SUMARIO DE LA DECISIÓN

S E N T E N C I A por la que se determina la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres por razón de género contra la promovente, quien ocupó el cargo de Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ya que los actos denunciados que se atribuyen a diversas personas entonces consejeras electorales, no se cometieron en su contra por el hecho de ser mujer.

S E N T E N C I A:

Que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el veintinueve de julio de dos mil veintiuno[2].

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE registrado con el número SRE-PSC-137/2021, integrado con motivo del escrito de queja presentado en contra de diversas personas quienes en su momento ejercieron la calidad de consejeros y consejeras electorales del IEEBCS, y

R E S U L T A N D O

1.              I. Antecedentes. De las constancias que integran el expediente, y de lo expuesto por las partes, es posible desprender lo siguiente:

2.              A. Queja de origen. El treinta de septiembre de dos mil veinte, Rebeca Barrera Amador, Consejera Presidenta del IIEEBCS, presentó una queja contra Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, quienes ocuparon el cargo de consejeros electorales del OPLE, por la realización de actos que, desde el concepto de la Consejera Presidenta, constituyeron VPMG.

3.              B. Resolución de la queja de origen. El catorce de enero, la Sala Especializada resolvió el expediente SRE-PSC-2/2021[3], en el cual, entre otras cosas, declaró la existencia de la infracción señalada por parte de Jesús Alberto Muñetón Galaviz, le impuso una multa y dio vista a la UTCE para que iniciara una investigación por posibles conductas que pudieran actualizar la infracción de VPMG en perjuicio de la denunciante, entonces Secretaria Ejecutiva del OPLE[4].

4.              II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador. Una vez recibida la sentencia del expediente SRE-PSC-2/2021, por parte de la UTCE, la autoridad instructora llevó a cabo las siguientes actuaciones: 

5.              A. Manifestación de voluntad de la ahora denunciante. El veinte de enero la autoridad instructora registró la queja con el número de expediente UT/SCG/PE/CG/25/PEF/41/2021[5] y el veintiséis siguiente requirió a la ahora denunciante para que diera su consentimiento a efecto de iniciar el procedimiento especial sancionador, asimismo, solicitó que expresara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las posibles conductas infractoras.

6.              En acatamiento, la ciudadana referida manifestó su anuencia para iniciar el procedimiento sancionador y solicitó una prórroga de diez días para estar en condiciones de expresar lo ocurrido[6]. Transcurrida la prórroga, el catorce de febrero, se remitió el desahogo al requerimiento formulado.

7.              B. Desechamiento de la queja. El veintiséis de febrero, la UTCE emitió un acuerdo en el que determinó desechar el procedimiento de referencia por carecer de competencia para investigar los hechos, toda vez que consideró que no acreditaba una violencia relacionada con el ejercicio de algún derecho político-electoral, aunado a que el cargo que desempeñaba la persona agraviada no era resultado del sufragio universal y directo[7].

8.              C. Impugnación del desechamiento. Inconforme con lo anterior, el cuatro de marzo, la denunciante interpuso recurso de revisión registrado en la Sala Superior con la clave SUP-REP-70/2021 y resuelto el veinticuatro de marzo siguiente en el sentido de revocar el acuerdo de desechamiento referido.

9.              D. Admisión, reserva de emplazamiento y desarrollo de diversas diligencias de investigación. Mediante acuerdo de dos de junio, la autoridad instructora admitió la queja y ordenó reservar lo conducente sobre el emplazamiento en tanto se contara con los elementos para ello; en ese sentido ordenó diversas diligencias con motivo de los hechos denunciados.

10.          E. Admisión de la queja y emplazamiento. Previa realización de las diligencias de investigación, la autoridad instructora determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el veinticuatro de junio.

11.          Al comparecer a la audiencia referida, algunas personas comparecientes argumentaron que no fueron debidamente notificados, motivo por el cual, la autoridad instructora determinó diferir la audiencia a efecto de que se respetara su garantía de audiencia, en ese sentido, la audiencia siguiente se llevó a cabo el primero de julio.

III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada

12.          A. Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su momento, el presente asunto se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

13.          B. Turno a ponencia. El veintiocho de julio el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-137/2021 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

14.          C. Radicación.  Con posterioridad, se radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución, conforme a los siguientes

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. COMPETENCIA

15.          Esta Sala Regional Especializada es competente para conocer el presente procedimiento especial sancionador, toda vez que el objeto de los hechos denunciados está relacionado con presuntos actos de violencia política en razón de género cometidos por las y los integrantes del Consejo General de un instituto electoral local en contra de la entonces Secretaria Ejecutiva del Consejo General integrante del mismo, quien desempeñaba funciones en el máximo órgano de dirección de dicho órgano local, por tanto, se considera que de actualizarse la infracción, podría tener incidencia en el derecho de integrar y ejercer las funciones de un órgano electoral.

16.          Eso es así, ya que la pretensión de la actora es denunciar conductas diversas atribuidas a personas que integraron el órgano electoral local como consejeros y consejeras electorales, por presuntamente constituir violencia política contra la mujer en razón de género en su contra[8] de los cuales la denunciante pretende se les imponga una sanción, motivo por el cual resulta adecuado que el INE, sea la autoridad competente para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador atinente.

17.          Ello, se sustenta con el criterio de la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-9928/2020, en el que se consideró que el INE es la autoridad competente para sustanciar el procedimiento especial sancionador respecto de las quejas en las que se denuncie violencia política de genero cometida por personas integrantes del consejo de un órgano electoral, ya que el objeto de la denuncia es la de buscar el dictado de una resolución que tenga como consecuencia una sanción administrativa al presunto infractor[9].

18.          Así como en lo resuelto en el expediente SUP-JE-115/2019 y acumulados, en el que se consideró correcta la determinación de un tribunal local de remitir el asunto al INE para conocer de una queja en contra de los integrantes del Consejo General de un instituto local, a quienes se les atribuían actos y omisiones vinculados con el hostigamiento, acoso y violencia política en razón de género. En ese sentido, concluyeron que las y los consejeros electorales locales no podrían conocer y resolver sobre una queja en que fueron señalados como denunciados, lo que en el presente caso sucede.

19.          Por último, en la resolución del SUP-REP-70/2021, la Sala Superior determinó, de forma medular, que las determinaciones sobre la presunta violencia política por razón de género relacionadas con el ejercicio del cargo de la Secretaria Ejecutiva de un OPLE inciden en el ejercicio de las funciones de una autoridad electoral y, por tanto, son susceptibles de ser sustanciadas a través del procedimiento especial sancionador.

20.          Asimismo, no pasa desapercibido que la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur no contempla la infracción de VPMG[10], lo cual robustece la competencia a favor de la autoridad electoral nacional para conocer de este tipo de conductas denunciadas, toda vez que, por ese motivo, al ser una conducta no prevista en la legislación estatal, es que esta Sala Especializada tiene competencia para conocer del presente asunto.

21.          Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, base III, apartado D[11], y 99, párrafo cuarto, fracción IX[12], de la Constitución Política; 166, fracción III, inciso h)[13], 173 primer párrafo[14] y 176, último párrafo[15] de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[16]; 475, 476 y 477 de la Ley Electoral[17].

SEGUNDO. Resolución mediante sesión no presencial.

22.          En los acuerdos generales 2/2020[18], 4/2020 y 6/2020, la Sala Superior estableció diversas directrices y supuestos para la discusión y resolución de los asuntos competencia de las salas que integran este tribunal, derivado de la pandemia originada por la SARS-CoV-2.

23.          En este sentido, a través del Acuerdo General 8/2020, restableció la resolución de todos los medios de impugnación a través de sesiones realizadas mediante videoconferencias, por lo que está justificada la resolución del presente asunto por esa vía.

TERCERO.  CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y CUESTIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

24.          El estudio de las causales de improcedencia es de orden preferente, ya que la actualización de alguna de ellas tiene como consecuencia que no pueda emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia.

1. Aplicación retroactiva de la ley

25.          Las personas que comparecieron al procedimiento como denunciadas y denunciados, manifestaron que resulta indebido que se les aplique retroactivamente la reforma legal en materia de VPGM publicada el trece de abril de dos mil veinte, motivo por el cual señalan que las conductas que se denuncian en su contra, no constituyen una infracción en materia electoral al no estar regulada la conducta que se les atribuye previo a la reforma referida y por ende la queja debe ser desechada por improcedente.

26.          Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que conforme al principio de no aplicación retroactiva de las normas, no es posible aplicar el parámetro normativo que derivó de la reforma del año dos mil vente, ya que los hechos de la posible VPGM que se denuncia ocurrieron en el año del dos mil quince, en ese sentido, debe aplicarse el marco normativo y jurisprudencial vigente en la fecha en que se cometió la conducta, sin que ello implique que la misma no constituya una infracción en materia electoral por la temporalidad en que se efectuaron. Para ello se precisa lo siguiente:

a) Principio constitucional de irretroactividad

27.          El principio de irretroactividad de la ley constituye un presupuesto básico para la seguridad jurídica de la ciudadanía, pues indica que los derechos o actos producidos a partir de la vigencia de la ley ya no podrán ser afectados, con la aplicación de una nueva norma.

28.          De ahí que la Constitución Política establezca que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna de conformidad a lo señalado en su artículo 14[19] sin embargo, es posible aplicar de forma retroactiva una ley cuando ésta resulte favorable[20].

29.          Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la aplicación retroactiva se actualiza cuando un acto de aplicación se lleva a cabo fuera de su ámbito temporal de validez[21], por lo que, al analizarse la retroactividad de las leyes se debe estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas que se dan con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley.

b) Existencia de marco normativo nacional e internacional de protección a los derechos de las mujeres antes de la reforma legal de dos mil veinte en materia de VPGM

30.          A partir de la reforma constitucional de junio de dos mil once, se reconocieron expresamente en la Constitución Política, que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

31.          En ese sentido, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado de conformidad con los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución.

32.          Asimismo, el estado mexicano como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha suscrito un importante número de convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, adoptando una serie de compromisos que han contribuido significativamente al avance de la igualdad de género.

33.          Lo anterior, como se expone en los artículos 4[22] y 7[23] de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); 4, inciso j)[24]; II y III[25] de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; así como de la Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

34.          Para ello debemos resaltar que en octubre de dos mil quince, la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará aprobó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las mujeres, primer acuerdo regional íntegro que aborda esta problemática, en el que los países firmantes declararon, entre otros, la necesidad de impulsar la adopción de normas para la erradicación de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres.

35.          En dicho acuerdo se reconoció que tanto la violencia, como el acoso político contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres.

36.          Además, que la violencia y el acoso político contra las mujeres impiden que se les reconozca como sujetos políticos y por lo tanto, desalientan el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres.

37.          Por tanto, declararon promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que correspondan, incorporaran el tema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres en el marco de sus funciones relacionadas con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los partidos políticos.

38.          Ante ese escenario, México buscó generar condiciones de igualdad sustantiva y proteger de manera efectiva los derechos político-electorales de la mujer, llevó a cabo diversas reformas legislativas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia política de género.

39.          Para ello, desde el dos mil seis, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, estableció como objeto el regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

40.          De igual forma, en el dos mil siete se publicó la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es el primer ordenamiento legal que estableció una protección directa de los derechos de las mujeres.

41.          Por cuanto hace a la línea jurisprudencial en la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el dos mil quince consolidó criterios encaminados al reconocimiento de los derechos de la mujer y planteó la obligación para que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. Ello al emitir, las tesis siguientes:

P. XX/2015 (10a.)

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.

El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas.

Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.)

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS.

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres".

42.          En ese sentido, a partir del referido marco normativo y jurisprudencial, es que en los asuntos en que se aleguen VPGM, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades electorales siempre deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso, conforme a los principios que establece y que sirven de guía al juzgador para identificar actos u omisiones de VPGM.

c) Reforma legal del dos mil veinte sobre VPGM

43.          El trece de abril de dos mil veinte, con la reforma en materia de VPGM se configuró un diseño nacional propio para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en general y, en específico, en el ámbito político-electoral, se incorpora al marco normativo el concepto de violencia política contra la mujer en razón de género, a fin de reconocer y visibilizar la problemática que viven las mujeres en distintos ámbitos como en el de la participación política[26].

44.          En ese sentido, con este nuevo marco jurídico, la VPGM se sancionará con base en los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, respectivamente.

45.          Aunado a lo anterior, se estableció la distribución de competencias, atribuciones y obligaciones que cada autoridad, en su respectivo ámbito, debe implementar y, finalmente, de aquellas sanciones que podría conllevar el infringir la norma en los términos establecidos en la legislación penal, de responsabilidades administrativas, y en el ámbito electoral, concretamente, el reconocimiento de una vía sancionadora a través del procedimiento correspondiente, y de una vía de juicio restitutorio o reparador de derechos[27].

d) La conducta de VPGM que se aduce cometida por las personas denunciadas puede ser analizada como infracción en materia electoral

46.          Del análisis al marco normativo y jurisprudencial expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que tiene facultades para analizar la conducta que se aduce como violencia política de género en contra de la denunciante, ya que desde antes de la reforma de abril de dos mil veinte, existía la obligación de juzgar, velar y sancionar aquellos casos en los que pudieran constituir violencia cometida en contra de una mujer y que esta afectara el derecho de integrar debidamente la función electoral que desempeña como parte de un órgano electoral, al ser un derecho político electoral.

47.          Esto es así ya que, previo a la reforma aludida existían: I. Principios constitucionales de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres; II. Normas internacionales que protegen a la mujer y sancionan la violencia que se cometa en su contra; III. Criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre condena a la violencia contra la mujer, y IV. Protocolos y criterios de actuación.

48.          Con base a lo expuesto, desde antes de la reforma en materia de VPGM referida, era deber de todo tribunal, incluyendo la materia objeto de esta Sala Especializada la de adoptar medidas y sanciones que prohíban la discriminación contra la mujer, establecer su protección efectiva y llevar a cabo acciones para eliminar su discriminación, que sean eficaces para prevenir la repetición de los actos violentos en contra de esta u otras personas.

49.          Por lo tanto, contrario a lo expuesto por las y los denunciados en sus comparecencias, no puede afirmarse que las conductas constitutivas de VPGM se encontraban en un margen de impunidad antes del catorce de abril de dos mil veinte, por no existir leyes que específicamente la regularan, no obstante, es cierto que, el análisis de esos hechos y las consecuencias jurídicas que deben darse en términos sancionatorios deben obedecer a las normas y criterios aplicables en el momento en que ocurrieron.

50.          Por tanto, en el caso deben ser aplicados los estándares normativos de la época en que se cometió la infracción, mismos que serán expuestos en el marco normativo de esta sentencia.

2. La queja resulta frívola por no señalar circunstancias de modo tiempo y lugar.

51.          Las personas denunciadas al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos fueron coincidentes en argumentar que la queja presentada en su contra no se establecen fehacientemente circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se actualizaron las infracciones, por lo que se les deja en estado de indefensión y por ende la queja interpuesta debe ser desechada.

52.          Este órgano jurisdiccional estima que no les asiste la razón, ya que en el escrito de queja, la denunciante expresó los hechos que estimó susceptibles de constituir infracciones violencia política de género en su contra, así como las consideraciones jurídicas que a su juicio son aplicables, y al efecto, aportó los medios de convicción que estimó pertinentes para acreditar la conducta denunciada, por tanto, aun y cuando alguno de los hechos hubiesen ocurrido en una temporalidad distante, se aportó los indicios necesarios para que la autoridad instructora pudiera encaminar la investigación para dilucidar si las y los sujetos denunciados son susceptibles de haber cometido alguna infracción.

53.          Por tanto, con independencia de que sus planteamientos puedan ser o no fundados, no puede emitirse un pronunciamiento previo al respecto, toda vez que ello será motivo de análisis en el estudio de fondo.

3. Alegación en cuanto a la prescripción de la conducta denunciada

54.          Las denunciadas María Karen de Monserrath Rincón Avena e Hilda Cecilia Silva Bustamante, señalan que la conducta que dio origen al presente procedimiento aconteció en el año dos mil quince y no fue de tracto sucesivo, motivo por el cual la facultad sancionadora del organismo se encuentra prescrita al haber pasado más de cinco años desde la comisión de los hechos.

55.          Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que no le asiste la razón a las denunciadas, dado que, en materia de procedimientos administrativos sancionadores la Ley Electoral no prevé plazos para la presentación de quejas por violaciones en materia electoral; además, en el caso específico de los procedimientos especiales electorales, la normativa electoral no contempla alguna temporalidad para que se actualice la prescripción; y por tanto, se pueden presentar denuncias sobre hechos pasados, aún y cuando se aduzca que actualmente no existe afectación a la función electoral o que no se afecte proceso comicial por los contextos facticos del paso del tiempo.

56.          Aunado a que el artículo y criterios con los que fundamenta su pretensión son las reglas generales para otro tipo de procedimiento, disposición que no es aplicable para la interposición de denuncias en materia electoral relativas al procedimiento especial sancionador.

4. Imposibilidad de revisar las constancias de forma integra

57.          La denunciada María España Karen de Monserrath Rincón Avena, al comparecer al procedimiento señala que al momento de ser notificada le adjuntaron un medio magnético de almacenamiento y que no le fue posible revisar el contenido íntegro de algunos de los archivos que se acompañaron en el mismo, lo cual la deja en estado de indefensión.

58.          Al respecto, resulta infundado el argumento señalado al ser genérico, ya que no precisa a qué tipo de archivos se refiere o si estas fueran constancias del expediente con el cual se le corrió traslado, además de que no acompaña prueba alguna para acreditar ni de forma indiciaria dicha situación y tampoco especifica en qué manera le afectó su derecho a una debida o adecuada defensa.

CUARTO. CONTROVERSIA

59.          El aspecto a dilucidar en la presente sentencia es determinar si las conductas atribuidas a Carmen Silerio Rutiaga, Hilda Cecilia Silva Bustamante, Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, María España Karen de Monserrath Rincón Avena, Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, quienes en su momento ejercieron la calidad de consejeros y consejeras del IEEBCS, constituyeron actos de violencia política de género en contra de la denunciante, quien fungía con la calidad de Secretaria Ejecutiva del Consejo General de dicho instituto.

60.          A efecto de determinar la fijación de la litis, se atienden las conductas expuestas por la denunciante en su escrito de queja, a través de las cuales señala que, durante su encomienda como Secretaria Ejecutiva, recibió de manera sistemática ataques, acoso, agresiones y humillaciones por parte de las y los consejeros denunciados, lo cual aduce, constituyó violencia política de género en su contra. Para ello, basa su denuncia en los siguientes hechos y conductas:

         Recibir presiones por las y los consejeros para contratar a familiares y personas cercanas a ellas, en perjuicio de varias personas que contaban mayor experiencia y méritos curriculares.

Expone que, a pesar de su oposición, accedió a contratar a dichas personas, en un claro ejercicio de abuso de poder y nepotismo, en una clara intromisión de sus funciones. Además de precisar que las entonces consejeras Carmen Silerio Rutiaga y Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, tuvieron acercamiento a través de los cuales solicitó los favores descritos, manifestándole que era una buena oportunidad para que las y los consejeros le “debieran un favor” a la denunciante, situación que interpretó como una amenaza, pues si se negaba sería objeto de represalias y revanchismos.

         Señala que el cuatro de marzo de dos mil quince, se convocó a reunión con las y los integrantes del consejo y personal del instituto, a efecto de atender asuntos que serían vistos en la próxima sesión del Consejo General. En dicha reunión, refiere que la entonces consejera Carmen Silerio Rutiaga, hizo manifestaciones despectivas en relación a su trabajo, tales como: “que debía de ponerme a trabajar y atender los asuntos y no quedarme ahí parada con cara de momia esperando que la presidenta o alguien más tenga que resolver las cosas”, lo cual afectó su integridad física, personal, laboral y emocional, todo ello en presencia de las y los consejeros electorales, así como demás asistentes en dicha reunión.

Refiere que dicha conducta se debió a que, a decir de la consejera denunciada, no eran atendidas sus observaciones o modificaciones a los proyectos, lo cual aduce la denunciante, era imposible de atender dada la forma complicada en que estos se hacían.

         Asimismo, expone que esa actuación era replicada por la consejera Hilda Cecilia Silva Bustamante, de quien también aduce, le entregaba modificaciones de último momento y de formas similares, que eran imposibles de atender, lo cual se tradujo en un constante y sistemático hostigamiento a la denunciante y equipo de trabajo, que impactaron y afectaron su honra y reputación, así como su estado emocional y de salud.

En ese sentido, señala que las entonces consejeras Carmen Silerio Rutiaga e Hilda Cecilia Silva Bustamante, con el pretexto de preocuparse por la calidad de los proyectos, hacían incontables solicitudes de corrección a puntos específicos de redacción, obstaculizando el desarrollo de las sesiones e incluso al grado de decretar recesos para aplicar sus solicitudes de modificaciones de forma, culpando a la denunciante de la falta de calidad en los documentos presentados.

         Por otra parte, refiere que constantemente durante el desarrollo de las sesiones del consejo, las y los consejeros Hilda Cecilia Silva Bustamante, Carmen Silerio Rutiaga y Jesús Alberto Muñetón Galaviz, ante el pleno del consejo, le requerían informes que por sus particularidades y dado el cúmulo de información recibida era prácticamente imposible de atender, no obstante de poner su empeño en estar preparada para tal efecto; con lo cual, ahora se da cuenta que solo se trataban de ataques reiterados dirigidos a su persona para generar un ambiente de hostilidad y nerviosismo, con la finalidad de que cometiera un error en público y justificar su destitución.

En relación al hecho anterior, expone los cuestionamientos por parte de la entonces consejera Hilda Cecilia Silva Bustamante, respecto del contenido de un informe presentado el treinta de julio de dos mil quince, con la única intención de generar suspicacia o confusión respecto de la calidad del trabajo elaborado. Señala que, a efecto de atender la petición de la consejera, solicitó le aclarara su petición, sin embargo, recibió una respuesta en tono sarcástico e indicándole que mejor se pusiera a revisar los documentos que presentaba y no les hiciera perder tiempo en cuestiones de ese tipo.

Señala que este hecho se corrobora al visualizar el minuto once de la videograbación de la sesión celebrada, misma que es publicada en Youtube, para lo cual aporta la liga de la página[28].

         Refiere que el acoso y hostigamiento hacia su persona continuó de manera interrumpida, por parte de las y los consejeros denunciados, por ende el dos de junio del 2015, dichas personas suscribieron el oficio CE-IEEBS-0051-2015, a través del cual solicitaron a la Consejera Presidenta su destitución, alegando el supuesto desconocimiento de la materia electoral y su falta de experiencia, lo cual afectó gravemente su salud física y emocional.

Al respecto, la Consejera Presidenta trató de dialogar con las y los consejeros electorales sobre la gravedad de sus actuaciones, recibiendo por respuesta de su parte que no cesarían sus actuaciones, sino que le pedían que la denunciante no volviera dirigirse a ellos y que cualquier comunicación que la Secretaria Ejecutiva tuviera que dirigir hacia las y los integrantes del Consejo, se llevara a cabo a través de alguien de su mismo nivel jerárquico, es decir, por conducto de la presidenta.

Derivado de lo anterior, señala la invasión de atribuciones reservadas a la Presidenta del Consejo por parte de las y los denunciados, toda vez que desde su perspectiva, la atribución de proponer a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva era única y exclusiva de la consejera presidenta.

Señala que se puede corroborar la intervención de las y los consejeros en el desarrollo de la sesión pública que obra en la red social de Youtube, para lo cual aporta la liga electrónica correspondiente[29].

         Cuestionamientos por parte de la entonces consejera Carmen Silerio Rutiaga, respecto del informe relativo a los medios de impugnación interpuestos en contra de los resultados electorales, presentado el catorce de agosto de dos mil quince, con el único afán de exhibirla y que concluyó en manifestaciones con las que aduce, se hicieron en un tono despectivo y de superioridad, al referir “la secretaria está para dar la atención a lo que se observa y no estar entablando la comunicación con el consejero”.

Señala que este hecho se corrobora al visualizar la videograbación de la sesión celebrada en el tiempo de reproducción 1 hora con 29 minutos, misma que es publicada en Youtube, para lo cual aporta la liga de la página[30].

         Relata que a finales del mes de septiembre o principios de octubre del año dos mil quince, presentó queja[31] ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Baja California Sur, por la violación a sus derechos fundamentales, sin embargo se desistió por el miedo de que las y los consejeros denunciados, trabaran no solo el desarrollo de sus actividades sino por futuras oportunidades de trabajo.

         Después de haberse desistido de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue llamada a una reunión privada, en la que el entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, quien le expreso: “(dato protegido) queremos que entiendas que no tenemos nada en contra de la Secretaria Ejecutiva, queremos tumbar a Rebeca y la única forma de pegarle es tumbándote a ti primero”, con lo cual la denunciante, afirma que entendió que debía renunciar ya que no podía permitir que afectaran y perjudicaran más su carrera profesional, con motivo de los malos tratos, ofensa verbales y maltrato que le causaron sensación de miedo, desesperación, depresión, angustia y llanto.

         Señala que las conductas denunciadas atribuidas a las y los consejeros, en los cuales fue atacada, deshonrada y menospreciada a su persona y trabajo, se realizaron en presencia de diverso personal del Instituto, con el objeto de descalificar la capacidad de la Presidenta y de la Secretaria Ejecutiva, escudándose en la supuesta preocupación de que por su falta de experiencia “les fuera a llevar al baile”.

Al respecto, señala que esas manifestaciones eran expresadas en torno de burla y risa en su mayoría cometidas por los consejeros Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, secundados y agravados por las consejeras Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz y Carmen Silerio Rutiaga, quienes en una ocasión, durante la sesión de comisión de fechas diecinueve y veinte de mayo de 2015, además de mofarse de su capacidad emitían expresiones como “de aquí a que la secretaria comprenda los asuntos van a pasar días (riéndose).”

         Además de que el consejero en una ocasión realizó una acusación a la Consejera Presidenta y a su personal en relación a una supuesta manipulación de registro de candidaturas, aduciendo que se estaban haciendo planes de boicot al proceso electoral, con lo cual refiere, se expresó de manera irresponsable.

         Las expresiones, por parte del entonces Consejero Electoral del IEEBCS Jesús Alberto Muñetón Galaviz, en el desarrollo de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral del IEEBCS, del día miércoles veinte de mayo de dos mil quince, en la que manifestó: “…de verdad asumamos nuestra responsabilidad todos, porque a la hora de la hora esa persona que nos está provocando un error nos va a llevar al baile a todos, si vemos que necesitamos un asunto túrnenlo a la Comisión si ves que allá no va a pasar, cuántos asuntos han turnado a la Comisión?(sic) Ninguno, se han tenido que pedir por parte de la Comisión porque la Dirección no turna ningún asunto a la Comisión, porque todo lo arreglan allá con Presidencia y con Secretaría y de verdad nos van a llevar al baile (…)”.

Adicionalmente, la siguiente manifestación expresada en la misma sesión de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral del IEEBCS: “(...) y seamos objetivos la Secretaria no nos va a sacar de ningún problema entonces no dejemos que le pegue ningún problema porque lo va a hacer más grande”.             

61.          Por su parte, las personas denunciadas en el procedimiento al comparecer expresaron lo siguiente en relación a los hechos denunciados:

Carmen Silerio Rutiaga

        Manifestó que era cierto que Alba Gabriela Jiménez Ocampo era hija de su esposo Augusto Raúl Jiménez Beltrán, pero negó que se hubiere presionado a la denunciante para contratar a Alba; asimismo, negó haber realizado alguna manifestación, amenaza, verbal o escrita o de cualquier otra índole.

        Señala que los hechos son falsos en el sentido de precisar que dentro de las labores que desempeña está el intercambio de puntos de vista u opiniones, pero en todo momento las externaba de manera respetuosa, tratando de sus aportaciones fueran acordes a la Ley Electoral, pero jamás denostó, agredió, denigró, se burló o despreció a personal alguna, siempre se condujo en el marco de respecto y compañerismo, con el objetivo de cumplir con las funciones encomendadas.

        Negó haber formulado requerimiento a la denunciante con la finalidad de atacarla de manera personal o crear un ambiente de hostilidad y nerviosismo, con el fin de que la promovente cometiera errores para poder destituirla.

        Refiere que es parcialmente cierto que las consejeras y consejeros que conformaban el Instituto en ese momento, firmaron y presentaron el oficio CE-IEEBCS-0051-2015, en el que solicitaron que se cambiara la Secretaria Ejecutiva, atendiendo a que la persona que desempeñaba ese cargo no contaba con la experiencia necesaria en derecho electoral, tampoco conocía las actividades operativas propias del Instituto. La referida solicitud se formuló por escrito y de manera respetuosa.

        Señala que nunca formuló observaciones con faltas de respeto, en las actas de sesión se puede apreciar que lo manifestado en sus intervenciones en sesiones era para demostrar las reiteradas faltas de cuidado de la Secretaria Ejecutiva, actuar que repercute de manera directa en el desempeño del instituto.

        No estuvo presente en las sesiones del diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, como asegura que ocurrieron los hechos que señala en su agravio.

        No llevó a cabo alguna conducta, expresión o manifestación de ningún tipo que se hubiera dirigido a la denunciante como elemento de género o realizado a la persona por ser mujer y que le haya impactado de manera diferenciada o en desproporción.

Betsabé Dulcinea Apodaca Cruz

        Al respecto señala que los hechos denunciados son falsos, en el sentido de que denunciante no señala en qué consisten los actos de rispidez tampoco señala persona específica que le hizo un maltrato o que se le violentara.

        Las comparecencias no deben ser tomadas en cuenta ya que tratan de hechos o apreciaciones que se ponen en base de adjetivos.

        Señala que es cierto que se hizo una solicitud para que se cambiara a la secretaria ejecutiva, enfocada sólo y únicamente por la falta de experiencia en materia electoral y de los conocimientos calificados para atender los medios de impugnación y nulidades en la materia que pudieran presentarse, lo cual no implica que se le hubiese violentado ya que dicha acción estaba sustentada en términos de la ley local y sus reglamentos.

        Que en ninguna de las alegaciones especifican de qué manera o quién o quiénes fueron las personas que ejercieron los hechos de los que se duele.

        Es falso lo señalado por la denunciante en el sentido de que los consejeros hubieran actuado en contubernio o en equipo para atacarla humillarla o agredirla

María España Karen de Monserrath Rincón Avena

        Negó haber realizado algún tipo de presión para generar algún tipo de contratación laboral para el proceso electoral del año dos mil catorce y dos mil quince.

        No se precisan circunstancias de modo tiempo y lugar de los supuestos rechazos o solicitudes de corrección de documentos y proyectos, lo cual deja en un estado de indefensión a las y los denunciados, sin embargo, señala que dentro de las facultades de los consejeros y consejeras está realizar observaciones pertinentes a los temas que se le presentan puesto que esto se trata de una cuestión totalmente profesional y laboral.

        De igual forma negó de manera rotunda la existencia de algún tipo de acoso y hostigamiento hacia la denunciante, toda vez que los ordenamientos legales otorgan la facultad de remover a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, en ningún momento existió alguna manifestación o expresión que señale ofensa o insulto o un trato discriminatorio incluso el oficio en el que se solicitó la remoción se fundamentó y motivó conforme a derecho bajo un marco de respeto hacia ella jamás hubo una acusación despectiva hacia su persona.

        La solicitud de remoción fue efectuada por un tema estrictamente de experiencia electoral y no por un tema de género como lo señala la denunciante, incluso la remoción se solicitó por una persona del sexo femenino.

        Señala que nunca observó una mala relación laboral entre los consejeros y consejeras y la Secretaria Ejecutiva, siempre hubo un trato de respeto profesional y laboral.

        Destaca que la denunciante jamás señala en su escrito de manera exacta la existencia de alguna conducta desplegada en su contra que constituya violencia política contra las mujeres en razón de género.

Manuel Bojórquez López

        Destaca que es falso que haya realizado algún tipo de presión hacia la denunciante para la contratación de personal y por último que es falsa la intromisión de las funciones hacia el cargo que ostentaba la promovente.

        En ningún momento realizó alguna conducta que tuviera por objeto generar un ambiente de hostilidad o nerviosismo en la denunciante, mucho menos inducir a algún tipo de error para justificar con ello su remoción, señala que al respecto no existen pruebas que logren acreditar el dicho de la promovente.

        La solicitud de sustitución de la secretaria ejecutiva atendió a cuestiones meramente profesionales sin que esa solicitud deba interpretarse como una conducta que implique violencia política en razón de género hacia la denunciante.

        Refiere que es falso que haya realizado alguna conducta de maltrato hacia la denunciante que ofendiera de manera verbal o que generara alguna conducta que implicara maltrato psicológico hacia la promovente. Asimismo, jamás la criticó menosprecio o insultó su trabajo.

        De igual forma negó la existencia de un ambiente de hostilidad e inseguridad hacia el personal del Instituto electoral local.

        Es falso que hubiera realizado alguna conducta que atacara, menospreciara o deshonrara la denunciante o su trabajo; Asimismo negó que hubiera realizado manifestaciones ofensivas, en tono de burla o sarcasmo, o de risa en contra de la promovente o de alguna persona que trabaje al interior del IEEBCS.

        Es falso que hubiera actuado de manera individual, en equipo o en acuerdo con persona alguna para realizar conductas que deban considerarse ataques agresiones o humillaciones en contra de la denunciante.

Hilda Cecilia Silva Bustamante

        Señala que los hechos expuestos por la denunciante son falsos, en el sentido de que ni de las documentales de las testimoniales que ofreció se acredita de manera fehaciente la posible existencia de violencia en razón de género en su contra.

        Niega que las observaciones o correcciones que se le hacían a la Secretaria Ejecutiva estuvieran dirigidas hacia la persona que realizaba o presentaba el trabajo, puesto que siempre se dirigió, de manera colaborativa para dar mayor certeza y claridad a los proyectos presentados al Consejo General.

        La Secretaria Ejecutiva tenía la obligación legal de rendir informes de la correspondencia recibida y despachada, siendo esta la única forma en la que podían enterarse de lo que acontecía en la institución que encabezan como integrantes con derecho a voto del máximo órgano de dirección.

        Jamás hizo expresiones personales que minimizaran o menoscabar a la autoestima de la denunciante, por lo que siempre se refirió al trabajo, a los documentos y a los proyectos que la promovente elaboraba.

        Niega que buscara causar algún perjuicio a la entonces titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el interés que siempre buscó fue el fortalecimiento y mejoramiento institucional, siempre buscó la manera de hacer énfasis en la trascendencia de las funciones y atribuciones a cargo de la Secretaría Ejecutiva, como órgano en torno al cual giraba y gira el desarrollo y funcionamiento institucional, pero nunca dirigido a causar perjuicio a ninguna persona.

Jesús Alberto Muñetón Galaviz

        Niega los hechos denunciados en el sentido de que no existió algún tipo de ataque en contra de la denunciante y que al realizar sus actividades de ninguna forma resulta hostigamiento, además es falso que la mayoría calificada de los consejeros electorales actuara como un bloque de oposiciones a la presidencia del instituto electoral local al ser una apreciación de la Secretaria Ejecutiva.

        Señala que las observaciones que realizó a los documentos que se pusieron a su consideración siempre fueron conforme a la reunión programada y solicitada por la presidenta del Instituto, bajo la premisa de la atribución de vigilancia que la ley le otorga, en los tiempos que la propia dinámica del proceso les exigía y conforme a la logística y método que la presidencia practicaba.

        Destaca que dentro de las comparecencias de la denunciante no se desprende ninguna expresión de haber existido los hechos que menciona hoy, ya que éstos se han manipulado para tratar de involucrarlos en situaciones ajenas tratando de estigmatizar su trabajo y su desempeño en la función electoral por más de 22 años.

        Respecto de las manifestaciones de la denunciante, señaló que están descontextualizadas, pues refirió que cualquier error que no se detectara dentro de la comisión unida de las áreas de capacitación y organización electoral para el proceso electoral del año dos mil quince, era responsabilidad de las y los consejeros y no sólo de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva, pues ellas no solamente eran responsables de tomar decisiones tan importantes, por lo que cualquier problema era responsabilidad de la totalidad de las personas consejeras, como lo es determinar si la documentación y materiales electorales y los manuales cumplían con los requisitos de ley, además esas expresiones fueron vertidas pocas semanas antes a la jornada electoral.

        Así, el llamado que hizo fue hacer responsables y llevar cualquier asunto de su competencia a la comisión competente ya que entre más ojos observaran la documentación, los planes, las casillas, los consejos municipales y distritales, era más fácil detectar errores que pudieran cometerse dadas las cargas de trabajo.

        Las expresiones vertidas no llevan ningún sesgo de género, por el contrario, constituye un llamado de atención para evitar cometer errores a otras áreas.

        Sus intervenciones y participaciones en el instituto siempre han sido imparciales independientes apegadas a la legalidad y certeza. Por ello, señala que no acepta que su trabajo se vea como violencia política de género, ya que jamás por sí o por terceros ejerció algún tipo de violencia, injuria u otra expresión verbal o simbólica denigrante hacia la denunciante, sus desacuerdos siempre fueron el aspecto técnico electoral, nunca por su condición de mujer, como consta en todas sus expresiones dentro y fuera del Consejo General.

62.          Al respecto, cada uno de los puntos expuestos en la queja serán desarrollados y analizados de manera integral en el fondo de esta sentencia, es decir, tomando en cuenta todos los hechos narrados por la promovente y las partes denunciadas, con la finalidad de identificar aquellos elementos con los que se pueda advertir una posible vulneración a los derechos humanos de las mujeres, consistentes en vivir una vida libre de violencia y sin discriminación.

63.          Lo anterior, ya que esta Sala Especializada como órgano jurisdiccional tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género y discriminación impiden la igualdad.

64.          En ese sentido, debe reconocerse la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, por lo que, con este reconocimiento quienes realicen la función de juzgar, deben identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente[32].

QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO

I. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

65.          Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados materia del presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente relacionados con las infracciones materia de la presente resolución.

66.          Posteriormente, se expondrá el marco jurídico atinente; una vez hecho esto, se procederá a analizar si la conducta denunciada actualiza la infracción denunciada y, en su caso, determinar las responsabilidades conducentes.

II. MEDIOS DE PRUEBA

1) Pruebas ofrecidas por la denunciante

67.          Documental privada. Consistente en la solicitud de las comparecencias al procedimiento de Rebeca Barrera Amador, Rudy Castanier Cruz, Ramón Guluarte Castro, Patricia Quiñonez Davis, Reember Ojeda Arce y Enrique Sala Peña.

68.          Técnica. Consistente en la solicitud de requerir todas las grabaciones de las Sesiones Pública del Consejo General y reuniones celebradas durante el año dos mil quince.

69.          Técnica. Consistente en la solicitud de requerir los audios de las sesiones de las comisiones de organización electoral y partidos políticos de fechas diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince.

70.          Documental pública. Consistente en el oficio CG-0007-ENERO-2015, consultable en el portal del instituto electoral local[33], a través del cual fue designada como Secretaria Ejecutiva de dicho organismo.

71.          Técnica. Consistente en la liga electrónica de la red social de YouTube[34] en la que se aloja la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEBCS, celebrada del treinta de julio de dos mil quince, del cual precisa, se visualice el minuto once del referido video para acreditar los hechos materia de su queja.

72.          Documental pública. Consistente en el oficio CE-IEEBCS-0051-2015, emitido por las y los consejeros del instituto electoral local, en el cual se solicita a la Consejera Presidenta la sustitución de la Secretaria Ejecutiva de dicho organismo electoral.

73.          Documental pública. Consistente en el oficio CE-IEEBCS-0064-2015, suscrito por las y los consejeros electorales, a través del cual refiere se reiteraba a la consejera presidenta la sustitución de la Secretaria Ejecutiva.

74.          Técnica. Consistente en la liga electrónica de la red social de Youtube[35], en la que se aloja la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEBCS, celebrada el catorce de agosto de dos mil quince, del cual precisa, se visualice el tiempo de reproducción de 1 hora con 29 minutos para acreditar los hechos materia de su queja.

75.          Documental pública. Consistente en los oficios CE-IEEBCS-0072/2015 y CE-IEEBCS-073-2015, suscritos por las y los consejeros electorales del instituto electoral local, a través del cual solicitaron la convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Electoral, con la finalidad de abordar el tema de su sustitución como Secretaria Ejecutiva del organismo.

76.          Documental pública. Consistente en la orden del día de la sesión del veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el que se abordó en su numeral siete, el proyecto de acuerdo de las y los consejeros mediante el cual se solicita sustituir a la titular de la Secretaria Ejecutiva de dicho organismo público electoral.

77.          Técnica. Consistente en la liga electrónica de la red social de Youtube[36], en la que se aloja la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEBCS, celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, para acreditar los hechos materia de su queja relacionados con la excusa para conocer y participar en la deliberación del punto relacionado con el proyecto de su sustitución en el cargo.

78.          Documental privada. Consistente el escrito de queja presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se identifica con el expediente CEDHBCS-VG-LAP-220/15, el cual solicita se requiera junto con copia certificada del expediente que se integró en dicho organismo.

79.          Documental pública. Consistente en el documento denominado “Memoria del Proceso Electoral Local 2014-2015 en Baja California Sur”, consultado en la liga electrónica de dicho organismo[37].

2) Pruebas recabadas por la autoridad instructora

80.          Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de seis de abril, elaborada por la autoridad instructora, a efecto de certificar las cinco ligas de internet aportadas por la accionante en su escrito de queja, mismas que a continuación se enlistan:

A) Acta de la Sesión Pública del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, realizada el 26 de enero de 2015, consultable en el enlace: https://www.ieebcs.org.mx/documentos/actas/IEEBCS_ACT185.pdf 

De la revisión se advierte que se encuentra alojado un archivo en formato .pdf consistente en treinta y dos páginas, titulado “ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE FECHA DE 26 DE ENERO DE 2015, A LAS 18:05 HORAS”

Para mayores efectos, la autoridad instructora descargó el documento, ordenándose guardar en un disco compacto el contenido del mismo.

b) Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, realizada el 30 de julio de 2015, consultable en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uKSO9D2Lqi4

Al acceder al sitio, se despliega el siguiente contenido, del cual se advierte una duración de transmisión del minuto 0:00:01 al 02:13.05: 

Cabe precisar que, debido a la extensión del material contenido en dicha liga electrónica, se hará la inspección en su totalidad, pero sólo se insertarán algunas imágenes en las que se asentará una breve descripción de las mismas, particularmente de los minutos a los que (dato protregido) hace referencia en su escrito de desahogo.

Se procede a reproducir el video en la liga de internet proporcionada, con una duración de dos horas con trece minutos con cinco segundos, cuyo fue certificado por la autoridad instructora.

c) Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, realizada el 14 de agosto de 2015, consultable en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Gx1w3JmJ-sk 

Al acceder al sitio, se despliega el siguiente contenido, del cual se advierte una duración de transmisión del minuto 0:00:01 al 02:04.47: 

Cabe precisar que, debido a la extensión del material contenido en dicha liga electrónica, se hará la inspección en su totalidad, pero sólo se insertarán algunas imágenes en las que se asentará una breve descripción de las mismas, particularmente de los minutos a los que la quejosa hace referencia en su escrito de desahogo.

Se procede a reproducir el video en la liga de internet proporcionada, con una duración de dos horas con cuatro minutos con cuarenta y siete segundos, cuyo fue certificado por la autoridad instructora.

d) Sesión Extraordinaria del Consejo General del del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, realizada el 23 de septiembre de 2015, consultable en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uMeTswkUNM4 

Al acceder al sitio, se despliega el siguiente contenido, del cual se advierte una duración de transmisión del minuto 0:00:01 al 03:10:52.

Cabe precisar que, debido a la extensión del material contenido en dicha liga electrónica, se hará la inspección en su totalidad, pero sólo se insertarán algunas imágenes en las que se asentará una breve descripción de las mismas.

Se procede a reproducir el video en la liga de internet proporcionada, con una duración de tres horas con diez minutos con cincuenta y dos segundos, contenido que fue certificado por la autoridad instructora.

e) Memoria del Proceso Electoral Local en Baja California Sur, correspondiente al proceso electoral 2015- 2016, consultable en el enlace: www.ieebcs.org.mx/memoria/pdf/MEMORIA_PLE_2014_2015_TEMAS_COMPLETOS.pdf 

De la revisión se advierte que se encuentra alojado un archivo en formato .pdf consistente en quinientas diecinueve páginas, titulado “Memoria del Proceso Local Electoral 2014-2015 Baja California Sur”.

Al respecto, se advierte una mención a (dato protegido) en la página diez, misma que se señalan a continuación:

Página diez: se incluye la síntesis curricular de la denunciante como Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

81.          Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada elaborada por la autoridad instructora de siete de abril, en la que se certifica el medio magnético aportado por la accionante y se hace constar la transcripción del audio correspondiente a la sesión del la Comisión de Partidos Políticos y la sesión de la Comisión de Organización Electoral, del diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince respectivamente.

82.          Documental pública. Consistente en el oficio CEDHBCS/052/2021 de ocho de abril[38], suscrito por el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, a través del cual remite el expediente formado con motivo de la queja presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince, por la denunciante en contra de las consejeras y consejeros integrantes del Consejo General del IEEBCS, con motivo de la supuesta violación a sus derechos humanos. Al respecto, de las constancias que integran el expediente esencialmente se advierten las siguientes:

a.     Escrito de queja presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince, presentado por (dato protegido) en el que expone los hechos previamente descritos en la litis de esta controversia, relacionados con las manifestaciones efectuadas el cuatro de marzo por la consejera Carmen Silerio Rutiaga en el que se dirigió manifestando “que debía ponerme a trabajar y atender los asuntos y no quedarme ahí parada con cara de momia esperando que la Presidenta o alguien más tenga que resolver las cosas”.

El hecho del treinta de julio de dos mil quince, respecto los cuestionamientos efectuados por la consejera Hilda Cecilia Silva Bustamante, respecto el informe de la correspondencia recibida y despachada, con la intención de generar suspicacia o confusión respecto la calidad del trabajo elaborado.

El hecho del 14 de agosto del 2015, en relación a las manifestaciones efectuadas por la consejera Carmen Silerio Rutiaga, en el sentido de generar cuestionamientos sobre los informes relativos a los medios de impugnación interpuestos en contra de los resultados electorales, con el afán de ofender y exhibir a la denunciante al señalar que no estaba en aptitud de interactuar con las y los consejeros.

Expone que ha sido objeto de conductas degradantes por parte de las consejeras expuestas y de las demás autoridades responsables, al difamarla públicamente en el sentido de señalar que no realiza correctamente su trabajo y que no cuenta con la capacidad para desarrollar las tareas encomendadas sin sustento; además de que han solicitado tres veces su sustitución en el cargo, lo cual lesiona sus derechos humanos.

Ofrece como prueba: i) dos discos con las grabaciones de las sesiones celebradas durante el año 2015, especialmente las que corresponden al 30 de julio y 14 de agosto de 2015; ii) Copia simple de escrito de 05 de marzo de 2015, signado por diverso personal de dicho órgano electoral, dirigido a la Consejera Presidenta, en el que exponen los malos tratos, injurias y desprecios de los que ha sido objeto por parte de las consejeras Carmen Silerio e Hilda Cecilia Silva Bustamante, del cual se marcó copia al entones Consejero Marco Antonio Baños Martinez y al Contralor Ramón Guluarte Castro; iii) Copia dirigida al Consejero Presidente del INE, en la que expone los malos tratos de los que han sido parte por parte de las consejeras antes señaladas y en el que solicita se tomen medidas respecto el acoso laboral.

b.     Acuerdo de 22 de septiembre emitido por la Comisión Estatal, en el que se recibe y registra la queja con el número de expediente CEDHBCS-DQ-QF-LAP-220/15 e informa del mismo a la accionante.

c.     Acuerdo de 23 de septiembre emitido por la Comisión Estatal, a través del cual se califica la denuncia como “presunta violación de derechos humanos, con motivo de la violación al derecho al trato digno, ejercicio indebido de la función pública y hostigamiento laboral en agravio de (dato protegido)”, por lo que se remite a la Dirección General de Quejas de dicho organismo para su seguimiento.

d.     Acuerdos de solicitudes de informes sobre los hechos materia de la queja, dirigidos a las personas señaladas como autoridades responsables, así como a la Consejera Presidenta del organismo electoral local.

e.     Informe de 28 de septiembre rendido por Jesús Alberto Muñetón Galaviz, en el cual niega y desconoce los hechos materia de la queja.

f.       Informe de 02 de octubre de 2015, rendido por Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, en el que niega que hubiese desplegado una conducta impropia y causado malos tratos, ofensas verbales y maltrato psicológico a la accionante ya que no se precisan conductas atribuibles a su persona, por lo que estima que se calumnia a su persona.

g.     Informe de 28 de septiembre de 2015, rendido por Carmen Silerio Rutiaga, en el cual niega las aseveraciones de la accionante por falaces y desconoce los hechos de la denuncia.

h.     Informe de 01 de octubre de 2015, rendido por María España Karen de Monserrath Rincón Avena, en el que señala que no se encontraba presente en la sesión del 26 de enero de ese mismo año, en el que se designó a la denunciante como Secretaria Ejecutiva, al encontrarse de incapacidad temporal, para ello adjunta constancias del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Señala que no se pueden acreditar los hechos que se denuncian que pudieren atribuirse a su persona, ya que se incorporó a sus actividades el 14 de marzo de 2015 y que luego de integrarse a laborar niega haberse comportado como la quejosa refiere, al no estar presente en las fechas que señalan en la queja.

Ni los demás hechos expuestos en la queja, al no ser propios; además precisa que no se hace una imputación directa hacía su persona por lo que no es responsable de las conductas señaladas.

Respecto la solicitud de sustitución de la Secretaria Ejecutiva, precisa que ésta no se hizo en abuso de sus funciones o de la investidura de funcionarios públicos al sustentarse en un marco de respecto, legalidad y sin violentar sus derechos humanos, además de que no se le ha corrido de su trabajo. Por lo que sus actuaciones se encuentran sustentadas en la legislación electoral local y en ningún momento se hicieron de manera groseras e irrespetuosas, por tanto, no se violentan los derechos humanos de la denunciante.

i.        Informe de 01 de octubre de 2015, rendido por Hilda Cecilia Silva Bustamante, en el que niega los hechos denunciados por ser falsos o desconocerlos.

j.        Informe de 03 de octubre de 2015, rendido por Manuel Bojórquez López, en el que niega las manifestaciones de la quejosa ya que no se señala su participación en los hechos; niega que hubiese difamado públicamente, violentado, realizado malos tratos, ofensas verbales o maltrato psicológico a (dato protegido); asimismo, niega haber menospreciado o insultar el trabajo de la accionante y demás personal de trabajo.

k.     Testimonial rendida por Reember Ojeda Arce, quien manifiesta: “se han suscitado diversos acontecimientos que han ocasionado que ella se vea afectada en su persona y en su desempeño laboral, como resultado de diversas acciones de algunas consejeras electorales, en particular de las maestras Hilda Silva y Carmen Silerio, entre las que destacan una constante presión, cuestionando todo lo que hace y dice, objetando el resultado de su trabajo de manera pública, ocasionando esto un constante demerito en la forma en que hace su trabajo al grado de hacer observaciones mínimas y exageradas que conllevaba a regresar el trabajo realizado, generando con estas actitudes una carga de trabajo excesiva, finalmente quiero asentar que ratifico todos los puntos que se manifiestan en el escrito de queja de 05 de marzo de 2015, presentando a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Baja California y que estos dispuesto a ampliar en el sentido que se me solicite”.

l.        Comparecencia del 30 de octubre de 2015, a cargo de (dato protegido), quien expone: “Que comparezco ante este organismo defensor de Derechos Humanos, para manifestar que es mi voluntad y deseo desistirme de la queja que se ha aperturado ante este organismo, misma que se presentó en fecha 22 de septiembre de 2015, y que se radicó con el número de expedientes CEDH-BCS-DQ-QF-LAP-220/15, por ser lo más conveniente para mis intereses”.

m.  Acuerdo de conclusión de expediente de 03 de noviembre de 2015, con motivo del desistimiento de la quejosa, por lo que se ordena su archivo correspondiente.

83.          Documental pública. Consistente en el oficio IEEBCS-CO-007-2021 de veintisiete de abril, suscrito por el Contralor General del IEEBCS, Ramón Guluarte Castro, quien informa que “no existe el registro de queja alguna presentada por (dato protegido) en contra de las y los consejeros electorales denunciados”.

84.          Documental pública. Consistente en el oficio IEEBCS-0343-2021 de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Ejecutivo del IEEBCS a través del cual remite:

i) Copia certificada del acuerdo CG-0007-ENERO-2015, aprobado por sesión ordinaria del Consejo General de 26 de enero de dos mil quince, por medio del cual se designa a (dato protegido) para desempeñar el cargo de Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, al cumplir con los requisitos legales señalados en el artículo 100 de la ley electoral local.

ii) Remite expedientes laborales de Enyle Atenea Sánchez Ruiz y Alba Gabriela Jimenez Ocampo, del cual expone la información siguiente[39]:

Enyle Atenea Sánchez Ruiz

Formación Académica: Licenciatura en Derecho

Especialidad: Amparo Constitucional y Derecho Procesal

Actualmente ocupa el puesto de Analista de Transparencia Acceso y Protección de la Información, adscrita a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Servicio Profesional Electoral.

Alba Gabriela Jimenez Ocampo

Formación Académica: Licenciatura en desarrollo turístico

Actualmente ocupa el puesto de Asistente de Presidencia adscrita a Presidencia.

iii) Copia certificada del oficio IEEBCS-CE-C0012-21, de catorce de abril del presente año, mediante el cual la Oficina de Consejeras y Consejeros Electorales de la Secretaria Ejecutiva, remite los acuses de recibo de los oficios CE-IEEBCS-C0051-2015, CE-IEEBCS-0064-2015, CE-IEEBCS-0072-2015 y CE-IEEBCS-0073-2015, a través de los cuales las y los entonces consejeros denunciados solicitaron a la Consejera Presidenta la destitución de la Secretaria Ejecutiva por medio de convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Electoral.

iv) Copia certificada del oficio IEEBCS-PS-C0883-2021, de quince de abril del presente año, a través del cual remite el oficio P-IEEBCS-937-2015 de la Consejera Presidenta quien da contestación a la petición de sustitución de la Secretaria Ejecutiva por parte de las y los Consejeros denunciados.

v) Copia certificada del oficio IEEBCS-UCSI-C0513-2021, de fecha dieciséis de abril del presente año, a través del cual el titular de la Unidad de Cómputo y Servicios Informativos del instituto electoral local informa a la Secretaria Ejecutiva el listado de documentación y videograbaciones de las sesiones, reuniones y comisiones a las que la denunciante concurrió como Secretaria Ejecutiva de dicho organismo y sus respectivas versiones estenográficas, mismas que a continuación se enlistan:

Acompaña con lo anterior, dieciséis discos compactos en sobre sellado que contiene las videograbaciones y versiones estenográficas referidas, mismas que obran en el presente expediente.

vi) Copia certificada del oficio de diecinueve de abril, remitido en alcance al oficio IEEBCS-UCSI-C0513-2021, mediante el cual se informa que después de una búsqueda exhaustiva no se pudo localizar el audio de la reunión del cuatro de marzo de 2015.

85.          Documental pública. Consistente en el oficio IEEBCS-SE-0419-221 de quince de mayo, emitido por el Secretario Ejecutivo IEEBCS a través del cual informa lo siguiente:

        Remite archivo PDF consistente en el “Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur” del día veinte de mayo de dos mil quince. Asimismo, dicha unidad remite el audio de la sesión antes referida, los cuales adjunta a su oficio[40].

        Remite archivo PDF consistente en el “Acta de la Sesión de la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas, correspondiente al diecinueve de mayo de dos mil quince. Asimismo, dicha dirección remite el video de la sesión antes referida, los cuales adjunta a su oficio.[41]

        Remite las videograbaciones de las sesiones de la Comisión de Partidos Políticos Registros y Prerrogativas, así como de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral del INE de Baja California Sur, de fechas diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince.

86.          Documentales privadas. Consistente en los escritos de comparecencias de las personas que fueron señaladas por la accionante y requeridas por la autoridad instructora. Las personas señaladas presentaron escritos en los que dieron contestación a los hechos expuestos en la queja, de conformidad a lo siguiente:

87.          Documental pública. Consistente en el oficio IEEBCS-SE-C3201-2021, remitido vía correo electrónico de veintinueve de mayo, a través del cual la Secretaría Ejecutiva del IEEBCS, remite datos de identificación, domicilios y correos electrónicos de las personas denunciadas.

88.          Documental pública. Consistente en el oficio IEEBCS-SE-C0487-2021, de cinco de junio, a través del cual la oficina de la Secretaría Ejecutiva del IEEBCS, remite el expediente administrativo de la promovente[42], asimismo, remite los oficios emitidos por la Contraloria General[43] y la Presidencia de dicho instituto[44], con lo que se informa esencialmente lo siguiente:

         Expediente administrativo a nombre de la denunciante, que contiene: Curriculum Vitae fechado el 03 de febrero de 2015; acuerdo CG-0007-ENERO-2015 emitido por el Pleno del Consejo General en el que se hace la designación como Secretaria Ejecutiva; constancia de número de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; comprobante de domicilio; copia de título de Licenciada en Derecho y cédula profesional; acta de nacimiento, cédula de CURP y de identificación fiscal.

         La Contraloria General del IEEBCS, remite a su vez el oficio CE-IRRBCS-0073/2015, dirigido a la Presidencia del instituto con copia a la citada Contraloria y suscrito por las y los entonces consejeros electorales, en los que se solicita la sustitución de la Secretaria Ejecutiva; asimismo, remite oficio CGE-IEEBCS/062/15 de quince de septiembre.

         Asimismo, la Contraloría General informa que en dicha área no se presentaron escritos o denuncias en contra de la promovente, que hubiese sido suscrita por parte de las y los entonces consejeros electorales hoy denunciados.

         Remite copia de los oficios CE-IEEEBCS-0073/2015 y CGE-IEEBCS/062/15 expuestos en el punto anterior.

3) Pruebas ofrecidas por las y los sujetos denunciados

-Carmen Silerio Rutiaga

89.          Técnica. Consistente en los audios de las sesiones celebradas los días diecinueve y veinte de mayo de 2015, los cuales obran en el expediente.

90.          Documental pública. Consistente en las actas de las sesiones de las Comisiones de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, la cuales obran en autos del expediente.

91.          Documental pública. Consistente en los contratos celebrados entre el IEEBCS y la ciudadana Alba Gabriela Jimenez Ocampo para desempeñar funciones de personal administrativo en el organismo, mismos que obran en el expediente.

-Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz

92.          Documental pública. Consistente en todo lo actuado en el expediente CEDHBCS-VG-LAP-220/2015 instaurado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual obra en los autos del expediente.

93.          Documental pública. Consistentes en declaraciones fiscales y recibió de nomina a su nombre.

- María Karen España de Monserrath Rincón Avena

94.          Documentales públicas. Consistente en lo actuado en el expediente CEDHBCS-VG-LAP-220/2015 instaurado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el desistimiento de esta, lo cual obra en los autos del expediente.

-Hilda Cecilia Silva Bustamante

95.          Documental pública. Consistente en el acuerdo CG-007-ENERO-2015, aprobado el veintiséis de enero de dos mil quince en Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEBCS, mediante el cual se designó a la denunciante como Secretaria Ejecutiva.

96.          Documental publica. Consistente en el expediente administrativo de la denunciante, mismo que obra en autos.

97.          Documental pública. Consistente en el acuerdo INE/CG165/2014 por el cual el INE hizo el nombramiento de consejeras y consejeros electorales del IEEBCS.

98.          Documental Privada. Consistente en copia del acta de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del IEEBCS, de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el cual señala que se acredita el desempeño correcto como consejera y con la que concluye su encargo.

99.          Documental privada. Consistente en copia de la versión estenográfica de dieciséis de marzo de dos mil quince de la sesión extraordinaria del Consejo General, en la cual señala se acreditan las diversas opiniones respecto de los proyectos que se ponen a consideración del pleno.

100.      Documental privada. Consistente en copia de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del treinta de julio de dos mil quince, del Consejo General del IEEBCS, misma que obra en autos.

-Jesús Alberto Muñetón Galaviz

101.      Técnica. Consistente en las videoconferencias de las sesiones de trabajo, sesiones formales y reuniones aportadas en el expediente que le beneficien.

102.      Documental privada. Consistente las actas de sesiones y minutas que correspondan a los audios y videos aportados que le beneficien.

103.      Documental pública. Consistente en la sentencia SRE-PSC-2/2021, emitida por este órgano jurisdiccional.

104.      Documental privada. Consistente en el oficio que la denunciante dirigió al Consejero Presidente del INE que obra en el expediente.

105.      Documentales públicas. Consistente en lo actuado en el expediente CEDHBCS-VG-LAP-220/2015 instaurado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el desistimiento de esta, lo cual obra en los autos del expediente.

106.      Documental privada. Consistente en el escrito signado por el personal de la institución en el que se señalan hechos atribuidos a las entonces consejeras Carmen Silerio Rutiaga e Hilda Cecilia Silva Bustamante.

-Manuel Bojórquez López

107.      Documental pública. Consistente en las actas de sesiones de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de la Comisión de Partidos Políticos, Registros y Prerrogativas del diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, mismas que obran en autos del expediente.

108.      Técnica. Consistente en los audios y videograbaciones de las sesiones de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de la Comisión de Partidos Políticos, Registros y Prerrogativas del diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince, mismas que obran en autos del expediente.

109.      Documentales públicas. Consistente en lo actuado en el expediente CEDHBCS-VG-LAP-220/2015 instaurado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el desistimiento de esta, lo cual obra en los autos del expediente.

III. VALORACIÓN PROBATORIA

110.      Los medios de prueba identificadas como técnicas son únicamente indicios respecto de la existencia mencionada en la denuncia, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3, inciso c), así como 462, párrafos 1 y 3 de la Ley Electoral, y dada su naturaleza, en principio.

111.      Por cuanto hace a las documentales privadas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, en principio sólo generan indicios y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos 461, párrafo 3, inciso b) y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

112.      Finalmente, las documentales públicas cuentan con valor probatorio pleno, únicamente respecto de lo ahí constatado, al ser emitidas por la autoridad electoral, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462 párrafos 1 y 2 de la Ley Electoral.

        Objeción de Pruebas

113.      En la audiencia de pruebas y alegatos, las personas denunciadas objetaron los escritos de quienes comparecieron al procedimiento con motivo de los requerimientos formulados por la autoridad instructora en relación a los hechos materia de la queja, para ello precisaron que dichas pruebas no debían ser admitidas al constituir pruebas testimoniales mismas que carecían de valor ya que no era posible determinar que tuvieran conocimiento de los hechos denunciados por el paso del tiempo, así como señalar que su contenido era insidioso y se emitieron con motivo de la relación laboral y personal de la denunciante.

114.      Al respecto, debe precisarse que de conformidad al artículo 472, párrafo 2[45], de la Ley Electoral, en el procedimiento especial sancionador, no serán admitidas más pruebas que la documental pública y privada, así como la técnica, para ello, se precisa que por cuanto hace a las privadas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

115.      En ese sentido, debe señalarse que, en la audiencia de pruebas y alegatos, la autoridad instructora tuvo por no admitida las pruebas consistentes en las testimoniales ofrecidas por la denunciante, motivo por el cual no forman parte del presenten procedimiento, por lo que resulta inatendible la objeción alegada al no haber prueba de dicha naturaleza en este procedimiento.

116.      Es así que en términos del artículo 462, párrafo 1 de la Ley Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

117.      Por lo tanto, la objeción de las y los denunciados respecto a desechar las pruebas señaladas devienen improcedentes, ya que lo realizan en torno a su alcance y valor probatorio de manera genérica, sin embargo, las documentales privadas consistentes en los escritos presentados por las personas comparecientes al procedimiento, serán analizadas por este órgano jurisdiccional en conjunto con el resto del material probatorio que obra en autos, tomando en cuenta aquellas ofrecidas por los comparecientes para restar el valor probatorio que pretenden y atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas.

IV. HECHOS ACREDITADOS

i) Calidad de las y los sujetos involucrados

118.      Se tiene por acreditado y es un hecho no controvertido, que mediante acuerdo INE/CG165/2014[46], aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE del treinta de septiembre del dos mil catorce, se dio a conocer el listado de las y los ciudadanos que fueron designados para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los organismos electorales públicos locales, así como los periodos de duración en su encargo. Por lo que concierne al presente asunto, se advierte que, para el estado de Baja California Sur, se designaron a las siguientes personas:

ii) Inicio del Proceso Local Electoral 2014-2015

119.      Es un hecho de dominio público y no controvertido por las partes, que el siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio al proceso electoral 2014-2015 de conformidad a lo establecido en el artículo Noveno Transitorio de la Electoral, el cual instituye que por única ocasión los procesos electorales ordinarios federales y locales iniciarían la primera semana del mes de octubre de dos mil catorce, y cuya jornada electoral se llevó a cabo el primer domingo de junio de dos mil quince.

iii) Nombramiento de la promovente

120.      Se tiene por acreditado mediante acuerdo número CG-0007/ENERO-2015[47], que el veintiséis de enero de dos mil quince, se aprobó por unanimidad, la propuesta de la consejera presidenta del instituto electoral local, para designar a la promovente como Secretaria Ejecutiva de dicho instituto. El referido acuerdo en su parte medular señala lo siguiente:

SEGUNDO.- Disposiciones normativas aplicables.- El Artículo 12 de la Ley Electoral del Estado, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto, dicho Órgano de Dirección se integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, un representante de cada uno de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. Solo los Consejeros Electorales tendrán derecho a voto.

(…)

Ahora bien, el artículo 23 de la Ley en comento señala que el Secretario Ejecutivo deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Consejero Electoral, excepto el hecho de haber pertenecido al servicio profesional electoral; dichos requisitos se encuentran previstos en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, la persona que desempeñe el cargo en mención deberá reunir adicionalmente a los requisitos señalados en el precepto legal antes invocado, el perfil idóneo en experiencia y conocimientos en la materia.

(…)

En las relatadas condiciones, la Consejera Presidente de este Órgano Electoral, en uso de la atribución conferida por la fracción VII del artículo 19 de la Ley Electoral del Estado, propone a la Ciudadana promovente, para desempeñar el Cargo de Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, toda vez que a su juicio, del análisis curricular, cumple satisfactoriamente con los requisitos legales señalados en el artículo 100 de la Ley General de la materia, con base a lo siguiente:

       Nació en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur, el 28 de agosto de 1979;

       Cuenta con credencial para votar con fotografía;

       Cuenta con Titulo de Licenciada en Derecho expedido en fecha 30 de marzo de 2009 y Cédula Profesional Estatal número 0000 registrada en foja BCS00000, del libro CSPOOO-0 del Registro de Títulos Profesionales y Grados Académicos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, emitida en fecha 25 de mayo de 2009, y Cédula Profesional Federal número 0000 expedida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, emitida en fecha 05 de febrero de 2010;

       Goza de buena reputación y acredita mediante carta de no antecedentes penales no haber sido condenada por delito alguno;

       No se encuentra inhabilitada para ejercer el cargo conferido;

       No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en los incisos g), h) y j) del artículo 100 de la Ley General de la Materia;

         En virtud de lo anterior se pone a consideración la presente propuesta para su aprobación, dado que la ciudadana (dato protegido) cumple con los requisitos legales antes mencionados para desempeñar el cargo de Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

En tal virtud y por los razonamientos y consideraciones de hecho y de derecho antes vertidas, este Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la C. (dato protegido), como Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Una vez tomada la protesta de la Secretaria Ejecutiva que entra en funciones, por tanto expídase el nombramiento correspondiente.

(…)

El presente Acuerdo se aprobó en Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el 26 de enero de 2015, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales: Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante, Mtra. Carmen Silerio Rutiaga, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz; Lic. Manuel Bojórquez López, y de la Consejera Presidenta, Lic. Rebeca Barrera Amador, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

121.      Al respecto, se debe señalar que de la “Memoria del Proceso Electoral Local en Baja California Sur”[48], mismo que fue certificado por la autoridad instructora, se tiene por acreditado que dicha persona desempeñó el cargo descrito del veintiséis de enero de dos mil quince al once de enero de dos mil dieciséis, al ser este el último día que se tiene registrado en el desempeño de sus funciones.

iv) Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General en las que fungió como Secretaria Ejecutiva

v) Respecto a la contratación de Enyle Atenea Sánchez Ruiz y Alba Gabriela Jiménez Ocampo

vi) Manifestaciones expuestas por Carmen Silerio Rutiaga el cuatro de marzo de dos mil quince en una reunión de trabajo

127.      Sobre el hecho particular, la accionante señala que el día cuatro de marzo de dos mil quince se realizó una reunión de trabajo en la que se encontraban presentes las y los consejeros electorales denunciados Hilada Silva Bustamante, Carmen Silerio Rutiaga, Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Manuel Bojórquez López, además de la consejera presidenta Rebeca Barrera Amador, y el asesor jurídico Rudy Castanier Cruz, así como otras personas.

128.      Al respecto, la denunciante señala que en dicha reunión la entonces consejera Carmen Silerio Rutiaga, públicamente realizó una serie de manifestaciones en su contra y de su trabajo con la intención de denigrar su integridad física, personal, laboral y emocional, además  de señalar que adolecía de los conocimientos y profesionalismo necesarios para cumplir las funciones del cargo, lo anterior, al manifestar “que debía ponerme a trabajar y atender los asuntos y no quedarme ahí parada con cara de momia esperando que la Presidente o alguien más tenga que resolver las cosas.”

129.      Al respecto, al comparecer al procedimiento la Consejera Presidenta y Rudy Castanier Cruz manifestaron haber presenciado las expresiones formuladas por la consejera Carmen Silerio Rutiaga, al exponer lo siguiente:

130.      Asimismo, en la documental privada consistente en el escrito presentado por Reember Ojeda Arce, señaló que no estuvo presente en “esa reunión en particular”, no obstante, tuvo conocimiento del hecho en su momento, tanto por la denunciante y lo comentado por Rudy Castanier Cruz quien se encontraba presente en la reunión.

131.      Por su parte, Julio César Pasos y Patricia Quiñones Davis, manifestaron que no estuvieron presentes en la reunión, pero que tuvieron conocimiento de los hechos al habérselos contado a Rudy Castanier Cruz, quienes reconocen que a dicha persona le constan los hechos al haber estado presente en dicha reunión.

132.      En ese sentido, las comparecencias referidas admiten que no les constan los hechos de manera directa, pero son coincidentes en señalar que Rudy Castanier Cruz se encontraba presente en la reunión señalada quien afirma de manera directa haber presenciado el acontecimiento denunciado, asimismo la consejera presidenta afirma haber presenciado las manifestaciones descritas, lo cual genera un indicio sobre la existencia del hecho a probar respecto a las expresiones que se atribuyen a la entonces consejera.

133.      De igual forma, se advierte que el veintidós de septiembre de dos mil quince, la entonces Secretaria Ejecutiva presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, misma que fue registrada con el número de expediente CEDHBCS-DQ-QF-LAP-220/15, en la que denunció, entre otros hechos, las manifestaciones dirigidas en su contra por la entonces consejera Carmen Silerio Rutiaga, acontecidos el cuatro de marzo, mismos que han quedado descritos, lo cual forma un indicio sobre la existencia del hecho denunciado.

134.      Al respecto los consejeros Jesús Alberto Muñetón Galaviz, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, refiere que por el paso del tiempo no recuerda el hecho particular que se le imputa, no obstante, manifiesta que debe considerarse que intervino en dicha reunión, a efecto de apoyar la conducta en contra de la accionante, de conformidad al escrito que se adjunta en la queja dirigido al presidente consejero del INE, en el que se expuso:

135.      Asimismo, señala que debe desestimarse el escrito de la consejera presidenta y de Rudy Castanier Ramos al tener un vínculo afectivo o social con la accionante, no obstante, tampoco niega que dichas personas estuvieran presentes en la reunión señalada y que las expresiones que se atribuyen a Carmen Silerio Rutiaga, no se hubiesen realizado en el sentido que se hicieron, además de que no aporta algún elemento de prueba para contrarrestar la misma, por tanto su argumento, es insuficiente para desestimar el hecho que se pretende probar.

136.      Al respecto, Manuel Bojórquez López, María España Karen de Monserrath Rincón Avena, Hilda Cecilia Silva Bustamante y Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, negaron la existencia del hecho al señalar que no fueron propios o no recuerdan que hubiesen acontecido de esa manera, sin embargo, no aportan prueba alguna para acreditar lo contrario.

137.      Por su parte, Carmen Silerio Rutiaga, negó haber emitido las expresiones analizadas en este hecho, al manifestar que siempre se dirigió de manera respetuosa a las y los integrantes de las mesas de trabajo, asimismo, objeta de manera general las comparecencias rendidas en el expediente, al señalar que no se desprende que en realidad les consten los hechos a las personas comparecientes, sin embargo, dicha objeción deviene infundada ya que no aporta o desmiente el contenido de los mismos con alguna otra probanza que les reste valor probatorio, al pronunciarse de manera genérica.

138.      Asimismo, Carmen Silerio Rutiaga y las demás partes denunciadas no aportaron elementos de prueba alguna para desvirtuar el dicho de la denunciada y solo se limitaron a negar el hecho señalado, en ese sentido, el juzgar con perspectiva de género implica que la ofendida goza de presunción de veracidad frente a la reversión de la carga de la prueba que le corresponde a las y los denunciados cuando se denuncia VPGM, por tanto resulta válido concatenar los indicios que se obtengan de las pruebas que obran en el expediente para verificar si se acredita el hecho que se denuncia.

vii) Sesiones de la Comisión de Comisión de Partidos Políticos y la sesión de la Comisión de Organización Electoral, del diecinueve y veinte de mayo de dos mil quince.

        Audio y video certificado por la autoridad instructora