Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA por la que se determina la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos que se atribuyen al titular del poder ejecutivo federal y a las personas involucradas que pertenecen a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales. Asimismo, el incumplimiento de la medida cautelar dictada en el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ACQyD-INE-148/2023.

Lo anterior, con motivo de la difusión de la conferencia de prensa matutina de diez de noviembre de dos mil veintitrés[1].

ANTECEDENTES

1.              a) Proceso electoral federal. Del proceso electoral federal 2023-2024 destacan las siguientes fechas:

2.              b) Queja. El trece de noviembre de dos mil veintitrés, el PRD, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del INE, denunció a Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por la presunta transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, y por el presunto uso indebido de recursos públicos. También denunció el incumplimiento a las medidas cautelares dictadas mediante el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ACQyD-INE148/2023.

3.              Lo anterior, derivado de diversas expresiones que emitió durante su conferencia matutina del diez de noviembre del mismo año.

4.              c) Registro, diligencias y reserva de admisión, emplazamiento. A través del acuerdo de once de noviembre, la autoridad instructora tuvo por recibida la queja, misma que se registró con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/1151/PEF/165/2023, reservó su admisión y emplazamiento, aunado a que ordenó que se llevaran a cabo diversas diligencias.

5.              d) Admisión. Mediante acuerdo de quince de noviembre, la autoridad instructora admitió a trámite el procedimiento. Además, desechó la solicitud de medidas cautelares por notoria improcedencia al existir pronunciamiento en el Acuerdo ACQyD-INE148/2023.

6.              e) Emplazamiento y audiencia. El seis de marzo, la autoridad instructora emplazó a las partes a la audiencia de ley que se celebró el doce siguiente.

7.              Turno a ponencia y radicación. En su oportunidad, el magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-138/2024 y turnarlo a su ponencia, posteriormente lo radicó y procedió a la elaboración del proyecto de sentencia conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

8.              Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto al denunciarse la presunta vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda, y uso indebido de recursos públicos por parte del titular de la presidencia de la República derivado de sus declaraciones en una de sus conferencias matutinas y del funcionariado público de la federación relacionado con su difusión; así como el probable incumplimiento de medidas cautelares dictadas en el Acuerdo 148, todo lo anterior, con impacto en el proceso electoral federal 2023-2024[2].

SEGUNDA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

9.              Las causales de improcedencia deben analizarse previamente y de oficio, porque si se configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia por existir un obstáculo para su válida constitución[3].

10.          En el caso, las personas servidoras públicas involucradas aducen la inexistencia de las infracciones, pero no alguna causa de improcedencia que impida el análisis sustancial del asunto, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de alguna, por lo que no existe impedimento para analizar el fondo del asunto.

TERCERA. INFRACCIONES Y DEFENSAS

11.          Las manifestaciones de las partes, así como lo sustentado por estas al comparecer en el procedimiento y lo que se desprende de los requerimientos de la autoridad instructora[4], son las siguientes:

I.                    Infracciones imputadas

El PRD, en su escrito de queja, sostuvo lo siguiente:

        Es un hecho público que Andrés Manuel López Obrador fundó MORENA, y que fue con dicho partido que logró llegar a la presidencia de México en dos mil dieciocho.

        A partir del tres de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó el “ejercicio de comunicación”, llamado popularmente como “las mañaneras”, espacio que utiliza para violar la ley de manera contumaz.

        En su encargo como titular del Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente su deber de cuidado y ha tenido injerencia en todo el proceso electivo de participación que se desarrolle.

        Mediante la conferencia del diez de noviembre de dos mil veintitrés, realizó pronunciamientos de tipo electoral, lo que le está prohibido.

        Con ello, además incumplió con las medidas cautelares dictadas mediante el Acuerdo 148.

        El presidente de México se involucra en temas del proceso electoral federal utilizando recursos materiales, humanos y de difusión de carácter público.

II.                 Defensas

El titular del Ejecutivo Federal, a través de su representante, expuso:

        Su actuar no transgrede los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, toda vez que sus manifestaciones en la conferencia del diez de noviembre se enmarcaron en el desarrollo del ejercicio periodístico.

        Las conferencias de prensa que encabeza constituyen un formato novedoso del modelo de comunicación gubernamental, el cual posibilita abordar temáticas diarias de interés general.

        Está expuesto y obligado a participar en una discusión sobre los temas que son tratados en las conferencias matutinas, en las cuales se abordan temas que no son previamente definidos.

        La conferencia denunciada se basa en el ejercicio de la libertad de expresión, transparencia y rendición de cuentas para hacer efectivo el derecho de las personas a buscar y recibir información de interés público.

        En todo momento, ha observado el principio de equidad, imparcialidad y neutralidad en las contiendas electorales como parte de sus responsabilidades públicas, de ahí que haya tenido especial cuidado para evitar que se utilizaran los recursos públicos a su alcance.

        No incumplió la medida cautelar del acuerdo 148, ni lo ordenado en el acuerdo de quince de noviembre porque no hizo llamamientos expresos al voto en favor o en contra de algún candidato, partido político o coalición.

El director del CEPROPIE, el coordinador de Comunicación Social, y la directora general de Comunicación Digital del presidente de la República, a través de su representante, manifestaron que:

        No han cometido las infracciones que se les atribuyen.

        Las manifestaciones hechas el diez de noviembre por el titular del Ejecutivo Federal se enmarcaron en el desarrollo del ejercicio periodístico.

        Al tratarse de un ejercicio de información presencial e interlocución, las conferencias matutinas posibilitan a los medios de comunicación generar cuestionamientos que, desde su óptica, resulten relevantes para la opinión pública.

        No existe centralidad del mensaje durante el contexto de la conferencia de prensa en cita.

        No obra prueba alguna con la que se demuestre que se hayan dispuesto recursos públicos de forma indebida con el objeto de afectar la equidad de un proceso electoral.

        Se está ante el ejercicio de libertad de asociación, expresión y la emisión de mensajes institucionales de carácter informativo que atienden a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

        La difusión de la conferencia de prensa no tiende a promocionar, velada o explícitamente, a alguna persona servidora pública.

        Acceder, localizar y visualizar el contenido de la conferencia denunciada, requiere de un acto volitivo.

        No cuentan con atribuciones ni capacidades humanas o materiales para controlar y/o calificar la legalidad de las manifestaciones realizadas por los participantes en las actividades públicas del Ejecutivo Federal.

CUARTA. PRUEBAS, VALORACIÓN Y HECHOS ACREDITADOS

I.                    Pruebas y valoración

12.          Los medios de prueba presentados por las partes y los recabados de oficio por la autoridad instructora, así como las reglas para su valoración, se desarrollan en el ANEXO UNO[5] de la presente sentencia, a fin de garantizar su consulta eficaz.

II.                 Hechos acreditados

13.          De la valoración conjunta de los medios de prueba y de la totalidad de constancias que integran el expediente, se tienen por probados y ciertos los siguientes hechos:

i)              El diez de noviembre, en Tijuana, Baja California, se llevó a cabo la mañanera en la que el presidente de la República emitió las expresiones denunciadas[6].

ii)            Dicha conferencia se difundió en: [1] las cuentas de YouTube, Facebook y X[7] del presidente de la República y del Gobierno de México; y [2] el sitio oficial de internet del gobierno de la República[8].

iii)         El CEPROPIE puso a disposición vía satelital el contenido audiovisual que generó[9].

QUINTA. ESTUDIO DE FONDO

I.                    Fijación de la controversia

14.          Se dilucidará si las expresiones del presidente de la República en la mañanera de diez de noviembre de dos mil veintitrés[10] implican o no una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la actual contienda electoral federal, así como si la producción y difusión de dicho ejercicio de comunicación gubernamental constituye o no un uso indebido recursos públicos por dicho titular y las personas servidoras públicas involucradas.

15.          Asimismo, si dichas expresiones configuran o no el incumplimiento de las medidas cautelares establecidas en el acuerdo 148, que, en tutela preventiva, conminó al presidente a no hacer pronunciamientos relacionados con el proceso electoral 2023-2024.

II. Vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos

                     Marco normativo y jurisprudencial aplicable

16.          El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, dispone que las personas servidoras públicas de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

17.          Impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.

18.          La Sala Superior ha determinado[11] que esta disposición constitucional impone deberes específicos a las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, relativos a abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos.

19.          Si bien el precepto constitucional en cita hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral[12].

20.          En este sentido, el artículo 449, párrafo primero, inciso d), de la Ley Electoral, establece como conducta sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento al principio constitucional de imparcialidad antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia.

21.          Así, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo necesario, consistente en que el proceder de las personas servidoras públicas influya o busque influir en la voluntad de la ciudadanía.[13] Esto es, no solo se busca sancionar conductas que por su resultado generen un menoscabo a los referidos principios, sino el que los mismos se puedan poner en riesgo con un actuar indebido. 

22.          Ello se encuentra directamente relacionado a las exigencias del principio de neutralidad que impone a las personas servidoras públicas ejercer sus funciones sin sesgos y en estricto apego a la normatividad aplicable a cada caso, lo cual implica la prohibición de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes.[14]

23.          En el marco de estas obligaciones, existen determinadas personas servidoras públicas que deben observar un especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, para lo cual se debe atender al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas pueden generar dependiendo de los siguientes factores: facultades y capacidad de decisión; nivel de mando; personal a su cargo; y jerarquía.

24.          En el caso de los poderes ejecutivos, se ha hecho una distinción entre sus titulares[15], las personas integrantes de la administración pública[16]:

a.            Las personas titulares del poder ejecutivo federal y local, así como de quienes ostentan las presidencias municipales de los ayuntamientos, la Sala ha establecido que tienen dicha calidad durante todo el período para el cual se les elige (actividades permanentes), por lo cual únicamente pueden participar en eventos proselitistas en días inhábiles.[17]

b.            Las personas integrantes de la administración, deben observar que el poder de mando está reducido al margen de acción dictado por la persona titular del poder ejecutivo, por lo cual cuentan con mayor libertad para emitir opiniones, pero se les impone como límite el no instruir o coaccionar al personal a su cargo o a la ciudadanía que puede sentirse constreñida atendiendo a factores como: número de habitantes, importancia relativa de sus actividades en un determinado contexto y su jerarquía dentro de la administración pública.

25.          Entre más alto sea el cargo, mayor será el deber de cuidado que se debe observar.

26.          La Sala Superior ha destacado que, si bien estas personas se encuentran sujetas al mando de la persona titular del poder ejecutivo, existen algunos cargos que se puede calificar como de alto rango en los que la importancia de sus actividades genera una visibilidad relevante y confiere un importante poder de incidencia en la ciudadanía. A estas personas les son oponibles limitaciones más estrictas y un especial deber de cuidado respecto de conductas que puedan impactar en los procesos electorales, incluido el deber de observar prudencia discursiva en las actividades en que participen, para garantizar los principios de imparcialidad y neutralidad que les son oponibles[18].

27.          En cuanto al poder legislativo, la Sala Superior[19] ha destacado lo siguiente:

c.            Es encargado de la discusión y aprobación de los proyectos de ley o decretos presentados en diversas materias.

d.            En el marco histórico-social, dicho poder es identificado como órgano principal de representación popular. Si bien, en años recientes ha incrementado la presencia de candidatos independientes (apartidistas), su configuración está mayormente basada por representantes de partidos políticos y grupos parlamentarios.

e.            Así, existe una bidimensionalidad en los servidores públicos de este poder pues convive su carácter de miembro del órgano legislativo con su afiliación o simpatía partidista.

f.              Por tanto, derivado de su carácter de afiliado y simpatizante de partido resulta válido interactuar con la ciudadanía sobre la viabilidad en la continuación e implementación de políticas públicas bajo cierta ideología (partidista o política), siendo que este poder público es el encargado de discutir los proyectos de ley.

g.    En modo alguno podría hacer promoción que implique coacción o condicionamientos relacionados con su función parlamentaria.

28.          Las anteriores diferencias entre las funciones y entidades del poder público permiten identificar la existencia de diversos elementos que deben considerarse al analizarse las conductas de las personas servidoras públicas que puedan afectar o incidir injustificadamente en las contiendas electorales: el cargo, el poder público al que se adscribe (poder ejecutivo o legislativo), el nivel de gobierno y la capacidad para disponer por sí mismo de recursos públicos o personal a su cargo; las funciones que ejerce, la influencia y grado de representatividad del Estado o entidad federativa, el vínculo con un partido político o una preferencia electoral, entre otros elementos que permiten generar inferencias válidas de un posible uso indebido de sus funciones públicas.

29.          En esta línea, la Sala Superior se ha pronunciado respecto de la posibilidad de que personas servidoras públicas puedan acudir a eventos de carácter proselitista conforme a lo siguiente[20]:

i)              Existe una prohibición a las personas servidoras públicas de desviar recursos para favorecer a determinado partido, precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular.

ii)            Se ha equiparado al uso indebido de recursos, a la asistencia de dichas personas a eventos proselitistas en día u horario hábil, dado que se presume que su simple asistencia conlleva un ejercicio indebido del cargo, dado que a través de su investidura pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto.

iii)         Todas las personas servidoras públicas pueden acudir en días inhábiles a eventos proselitistas.

iv)         Si debido a determinada normativa, se encuentran sujetas a un horario establecido, pueden acudir a eventos proselitistas fuera de éste.

v)            Las personas servidoras públicas que por su naturaleza deban realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo, sólo podrán asistir a eventos proselitistas en días inhábiles.

vi)         Las personas legisladoras pueden acudir a actos partidistas, siempre que no interfieran en sus actividades.

vii)       Quienes ostentan gubernaturas son personas funcionarias públicas electas popularmente como integrantes y titulares del Poder Ejecutivo de la entidad y su función fundamental es determinar y coordinar la toma de decisiones de la Administración Pública, de manera que no existe base para entender que se encuentran bajo un régimen de un horario en días hábiles, ordinaria y propiamente dicho.

viii)     En todas las hipótesis referidas, existe una limitante a la asistencia en eventos proselitistas para las y los servidores públicos, consistente en no hacer un uso indebido de recursos públicos y tampoco emitir expresiones mediante las cuales se induzca de forma indebida a los electores.

30.          De esta manera, la Sala Superior ha definido distintas hipótesis sobre la posibilidad de las personas servidoras públicas de asistir a un evento proselitista, con lo que se busca evitar un uso indebido de recursos públicos y la contravención de los deberes de neutralidad e imparcialidad que la propia Constitución general les impone.

31.          Por lo que, al estar sustentadas en la protección de otros principios constitucionales rectores de la materia electoral, se trata de restricciones legítimas a las libertades de expresión y de asociación, considerando que hay ciertas condiciones bajo las cuales las personas servidoras públicas sí pueden asistir a ese tipo de eventos.

32.          También cabe reiterar que se ha considerado que el uso de ciertas figuras legales como la solicitud de inhabilitación de jornadas laborables, licencia, permiso, aviso de habilitación sin goce de sueldo, o cualquier otra, a efecto de justificar la asistencia de personas servidoras públicas a actos proselitistas en días hábiles configura un fraude a la ley, debido a que se pretende evadir el cumplimiento de la restricción a la que se refiere la norma constitucional[21].

33.          En ese sentido, el hecho de solicitar licencia, permiso o habilitación sin goce de sueldo para acudir a un acto proselitista no implica que el día sea inhábil, dado que tal carácter no depende de los intereses personales de una persona servidora pública, sino que ordinariamente se encuentra previsto en las leyes o reglamentos aplicables, mismos que contemplan los días no laborables.

                     Caso concreto

34.          El PRD denunció que el presidente de la República en la conferencia matutina de diez de noviembre de dos mil veintitrés emitió diversas expresiones que, desde su óptica, constituyen una intromisión al proceso electoral federal 2023-2024, que inició el siete de septiembre, ya que emitió pronunciamientos de tipo electoral.

35.          Tal circunstancia, aduce el PRD, constituye una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como utilización indebida de recursos públicos.

36.          La videograbación de la conferencia matutina tiene una duración de 2 horas con 23 minutos y 40 segundos, bajo el título “Hoy transmisión en vivo de la conferencia matutina de la presidencia de la república del viernes 10 de noviembre del 2023 en Baja California”[22].

37.          Previo al análisis de las expresiones denunciadas, cabe señalar el contexto de las diversas temáticas que se abordaron en la mañanera de diez de noviembre.

        Al iniciar, el presidente refiere que acaba de terminar la reunión de seguridad y conforme al programa se escuchará a la gobernadora Marina del Pilar, con quien han trabajado en completa coordinación en beneficio del pueblo de Baja California con programas de bienestar y obras públicas importantes incluyendo el tema de seguridad.

        Indica que se trata de recoger los sentimientos de la gente y reconoce que en esa entidad comenzó un movimiento de cambio a favor de la democracia pues fue uno de los estados en donde, a pesar del fraude, ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

        Comenta que hay mucho que agradecerle al pueblo de Baja California porque les ha dado su confianza y no lo van a traicionar; que no se trata de demagogia ni politiquería sino de hechos; que conforme a los datos del INEGI es el segundo estado de la república en donde se redujo más la pobreza y ha mejorado el salario como no sucedía en décadas.

        Refiere que recorrerá con la gobernadora todo el estado y que estarán el próximo domingo en su informe para dejar de manifiesto que Marina del Pilar no está sola, que tiene todo el apoyo del gobierno que representa.

Enseguida, la gobernadora de Baja California expresa:

        Que está muy contenta de recibirlo en una gira histórica por los 7 municipios de Baja California durante los siguientes 3 días y será histórico.

        Que se trata de una entidad que se ha transformado en el más fiel bastión de la Cuarta Transformación de todo el norte del país.

        Que le llena de orgullo anunciar que en los últimos 2 años el porcentaje de la población en situación de pobreza cayó del 22.5% al 13.4% lo cual significa que la política del bienestar impulsada por el presidente se aplica a profundidad y está dando resultados porque ese 9% de reducción significa que hoy hay 339,000 personas en Baja California que en solo 2 años han mejorado su calidad de vida.

Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la defensa nacional:

        Informó sobre la situación de seguridad en el estado, mostrando una presentación en la que indica que el estado tiene 3.78 millones de habitantes en 7 municipios y en 3 de ellos se concentra la mayoría de población que son Tijuana, Mexicali y Ensenada y es donde más aspectos de seguridad hay que atender.

        Menciona que la gobernadora ha asistido al 93% de las reuniones de la coordinación estatal, liderando la mesa de seguridad y desglosa una serie de datos relativos a la incidencia delictiva en la entidad.

Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de seguridad y protección ciudadana:

        Presenta el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que se realizó del diecinueve de marzo hasta el 9 de noviembre dos mil veintidós mediante la instalación de módulos.

Luego, el presidente anuncia que inician las preguntas de las personas de la prensa y en el marco de esas intervenciones emite las expresiones denunciadas, que enseguida se muestran.

38.          Corresponde determinar si el presidente de la República vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, mediante las palabras que utilizó en su intervención en la conferencia matutina de diez de noviembre realizada en Tijuana, Baja California.

39.          A su vez, si, como consecuencia de lo anterior, la producción y difusión de dicha conferencia implicó la utilización indebida de recursos públicos.

40.          Asimismo, si con ello se incumplieron las medidas cautelares dictadas en el Acuerdo 148.

41.          En principio, cabe reiterar que las expresiones denunciadas se emitieron en el marco de una conferencia matutina a respuesta de una pregunta de un reportero, de ahí que se deba analizar si las mismas se encuentran amparadas o no por la presunción de licitud que recae a los ejercicios periodísticos[24], ya que frente a dicha presunción está también la obligación de prudencia discursiva que aplica para el titular del ejecutivo federal.

42.          Al respecto, se advierte que el reportero hace referencia a que en esa fecha se daría a conocer quiénes serían las personas coordinadoras para la defensa de la Cuarta Transformación en los diversos estados de la república y que la senadora Lucy Meza[25] renunció a la bancada de Morena y le pregunta cuál sería su mensaje en un escenario en donde hay matices de ruptura cuando una persona no se ve favorecida por la encuesta.

43.          En contestación a ese cuestionamiento, el presidente de la República precisa que se trata de un tema electoral y que hay temporada de aspirantes a candidaturas y campañas pero lo que debe pensar si es que la gente tiene más conciencia, más politización y la gente se va a fijar en 3 cosas:

44.          Primero, en el programa; si el programa que postula a un candidato contempla beneficiar al pueblo. En ese sentido cuestiona “¿ustedes creen que los del PAN están muy a gusto satisfechos con el apoyo a adultos mayores? si de ellos dependiera lo hubiesen quitado porque su mentalidad conservadora los lleva a pensar que eso es paternalismo, que eso es populismo”.

45.          Abunda diciendo que cuando Fox era presidente y él era jefe de gobierno de la Ciudad de México e inició ese programa, declaró que estaba mal que se apoyara a los adultos mayores, que había que ponerlos a trabajar, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y merezca vivir con pequeña holgura, pero que esa mentalidad conservadora domina y tiene que ver con los partidos.

46.          Luego pregunta: entonces ¿cuál es el programa? y “¿Tú, que estuviste 36 años en el gobierno y nunca aumentaste el salario de los trabajadores, me vienes a decir ahora que tu programa va a contemplar mejoras salariales?” y declara: “Pues hay que empezar a buscar al tonto que se los crea”.

47.          Concluye la idea reiterando: entonces, primero es el programa.

48.          En segundo lugar, indica el presidente, el candidato, la candidata y pregunta “¿Quién es? ¿Tiene convicciones, tiene principios, tiene ideales o es un arribista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo y en una de esas para hacerse grande con la riqueza mal habida?”

49.          Luego reitera, eso es lo segundo, “¿quién es?, ¿de dónde viene?, ¿le tiene respeto y amor al pueblo o son de esos que nada más van a campaña, abrazan, saludan y ya no vuelven a visitar a la gente ni hacer nada por la gente, nada, nunca tienen tiempo para escuchar a la gente ya una vez que tienen el cargo? Eso es lo segundo.

50.          Enseguida refiere el tercer punto: “¿qué partido?, ¿de dónde viene el partido?, ¿cómo surgió el partido?”

51.          Al respecto menciona que, por ejemplo, el PAN, nació en 1939, durante el gobierno del general Cárdenas, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas y crearon ese partido porque estaban en contra de la política del reparto agrario que llevó a cabo el general Cárdenas, que el PAN surgió en contra del ejido y en contra de la educación pública (y hay que decirlo para que los maestros tengan esos antecedentes) que el PAN se opone, todavía, a los libros de texto gratuito.

52.          Continúa el presidente indicando que también se opusieron a que se recuperara el petróleo, que estaba en manos de extranjeros.

53.          Luego, recapitula: programa, candidato o candidata y partido, y que la gente tenga la información y decida libremente.

54.          También refiere el presidente, que nada de manipulación que “quieren inflar con la publicidad a candidatos” y pregunta ¿Cuánto nos ha costado eso? ¿Cuánto daño han causado con la publicidad, engañando?, comenta que “Introducen a un candidato al mercado como si se tratara de introducir un producto chatarra, un detergente, un Maestro Limpio o un alimento de esos que hasta dañan la salud, pero como es mucha publicidad así los encumbran para engañar a la gente”.

55.          Enseguida, el presidente aporta su opinión refiriendo que afortunadamente eso ya no funciona, “porque el pueblo es mucha pieza, ya hay mucha politización”, “El pueblo de México es de los pueblos más conscientes en el mundo, es donde hay menos analfabetismo político del mundo”.

56.          A continuación, menciona que, en Estados Unidos, hay mucha manipulación en Estados Unidos de los medios, como el New York Times, Washington Post y las grandes cadenas de televisión, que hacen encuestas en las que le dicen a la gente que los migrantes son los que traen la droga a Estados Unidos.

57.          Sobre el tema destaca que estando en la zona fronteriza, se dirige al público y pregunta ¿Para eso van los migrantes a Estados Unidos? Y responde: “Van a trabajar, van a buscarse la vida. No van, todos los que pasan, que llevan droga, pero esa es la creencia, porque los medios están dale y dale y dale con lo mismo. Y ya conocemos la técnica hitleriana de Goebbels, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”.

58.          Enseguida, el presidente reitera que eso no pasa en México, que “el pueblo de México es mucha pieza, no se deja manipular y ahora menos”; “antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información, de manipulación, cerrado completamente, nada más daban a conocer lo que les convenía. Ahora no, ahora cada ciudadano es un medio de comunicación, porque existen las redes sociales y todos participan, se enteran, hay debate, hay comunicación, es decir, hay mensajes de ida y vuelta, esa es la comunicación. Antes no, era nada más lo que querían sembrar. Entonces, sí vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos. Y hay que tenerle confianza a la gente, porque también eso es importante.”

59.          Luego, bajo la pregunta “¿Antes cómo se elegía?”, que formula el propio presidente, contrasta que antes se elegía por “dedazo” y que si se hubiera seguido por esa ruta la gobernadora no lo sería, ni tampoco él sería presidente.

60.          Reitera que antes, desde la época de Porfirio Díaz, el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores; y los gobernadores a los presidentes municipales y los diputados locales. Era un esquema de “dedazo”, el ‘destape’, la ‘cargada’, el besamanos, etcétera” y expresa su opinión indicando que “eso ya se terminó”.

61.          En ese punto, menciona el presidente, que ahora algunos partidos “hacen encuestas a ver quién está mejor y es la gente la que decide”.

62.          A su vez, manifiesta el presidente, que quien se inconforma tiene derecho a protestar y que hay varios partidos “que no tienen mucho personal”, “ya es gente que no da confianza”.

63.          Insiste, en que la gente está muy despierta y hay libertad para que todo mundo se exprese, se manifieste, y “al final pues es el pueblo el que va a decidir con su voto libre, secreto, eso es lo otro, sin usar presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sin entregar migajas, nada de frijol con gorgojo, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos”.

64.          Enseguida, pregunta el presidente, “¿Se acuerdan las tarjetas que entregaban, Monex, Soriana, por los votos? Solamente volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos, ahí andaban haciéndole la barba a la gente porque necesitaban los votos, y ofreciendo: Les vamos a hacer el puente…Pero si no hay río…Les hacemos el río”.

65.          Y concluye, sosteniendo que eso ya no funciona y “Vamos a esperar qué sucede”.

66.          Como se observa, a pregunta de un reportero, respecto a su opinión sobre los nombramientos de coordinadores de la Cuarta Transformación y de la renuncia de Lucy Meza al grupo parlamentario de Morena, el presidente reconoce que se trata de un tema electoral y luego emite su opinión sobre los aspectos que debe tomar en cuenta la ciudadanía sobre el tema.

67.          En ese sentido, considera que se deben tomar en cuenta tres aspectos: 1. El programa (si el programa busca beneficiar al pueblo); 2. El candidato, (si tiene convicciones, principios e ideales) y 3. el partido (cuál es, de dónde viene, cómo surgió).

68.          Para explicar estos aspectos, el presidente destaca y cuestiona a otras fuerzas políticas y circunstancias históricas, para luego establecer que eso ya no sucede por el nivel de politización del pueblo mexicano.

69.          Concretamente, utiliza como ejemplo el caso del PAN para argumentar que esa corriente, a la que llama conservadora, está en desacuerdo con la existencia de programas sociales, como el apoyo a adultos mayores, porque lo consideran populismo, además alude a que el expresidente Fox declaraba estar en contra de que se implementaran, pero que desde su perspectiva las personas mayores han trabajado toda la vida y merecen vivir con cierta holgura.

70.          También expresa que no es creíble que se diga que se van a procurar mejoras salariales cuando durante 36 años que estuvieron en el gobierno no aumentaron el salario mínimo, manifestando que habría que buscar un tonto que lo crea.

71.          Igualmente, distingue otros momentos políticos en los que el método de elección de candidaturas era “el dedazo”, aludiendo que ello ocurría desde Porfirio Díaz y refiere que eso ya no sucede, que ahora hay partidos que eligen a través de encuestas y que quien esté inconforme tiene derecho a expresarse.

72.          Por último, reitera que la gente ahora está muy despierta y ya no acepta migajas, que se vota de manera libre y secreta y ya se verá que sucede.

73.          Los mencionados argumentos, en consideración de esta Sala Especializada, configuran referencias directas a temas de índole electoral emitidas por el titular del poder ejecutivo federal y no un ejercicio periodístico.

74.          Lo anterior, porque si bien se hicieron para dar respuesta al cuestionamiento de un reportero, excedieron el ámbito de prudencia discursiva que corresponde a un servidor público de ese carácter.

75.          Esto es, se trató de expresiones que no son propias de un ejercicio de comunicación institucional como el que se debe observar en las conferencias matutinas de dicha persona del servicio público.

76.          Ello porque sus palabras no contienen información de interés público para la ciudadanía, sino la opinión del funcionario público sobre temas electorales incluyendo sus recomendaciones sobre lo que las personas deben tomar en consideración para emitir su voto: el programa, el candidato o candidata y el partido político.

77.          Además, al emitir su opinión expone que otras fuerzas políticas no impulsarían los programas sociales. En ese sentido, se expresa del PAN, bajo el mote de “conservadores” y poniendo como ejemplo a un expresidente de la República que emanó del mismo.

78.          Asimismo, expresa que nadie creería (habría que buscar un tonto que lo crea) que quienes gobernaron durante 36 años y no subieron el salario mínimo, procurarán mejoras salariales.

79.          Destaca cómo se elegía a las candidaturas diciendo que antes (desde Porfirio Díaz), se hacía por dedazo pero ahora hay otras formas, como el método de encuestas, que es un procedimiento que fue utilizado por Morena en el presente proceso electoral para sus candidaturas a cargos federales y locales.

80.          Asimismo, declara que quien se inconforma con el resultado de las encuestas tiene derecho a protestar y que hay varios partidos “que no tienen mucho personal” porque es gente que no da confianza.

81.          Alusiones que, claramente, no guardan relación con una rendición de cuentas por parte del titular del ejecutivo federal sino que exponen su postura respecto de diversas fuerzas políticas (los conservadores y quienes gobernaron durante treinta y seis años) así como respecto a que la situación ha cambiado porque ahora el pueblo de México tiene madurez política y mayor libertad para informarse y expresarse mediante las redes sociales y la inexistencia de control sobre los medios de comunicación.

82.          En consecuencia, al tratarse de manifestaciones de índole electoral, se considera que el titular del Ejecutivo Federal vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, en detrimento del proceso electoral federal 2023-2024.

83.          Esto, porque el artículo 134 de la Constitución le impone al presidente de la República la obligación de aplicar, en todo tiempo, con imparcialidad de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad (materiales y humanos), sin influir en la competencia entre los partidos políticos.

84.          Así, al haberse dado las expresiones ya iniciado el proceso electoral resultaba de especial relevancia que el presidente de la República actuara con mesura y autocontención en sus manifestaciones, para evitar que alguna influencia oficial interfiriera en las preferencias electorales.

85.          Bajo esas consideraciones, se advierte que las expresiones fueron de naturaleza electoral y tuvieron un impacto en el proceso electoral federal 2023-2024, lo cual es contrario a la prohibición que tiene el mandatario federal de intervenir de manera directa en las elecciones, mediante el uso de este tipo de manifestaciones.

86.          Esto, porque las expresiones, que se califican como de naturaleza electoral, fueron difundidas, cuando menos, a través de las redes sociales y plataformas digitales del presidente de la República (Facebook, X, YouTube y presidente.gob.mx), lo cual pudo generar una influencia indebida y un impacto en la ciudadanía que recibió esa información.

87.          Por otro lado, la parte denunciante refirió que existió una utilización indebida de recursos públicos por la intromisión del presidente en temas electorales en la conferencia matutina de uno de diez de noviembre.

88.          Este tema, como se señaló, encuentra su fundamento en el citado artículo 134 constitucional, que refiere el uso correcto de los recursos públicos que disponen las personas servidoras públicas, al imponer deberes específicos que las obliga a observar un actuar imparcial en su uso, con la finalidad de tutelar la equidad en la contienda y evitar su influencia en la competencia entre los partidos políticos.

89.          En cuanto al supuesto uso indebido de recursos públicos que se atribuye a las personas servidoras públicas involucradas, es importante resaltar que el hecho de haber tenido por acreditada la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad por parte del presidente de la República nos lleva a señalar que los recursos públicos que se hubieran empleado para la organización y difusión de la mañanera de diez de noviembre de dos mil veintitrés, actualizarían esta infracción.

90.          En este sentido, de los elementos que obran en autos se advierte lo siguiente:

a)            El director del CEPROPIE informó que para realizar las tareas asociadas a poner a disposición la señal para la transmisión de dicha conferencia matutina participaron veintidós personas de dicha institución[26].

Asimismo, cabe destacar que dicho Centro es el generador del contenido o material audiovisual que, como se indicó, puso a disposición de la Coordinación de Comunicación Social quien se encargó de difundirlo en Facebook, YouTube, X y el sitio de internet oficial del Gobierno de México.

b)           El coordinador de comunicación social señaló que de la coordinación a su cargo participaron en las labores asociadas a la referida conferencia siete personas, lo cual pone de manifiesto el uso de recursos humanos.[27]

c)            Asimismo, en términos del artículo 31 fracción IX del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, la Dirección General de Comunicación Digital del presidente de la República tiene la atribución de administrar las plataformas digitales de esa oficina[28] y el sitio oficial de internet del Gobierno de México, lo administra el jefe de departamento la Coordinación de Comunicación Social[29].

91.          Lo anterior implica tanto el uso de recursos humanos respecto de las personas servidoras públicas administradoras de las cuentas señaladas, como el uso de recursos materiales correspondientes a las plataformas virtuales en que se llevó a cabo la difusión anunciada.

92.          Esto, porque de los elementos de prueba que obran en autos, en específico lo manifestado por CEPROPIE se obtiene que participaron veintidós personas y siete de la Coordinación de Comunicación Social (veintinueve en total) para la organización del evento y que este número es variable ya que deben cubrir funciones de producción, dirección, transmisión, auxiliares y técnicos.

93.          Aunado a lo anterior, de las pruebas que obran en el expediente se obtuvo que Martha Jessica Ramírez González, directora general de comunicación digital es quien administra las plataformas oficiales del presidente dentro de redes sociales (entre ellas las denunciadas).

94.          En consecuencia, también es existente el uso indebido de recursos públicos, concretamente recursos humanos y materiales, por parte del titular del Ejecutivo Federal y las personas funcionarias públicas encargadas de la organización, producción y difusión de la conferencia de prensa denunciada, al haberse acreditado que existió una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad y equidad, en detrimento del proceso federal 2023-2024, vulnerando lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, puesto que la conferencia matutina denunciada transgredió los parámetros constitucionales y se destinaron recursos humanos y materiales para su difusión.

95.          Por tanto, si para la organización del evento denunciado se utilizaron recursos federales, entendiendo por éstos los recursos humanos y materiales que tiene a su disposición debido al cargo que ocupa, se desprende que no se usaron con objeto de difundir información de interés público o transparentar la gestión gubernamental, lo que sería propio de la finalidad de estos ejercicios comunicativos.

III. Incumplimiento de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva

    Marco normativo y jurisprudencial aplicable

96.          Las medidas cautelares son actos procedimentales que se emiten a fin de que lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción en materia electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral hasta en tanto se emita la resolución o sentencia en los procedimientos correspondientes[30].

97.          Así, las medidas cautelares constituyen mecanismos que buscan prevenir que se consumen afectaciones a las reglas y principios que rigen el desarrollo de procesos electorales, de modo que no se puedan remediar con posterioridad.

98.          Dentro de las medidas que la Constitución prevé que se pueden dictar en los procedimientos especiales sancionadores se encuentra la orden de suspender o cancelar de forma inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley[31].

99.          En ese sentido, la Ley Electoral dispone que cuando la autoridad instructora considera necesaria la adoptación de medias cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión del procedimiento[32].

100.      En esta línea, la Sala Superior ha definido que el probable incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en procedimientos especiales sancionadores, deben conocerse en el mismo procedimiento o en otro de igual naturaleza.

101.      A su vez, respecto de la tutela preventiva, la Sala Superior ha establecido que[33]:

               Se concibe como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.

               Se dirige a la prevención de los daños, motivo por el cual busca que quien potencialmente puede causar un daño se abstenga de realizar una conducta que a la postre puede resultar ilícita o que dicha persona adopte algún tipo de precaución que disipe el riesgo de que el daño se produzca.

               Pide un comportamiento específico respecto a una obligación que ha sido incumplida, pero que no ha causado daño aún, por lo que, de manera cautelar, se solicita la prevención de un daño inminente.

               No solo consiste en abstenerse de realizar una conducta o comportamiento que cause daño, sino en adoptar las medidas de precaución necesarias para que ese daño no se genere.

               Se concibe como una tutela contra el peligro de práctica, de continuación o de repetición del ilícito, por lo que su función es prevenir el ilícito entendido como un acto contrario a una norma regulativa de mandato, esto es, la acción o conducta (activa o de omisión) susceptible de ser calificada como obligatoria o prohibida.

a)    Caso concreto

102.      Como se adelantó, la UTCE emplazó a las personas servidoras públicas involucradas en la causa por el posible incumplimiento de las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, contenidas en el Acuerdo 148[34].

103.      Previo a determinar si se actualiza o no la infracción objeto de análisis, resulta necesario retomar los efectos de dicha determinación, siendo los siguientes:

[…]

Este órgano colegiado considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta procedente el dictado de una medida cautelar bajo la modalidad de tutela preventiva, por advertirse una situación fáctica objetiva que revela la comisión de conductas posiblemente antijurídicas, cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro, a fin de que no se violen de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo, incluso previo al inicio del proceso electoral, como lo es la imparcialidad y neutralidad con la que deben conducirse las personas del servicio público, de conformidad con los siguientes argumentos:

[…]

Con base en lo anterior, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho a las manifestaciones vertidas por el Titular del Ejecutivo Federal en las conferencia de prensa matutina del pasado veintiséis de julio del año en curso, se advierte que el titular del Ejecutivo Federal realizó manifestaciones claras relacionadas con el proceso electoral federal 2023-2024, próximo a iniciarse, al hacer clara referencia a las preferencias electorales para la elección de la Presidencia de la República, referir a su partido político, sus aliados y a los que se ubican como oposición, ello al señalar dos encuestas en donde se analiza tal circunstancia.

Al respecto, este órgano colegiado considera que, bajo la apariencia del buen derecho, y como ya ha sido previamente analizado, las expresiones antes transcritas no tienen cobertura jurídica, toda vez que hace alusión a frases o expresiones que permiten llegar a la conclusión que se está refiriendo a los procesos internos de los partidos políticos de oposición y al proceso electoral federal 2023-2024.

En efecto, el Ejecutivo Federal utilizó frases como las siguientes: “transformación del país”, “encuestas” “oligarquía”, “democracia”, “no hay fenómeno político que pueda frenar la transformación”, “elecciones”, “si las elecciones para presidente de la República fueran hoy…” “MORENA”, “Verde”, “PT”, “PRI”, “PAN”, “PRD”, “Movimiento Ciudadano” “posibles candidatos”.

Como se advierte, el denunciado hace pronunciamientos expresos sobre el proceso electoral federal 2023-2024, sobre su movimiento de “transformación”, sobre las preferencias electorales para la elección de la Presidencia de la República. En tal sentido a partir de sus afirmaciones, es viable concluir, bajo la apariencia del buen derecho, que se está en presencia de declaraciones de naturaleza electoral.

[…]

En consecuencia, esta Comisión considera que existe un riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente pues, el servidor público denunciado, pese a haber sido conminado por este órgano colegiado, e incluso por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de diversas sentencias emitidas por la autoridad jurisdiccional y derivadas de los medios de impugnación que en su momento se han promovido, ha continuado realizando pronunciamientos de índole político y electoral de forma reiterada, lo que podría vulnerar la equidad en los procesos electorales próximos a iniciar e influir en la ciudadanía.

Expuesto lo anterior, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que es procedente el dictado de medidas cautelares, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad[35].

[…]

104.      Cabe recordar que las medidas cautelares previstas en el Acuerdo 148 se emitieron el veintiocho de julio y fueron confirmadas por la Sala Superior mediante resolución al expediente SUP-REP-290/2023, emitida el once de agosto.

105.      Asimismo, se tiene presente que de conformidad con el criterio de dicha superioridad, sostenido en la resolución al expediente SUP-REP-64/2023 y acumulado, el derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos, en especial los de alto rango, durante el ejercicio de sus funciones, tiene que ceder en ponderación a su deber de cuidado y observancia a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad durante la realización de procesos electorales, máxime que sus actividades deben estar dirigidas a dar cumplimiento a sus obligaciones en ejercicio del desempeño del cargo, y no al debate político.

106.      En ese contexto, cabe destacar que las manifestaciones que se analizan en la presente sentencia se emitieron por el presidente de la República el diez de noviembre, esto es, tres meses después de la determinación de Sala Superior que confirmó el dictado de las medidas cautelares y dentro del proceso electoral inmediato siguiente a su dictado, que inició en septiembre.

107.      De ahí que, en consideración de esta Sala Especializada no se está dando un efecto permanente o ilimitado a sus efectos, sino que se está aplicando a una situación razonablemente inmediata que da eficacia al objetivo de su tutela.

108.      Precisado lo anterior, se considera que, en el caso, este órgano jurisdiccional determina que el presidente de la República incumplió las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva contenidas en el Acuerdo 148, ya que, como se analizó en apartados anteriores, dicho servidor público al realizar manifestaciones de índole electoral en el marco del proceso electoral 2023-2024, vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad.

109.      Es decir, incurrió en la conducta que la medida cautelar[36] le prohibió realizar, respecto del mismo proceso electivo y en circunstancias muy similares.

110.      Ello porque, el presidente de la República, en una de sus conferencias matutinas, como el caso del expediente en que se dictaron las medidas cautelares cuyo incumplimiento se analiza, realizó pronunciamientos de índole electoral.

111.      En efecto, emitió su opinión sobre los aspectos que la ciudadanía, desde su perspectiva, debe tomar en consideración para emitir su voto: programa, candidato o candidata y partido político.

112.      Además, expresó sus consideraciones respecto de condiciones políticas históricas y de fuerzas políticas que calificó como conservadoras o que han gobernado en el pasado, sosteniendo que están en contra de la implementación de programas sociales y hacer mejoras salariales.

113.      También se pronunció sobre las formas de elección de candidaturas y sostuvo que antes se hacía por dedazo y ahora se utilizan otros métodos, como las encuestas.

114.      Asimismo, concluyó que el pueblo de México ahora tiene un grado de politización mayor gracias a las redes sociales y la falta de control respecto de los medios de comunicación, por lo que ya no se le manipula.

115.      Comentarios que, como se ha determinado, configuraron vulneración a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como uso indebido de recursos públicos.

116.      Todo lo anterior, con influencia en el actual proceso electoral federal, como le fue prohibido en el Acuerdo 148.

117.      No obsta a esa conclusión el que se hubiera referido a temáticas que pueden considerarse distintas a las que se analizaron en el procedimiento UT/SCG/PE/PAN/CG/603/2023 y acumulado en el que se dictaron las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, cuyo incumplimiento ahora se estudia, pues no se trata de que hubiera reiterado las mismas expresiones, sino lo relevante es la coincidencia discursiva, propósito comunicativo o finalidad electoral que presentan, siendo reprochables tales expresiones en la medida que el efecto de la concesión de la medida cautelar fue precisamente que el Presidente se abstuviera de emitir todo tipo de alusiones con connotación electoral, dada la relevancia de sus declaraciones a partir de su investidura[37].

118.      En este punto, como se ha destacado, es claro que el presidente de la República se pronunció sobre el rechazo de otras fuerzas políticas a la implementación de programas sociales, los aspectos que deben considerar las personas electoras (programa, candidatura y partido), hizo referencias críticas sobre cuestiones históricas de los partidos políticos y gobernantes y manifestó su postura en el sentido de que las circunstancias han cambiado y la madurez política del pueblo mexicano ya no permite su actuar irregular (designaciones por dedazo, entrega de bienes o promesas de obras públicas a cambio del voto, por ejemplo), con la intención de obtener el apoyo de la ciudadanía y con ello influir en las tendencias de votación del proceso electoral que actualmente se desarrolla.

119.      De ahí que se configure la existencia de una transgresión por parte del presidente de la República a las limitaciones que se le impusieron en el Acuerdo 148 y con ello se actualice su incumplimiento.

120.      Por otra parte, se determina la inexistencia de la infracción de mérito que se atribuye a al Coordinador de Comunicación Social, director del CEPROPIE y a la directora general de comunicación digital del presidente, tomando en consideración que el emisor de las expresiones que actualizaron el incumplimiento de las medidas cautelares analizadas fueron emitidas por el titular del Ejecutivo Federal.

SEXTO. Responsabilidad y vistas

121.                Una vez que ha quedado establecido que las personas servidoras públicas vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad y usaron indebidamente recursos públicos, además de que se acreditó el incumplimiento de las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, deberá señalarse su responsabilidad, en los términos siguientes:

a)    Responsabilidad del presidente de la República

122.           De acuerdo con las consideraciones precedentes, se acreditaron las infracciones atribuidas al titular del Ejecutivo Federal, toda vez que dicha persona fue quien emitió las expresiones que vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que usó indebidamente recursos públicos e incumplió las medidas cautelares establecidas en el Acuerdo 148, al vincularse con manifestaciones electorales en detrimento del proceso electoral federal 2023-2024.

123.           Aunado a lo anterior, dicho servidor público es responsable por la difusión de las manifestaciones en los perfiles de YouTube y Facebook, conforme a la información proporcionada por el coordinador general de comunicación social y vocería del Gobierno de la República, además de que la difusión de la conferencia se llevó a cabo a través de plataformas oficiales del presidente de la República, así como por plataformas oficiales del Gobierno de México que representa[38].

124.           En ese entendido, al ser el titular del Ejecutivo Federal, se determina que es el responsable del contenido que ahí fue difundido, en el caso concreto, las manifestaciones de la conferencia mañanera de diez de noviembre.

125.           Ahora bien, el artículo 457 de la Ley Electoral establece, entre otros aspectos, que cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esa Ley, se debe dar vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

126.           En el caso que nos ocupa, esta Sala Especializada advierte que esta disposición no resulta aplicable al presidente de la República, por las razones siguientes:

i)                   En términos de los artículos 49 y 89 de la Constitución, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Judicial y Ejecutivo, depositándose este último en un solo individuo, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ii)                Esta situación impide la existencia de algún superior jerárquico, sobre todo, ya que se trata de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

iii)              Cabe mencionar que esta circunstancia, en donde el titular del Poder Ejecutivo Federal no tiene persona superior jerárquica ni tampoco existe un mecanismo de contrapeso con otro Supremo Poder para hacer efectivo y funcional el régimen administrativo sancionador electoral, es exclusivo de ese poder y de la Federación[39].

iv)              Asimismo, esta Sala Especializada advierte que ni la Constitución ni la Ley Electoral establecen un catálogo o una sanción específica para el titular del Poder Ejecutivo Federal por violación directa a la prohibición de difundir propaganda gubernamental en tiempo prohibido.

v)                Cabe destacar que, al analizar las disposiciones constitucionales, se advierte que el artículo 111, párrafo cuarto de la Constitución, contempla un régimen especial para sancionar a la persona titular del Poder Ejecutivo. Así, el artículo citado señala que las acusaciones penales ante la Cámara de senadoras y senadores se resolverán con base en la legislación penal aplicable. Que cabe mencionar que con la reforma realizada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno al artículo 108 párrafo segundo de la Constitución[40], se precisó que el servidor público en cuestión podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

127.           En este sentido, el régimen constitucional sancionador mencionado, es únicamente aplicable en los casos relacionados con ilícitos penales, lo cual no lo excluye de responsabilidad como servidor público como en el caso sucede al vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que usó indebidamente recursos públicos, con sus manifestaciones.

128.           Lo anterior, toda vez que ese actuar constituye una violación directa al ordenamiento constitucional que, precisamente, dicho funcionario público protestó guardar al asumir el cargo, dado que la norma prohibitiva presenta el mismo grado de primacía que le confiere dicho privilegio.

129.           Al respecto, al resolver el SUP-RAP-119/2010 y acumulados, la Sala Superior también ha señalado que la ausencia de sanción no convierte en lícita o ajustada a Derecho una conducta o un proceder contrario a la Constitución, lo cual conforme a lo argumentado, abona a que en efecto el presidente de la República, no puede ser sujeto a juicio político o a un régimen de responsabilidad de tipo administrativo, por una violación directa a la prohibición establecida en el segundo párrafo del Apartado C de la Base III del artículo 41 de la Constitución; ni tampoco podría sancionársele en razón de que la Ley Electoral, omite el señalamiento de algún tipo de sanción para el caso concreto.

130.           Cabe señalar que el presidente como titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene un deber especial de cuidado en el ejercicio de sus funciones.

131.           Precisado lo anterior, de conformidad con lo decidido por esta Sala Especializada al resolver los expedientes SRE-PSC-80/2021, SRE-PSC-108/2021, SRE-PSC-152/2021, SRE-PSC-73/2023 y SRE-PSC-83/2023, así como de la Sala Superior en los diversos SUP-REP-243/2021 y SUP-REP-240/2023 y acumulados, debe analizarse la responsabilidad de las personas involucradas en atención a su participación, toda vez que las expresiones del titular del Ejecutivo Federal en la conferencia denunciada vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que se usaron indebidamente recursos públicos y se incumplieron las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva.

b) Responsabilidad del director del CEPROPIE

132.           De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, el CEPROPIE es un órgano administrativo desconcentrado que está adscrito a la Presidencia de la República[41] que se encarga, entre otras cuestiones, de coordinar y vigilar las grabaciones en video de las actividades públicas del titular del Poder Ejecutivo Federal, para poner a disposición de los medios de comunicación la materia audiovisual que se genere, a través de la señal satelital abierta para su libre uso.

133.           De igual forma, proporciona una adecuada y oportuna cobertura de las actividades del presidente de la República, mediante la coordinación y el establecimiento de convenios para la recepción y envío de las señales de televisión correspondientes.

134.           En el caso, esta Sala Especializada considera que el director del CEPROPIE es responsable por la vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que usó indebidamente recursos públicos, al poner a disposición de los medios de comunicación la señal satelital abierta de la referida conferencia matutina, en la que se hicieron las declaraciones de índole electoral que se han analizado, relacionadas con las recomendaciones del Presidente de la República sobre los aspectos que deben tomar en cuenta las personas (el programa, la persona candidata y el partido postulante), así como las referencias históricas y críticas sobre las diferentes corrientes políticas.

c) Coordinador general de comunicación social y personas vinculadas a esta (directora de comunicación digital)

135.           La Coordinación de Comunicación Social es el área encargada de la logística para organizar y celebrar las conferencias matutinas del presidente de la República, así como difundir su contenido en las plataformas oficiales de éste y del Gobierno Federal.

136.           En la especie, se acreditó que, si bien dicha unidad administrativa no interviene en el contenido de los mensajes ni en el material de apoyo que se utilizan en las conferencias matutinas, lo cierto es que en términos del artículo 31, fracción IX del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, se encarga de dirigir la estrategia de comunicación social de dicha oficina, así como administrar sus plataformas oficiales.

137.           Sobre este punto debe mencionarse que, tal y como quedó acreditado en el expediente, la conferencia de prensa matutina del presidente de la República es difundida en diversas plataformas digitales dirigidas y administradas por la Coordinación de Comunicación Social.

138.           Por lo anterior, como titular de la Coordinación tenía la obligación de revisar y verificar que la información que se iba a difundir en las plataformas electrónicas o de redes sociales de la Presidencia no tuviera declaraciones que implicaran una violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, lo cual no sucedió en el presente asunto.

139.           Además, también resultan responsables la directora de comunicación digital, administradora de las cuentas de YouTube, Facebook, X, y la página oficial de Internet del presidente de la República, administrador de las cuentas de YouTube, Facebook y X, al ser las personas encargadas de manejar las cuentas del presidente y las oficiales del Gobierno de la República en las que se difundió la conferencia controvertida.

140.           Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social es el responsable del área que tiene a su cargo la administración de las plataformas digitales oficiales[42] a través de las cuales se difundió la conferencia denunciada.

141.           De igual forma, Martha Jessica Ramírez González, son los responsables de manejar las cuentas del presidente, como las oficiales del Gobierno de la República, respectivamente.

                Vistas:

142.           Al tener por actualizadas las infracciones electorales descritas en la presente sentencia (transgresión al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos atribuibles al coordinador general de comunicación social y vocería y a la directora general de comunicación digital así como al director del CEPROPIE, conforme a la competencia de esta Sala Especializada, se ordena remitir copia de esta sentencia y de las constancias digitalizadas del expediente debidamente certificadas al Órgano Interno de Control en la Oficina de la Presidencia de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que corresponda, por el actuar y responsabilidad de las referidas personas servidoras públicas[43].

143.           Para ello, debe precisarse que el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que los órganos encargados del control y vigilancia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal son los órganos internos de control.

144.           Asimismo, la Oficina de la Presidencia del titular del Ejecutivo Federal, como integrante de la Administración Pública Federal, cuenta con un Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, quien ejerce sus atribuciones por el titular del Órgano Interno de Control y sus áreas que la conforman atendiendo lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República[44].

145.           Es decir, se advierte que dicho órgano de control tiene facultades para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando alguna persona del servicio público adscrita a la Oficina de la Presidencia de la República incurra en alguna infracción a la norma.

146.           Respecto de las personas servidoras que forman parte de la Coordinación de Comunicación Social (directora general de comunicación digital), cuyo titular se erige en su superior jerárquico, por lo que se debe garantizar la vigencia del principio de imparcialidad, como se señaló, también en este caso corresponde conocer al órgano interno de control en comento.

147.           En este sentido, el fin perseguido con la disposición contenida en el artículo 457 de la Ley Electoral es que se informe al órgano competente para sancionar a quienes se desempeñen en el servicio público, cuando quede demostrado que incurrieron en una infracción a las normas electorales, para que dicha autoridad proceda en los términos de las leyes aplicables[45].

                Inscripción al Catálogo de sujetos sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores:

148.           Finalmente, para una mayor publicidad de la sanción, y en atención a la infracción acreditada en este asunto, cuando quede firme la sentencia deberá publicarse en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional, en el apartado relativo al Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores, respecto de las siguientes personas del servicio público [coordinador general de comunicación social y vocería del Gobierno de la República, directora general de comunicación digital del Presidente y al Director del CEPROPIE].

149.           Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver los expedientes SRE-PSC-73/2023 y SRE-PSC-83/2023, los cuales fueron confirmados por la Sala Superior al resolver los diversos SUP-REP-603/2024 y SUP-REP-240/2023 y acumulados, respectivamente.

150.           En atención a lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la existencia de vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos, en términos y con los efectos establecidos en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se determina la existencia del incumplimiento de las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva atribuida al presidente de la República e inexistente de las restantes personas servidoras públicas involucradas en la causa, conforme a las consideraciones desarrolladas en esta determinación.

TERCERO. Se da vista al Órgano Interno de Control en la Oficina de la Presidencia de la República para los efectos indicados en esta sentencia.

CUARTO. Se ordena realizar las inscripciones que corresponden en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] de esta Sala Especializada, conforme a lo señalado en la sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto concurrente del magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, ante el secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

ANEXO UNO

MEDIOS DE PRUEBA

A.   Pruebas que obran en el expediente

A continuación, se detallan las pruebas contenidas en el expediente, relacionadas con la Litis.

1.     Pruebas aportadas por el denunciante[46]:

1.1            DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación por parte de la Secretaría Ejecutiva del INE en funciones de Oficialía Electoral, de los tres sitios de internet que dan cuenta de la realización indebida de lo expresado. 

1.2            PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

1.3            INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

2.     Pruebas aportadas por la parte denunciada[47]:

2.1            PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

2.2            INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

3.     Pruebas recabadas por la autoridad instructora:

3.1            DOCUMENTAL PÚBLICA[48]. Consistente en el oficio de trece de noviembre, suscrito por el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, por el cual desahoga requerimiento de información.

3.2            DOCUMENTAL PÚBLICA[49]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.27381 de trece de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el cual solicita prórroga para el desahogo de requerimiento.

3.3            DOCUMENTAL PÚBLICA[50]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.27380 de trece de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el cual solicita diversa información en cumplimiento al requerimiento de la autoridad instructora.

3.4            DOCUMENTAL PÚBLICA[51]. Consistente en el oficio CGCSyVGR/217/2023 de trece de noviembre, suscrito por el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el cual da cumplimiento a requerimiento.

3.5            DOCUMENTAL PÚBLICA[52]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.20791 de trece de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el cual solicita diversa información en cumplimiento al requerimiento de la autoridad instructora.

3.6            DOCUMENTAL PÚBLICA[53]. Consistente en el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/466/2023, de doce de noviembre, instrumentada por la autoridad instructora con la finalidad de certificar el contenido los tres enlaces electrónicos señalados en el escrito de queja del denunciante.

3.7            DOCUMENTAL PÚBLICA[54]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.27568 de quince de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el cual remite diverso CGCSyVGR/218/2023.

3.8            DOCUMENTAL PÚBLICA[55]. Consistente en el oficio CGCSyVGR/218/2023 de trece de noviembre, suscrito por el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el cual da cumplimiento a requerimiento.

3.9            DOCUMENTAL PÚBLICA[56]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.27712 de diecisiete de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que se comunica cumplimiento.

3.10       DOCUMENTAL PÚBLICA[57]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.27690 de diecisiete de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que se comunica acuerdo.

3.11       DOCUMENTAL PÚBLICA[58]. Consistente en el oficio CGCSyVGR/224/2023 de diecisiete de noviembre, suscrito por el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el cual desahoga requerimiento.

3.12       DOCUMENTAL PÚBLICA[59]. Consistente en el acta circunstanciada de veintiuno de noviembre, instrumentada por la autoridad instructora con la finalidad de certificar el contenido de cinco enlaces electrónicos.

3.13       DOCUMENTAL PÚBLICA[60]. Consistente en el oficio CGCSyVGR/234/2023 de veinticuatro de noviembre, suscrito por el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el cual desahoga requerimiento.

3.14       DOCUMENTAL PÚBLICA[61]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.28248 de veinticuatro de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que se comunica cumplimiento.

3.15       DOCUMENTAL PÚBLICA[62]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.28216 de veinticuatro de noviembre, suscrito por el director general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que se comunica acuerdo.

3.16       DOCUMENTAL PÚBLICA[63]. Consistente en el acta circunstanciada de treinta de noviembre, instrumentada por la autoridad instructora con la finalidad de certificar el contenido de nueve enlaces electrónicos.

3.17       DOCUMENTAL PÚBLICA[64]. Consistente en el oficio CGCSyVGR/074/2024 de quince de febrero de dos mil veinticuatro, suscrito por el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el cual desahoga requerimiento y anexa versión estenográfica de diez de noviembre de dos mil veintitrés.

3.18       DOCUMENTAL PÚBLICA[65]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.06876.2024 de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, suscrito por la directora general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que se desahoga requerimiento.

3.19       DOCUMENTAL PÚBLICA[66]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.09335.2024 de once de marzo de dos mil veinticuatro, suscrito por la consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que comparece a la audiencia de pruebas y alegatos en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

3.20       DOCUMENTAL PÚBLICA[67]. Consistente en el oficio CGCSyVGR/098/2024 de veintiuno de febrero y recibido el once de marzo de dos mil veinticuatro, suscrito por el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el cual comparece a la audiencia de pruebas y alegatos.

3.21       DOCUMENTAL PÚBLICA[68]. Consistente en el oficio de once de marzo de dos mil veinticuatro, suscrito por el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, por el cual comparece a la audiencia de pruebas y alegatos.

3.22       DOCUMENTAL PÚBLICA[69]. Consistente en el oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.09334.2024 de once de marzo de dos mil veinticuatro, suscrito por la directora general de Defensa Jurídica Federal en la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que comparece a la audiencia de pruebas y alegatos en representación de la directora general de Comunicación Digital del presidente de la República.

3.23       DOCUMENTAL PÚBLICA[70]. Consistente en el acta circunstanciada de doce de marzo de dos mil veinticuatro, instrumentada en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el doce de marzo de dos mil veinticuatro.

Reglas para valorar los elementos de prueba

De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoral serán objeto de prueba los hechos controvertidos y no lo será el Derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos, mientras que el diverso 462 de la misma ley, dispone que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto.

Tomando como base lo anterior, las documentales públicas involucradas en la causa tiene valor probatorio pleno al haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones y no existir elemento de prueba que desvirtúe su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieren. Ello, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas en principio sólo generan indicios, por lo que para constituir prueba plena sobre la veracidad de los hechos a los que hacen referencia deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y la relación que guardan entre sí. Esto, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

ANEXO DOS

Mañanera de 10 de noviembre de 2023

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-138/2024.

Formulo el presente voto concurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en atención a lo siguiente:

I. Aspectos relevantes

Este asunto se encuentra relacionado con una queja presentada por el PRD contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República; el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales; el coordinador general de comunicación social, por la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, uso indebido de recursos públicos y el incumplimiento a dos acuerdos de medidas cautelares.

Lo anterior, con motivo de las manifestaciones realizadas en la conferencia de prensa matutina de diez de noviembre de dos mil veintitrés.

¿Qué se resolvió?

En la sentencia se determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, ya que las manifestaciones realizadas por el presidente de la Republica hicieron referencia directa a temas de índole electoral; por lo que no son propias de un ejercicio de comunicación institucional, como el que se debe observar en las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo.

Por otra parte, se acreditó la existencia del uso indebido de recursos públicos, ya que la conferencia matutina denunciada transgredió los parámetros constitucionales y se destinaron recursos humanos o materiales para su difusión.

Finalmente, se determinó la existencia del incumplimiento al acuerdo de medidas cautelares ACQyD-INE-148/2023 dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

II. Razones de mi voto

A. Estudio de las frases

En principio, quiero expresar que el análisis del elemento subjetivo se concluye que del contenido auditivo y gráfico de la mañanera denunciada, configura referencias directas a temas de índole electoral emitidas por el titular del poder ejecutivo federal y no un ejercicio periodístico.

Si bien comparto la existencia de la conducta denunciada, no coincido con la metodología empleada para el análisis del elemento en cuestión, me explico.

En la sentencia el estudio se basa en el análisis de la conferencia matutina en su totalidad, dejando de manera genérica el planteamiento de la parte denunciante donde señala frases específicas en las que considera que se realizaron las expresiones violatorias; sin realizar un análisis específico de las frases que fueron señaladas y, posteriormente, tomando el contexto general en el que éstas se emitieron.

Las frases son las siguientes:

• “Desde Tijuana, el Mandatario consideró que algunas fuerzas políticas tienen que recurrir a esas estrategias porque "no cuentan con mucho personal.

• "Ahora, en el caso de algunos partidos, se hacen encuestas a ver quién está mejor y es la gente la que decide", afirmó AMLO.

• "Vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en fados los partidos y hay que tenerle confianza a la gente", agregó.

• Recordó que antes se elegía a los candidatos por dedazo.

• "¿Antes cómo se elegía? El dedazo, si hubiese sido por el dedazo ella (señaló a la Mandataria de Baja California) no sería Gobernadora, bueno, ni yo tampoco Presidente"

• "Antes había una fórmula que se echó a andar con Porfirio Díaz, según la cual el Presidente ponía a los Gobernadores, diputados federales y senadores. Se llegó a decir, soy senador porque así lo dispuso el señor Presidente. El pueblo ausente, no existía, era el dedazo, el destape, la cargada, el besamanos, etcétera."

• "Ya la gente está muy despierta, no es fácil. pero hay libertad y al final pues es el pueblo el que va a decidir con su voto libre, secreto, sin entregar dinero público para favorecer a ningún partido, candidato, nada de frijol con gorgojo, palos chivos, marranos, las tarjetas Monex, Soriana, por los votos, solo volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos."

Por esta razón señalo que no comparto la metodología de estudio, porque se abordó como razón fundamental de la existencia del elemento subjetivo y, desde mi punto de vista, se debió analizar exhaustivamente el contenido de la conferencia matutina a partir de las mencionadas frases.

Lo anterior, porque, desde mi perspectiva, eso dota de certeza las determinaciones para cumplir con el principio de exhaustividad, que impone a las y los juzgadores, decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate[71]; por lo que, en cumplimiento a dicho principio considero que no debió señalarse de manera genérica la existencia de las frases referidas por el denunciante.

B. Existencia de la infracción por el incumplimiento al acuerdo de medidas cautelares ACQyD-INE-148/2023

No acompaño lo determinado por la mayoría de las magistraturas integrantes del Pleno en relación con la existencia del incumplimiento a las medidas cautelares por parte del presidente de la República, vía tutela preventiva, explico mis razones:

La parte quejosa denunció el incumplimiento al acuerdo de medidas cautelares ACQyD-INE-148/2023 en el cual se ordenó al titular del Ejecutivo Federal abstenerse de realizar manifestaciones sobre temas electorales.

Respecto a la tutela preventiva, la Sala Superior ha señalado que esta se dirige a que el peligro de lesión sobre un determinado valor, principio o derecho no sobrevenga, que no se lleve a cabo la actividad lesiva, o bien, que se impida la continuación o repetición de esa actividad[72], esto, bajo la consecuencia lógica de actos ya existentes que permitan inferir la posible realización de conductas similares de las cuales debe impedirse su realización.

Ahora bien, toda vez que la autoridad electoral emplazó por un posible incumplimiento a las medidas cautelares dictadas en el acuerdo ACQyD-INE-148/2023 correspondientes al procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRD/CG/1151/PEF/165/2023, considero relevante traer a cuentas las razones por las cuales se dictó, tal como se aprecia[73]:

De lo anterior advierto que en el expediente señalado al haber pronunciamiento de la Comisión de Quejas sobre las medidas cautelares se ordenó, bajo la figura de tutela preventiva, que el presidente de la República se abstuviera bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Al respecto, considero que aun cuando en dicho acuerdo se establecieron los efectos de las medidas en términos generales (tutela preventiva), estos no pueden desligarse de la materia a partir de la cual fueron dictados, ya que estos están indisolublemente vinculados con la conducta específica que dio lugar a la solicitud de medidas cautelares, esto es, lo referente a las manifestaciones efectuadas en la conferencia matutina realizada el veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Así, el dictado de medidas cautelares obedeció a expresiones diversas emitidas en el marco de conferencias matutinas distintas a la del diez de noviembre, materia de esta sentencia.

En este sentido, al tratarse de actos diferentes y alegarse su incumplimiento en el caso que se resuelve, desde mi punto de vista, no resulta válido, toda vez que llevaría a dar efectos amplios y desproporcionados sobre cualquier manifestación que se realice con posterioridad a su dictado, vinculando así a la tutela preventiva una restricción injustificada a la libertad de expresión, lo cual iría, incluso contra la finalidad de las medidas, que es la de desplegar los mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que se repitan conductas que puedan resultar ilícitas; en consecuencia, para mí, dicha infracción debió considerarse inexistente.

Destaco que arribo a dicha conclusión, toda vez que se hace valer el incumplimiento a un acuerdo de medidas cautelares dictado por la Comisión de Quejas en donde, bajo la figura de tutela preventiva, se ordenó al presidente de la República se abstuviera de realizar manifestaciones sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad; sin embargo, dichas medidas fueron dictadas en procedimientos especiales sancionadores diversos.

Considero que se debe tomar en cuenta lo sustentado por la Sala Superior a través de la jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”[74], en el sentido de que las medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral y que la tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.

De lo anterior advierto que las facultades de la Comisión de Quejas son de naturaleza claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no puedan extenderse a otras situaciones, ya que con su dictado se pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal.

En este sentido, al haberse dictado medidas en tutela preventiva en otros procedimientos, si bien fueron con la finalidad de evitar que el presidente de la República incurriera en la comisión de conductas contraventoras a la normativa, derivadas de las manifestaciones de carácter electoral en sus conferencias “matutinas”, dicha medida preventiva puede considerarse de carácter genérico y amplio, en el sentido que pudiera entenderse reiterativa de lo dispuesto por el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal.

Sin embargo, considero que hacer valer su incumplimiento en un procedimiento especial sancionador diverso a aquel en que fueron dictadas, con hechos denunciados distintos, carece de justificación, ya que incluso se pudiera tornar como una medida preventiva restrictiva, ya que no toda expresión realizada en las conferencias matutinas por el presidente de la República referente a temas electorales puede ser contraria a la normativa electoral, para arribar a dicha conclusión, para mí, se debe analizar cada caso concreto.

Además, desde mi punto de vista, hacer extensivos los efectos de la figura de tutela preventiva a procedimientos diversos con un contexto distinto, resultaría contrario a la propia naturaleza de la figura de la tutela preventiva, ya que considero que debe impactar a un procedimiento iniciado con motivo de una denuncia, no a todos los que se encuentren en dicho supuesto.

En consecuencia, para mí, dicha infracción atribuida al presidente de la República debió declararse inexistente.

Por las razones anteriores, emito el presente voto concurrente.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del tribunal.