Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintidós[1].

SENTENCIA de la Sala Especializada por la que se determina:

i)              La inexistencia de las infracciones consistentes en calumnia y el uso indebido de la pauta, que se atribuyen al partido político Morena.

ii)            La inexistencia del incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en los acuerdos ACQyD-INE-94/2022 y ACQyD-INE-97/2022 atribuido al citado instituto político.

iii)         Tanto la existencia e inexistencia del incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la citada Comisión en el diverso ACQyD-INE-131/2022 atribuido a diversas emisoras de radio y televisión que se precisan en esta determinación.

Lo anterior, con motivo de los promocionales denominados TRAIDORES V2 para televisión (folio RV00811-22) y MORENA ENERGIA para radio (folio RA00726-22) pautados para periodo ordinario.

ANTECEDENTES

1.              a. Procesos electorales locales 2021-2022[2]. Las elecciones ordinarias locales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas iniciaron el siete de octubre, uno de noviembre, quince de diciembre, seis de septiembre y doce de septiembre todos de dos mil veintiuno, respectivamente, mientras que las relativas a Quintana Roo iniciaron el siete de enero.

2.              El periodo de campaña transcurrió del tres de abril al uno de junio y la jornada electiva para dichos procesos electivos tuvo verificativo el cinco de junio[3].

3.              b. Quejas[4]. El treinta y treinta y uno de mayo, el PRI[5] y Movimiento Ciudadano[6] presentaron quejas en contra de MORENA por el supuesto uso indebido de la pauta por la difusión de los promocionales TRAIDORES V2 y MORENA ENERGIA, por considerar que el contenido de estos constituye calumnia, incitan al odio, falta a la verdad y genera violencia, así como el presunto incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en los acuerdos ACQyD-INE-94/2022 y ACQyD-INE-97/2022 por la Comisión de Quejas.También, dichos partidos solicitaron la adopción de medidas cautelares.

4.              c. Radicación, admisión, reserva y diligencias[7]. En mismas fechas, la UTCE registró las quejas con las claves de expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/318/2022 y UT/SCG/PE/MC/CG/319/2022, respectivamente; las admitió a trámite, reservó el emplazamiento de las partes a la audiencia de ley, ordenó la acumulación de los expedientes y desplegó diligencias de investigación para su debida integración.

5.              d. Medidas cautelares y resolución. El dos de junio, mediante acuerdo ACQyD-INE-131/2022 la Comisión de Quejas declaró la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por los partidos promoventes[8]. Lo cual fue confirmado por la Sala Superior al dictar resolución en el expediente SUP-REP-415/2022[9].

6.              e. Emplazamiento y audiencia. El trece de septiembre, desahogada la etapa de investigación, la autoridad instructora emplazó a las partes para que comparecieran a la audiencia de ley, la cual se celebró el veintisiete siguiente.

7.              f. Recepción del expediente. En su momento, se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, el cual se remitió a la Unidad Especializada a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración[10].

8.              g. Turno a ponencia. El dieciocho de octubre, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-180/2022 y turnarlo al Magistrado Luis Espíndola Morales, quien lo radicó en su ponencia y procedió a la elaboración del proyecto de sentencia conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

9.              Esta Sala Especializada tiene competencia para resolver el presente asunto, toda vez que se denuncia el supuesto uso indebido de la pauta por contenido calumnioso con impacto en los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, derivado de los promocionales TRAIDORES V2 y MORENA ENERGIA pautados por Morena para radio y televisión del periodo ordinario[11].

10.           Asimismo, por el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas en los acuerdos ACQyD-INE-94/2022 y ACQyD-INE-97/2022 que se atribuye a Morena, así como el diverso ACQyD-INE-131/2022 respecto a diversas emisoras de radio y televisión, lo cual este órgano jurisdiccional también es competente para conocer[12].

SEGUNDA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

11.           Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada.

12.           GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V.; Cadena Tres I, S.A. de C.V.; Radio Costera, S.A.; Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V.; y Radio Mina, S.A., señalan que se vulneran en su perjuicio las exigencias de fundamentación y motivación en el emplazamiento, dado que se omitió invocar el precepto legal del cual se desprende su obligación de dar cumplimiento a las medidas cautelares.

13.           Se desestima tal planteamiento porque, diverso a lo señalado, en el acuerdo de emplazamiento se identifica el fundamento constitucional para el dictado de las medidas cautelares y las disposiciones legales y reglamentarias que le dotan de contenido y hacen exigible su cumplimiento.

14.           Lo anterior, al referirle que las emplazaba por “La presunta violación a lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 452, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, párrafo 2, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, así como el acuerdo ACQyD-INE-131/2022, dictado el dos de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Quejas y Denuncias en la Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, derivado del posible incumplimiento del citado acuerdo de medida cautelar, al no haber suspendido la difusión de los promocionales TRAIDORES V2, identificado con el folio RV00811-22 y MORENA ENERGÍA, identificado con el folio RA-00726-22, pautados por el partido político Morena”.

15.           Por lo tanto, la autoridad instructora identificó el marco constitucional, legal y reglamentario que permitió a las concesionarias conocer la conducta que se les imputa en la causa, por lo que no se actualiza la afectación que aducen.

16.           Por otra parte, Radio Mina, S.A. sostiene que no hay elementos para determinar la existencia de la infracción, mientras que Multigrabaciones del Norte, S.A. de C.V. y Telecomunicaciones de la Huasteca, S.A. de C.V. solicitan que se deseche la queja por infundada, por carecer de justificación jurídica.

17.           Al respecto, el artículo 471, párrafo 5 de la Ley Electoral, establece las causas por las que se desechará de plano la denuncia. Sin embargo, contrario a lo que sostienen dichas concesionarias, se advierte que en el emplazamiento se la UTCE señaló los hechos que estimó contrarios a la normatividad electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba, por lo que, en todo caso la actualización o no de la infracción, será materia de análisis en el estudio de fondo de la presente resolución.

18.           Finalmente, esta Sala Especializada no advierte, de oficio, la actualización de alguna otra causal. Por lo tanto, lo procedente es el análisis de fondo de la cuestión planteada en los términos que enseguida se exponen.

TERCERA. INFRACCIONES QUE SE IMPUTAN Y DEFENSA DE LAS PARTES DENUNCIADAS

19.           Las manifestaciones de las partes, así como lo sustentado por estas al comparecer en el procedimiento y lo que se desprende de los requerimientos de la autoridad instructora[13], son las siguientes:

I.                   Infracciones que se imputan

20.                                      El PRI y Movimiento Ciudadano sostienen de manera similar que los promocionales denunciados les calumnian, puesto que les atribuyen el delito de traición a la patria, así como a sus dirigencias, derivado de la votación sobre la reforma eléctrica, además de que:

i)              Se trata de una conducta flagrante, sistemática y reiterativa de Morena, porque de nueva cuenta invoca y cita la comisión de dicho delito que había sido analizada por la Comisión de Quejas.

ii)            Incumple las medidas cautelares de la citada comisión, pues pauta el contenido que había sido analizado en sede cautelar.

iii)         Morena difunde la idea de que los partidos promoventes y sus dirigencias son presuntos delincuentes y/o imputados por conductas constitutivas de delito, al utilizar su imagen cubriéndoles los ojos en las imágenes del promocional en su versión de televisión.

iv)         El contenido de los promocionales no puede ubicarse en el libre ejercicio de la libertad de expresión, porque no se trata de críticas duras, sino de una imputación de hechos falsos para denostar y desacreditar a los partidos promoventes, a la oposición y sus dirigencias.

21.                Por otra parte, la UTCE señala que, con base en los informes y elementos de prueba presentados por la Dirección de Prerrogativas, que las emisoras de las concesionarias involucradas en la causa incumplieron con su deber de atender las medidas cautelares determinadas en el acuerdo ACQyD-INE-131/2021 en los términos en que fueron ordenadas.

II.                 Defensas del partido denunciado

22.                MORENA sostiene que, en los materiales de radio y televisión que pautó, no se advierte alguna imputación de hecho o delito que actualice calumnia, sino que ponen en el debate público temas de interés general. Así como que:

i)              El material denunciado no es una campaña ni constituye propaganda electoral, pues no hay un llamamiento al voto ni expone plataforma electoral alguna, sino que es parte de las actividades ordinarias permanentes del partido que implica la difusión de un posicionamiento ideológico acorde a sus documentos básicos.

ii)            El contenido pautado representa una crítica severa hacia las fuerzas políticas que no acompañaron la reforma eléctrica, lo cual es indispensable para la libre circulación de ideas e información con relación al actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidaturas y partidos políticos.

iii)         La frase “la historia los recordará como traidores a México” no constituye calumnia, dado que ese tipo administrativo requiere la imputación directa, clara y sin ambigüedades de algún delito previsto en la legislación penal vigente, siendo que traidores a México no está previsto como algún tipo penal, aunado a que se trata de una frase que admite varios significados, connotaciones e interpretaciones desde diversos ángulos de visión del contexto histórico en el que se vive y en el que se realizaron los actos.

iv)         Las frases “la oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica”… “solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética”… “en nuestro movimiento le llamamos a las cosas por su nombre y seguimos poniendo primero al pueblo”… “con la aprobación de la ley minera que garantiza el litio para todas y todos juntas y juntas defendemos la soberanía energética”, no actualizan calumnia, pues son puntos de vista o posicionamientos del partido ante la postura legislativa asumida por los partidos políticos de oposición, lo cual no transgrede disposición o principio jurídico alguno.

v)            La opinión crítica inserta en el contenido del mensaje denunciado tiene un sustento fáctico suficiente y consecuentemente, no actualiza la figura jurídica de calumnia ya que únicamente muestra el descontento, crítica o reproche del partido hacia las fuerzas políticas que no acompañaron la reforma eléctrica.

vi)         En el contexto del debate político en un entorno democrático, la protección a la libertad de expresión se debe extender no solamente a informaciones e ideas aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas, como la que contiene el material denunciado.

vii)       No se trata de la imputación de algún delito porque el delito de traición a la patria solo puede ser cometido por personas físicas.

viii)    El poder legislativo es uno de los poderes del Estado elegido por la ciudadanía a través de los partidos políticos mediante un sistema democrático directo, por lo cual éstos quedan estrechamente relacionados con el partido político del que emanan, con el cual comparten ideologías y principios, tanto que existen grupos parlamentarios de acuerdo con el ideario que comparten. De ahí que, dar a conocer las actividades legislativas y el sentido de las votaciones, no rompe con el esquema democrático que se vive en el país.

ix)         Los mensajes difundidos y expresiones como “traidores a México” no generan un discurso de odio ni implican invitaciones de violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas o posible alteración del orden público o polarización social y política pues dicha expresión sólo denota que no se compartió el ideario del partido.

III.              Defensas de las concesionarias

23.                                      Las concesionarias expusieron los argumentos tendentes a justificar su actuar o desacreditar los planteamientos de la autoridad electoral, de la siguiente manera:

IV.             Concesionarias que no comparecieron

26.           Ahora bien, conforme al acta de la audiencia de pruebas y alegatos se desprende que las concesionarias: [1] XEHB, S.A. de C.V.; [2] Radio Santa Bárbara, S.A. de C.V.; [3] Universidad Autónoma Agrafia Antonio Narro; [4] Julián Orozco González; [5] Belisario Virgilio Alvarado Alvarado; [6] La Puerta de la Mixteca, S. de R.L. de C.V.; [7] Radio Casandoo, S.A. de C.V. ; [8] Ricardo Boone Menchaca; [9] Pedro Boone Menchaca; [10] Sucn. de Francisco Encinas Angulo; [11] Autogestión Comunicativa, A.C.; [12] Gustavo Alonso Cortez Montiel; [13] Música Radiofónica, S.A. de C.V.; y [14] Radio Mil de Veracruz, S.A. de C.V., no comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo el veintisiete de septiembre pese a que fueron notificadas de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

27.           No obstante, se toman en consideración los posicionamientos que formularon durante la substanciación del procedimiento, los cuales se resumen a continuación:

i)              XEHB, S.A. de C.V.; Radio Santa Bárbara, S.A. de C.V.; y Música Radiofónica, S.A. de C.V., a través de su representante legal, sostuvieron que el incumplimiento se debió a una falla técnica en el sistema de transmisión de la estación.

ii)            Radio Mil de Veracruz, S.A. de C.V.; Belisario Virgilio Alvarado Alvarado; Gustavo Alonso Cortez Montiel, sostuvieron que la transmisión se debió a un error del departamento de continuidad que no realizó a tiempo el cambio correspondiente del material.

iii)         Ricardo Boone Menchaca y Pedro Boone Menchaca no fue atendida la medida debido a la falta de personal auxiliar administrativo.

iv)         La Puerta de la Mixteca, S. de R.L. de C.V., a través de su representante legal, señaló que transmitió el material de acuerdo con el pautado disponible en el portal del SIGER.

Asimismo, señala que el promocional con folio RA00726-22 no cuenta con una medida cautelar proporcionada a los correos autorizados para oír y recibir notificaciones por parte del INE.

v)            Sucn. de Francisco Encinas Angulo, a través de la albacea y representante de la sucesión, sostuvo que:

               Al tener conocimiento de la medida cautelar se atendió; sin embargo, el cinco de junio, día inhábil, se presentó un corte en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el sector de los estudios de la concesionaria.

               Al reestablecerse dicho suministro los equipos de transmisión reanudaron de forma automática, lo que provocó que los sistemas de automatización de contenidos de la emisora reconocieran la orden de transmisión original como la que debía transmitirse.

vi)              Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro sostuvo que no puede es responsable porque la medida cautelar se le notificó de manera posterior a la transmisión.

vii)            Autogestión Comunicativa, A.C. indicó que la transmisión derivó de cortes de energía eléctrica la que ocasionó que no se guardaran los cambios.

viii)         Julián Orozco González y Radio Casandoo, S.A. de C.V., además de no presentarse a la audiencia de alegatos, no dieron respuesta a los requerimientos de la autoridad instructora, por lo que no puede darse respuesta a sus defensas.

CUARTA. MEDIOS DE PRUEBA, REGLAS PARA SU VALORACIÓN Y HECHOS ACREDITADOS

I.                   Pruebas

28.                                      Los medios de prueba presentados por las partes y los recabados de oficio por la autoridad instructora, se detallan en el ANEXO ÚNICO de la presente sentencia, a fin de garantizar su consulta eficaz.

II.                 Valoración

29.                                      En relación con la valoración de los medios de prueba que obran en el expediente, debe atenderse a lo siguiente:

i)              De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoral serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el Derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

ii)            La misma ley señala en su artículo 462 que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto.

30.                                      Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, además de que no fueron controvertidas en el presente asunto. De conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

31.                                      Por su parte, las documentales privadas y pruebas técnicas, en principio, sólo generan indicios, por lo que para constituir prueba plena sobre la veracidad de los hechos a los que hacen referencia deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y la relación que guardan entre ellos; esto de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

32.                                      Cabe destacar que el Sistema Integral de Gestión de Requerimientos (SIGER) constituye un programa electrónico que, en el presente caso, fue utilizado por la Dirección de Prerrogativas para responder a los requerimientos efectuados por la autoridad instructora[19].

33.                                      Asimismo, los testigos de grabación que la citada dirección adjuntó cuentan con valor probatorio pleno, conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[20].

III.              Objeción

34.                                      Morena sostiene que las pruebas aportadas no son aptas para acreditar la pretensión de los partidos promoventes.

35.                                      Al respecto, es inatendible la objeción planteada dado que se funda en un argumento genérico, puesto que es a partir del ejercicio de valoración y análisis de pruebas se verificará si estas son viables o no para la acreditación de la conducta denunciada.

IV.             Hechos acreditados

36.                                      Ahora bien, de la valoración conjunta de las manifestaciones de las partes, los medios de prueba y la totalidad de constancias que integran el expediente, conduce a tener por probados los siguientes enunciados:

i)              La existencia y difusión de los promocionales TRAIDORES V2 y MORENA ENERGIA por MORENA, como parte de su prerrogativa de acceso a radio y televisión, para ser difundidos en el periodo ordinario.

ii)            Del reporte de vigencia de materiales del Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión se acreditó que el periodo de vigencia de los promocionales denunciados, comprendieron tal y como se detallada a continuación:

iii)         De dichos reportes es posible concluir que los referidos spots fueron pautados por Morena, para el periodo ordinario en los treinta y dos estados de la República para el ámbito federal. Además, se encontraba en curso el proceso electoral local 2021-2022 en seis entidades para la renovación de diversos cargos públicos de elección popular.

iv)         Por otra parte, de la información proporcionada por la Dirección de Prerrogativas se tiene demostrado que los materiales denunciados tuvieron un total de 7,341 impactos, lo cual se detalla a continuación:

v)            Respecto al contenido de los promocionales, se tiene acreditado a partir del acta circunstanciada que instrumentó la UTCE, mismo que será desarrollado en el estudio de fondo de la presente determinación a fin de evitar repeticiones innecesarias.

vi)         Fueron ochenta y siete detecciones de los promocionales denunciados, con posterioridad al inicio de la obligación ordenada por la Comisión de Quejas y Denuncias, lo cual se resume a continuación:

QUINTA. ESTUDIO DE FONDO

I.                   Controversia

37.                                      De conformidad a lo expuesto, esta Sala Especializada advierte que el aspecto a dilucidar en el presente procedimiento es determinar lo siguiente:

i)              Si Morena utilizó indebidamente la pauta por difundir contenido calumnioso en contra de los partidos denunciantes y sus dirigencias, en los promocionales TRAIDORES V2 y MORENA ENERGIA.

ii)            Si Morena incumplió lo ordenado por la Comisión de Quejas en los acuerdos ACQyD-INE-94/2022 y ACQyD-INE-97/2022 que, en tutela preventiva les prohibió emitir propaganda que incluyera la imputación del delito de traición a la patria a los partidos opositores.

iii)         El presunto incumplimiento a la medida cautelar ordenada por dicha comisión en el diverso ACQyD-INE-131/2022, por parte de diversas concesionarias de radio y televisión.

II.                 Calumnia y acceso a prerrogativas (radio y televisión)

II.1. Marco normativo y jurisprudencia aplicable

                     Uso indebido de la pauta

38.                                      Conforme al modelo de comunicación política, los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, como parte de sus prerrogativas[21], para que la gente conozca su ideología, propuestas de gobierno, plataforma político-electoral y candidaturas.

39.                                      Sobre lo anterior, la Ley Electoral dispone lo siguiente:

i)              El INE al ser la autoridad facultada para administrar los tiempos del Estado, debe garantizar el uso de tales prerrogativas a los partidos políticos[22].

ii)            Dichos institutos harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el INE[23].

iii)         Además, pueden difundir propaganda en radio y televisión en las distintas etapas del proceso electoral (precampaña, intercampaña y campaña) y también cuando no hay proceso electoral (periodo ordinario).

iv)         Asimismo, tienen la libertad para diseñar su estrategia de comunicación y los contenidos de sus mensajes.

v)            Sin embargo, la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas difundan, se ajustará[24] a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6°, de la Constitución[25].

40.                                      A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión contempla lo siguiente:

i)              El acceso a radio y televisión, a través del tiempo que la Constitución otorga, en la forma y términos establecidos en la Ley Electoral y el propio Reglamento[26].

ii)            En los procesos electorales locales, los partidos políticos accederán a sus prerrogativas de radio y televisión en un período único y conjunto de precampaña[27].

iii)         En ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de los promocionales que les correspondan, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE o de autoridad alguna y sólo serán sujetos a ulteriores responsabilidades derivadas de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Asimismo, dispone que en intercampaña, los mensajes genéricos de los partidos políticos tendrán carácter meramente informativo[28].

41.                                      No obstante, es criterio de la Sala Superior[29] que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político electoral no es absoluto, sino que encuentra límites de carácter objetivo, relacionados con diversos aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública.

42.                                      También ha sostenido que el contenido de la propaganda debe atender al periodo de su transmisión, por lo que se debe observar si la misma se difundió dentro o fuera de un proceso electoral. Si es dentro, debe tomarse en cuenta la etapa respectiva para su análisis (precampaña, intercampaña y campaña), pues de esos elementos dependerá el tipo de mensaje que pueda difundirse[30].

43.                                      Como consecuencia, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha determinado que la prerrogativa de acceso a tiempos en radio y televisión se regula y orienta por las siguientes finalidades y directivas[31]:

                     La propaganda que difundan los partidos en radio y televisión, dentro o fuera de un proceso electoral, debe sujetarse a los principios, valores e ideología política que postulan, respetar los límites a la libertad de expresión y tener por objeto la divulgación de su ideología, programas, principios e ideas, así como su plataforma electoral, por lo que:

i)              La propaganda política, debe presentar la ideología, principios, valores o programas de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a formar parte del mismo, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus personas afiliadas; y

ii)            La propaganda electoral, debe propiciar el conocimiento de quienes ostentan las candidaturas, la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con miras a obtener el triunfo por el cargo de elección popular por el cual compitan.

44.                                      Por tanto, la Sala Superior ha sostenido que, mientras la primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, la segunda está íntimamente ligada a la campaña de los partidos políticos y candidaturas que compiten en el proceso electoral para acceder a los cargos de elección popular.

45.                                      De igual forma, dicha Sala ha precisado que los mensajes de los partidos políticos pueden contener una crítica o contraste sobre el ejercicio de políticas públicas, lo que está permitido dado que fomenta el debate político[32].

46.                                      Asimismo, esta Sala Especializada ha establecido[33] que uno de los objetivos de la propaganda política que difunden los partidos políticos, al disponer de su prerrogativa de acceso a la radio y televisión, estriba en la difusión de su postura ideológica, lo que se alcanza si la propaganda en cuestión reúne algún elemento sustancial que se relacione con los principios ideológicos de carácter político, económico y social, que postule un partido político plenamente identificado, o bien, realice una manifestación crítica en el contexto del debate político.

47.                                      En tal sentido, los partidos políticos están constreñidos a emplear los tiempos que el Estado, a través del INE, les asigna en radio y televisión, a fin de difundir su propaganda política, electoral, de precampaña o de campaña, respetando los parámetros que para cada una de las etapas la propia normativa electoral mandata.

48.                                      Por lo que si bien, en ejercicio de su libertad de expresión, la determinación de los contenidos de los promocionales corresponde únicamente a los partidos políticos, de rebasar alguna de las directrices constitucionales y legales que regulan su difusión, pueden incurrir en algún tipo de ilicitud.

                     Calumnia y sus elementos

49.                                      La Constitución dispone[34] que los partidos políticos y candidaturas deberán abstenerse de calumniar a las personas en la propaganda política o electoral que emitan, previsión que la Ley Electoral[35] replica y considera a las coaliciones, precandidaturas, personas aspirantes a candidaturas independientes y a quienes ya hubieren obtenido las mismas, así como a concesionarias de radio y televisión.

50.                                      La misma Ley Electoral señala[36] que la calumnia constituye la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral y la Sala Superior ha definido[37] que para que dicha previsión constituya un límite válido a la libertad de expresión en materia electoral, la imputación debe haberse realizado de forma maliciosa.

51.                                      La misma Sala definió que para establecer la gravedad del impacto en el proceso electoral, deberá valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el derecho de la ciudadanía a formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidaturas.

52.                                      Por lo que hace a la imputación maliciosa de hechos o delitos falsos, se debe verificar si las expresiones tienen un sustento fáctico suficiente que permita concluir quien las emitió tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en la investigación y comprobación de los hechos en que se basa la expresión.

53.                                      En esta línea, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido[38] como elemento definitorio de la calumnia que quien imputa hechos o delitos falsos tenga conocimiento sobre su falsedad.

54.                                      Por tanto, para que la calumnia pueda constituir un límite válido a la libertad de expresión en la materia electoral, se deben actualizar los siguientes elementos:

               Objetivo. Imputación de hechos o delitos falsos.

               Subjetivo. Con el conocimiento o a sabiendas de la falsedad de los hechos o delitos que se imputan.

               Electoral. Se debe demostrar que los hechos constitutivos de calumnia tuvieron impacto en un proceso electoral.

55.                                      Por lo que hace al elemento subjetivo, la Sala Superior ha referido que si bien no debe condicionar el análisis de las expresiones a requisitos de veracidad injustificados, sí se debe ceñir la protección constitucional a información que, en principio, sea veraz e imparcial, entendiendo por la veracidad un límite interno que implica que la información difundida se respalde por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento en la realidad, mientras que la imparcialidad se erige en una barrera contra la tergiversación abierta y la difusión intencional de inexactitudes.[39]

56.                                      En consecuencia, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o electoral, como restricción a la libertad de expresión, protege sustancialmente la finalidad imperiosa de que el electorado vote de manera informada, siendo que uno de los bienes constitucionalmente protegidos por este tipo constitucional en materia electoral es la veracidad como una precondición de la integridad electoral.[40]

57.                                      Lo anterior supone que en los procedimientos especiales sancionadores en materia electoral y particularmente en el ejercicio de las libertades de expresión e información, lo que se protege de manera primordial es que la ciudadanía esté debidamente informada para la emisión de su voto, puesto que los derechos individuales a una rectificación o indemnización de quienes resientan una afectación por los hechos o delitos falsos que se les atribuyan, deben atenderse en otras vías como la civil.[41]

58.                                      En consecuencia, los casos de propaganda electoral en los que se realicen expresiones relacionadas con la probable comisión de delitos, obligan a realizar un análisis reforzado sobre su contenido, pues a diferencia de la crítica desinhibida, abierta o vigorosa, relacionada con el ejercicio de cargos públicos anteriores, los señalamientos de actividades ilícitas sin elementos de prueba que los respalden, incrementan la carga negativa que, sin justificación racional y razonable, se puede generar sobre el honor, la reputación y la dignidad de las personas[42].

59.                                      Lo dicho adquiere especial relevancia en el contexto de la competencia electoral por renovación de cargos públicos, puesto que dicho menoscabo en la reputación individual de una candidata o candidato puede generar una afectación irreparable al interés o derecho colectivo o difuso de emitir un voto informado.

                     Libertad de expresión

60.                                      Es importante no perder de vista que los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran las libertades fundamentales de pensamiento y expresión, al igual que los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos prevén que el ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los y las demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Asimismo, prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia u otra forma de discriminación.

61.                                      De igual forma, es preciso tener en cuenta otros principios y valores constitucionales aplicables, tales como los fines que la propia carta magna establece para los partidos políticos y su estatus como entidades de interés público, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, así como la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral por parte de partidos, candidaturas y autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

62.                                      Ello supone que en la interpretación y aplicación de las disposiciones constitucionales aplicables se procure maximizar el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho a la información en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a tales derechos para no eliminarlos, particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, como parte de la sana deliberación de la democracia representativa.

63.                                      Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión se inserta en un conjunto de derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la información del electorado, como elemento fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada.

64.                                      Por lo tanto, en el debate democrático es válida la circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto a la capacidad, probidad e idoneidad de las candidaturas, de las personas funcionarias públicas y de los partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño pueden comparar, compartir o rechazar.

II.2. Cuestión previa

65.                                      El PRI y Movimiento Ciudadano sostienen de manera similar que en los promocionales se calumnia a las personas legisladoras y dirigencias de dichos partidos porque Morena, en el spot para televisión, ocultó parte de sus rostros para presentarlos ante la ciudadanía como delincuentes.

66.                                      Al respecto, se advierte que las denuncias se suscribieron por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE y el representante de Movimiento Ciudadano ante el mismo órgano electoral, sin que obre constancia en el expediente en la que alguna de las personas legisladoras de esos partidos políticos o quienes ostentan cargo de dirigencia en el mismo hubieran manifestado su intención de denunciar.

67.                                      Por tanto, no asiste legitimación a los partidos políticos denunciantes para hacer valer la supuesta calumnia en contra de los mencionados sujetos, toda vez que, conforme a los criterios de la Sala Superior[43] solo las personas que resientan la calumnia de forma directa están legitimadas para presentar quejas a fin de iniciar el procedimiento sancionador correspondiente.

68.                                      Así, la legitimación para denunciar actos que calumnian, solo corresponde a la persona contra la cual se endereza, esto debido a que es una afectación que resiente la persona a la cual se dirigen y únicamente puede afectar directamente a esa persona y no a otra.

69.                                      Por tanto, conforme al criterio de la Sala Superior, solo la persona afectada por la calumnia puede concurrir ante la autoridad administrativa electoral a presentar una queja por esa infracción, sin que sea dable concluir que pueda ejercer esa acción de denuncia una persona diversa, aun teniendo una relación de cualquier índole quien resiente la calumnia, ya que la ley establece una regla clara, ante la afectación a derechos personalísimos, como son el honor, la dignidad, el buen nombre y la reputación personal.

70.                                      Consecuentemente, no será motivo de análisis la supuesta calumnia contra las dirigencias o personas legisladoras postuladas por los partidos denunciantes, al actualizarse la improcedencia referida ante la falta de legitimación de los promoventes para hacerla valer.

II.3. Caso concreto

71.                                      Ahora bien, como se adelantó el PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron a Morena porque, en su concepto, los promocionales TRAIDORES V2 y MORENA ENERGIA tienen contenido calumnioso al presentarles ante la ciudadanía como delincuentes, por imputarles la comisión del delito de traición a la patria por haber votado contra la reforma en materia eléctrica presentada por el presidente de la República.

72.                                      Al respecto, resulta indispensable conocer el contenido de los promocionales denunciados, los cuales se desarrollan a continuación:

i)              El contenido de los spots TRAIDORES V2 es el siguiente:

ii)            Mientras que el contenido del spot MORENA ENERGIA es el siguiente:

73.                                      En principio, este órgano jurisdiccional advierte que el contenido auditivo en ambos promocionales es idéntico, por lo que, para efectos de la presente determinación, se analizarán de manera conjunta.

74.                                      Del contenido descrito se advierte que los aspectos relevantes del mensaje en dichos spots son los siguientes:

            Señala que la oposición, al votar contra la reforma eléctrica, le dio la espalda al pueblo.

            Por tal acto ─votar en contra de la citada reforma─, la historia los recordará como traidores a México. Ello, porque solaparon negocios millonarios negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética.

            De manera positiva refiere que, en el movimiento, haciendo alusión a Morena, sigue poniendo al pueblo primero, con la aprobación de la ley minera garantizando la soberanía energética.

            Concluyen con la leyenda Morena la esperanza de México.

            Su contenido esencialmente se relaciona con un tema público, correspondiente a la pasada discusión parlamentaria respecto de la reforma eléctrica que no fue aprobada por los partidos políticos de oposición.

75.                                      En el spot pautado para televisión, se advierte la presencia de un recuadro color negro que cubre parte del rostro de personas servidoras públicas, tal y como se muestra a continuación:

76.                                      El PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que se les atribuye el delito de traición a la patria porque en los spots se utiliza la expresión traidores de México. Lo cual, en su concepto, dada la estructura del mensaje resulta ser un eufemismo pues México es sinónimo de patria, además de que se pretende señalar a sus dirigencias como delincuentes al tapar su rostro.

77.                                      Por lo tanto, para determinar si se acredita o no la infracción de calumnia, es necesario someter a escrutinio los spots a partir de los elementos que conforman esta infracción, a saber: i) objetivo[44]; ii) subjetivo[45]; y iii) electoral[46].

78.                                      En la especie, esta Sala Especializada considera que no se actualiza el primer elemento porque, conforme al criterio emitido por la Sala Superior[47], para que se actualice la calumnia, debe estarse en presencia de la interpretación unívoca de la imputación de un hecho o delito falso, lo cual en el caso no acontece.

79.                                      Como se advierte del contenido del spot denunciado, en ninguna de expresiones se acusa a los partidos denunciantes de cometer un delito.

80.                                      Las expresiones que contiene el spot de Morena informan que “la oposición” votó contra la reforma eléctrica y que en su opinión eso es “darle la espalda al pueblo”, por lo que consideran que la historia los recordará como traidores a México.

81.                                      Según su criterio, “la oposición” solapó negocios millonarios negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética.

82.                                      Luego contrasta que existe una postura distinta, la del movimiento político de Morena, que sigue “poniendo primero el pueblo con la aprobación de la ley minera, que garantiza el litio para todas y todos” y su posicionamiento de que con ello se defiende “la soberanía energética”.

83.                                      Del citado contenido no se advierte que se acuse al PRI o a Movimiento Ciudadano de la comisión de algún delito.

84.                                      Las expresiones usadas en el spot que, si bien, conllevan un tono severo, no implican que se les acuse de haber cometido un delito.

85.                                      En ese sentido, el señalamiento de los promoventes respecto a que la palabra México se utiliza como un eufemismo de Patria o resultan ser sinónimos, no implica que se les impute de forma unívoca un delito.

86.                                      Ello porque, como se ha precisado, el análisis conjunto de las expresiones conlleva a considerar que la palabra México se puede estar utilizando como sinónimo de pueblo, patria, país, instituciones, Estado, entre otros.

87.                                      Esto es, el mensaje no resulta unívoco, sino que admite, al menos, una doble interpretación respecto de su contenido.

88.                                      En efecto, no existen elementos para considerar que “Traidores a México” significa, necesaria y unívocamente “Traidores a la Patria” y que con ello se esté hablando del delito contemplado en el artículo 123 del Código Penal Federal.

89.                                      En ese sentido, no es válido establecer que “México” y “patria” son sinónimos ni aluden necesariamente a lo mismo.

90.                                      Conforme al sentido de los promocionales, referir que “La oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica; la historia los recordará como traidores a México…” no necesariamente lleva a considerar que se está diciendo que son responsables de haber cometido el delito de traición a la patria.

91.                                      De esta forma, no puede entenderse, como lo pretenden los denunciantes que el único significado posible para “Traidores a México” es “Traidores a la Patria” y que por ello este órgano jurisdiccional debe entender que la primera frase conlleva la imputación del delito previsto en el código penal federal.

92.                                      En ese sentido, no se advierte la imputación del delito de traición a la patria como lo refiere el instituto político denunciante, ya que se trata de la visión sustantiva del denunciado, a partir de las discusiones legislativas que se desarrollaron sobre diversos temas energéticos, lo cual está inmerso en el debate público. Aunado a ello, la expresión traidor a México no está tipificado como un delito en el código penal federal, lo que robustece la premisa de que se trata de una visión sustantiva que un partido político tiene de otro a partir de la defensa de los intereses que cada uno representa.

93.                                      Además, la expresión analizada no tiene un significado unívoco, es decir, no se refiere necesariamente a “traición a la patria” -que es la que corresponde a un delito tipificado en la norma-, toda vez que el vocablo traición pude admitir una interpretación multívoca, por ejemplo, de la concepción que el partido denunciado tiene de que no se apoyó su postura en materia energética y que asume que corresponde a todas y todos los mexicanos.

94.                                      Por ello, concluir que “traidores a México” significa o equivale a “traición a la patria”, vulneraría, incluso, el principio de tipicidad de la ley penal el cual obliga a que la conducta encuadre exactamente en la hipótesis normativa, sin que para ello se pueda acudir a la analogía ni a la mayoría de razón.

95.                                      En ese sentido, para tener por actualizada la infracción de calumnia, es decir, la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad, se requiere, precisamente, que se acuse de la comisión de un delito y éste sólo se configura cuando se actualiza una conducta de las taxativamente previstas en la legislación penal, es decir, cuando se nombra el tipo penal del delito que se reprocha y no una expresión distinta.

96.                                      Lo anterior, tomando en consideración que la Sala Superior ha establecido que, tratándose del análisis de la infracción de calumnia electoral no debe estudiarse a la luz de equivalentes funcionales, es decir, para la verificación de su actualización no es viable que el juzgador recurra a una interpretación “equivalente” del mensaje, sino que solo puede acreditarse si las expresiones denunciadas conllevan el significado unívoco que implique la imputación de un delito, a sabiendas de su falsedad[48].

97.                                      Así, la Sala Superior ha considerado que para establecer que se trata de expresiones constitutivas de calumnia es necesario que la imputación sea clara, directa o evidente, y no sólo una referencia a general a lo que sucedería si gobernara cierto partido, como en el presente caso[49].

98.                                      Igualmente, al resolver el expediente SUP-REP-17/2021, consideró que para la actualización de dicha infracción debe quedar plenamente acreditado que los mensajes tienen contenido calumnioso, ya que de lo contrario se estaría limitando de manera desproporcionada el ejercicio de las libertades de expresión e información, con la consecuente afectación a la vida democrática.

99.                                      Así, en congruencia con la línea argumentativa que ha sostenido la Sala Superior en temas de calumnia, las autoridades deben interpretar las restricciones a la libertad de expresión de manera restringida, sin desprender conductas delictuosas más allá del sentido expreso de las frases denunciadas[50], pues al actuar de la manera pretendida por la parte denunciante, se restringirían irrazonablemente[51] las temáticas que pueden abordarse en el contexto de una contienda electoral, de manera que, debe preferirse una interpretación que las maximizara y, con ello, contribuir a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos propia del debate electoral a partir de la postura crítica que se estaba expresando.[52]

100.                                   Igualmente, esta Sala Especializada ha sostenido que la literalidad de las expresiones es determinante para establecer si configuran o no la imputación de un delito, como se determinó en las resoluciones a los expedientes SRE-PSC-128/2022 y SRE-PSC-129/2022[53] al advertirse que la expresión “llevarse el dinero” no necesariamente implicaba la acusación de haber cometido el delito de robo, como si lo era “robarse el dinero”[54].

101.                                   Bajo esos parámetros, la expresión traidores de México no puede interpretarse en el sentido que pretenden los denunciantes, es decir, considerar que exclusiva y unívocamente es sinónimo de “traidores a la patria”, que es el delito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, sino, como se ha dicho, como un calificativo severo que refleja la opinión de Morena en el sentido de que actuaron en contra de los intereses del pueblo de México.

102.                                   De ello, se desprende que se trata de una forma de manifestar la postura de Morena respecto a la decisión del bloque opositor en el seno de la Cámara de diputadas y diputados respecto de la discusión y rechazo de la propuesta de reforma eléctrica.

103.                                   Por lo tanto, el contenido de los spots se encuentra dentro de los parámetros permitidos, puesto que se trata de una crítica severa que, aún y cuando pueda resultar molesta, incluso incómoda, no configura la calumnia, puesto que no se está frente a la imputación de un delito o hecho falso, dado que su contenido aborda un tema de interés general para la ciudadanía, lo cual enriquece el intercambio de ideas.

104.                                   Por lo expuesto, se considera inexistente la calumnia por cuanto a la difusión de los spots en estudio. Asimismo, toda vez que no se actualiza el elemento objetivo, deviene inviable estudiar el elemento subjetivo, así como el impacto en el proceso electoral, puesto que para tal efecto debería estarse en presencia de la imputación de un hecho o delito falso y, correspondería analizar la intencionalidad (malicia efectiva), de darlo a conocer.

III.              Medidas cautelares y su cumplimiento

III.1. Marco normativo y jurisprudencia aplicable

108.                                   El procedimiento especial sancionador se desahoga desde la presentación de la queja y en su etapa de instrucción ante los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral y atendiendo a las características de cada caso, la autoridad administrativa puede dictar medidas cautelares para preservar la materia de lo denunciado. 

109.                                   Las medidas cautelares son actos procedimentales que se emiten a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral hasta en tanto se emita la resolución o sentencia en los procedimientos correspondientes.[55]

110.                                   Así, las medidas cautelares constituyen mecanismos que buscan prevenir que se consumen afectaciones a las reglas y principios que rigen el desarrollo de procesos electorales, de modo que no se puedan remediar con posterioridad.  

111.                                   Dentro de las medidas que la Constitución prevé que se pueden dictar en los procedimientos especiales sancionadores se encuentra la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley[56].

112.                                   En ese sentido, la Ley Electoral dispone que cuando la autoridad instructora considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión del procedimiento[57].

113.                                   Cuando se involucra la difusión de materiales en radio y televisión, el Reglamento de Quejas y Denuncias[58] dispone que la suspensión de su transmisión se deberá realizar en un plazo menor a veinticuatro horas, posteriores a la notificación formal del acuerdo correspondiente y el Reglamento de Radio y TV señala que las concesionarias vinculadas al cumplimiento de la medida cautelar deberán sujetarse al plazo que acuerde la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el acuerdo atinente[59].

114.                                   Con base en lo anterior, esta Sala Especializada ha determinado que las personas que se encuentran obligadas a su cumplimiento deben realizar todas las acciones enfocadas a cesar los actos o hechos que involucren la posible infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en las leyes de la materia[60].

115.                                   En esta línea, la Sala Superior ha definido que el probable incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en procedimientos especiales sancionadores, deben conocerse en el mismo procedimiento o en otro de igual naturaleza[61].

116.                                   Por tanto, el incumplimiento de las medidas cautelares, incluidas las que se dirigen a concesionarias de radio y televisión para suspender la transmisión de promocionales, constituye una vulneración a lo dispuesto en la Ley Electoral y en la reglamentación que le dota de contenido[62].

III.2. Caso concreto

117.                                   Ahora bien, corresponde analizar si se incumplió con las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Quejas en tres acuerdos, ello porque en dos de estos los partidos promoventes sostienen de manera similar que, con los spots denunciados, de manera sistemática Morena incumplió con lo que le fue ordenado por la Comisión de Quejas en el sentido de que no debía expresarse sobre la imputación del delito de traición a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.

                     Acuerdos ACQyD-INE-94/2022 y ACQyD-INE-97/2022

118.                                   Los partidos sostuvieron de manera similar que con el pautado de los promocionales TRAIDORES V2 y MORENA ENERGIA, Morena incumple las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas porque en los citados acuerdos analizó contenido similar al denunciado.

119.                                   Al respecto, debemos considerar lo que abordó dicha autoridad al emitir sus determinaciones:

i)              ACQyD-INE-94/2022[63]. El material denunciado consistió en una publicación en Twitter de veintitrés de abril del Presidente Nacional de MORENA, Mario Martín Delgado Carrillo, y el referido instituto político, supuestamente calumniosas las hacer las siguientes referencias: "… PRI, PAN, PRD y MC son traidores a la patria”, “El pueblo de México tiene memoria y se las vamos a cobrar el 5 de junio" y "Ni un voto a los traidores”.

ii)            ACQyD-INE-97/2022[64]. El material denunciado consistió en dos publicaciones realizadas tanto por Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, como por Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, ambos de dicho instituto político, en sus respectivas cuentas de Facebook y Twitter. De las cuales se alegó que sus contenidos son calumniosos al hacer referencia al delito de traición a la patria.

iii)         En ambos casos, la autoridad electoral adoptó las medidas cautelares y ordenó que se eliminaran las publicaciones en dichas redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración. Y respecto de la segunda determinación declaró la procedencia de las medidas en su vertiente de tutela preventiva.

iv)         Dichas determinaciones fueron confirmadas por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-257/2022 y SUP-REP-262/2022[65], respectivamente.

120.                                   Ahora bien, en la especie debemos recordar que se denuncian dos promocionales pautados en radio y televisión por Morena para el periodo ordinario, los cuales, en concepto de los partidos promoventes, contienen expresiones calumniosas en su contra y dirigencias. Al respecto, la Comisión de Quejas declaró la procedencia de las medidas cautelares para evitar o retirar de la transmisión dichos spots[66] y la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-REP-415/2022, determinó confirmar dicha determinación.

121.                                   Así, a partir de los efectos en cada determinación y las particularidades del caso concreto, esta Sala Especializada concluye que no se actualiza el incumplimiento de lo ordenado por la Comisión de Quejas en los acuerdos ACQyD-INE-94/2022 porque en el caso se trata de promocionales pautados para televisión y radio como prorrogativa de Morena, es decir, no guarda relación con la orden de retirar las publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter) que fueron objeto de denuncia.

122.                                   Por otra parte, no se contravino lo ordenado, en tutela preventiva, por la Comisión de Quejas en el acuerdo ACQyD-INE-97/2022.

123.                                   En dicho acuerdo se ordenó “al partido político Morena, a Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente, a Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria General y a Diego Alberto Hernández Gutiérrez, Secretario de Comunicación y Difusión y Propaganda, todos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como de cualquier dirigente o miembro activo dentro de la estructura del partido denunciado, se abstengan, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar actos o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos que calumnien a las y los diputados federales que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, es decir, inhibirse de referirse a dichos legisladores como Traidores a la Patria, ni exhibir su nombre o imagen bajo ese calificativo”

124.                                   En ese sentido, conforme al análisis del contenido de los spots denunciados se advirtió que no calumnian a los partidos denunciantes pues no constituyen la imputación del delito de traición a la patria, por lo que no configuran las hipótesis prohibitivas enunciadas al conceder las medidas cautelares en tutela preventiva.

                     Acuerdo ACQyD-INE-131/2022.

125.                                   Como se adelantó, la UTCE emplazó a diversas concesionarias por el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión de Quejas porque múltiples emisoras difundieron los promocionales denunciados con posterioridad al inicio de la obligación de eliminar su transmisión. Así, a fin de determinar si incurrieron o no en el incumplimiento de la citada medida, resulta oportuno señalar lo siguiente:

i)              El dos de junio, mediante acuerdo ACQyD-INE/131/2022 la Comisión de Quejas determinó la procedencia de las medidas cautelares, cuyos efectos fueron los siguientes:

[…]

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de medida cautelar solicitada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, respecto de los promocionales TRAIDORES V2,identificado con el folio RV00811-22 y MORENA ENERGIA, identificado con el folio RA00726-22, pautados por el partido MORENA, en términos de los argumentos esgrimidos en el considerando CUARTO.

SEGUNDO. Se instruye al partido político MORENA, para que sustituya, ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, de inmediato, en un plazo no mayor a seis horas a partir de la legal notificación del presente proveído, los promocionales TRAIDORES V2,identificado con el folio RV00811-22 y MORENA ENERGIA, identificado con el folio RA00726-22, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se sustituirá con material genérico o de reserva, de acuerdo a la modalidad y tiempo del material objeto de sustitución, de conformidad con el artículo 65, numeral 1, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

TERCERO. Se instruye a la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a que realice las acciones necesarias, a efecto de que informe de inmediato a los concesionarios de televisión, que no deberán difundir los promocionales TRAIDORES V2, identificado con el folio RV00811-22 y MORENA ENERGIA, identificado con el folio RA00726-22, y que lo sustituyan con los materiales que ordene esa misma autoridad.

CUARTO. Se vincula a las concesionarias de televisión que estén en el supuesto del presente acuerdo, para que de inmediato, en un plazo no mayor a doce horas a partir de la notificación que de la presente resolución lleve a cabo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, realicen los actos necesarios a fin de detener y, en su caso, evitar la transmisión de los promocionales TRAIDORES V2, identificado con el folio RV00811-22 y MORENA ENERGIA, identificado con el folio RA00726-22,y de igual manera, realicen la sustitución de dicho material con el que indique la citada autoridad electoral.

QUINTO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación

[…]

(Lo resaltado es propio de la citada Comisión)

ii)            Mediante proveído de dos de junio, la autoridad instructora acordó notificar la medida cautelar, entre otros, a la Dirección de Prerrogativas para lo indicado en el punto TERCERO del acuerdo de la Comisión de Quejas[67].Al respecto, la UTCE señaló que el cómputo de los plazos, al tratarse de un asunto vinculado a los procesos electorales locales 2021-2022, todos los días y horas eran hábiles.

iii)         Asimismo, dicha dirección remitió las constancias de notificación de la medida cautelar a las concesionarias.

126.       Sobre esto último, de los elementos indicados se desprende la fecha y hora de notificación, el plazo otorgado por la Comisión de Quejas, la fecha y hora del inicio de la obligación[68], así como las detecciones advertidas. Lo cual se resume a continuación:

I.               

II.             

III.           

IV.          

V.            

VI.          

VII.       

VIII.     

IX.          

X.            

XI.          

XII.       

XIII.     

XIV.    

XV.      

XVI.    

XVII.  

XVIII.   

XIX.    

XX.      

XXI.    

XXII.  

XXIII.   

XXIV.  

XXV.     

XXVI.  

XXVII.                        

XXVIII.                      

XXIX.  

XXX.     

XXXI.  

XXXII.                        

XXXIII.                      

XXXIV.                     

XXXV.                       

XXXVI.                     

XXXVII.                  

XXXVIII.                

XXXIX.                     

XL.       

XLI.    

XLII.  

XLIII.    

XLIV.   

XLV.     

XLVI.   

XLVII.                         

XLVIII.                      

XLIX.