en la medida que se alegue que puede llegar a incidir en un proceso electoral[81], por lo que únicamente puede válidamente sancionar dicha propaganda si se determina que la misma tiene fines electorales o se difunde en un periodo prohibido.

C.   MARCO NORMATIVO

1. Informe anual de Labores

98.    A fin de estar en posibilidad de determinar si existió una vulneración a las reglas para la presentación del Segundo Informe ─como se desarrollará en el estudio del caso en concreto─, primero se debe establecer la naturaleza del mismo conforme a la normativa aplicable, así como los requisitos legales que debe cumplir.

99.    El Informe de Labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es un ejercicio de rendición de cuentas, que debe cumplir con el procedimiento protocolario que se señala el artículo 32, apartado c, inciso i, así como el numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismo que, consiste en un informe por escrito, con el estado general que guarda la administración pública de la Ciudad de México, así como la ejecución y cumplimiento de los planes programas y presupuestos, y que se debe entregar el día de su instalación de cada año, así como asistir a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el Pleno del Órgano Legislativo.[82]

100. Bajo ese contexto, dicho ejercicio de rendición de cuentas está sujeto a lo señalado por el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, el cual establece que para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda ilícita, siempre que:

101. En ese sentido, en las Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, resueltas el nueve de septiembre de dos mil catorce, la Suprema Corte enfatiza que el artículo 242, párrafo 5, de la Ley Electoral, no consignaba alguna excepción permisiva para desequilibrar la competencia partidista o para que, so pretexto de algún informe gubernamental de labores, se asociara a los promocionales respectivos la personalidad de quien lo rindiera.

102. De esta manera, la Suprema Corte puntualizó que ni siquiera con motivo del informe anual de labores o de gestión de las personas servidoras públicas, ni con motivo de los mensajes para darlos a conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ni la de incluir en esa propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidor pública, pues en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, se deducía que la rendición anual de informes también está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente tiene toda la propaganda gubernamental.

103. De ahí que sirve como criterio orientador que para la Suprema Corte, de la lectura armónica del texto completo del artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral[83], se advierte que lejos de reducir las prohibiciones contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es establecer condiciones adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los plazos, el ámbito territorial y la oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse promocionales relacionados con los informes de gobierno de las autoridades estatales, municipales o de cualquier otro tipo.

Sobre la responsabilidad de las concesionarias de radio y televisión con relación a la difusión de los mensajes relativos al informe de labores.

104. Como se ha expuesto con anterioridad, la Ley General de Comunicación Social, en su artículo 14, párrafo segundo, regula los informes anuales de labores de los servidores y servidoras públicas, y dispone algunas restricciones a ese ejercicio de rendición de cuentas, entre ellas, que no se difundan dentro de los periodos de campaña electoral.

105. Las y los legisladores impusieron esta limitante con la finalidad de evitar que las personas en el ejercicio de cargos de elección popular puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político o candidaturas, atento a los principios de imparcialidad en la utilización de los recursos públicos y el de equidad en la contienda electoral.

106. Ello es coincidente con el criterio sostenido por esta Sala Especializada en las sentencias de los expedientes SRE-PSC-5/2014[84] y SRE-PSC-33/2017[85].

107. Ahora, las normas que restringen la difusión de los informes de labores o los promocionales de estos no sólo están dirigidas a las y los funcionarios públicos, sino que también son aplicables y deben ser observadas por otros sujetos que intervengan en ello, como lo son las concesionarias de radio y televisión.

108. Por lo tanto, al igual que las personas funcionarias públicas, las concesionarias de radio y televisión están obligadas a respetar lo previsto en los referidos artículos, con la finalidad de no incurrir en la difusión de propaganda ilícita; sin que ello implique que se conviertan en censores[86] que afecten la libertad de expresión; tampoco, en forma alguna se restringe su labor, puesto que dichas concesionarias deberán ceñir su actuar al marco normativo e interpretativo de este Tribunal Electoral.

109. En efecto, del artículo 442, párrafo 1, inciso i) de la Ley Electoral establece que las concesionarias son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales.

110. Ahora, en la normatividad se encuentran definidos los supuestos en los cuales se actualiza una obligación a cargo de los concesionarios, en relación con la transmisión de propaganda electoral, propaganda gubernamental e informes anuales de labores de los servidores públicos.

111. Aquí resulta oportuno señalar que, conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte[87] la rendición anual de informes también está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente tiene toda la propaganda gubernamental, por lo que las reglas que enseguida se analizan, si bien no hacen referencia literal a los aludidos informes, sí resultan aplicables.

112. Aclarado lo anterior, tenemos que, en el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en su artículo 45, párrafos 3, 4 y 5, se prevé la creación de un catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión para los procesos electorales ordinarios. Dicho catálogo se compone de un listado de concesionarios, ordenados bajo dos supuestos: a) los que se encuentran obligados a transmitir pautas para la difusión de promocionales de partidos, candidaturas o autoridades electorales, y b) los que deben suspender la transmisión de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas.

113. El referido artículo, en sus subsecuentes párrafos 4 y 5, disponen que se deberá incluir en el catálogo respectivo a todas las emisoras de la entidad federativa con proceso electoral de que se trate y, además, deberán incluirse concesionarios de otras entidades federativas cuya señal sea efectivamente vista o escuchada en los municipios del estado con proceso electoral.

114. Las disposiciones reglamentarias recién reseñadas constituyen medidas tendentes a garantizar que, durante los procesos electorales, no se haga un uso indebido de las pautas de radio o televisión que puedan incidir en el voto de la ciudadanía, y genere un desequilibrio entre las y los actores políticos que participen en una contienda electoral.

115. Teniendo en cuenta ese propósito, resulta válido que el punto de referencia o parámetro para determinar cuáles canales de televisión o estaciones de radio cuentan con un deber de suspensión de la propaganda gubernamental se refiera al territorio en el cual tenga cobertura su señal, y no así, en la ubicación o domicilio de la concesionaria en cuestión.

116. Lo anterior, porque lo que las normas buscan evitar es que la ciudadanía que habita en las demarcaciones en donde se estén llevando a cabo procesos electorales sean susceptibles de recibir mensajes que puedan influenciar su voto y ello trastoque el principio de equidad bajo el que debe llevarse a cabo la competencia, con independencia del origen de la señal a través de la cual se transmita ese contenido.

117. En otras palabras, se torna irrelevante, como criterio para imponer una obligación de suspender la transmisión de los informes de labores de los y las servidoras públicas, el hecho de que la concesionaria se encuentre físicamente ubicada en una entidad federativa en donde no se esté desarrollando un proceso electoral, si, finalmente, su señal es recibida en poblaciones o localidades ubicadas dentro de las fronteras de un estado diverso en donde se esté desarrollando la fase de campaña electoral, dentro de un proceso de renovación de autoridades de elección popular.

118. Con base en lo expuesto, es que carece de fundamento el argumento planteado por la parte recurrente, ya que sostener que basta con que la concesionaria se ubique en una entidad federativa distinta a aquella en la que se desenvuelve el proceso para no encontrarse impedida para transmitir los informes de labores o sus promocionales durante campaña electoral, tornaría ineficaz la medida, al permitir que dichos mensajes lleguen al electorado en una fase crítica del proceso comicial, como lo es la campaña electoral, perturbando la equidad en la contienda.

119. Así las cosas, en el caso, se observa que, mediante acuerdo INE/ACRT/23/2019, el Comité de Radio y Televisión del INE aprobó el listado de estaciones de radio y canales de televisión que cubrirían los procesos electorales locales de dos mil diecinueve y dos mil veinte, y que debían realizar la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas y hasta el día de la jornada electoral[88].

120. Dentro de este listado se encuentran las concesionarias Cadena Tres I, S.A. de C.V., Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A., Gobierno de la Ciudad de México, Radio Televisión, S.A. de C.V., Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisión Digital, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V., Estación Alfa, S.A. de C.V., Radio Red FM, S.A. de C.V., Radio Uno FM, S.A. de C.V. y XEJP-FM, S.A. de C.V., aquí denunciadas con cobertura en municipios del estado de Hidalgo y que por tanto, se encontraban obligadas a suspender propaganda gubernamental y, asimismo, aquella relacionada con los informes de labores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

2. Propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos

121.     El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.

122.     Al respecto, es necesario precisar que el artículo 134 de la Constitución, tiene incidencia e impacto en distintas materias del derecho, como puede ser la administrativa y penal, de forma tal que no es exclusivo de la materia electoral.

123.     Además, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte, sostuvo en el amparo directo en revisión 1359/2015 que, el artículo 134 de la Constitución no versa únicamente sobre temas propios de la materia electoral. Asimismo, que en el artículo de referencia se encuentran los principios que deben regir las políticas de comunicación social de las autoridades de los tres órdenes de gobierno: el carácter institucional que debe animar a dicha comunicación social —en contraposición al uso personal de la publicidad oficial— y los fines informativos, educativos o de orientación social que debe perseguir.

124.     Ahora bien, la Sala Superior ha identificado que este párrafo regula dos tópicos: uno de carácter enunciativo que se limita a especificar lo que deberá entenderse como propaganda del Estado y otro que dispone la prohibición de emplear dicha propaganda para la promoción personalizada de personas en el servicio público.[89]

125.     Esa prohibición constitucional, tiene como justificación subyacente tutelar el principio de equidad en la competencia electoral, en torno al cual se ha construido el modelo de comunicación política en nuestro país. Ello, además, es una regla de actuación para las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en la configuración y difusión de la propaganda gubernamental que emitan, a fin de no influir en los procesos de renovación del poder público.

126.     En esa línea, la Ley General de Comunicación Social ─reglamentaria del párrafo constitucional en cita─, recoge la proscripción de la promoción personalizada y exalta como principios rectores la objetividad y la imparcialidad, a los que asigna la finalidad de tutelar la equidad en la competencia electoral[90].

127.     Por su parte, la Ley Electoral concretiza la referida protección al señalar que precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas independientes, dirigentes, afiliadas y afiliados a partidos políticos, ciudadanas y ciudadanos o cualquier persona física o moral, tienen prohibido contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, para su promoción personal con fines electorales[91].

128.     De esta manera, el principio de equidad en la competencia electoral goza de una protección constitucional reforzada, a partir del referido marco constitucional que constituye un límite objetivo en la emisión y difusión de propaganda gubernamental.

129.     Ahora bien, la promoción personalizada se actualiza cuando tenga la tendencia de promocionar, velada o explícitamente, a una persona servidora pública. Esto se produce cuando la propaganda tenga la tendencia a promocionarla destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, entre otros, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología de la persona servidora pública con el fin de posicionarla en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos[92].

130.     La promoción personalizada de la persona servidora pública también se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate de la propia persona servidora, de una tercera o de un partido político), o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidata o candidato a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los procesos electorales[93].

131.     En esas condiciones, también quedó establecido que no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, puede catalogarse como infractora del artículo 134 Constitucional en el ámbito electoral, porque es menester que primero se determine si los elementos que en ella se contienen, constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales[94].

132.     Por ello, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública.

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de su proximidad para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo[95].

133.     Por otra parte, el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, dispone que las personas servidoras públicas de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

134.     Impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.

135.     En esta línea, el artículo 5, inciso f) de la Ley General de Comunicación Social, dispone la prohibición de asignar recursos para comunicación social que pueda influir en las competencias electorales.

136.     Por su parte, el artículo 449, párrafo primero, inciso d) de la Ley Electoral, establece como conducta sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento al principio constitucional de imparcialidad antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia.

3. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes

137. Con fundamento en el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

138. Por su parte, la Suprema Corte ha establecido que la obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad implica que todas las autoridades del país, incluyendo los y las juzgadoras, están obligadas a velar por los derechos humanos, interpretando las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte[96].

139. En este sentido, cabe recordar que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, debe ser titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.[97]

140. Por consiguiente, dado que una condición necesaria del Estado democrático es el desarrollo pleno de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas y principios constitucionales, los servidores públicos se encuentran constreñidos al reconocimiento, respeto, protección y promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

141. De esa manera, la Suprema Corte ha establecido que el interés superior de la niñez es un concepto complejo, al ser: i) un derecho sustantivo; ii) un principio jurídico interpretativo fundamental; y iii) una norma de procedimiento, lo que exige que cualquier medida que los involucre, su interés superior deberá ser la consideración primordial, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas[98].

142. Por ello, la Suprema Corte ha establecido que:

a)    Para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser interpretados de acuerdo a su personal madurez o discernimiento[99].

b)    En situación de riesgo, es suficiente que se estime una afectación a sus derechos y, ante ello, adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de las niñas, niños y adolescentes[100].

143. Si bien la difusión de los promocionales no pautados, a través de los medios de comunicación social se ordenaron por parte de autoridades, su contenido no es irrestricto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceras personas, acorde con lo dispuesto en los artículos 6,[101] párrafo primero de la Constitución, así como 19,[102] párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13,[103] párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

144. Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceras personas. Bajo ello se incluyen, por supuesto, los derechos de la niñez, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4 de la Constitución.[104]

145. En tales condiciones, cuando en la emisión de propaganda gubernamental se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceras personas, y que, en el caso, resultan ser niñas, niños y adolescentes, se deben garantizar sus derechos en el marco de su interés superior, particularmente por cuanto hace al uso de su imagen y a la protección de sus datos personales.

146. El superior de la niñez se trata de un derecho fundamental que forma parte de un conjunto de derechos respecto de los cuales las niñas, niños y adolescentes tienen plena titularidad y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer conforme a su edad y capacidad cognoscitiva o grado de madurez, siempre y cuando ese ejercicio no tenga como consecuencia que se use su imagen en un contexto o para un fin ilícito o denigrante, que implique un menoscabo a su honra, reputación o dignidad.

147. Es un imperativo absoluto que niños, niñas y adolescentes tengan, en todo momento, el derecho de ser escuchados y escuchadas, tomados en cuenta cuando se trate de su participación en actividades o uso de su imagen, puesto que lo contrario, es decir, la sola duda sobre un manejo inadecuado de su integridad e imagen, puede ser considerado como una violación a su intimidad.

148. Bajo esa directriz clara de protección a la infancia, esta Sala Especializada considera que cuando en la difusión de cualquier tipo de publicidad, se utilice la imagen de niños, niñas y adolescentes será necesario, con el fin de protegerlos y protegerlas, contar, al menos, con los requisitos que menciona los Lineamientos, aun máxime cuando se trata de publicidad difundida por personas servidoras públicas.

149. Ahora bien, la Sala Superior[105] ha señalado que esta Sala Especializada tiene el compromiso constitucional de velar por la tutela del interés superior de la niñez y adolescencia, no obstante si bien no tiene facultad legal alguna para pronunciarse respecto a la responsabilidad de personas servidoras públicas, sí tiene la facultad de determinar la existencia o no de las infracciones denunciadas al momento de resolver el procedimiento especial sancionador y en caso de que se configure la infracción, calificar su gravedad, para posteriormente remitir el expediente a la autoridad que pueda tener facultades para llegar a sancionar las responsabilidades a las o la persona servidora pública.

4. Medidas cautelares

150. Tratándose de las medidas cautelares, los artículos 41, base III, Apartado D, de la Constitución; 468, numeral 4, de la Ley Electoral; así como 4, numeral 2, y 7, numeral 1, fracción XVII, del Reglamento de Quejas y Denuncias señalan que dicho instituto electoral es la autoridad encargada, mediante procedimientos expeditos, de investigar las infracciones e integrar el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral.

151. En el procedimiento, podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

152. En ese sentido, si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la autoridad instructora valora que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la ley.

153. De ahí que, los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

154. En ese tenor, la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-215/2015 y acumulado sostuvo que las medidas cautelares son actos procedimentales que determina el Consejo General, la Comisión de Quejas y Denuncias o los órganos desconcentrados competentes, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, la autoridad instructora, un Organismo Público Local o el Vocal Ejecutivo de la junta correspondiente, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva.

155. En estrecha relación con lo anterior, el numeral 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley Electoral establece que constituyen infracciones de los concesionarios de radio y televisión el incumplimiento de las obligaciones señaladas en dicha Ley.

156. Además, también encontramos que el artículo 443, párrafo 1, inciso n) y 447, inciso e), señala que constituyen infracciones de los partidos políticos y de la ciudadanía, de dirigentes y personas afiliadas a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, respectivamente, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral.

157. Por consecuencia, de la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones jurídicas precisadas, es posible sostener, que el cumplimiento de medidas cautelares, conforme a su naturaleza y objetivos reconocidos por la y el legislador, exige que las personas que se encuentran obligados a su cumplimiento, deben realizar todas las acciones enfocadas a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la posible infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en las leyes de la materia.

158. Ahora bien, el artículo 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece que tratándose de materiales que se difundan en radio o televisión, en todo caso, se ordenará la suspensión de la transmisión en un plazo no mayor a veinticuatro horas, a partir de la notificación formal del acuerdo correspondiente y que el acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida cautelar se deberá notificar a las partes en términos de lo establecido en la Ley General de Comunicación Social y el citado Reglamento.

C. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

a. Planteamiento del quejoso 

159. El quejoso señala que, a partir del diez de septiembre, estaban transmitiéndose los spots alusivos al Segundo Informe en diversos medios de radio y televisión, lo que a su juicio implica el uso indebido de los recursos públicos con la intención de promocionarse de manera personalizada, en virtud de que superan la territorialidad prevista en la ley para la difusión de los informes de labores de la Jefa de Gobierno.

160. Además, que constituye una transgresión a la prohibición de transmisión de propaganda gubernamental, durante los procesos electorales, toda vez que el proceso electoral local 2019-2020 del estado de Hidalgo se encontraba en la etapa de campaña.

b. Naturaleza de los promocionales

161. Conforme a la metodología señalada, en primer lugar se expondrá la naturaleza de los promocionales denunciados conforme a la normativa aplicable corresponde a la de la presentación de un Informe de Labores compuesto de los siguientes elementos  

A.    Sujeto: Se colma en los seis promocionales, en razón de que del contenido de los videos se advierte plenamente que se trata de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pues aparece su nombre, imagen y voz; al respecto es necesario precisar que en lo particular resulta válido, pues se trata de promocionales relacionados con un informe de labores que cumple con los requisitos protocolarios establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

B.    Contenido. Se considera oportuno insertar a continuación el contenido de los promocionales.

Como podemos observar, el contenido de los promocionales es fundamentalmente el siguiente:

     Spot Ciudad Innovadora: Aborda obras públicas realizadas en la ciudad, parques y mejoras en movilidad.

     Spot Movilidad: Señala las mejoras en movilidad, la expansión de líneas de Metrobús, cablebús y biciestacionamientos, entre otros.

     Spot Transformación: Refiere que el movimiento de transformación del país está encabezado por el Presidente de la República y que se siguen dichos principios para disminuir las desigualdades y erradicar la corrupción.

C.    Temporalidad: De las constancias que obran en el expediente se advierte que, la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México remitió los promocionales y las respectivas órdenes de transmisión a los Grupos Comerciales con las que tenía contrato[106] para que transmitieran los promocionales por el periodo que transcurrió del diez al veintidós de septiembre, por lo que se cumple con el elemento temporal en relación con el día que debe rendirse el informe conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México al artículo 32, Apartado C, numeral 3, así como que se debe rendir una vez al año como lo contempla el artículo14 de la Ley General de Comunicación Social.

Ello independientemente de los impactos detectados por el monitoreo realizado por la Dirección de prerrogativas que se relaciona con las emisoras que se encontraban impedidas de difundir propaganda durante la campaña electoral de Hidalgo, lo cual corresponderá al análisis de si la difusión de propaganda gubernamental se dio en periodo de campañas, lo que se abordará más adelante.

D.    Finalidad: Del contenido de los mensajes, se advierte que cuentan con las características institucionales que hacen alusión a la presentación de su Segundo Informe, aunado a que se señala al emisor del mensaje, que en el caso, es el “Gobierno de la Ciudad de México”.

De manera específica se puede señalar que en cuanto a los promocionales denominados “movilidad” y “ciudad innovadora”, ambos además se acompañan con las imágenes de los medios de transporte y obras públicas que se están aludiendo.

Por lo que hace al promocional denominado “transformación” si bien en el mismo no se refiere a obras de gobierno, tampoco hace alusiones a algún partido político, sino únicamente es una enfatización de los objetivos de justicia que tiene su gestión.

162. Ahora bien, la presencia conjunta de los elementos recién referidos (la imagen de la servidora pública que presenta el informe y características institucionales) permite arribar a la conclusión de que se trata de un auténtico informe de labores cuya finalidad está destinada a difundir la actividad institucional de información y de realizar un ejercicio de rendición de cuentas en el periodo constitucional establecido para ello.

c. Vulneración a las reglas de presentación del Informe de Labores

163. De lo anterior se puede observar que se cumplió en su mayoría con las reglas correspondientes a la difusión del Informe de Labores de las y los servidores públicos pues se tiene que su difusión ocurrió una vez al año, no excedió los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha que correspondió a la del día que se rindió el informe y por ello su difusión no abarcó el periodo de campaña electoral de la Ciudad de México, y su contenido no refirió alguna finalidad electoral.

164. No obstante, como señala el quejoso, si bien la cobertura regional de la difusión del Segundo Informe, correspondió al ámbito geográfico de la servidora pública; también de las constancias del expediente se tiene que, en los casos que a continuación se analizarán, sobrepasó los límites de territorialidad que le correspondían conforme a los siguientes razonamientos:

165. De los monitoreos realizados por la Dirección de Prerrogativas se advierte que se detectaron 222 impactos, que se originaron de 21 emisoras, cuya cubertura conforme al acuerdo INE/ACRT/23/2019 abarcaban localidades distintas a las de la Ciudad de México por lo que se encontraban impedidas de transmitir propaganda gubernamental, específicamente en entidades que se encontraran en periodo de campañas conforme a lo señalado en el mismo.

166. Para tales efectos, es importante señalar que el reporte de monitoreo de la Dirección de Prerrogativas cuenta con valor probatorio pleno, conforme con la jurisprudencia 24/2010, de rubro “MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO[107]”, con el cual se acredita el contenido de los promocionales y los impactos que tuvo en los términos referidos con antelación.

167. En ese sentido, se tiene por acreditada la transmisión de los promocionales, así como los impactos que tuvieron, y se debe proceder a determinar la responsabilidad en la que incurrieron las concesionarias, por lo que para tal efecto se analizarán sus dichos y se relacionarán con las pruebas que obran en este expediente.

168. Con la finalidad de conocer las razones por las cuales se difundieron los promocionales relacionados con el Segundo informe de Labores, se tiene que las concesionarias y grupos comerciales realizaron las siguientes manifestaciones.

1 La Concesionaria de la Ciudad de México

169. La Concesionaria de la Ciudad de México refirió que la difusión del Segundo Informe de Labores es un ejercicio de rendición de cuentas y que los promocionales se dirigieron a las y los habitantes de la Ciudad de México.

170. A partir de la medida cautelar, suspendió la transmisión de los promocionales.

171. Por su parte, la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México refirió[108] que no recibió orden, ni celebró convenio con otra dependencia u organismo de la administración pública de la Ciudad de México para transmitir los promocionales en cuestión; asimismo, señaló que el canal 21 es operado por el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y que difundió los promocionales identificados como TV00015-20, TV00016-20 y TV00017-20, hasta el quince de septiembre.

172. También manifestó la concesionaria, que el Canal 21 difundió promocionales denunciados con el propósito de contribuir a que la población capitalina ejerza su derecho al libre acceso a la información plural, suficiente y oportuna.

173. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, esta concesionaria tuvo un total de 27 impactos mediante la emisora XHCDM-TDT Canal 21.

2 La Compañía Internacional de Radio y Televisión S.A. de C.V.

174. Señala esta concesionaria que los promocionales se transmitieron con base en la relevancia en materia informativa.

175. De lo observado en los autos del expediente, no se tiene que la orden se haya transmitido por algún contrato abierto con el Gobierno de la Ciudad de México o bien por alguna orden remitida por algún grupo comercializador.

176. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, esta concesionaria tuvo un total de 37 impactos mediante la emisora XHTRES-TDT Canal 27.

3 Grupo Radio Centro S.A.B. de C.V. y sus concesionarias Estación Alfa, S.A. de C.V., XEJP-FM S.A. de C.V. y Radio Red FM, S.A. de C.V.

177. La orden de transmisión fue dirigida a Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.; grupo radiofónico al que pertenecen: Radio Red FM, S.A. de C.V., Estación Alfa y XEJP-FM, S.A. de C.V.

178. El contrato del Gobierno de la Ciudad de México se firmó con Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V, quien recibió las órdenes de transmisión remitidas por el Gobierno y, a su vez, las remitieron a las concesionarias señaladas.

179. Las tres concesionarias manifestaron que transmitieron los promocionales durante el periodo que establece la norma y señalaron que la difusión la realizaron en ejercicio de su libertad informativa y de prensa.

180. Señalan que el acuerdo INE/CG292/2020, pedía la suspensión de promocionales del Segundo Informe, en las estaciones con cobertura en Hidalgo, mismo que se les notificó el diecinueve de septiembre, esto es, cuando ya no los transmitían.

181. También, refieren que no tuvieron conocimiento de las medidas cautelares, porque su efecto fue para concesionarias de televisión y no para radiodifusoras como ellas.

182. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, las concesionarias Estación Alfa, S.A. de C.V., XEJP-FM, S.A. de C.V. y Radio Red FM, S.A. de C.V., tuvieron un total de 36 impactos, es decir, 19, 15 y 2 impactos mediante las emisoras XHFAJ-FM-91.3, XEJP-FM-93.7 y XHRED-FM-88.1, respectivamente.

4 Multimedios S.A. de C.V. y su concesionaria Televisión Digital, S.A. de C.V.; así como el grupo GIM Televisión Nacional S.A. de C.V. y su concesionaria Cadena Tres I, S.A de C.V.

183. Televisión Digital, S.A. de C.V. y Cadena Tres I, S.A. de C.V., pertenecen a los grupos radiofónicos Multimedios S.A. de C.V. y GIM Televisión Digital S.A. de C.V., respectivamente, quienes celebraron el contrato abierto con el Gobierno de la Ciudad de México.

184. Multimedios S.A. de C.V. y GIM Televisión Nacional S.A. de C.V. manifestaron que no son susceptibles de transmitir una señal radiodifundida, ya que son las concesionarias las que transmiten las pautas y por tanto ellas mismas generan las órdenes de transmisión.

185. Por otra parte, ambas concesionarias señalaron que los promocionales denunciados se transmitieron de acuerdo con lo pautado por el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de un contrato de tiempo determinado el cual, por cuestiones de cláusulas de confidencialidad, no es posible exhibir.

186. Por su parte, Cadena Tres I, S.A. de C.V., además señaló que:

        Las transmisiones se realizaron el once, catorce y quince de septiembre, a título oneroso.

        La señal que difunde en la Ciudad de México sí es visible en el estado de Hidalgo, pero de manera parcial, dado que desde el 14 de septiembre ingresó un escrito al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cual manifestó que la estación XHCTMX-TDT, se encontraba operando con baja potencia.

        Tienen instalados sistemas de bloqueo, cuya función es evitar la transmisión de la señal de origen, que es la que corresponde a la Ciudad de México.

187. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, la concesionaria Televisión Digital, S.A. de C.V. tuvo un total de 3 impactos mediante la emisora XHTDMX-TDT Canal 11, mientras que la concesionaria Cadena Tres I, S.A. de C.V. tuvo un total de 5 impactos mediante las emisoras XHCTMX-TDT Canal 29 y XHCTTO-TDT Canal 14.

5. Telefórmula S.A. de C.V. y Grupo de Radiodifusoras S.A. de C.V., grupos comerciales de Radio Uno FM, S.A. de C.V.

188. Radio Uno FM, S.A. de C.V. señaló que transmitió los promocionales bajo el concepto de difusión de cortesía contenido en la orden de transmisión remitida por la concesionaria significa que los promocionales denunciados cambiaron de horario para beneficio del cliente[109].

189. El titular de la Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas manifestó que el Gobierno de la Ciudad de México, no formalizó ninguna relación contractual con la concesionaria Radio Uno FM, S.A. de C.V.[110]

190. Los grupos comerciales Grupo Radiodifusoras S.A de C.V. y Telefórmula S.A. de C.V., refirieron ser quienes comercializan los contenidos que transmite la concesionaria Radio Uno FM, S.A. de C.V. y no son susceptibles de realizar actos que contemplen la transmisión de una señal radiodifundida.

191. Las concesionarias son quienes transmiten el contenido y, en consecuencia, son quienes generan la orden de transmisión.

192. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, la concesionaria Radio Uno FM, S.A. de C.V. tuvo un total de un impacto mediante la emisora XEDF1-FM-104.1.

6. Grupo Televisa S.A.B. como grupo comercial y sus concesionarias Televimex, S.A. de C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V.:

193. Grupo Televisa S.A.B. manifestó que la orden de transmisión correspondiente a los promocionales denunciados se deriva del contrato con el Gobierno de la Ciudad de México, aunado que dicha comercializadora no ostenta un título de concesión para explotar el espacio radioeléctrico y difundir señales en radio o televisión.

194. La relación de trabajo con dicho ente de gobierno se desarrolla a través de un contrato anual, en el que les remite a las concesionarias los materiales que deben ser difundidos en ese periodo, sin que el contenido de los materiales sea puesto en duda ya que, al ser emitidos y remitidos por un órgano de gobierno, se presumen que se ajustan a Derecho.

195. Con las concesionarias Radio Televisión S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V., tiene un acuerdo para la comercialización de espacios publicitarios de las señales radiodifundidas, además de que dicho grupo comercializador remitió las órdenes de transmisión directamente a cada una de las concesionarias señaladas para que con base en los horarios de transmisión que las emisoras tuvieran disponibles, procedieran a su difusión y cumplieran con la orden enviada por dicho gobierno.

196. Los promocionales denunciados no se difundieron en el estado de Hidalgo.

197. La Dirección de Prerrogativas no aportó los testigos de grabación que respaldaran la difusión de los promocionales denunciados.

198. De ser cierta la difusión de los promocionales denunciados, la misma se debió a un error en la carga de materiales al sistema o en el manejo de los equipos de bloqueo, dado que sólo trabajan con personal de guardia, derivado de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, quienes no tuvieron la oportunidad de detectar la falla o corregirla.

199. Además, Radio Televisión, S.A. de C.V. informó que Grupo Televisa S.A.B. es quien comercializa los contenidos difundidos la citada concesionaria.

200. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, la concesionaria Televimex, S.A. de C.V. tuvo un total de 24 impactos mediante las emisoras XEW-TDT Canal 32, XHGC-TDT Canal 31, XHTV-TDT Canal 15, XHTOL-TDT Canal 19 y XHTWH-TDT Canal 34; mientras que la concesionaria Radio Televisión S.A. de C.V. tuvo un total de solo un impacto mediante la emisora XEX-TDT Canal 14.

7. TV Azteca S.A.B. de C.V. como grupo comercial de Televisión Azteca, S.A. de C.V. y, Operadora Mexicana de Televisión S.A. de C.V. como grupo comercial de Televisora del Valle de México S.A.P.I. de C.V.

201. Ambas concesionarias señalan que no debe aceptarse la ampliación de la queja porque no se sustenta en hechos desconocidos previamente por el quejoso.

202. Su señal cuenta con capacidad de bloqueo; los promocionales que se transmiten en estaciones de la Ciudad de México no se difunden en sus complementarias del estado de Hidalgo y el Estado de México, aunque transmitan la misma programación y que no se aportaron pruebas para demostrar una afectación al proceso del estado de Hidalgo y los promocionales no vulneran el principio de equidad.

203. El INE tiene conocimiento de su capacidad de bloqueo, porque es la encargada de realizar el catálogo de estaciones para los procesos electorales, en el que se verifican todos esos aspectos técnicos y no existen testigos de grabación provenientes del estado de Hidalgo.

204. Solo transmitieron las versiones de los promocionales de televisión denominados ciudad innovadora y mejor movilidad.[111]

205. Además, Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. señaló que comercializó sus espacios publicitarios a través de Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V., la cual tiene un contrato abierto celebrado con el Gobierno de la Ciudad de México, atendiendo a montos y por periodos determinados.

206. Por su parte, Televisión Azteca, S.A. de C.V. refirió que comercializa sus espacios publicitarios a través de la empresa TV Azteca, S.A.B. de C.V., misma que tiene contratos abiertos celebrados con el Gobierno de la Ciudad de México, ello atendiendo montos y por periodos determinados. Asimismo, que difunde cuatro canales[112] de programación y que implementó sistemas de bloqueo en sus transmisores, lo que le permite transmitir contenidos locales.

207. Únicamente provee de contenidos a la Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., es decir, solo otorga servicios de comercialización, por lo que la citada concesionaria es la única responsable de ejercer todos los derechos y obligaciones ante las autoridades regulatorias.

208. Remite todas las órdenes de transmisión de promocionales, así como sus contenidos a la concesionaria Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., quien es la encargada de ejecutar y pautar dichos contenidos.

209. Tiene contratos abiertos con el Gobierno de la Ciudad de México, es decir, no por campañas específicas, sino atendiendo a los montos y por periodos determinados.

210. La difusión de los promocionales alusivos al Segundo Informe, por parte de la concesionaria Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. no violó el principio de equidad en el procedimiento electoral en el estado de Hidalgo.

211. Conforme al reporte de la Dirección de Prerrogativas, la concesionaria Televisión Azteca, S.A. de C.V. tuvo un total de 27 impactos mediante las emisoras XHIMT-TDT Canal 24, XHDF-TDT Canal 25 y XHDF-TDT Canal 25.2; mientras que la concesionaria Televisora del Valle de México S.A.P.I. de C.V. tuvo un total de 21 impactos mediante la emisora XHTVM-TDT Canal 26.

8. Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V.

212. Los promocionales se transmitieron por un error técnico, ya que su estación no cuenta con capacidad de bloqueo de la señal que se da desde Ciudad de México.

213. Respecto de la difusión de los promocionales denunciados, se realizó conforme al contrato número SAyF/CGCC/CPS-103-0-2020 de veinte de febrero celebrado con representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas.

214. La atención y seguimiento de la campaña se dio a través de la Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa adscrita a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyo titular es Israel Bahena Barbosa, como se desprende del diverso SAF/CGCC/DEEC/0630/2020 de nueve de septiembre.

215. La orden de transmisión número CDMX-RD-159 fue remitida el nueve de septiembre por Mitzi Ríos Barragán, en su carácter de Directora de Planeación de Campañas adscrita a dicha Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas.

216. Fernando Barrientos Castaneira y/o Oscar Augusto Bravo Delgado, personal adscrito a la citada Coordinación General de Comunicación Ciudadana, mediante correos electrónicos de nueve, once y catorce de septiembre remitieron los promocionales denunciados para su difusión.

9. ARVM Asociación de Radio del Valle de México, A.C.

217. Se integra por las estaciones concesionadas que operan en el Valle de México y reconocen como socias activas las emisoras XEX-FM, XHFAJ-FM, XHRED-FM, XEDF1-FM, XEDF-FM y XEJP-FM.

218. No tiene ninguna relación con las estaciones antes referidas respecto a la difusión del Segundo Informe.

219. Celebró el contrato SAyF/CGCC/CPS-045-0-2020 con el Gobierno de la Ciudad de México, al amparo del cual recibe las órdenes de transmisión que debe atender a través de sus estaciones asociadas.

220. De conformidad con el contrato citado, recibió y remitió la orden de transmisión del Segundo Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a la emisora asociada XHDL-FM.

221. No obstante, la empresa ARVM Asociación de Radio del Valle de México, A.C. fue emplazada por la autoridad instructora, sin embargo, del monitoreo realizado por la Dirección de Prerrogativas, se desprende que dicho grupo no se encuentra dentro de los grupos comerciales que están relacionados con las concesionarias denunciadas.

c.2 Pronunciamiento de la existencia o no de la infracción en análisis

222. Una vez expuestas las razones y los argumentos por los cuales las concesionarias denunciadas no suspendieron la transmisión de los promocionales relacionados con la propaganda del Segundo Informe se puede concluir lo siguiente:

223. Como se observa de los supuestos, se tiene a aquellas concesionarias[113] que transmitieron sin existir un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México ni una orden de transmisión y que alegan que lo realizaron así por ser un derecho de la ciudadanía a conocer la información, que los mensajes solo se dirigían a la población de la Ciudad de México o que la transmisión se llevó a cabo por mera cortesía.

224. De lo anterior se puede observar que no niegan haber transmitido los promocionales denunciados, por el contrario señalan sus argumentos del por qué consideran que sí debieron transmitirlos.

225. Sin embargo, cuando un medio de comunicación transmite un mensaje sobre la rendición de un informe de labores de una persona funcionaria, fuera de la temporalidad y la delimitación geográfica permitida se está incurriendo en una infracción, sin que pueda aducir que se encuentra dentro de su libertad de expresión, como pretenden hacerlo valer las concesionarias, porque se está ante una prohibición que deriva de una norma constitucional, como lo es el artículo 41 Base III de la Constitución y el artículo 134.

226. De ahí que aún y cuando las concesionarias referidas aleguen que únicamente se dirigió a las y los habitantes de la Ciudad de México, y que el mensaje no pretendía tener incidencia en el proceso local electoral del estado de Hidalgo, lo cierto es que dichas concesionarias tenían la obligación de no vulnerar el modelo de comunicación política.

227. También se encuentran las concesionarias[114] que señalan que la transmisión se llevó a cabo derivado del convenio celebrado por sus grupos comerciales y el gobierno de la Ciudad de México, bajo la buena fe de que el gobierno de la Ciudad de México únicamente les remitiría promocionales que pudieran difundir, o que únicamente recibieron las órdenes de transmisión[115] que les remitió de manera directa el gobierno de la Ciudad de México.

228. Respecto de este punto, de las pruebas recabadas por la autoridad instructora, se advierte que las siguientes concesionarias y empresas recibieron los promocionales para su difusión de manera directa a través del grupo comercial al que pertenecían y con quien firmó los contratos abiertos el gobierno de la Ciudad de México:

229. Sin embargo, también es cierto que las concesionarias que difundieron los materiales denunciados se encontraban enlistadas en el acuerdo INE/ACRT/23/2019, emitido por el Comité de Radio y Televisión del INE el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, y mediante el cual se les ordenó expresamente que suspendieran la transmisión de los promocionales que pudieran interferir en la elección local de Hidalgo, por lo que dicha orden estaba sometida al cumplimiento de un acuerdo emitido por la autoridad electoral de manera previa a la difusión de dichos promocionales; cuestión que incluso fue confirmada mediante el SUP-REP-160/2020.

230. Aunado a ello, las concesionarias conocían los alcances del acuerdo INE/ACRT/23/2019, pues era un hecho notorio que se había reanudado el proceso electoral en el estado de Hidalgo, por lo que tenían la obligación de no transmitir los promocionales denunciados durante la etapa de campaña en la entidad federativa.

231. Las concesionarias Radio Televisión S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V. señalan que la Dirección de Prerrogativas no aportó los testigos de grabación que demuestran que se transmitieron los promocionales en el estado de Hidalgo, mientras que Televisión Azteca, S.A. de C.V., por su parte aportó cuarenta testigos de grabación para controvertir los de la Dirección de Prerrogativas.

232. En el expediente se observa que, contrario a lo aludido por las concesionarias, la autoridad instructora puso a disposición de todas las concesionarias involucradas los testigos de grabación para su consulta y confronta, en los Centros de Verificación y Monitoreo del INE; sin que en momento alguno lo hubieran refutado, mediante el ofrecimiento de alguna prueba que desestimara ese monitoreo[116].

233. Por otra parte, respecto a los cuarenta testigos de grabación aportados por Televisión Azteca, S.A. de C.V., la Dirección de Prerrogativas, señaló que los testigos son de emisoras repetidoras que corresponden a sus señales de origen XHDF-TDT Canal 25 (Azteca Uno) y XHDF-TDT Canal 25.2 (Azteca Uno – 1 hora), y XHIMT-TDT Canal 24 (Azteca 7), para los municipios Pachuca, M. Ocampo y Tepeji, municipios en los que el INE no cuenta con algún Centro de Verificación y Monitoreo que permita captar las emisoras que pasan la programación de las señales antes mencionadas, por tal motivo no es posible cotejar las transmisiones que realizó dicha concesionaria y que se hayan visto en los mencionados municipios.

234. Sin embargo, como ya fue señalado el Monitoreo de la Dirección de Prerrogativas, hace prueba plena, que como ya se señaló, arrojó un total de veintisiete impactos de las emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V.; aunado a que como se ha reiterado, se encontraba señalado en el multicitado acuerdo que las mismas debían suspender toda propaganda gubernamental durante el periodo de campaña electoral de las entidades correspondientes.

235. Finalmente, se tiene a las concesionarias que señalan que sí realizaron el bloqueo de la señal en Hidalgo, por lo tanto es falso que se difundieron los promocionales en dicha entidad federativa, o que la transmisión se derivó de un error técnico o humano relacionado con la imposibilidad del personal de asistir por la situación originada por la pandemia, por lo que es falso que la transmisión se vio en Hidalgo, porque se encontraban operando a una frecuencia muy baja; o bien no se aportaron suficientes pruebas de que existió una afectación al proceso electoral local del estado de Hidalgo.

236. Al respecto, las causas señaladas por las concesionarias resultan insuficientes para sustentar sus manifestaciones y para acreditar las supuestas fallas técnicas, errores humanos por parte de su personal o causas de fuerza mayor que aducen para justificar sus faltas, dado que no se adminiculan con algún otro medio de prueba. Por el contrario, sus argumentos solo sirven para afirmar la existencia del hecho infractor que se les atribuye a las concesionarias, sin una causa justificada que haya sido acreditada.

237. Por lo tanto, las supuestas incidencias técnicas, operativas, errores humanos o causas de fuerza mayor que se aducen, no resultan razonables, ya que aún bajo cuestiones supuestamente técnicas, operativas o de fuerza mayor, tuvieron tiempo para detectar su falta y reparar la misma o, en su caso, dar el aviso respectivo a la autoridad correspondiente.

238. No pasa por alto esta autoridad que, si bien, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral prevé en el artículo 54 un catálogo de incidencias, entre las cuales se encuentran las fallas técnicas, y lo conducente sería verificar si está o no justificada la falla, lo cierto es que las concesionarias Televimex, S.A. de C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V. no presentaron prueba alguna, ni avisó a la autoridad de la falla ocurrida.

239. Inclusive, aun y cuando las fallas estuvieran acreditadas, la disposición referida, no resultaría aplicable, pues la misma, regula situaciones en las que, a partir de fallas, las concesionarias omiten difundir los materiales pautados –cuestión que no se encuentra relacionada con presente asunto, al tratarse de extraterritorialidad– dentro de los tiempos que se ha ordenado y, a partir de ello, esa disposición prevé la posibilidad de “reprogramar”, a efecto de que las concesionarias cumplan con la totalidad de las difusiones ordenadas, así ha sido señalado por la Sala Superior en el SUP-REP-125/2020 y sus acumulados.

240. Respecto a la capacidad de bloqueo que arguyen algunas de las concesionarias tener y que por tanto no resulta cierto que se hayan visto y oído los promocionales denunciados en el estado de Hidalgo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que no tiene conocimiento y no cuenta con documentación relativa a la información requerida, desconoce si Televisión Azteca, S.A. de C.V. cuenta con algún sistema de bloqueo para que su señal de origen no pueda ser sintonizada en el estado de Hidalgo.

241. Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones refirió que no tiene conocimiento de algún equipo, mecanismo o solución tecnológica que tenga la posibilidad de bloquear las señales radiodifundidas en ninguna de las etapas de transmisión de las mismas de manera parcial en localidades especificas dentro de un área de servicio o zona de cobertura en la cual se radiodifunde alguna señal por parte de las concesionarias del servicio de televisión radiodifunda.

242. Aunado a lo anterior, se reitera que el monitoreo de la Dirección de Prerrogativas, del cual su validez no se encuentra sujeta a discusión al ser una prueba plena; en el detalle de su reporte, señaló el total de impactos relacionados con la transmisión de la propaganda del Informe de Labores, y cada una de las emisoras que pertenecen a las concesionarias denunciadas[117].

243. En este sentido, este órgano jurisdiccional considera que la infracción a las reglas de extraterritorialidad de los informes de labores previstas en el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social es existente, ya que trece concesionarias de radio y televisión transmitieron de forma extraterritorial los promocionales materia de controversia, sin que de los elementos de prueba que obran en el expediente se advierta alguna causa justificada que tenga como efecto eximirlos de responsabilidad, conforme a los siguientes razonamientos.

244. Tales cuestiones, en concepto de esta Sala Especializada, resultan suficientes para considerar que las concesionarias respectivas tuvieron conocimiento de forma oportuna del contenido que debían suspender la transmisión del Segundo Informe, al verse y escucharse su señal en el estado de Hidalgo y que, conforme a la normativa electoral, no suspender su transmisión implicaría una transgresión de materia electoral debido a su transmisión extraterritorial, aunado a que  se encontraba en campaña electoral.

245. De tal suerte que, dichas concesionarias, al tener un conocimiento previo a la difusión del contenido de los promocionales, debían adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con su obligación de prevenir y evitar cualquier situación tendente a transgredir la normativa electoral y transmitir los promocionales fuera del territorio permitido.

Análisis particular de la transmisión de la emisora XHCTTO-TDT Canal 14

246. En el monitoreo de la Dirección de Prerrogativas, la concesionaria Cadena Tres I, S.A. de C.V. registró impactos a través de dos de sus emisoras, XHCTMX-TDT Canal 29 y XHCTTO-TDT Canal 14, sin embargo, en el acuerdo del Comité de Radio y Televisión del INE aludido INE/ACRT/23/2019, únicamente se ordenó la suspensión de la transmisión por lo que hace a la televisora XHCTMX-TDT Canal 29.

247. No obstante, aun y cuando Cadena Tres I, S.A. de C.V. no hizo referencia alguna a este hecho, si bien no existía una obligación mediante el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión, para el efecto de que suspendiera la programación de los promocionales de la Jefa de Gobierno durante el proceso electoral de Hidalgo, esta autoridad jurisdiccional considera que es posible atribuirle una responsabilidad dado que si bien no se encontraba contemplada en el acuerdo referido tenía la obligación legal, como garante del modelo de comunicación política. de observar que no se incumplieran las normas constitucionales y electorales relacionadas con la transmisión de los promocionales aludidos fuera de la cobertura correspondiente a la zona geográfica del servidor o servidora pública que emita su Informe de Labores.

248. Aunado a que conforme al acuerdo del Comité de Radio y Televisión INE/ACRT/23/2019 se advierte que la cobertura municipal de esta emisora corresponde únicamente a municipios del Estado de México, ajenos a la zona que corresponde a la transmisión de los promocionales del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México[118].

249. Por lo anterior, se acredita la responsabilidad de esta emisora consistente en la vulneración a las reglas del informe de labores, específicamente por extraterritorialidad durante la campaña electoral del estado de Hidalgo.

250. En ese sentido, se considera oportuno hacer de conocimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones del impacto detectado por la Dirección de Prerrogativas en su monitoreo, a efecto de que realice las acciones que considere conducentes conforme a sus facultades para la actualización o verificación del mapa de cobertura regional.

d. Propaganda gubernamental relacionada con el Segundo Informe

251. Una vez analizado que los promocionales corresponden a un Informe de Labores, se procederá a analizar si los mismos infringen algún parámetro correspondiente a la difusión de la propaganda gubernamental relacionada con los informes de labores.

252. Como se observó en el marco jurídico expuesto[119], se ha vislumbrado la ausencia normativa sobre cómo debe ser la difusión de propaganda relacionada con los informes de labores, ante ello, vía jurisprudencial se han precisado criterios razonables a efecto que el contenido de esos mensajes se ajuste a la finalidad misma de rendición de cuentas previsto en la ley.

253.  En ese sentido, se ha señalado que el contenido del mensaje para dar a conocer un informe de labores debe ser auténtico, genuino y veraz respecto de la actividad de la función encomendada, por lo que, la propaganda que se utilice para dar a conocer el mismo debe versar sobre acciones y actividades realizadas en el ejercicio del cargo, según las atribuciones normativas y por medios ciertos, verificables y abiertos[120]

254. Con ello, se pretende que los mensajes de informes de labores sean auténticos ejercicios de comunicación hacia la ciudadanía respecto la materialización del actuar público y que su contenido no trastoque lo establecido en el artículo 134, así como las disposiciones electorales y criterios que lo regulan[121].

255. Es así que, conforme al análisis ya realizado del contenido del mensaje, en el apartado anterior y de conformidad con los elementos expuestos, para determinar su naturaleza como propaganda gubernamental relacionada con un informe de gestión, se puede concluir que el mismo en efecto es auténtico, veraz y genuino conforme a lo siguiente.

i. El contenido del mensaje es auténtico

256.  La Sala Superior, determinó que el contenido de cualquier propaganda de informe de labores será considerado auténtico cuando comunique, de manera genérica o específica, la actividad realizada por la persona servidora pública. Ello, porque su finalidad es transmitir de manera general cuáles han sido las tareas desempeñadas por la o el funcionario, no así un desglose pormenorizado de todas sus labores[122].

257. Así, la autenticidad implica que el contenido del mensaje informe sobre las labores de la persona funcionaria, lo cual se cumple cuando se dé a conocer o se transmita a la ciudadanía cualquier actividad de la o el servidor público.

258.  Por ello, si del contenido contextual del mensaje se alude a las tareas realizadas por la funcionaria, entonces se cumple con la finalidad de comunicar qué fue lo realizado por ella, lo anterior, sin necesidad de especificar de forma detallada y pormenorizada en qué consistieron o cómo se hicieron. Bajo ese supuesto, es indispensable analizar el contenido de la propaganda en todo su contexto.

259.  Esto es así, porque ninguna norma impone un formato específico de cómo deben ser los mensajes alusivos a los informes de labores, motivo por el cual las y los servidores públicos están en la aptitud de comunicar sus actividades en la forma que consideren pertinente, siempre que se contenga, aunque sea de manera genérica, lo realizado en determinado periodo[123].

     En el caso concreto, podemos señalar que la propaganda denunciada, contiene elementos que, analizados de manera integral, permiten concluir que se alude a actividades realizadas por el gobierno que encabeza la Jefa de Gobierno, ya que el mismo tiene por objeto difundir de manera genérica, la actuación del gobierno en los temas abordados en el apartado anterior; es decir en síntesis: aborda obras públicas realizadas en la ciudad, parques y mejoras en movilidad, la expansión de líneas de Metrobús, cablebús y biciestacionamientos, entre otros; y refiere que un movimiento de transformación del país encabezado por el Presidente de la República bajo principios para disminuir las desigualdades y erradicar la corrupción.

260. .Por tanto, el contenido del mensaje resulta auténtico ya que expone genéricamente actividades relacionadas con un actuar del servicio público del gobierno de la Ciudad de México, relacionadas con avances en movilidad y la erradicación de la desigualdad y la corrupción.

ii. El contenido del mensaje es veraz

261. En relación con el punto anterior, esta Sala Especializada advierte que de conformidad al documento denominado Segundo Informe de la Ciudad de México Agosto 2019- julio 2020[124], las actividades descritas los promocionales tienen sustento en actividades propias de la administración de la Ciudad de México[125].

262. Por lo que sus aseveraciones, aun las genéricas, pueden resultar verificables al estar relacionadas con los logros y avances de dicho documento que aborda los puntos: 1) Igualdad de Derechos, 2) Ciudad Sustentable, 3) Más y Mejor Movilidad, 4) Ciudad de México, capital cultural de América, 5) Cero Agresión y más seguridad, 06) ciencia innovación y transparencia.

263. En ese sentido, se puede concluir que el mensaje difunde acciones o actividades con un soporte fáctico emitido durante el periodo anual que se informa con el que se puede respaldar su veracidad, lo cual, resulta un elemento que abona a convalidar su naturaleza como propaganda gubernamental relacionada con un informe de gestión.

iii) El contenido del mensaje es genuino

264. Este órgano jurisdiccional advierte que en el promocional denunciado, también se incluyen la frase y audio que identifican el periodo de gestión que se rinde, al señalar “Claudia Sheinbaum. Segundo Informe”; así como la imagen y voz de la Jefa de Gobierno, por lo que es válido concluir, que informa sobre actividades propias de su administración en la Ciudad de México de ahí que se considere que su contenido es genuino, al tener el objeto de dar a conocer el avance en la gestión de dicha servidora.

265.  Por tanto, los promocionales, en efecto, constituyen propaganda gubernamental relacionada con un informe de labores al ser auténticos, veraces y genuinos; ya que tiene la finalidad de transmitir de manera general cuáles han sido las tareas desempeñadas por el gobierno que encabeza la mandataria de la Ciudad de México.

Prohibiciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental

274. De las constancias que obran en el expediente se tiene que las concesionarias de radio y televisión enlistadas tenían prohibido transmitir, pues conforme al acuerdo INE/ACRT/23/2019, se encontraban señaladas dentro de las que tenían cobertura en el estado de Hidalgo, fueron detectadas por el Monitoreo de la Dirección de Prerrogativas, en la misma fecha que dicho estado ya se encontraba en campañas electorales, es decir, del cinco septiembre al catorce de octubre.

275. Al respecto, no es óbice señalar que la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México remitió las órdenes de transmisión a los grupos comerciales con las que tenía contrato[126] mismas de las cuales contemplaban 20 emisoras que se encontraban enlistadas y obligadas en el referido acuerdo.

276. En ese sentido, también abona a lo anterior el hecho de que en los mapas de cobertura[127] se observa que las emisoras denunciadas en efecto tienen impacto en zonas del estado de Hidalgo a las cuales llega la transmisión de las emisoras del párrafo precedente.

277. Por lo que sea actualiza el elemento de prohibición temporal, ya que los promocionales se difundieron, durante el periodo de campañas electorales locales mencionadas, así como el aspecto material de la infracción, dado que se difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, lo cual resulta indebido porque la finalidad de esta prohibición, es procurar que la toma de decisiones de la ciudadanía, cuando elijan las alternativas políticas, sea sin riesgo de influencia; sobre todo, porque la difusión de propaganda gubernamental puede marcar diferencias en el ánimo de las y los electores.

278. En ese sentido, se tiene por acreditado que se transmitió propaganda gubernamental del Segundo Informe, en el periodo de campañas electorales del estado de Hidalgo, y que dicha infracción al ser existente es atribuible a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas, pues es el área que, conforme al procedimiento que se dio a conocer por parte del Director General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, se asume como la responsable y encargada de haber emitido y remitido las órdenes de transmisión durante el periodo electoral prohibido a los grupos comerciales y concesionarias ya enlistadas y que se encontraba obligada a dar el seguimiento correspondiente a la campaña de difusión de los promocionales del Segundo Informe.

279. Así como a las concesionarias Cadena Tres I, S.A. de C.V., Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A., Gobierno de la Ciudad de México, Radio Televisión, S.A. de C.V., Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisión Digital, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V., Estación Alfa, S.A. de C.V., Radio Red FM, S.A. de C.V., Radio Uno FM, S.A. de C.V. y XEJP-FM, S.A. de C.V.

d. Promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos

280. Ahora bien, del análisis de los elementos correspondientes a la posible infracción por promoción personalizado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se tiene que contrario a lo pretendido por el quejoso, como se analizó, del contenido de los promocionales no se advierte que se tenga una finalidad de llamamiento al voto o de promoción o identificación con algún partido político en específico, por lo que no se cumple con el elemento objetivo.

281. Por lo que al no acreditarse uno de los elementos correspondientes a la promoción personalizada, se tiene que es inexistente la infracción planteada por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, (i) porque son mensajes que dan a conocer su informe de labores, respetando los parámetros establecidos por la Ley Electoral, y (ii) porque su contenido no actualiza los elementos objetivo y temporal, previstos por la jurisprudencia electoral para determinar la existencia de esta infracción.

282. En consecuencia, al no existir dicha conducta, tampoco queda demostrada una responsabilidad que pueda ser atribuida a la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; Titular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas; Titular de la Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa, de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, de la Secretaría de Administración y Finanzas; Titular de la Dirección de Planeación de Campañas, de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas; y Titular de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas.

283. Al respecto, toda vez que se concluyó que no se actualizaron las infracciones de promoción personalizada por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resulta evidente que no se realizó un uso indebido de recursos públicos.

e. Exhortos

284. En relación con la vulneración a la difusión de las reglas del Segundo Informe, por extraterritorialidad, así como la difusión de propaganda gubernamental, a través de los promocionales relativos al citado informe de labores en periodo prohibido se estima conveniente realizar los siguientes exhortos.

e.1 A la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

285. De los hechos y pruebas descritas en el expediente se advierte que la responsabilidad directa de la elaboración de los materiales, seguimiento y emisión de las órdenes de transmisión de las campañas de propaganda de los informes de labores y promocionales del gobierno de la Ciudad de México, así como de la Jefa de Gobierno, corresponden a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

286. Por lo que no se advierte que la Jefa de Gobierno estuviera en la posibilidad real de conocer de los promocionales difundidos de manera extraterritorial respecto de su Informe de Labores.

287. Sin embargo, la difusión de estos promocionales tuvo lugar en radio y televisión, medios que por su naturaleza son masivos y llegan a un gran número de personas, por lo que la servidora pública estuvo en posibilidad real de conocer la difusión y por tanto en aptitud de llevar a cabo al menos alguna conducta con el fin de desvincularse o deslindarse.

288. Por lo que esta Sala Especializada, no puede pasar inadvertido que las personas al servicio público, tienen como obligación o exigencia mínima y prioritaria desplegar un cuidado especial en todo momento, y ante cualquier situación, en el ejercicio de sus actividades, por la importancia y naturaleza de sus funciones.

289. En efecto, dicho deber ─de carácter permanente─ implica actuar con mesura, conciencia, autocontrol, previamente a emprender cualquier acto, o bien, cuando esté en curso un proceso electoral —como ocurrió en el caso— a fin de blindar a la ciudadanía de toda influencia oficial que busque incidir en las preferencias electorales; ello debido a que, la sociedad es el núcleo y razón de ser de los principios y normas que rigen su desempeño.

290. En ese sentido, y por lo que hace al poder ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, su presencia resulta protagónica, ya que, en cada caso, se dispone de poder de mando en la disposición de los recursos (financieros, materiales y/o humanos) y, dado el contexto histórico-social de su investidura, debe tener especial cuidado en las conductas que en ejercicio de sus funciones realice mientras transcurre el proceso electoral, particularmente, en el desarrollo de las campañas electorales, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Constitución.

291. Esto tiene razón de ser, porque entre más alto sea su cargo es mayor su deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, debido a que resulta imperiosa la exigencia de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad.

292. Por lo que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que en lo sucesivo instruya que se cumpla con los principios constitucionales y límites establecidos para la emisión de los informes de labores de las y los servidores públicos en el ámbito geográfico de su competencia.

e.2 Grupos comerciales

293. En el caso de las concesionarias Cadena Tres I, S.A. de C.V., Radio Televisión, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisión Digital, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., Estación Alfa, S.A. de C.V., Radio Red FM, S.A. de C.V., XEJP-FM, S.A. de C.V. y Radio Uno FM, S.A. de C.V. como quedó establecido, los promocionales se hicieron llegar por medio de los grupos comerciales GIM Televisión Nacional S.A. de C.V., Grupo Televisa S.A.B., TV Azteca S.A.B. de C.V., Multimedios S.A. de C.V., Operadora Mexicana de Televisión S.A. de C.V., Grupo Radio Centro S.A.B. de C.V., Telefórmula S.A. de C.V. y Grupo de Radiodifusoras S.A. de C.V., respectivamente, ello debido al convenio firmado con el gobierno de la Ciudad de México.

294. Por lo anterior, esta Sala Especializada considera que les es atribuible una responsabilidad indirecta a las mismas, ya que si bien, señalan que únicamente son las encargadas de comercializar los mensajes que pauten las concesionarias que las integran, estos grupos son los que remitieron los promocionales a las concesionarias para que a su vez los transmitieran.

295. Por lo que se observa que existe una corresponsabilidad al ser las responsables junto con la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración y Finanzas de la transmisión de dichos promocionales al haber sido mediante ellas que se formalizaron los contratos abiertos con las concesionarias y por ende quienes al remitir los promocionales a las concesionarias que forman parte de las mismas, no tuvieron el cuidado para verificar que las concesionarias a las que se les ordenó la transmisión de los promocionales no se encontraran impedidas legalmente para transmitirlos.

296. Al respecto lo conducente es, exhortar a los Grupos Comerciales para que en lo sucesivo instruyan a sus concesionarias y emisoras a respetar las reglas del informe de labores de las y los servidores públicos conforme a los límites constitucionales y en materia electoral.

f. Vista por la posible vulneración al interés superior de las niñas, niños y adolescentes

297. Del contenido del promocional identificado como “Ciudad innovadora”, que ha sido mostrado con anterioridad, se advierte la participación de una niña que puede ser plenamente identificable.

298. Al respecto, la UTCE mediante acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno requirió al Gobierno de la Ciudad de México, a través del Titular de la Consejería Jurídica, así como al titular de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social del citado gobierno a efecto de informar si se proporcionó a la Dirección de Prerrogativas la documentación establecida en los puntos 8, 10 y 14 de los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales aprobado mediante acuerdo INE/CG481/2019.

299. Ante ello, la representación del Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México refirió en esencia que debido a que dicho promocional no contiene propaganda ni mensajes de carácter político o electoral, no se encuentra sujeto a la observancia de los requisitos contenidos en los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, sin que de las constancias del expediente en el que se actúa se advierta que las autoridades requeridas cuenten con los requisitos para difundir la imagen de la menor.

300. No obstante lo anterior, resulta indispensable, a consideración de esta Sala Especializada, que se deben tomar las medidas necesarias para la salvaguarda de sus derechos humanos el sentido de proteger el interés superior de la niñez y verificar que se hayan otorgado los consentimientos respectivos.

301. En esa lógica, es un hecho no controvertido que en el promocional  la presencia de una niña en el promocional de televisión antes señalado, y toda vez que las personas servidoras públicas son sujetos de Derecho que se encuentran obligadas a cumplir y respetar el sistema normativo vigente, en términos de lo establecido por el artículo 108 de la Constitución; de acuerdo a lo previsto en el artículo 2, fracción I, en relación con su similar 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal .

302. En relación con lo anterior, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en sus artículos 76, 77 y 80, que quienes conforman ese grupo vulnerable tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales; así como a su imagen, precisando que los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización.

303. Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.

304. Por lo que, en caso de incumplimiento al referido marco normativo, las niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección competente, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión.

305. En razón de lo anterior, esta Sala Especializada como órgano del Estado obligado por el pleno respeto y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes[128], considera pertinente dar vista al Órgano Interno de Control de la Ciudad de México y a la Defensoría de los Derechos de la Infancia de la Ciudad de México con la presente sentencia, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en Derecho corresponda con la finalidad de salvaguardar un presunto indebido uso de la imagen de las niñas y niños que se advierten en el spot que se analizó en esta ejecutoria.

306. Se hace de conocimiento a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al otrora Coordinador General de Comunicación Ciudadana, que se encuentran publicados los Lineamientos del INE, que sirven de directriz para evitar vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la difusión de promocionales[129] y que si bien únicamente resultan aplicables a los parámetros que corresponden a propaganda política o electoral, en un esfuerzo de cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano en la tutela de la imagen y el libre desarrollo de la niñez se encuentran disponibles para su consulta en la liga del INE siguiente: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8-a1.pdf

g. Medidas cautelares.

307. Según consta en autos, el quince de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó medidas cautelares para que las concesionarias Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. y Gobierno de la Ciudad de México suspendieran la difusión de los promocionales relativos al Segundo Informe.

308. Para ello, se les otorgó un plazo no mayor a tres horas, contadas a partir de la legal notificación de la determinación alcanzada, para que sustituyeran el material objeto de la medida cautelar.

309. Mediante informe remitido por correo electrónico el dos de octubre, la Dirección de Prerrogativas acompañó las constancias de notificación del acuerdo de la medida cautelar, con las cuales hizo del conocimiento de las concesionarias involucradas en este procedimiento su contenido[130].

310. En ese mismo informe la Dirección de Prerrogativas, remitió el reporte de detección de impactos los promocionales denunciados, por emisora y material con posterioridad al inicio de la obligación surgida a lo ordenado en las medidas cautelares, con el cual se tiene por acreditado que diecisiete de septiembre, se detectó que seis emisoras generaron cada una un sólo impacto, tal y como se muestra a continuación[131]: