PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-178/2022.

PROMOVENTE: Partido Acción Nacional.

PARTES INVOLUCRADAS: Ricardo Monreal Ávila y otras personas.

MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte Coello.

PROYECTISTA: Víctor Hugo Rojas Vásquez.

Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintidós[1].

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[2] dicta la siguiente sentencia:

A N T E C E D E N T E S

I. Proceso electoral federal 2023-2024.

1.       1. De acuerdo con lo dispuesto en la constitución federal y la ley electoral, en dicha elección se renovarán, entre otros cargos, la presidencia de la República[3].

II. Trámite del procedimiento especial sancionador.

2.         1. Denuncia. El 14 de agosto, el Partido Acción Nacional[4] (PAN), presentó queja contra Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y Carlos García Villaseñor, presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, y MORENA, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE[5], porque a su decir, el 21 y 22 de junio, Ricardo Monreal Ávila realizó diversos eventos en diferentes municipios del estado de Guanajuato, con el propósito de solicitar el apoyo de la militancia y personas simpatizantes de MORENA y de la ciudadanía en general para ser precandidato o candidato a la presidencia de la República en el año 2024, lo que en su concepto implica:

        Actos de precampaña fuera del plazo establecido en la ley electoral.

        Propaganda gubernamental y personalizada con un propósito electoral.

        Presentación de un informe legislativo fuera de los plazos establecidos en la ley.

        Falta al deber de cuidado de MORENA.

3.         En la queja, se solicitó la adopción de medidas cautelares a efecto de que se retiraran los videos o imágenes que implicaran propaganda electoral y promoción personalizada.

4.         2. Registro e investigación. El 15 de agosto se tuvo por recibida la denuncia, se registró[6], y se ordenaron diligencias de investigación.

5.         3. Admisión. El 23 de agosto la autoridad instructora admitió la queja.

6.         4. Acuerdo de medida cautelar. El 24 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares[7], al considerar que, bajo la apariencia del buen derecho, no se advertían elementos para considerar que se estaba en presencia clara y evidente de alguna vulneración a la normativa electoral y porque los eventos denunciados no tenían las características de ser proselitistas.

7.         5. Emplazamiento y audiencia. El 8 de septiembre, la autoridad instructora determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se llevaría a cabo el 19 siguiente.

8.         6. Diferimiento de la audiencia. El 19 de septiembre se difirió la audiencia de pruebas y alegatos para el 26 siguiente[8].

III. Trámite ante la Sala Especializada.

9.         1. Recepción, turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente a la Sala Especializada, se revisó su integración y el 11 de octubre, el magistrado presidente le dio la clave SRE-PSC-178/2022, lo turnó a la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, quien, en el momento oportuno, lo radicó y presentó el proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Facultad para conocer.

10.      La Sala Especializada tiene facultad (es competente) para resolver este procedimiento especial sancionador, porque se denunció la supuesta realización de actos anticipados de precampaña, propaganda gubernamental y personalizada con propósitos electorales y uso indebido de recursos públicos atribuibles a Ricardo Monreal Ávila y al presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, y  8 senadurías, en favor del primero; y la presentación de un informe legislativo fuera de los plazos establecidos en la ley, atribuible a Ricardo Monreal Ávila, respecto de la elección a la presidencia de la República que tendrá lugar en el 2024; por lo que el conocimiento del asunto corresponde a este órgano jurisdiccional, al estar relacionado con una elección federal[9].

SEGUNDA. Sobreseimiento.

11.      Es un hecho público y notorio el lamentable fallecimiento del senador Faustino López Vargas, el 8 de octubre.

12.      Por lo que, se termina el procedimiento respecto de dicho denunciado (se sobresee)[10].

13.      Continúa el trámite del asunto respecto de las demás partes involucradas.

TERCERA. Causa de improcedencia.

14.      En sus alegatos, Ricardo Monreal Ávila dijo que la queja es frívola[11].

15.      Esta Sala Especializada considera que no se actualiza dicha causal de improcedencia, porque, contrariamente a lo señalado por el partido involucrado, en la queja el PAN narró los hechos denunciados, así como los preceptos presuntamente violados; además, para sustentar su queja, aportó los medios probatorios que estimó conducentes, por lo que el análisis del carácter o naturaleza de los eventos es una cuestión propia del fondo.

CUARTA. ESCISIÓN

16.      Se advierte que en la denuncia el PAN expuso como hecho denunciado una entrevista realizada por el medio digital “Noticieros en Línea”, en la que considera que la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila da lugar a actos anticipados y promoción personalizada, pero no se siguió el procedimiento por ese hecho y tampoco se emplazó.

17.      Por ello, se separa (escinde) el procedimiento para que la UTCE realice la investigación que estime procedente y determine si debe iniciar un procedimiento especial sancionador.

QUINTA. Acusaciones y defensas.

    Queja:

18.      El PAN señaló en su queja que el 21 y 22 de junio, Ricardo Monreal Ávila realizó diversos eventos en diferentes municipios del estado de Guanajuato, con el propósito de solicitar el apoyo de la militancia y personas simpatizantes de MORENA y de la ciudadanía en general para ser precandidato o candidato a la presidencia de la República en el año 2024.

19.      Señaló que las participaciones en los eventos están documentadas en diversas notas periodísticas, donde asistieron senadurías de la República, quienes replicaron en sus redes sociales su presencia y apoyo a los eventos encabezados por Ricardo Monreal Ávila.

20.      Dice que las senadurías Casimiro Méndez Ortiz, Cristóbal Arias Solís, Sergio Pérez Flores, Elí Cesar Eduardo Cervantes Rojas, Eduardo Ramírez Aguilar, Maria Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucia Micher Camarena, acudieron y acompañaron a los eventos organizados por Ricardo Monreal Ávila y Carlos García Villaseñor, y aprovechándose de la presentación de los libros “OTRO CAMPO ¡ES POSIBLE!” y “Las grandes reformas para el cambio de RÉGIMEN”, se usó como medio para hacer actos anticipados de precampaña y reiterar los logros legislativos del senado como propios para convencer a las y los electores y tener posibilidades de participar como persona pública en la contienda interna de MORENA y estar en la lista de las precandidaturas a la presidencia de la República.   

21.      Así, precisó que bajo la supuesta presentación del libro “OTRO CAMPO ¡ES POSIBLE!” en realidad no lo era, ya que es un texto editado y publicado en 2021, por lo que Ricardo Monreal Ávila creó un evento con fines políticos electorales para presentar su propuesta de desarrollo para el campo, convocando e invitando a diferentes sectores de la militancia y personas simpatizantes de MORENA para que asistieran a sus eventos político electorales y convencerles para que lo apoyen a su designación como candidato a la presidencia de la República.

22.      Respecto del libro “GRANDES REFORMAS PARA EL CAMBIO DE RÉIMEN”, también se trata de una obra editada y publicada en 2021, por lo que está haciendo un informe de su actividad legislativa con el propósito de influir en la ciudadanía y obtener la candidatura a la presidencia de la República por MORENA, lo que es un acto anticipados de campaña y está rindiendo un informe legislativo fuera de los plazos establecidos en al ley, con la participación de las senadurías de la bancada de MORENA.

23.      Por lo que, a juicio del partido denunciante, no se trató de la presentación de un libro, ya que fue publicado el año pasado, sino que el senador Ricardo Monreal Ávila se aprovechó para crear un foro en el que presentó una propuesta en forma escrita para hacer un acto anticipado de campaña.    

    Defensas:

24.      Ricardo Monreal Ávila, señaló que:

        Las presentaciones de libro fueron eventos de carácter académico, en tanto que trataron de la exposición de su obra escrita que realizó como investigador y profesor; así como de carácter privado, dado que fueron organizados por un ciudadano y se llevaron a cabo en lugares cerrados y de uso particular y el desayuno no fue más que una comida de carácter privado.

        Los argumentos del quejoso deben declararse improcedentes y desecharse por frívolos por la autoridad resolutora, pues estos se limitan a mencionar que en tres eventos de presentación de libro y un desayuno se cometieron diversas infracciones, pese a que no transmitió dichos eventos y que fueron realizados en un contexto privado y académico, a petición de un ciudadano.

        Debe tenerse en cuenta que los eventos no fueron actos de campaña, sino eventos académicos, a puerta cerrada. De esta forma, las manifestaciones que hizo durante la presentación de su libro, las realizó al amparo de sus libertades constitucionales de pensamiento y expresión, y en el desarrollo de un ejercicio académico.

        Respecto al informe de labores:

     La difusión de su informe ocurrió una vez al año, pues precisamente fue el informe correspondiente al Primer Año del LXV Legislatura.

     El informe obra en el portal web del senado, por ser el medio de cobertura institucional y correspondiente al ámbito geográfico de su responsabilidad como servidor público.

     El informe no se difundió en un evento, por lo que su publicación se dio un único día, sin prologarse en el tiempo.

     No se realizó dentro del periodo de campaña electoral.

     No tiene fines electorales.

        No usó recursos públicos o materiales para su asistencia a los eventos denunciados ni para su promoción.

        Los eventos fueron organizados por un ciudadano y sus traslados y comidas en el contexto de esos dos días fueron pagados con recursos propios de origen privado, pues lo hizo en su calidad de ciudadano y académico, que presenta un libro en ejercicio de su derecho de expresión.

        No distrajo su labor legislativa para asistir al evento académico impugnado; invoca como hecho notorio que el veintiuno de junio del presente año asistió a la entrega del Título de Concesión al Congreso de la Unión, lo cual transmitió en sus redes sociales.

        También que se encuentran en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de LXV Legislatura y que no forma parte de la Comisión Permanente, por lo que no existió una Sesión Ordinaria o Solemne a la que tuviera obligación de asistir, además de que no forma parte de alguna otra comisión o grupo de trabajo que exigiera su asistencia ese día.

25.      Casimiro Méndez Ortiz, señaló que:

        La parte denunciante desconoce por completo la naturaleza de los eventos ocurridos los días veintiuno y veintidós de junio en el estado de Guanajuato, y contrario a lo que señala, dichos eventos no tuvieron un carácter de propaganda gubernamental y tampoco se trató de un informe de actividades legislativas. Los eventos sucedidos en Guanajuato se trataron únicamente de la presentación de libros de Ricardo Monreal Ávila, titulados: “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y “Otro campo es posible”.

        Los libros se centran en la problemática de la ciudadanía mexicana actual y desde su punto de vista menciona los posibles ejes principales que deberían tomarse en consideración para alcanzar un cambio en benefició del pueblo mexicano, no obstante, en ninguna parte de sus libros, el Senador Ricardo Monreal Ávila se autoproclama como la persona encargada de realizar estos cambios, ni tampoco menciona que sea el partido político al que él pertenece quien debe llevar a cabo estas estrategas, únicamente se limita a realizar un análisis objetivo de las reformas anteriores, actuales y cuáles deberían de ser los futuros objetivos.

        La fecha de presentación de un libro es una decisión única y exclusiva del autor, puesto que no existe alguna ley u obligación jurídica que obligue al autor de un libro a presentarlo en el año de su edición.

        No tuvo participación alguna en la presentación del libro “Otro campo. ¡es posible!” realizado en Silao, Guanajuato, ni en la presentación del libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen” realizado en León, Guanajuato” y que su presencia en dichos lugares se debió únicamente a que fue invitado a los eventos de presentación del libro. Sin que ello implique que hubiese participado en la planeación o desarrollo de dicho evento, o hubiese tenido el carácter de orador.

        Para la fecha de los eventos señalados, el Senado de la República se encontraba en receso legislativo desde el día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y dicho receso concluyó el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.

        Él no forma parte de las senadurías que integran la Comisión Permanente para este receso legislativo, razón por la cual, no era procedente solicitar licencia de su cargo como senador, o bien autorización alguna, en virtud de que su presencia como invitado en Guanajuato los días uno y dos de junio de dos mil veintidós, no lo distraen de su cargo como senador de la república y tampoco se traslapan con algún día de sesiones ordinarias o extraordinarias legislativas en las que debiese estar presente.

        Se trasladó a los eventos denunciados por vía terrestre, en su vehículo particular y con recursos propios.

26.      Cristóbal Arias Solís, dijo que:

        En ningún momento llevó a cabo actos anticipados de precampaña en favor de persona alguna, ya que el hecho de que haya asistido a los eventos realizados los días 21 y 22 de junio de esta año en los municipios de Silao de la Victoria, Guanajuato y León, en Guanajuato, incluso suponiendo sin conceder que hubiere publicado información relacionada con dichos eventos en sus redes sociales, no actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña, en atención al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que las manifestaciones que pudiere haber hecho en los eventos mencionados, no tuvieron la finalidad de llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, ni publicitar una plataforma electoral o posicionar a alguien con el fin de que esta persona obtuviera una candidatura o partido político, ni publicitar una plataforma electoral o pretender posicionar a alguien con el fin de que esa persona obtuviera una candidatura.

        No se ha demostrado que se hubieren utilizado recursos públicos de ninguna naturaleza en los eventos desarrollados los días 21 y 22 de junio de este año, en diversos municipios de Guanajuato, o para publicar información relacionada con los eventos citados en sus redes sociales; lo cual basta y es suficiente para tener por no acreditada la infracción que se le pretende atribuir.

        Como lo señaló en la respuesta al requerimiento de esa Unidad Técnica formulado por acuerdo de fecha 15 de agosto de 2022, asistió a los eventos desarrollados los días 21 y 22 de junio de este año, en diversos municipios de Guanajuato, con recursos propios, y que incluso mencionó que dicha información se podía solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para corroborar su dicho.

27.      Sergio Pérez Flores, señaló que:

        En ningún momento llevó a cabo actos anticipados de precampaña en favor de persona alguna, ya que el hecho de que haya asistido a los eventos realizados los días veintiuno y veintidós de junio del año en curso, en los municipios de Silao de la Victoria y León, en Guanajuato, incluso que hubiere publicado información relacionada con dichos eventos en sus redes sociales, no actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña, en atención al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que las manifestaciones que realizó en los eventos mencionados no tuvieron la finalidad de llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, ni publicitar una plataforma electoral o pretender posicionar a alguien con el fin de que esa persona obtuviera una candidatura.

        En autos se advierte que no está acreditada de forma alguna la utilización, empleo o destino de recursos públicos para acudir y participar en los eventos desarrollados los días 21 y 22 de junio del año en curso, en diversos municipios de Guanajuato, y para publicar información relacionada con los eventos citados en sus redes sociales; por lo que la infracción denunciada no está acreditada de forma alguna en el caso en concreto.

        De acuerdo con  los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el principio de presunción de inocencia aplica en los procedimientos especiales sancionadores, cuando existe la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.

        En el caso concreto, se debe aplicar dicho principio a su favor en virtud de que no existe prueba en el sumario que demuestre plenamente su responsabilidad en los hechos que le atribuye el quejoso.

28.      Elí César Eduardo Cervantes Rojas, especificó que:

        Ha quedado demostrado que no se utilizaron recursos públicos de ninguna naturaleza, por lo que no hay erogación de recursos públicos con motivo de la realización de diversos eventos en los municipios de Silao de la Victoria, Guanajuato y León, en Guanajuato, lo cual basta para tener por no acreditada la infracción, sin necesidad de evaluar otros elementos.

        El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ha puntualizado  que las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.

        El derecho de expresión de cada servidor público debe determinarse en función del cargo que se ostente, y que, en el caso del poder legislativo existe una bidimensionalidad en los servidores públicos de este poder, pues convive su carácter de miembro del órgano legislativo con su afiliación partidista o simpatía partidista, por lo que la prohibición constitucional no es tan estricta como sí lo es respecto al poder ejecutivo.

        No utilizó recursos económicos, públicos o materiales en el desarrollo del evento denunciado, y que asistió con recursos propios, pues acudió en su calidad de ciudadano.

29.      Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, argumentó que:

        Asistió a las presentaciones de los libros “Las grandes reformas para el cambio de régimen” y “Otro campo ¡es posible!”, autoría del Dr. Ricardo Monreal Ávila, así como a una reunión con empresarios de Guanajuato, lo cual realizó por sus propios medios físicos y con recursos propios, sin que en ningún momento se le hayan asignado para ese fin recursos públicos del Senado de la República.

        Su asistencia a dichos eventos enriquece el trabajo legislativo que realiza en la Cámara de Senadores.

        No participó en ningún caso como orador en dichos eventos y que únicamente asistió a título personal, bajo su propio peculio e interés profesional a los actos denunciados.

30.      María Antonia Cárdenas Mariscal, detalló que:

        En seguimiento a la línea jurisprudencial trazada por la Sala Superior en la materia, se puede concluir que para que se actualice la infracción denunciada es una premisa fundamental que el evento tenga carácter proselitista, lo que no ocurrió, toda vez que se trató de la presentación de un libro.

        El libro que se presentó fue editado por Porrúa en colaboración con el Senado de la República, por lo que no es una simulación, sino una campaña publicitaria de ese texto.

        El tema que aborda el libro tiene gran vigencia en la vida política del país, pues se trata de la reforma electoral que actualmente se encuentra en discusión en el Senado, del cual es integrante, por lo que considera una alta encomienda de informar a la ciudadanía de las implicaciones de dicha reforma.

31.      Martha Lucía Micher Camarena, indicó que:

        El veintidós de junio de dos mil veintidós correspondió a un día de receso legislativo, lo que constituye un hecho notorio consultable en los acuerdos del primero de febrero y veinte de abril del año en curso, emitidos por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en los que se estableció el calendario de sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Primer año de Ejercicio de la LXV Legislatura y su modificación, que inició el primero de febrero de dos mil veintidós y concluyó con la sesión de clausura del veintisiete de abril del mismo año, además de que no integró la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que de ninguna manera se puede considerar como un día hábil de labores dentro de su función como parlamentaria.

        No realizó los hechos que se le atribuyen en el acuerdo notificado, ya que todas las actividades personales o políticas que realizó en la fecha aludida o su difusión, así como en cualquier otra que corresponda a un día inhábil de labores legislativas, las llevó a cabo en su calidad de ciudadana y no como servidora pública; respecto a las cuales, no sobra decir que siempre han sido erogadas con recursos propios y cuando se ha tenido que trasladar a algún lugar distinto al de su responsabilidad habitual, lo hace en vehículo particular y pagando a su costa la estancia o cualquier otro gasto directo o indirecto, pues es sabedora de su obligación constitucional de conducirse con austeridad, decoro y mesura en el ejercicio de los recursos públicos que se encuentran a su disposición.

        Como lo refirió en la respuesta al requerimiento que le fue formulado en la substanciación del procedimiento, únicamente acudió al evento de presentación del libro llevado a cabo el miércoles veintidós de junio de dos mil veintidós a las 13:00 horas en la ciudad de León, Guanajuato; sin embargo, respecto a los restantes eventos o locaciones no acudió.

        Dicho evento fue de corte académico y su participación fue únicamente como invitada asistente, es decir, no fue activa, ya que no tuvo ninguna intervención como oradora, organizadora o cualquier otra y, la causa, motivo o razón de su asistencia fue por invitación de Ricardo Monreal Ávila. Asimismo, es un hecho notorio que es Senadora de la entidad de Guanajuato y tiene domicilio en la ciudad de León, donde se llevó a cabo el evento al cual se trasladó en su vehículo particular, por lo que no requirió erogar ningún tipo de hospedaje, viáticos o transporte aéreo para su asistencia al evento.

        En ningún momento incurrió en actos de proselitismo electoral o promoción personalizada ya que si bien decidió asistir, fue por cordialidad a la invitación que le fue realizada, al ser una actividad académica que en dicho momento fue de su interés, en su calidad de ciudadana, de manera libre y en ejercicio de sus derechos político-electorales, particularmente su derecho de asociación y reunión, el cual puede ejercer como en el caso, en un día de receso legislativo en el que además no tenía ninguna citación a comisiones o grupos de trabajo, por lo que no requería solicitar licencia ni separarse temporalmente de su encargo.

32.      MORENA dijo que:

        Las pretensiones de la quejosa resultan falsas, pues de sus elementos probatorios, así como de la narrativa de hechos, y de las documentales contenidas en el expediente que nos ocupa, no se deprende la comprobación de estas, y ello es así porque no fue violentado el marco normativo constitucional, ni legal.

        Es importante precisar que MORENA no tiene calidad de garante respecto a las personas a quienes se les reprochan las conductas denunciadas, en virtud de que éstas no han actuado bajo la instrucción y operación de su representada como se desprende de las documentales que integran el expediente del asunto al rubro indicado tal y como ha quedado comprobado en el estudio y alegaciones contenidas en el libelo.

        Si bien los partidos políticos son imputables por la conducta de sus militantes y simpatizantes derivado de su obligación de velar porque su actuación se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad; no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad de servidores públicos, dado que la función que realizan estos últimos, forma parte de un mandato constitucional conforme al cual quedan sujetos al régimen de responsabilidades respectivo.

        Las imputaciones formuladas por el denunciante en contra de su representada y las servidoras y servidor público, no cuentan con sustento legal ni material que permita acreditar la violación a norma electoral alguna, por lo que si no hay infracción, tampoco hay un deber de cuidado de su representado que haya pasado por alto, motivo por el cual deberán desestimarse las manifestaciones proferidas, así como de las pruebas aportadas por el denunciante y las recabadas por la autoridad administrativa.

SEXTA. Pruebas y hechos acreditados[12].

    Calidad de las y los denunciados.

33.      Es un hecho notorio[13] que Ricardo Monreal Ávila, Casimiro Méndez Ortiz, Cristóbal Arias Solís, Sergio Pérez Flores, Elí Cesar Eduardo Cervantes Rojas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Maria Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucía Micher Camarena, son senadores y senadoras de la República[14], y Carlos García Villaseñor es presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato[15].

    Existencia de los eventos[16].

34.      El PAN denunció que el 21 y 22 de junio, Ricardo Monreal Ávila realizó diversos eventos en Guanajuato.

35.      Ricardo Monreal Ávila[17] admitió que participó en 3 eventos académicos y un desayuno:

        Presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen” realizado en León, Guanajuato.

        Presentación de su libro “Otro campo. ¡es posible!” realizado en Silao, Guanajuato.

        Presentación de su libro “Otro campo. ¡es posible!” realizado en Guanajuato, Guanajuato.

        Reunión con empresarios de INDEX (desayuno privado en el Hotel Ecce).

36.      Respuesta que coincide con la de Ricardo García Oseguera[18], quien admitió la organización de dichos eventos.

    Asistencia de las senadurías y del presidente municipal.

37.      El partido denunciante dijo que en los eventos estuvieron presentes las y los senadores mencionados.

38.      En sus respuestas las senadurías y el presidente municipal admitieron asistir a los eventos (en algunos casos al menos a uno de ellos o un solo día).

    Difusión en redes sociales de las senadurías.

39.      El PAN dijo que las senadurías (a excepción de los senadores Casimiro Méndez Ortiz, Sergio Perez Flores y Elí Cesar Eduardo Cervantes Rojas) replicaron en sus redes sociales su presencia y apoyo.

40.      El 15 de agosto la autoridad instructora certificó en acta circunstanciada los vínculos de redes sociales que el PAN señaló como de las senadurías, publicaciones que se reproducirán en el estudio de fondo.

    Titularidad de las cuentas.

41.      Al contestar los requerimientos las senadurías reconocieron como suyas respectivamente la titularidad de las cuentas de Facebook y Twitter.

    Hechos que se acreditan.

42.      Hasta aquí se demostró:

     La calidad de las y los denunciados.

     La existencia de los eventos denunciados y la asistencia de las senadurías y presidente municipal denunciados (eventos y asistencia reconocidos por las partes involucradas).

    Presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen” realizado en León, Guanajuato.

    Presentación de su libro “Otro campo. ¡es posible!” realizado en Silao, Guanajuato.

    Presentación de su libro “Otro campo. ¡es posible!” realizado en Guanajuato, Guanajuato.

    Reunión con empresarios de INDEX (desayuno privado en el Hotel Ecce).

     Las publicaciones en los perfiles de Facebook y Twitter de las y los senadores Cristóbal Arias Solís, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Maria Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucía Micher Camarena.

     La titularidad de las cuentas (las partes reconocieron su titularidad). 

SÉPTIMA. Cuestión por resolver.

43.      Esta Sala Especializada debe analizar si:

        Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, realizó actos anticipados de precampaña, propaganda gubernamental y personalizada con propósitos electorales, usó indebidamente recursos públicos y presentó un informe legislativo fuera de los plazos establecidos en la ley.

        Carlos García Villaseñor, presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, las y los senadores de la República Casimiro Méndez Ortiz, Cristóbal Arias Solís, Sergio Pérez Flores, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, María Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucía Micher Camarena, usaron indebidamente recursos públicos, realizaron actos anticipados de precampaña y propaganda personalizada con propósitos electorales, en favor de Ricardo Monreal Ávila.

        MORENA faltó a su deber de cuidado.

OCTAVA. Análisis del caso.

   Marco normativo.

     Actos anticipados de precampaña.

44.    El proceso electoral es el conjunto de actos emitidos por las autoridades electorales -nacional, locales o municipales-, a quienes se les encomienda su organización y en el que participan partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y la ciudadanía, con el objetivo de lograr la renovación periódica de los poderes públicos, a través del sufragio universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad popular; para lo cual se deben respetar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y definitividad, toda vez que por medio del sufragio las y los ciudadanos deciden las autoridades que habrán de gobernar en función de que las aprecien como la mejor opción para representar sus intereses.

45.    Ahora bien, conforme a lo dispuesto en la ley electoral, los actos anticipados de precampaña y campaña son aquellas expresiones que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de precampañas[19] y campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna precandidatura, candidatura o para un partido.

46.    La prohibición de realizar actos anticipados de precampaña o campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra, por lo que esos actos pueden realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio del proceso electoral[20].

47.    De conformidad con la línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral para la actualización de los actos anticipados de precampaña y campaña[21] se requiere la coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de ellos se desvirtúe para que no se tenga por acreditada la infracción electoral, pues su concurrencia resulta indispensable:

               Que los realicen los partidos políticos, su militancia, personas aspirantes a un cargo electivo o precandidaturas y candidaturas, en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona o partido político de que se trate (elemento personal).

               Que dichos actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral (elemento temporal).

               Que una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno, o en un proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular (elemento subjetivo).

48.    La Superioridad también señaló que para acreditar el elemento subjetivo se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral. Por tanto, se debe verificar:

        Si el mensaje o acto incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y

        Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda[22].

49.    De igual manera, para identificar si los mensajes difundidos constituyen equivalentes funcionales de apoyos expresos o rechazo hacia una propuesta electoral, la autoridad electoral debe realizar un análisis integral de sus elementos auditivos y visuales, de manera que se estudie como un todo, y examinarlo en relación y coherencia con el contexto en que se emite (temporalidad, la posible audiencia, medio utilizado para su difusión, entre otras circunstancias relevantes).

50.    Ahora bien, toda vez que en este asunto alguna de las publicaciones denunciadas se difundieron a través de Facebook, es importante tener en consideración que la Sala Superior[23] ha señalado que las redes sociales requieren de una interacción deliberada y consciente, que se desenvuelve en un plano multidireccional entre sus diversas personas usuarias para mantener activa la estructura de comunicación, ya que la manifestación de voluntad e interés particular de quienes las usan -ya sea de compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados-, contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto, indiscriminado e imprevisible.

51.      También señaló que las redes, como Facebook, Twitter o Instagram ofrecen el potencial de que las personas usuarias puedan ser generadoras de contenidos o simples espectadoras de la información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que, en principio, permite presumir que las publicaciones son realizadas libremente.

52.      En relación con la libertad de expresión en redes sociales, la jurisprudencia electoral[24] señala que, dadas sus características −como un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión− la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, debe estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre las personas usuarias.

53.      Esto, porque las redes sociales permiten la comunicación directa e indirecta entre quienes las usan, por lo cual hay una presunción de que difunden contenidos de manera espontánea, a fin de maximizar la libertad de expresión en el contexto del debate político.

54.      Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, ello no les excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral. Por ello, cuando una persona usuaria de la red es aspirante, precandidata o candidata a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas para ver si con sus publicaciones persigue fines relacionados con sus propias aspiraciones a una precandidatura o candidatura, a partir de lo cual será posible determinar si incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está exenta.

55.      El análisis de la calidad que tenga una persona que emite un mensaje en redes sociales y el contexto en el que se difunde permite determinar si se actualiza alguna afectación a los principios que rigen los procesos electorales, como el de la equidad en la contienda.

56.      Lo anterior, no debe considerarse una restricción injustificada a la libertad de expresión, porque el derecho a utilizar las redes sociales no es absoluto ni ilimitado, ya que se debe sujetar a los parámetros constitucionales, convencionales y legales.

     Propaganda gubernamental.

57.      La propaganda gubernamental es toda acción o manifestación que haga del conocimiento público logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que se ordene, suscriba o contrate con recursos públicos y que busque la adhesión, simpatía o apoyo de la ciudadanía y cuyo contenido no sea propiamente informativo.

58.      La Sala Superior, ha dicho que estaremos en presencia de propaganda gubernamental, cuando[25]:

        El mensaje se emita por una persona del servicio o entidad públicos.

        Se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones.

        Su finalidad sea difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno.

        La difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la ciudadanía.

        Que no se trate de una comunicación meramente informativa.

     Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

59.      El artículo 134 de la constitución federal engloba principios y valores que tienen como hilo conductor el buen uso de los recursos públicos del Estado; entre ellos encontramos los párrafos 7 y 8, con impacto en la materia electoral, que de manera textual dicen:

Párrafo 7: […] [Las y][26] Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Párrafo 8: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

60.      Este artículo es claro, señala el deber de quienes integran el servicio público es actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de los recursos públicos; y esa obligación es en todo tiempo, y en cualquier forma, manteniéndose siempre al margen de la competencia entre las fuerzas políticas.

61.      El propósito no es impedirles a las personas que desempeñan una función pública, dejar de ejercer sus atribuciones. Lo que se busca es garantizar que todos los recursos públicos y oficiales bajo su responsabilidad se utilicen de manera estricta y adecuada a los fines que tengan; es decir, generar conciencia sobre la importancia que tiene la pertenencia a la administración pública y porque deben evitar influir en la voluntad ciudadana con fines electorales, pues su labor es servirles.

62.      Por eso se entiende que si la propaganda gubernamental siempre debe tener carácter institucional[27], entonces una de las limitantes es que se emplee para promocionar el nombre, imagen o voz de una persona del servicio público.

63.      Es decir, la propaganda gubernamental debe centrarse en la acción de gobierno, sin mencionar, hacer alusión o identificar a una servidora o servidor público; lo que debe prevalecer o destacar en la propaganda, es el trabajo gubernamental y no la persona, sus cualidades o atribuciones.

64.      Exigirles imparcialidad y neutralidad a las personas del servicio público marca la ruta para conformar un sistema donde la igualdad de condiciones para las y los competidores sea una regla y no la excepción.

65.      De ahí que los principios que guían el servicio público (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, neutralidad y eficiencia), se deben observar en todo momento, en cualquier escenario o circunstancia; es decir, en periodos electorales y no electorales[28].

66.      Estos principios promueven e invitan al servicio público, a mantener una conducta responsable de frente a la población, en todo momento y en cualquier situación.

67.      La directriz de mesura, en el comportamiento que deben observar las y los servidores públicos debe guiar todas y cada una de sus actuaciones, en el contexto del pleno respeto a los valores democráticos; es decir, les impone un ejercicio de autocontención constante que les mantenga al margen de cualquier injerencia.

68.      Esto nos lleva a analizar el deber de imparcialidad y neutralidad de la información que proviene de la comunicación gubernamental y el deber de cuidado[29] de las y los servidores públicos.

69.      La definición básica de neutralidad e imparcialidad es:

Neutralidad: Que no participa de ninguna de las partes en conflicto[30].

Imparcialidad: Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto[31].

70.      A fin de cumplir con estos principios, para esta Sala Especializada cobra relevancia el deber de cuidado de las personas del servicio público, como obligación o exigencia mínima y prioritaria que deben desplegar en todo momento, y ante cualquier situación, en el ejercicio de sus actividades, por la importancia y naturaleza de sus funciones.

71.      Este deber de cuidado constante implica actuar con mesura, conciencia, autocontrol, previamente a emprender cualquier acto, o bien, cuando esté en curso, pues es premisa y consecuencia lógica e inmediata del artículo 134 constitucional, párrafos 7 y 8, y demás leyes que deben cumplir, a fin de blindar a la ciudadanía de toda influencia oficial; pues se insiste, la gente es el núcleo y razón de ser de los principios y normas que rigen su desempeño.

72.      Con relación a la prohibición de generar y difundir propaganda gubernamental personalizada, la Sala Superior[32] consideró que para determinar si los hechos pueden constituir propaganda personalizada sancionable, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos:

73.      A. Elemento personal. Se colma cuando se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público de que se trate.

74.      B. Elemento temporal. Se consideró que el inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su definición, mas no puede considerarse el único o determinante, porque puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio formal el proceso electoral, la proximidad al debate propio de los comicios evidencie la promoción personalizada de servidores públicos.

75.      C. Elemento objetivo o material. Impone el análisis del contenido del mensaje, a través del medio de comunicación social de que se trate, para establecer si de manera efectiva e indubitable revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente.

76.      La Sala Superior determinó que la promoción personalizada de un servidor público constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que, entre otras cuestiones, se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga mención a sus presuntas cualidades; se refiere a alguna aspiración personal en el sector público o privado; se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce o el periodo en el que debe ejercerlo, se aluda a alguna plataforma política, proyecto de gobierno o proceso electoral, o se mencione algún proceso de selección de candidatos de un partido político.

     Reglas de difusión de informes.

77.      El artículo 242, párrafo 5 de la ley general señala que para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la constitución, el informe anual de labores o de gestión de las personas del servicio público, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que:

        La difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad de la persona del servicio público.

        No exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

        En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

     Responsabilidad indirecta.

78.      El artículo 25, párrafo 1, incisos a) e y) de la Ley General de Partidos Políticos señala como obligación de los institutos, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de su militancia a los principios democráticos, respetando la libre participación política y los derechos de la ciudadanía[33].

   Caso concreto

    Conductas atribuidas a Ricardo Monreal Ávila.

   Actos anticipados de precampaña.

79.      El PAN señaló que el 21 y 22 de junio, Ricardo Monreal Ávila realizó diversos eventos en diferentes municipios de Guanajuato, con el propósito de solicitar el apoyo de la militancia y personas simpatizantes de MORENA y de la ciudadanía en general para ser precandidato o candidato a la presidencia de la República en el año 2024.

80.      Veamos las publicaciones donde aparecen las manifestaciones que realizó Ricardo Monreal Ávila en los eventos denunciados:

https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1495264624241605

81.      Estas manifestaciones son genéricas sobre las cualidades y personajes que han existido en Guanajuato, también menciona la situación política acerca de que MORENA no ha ganado la gubernatura en esa entidad, agradece que lo acompañen 8 senadoras y senadores, y que seguirán luchando para lograr el progreso en Guanajuato.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=330684429212822

82.      De su intervención, se advierte que Ricardo Monreal Ávila habló sobre su libro “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y con motivo de ello, hizo un recuento general de las reformas constitucionales que recientemente se implementaron en el país, también se refirió a las leyes reglamentarias, y mencionó a los personajes que ha tenido Guanajuato, y habló sobre la unidad que debe haber en el país.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1636285606743780

83.      Primero Carlos García Villaseñor, presidente municipal de Silao de la Victoria, dio la bienvenida a Ricardo Monreal Ávila, quien habló en términos generales del campo mexicano con motivo de su libro ¡Otro campo es posible!, de igual forma de la grandeza de Guanajuato y sus personajes, también se refirió a la unión que debe haber en el país y que la violencia debe terminar.

84.      Se acredita el elemento personal, ya que Ricardo Monreal Ávila hizo uso de la palabra en los eventos, sin embargo, no se advierten manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo y/o un llamamiento directo al voto en favor del denunciado, de alguna precandidatura o partido político que pueda incidir en la elección presidencial del 2024, o que se expresara rechazo por otra o por algún partido político, por lo que no se satisface el elemento subjetivo.

85.      Al respecto, cabe señalar que aun cuando en los eventos se escucharon voces que vitorearon o exaltaron al funcionario involucrado con la expresión “presidente, presidente, presidente”, y en la presentación de un evento se hizo constar una voz que dijo “camino Monrealista rumbo al 2024”, ello no actualiza la existencia de actos anticipados de precampaña, pues, se trata de conductas realizadas por personas diversas, por lo que no se puede atribuir responsabilidad por esas manifestaciones a Ricardo Monreal Ávila[34], ni es válido concluir que solicitaran apoyo a las personas asistentes para obtener la precandidatura a la presidencia de la República.

86.      Conforme nos orienta la Sala Superior[35], se analiza si existen equivalentes funcionales:

Precisar la expresión objeto de análisis.

87.      Las expresiones son las manifestaciones de Ricardo Monreal Ávila que se señalan en los cuadros que anteceden.

Señalar la expresión que se utiliza como parámetro de la equivalencia.

88.      Consiste en que, si con las manifestaciones que dijo Ricardo Monreal Ávila sobre sus libros “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y “Otro campo es posible” realizó actos anticipados de campaña relacionadas con la elección presidencial 2024.

Justificar la correspondencia del significado, considerando que esta debe ser inequívoca, objetiva y natural.

89.      En los eventos hizo manifestaciones sobre las cualidades y personajes que han existido en Guanajuato, también mencionó la situación política acerca de que MORENA no ha ganado la gubernatura en esa entidad, agradeció que lo acompañaron 8 senadurías, y que seguirán luchando para lograr el progreso en Guanajuato. Habló sobre su libro “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y con motivo de ello, hizo un recuento general de las reformas constitucionales que se implementaron en el país, también se refirió a las leyes reglamentarias. De igual forma habló en términos generales del campo mexicano con motivo de su libro ¡Otro campo es posible!.

90.      Por lo que, de sus manifestaciones tampoco se advierten frases que pudieran entenderse como equivalentes funcionales para solicitar apoyo de manera velada a su favor para la elección presidencial de 2024, o la exposición de alguna precandidatura, partido o fuerza política, con miras a dicho proceso federal.

91.      También se advierte que Ricardo Monreal dijo: “desde el Senado vamos a seguir ayudando con la política social a los más desprotegidos porque en el senado hemos cumplido con el pueblo, toda la agenda legislativa que nos propuso el presidente López Obrador “.

92.      Pero dichas expresiones tampoco se consideran equivalentes funcionales, porque no se advierte que el propósito fuera solicitar apoyo para la citada precandidatura presidencial, sino que sus palabras estuvieron encaminadas a futuras actividades que realizará en el senado. 

93.      Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración que las conductas denunciadas tuvieron lugar en el mes de junio, siendo que dicho proceso electoral para la elección de la presidencia de la República no ha iniciado aún, por lo que no se acredita el elemento temporal.

94.      Además, Guanajuato no se encuentra, ni encontraba en proceso electoral, toda vez que el mismo acaba de terminar en 2021.

95.      Por lo anterior, se considera que, en el caso, son inexistentes los actos anticipados de precampaña atribuidos a Ricardo Monreal Ávila, respecto de la elección presidencial del 2024.

   Propaganda gubernamental y personalizada.

96.    Las manifestaciones en los eventos fueron emitidas por una persona del servicio público; sin embargo, del contenido de las mismas no se aprecia la difusión de logros, acciones o programas de gobierno, ya que sus expresiones estuvieron relacionadas con el tema su libro “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y con motivo de ello, hizo un recuento general de las reformas constitucionales que se implementaron en el país, de igual forma habló del campo mexicano en razón de su libro ¡Otro campo es posible!

97.    Por lo que, la propaganda gubernamental es inexistente.

98.    Ahora, como no se acreditó la difusión de propaganda gubernamental, no se configura la promoción personalizada[36].

   Uso indebido de recursos públicos.

99.      De las pruebas que aportó el promovente y de las constancias del expediente, no se desprende un uso indebido de recursos públicos, máxime que, los eventos no tuvieron la finalidad de influir en las preferencias electorales ni posicionaron de forma indebida al denunciado.

100.   Por tanto, es inexistente el uso indebido de recursos públicos atribuidos a Ricardo Monreal Ávila, senador de la República.

101.   El promovente señaló que Ricardo Monreal Ávila, vulneró las reglas de informes al estar fuera de la temporalidad prevista en el artículo 242, párrafo 5 de la LEGIPE.

102.   Tal como se mencionó las manifestaciones del denunciado en los eventos fueron genéricas sobre las cualidades y personajes que han existido en Guanajuato, también mencionó la situación política acerca de que MORENA no ha ganado la gubernatura en esa entidad, agradeció que lo acompañaron  senadoras y senadores, y que seguirán luchando para lograr el progreso en Guanajuato, habló sobre su libro “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y con motivo de ello, hizo un recuento general de las reformas constitucionales que recientemente se han implementado en el país, también hizo referencia de las leyes reglamentarias, destacó a los personajes de Guanajuato y su grandeza, y dijo que debe haber unidad en el país, habló también en términos generales del campo mexicano con motivo de su libro ¡Otro campo es posible!, y que la violencia debe terminar en el país.

103.    Por lo que no se trata de propaganda gubernamental que se pueda considerar como un informe de labores con las características que señala la disposición en cita (que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral), ya que sus expresiones estuvieron relacionadas con el tema su libro “Las grandes reformas para el cambio del régimen” y con motivo de ello, hizo un recuento general de las reformas constitucionales que se implementaron en el país, de igual forma habló del campo mexicano en razón de su libro ¡Otro campo es posible!.

104.   Por lo que, sus manifestaciones fueron genéricas sin que se advierta que la finalidad fuera rendir informe acerca de sus actividades como legislador.

    Conductas atribuidas a Carlos García Villaseñor, presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, y a las y los senadores de la República, Casimiro Méndez Ortiz, Cristóbal Arias Solís, Sergio Pérez Flores, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, María Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucía Micher Camarena.

   Actos anticipados de precampaña.

105.   El PAN atribuyó esa conducta a las y los denunciados en mención, derivado de su participación en los eventos.

106.   Ahora, como no se acreditaron los actos anticipados de precampaña derivado de los eventos en cuestión, tampoco se acredita dicha infracción por la asistencia del presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato y de las senadurías (Casimiro Méndez Ortiz, Cristóbal Arias Solís, Sergio Pérez Flores, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, María Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucía Micher Camarena), que acompañaron a Ricardo Monreal Ávila. Además, no se encuentran acreditadas las manifestaciones que en su caso realizaran las senadurías en los eventos.

107.   En cuanto a las manifestaciones que hizo el presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, se advierte que fueron palabras de bienvenida y agradecimiento a Ricardo Monreal Ávila, por estar en Guanajuato. Además, el presidente municipal en respuesta a un requerimiento dijo que la razón de su asistencia fue dar la bienvenida al senador al municipio de Silao de la Victoria.

108.   Sin que se adviertan manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo y/o un llamamiento directo al voto en favor del denunciado, de alguna precandidatura o partido político que pueda incidir en la elección presidencial de 2024, o que se expresara rechazo por otra o por algún partido político, por lo que no se satisface el elemento subjetivo.

109.   Por lo que también son inexistentes los actos anticipados de precampaña atribuidos al presidente municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, derivado de sus manifestaciones.

110.   El PAN también atribuyó a 4 senadurías (Cristóbal Arias Solís, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, María Antonia Cárdenas Mariscal y Martha Lucía Micher Camarena), la difusión de esos eventos en sus redes sociales.

111.   Respecto de los otros senadores (Casimiro Méndez Ortiz, Sergio Pérez Flores y Elí César Eduardo Cervantes Rojas), el denunciante no les atribuyó esa conducta, pues en su queja dijo que no hicieron publicaciones relativas al tema en las cuentas de redes sociales.

112.   Antes de entrar al estudio de la infracción, se debe señalar que[37] en el caso, podemos analizar las publicaciones en las páginas de Facebook y Twitter de:

113.   Porque dichas personas reconocieron su titularidad respectivamente y pertenecen al servicio público.

114.   Esto, con base en lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación: si una persona servidora pública comparte contenidos entre los que destaca la información referente a sus actividades del servicio público, entonces constituyen información de interés general, al estar relacionada con la gestión pública y el funcionamiento de la institución a la que representa[38].

115.   Veamos el contenido de las publicaciones[39]:

116.   En estas publicaciones las y los senadores expresaron que acompañaron a Ricardo Monreal Ávila a la presentación de sus libros en Guanajuato.

117.   El análisis de esas publicaciones nos lleva a concluir que se actualiza el elemento personal, dado que las y los senadores identifican a Ricardo Monreal Ávila, pero no se configura el elemento subjetivo, ya que no realizaron manifestaciones por las que solicitaran apoyo a favor de Ricardo Monreal Ávila, para el proceso presidencial del 2024, ni se pronunciaron en contra de alguna precandidatura o partido político de esa misma elección.

118.   En ese sentido, toda vez que, las y los denunciados no hicieron referencia alguna al proceso de renovación de la presidencia de México, ni a la supuesta aspiración de Ricardo Monreal Ávila, para obtener la precandidatura correspondiente, no es posible concluir que por el hecho de hacer publicaciones donde mencionaron que acompañaron a Ricardo Monreal Ávila a los eventos, vulnerara el proceso electoral federal que tendrá lugar en el 2024.

119.   De las publicaciones tampoco se advierten frases que pudieran entenderse como equivalentes funcionales para solicitar apoyo de manera velada a su favor para la elección presidencial de 2024, o la exposición de alguna precandidatura, partido o fuerza política, con miras a dicho proceso federal.

120.   Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración que las conductas denunciadas tuvieron lugar en el mes de junio, siendo que dicho proceso electoral para la elección de la presidencia de la República no ha iniciado aún.

121.   Por lo anterior, se considera que, en el caso, son inexistentes los actos anticipados de precampaña atribuidos a las y los denunciados en favor de Ricardo Monreal Ávila, respecto de la elección presidencial del 2024.

   Propaganda gubernamental y promoción personalizada.

122.   Las manifestaciones que hacen las senadurías en sus publicaciones fueron emitidas por personas del servicio público; sin embargo, de su contenido no se aprecia la difusión de logros, acciones o programas de gobierno, ya que solo expresaron que acompañaron a Ricardo Monreal Ávila a la presentación de sus libros en Guanajuato.

123.   Por lo que la propaganda gubernamental es inexistente.

124.   Ahora, como no se acreditó la difusión de propaganda gubernamental, no se configura la promoción personalizada[40].

   Uso indebido de recursos públicos.

125.   De las pruebas que aportó el promovente y de las constancias del expediente, no se desprende un uso indebido de recursos públicos, porque no se acreditó alguna erogación para la realización de los eventos o traslados, máxime que, los eventos no tuvieron la finalidad de influir en las preferencias electorales ni posicionaron de forma indebida a Ricardo Monreal Ávila.

126.   Por tanto, es inexistente el uso indebido de recursos públicos atribuidos a las y los denunciados en favor de Ricardo Monreal Ávila, senador de la República.

    Conducta atribuida a MORENA.

   Falta al deber de cuidado.

127.   Al ser inexistentes las infracciones, tampoco se acredita la falta al deber de cuidado de MORENA, porque los partidos no tienen la calidad de garantes respecto de las conductas cuando actúen como personas del servicio público[41].

128.   Por lo expuesto se

RESUELVE:

PRIMERO. Se sobresee en el procedimiento respecto de Faustino López Vargas.

SEGUNDO. Se escinde el procedimiento respecto del hecho indicado en esta sentencia.

TERCERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a las personas involucradas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos de las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto concurrente de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y el voto concurrente del magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, ante el secretario general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 4/2022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del tribunal.

VOTO CONCURRENTE[42]

Expediente: SRE-PSC-178/2022

Magistrada: Gabriela Villafuerte Coello

1.         Nuevamente[43] nos encontramos ante un asunto donde se denuncian supuestos actos anticipados de precampaña, que la lógica me dice serán cada vez más frecuentes e inevitablemente me invitan a reflexiones que comparto con las partes involucradas y principalmente, con la ciudadanía; pues nuestras sentencias impactan al sistema democrático en el que vivimos todas y todos.

2.         Reconozco que las coincidencias ideológicas y partidistas de quienes acceden al poder por la postulación de algún partido son naturales; pero en mi opinión, la ciudadanía debe distinguir de manera nítida las funciones gubernamentales e incluso las preferencias o influencias partidistas.

3.         Sobre todo, por el vínculo que tiene la gente con los partidos políticos (que les simpatizan) durante la renovación periódica de las personas en el poder, así como las actividades y responsabilidades que estos institutos asumen dentro y fuera de los procesos electorales en los que se dan esos relevos.

4.         Esa división es muy importante porque delimita los plazos, los actos y las finalidades que asumirán frente a la ciudadanía.

5.         Cuando son los comicios, las labores de los partidos políticos se encaminan a convencer al electorado para que elijan sus precandidaturas o candidaturas, por lo que les acercan información sobre sus propuestas, documentos básicos y su plataforma electoral[44]. Mientras que en el periodo ordinario[45] se encargan de fomentar la cultura democrática, transmitir su ideología, incrementar el número de personas afiliadas o capacitar a la militancia.

6.         La regulación que se hizo de las precampañas en el entonces COFIPE de 2007, obedeció a que eran una realidad que carecía de normas[46] y esa situación dio pie a actos discrecionales y abusos, porque duraban más de un año, utilizaban recursos privados sin control y en la práctica se convirtieron en actos anticipados de campaña, lo que afectaba la equidad en la contienda. De ahí la necesidad de legislar la fase que ya se daba de hecho.

7.         Por ejemplo, en la elección del titular del Ejecutivo Federal en 2018, diversas personas aspirantes demostraron interés[47] en contender por dicho cargo desde el 20 de agosto de 2016 cuando el proceso empezó en septiembre de 2017, es decir, con más de un año de anticipación y ahora empiezan estos actos en mayo de 2022, cuando el proceso arrancará en septiembre de 2023. Es evidente que el lapso de la anticipación es mayor en cada comicio federal.

8.         En principio, es válido y razonable que toda persona tenga aspiraciones a ser titular del Poder Ejecutivo Federal, pero veo riesgos latentes producto de ese anhelo: los partidos políticos marginan sus obligaciones y el funcionariado público relega a un segundo plano las labores propias de su cargo para desempeñar otro tipo de actividades.

9.         Con ese proceder diluyen la esencia de la democracia y pueden generar la impresión equivocada en la ciudadanía que hay una campaña permanente de aquí al 2024, como si fuera un gran proceso electoral, con el respaldo de partidos políticos y desde la presidencia de México.

10.     Esto implica que las y los actores políticos, aprovechen cualquier vía o medio para captar la atención de la gente, no importa el contexto o espacio; tratan de guardar en la memoria colectiva un signo distintivo de identificación porque éste se convierte en un mensaje que puede resultar provechoso para un fin próximo (entre ellos, el participar en un futuro proceso electoral); se instalan en el imaginario como un producto político o una oferta electoral[48].

11.     En este terreno, la imagen pública de la persona es un mensaje y parte de una estrategia de campaña permanente, que puede hacer que se le brinde el apoyo que pide directa o implícitamente.

12.     Dichas conductas enrarecen el contexto social y el ambiente jurisdiccional, porque vemos situaciones atípicas del relevo presidencial, que no están reguladas en la norma y que no resuenan con la esencia de los principios electorales y del servicio público, tal como acontecía en su momento con las precampañas.

13.     Aquí quiero citar al jurista israelí Aharon Barak quien dijo “La ley debe ser estable, pero no puede permanecer inmóvil”; y ¡cuánta razón tiene!, porque las normas deben adecuarse a las realidades que están en continua evolución.

14.     Si bien, de primera impresión parece que podemos usar los precedentes que resolvimos en 2016 y 2017, en los que dijimos que las infracciones eran inexistentes porque eran actos futuros de realización incierta, es inevitable voltear a ver que los contextos y conductas actuales tienen matices que les diferencian, como la modernización y diversificación de las redes sociales; que antes la calidad de las personas aspirantes era variada (ciudadanas, periodistas o servidoras públicas) y de diferentes fuerzas políticas, incluso hoy vivimos una pandemia que modificó la forma de comunicarnos.

15.     Estas actividades cambiantes demandan examinar nuestro marco jurídico para normar la realidad del hoy, con preceptos que resuenen y vibren fuerte para brindar seguridad, consistencia y permanencia en la sociedad, con la que hay una deuda de credibilidad y confianza.

16.     El principal socio de las personas juzgadoras: el Poder Legislativo, debe considerar todas estas situaciones, para asegurar la estabilidad a través del cambio que se proponga en las normas.

17.     Así las y los legisladores podrían conceptualizar el ejercicio real y objetivo que hacen los partidos y las personas que aspiran a participar en la elección presidencial de 2024, determinar cómo participarán, tratándose de personas del servicio público cómo conjugarán sus actividades, así como la regulación específica de cuestiones técnicas, económicas o temporales.

18.     De modo que las partes involucradas en la renovación de los poderes se conduzcan conforme a las normas diseñadas a partir de la realidad, en donde la ciudadanía pueda hacerse escuchar a través de entrevistas, encuestas, cuestionarios o iniciativa popular para darle insumos a las personas legisladoras, como parte de la cultura democrática, si es que así lo desea.

19.     Asimismo, es importante el ejercicio de conciencia del funcionariado público y de los institutos políticos para que se conduzcan éticamente de manera voluntaria y actúen con moderación, mesura y autocontención en sus expresiones, publicaciones o actuaciones, de modo que vuelvan a poner en el centro de sus acciones a la gente y respeten su derecho a un voto libre.

20.     Por otra parte, en la sentencia se determinó separar el procedimiento para que la UTCE realice investigación y determine si debe iniciar un procedimiento especial sancionador por el señalamiento que hizo el PAN en su queja sobre una entrevista realizada por el medio digital “Noticieros en Línea”, en la que el denunciante consideró que la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila da lugar a actos anticipados de campaña y propaganda gubernamental con promoción personalizada.

21.     Pero en mi opinión, no se debió realizar esa separación para investigar e iniciar un nuevo procedimiento, porque es innecesario e irrelevante dado el sentido de la sentencia.

22.     Estas son las razones de mi voto.

Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónica certificada; es válido, porque así lo dicen los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 4/2022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del tribunal.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-178/2022.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emito el presente voto concurrente conforme a lo siguiente:

I. Contexto del asunto

El PAN denunció la realización de los siguientes eventos, de supuesto carácter académico, en los que participó el autor de las obras, el senador Ricardo Monreal, así como el presidente municipal de Silao, Guanajuato, y personas senadoras de diversos estados del país:

•Presentación del libro “Otro campo es posible” en Guanajuato, el veintiuno de junio.

•Presentación del libro “Otro campo es posible” en Silao, Guanajuato, el veintidós de junio.

•Presentación del libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, en León, Guanajuato, el veintidós de junio.

A decir del denunciante, los eventos se trataron de fachadas académicas para promover la candidatura presidencial del Senador denunciado, su trabajo gubernamental, el proyecto de la 4T y la visión política de Morena, lo que configuraría actos anticipados, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración a las reglas del informe anual de labores, además de culpa in vigilando de Morena.

En particular, el PAN manifiesta que en los eventos se proyectó un video dando cuenta de los logros de Ricardo Monreal en sus distintos puestos públicos, y que la presentación de los libros era una excusa para presentar su candidatura presidencial.

II. ¿Qué se decidió en la sentencia?

En la sentencia se determinó: 1) que los eventos denunciados no constituían actos anticipados de precampaña y campaña por parte de Ricardo Monreal, ya que no era posible advertir manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo y/o un llamado directo al voto en su favor, de alguna persona en específico, candidatura o partido político que pudiera incidir en el proceso electoral federal 2023-2024; 2) que no se advertía la existencia de equivalentes funcionales; 3) tampoco se acreditó la difusión de propaganda gubernamental personalizada porque no se advirtió la difusión de logros, acciones o programas de gobierno, ya que sus expresiones estuvieron relacionadas con la presentación de sus libros, 4) que no existió uso indebido de recursos por la organización de los eventos denunciados porque no tuvieron la finalidad de influir en la preferencias electorales y 5) también era inexistente la infracción relativa a la falta al deber de cuidado atribuible a Morena.

III. ¿Por qué emito el presente voto concurrente?

En primer lugar, quiero destacar que concuerdo con el sentido de la sentencia ya que los eventos denunciados no constituyen actos anticipados, propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, ni tampoco la vulneración a las reglas del informe anual de labores.

No obstante, emito el presente voto porque considero que en la sentencia se debieron retomar algunas temáticas para robustecer las conclusiones a las que arriba la sentencia aprobada por el Pleno de esta Sala.

Desde mi perspectiva, pudieron haberse analizado los eventos denunciados y los elementos que en ellos se advertían, tomando en cuenta las imágenes, los videos que se reprodujeron, y las intervenciones de quienes participaron, para tener una perspectiva contextual e integral, así como las notas periodísticas aportadas por el denunciante, las publicaciones en redes sociales realizadas por las senadoras y senadores denunciados, para llevar un análisis de los hechos, su difusión y el contexto en el que se dieron, tal como se hizo en la metodología de los precedentes SRE-PSC-121/2022 y SRE-PSC-127/2022

De igual manera, la conclusión a la que arriba el proyecto también pudo robustecerse contestando el agravio de que los eventos denunciados son una fachada académica ya que están organizados para posicionar anticipadamente a Ricardo Monreal.

En esta lógica, emito el presente voto concurrente.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación.