PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-156/2024

DENUNCIANTE: DATO PROTEGIDO[1]

PARTES INVOLUCRADAS: Moisés Ignacio Mier Velazco y otras personas

MAGISTRADA EN FUNCIONES: Mónica Lozano Ayala

PROYECTISTA: Georgina Ríos González

COLABORARON: María del Rosario Laparra Chacón y María Fernanda Calderón Guerrero

Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta la siguiente SENTENCIA:

A N T E C E D E N T E S

I.                   Sustanciación del procedimiento especial sancionador

1.              1. Queja. El 19 de abril de 2022[2], DATO PROTEGIDO, DATO PROTEGIDO del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció a los diputados federales de MORENA, Leonel Godoy Rangel, Moisés Ignacio Mier Velazco, Miguel Torruco Garza y a quienes resulten responsables, por la difusión de diversas publicaciones y comentarios en las redes sociales Meta (antes Facebook), X (antes Twitter) y TikTok que, en su concepto, constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) y calumnia en su contra.

2.              2. Radicación y reserva de admisión. El 20 de abril siguiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) registró la queja, ordenó la instrumentación de un acta circunstanciada y reservó la admisión de la queja, el dictado de medidas y el emplazamiento.

3.              Además, declaró la incompetencia del INE respecto de los hechos atribuidos a Leonel Godoy Rangel, al tratarse de actos de naturaleza parlamentaria, por lo que remitió la queja a la presidencia de la mesa directiva de la cámara de diputaciones, para que, en el ámbito de su competencia, determinara lo conducente.

4.              3. Admisión, medidas cautelares y medidas de protección. El 25 de abril de 2022, la UTCE admitió a trámite el procedimiento y acordó remitir la propuesta sobre la solicitud de las medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

5.              4. Medida cautelar. El 26 de abril de 2022, la citada comisión declaró la improcedencia de las medidas cautelares[3] al considerar que, de manera preliminar, no se advertía que las publicaciones denunciadas atribuidas a los diputados federales Moisés Ignacio Mier Velazco y Miguel Torruco Garza se hayan dirigido a la denunciante por ser mujer.

6.              5. Ampliación de queja. En esa misma fecha, al desahogar el requerimiento de la autoridad instructora, la quejosa amplió su denuncia e incluyó a las diputaciones federales José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Salma Luévano Luna, Olga Leticia Chávez Rojas y Aleida Alavez Ruíz; así como a otras personas que realizaron diversas publicaciones en redes sociales.

7.              6. Admisión de la queja. El 29 de abril de 2022, la UTCE admitió la ampliación de la queja.

8.              7. Medida cautelar. El mismo día, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó acuerdo[4] por el que declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas, con excepción de 9 publicaciones[5], al considerar, de manera preliminar, que sí podrían constituir VPMRG contra la denunciante.

9.              8. Emplazamiento[6] y audiencia. El seis de diciembre de 2022, la UTCE ordenó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el 16 de diciembre siguiente.

10.           9. Remisión del expediente e informe circunstanciado. En su oportunidad, la UTCE remitió a la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.

II. Juicio Electoral

11.           1. SRE-JE-12/2023. El 23 de marzo de 2023, la Sala Especializada emitió acuerdo plenario por el que se solicitó a la UTCE realizar mayores diligencias de investigación para localizar a las personas a las que se les atribuyen las conductas denunciadas, así como emplazarlas por todas las conductas denunciadas.

12.           2. Requerimiento. El tres de octubre de 2023, la magistratura en funciones solicitó a la autoridad instructora un informe sobre el estado procesal del procedimiento especial sancionador en el cual, de ser el caso, indicara la complejidad para el desarrollo de las diligencias ordenadas mediante el acuerdo plenario dictado en este expediente.

13.           3. Informe. La UTCE rindió el informe solicitado en los plazos y términos solicitados.

III. Segundo emplazamiento

14.           1. Audiencia. El 30 de noviembre de 2023, la autoridad instructora acordó emplazar a las partes, citándolas a la audiencia de pruebas y alegatos que se realizó el 14 de diciembre siguiente.

IV. Segundo juicio electoral

15.           1. SRE-JE-12/2023. El ocho de febrero de 2024, la Sala Especializada emitió acuerdo plenario por el que se solicitó a la UTCE realizar mayores diligencias de investigación para localizar a las personas a las que se les atribuyen las conductas denunciadas, así como emplazarlas por todas las conductas señaladas en la queja.

16.           2. Audiencia. En su oportunidad la autoridad instructora acordó emplazar a las partes, citándolas a la audiencia de pruebas y alegatos que se realizó el cuatro de abril de 2024.

V. Trámite ante la Sala Especializada

17.           1. Recepción, turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente se revisó su integración y el veintidós de mayo, el magistrado presidente le dio la clave SRE-PSC-156/2024 y lo turnó a la ponencia de la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala, quien lo radicó y propuso el proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Competencia

18.           Esta Sala Especializada (tiene facultad) es competente[7] para conocer y resolver este procedimiento especial sancionador, porque la quejosa denunció a diversas diputaciones federales, así como a otras personas, por la difusión de diversas publicaciones y comentarios en redes sociales que, en su opinión, constituyen calumnia y VPMRG en su contra.

19.           Cabe señalar que, al comparecer al procedimiento, Israel Germán Calderón[8] señaló que las frases que se le atribuyen en la denuncia no están relacionadas con la materia electoral, ni constituyen un obstáculo o una afectación a los derechos político-electorales de la denunciante, por lo que, en su opinión, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-REP-307/2023[9], este asunto se debe sobreseer.

20.           La alegación del denunciado se relaciona con la falta de competencia de esta Sala Especializada para conocer del asunto, pues, señala que las expresiones que se le atribuyen no corresponden a la materia electoral.

21.           Esta Sala Especializada considera que, en el caso, no le asiste la razón al denunciado, pues, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-307/2023, la Sala Superior enfatizó que la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene lugar en el ejercicio de los derechos político-electorales[10].

22.           Conforme a ello, la superioridad indicó que las autoridades electorales solo pueden conocer de las conductas que presuntamente constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género cuando éstas se relacionen directamente con la materia electoral, circunstancia que se define, en cada caso concreto, a partir de las circunstancias particulares y el tipo de derecho de participación política que podría verse afectado.

23.           Así, de acuerdo con las directrices establecidas por la Superioridad, esta Sala Especializada sí tiene competencia para conocer del presente asunto, ya que la parte quejosa hizo valer la comisión de conductas que, en su concepto, menoscabaron su derecho político-electoral a ejercer el cargo de DATO PROTEGIDO, así como el desarrollo de su función pública, aspectos que, en principio, sí guardan relación con la materia electoral.

24.           Por tanto, corresponde a este órgano jurisdiccional analizar las expresiones denunciadas y, en su caso, determinar la existencia o inexistencia de la VPMRG y la calumnia electoral, en el estudio de fondo de la controversia planteada en este procedimiento especial sancionador.

SEGUNDA. Estudio oficioso de caducidad

25.           A fin de brindar certeza y seguridad a las personas involucradas en este asunto, siguiendo la línea jurisprudencial de este tribunal electoral[11], esta Sala Especializada procede a revisar de oficio si se configura o no la caducidad en este procedimiento especial sancionador.

26.           En el caso, no se actualiza la caducidad del procedimiento especial sancionador, como se expone enseguida.

27.           Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la caducidad es una institución procesal que implica una medida restrictiva tendente a impedir que los procedimientos o juicios se alarguen indefinida e injustificadamente, por lo que dicha restricción debe interpretarse de manera que favorezca a las personas la protección más amplia de sus derechos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1º constitucional.

28.           Al respecto, el máximo tribunal constitucional señaló que para decretar la caducidad -aun en los procedimientos de orden dispositivo, como el procedimiento especial sancionador- no sólo debe considerarse el mero transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, sino que dicha inactividad deberá verificarse mientras exista una carga procesal cuya satisfacción, en interés propio, se encuentre pendiente de colmarse por las partes en ese momento procesal[12].

29.           De la revisión de las constancias del expediente se advierte que el cúmulo de diligencias realizadas por la autoridad instructora justifica la dilación en el dictado de la resolución en este asunto.

30.           Recordemos que la denuncia que dio origen a este procedimiento sancionador se presentó el 19 de abril del 2022, por lo que ha transcurrido más de un año desde esa fecha[13].

31.           Durante la investigación, la UTCE emitió diversos acuerdos[14] por los que requirió información a diversas instancias y autoridades[15] para localizar a las personas creadoras, titulares y/o administradoras de los perfiles de redes sociales señalados por la quejosa, sin embargo, la UTCE no encontró a las y los responsables de difundir la totalidad de las publicaciones objeto de la queja.

32.           Por ello, la UTCE emitió un acuerdo por el que emplazó al procedimiento especial sancionador únicamente a las 24 personas que localizó por la presunta comisión de VPMRG contra la quejosa. El 16 de diciembre de 2022, llevó a cabo la audiencia de ley y remitió la investigación a este órgano jurisdiccional para que se analizaran todas las publicaciones denunciadas.

33.           Luego de analizar las constancias del expediente, el 23 de marzo de 2023, esta Sala Especializada emitió un acuerdo plenario por el cual remitió el expediente a la autoridad instructora y solicitó que realizara mayores diligencias de investigación para localizar a la totalidad de personas responsables por las publicaciones denunciadas, lo que permitiría a este órgano jurisdiccional resolver de manera completa y exhaustiva este asunto.

34.           En dicho acuerdo plenario se indicó a la UTCE que solicitara la colaboración institucional de la policía cibernética de la Ciudad de México, de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General de la República y del registro federal de personas electoras.

35.           En el proveído también se precisó que, si se obtenían mayores elementos para continuar la investigación sobre la identidad de las personas que manejan las cuentas de las redes sociales en las que se difundieron los mensajes denunciados, la UTCE podría requerir información al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los partidos políticos con registro nacional y local, o a las instancias a quienes requirió información de forma previa.

36.           El tres de octubre de 2023, la magistrada instructora dictó un proveído por el que solicitó a la UTCE un informe sobre el estado que guardaba el expediente, en el que indicara si existía alguna complejidad para el desarrollo de las diligencias ordenadas en el acuerdo plenario.

37.           El 10 de octubre siguiente, la autoridad instructora rindió el informe solicitado por esta autoridad, en el que comunicó las diligencias de investigación que había realizado a esa fecha y precisó las que se encontraban pendientes de desahogo:

38.           La autoridad instructora señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no había atendido el requerimiento que le realizó en cumplimiento al acuerdo plenario, omisión que representaba una complejidad para continuar con la instrucción del procedimiento, pues la respuesta que brindara dicha institución podría ampliar la línea de investigación y, en consecuencia, generar mayores diligencias en la indagatoria.

39.           Así, una vez que recibió la información requerida, el 30 de noviembre de 2023, la UTCE acordó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de pruebas y alegatos[16].

40.           El 14 de diciembre de 2023, la UTCE celebró la audiencia y remitió de nueva cuenta el expediente a esta Sala Especializada para que se analizara la totalidad de las publicaciones; al respecto, señaló que el desconocimiento de la identidad de las presuntas personas infractoras -ligado al derecho a la verdad- no debe ser una limitante para garantizar el derecho de acceso a la justicia.

41.           El ocho de febrero de 2024, el Pleno de la Sala Especializada emitió un acuerdo por el cual nuevamente remitió el expediente a la autoridad instructora para que realizara algunas diligencias de investigación adicionales para localizar a la totalidad de personas responsables por las publicaciones denunciadas.

42.           Conforme a ello, entre otros aspectos, la UTCE requirió al Congreso del Estado de Michoacán, a la Dirección del Registro Civil y a la Secretaría de Gobierno de dicha entidad, así como a MORENA información para localizar a una de las personas denunciadas.

43.           También solicitó apoyo a la Coordinación de Comunicación Social del INE para que enviara mensajes a través de la cuenta de Facebook de dicho instituto a diversas personas, a fin de localizarlas y llamarlas a este procedimiento sancionador.

44.           Una vez que la UTCE concluyó las investigaciones ordenadas por esta autoridad jurisdiccional, ordenó emplazar a una de las personas involucradas a una nueva audiencia de pruebas y alegatos y, en su oportunidad, remitió las constancias a esta Sala Especializada.

45.           De lo anterior, se desprende que la instrucción de este procedimiento se prolongó debido a las múltiples diligencias de investigación que la autoridad realizó para encontrar a todas las personas responsables de las publicaciones denunciadas, primero, desde que recibió la queja y hasta el primer emplazamiento; luego, desde que esta Sala Especializada le devolvió el expediente y hasta la segunda audiencia de pruebas y alegatos, y finalmente desde el segundo juicio y la tercera audiencia que celebró solo para las nuevas personas localizadas.

46.           Por ello, se considera que las actuaciones realizadas por la autoridad instructora justifican de manera razonable y objetiva la dilación en la instrucción de este procedimiento especial sancionador, en términos de la jurisprudencia de este Tribunal Electoral 11/2013, de rubro: “CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”, pues tuvieron como propósito localizar a todas las personas involucradas en la controversia, a fin de que este órgano jurisdiccional resolviera de manera completa y exhaustiva el presente asunto.

TERCERO. Causales de improcedencia

47.           En su escrito de respuesta de requerimiento como comparecencia, de los diputados y diputadas federales Miguel Torruco Garza[17], Moisés Ignacio Mier Velazco[18], Olga Leticia Chávez Rojas[19], Aleida Alavez Ruiz[20], y José Gerardo Fernández Noroña, expresaron que la denuncia era frívola, que la queja se debía desechar porque carecía de substancia; además, señalaron que la autoridad instructora y esta Sala Especializada carecían de competencia porque los hechos se amparaban en la inviolabilidad parlamentaria.

48.           Esta Sala Especializada considera que no se actualiza tal frivolidad, dado que la denunciante precisó los hechos, además las pruebas son las ligas electrónicas de los mensajes que denunció, de forma tal que su queja tiene medios probatorios, los cuales serán analizados en el apartado correspondiente.

49.           Ahora bien, respecto a la inviolabilidad parlamentaria, la Sala Superior determinó la línea jurisprudencial que la orienta, conforme a los siguientes criterios[21]:

        Finalidad. La finalidad de la inviolabilidad o inmunidad legislativa es la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, esto es, no se protege de manera absoluta a las y los legisladores, sino que garantiza al Poder legislativo un ámbito de libertad frente al resto de los poderes públicos y privados.

        Ámbito material. El ámbito material de la inviolabilidad parlamentaria abarca las opiniones o manifestaciones que se expresan, dentro o fuera del recinto parlamentario, en la medida en que a partir de un criterio jurídico aceptable es posible vincularlas con su función parlamentaria, lo que supone una protección funcional y no únicamente subjetiva.

        Límites. Las expresiones u opiniones emitidas en el marco del debate público que no están vinculadas a la función legislativa no se encuentran protegidas por la inviolabilidad parlamentaria y deberán ponderarse a partir de los límites constitucionales y convencionales de la libertad de expresión, entre ellos los derechos de los demás y los principios de igualdad y no discriminación, atendiendo a las circunstancias.

50.           La Sala Superior también señaló que, en principio, las expresiones de las personas parlamentarias en las redes sociales están protegidas por el referido principio de inviolabilidad, siempre que tengan un vínculo directo y específico con su función.

51.           Ello no se traduce en que el uso de redes sociales suponga la extensión de la inmunidad parlamentaria respecto de todos los mensajes que allí se publiquen, pues dicha inmunidad no es absoluta y se justifica a partir de que la actividad de la que derivan las expresiones u opiniones cuestionadas esté prevista en la ley como una de sus atribuciones o derive de una participación que califique como desempeño de su función parlamentaria, mediante un criterio jurídicamente aceptable que permita reconocer un vínculo directo y específico con la función legislativa.

52.           Con base en lo anterior, y con la línea de precedentes del Tribunal Electoral relacionados con expresiones políticas en redes sociales, se considera que, dado el contexto actual, las redes sociales constituyen legítimamente un medio a través del cual las personas parlamentarias expresan o difunden mensajes con relación a su función legislativa.

53.           No obstante, a partir de que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto o ilimitado, así como que la inviolabilidad parlamentaria está delimitada, no todas las expresiones en esa red social que publiquen las personas legisladoras, por ese solo hecho, se encuentran amparadas por la inviolabilidad parlamentaria. Como se expuso, ese principio tiene un parámetro de aplicación funcional, es decir únicamente aplica o protege actividades que están relacionadas con la función legislativa.

54.           Con base en lo anterior, se considera que el asunto no es improcedente (se puede continuar con el estudio), porque los mensajes publicados en redes sociales por personas legisladoras no gozan de inmunidad ya que no están relacionados directamente con su trabajo legislativo, pues no se refieren a la difusión de propuestas de leyes, acuerdos o discursos relacionados con el debate parlamentario, ni tampoco se trata de un ejercicio de parlamento abierto.

CUARTA. Denuncia y defensas

55.           La quejosa manifestó[22]:

        El 12 de abril de 2022, las diputaciones federales Moisés Ignacio Mier Velazco, Miguel Torruco Garza, José Gerardo Fernández Noroña, Aleida Alavez Ruiz, Salma Luévano Luna y Olga Leticia Chávez Rojas, realizaron diversas publicaciones y contenidos en su contra, en sus perfiles de las redes sociales Meta (Facebook) y X que, en su concepto, son misóginos y maliciosos, tergiversaron la realidad y reprodujeron estereotipos que dañaron su imagen y su derecho a no ser discriminada.

        Dichas publicaciones constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género e incitaciones de odio, lo que dañó su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad.

        Las publicaciones realizadas por Moisés Ignacio Mier Velazco y Miguel Torruco Garza, son discriminatorias al asemejarla con “la Malinche” o “Malintzin”, personaje histórico a quien culturalmente se ha tildado de traidora, sumisa o esclava. Este es un simbolismo negativo que genera la convicción de inferioridad en el colectivo popular[23].

        Desde su posición de hombres de autoridad, desinformaron y promovieron odio y violencia de género. La convalidación de dichas acciones violentas, cometidas al amparo de la libertad de expresión, muestran los pactos de silencio que han perpetuado la violencia contra las mujeres.

        Además, denunció otras 40 publicaciones difundidas en las plataformas digitales de YouTube, X, Facebook y TikTok, atribuidas a distintas personas usuarias de dichos medios que, en su concepto, constituyen VPMRG en su perjuicio.

56.           Miguel Torruco Garza[24], Moisés Ignacio Mier Velazco[25], Olga Leticia Chávez Rojas y Aleida Alavez Ruiz manifestaron:

        Las publicaciones denunciadas no constituyen VPMRG contra la quejosa, ni actualizan lo dispuesto en la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior.

        Las expresiones, manifestaciones u opiniones no pueden considerarse ilícitas por quien resienta un agravio. No existe la posibilidad de sancionar a las personas legisladoras en materia penal, civil, ni administrativamente.

        Las opiniones que viertan los legisladores están exentas de represión alguna, al haberse realizado durante el encargo y en el desempeño de sus funciones.

        No se cuestionó la capacidad de la denunciante por el hecho de ser mujer.

        Las conductas denunciadas no constituyen calumnia electoral, no se cumple con los elementos subjetivo, objetivo ni con la intención de dañar a la denunciada, puesto que las publicaciones están amparadas en la libertad de expresión y derecho parlamentario.

        Los derechos que protege la calumnia electoral son el derecho al honor o reputación de las personas y también el derecho a las personas a votar de forma informada, situaciones que no fueron vulneradas en la conducta denunciada.

57.           José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña dijo:

        La publicación que realizó se refiere a la presencia de un cabildero de la industria eléctrica, Paolo Salerno, en el salón de sesiones de la cámara de diputaciones, circunstancia de la que da cuenta la nota informativa publicada en el diario La Jornada[26] con el título “Cachan a cabildero de firma italiana en curul”.

        Las expresiones que emitió se encuentran inscritas en sus derechos y garantías constitucionales.

        Reconoce como propia la cuenta en la que se realizó la publicación, e indica que a través de ese medio informa de las acciones que corresponden a su función como diputado federal.

        Si bien etiquetó la cuenta de X de Paolo Salerno @Paolo_Salerno, la de la cámara de diputaciones @MX_Diputados, y la cuenta de la denunciante, la publicación se refirió al trabajo legislativo que realiza, por lo que no puede ser materia de revisión, inspección o requisa por parte del INE, al haberse realizado en el marco del debate parlamentario[27].

        El mensaje denunciado fue realizado en el contexto del debate público de manera espontánea. En el mensaje expresa respeto tanto a Paolo Salerno, como a la quejosa, por lo que está sujeto a la sana crítica, libre expresión e interpretación de la propia ciudadanía, y no puede ser objeto de censura, al ser ideas que se manifiesten a partir de opiniones de las y los diputados.

        La publicación no está dirigida a la DATO PROTEGIDO por su calidad de mujer, sino cuestionar la particular experiencia de un ciudadano dentro del pleno de la Cámara de Diputaciones.

        No se actualiza la competencia de la autoridad electoral para conocer, sino del propio órgano legislativo a través de sus procedimientos internos, lo que ocurre en este caso.

        No creó, ni diseñó la publicación que compartió en su cuenta de X[29].

        Desconoce los nombres de las personas responsables de la creación del video.

        El 11 de abril de 2022 se llevó a cabo una reunión de las comisiones de energía y puntos constitucionales de la cámara de diputaciones para discutir la reforma eléctrica, a la cual se presentó Paolo Salerno, representante de una empresa italiana del ramo energético, quien es conocido como un “cabildero” y se sentó en los espacios designados exclusivamente para las diputaciones.

        Compartió el vídeo denunciado en ejercicio de sus derechos político-electorales y de expresión para evidenciar una práctica negativa, de cabildeo, sin referirse a la denunciante, sino a quien estaba sentado junto a ella.

        Tomó el video de YouTube y decidió compartirlo, pero no para ofender, ni con intención misógina y maliciosa, pues no realizó señalamientos engañosos ni tergiversó la realidad, ni realizó VPMRG contra de la denunciante.

        De la lectura de la publicación se puede advertir que no se refirió a ella en su calidad de mujer, ni la violentó.

        Siempre ha sido sorora con sus hermanas, las mujeres, pues en ningún momento fue ofender, por el contrario, su lucha ha sido empoderarnos, y reitera, no se encuentran elementos de odio, ni violencia simbólica por el hecho de que sea mujer, se solidariza borrando la publicación de su red social.

        Es propietaria del canal -Es Noticia con Ale Salazar- en la red social YouTube y reconoce como propia la publicación denunciada.

        La quejosa apareció en videos junto a un cabildero italiano y se especulaba entre la ciudadana que, aparentemente, recibía un soborno a cambio de votar en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México.

        Ejerció plenamente su libertad de expresión y derecho de publicar en su propia red social.

        Grabó el video en el que solicitó a la quejosa que rindiera cuentas al pueblo que representa y explicara el contenido del maletín y qué hacía sentada junto a una persona externa a la cámara de diputaciones, al ser una situación atípica y sospechosa en tiempos decisivos para la aprobación de la reforma eléctrica.

        No cometió VPMRG contra la denunciante, ni hizo alusión despectiva a su persona.

        Reconoció ser el creador y administrador del perfil de la red social X @HomoExNovo, y haber difundido la publicación[31] con el texto: “Circulan documentos que afirman que la DATO PROTEGIDO @ DATO PROTEGIDO si tienen como asesores a cabilderos”. Sin ningún derecho de representación se votó para que @Paolo_Salerno pusiera sus nalgas en una curul ni sus intereses subsumiendo a esta supuesta representante popular”.

        No realizó VPMRG contra la denunciante, pues el mensaje lo publicó en uso de su libertad de expresión porque es periodista, comparte información de tipo oficial y realiza su labor profesional ejerciendo su derecho de libertad de expresión, acorde con la jurisprudencia de este Tribunal Electoral que señala que el periodismo goza de un manto jurídico protector.

        En el mensaje confirmó la presencia de Paolo Salerno sentado en una curul en un momento determinante para la vida pública de México en la cámara de diputaciones, en el contexto de la discusión de la reforma eléctrica.

        Hay asesores y asesoras que contratan los partidos políticos en apoyo de las y los diputados; sin embargo, hay personas ajenas a la cámara de diputaciones que representan intereses particulares. Por ello, considera que Pablo Salerno se identifica como “cabildero” al ser del conocimiento público que pertenece a una empresa extranjera con intereses en el sector eléctrico “SALERNO Y ASOCIADOS Expertos en Energía”.

        En el mensaje no ofende a la quejosa, cuestiona la presencia de una persona ajena a la cámara de diputaciones.

        Es la administradora del perfil Verónica Demonia y/o @taller2006 de la red social X[33].

        El contenido y la imagen fotográfica de la denunciante aparece en la publicación fue ampliamente divulgada en todas las redes sociales (X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube), en el contexto del debate legislativo sobre materia eléctrica, por lo que, aunque la difundió, ella no lo produjo.

        La publicación contenida en su cuenta emana de la libre e informada intervención de los asuntos de una red social respecto de un tema de interés público.

        Las manifestaciones expresadas en la publicación no constituyen VPMRG, sino que se relacionan con el actuar de la quejosa en el contexto de la discusión del dictamen de la reforma eléctrica. 

        La utilización de los adjetivos y expresiones contenidas en la publicación solo constituye una alusión que se dirige a cuestionar una actuación, respecto de un tema de interés público en el ejercicio de un cargo federal.

        Las expresiones contenidas en la publicación en cuestión podrían ser aplicables tanto para un hombre, como para una mujer y no puede calificarse como VPMRG.

        La publicación aludida no obedece a una cuestión basada en un estereotipo de género, ni mucho menos que con dicha publicación se busque condicionar la capacidad de la persona denunciante para ejercer el cargo que ostenta por su condición de mujer.

        Las expresiones solo pueden ser consideradas críticas, vehementes e incómodas, pero que se encuentran inmersas dentro del debate público respecto de un tema de interés general.

        Ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito signado por su persona[34].

        No pueden ser consideradas objeto de ninguna sanción expresiones formuladas por conducto en torno al debate legislativo sobre la reforma constitucional en materia eléctrica.

        Las expresiones en su cuenta de X no se advierten que contengan elementos de apología a la violencia en contra de las mujeres, ni base para estimar que se está ante esquemas patriarcales, misóginos o discriminatorias por razón de género.

        Es titular de la cuenta de la red social X Twitter@epigmenioibarra, en la que se identifica como periodista[36].

        Realizó la publicación en ejercicio de sus derechos a manifestar sus ideas de manera libre y difundir opiniones e información, previstos en la constitución.

        Administra la página de red social @Veracruzinforma, que es un portal informativo.

        El medio de comunicación compartió y difundió información que se consideró de carácter noticioso.

        Desconoce la titularidad y/o propiedad de los medios de comunicación, tiktokers, YouTubers, denunciados.

        Es titular del perfil Martrix Ramos de Meta (Facebook)[37] .

        No realizó conductas ilegales utilizando su correo o cuenta de Meta; toda vez que ha ejercido con responsabilidad, su derecho a la libertad de expresión[38].

        No participó en la creación, distribución o reproducción de imágenes o videos, con contenidos denigrantes o estereotipos en perjuicio de persona física o moral o con la intención de promover violencia política o promoción de odio.

        Es el administrador del perfil de politicando @políticaRetro en Meta.

        La publicación no le pertenece, la vio en Facebook y decidió compartirla, no pensó que fuera a ocasionar molestias por compartirla.

        Si ha causado molestias por la publicación, lo retirará de su cuenta de Meta (Facebook). No fue su intención ofender a nadie.

        No sabe quién fue el creador, solo la vio en la red social y se le hizo fácil compartirla como muchas personas en su momento.

        Es el administrador del perfil “Devolvamos el poder al pueblo” de Meta.

        La publicación no le pertenece y no fue creada por él, solo difundió lo que se estaba circulando en otras redes.

        De la publicación no se advierte que lo expresado sea porque la quejosa es mujer, sino por un acto que llevó a cabo en sus funciones públicas, que igual hubiera sido la crítica si fuera hombre.

        Reconoce como propia la publicación en Tiktok[42].

        Ejerce el periodismo, y realiza su labor profesional en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

        El señalamiento a la denunciante fue con relación a su proceder como servidora pública, pues resulta suspicaz el acompañamiento de personas ajenas al recinto legislativo que intercambió saludos con ella, al tiempo de realizar sus funciones.

        No realizó señalamiento alguno por su condición de mujer, ni VPMRG contra la quejosa para denostar o desvalorizar su imagen como mujer servidora pública.

        Las frases que se le atribuyen en la denuncia no están relacionadas con la materia electoral, ni constituyen un obstáculo o una afectación a los derechos político-electorales de la denunciante, por lo que, en su opinión, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-REP-307/2023, este asunto se debe sobreseer.

        Es la administradora del perfil lachairamasguera[43] de TikTok y reconoce la publicación denunciada[44] .

        Está interesada en saber la razón por la cual Paolo Salerno, de nacionalidad italiana y que representa a la empresa Enel, estaba en la discusión del dictamen de comisiones para la reforma energética en el recinto de la cámara de diputaciones.

        Sí es administrador y creador del perfil _mike_lara_Mike Lara de TikTok.

        Él realizó la publicación[46], sin embargo, el video que se difunde no es de su autoría.

        El video que publicó nunca violó la regulación de la plataforma TikTok por lo que no fue bloqueado o enviado a revisión.

        Se realizó la difusión de otro video alojado en la cuenta @migueltorruco de la red social tiktok, para enfatizar los problemas que se generan dentro del congreso, sin tener como tema prioritario el género de las personas que en ellos intervienen, pues solo adicionó opiniones personales, sin violencia de género o discriminación alguna.

        No hubo ningún tipo de comisión de actos de VPMRG, dado que solo compartió un video que no es de su autoría y que fue de dominio público, que copió y pegó en su cuenta ya en esos momentos fue de interés en el ámbito público en el país.

        Reconoce como propia la publicación en su cuenta de Tiktok[48] .

        Señaló a la quejosa como funcionaria pública, pues, resulta suspicaz que una persona ajena al recinto legislativo intercambie saludos con la denunciante cuando realiza sus funciones.

        El requerimiento que se le realizó constituye una afectación a sus derechos y lo deja en incertidumbre jurídica.

        Realizó de manera espontánea las publicaciones en sus redes sociales y en el derecho de libertad de expresión.

        El video que publicó no acredita el menoscabo de los derechos político-electorales de la denunciante, incluyendo el ejercicio del cargo.

QUINTA. Materia de la controversia

72.           En este asunto se debe determinar si las expresiones contenidas en las 47 publicaciones denunciadas, realizadas a través de 43 perfiles de las redes sociales X, Meta, Tiktok y YouTube, constituyen calumnia y VPMRG contra la quejosa:

SEXTA. Hechos y pruebas[49]

SÉPTIMA. Facultad de la Sala Especializada para analizar la difusión de VPMRG en perfiles de redes sociales cuya persona responsable no se localizó

OCTAVA. Análisis del caso con perspectiva de género

Marco normativo

113.       La propaganda calumniosa con impacto en un proceso electoral[74] tiene los siguientes elementos:

        Las personas que pueden ser sancionadas por esta infracción son los partidos políticos, las coaliciones, las precandidaturas y las candidaturas (persona sujeta denunciada)[75]

        Atribuir a alguien (persona física o moral) hechos o delitos que son falsos (elemento objetivo), y, además,

        Tener el conocimiento de la falsedad de esos hechos o delitos (quien los realiza podría desconocer su falsedad) (elemento subjetivo[76]).

114.       La Sala Superior ha sostenido que si se acredita el impacto de la calumnia en la materia electoral y se hizo de manera maliciosa (el emisor no tuvo la mínima diligencia para comprobar la verdad de los hechos)[77], la conducta no tendrá protección en la libertad de expresión[78], por la afectación de los derechos o la reputación de terceras personas[79].

115.       Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea informada con veracidad sobre hechos relevantes[80], para el mejor ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

116.       Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los partidos políticos o las candidaturas[81].

117.       Ello no es una censura previa respecto del diseño y contenido de su propaganda que atente contra su libertad de expresión, pero sí puede implicar un análisis posterior para un tema de responsabilidad si los partidos violan una disposición legal.

    Libertad de expresión en redes sociales

118.       Sabemos que las redes sociales son espacios que permiten difundir y obtener información, de manera directa y en tiempo real, una interacción que no está condicionada, direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la red[82].

119.       Por ello, las redes sociales son, por regla general, espacios de plena libertad, al ser un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada, conscientes de que las decisiones que asuman trascienden en el incremento o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

120.       Así, la regla general es la permisión en internet de la difusión de ideas, opiniones e información, para garantizar el derecho humano a la libertad de expresión.

121.       Excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede restringirse a través de medidas racionales, justificadas y proporcionales, para proteger otros derechos de terceras personas[83].

122.       En muchas de las redes sociales como Meta, Twitter y TikTok[84] se presupone que se trata de expresiones espontáneas, que se emiten para hacer de conocimiento general una opinión sobre una determinada temática, lo que es relevante para determinar si la conducta es ilícita y si genera responsabilidad de las personas involucradas o si está protegida por la libertad de expresión[85].

A.   Análisis de la VPMRG

123.       La Sala Superior estableció en la sentencia del recurso de revisión SUP-REP-106/2023 que, para determinar si las expresiones denunciadas constituyen VPMRG, la autoridad jurisdiccional tiene que analizar los siguientes aspectos[86]:

        El contexto relevante en que se emitió el mensaje.

        La expresión objeto de análisis.

        El significado de las palabras.

        El sentido del mensaje a partir del momento y lugar en que se emite, para lo cual deberá considerar las condiciones socioculturales de la persona interlocutora.

        La intención en la emisión del mensaje, a fin de establecer si tiene el propósito o resultado de discriminar a las mujeres[87].

124.       Asimismo, es importante estudiar si la conducta reproduce estereotipos de género que coloquen a la denunciante en una situación de vulnerabilidad, si éstos refuerzan las relaciones de poder para invisibilizarla en su calidad de mujer o si la excluyen del debate político.

Contexto relevante que envuelve al caso

126.       Es un hecho público y notorio[88] que, el 17 de abril de 2022, se celebró sesión en la cámara de diputaciones para discutir el dictamen de la reforma eléctrica, la cual no alcanzó la mayoría calificada para que fuera aprobada, ante el rechazo de las diputaciones de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

127.       Diversos asuntos de este Tribunal Electoral dan cuenta de que el partido político MORENA, a través de su dirigencia y militancia, desplegó una estrategia partidista por medio de una campaña propagandística para generar la impresión en la ciudadanía de que las DATO PROTEGIDO de los partidos políticos de oposición que votaron contra la reforma eléctrica traicionaron su confianza, y les llamó “traidores y traidoras a México”[89].

128.       Los mensajes que denunció la quejosa se emitieron entre el 11 y el 18 de abril de 2022, por lo que se dieron en el contexto del análisis y discusión de la iniciativa de reforma energética en materia eléctrica, que envió el presidente de México al Congreso de la Unión para su aprobación.